El sigilo frente a la evidencia

Ayer solicité a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Banco Central de Nicaragua (BCN) los nombres de las principales empresas importadoras radicadas en Nicaragua con el propósito de poder visitar a sus gerentes generales y ofrecerles los servicios de asesoría económica y financiera de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), la firma consultora que dirijo desde hace once años, debido a que preveo tiempos más difíciles en el desempeño económico nacional, no sólo a raíz de la ya sentida desaceleración económica mundial cuyo epicentro es la Eurozona, sino también por el conflicto político interno y las tensiones en las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Por supuesto, estimo que las grandes empresas tendrán que ser muy cuidadosas desde este momento en sus pronósticos económicos y financieros de corto y mediano plazo.

Hoy recibí la respuesta del alto mando técnico, talvez político, del BCN, no sé si del jefe de la División Económica o del presidente de la institución, que no podían entregarme esa información por motivos de sigilo. Me sorprendí de este tipo de respuesta de la autoridad monetaria de nuestro país, cuyos funcionarios son servidores públicos de los nicaragüenses, que confunden la evidencia con el sigilo, que confunden su rol de servicio público con los secretos bancarios, a sabiendas que por ley el BCN no está protegido de ningún sigilo.

Nicaragua es un país muy pequeño en términos económicos. En este año tenemos una población de 5 millones 962 mil habitantes y un ingreso promedio anual por habitante de 1 mil 297 dólares, y su Producto Interno Bruto (PIB) apenas participa con el 4.5% en el total de la producción del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá.

En una economía muy pequeña, por consiguiente, es fácil distinguir las empresas grandes de las pequeñas, además que sólo el 11% del total de las empresas nicaragüenses es gran empresa, la estructura empresarial es oligopólica en términos generales y la tasa de importación del país, es decir, la relación importaciones/PIB, fue igual a 59% en 2011. Entonces, ¿por qué el BCN esgrime el sigilo para no entregar una información, o sea, los nombres de las empresas sin ningún dato en particular, que son visibles en el mercado local?

Talvez el BCN me ayuda a corregir la siguiente lista preliminar de las empresas importadoras más importantes del país, que está basada, por supuesto, en la evidencia empírica: Petróleos de Nicaragua, Distribuidora César Guerrero L., F. Alf. Pellas, E. Chamorro Industrial, Industria Nacional de Refrescos, Embotelladora Nacional, Tip Top Industrial, Unilever de Centroamérica, ENITEL, Compañía Cervecera de Nicaragua, Nicaragua Machinery Co., Nestlé Nicaragua, KIMINICA, Corporación CEFA de Nicaragua, Café Soluble, Colgate Palmolive Centroamérica, DINISA, HOLCIM (Nicaragua), CEMEX (Nicaragua), Silva Internacional, BATCA Sucursal Nicaragua, Autonica, OCAL, Cruz Lorena Export Import, Productos Avon de Nicaragua, Europa Motors Nicaragua, Industria Metal Mecánica, Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, Unión Comercial de Nicaragua, Hortifuti de Nicaragua, TRANSMERQUIM de Nicaragua, Eskimo, Plastiglas de Nicaragua, Tecnología Computarizada y PBS.

Esa lista la elaboré rápidamente con mis alumnos de Economía al final de la tarde de este viernes y es muy seguro, aunque no fue nuestra intención, que se nos escaparon varias empresas importadoras importantes; sin embargo, es también muy probable que nos hayamos equivocado cuando estimamos que esas 35 empresas participan aproximadamente con un tercio en el valor total de las importaciones CIF de Nicaragua.

Es, pues, bastante irónico, mejor dicho cómico, este ejemplo de acceso a la información pública. Parece que los técnicos del BCN desconocen que la información económica histórica no es de ellos ni es exclusiva del gobierno, es de todos, le pertenece a todos.

El jueves pasado, en un taller sobre estadísticas el presidente del BCN decía a representantes de varias empresas que “con confianza provean la información, porque mientras más certeza de los datos haya, los análisis cada vez van a ser mejores”, pero el BCN consideró que por sigilo no puede facilitar nombres de empresas.

Ojalá mediten estos servidores públicos que el Estado tiene la responsabilidad de dar información a todos los agentes económicos, para que el Mercado funcione mejor.

Evitemos que el edificio económico se venga abajo

En política, callar es a veces prudente, pero enmudecer o ser un titubeante o un dubitativo en ciertos momentos es grave. Sin embargo, una sacudida leve de 3 millones de dólares donados por Estados Unidos al sector público de Nicaragua podría estar llevándonos a una fractura total del edificio económico del país, que tanto ha costado levantar a la nación en los últimos 22 años.

No podemos olvidar que desde 1994, detrás del primer ESAF, venían los tanques de guerra que no dejaron “piedra sobre piedra”, en el gobierno de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro; detrás del segundo ESAF , durante el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, aparecieron las ambulancias en 1998, levantando muertos y heridos ,; después, en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños, detrás del primer PRGF en 2002 apareció la infantería, entiéndase los banqueros, que concentró gran parte del escuálido crecimiento económico del país; luego, con el segundo PRGF, que después se transformó en el primer SCA, se impuso una nueva calidad de diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se adicionó la política social a la monetaria, la fiscal y comercial en el gobierno del Sr. Daniel Ortega;  hoy estamos de cara a la suscripción del segundo SCA, que a todas luces se está complicando con la reacción política oficial a la suspensión de la dispensa de la transparencia presupuestaria.

Parece que un puñado de políticos criollos opositores al gobierno de Nicaragua no han entendido que, con el visto bueno del FMI, la asistencia financiera venezolana goza de transparencia en los registros de la balanza de pagos de Nicaragua, al clasificarse como deuda privada externa, y que su uso ha sido progresivamente detallado en los informes de cooperación oficial del Banco Central de Nicaragua (BCN). Por eso estimo que ese puñado de políticos criollos, afanados en su periplo por Estados Unidos, Europa y Centroamérica para que corten la ayuda internacional a nuestro país, no han dañado al gobierno de Daniel Ortega sino al pueblo de Nicaragua, tanto en su bienestar actual como en su crecimiento económico futuro.

Cabe recordar que la asistencia financiera de Venezuela es un crédito muy concesional de un monto igual a la mitad del valor anual de la factura petrolera, a 23 años plazo, 3 años de gracia y 2% de interés, el cual, aunque manejado por una empresa privada, ALBANISA, cumple el requisito fondomonetarista de tener, al menos, un nivel mínimo de concesionalidad de 35%.

Un dólar proveniente de la cooperación externa, pública o privada, es muy importante para Nicaragua, porque al tener en 2011 un déficit de comercio exterior igual a 2 mil 68 millones de dólares y al 28% del Producto Interno Bruto (PIB), y aunque los flujos de inversiones extranjeras directas y de remesas familiares arribaron en ese año por primera vez en nuestra historia económica a 968 millones de dólares y 912 millones de dólares respectivamente, el país no cuenta con la capacidad para pagar las amortizaciones y los intereses de la deuda pública externa e interna.

Se corre el riesgo de que el edificio económico de Nicaragua se venga abajo por un agujero inexistente como lo es la opacidad presupuestaria, que de haber existido ya hubiese sido denunciado por el FMI y Nicaragua no hubiese aprobado con excelencia sus compromisos del cuarto programa económico trienal con el FMI en diciembre del año pasado. Ese agujero inexistente es reconocido, en mi entender, por la embajadora de Nicaragua en Estados Unidos, Sra. Phyllis Powers, en su entrevista publicada por La Prensa el 21 de junio, al señalar que la suspensión de la dispensa de la transparencia (a continuación transcribo lo escrito entre comillas) “se basa en la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2008, que dice: Ninguno de los fondos asignados en esta ley puede ser otorgado a gobiernos extranjeros que no publiquen anualmente sus presupuestos nacionales” y añade “El secretario de Estado pueda obviar esta disposición si justifica que hacerlo es en beneficio del interés de los Estados Unidos”.

De la supuesta opacidad presupuestaria estaríamos pasando, pues, a la falta de transparencia electoral y de fortaleza institucional sobre la base de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, que ha sido denunciado por el puñado de políticos criollos en su periplo por dos continentes. Pero estos problemas, que son exclusivos de los nicaragüenses, deberían ser resueltos en nuestro país con el concurso serio de los partidos políticos, pero entre éstos los de la oposición, que cada día están más fragmentados, no se entienden entre ellos mismos por las motivaciones personales de sus líderes.

Como señalé al inicio de este artículo, callar en política es a veces prudente, pero lo peor es que el auto denominado líder de la oposición política, sin autoridad moral ni respetuoso con nuestra nación y sus leyes, desea ser uno de los interlocutores de un diálogo entre dos partidos políticos -cuando el problema es nacional y no es bipartidista- sin importarle ser uno más de los impunes de nuestra historia política. Me  refiero, por supuesto, al diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre Rivas, quien no responde por sus presuntos delitos comunes frente a los tribunales de justicia de nuestro país desde julio de 2008.

Es obvio que urge taponar los agujeros más visibles en el plano electoral y en el plano de la institucionalidad y, por ende, de la gobernabilidad. Aconsejo al presidente Daniel Ortega que el remedio de corto plazo no es buscar la confrontación con Estados Unidos sino relajar las tensiones con el país del norte, ya que ha tomado decisiones drásticas cuando el agua aún no ha llegado al cuello.

Las relaciones de Nicaragua y Estados Unidos deben basarse en el respeto mutuo, aunque sus gobiernos discrepen en los niveles de confianza. En su reacción política a la suspensión de la donaciones de Estados Unidos sólo al sector público de Nicaragua (ya que Estados Unidos mantuvo las donaciones destinadas al sector privado), el presidente de Nicaragua cometió el error de no conceder lo que él exige al gobierno de Estados Unidos, es decir, respeto.

Desde las posiciones del poder, señor presidente, el gobernante eleva su estatura política con palabras respetuosas y constructivas, que busquen la solución de conflictos no sólo nacionales sino también internacionales como el que hoy nos embarga por la muy criticable actitud de un puñado de políticos criollos que se quejan en el exterior.

La política superó a los criterios técnicos

Se cumplió mi hipótesis económica que Estados Unidos podría suspender, más por razones políticas que técnicas, su ayuda bilateral a Nicaragua sin afectar la cooperación del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque algunos especuladores políticos criollos habían señalado que sin la dispensa de la transparencia presupuestaria se afectaría la cooperación que recibimos de ambos organismos multilaterales.

Técnicamente Nicaragua pasó la prueba de esa dispensa, porque no hay que olvidar que, con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la asistencia financiera de Venezuela está registrada en el movimiento de capital privado de la balanza de pagos del país y su uso está especificado en los informes del Banco Central de Nicaragua (BCN); además, hay que reconocer, por ética profesional, que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tal como lo exigía el FMI, sinceró el gasto del presupuesto nacional, cuestión que no hicieron los gobiernos anteriores desde la década de los noventa del siglo pasado y, por otro lado, el Gobierno de Nicaragua publica los presupuestos nacionales, su ejecución trimestral y su liquidación anual, acorde con nuestra ley.

Por lo tanto, la Secretaría de Estado de Estados Unidos no concedió la dispensa de dicha transparencia al aplicar el criterio político de la protección de sus intereses, porque es de sobra conocido que la nación más poderosa del mundo no tiene amigos a quienes proteger. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Sra. Phyllis Powers, en su entrevista que publica hoy el diario La Prensa, el hecho de no conceder esta dispensa, se debe a que “Las irregularidades significativas (señaladas por la OEA y la Unión Europea en sus informes de observación) erosionan las instituciones democráticas”, pero prometió que habrá apoyo estadounidense para implementar las observaciones de la OEA y la UE  relacionadas con la democracia y la transparencia electoral, probablemente a través de las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

Con la denuncia de la oposición política de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre del año pasado, la cooperación de Estados Unidos para Nicaragua que hoy se conoce ha sido borrada del mapa de la ayuda de nuestro país son donaciones que sumaron US$21.0 millones el año pasado. Las afectaciones de esta decisión política estadounidense se verán en, orden de importancia, en los programas de Libertad Económica, Gobernabilidad e Inversión Social ejecutados por el Gobierno de Nicaragua.

Sin embargo, la decisión tomada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos no afectará las donaciones destinadas al sector privado que en 2011 totalizaron US$30.5 millones y que, en orden de importancia, fueron asignadas a los programas de Desarrollo Municipal, Creación de Oportunidades de Desarrollo Rural con Relaciones Agroempresariales, Empresa y Empleo, Desarrollo Democrático, Familias Unidas por su Salud, Capacitación para el Desarrollo, Desarrollo Organizacional de las Sociedad Civil Nicaragüense, Oportunidades de Mercado para la Conservación y el Turismo Sostenible, Prevención para Transmisión del VIH/SIDA, Mejoramiento para la Atención en Salud, Alliances 2 para la Educación y la Salud, Programa de Medios USAID/Nicaragua, Becas para la Educación y el Desarrollo Económico, Educación para el Éxito, Desarrollo Comunitario, Expansión de Participación Cívica y Electoral, Censo Agrícola, Secretaría Técnica, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Asistencia Técnica Logística Anticonceptivos, Agua y Saneamiento de Carazo, Jóvenes Expandiendo su Futuro, Reduciendo la Mortalidad Infantil en el Departamento de Río San Juan y Fundación Bolaños Biblioteca Electrónica.

No obstante el corte de la ayuda oficial de Estados Unidos a Nicaragua, es notorio el respeto de la Sra. Phyllis Powers a la soberanía de Nicaragua al declarar que la sustitución de los miembros del actual  Consejo Supremo Electoral “es un asunto que deben resolver los nicaragüenses” y que “no es una condición” con el futuro de la cooperación.

Paralelamente a esa decisión de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, estimo que a finales de julio de este año la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre la dispensa de la propiedad será aprobada a favor de Nicaragua, porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha solucionado en este año 60 casos de propiedad de ciudadanos estadounidenses confiscados desde hace 33 años, lo cual supera el promedio de 53 casos anuales, por lo cual, en mi opinión, se mantendrá la cooperación del BM/IDA y del BID.

El corte de la ayuda estadounidense a los nicaragüenses es una decisión soberana de Estados Unidos y, por consiguiente, debe ser respetada, como también deben ser respetadas nuestras  decisiones para resolver nuestros asuntos soberanos. Lo que no es respetable es la petición de un pequeño grupo de políticos opositores criollos, que han viajado a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, para  que se le quite la ayuda a Nicaragua por asuntos que debemos resolver nosotros mismos, creyendo ellos que el daño lo hacen al presidente Daniel Ortega y no meditan que con su solicitud dañan a nuestra nación y al desempeño económico nacional, excepto ellos mismos que son llamados por sus colegas como “zancudos” y que como economista les llamo “buscadores de rentas políticas”. También considero intolerable para los nicaragüenses probos y rectos y honrados que el autonombrado líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, reclame un diálogo para fortalecer la democracia y la institucionalidad de Nicaragua, sin responder aún por sus presuntos delitos comunes que le han sido señalados desde julio de 2008.

Hemos dejado de recibir US$152 millones anuales desde 2009 por denuncias

Las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 provocaron, a partir de 2009, la suspensión de la entrega de US$60 millones, de un total de US$113 millones, donados por Estados Unidos con la Cuenta del Reto del Milenio, así como la salida del país de otras fuentes de cooperación, que anualmente donaban para apoyo presupuestario, en términos promedio anual desde 2005, entre las cuales figuran Noruega con US$3 millones, Holanda con US$12 millones, Reino Unido con US$2 millones, Suiza con US$7 millones y la Unión Europea con US$18 millones. También se dejaron de recibir, siempre en términos promedio anual, préstamos para apoyo presupuestario del Banco Mundial por US$25 millones y de Alemania por US$5 millones. Suecia y Finlandia, por otros motivos, se retiraron del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) en 2006 y 2007 respectivamente. Recientemente han anunciado su retiro Austria y Dinamarca.

Nicaragua ha cumplido y amerita las dos dispensas estadounidenses

La oposición política en Nicaragua se ha dejado a entrever más por sus comentarios sobre las dos dispensas (waivers) estadounidenses pendientes de entrega a nuestro país, como son las de la propiedad de ciudadanos estadounidenses y de la transparencia presupuestaria, que por su trabajo legislativo escaso y cuestionable. En fin de cuentas, por algo debe hacerse notar que existe, aunque no observo una oposición real en el escenario político actual de Nicaragua, ya que para estar sentada en los curules reconocieron la autoridad de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pero también se negaron a quitar la inmunidad a un magistrado suplente, recientemente acusado por sus relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico, porque era un funcionario de facto.

Sin embargo, comparto el clamor nacional que se fortalezcan la gobernabilidad y la institucionalidad, se respete el Estado de Derecho y se corrijan las debilidades del Consejo Supremo Electoral de cara a la elección de 153 alcaldes el próximo 4 de noviembre, con el propósito supremo de vitalizar la economía a través de la inversión privada y avanzar más rápidamente en la reducción del subempleo y de la pobreza de los nicaragüenses.

Aún está fresca en la memoria de los nicaragüenses que en la anterior Asamblea Nacional (del período presidencial 2007-2011) se aprobó, sin que dicha oposición, presente en el hemiciclo, se “enterara” de la votación del decreto ejecutivo de mantener en sus puestos a los actos cargos de diversas instituciones estatales, entre ellas el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos.

Siempre he sido de la opinión que nuestra nación ha cumplido en la solución de los problemas de la propiedad que fue confiscada en la década de los ochenta, tal como lo ha mostrado el reciente informe del Procurador General de la República, Hernán Estrada, y de que el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la voluntad política de proteger la propiedad privada. También he sido siempre de la opinión que no existe opacidad presupuestaria –si la hubiera, ya hubiese sido denunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, porque en referencia al señalamiento de la oposición política que existe poca transparencia de la asistencia financiera de Venezuela se puede afirmar que está debidamente registrada en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos de nuestro país –fue admitida como una deuda privada externa por el policía financiero internacional-, y su uso es progresivamente detallado en los informes semestrales y anuales de la Cooperación Oficial Externa publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El paradigma de la cooperación estadounidense, la Cuenta del Reto del Milenio, siempre estuvo expuesta al riesgo de no ser entregada si no se cumplían algunos requisitos, entre los cuales se distinguen los de la Buena Gobernabilidad con la evaluación del Banco Mundial sobre el control de la corrupción, la aplicación de la justicia, la transparencia y la efectividad gubernamental, mientras que Freedom House evalúa las libertades civiles y los derechos políticos. Por las denuncias de la oposición política de un fraude electoral en las elecciones municipales de 2008, a partir de 2009 se suspendieron las entregas de US$60 millones pendientes de la Cuenta del Reto del Milenio y de un préstamo anual cercano a US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA), que eran de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario; además, por esa misma denuncia, se suspendieron las donaciones del mismo tipo de divisas para apoyo presupuestario de diversos donantes europeos, entre los cuales se destacaba la Unión Europea. Pero Estados Unidos no puso en jaque los préstamos multilaterales de divisas líquidas atados a proyectos y programas del sector público concedidos por el BM/IDA ni los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con las denuncias de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, algunos opositores políticos que radican en el país han viajado a Estados Unidos y Europa a pedir que le suspendan la ayuda a Nicaragua, creyendo que con esa actitud afectarán al gobierno de Nicaragua sin meditar que el principal afectado es la nación nicaragüenses, los empresarios y los consumidores. Cabe mencionar que las donaciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) no han estado sujeta a esos criterios, y en el peor de los casos de que fuesen aplicados observaríamos la suspensión de una colaboración anual aproximada a US$20 millones y, de acuerdo con el precedente antes mencionado, no debería poner en jaque a la actual cooperación oficial del BM/IDA y del BID.

Como nicaragüense espero que las denuncias de la oposición política actual no provoquen severos daños económicos y sociales a nuestra nación. No sería justo que la recuperación económica del país se vea truncada por la conducta de un grupo minoritario de políticos, buscadores de rentas políticas -zancudos, les llaman en el argot político criollo-, que no se mantienen con el desempeño empresarial del país que tiene el afán de continuar reduciendo la pobreza.

Los partidos políticos opositores al gobierno están fragmentados y desunidos, sus miembros no se entienden ni confían entre ellos mismos y el supuesto líder de esa oposición, Eduardo Montealegre Rivas, escudado en la inmunidad que le confiere su cargo de diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) en la Asamblea Nacional, evade la justicia y no responde por sus presuntos delitos pendientes, entre los cuales figuran mis dos acusaciones por sus graves injurias y calumnias que él escribiera en el diario La Prensa –publicadas el 31 de julio de 2008- y en una supuesta carta de disculpas con fecha 2 de febrero de 2011  que hizo circular desde la dirección electrónica del movimiento político que lleva su nombre.

Ojalá que ese supuesto líder opositor político pudiese dar un ejemplo a nuestra nación de lo que significa ser un demócrata, un respetuoso de las leyes y de las instituciones, y un garante  Estado de Derecho. Su conducta y su presunta delincuencia común, que trata de asociarla con la de ser un  perseguido político,  demuestran lo contrario.

Los artículos 4 y 9 de la Ley 793 «Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero»

A solicitud de muchos lectores de mi blog de economista, transcribo textualmente los artículos 4 y 9 de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero» (UAF), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que será enviada al Poder Ejecutivo para su debida aprobación o sanción.

Art. 4              Facultades de la Unidad de Análisis Financiero.

La UAF y sus funcionarios, deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtenga. La información que solicite, reciba y produzca será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. Bajo estas premisas la UAF tendrá las siguientes facultades:

1. Solicitar y recibir directamente y exclusivamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

2. Analizar, investigar, dar seguimiento y sistematizar toda la información recabada, con el fin de generar el Reporte Técnico Conclusivo (RTC) cuando corresponda.

3. Transmitir en el momento oportuno la información analizada y contenida en el Reporte Técnico Conclusivo a las Instituciones correspondientes legitimadas para la persecución de actividades delictivas y ejercer la acción penal, conservando de forma segura los registros de lo informado y recibido. El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, en su caso y conforme sus propias atribuciones y facultades, harán las acciones pertinentes, y de conformidad con sus resultados promover las acciones judiciales que correspondan.

4. Proponer la suscripción de acuerdos, convenios y memorándum de entendimiento para el intercambio de información, para la cooperación, capacitación y asistencia, con entidades homólogas de otros países así como formar parte de organizaciones internacionales afines a la materia de esta Ley, de conformidad a la legislación nacional e Instrumentos Internacionales vinculantes.

5. Intercambiar información con sus similares en el extranjero, para lo cual la Unidad deberá tener certeza de que la información no será usada para fines diferentes al objeto de esta Ley y que la entidad solicitante operará con reciprocidad.

6. Proponer políticas de prevención sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo; y emitir normativas, formularios, directrices y señales de alerta y estudio de riesgos a sujetos no regulados, todo para el cumplimiento de la presente Ley.

7. Imponer multas a favor del Fisco por montos que oscilen en proporción a la gravedad del caso, entre diez mil y quinientos mil unidades de multas, a los sujetos obligados no supervisados o regulados que se negaren a informar, a reportar o dar la información establecida en la presente ley, o den información falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que corresponda. La gradualidad en la imposición de las multas, el monto específico de éstas y la sanción particular en caso de reincidencia se definirán en el reglamento de la presente ley.

8. En los casos de sujetos obligados que tengan un órgano de supervisión o regulación determinado por ley, la UAF deberá informar al órgano correspondiente con el fin de que éste imponga las multas que correspondan conforme a sus facultades y demás disposiciones legales y normativas.

9. De las multas impuestas se podrá recurrir en base al procedimiento establecido en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, con lo que se agotará, la vía administrativa.

10. Las demás facultades y atribuciones que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Art. 9              Sujetos obligados.

Los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, son los siguientes:

a)        Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras;

b)        Las cooperativas financieras que manejan recursos financieros con sus asociados;

c)        Las micro financieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas;

d)        Las casas de cambio de moneda extranjera;

e)        Las casas de empeño y préstamos;

f)         Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas;

g)        Los casinos, salas de juegos y similares.

La anterior lista no es taxativa o limitativa, en consecuencia, a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto, cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la ley o que por la naturaleza de su actividad o profesión maneje fondos o recursos, datos y/o información que sean requeridas por la UAF en el ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deben conservar con la mayor seguridad una copia del reporte enviado a la UAF y los soportes de la información reportada, por un período no menor de cinco años.

Los riesgos político y moral de la UAF

Tengo la plena seguridad que el principal flagelo que perseguiría la UAF en Nicaragua sería la corrupción, que al ser reducida atraerá más la inversión privada doméstica y extranjera. Por esto considero que el diputado Wálmaro Gutiérrez, un servidor de los nicaragüenses desde su curul, está obligado a promover la certidumbre entre todos los agentes económicos del país, para que avancemos en la lucha contra el subempleo y la pobreza. Muy cuestionables fueron sus palabras autoritarias que “los inversionistas que no estén de acuerdo con la UAF, que se vayan”, porque no abonan al buen desempeño de la economía nicaragüense.

La Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) persigue el objetivo de satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados con delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De los cuatro delitos antes mencionados, los dos primeros, el narcotráfico y la corrupción, son los de mayor trascendencia para nuestro país, que desde lejos ve el crimen organizado y el terrorismo y ojalá que nunca los tengamos entre nosotros.

La Ley de la UAF fue solicitada por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Nicaragua cuando era presidente el Ing. Enrique Bolaños, en el marco de las condicionalidades de reformas estructurales del sistema financiero nacional. Antes de la reglamentación y aplicación de esta ley, por el ruido de la  reacción airada de algunos legisladores, ya estamos viendo su costo político, el cual adicionado al costo económico de la misma, dejará bastante atrás los beneficios de la misma. El beneficio que se perfila es reducir el costo de las relaciones financieras de Nicaragua cuando salga de la lista gris del GAFI, en la cual nos acompañan tres países latinoamericanos, Ecuador, Venezuela y Argentina.

Desde antes de salir a luz pública, está ley se ha sobredimensionado ante el tamaño muy pequeño de los bancos radicados en el país al ser comparados con los bancos de los otros países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá. Un narcotraficante se entregaría fácilmente a la justicia si decidiera usar cualquiera de estos bancos para transferir cuantiosas sumas de dinero provenientes de su delincuencia. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 el BANPRO, que es el banco más grande Nicaragua al tener activos por 1 mil 570 millones de dólares, ocupó el lugar 32 entre los 136 bancos de la subregión, mientras que el banco más grande de dicha subregión es el HSBC Bank de Panamá, con un monto de activos de 11 mil 179 millones de dólares, 7 veces más grande que el BANPRO. Es por esa razón que los dólares de los narcotraficantes son capturados en las aduanas de las fronteras del país.

En los países de economías avanzadas se dejan a un lado los derechos humanos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, en cuyos aeropuertos escanean a las personas antes de abordar un avión;  sólo el hecho de obligar a quitarse los zapatos para abordar un avión, atenta contra la privacidad personal. No valen las protestas en este sentido.

Pero estamos en Nicaragua, un país abatido por la corrupción y la pobreza, por lo cual comparto los señalamientos del COSEP sobre su oposición a los artículos 4 y 9 de la Ley de la UAF porque atenta contra el derecho humano de la privacidad de las personas contemplado en nuestra Constitución, viola el sigilo bancario que sólo puede ser roto con un mandato judicial y permite  la discrecionalidad política en la investigación a las personas.

Considero que sería tan nocivo dejar a la UAF, en un extremo, decidiendo sola a quien investigar entre los depositantes de más de 10 mil dólares debido al riesgo de persecución política, como dejar sólo en otro extremo a los obligados por la ley –bancos, microfinancieras, cooperativas, casas de cambio, casas de empeño, envío de remesas y casinos- a pasar los Reportes de Investigaciones Sospechosas (RIS) a la UAF debido al riesgo moral imperante en las instituciones bancarias financieras. Por estas razones, considero que debería buscarse el consenso en los dos artículos de la ley antes citados.

El riesgo político es veraz y no imaginario, y sería más convincente si la UAF fuese presidida por un policía activo o un miembro del ejército activo, a sabiendas que el presidente de la República es el jefe máximo de ambos cuerpos armados, y la UAF, según su Ley, dependerá del despacho presidencial. Además, en Nicaragua los políticos politizan todo. Un ejemplo de lo anterior es mi querella contra Eduardo Montealegre Rivas, quien gozó del cumplimiento del único acuerdo de Metrocentro II, que fue impedir su desaforación con el apoyo de sus aliados políticos que eran mayoría en la Asamblea Nacional y, ahora, con una nueva Asamblea Nacional, la Primera Secretaria de su Junta Directiva me afirmó que mi acusación es política porque el acusado es político, confundiendo la calidad de la presunta delincuencia común de Eduardo Montealegre.

También el riesgo moral del mundo financiero es real y veraz, pero no imaginario. No hay que olvidar que la profesión de banquero es hoy la más criticada en el mundo, debido a los efectos de la grave crisis financiera y de la recesión económica que vivimos desde hace 4 años y que parece se extenderá por, al menos, una década más. Gracias al sigilo bancario, los banqueros han realizado actividades libertinas, que no guardan ninguna relación con el libre mercado, son indemnizados con grandes sumas de dinero por el cierre de bancos quebrados, no han sido sancionados ni se dejan regular de las autoridades gubernamentales.

En la búsqueda del consenso necesario que requiere la Ley de la UAF ya aprobada por la Asamblea Nacional, y que sería posible con la decisión del Presidente de la República, Daniel Ortega, propongo que (i) la Unidad de Análisis Financiero dependa del Ministerio Público, porque es necesario una supervisión más independiente del sector bancario y por lo cual hay que apoyar a dicha institución con más recursos humanos calificados, recursos físicos y recursos financieros; (ii) un funcionario de la UAF, mediante ley, podría integrar la Junta Directiva de las instituciones bancarias y de las instituciones obligadas en general, con el fin exclusivo de proceder a la identificación de las personas sospechosas, y así se evitaría el rompimiento del sigilo bancario y del derecho humano de la privacidad de las personas; y (iii) la UAF informaría a la Policía Nacional sobre la identificación de las personas sospechosas con el lavado de dinero para que proceda a la investigación.

Una cosa importante: si el delegado de la UAF en los consejos directivos de las instituciones obligadas cae en la corrupción, no sólo él se expondría a la sanción legal sino también todos los miembros de la junta directiva de la institución obligada, excepto aquél que en forma escrita se opusiese a esa corrupción.

El peor ciego es el que no quiere ver…

… y el peor sordo es el que no quiere oír. Es increíble que una persona que se ha puesto al margen de la ley a lo largo de casi cuatro años en Nicaragua, ose hablar de legalidad e institucionalidad en el extranjero. Es increíble que un violador de los derechos humanos se presente como un demócrata en un foro empresarial en la capital estadounidense. Es extremadamente vituperable que un presunto delincuente se arrogue la representatividad de la oposición política de Nicaragua. Me refiero a Eduardo Montealegre Rivas, quien supuestamente habló “con espíritu constructivo” en el Foro de Washington organizado por AMCHAM y AACLA.

Sobre el diagnóstico económico de Nicaragua, este diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) parece desconocer los avances de nuestra nación en materia de inversión extranjera directa, estabilización macroeconómica y crecimiento de la producción en los últimos años, aunque el desempeño productivo es aún insuficiente para reducir el problema estructural de la gran tasa de subempleo y disminuir la pobreza, la cual se agravó cuando él fungió como ministro de Hacienda y Crédito Público al desviar los impuestos que se liberaron del pago de la deuda pública externa con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados hacia el pago de la deuda pública interna por liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, una carga onerosa para nuestra nación que fue denunciada por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República.

El diputado querellado consideró erróneamente que la tasa de crecimiento de la población nicaragüense es alta, pero apenas crece 1.3% anual en los últimos 7 años, por lo cual señaló que el Producto Interno Bruto Per Cápita “no es comparable”, pero obvió que se ha incrementado de US$947 en 2006 a US$1,239 en 2011, aunque Nicaragua no ha dejado de ser el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas. Aparentemente también ignoró que la política social ha dejado de ser asistencialista, tal como la observamos en la ejecución de los tres primeros programas trienales suscritos con el Fondo Monetario Internacional, y hoy se ha vuelto un instrumento para reducir la pobreza desde que se incorporó a las políticas suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pidió “transparentar el uso de la cooperación venezolana, que está siendo utilizada discrecionalmente fuera del Presupuesto General de la República”, pero ocultó que los recursos venezolanos están registrados, con la anuencia del FMI, en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos del país y su uso está siendo detallado en los informes semestrales de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua (BCN). También ocultó que las autoridades gubernamentales no han avalado una política confiscatoria de los activos reales y financieros del sector privado y avanzan en la solución de los problemas de la propiedad de estadounidenses en nuestro país.

Compartir la visión de Nación, el mensaje y el discurso de Eduardo Montealegre Rivas sería inaceptable para la gente proba y recta, porque él es uno más que alarga la fila de los impunes de Nicaragua. Su imagen personalista y soberbia al margen de la ley se manifiesta radiantemente con su transmutación de un diputado querellado en un juez para auto absolverse cómica y públicamente de sus graves injurias y calumnias contra mi persona y al adoptar una posición acusadora contra mí cuando el acusado es él y, por lo cual, dos jueces han solicitado su desaforación a la Honorable Asamblea Nacional. Si él desea acusarme, que lo haga en un juzgado pero no con sus vociferaciones desde la casa del movimiento político que lleva su nombre.

El diputado Eduardo Montealegre Rivas es muy atrevido al dejar a entrever en su discurso en el Foro organizado por AMCHAM y AACLA su preocupación por los pobres y necesitados de Nicaragua, después de haber atropellado el erario con la subasta de activos de cuatro bancos liquidados que realizó el BCN entre mayo y agosto de 2003, y con la restructuración de la deuda pública interna por liquidaciones bancarias que él hizo en el segundo semestre de 2003. Cabe recordar que este diputado, al haber abusado otra vez de la inmunidad que confiere el cargo de diputado, impidió  desde julio de 2008 el juicio a 39 acusados por el Ministerio Público debido al complot financiero contra el Estado de Nicaragua en el rescate a los depositantes en cuatro bancos liquidados en el bienio 2000-2001.

Lo único aceptable que dijo el diputado querellado en Washington al referirse a Nicaragua fue el deterioro institucional, el restablecimiento de la credibilidad en el sistema electoral y la necesidad del diálogo, el cual, en mi opinión, debería ser entre gente proba, recta y honesta, características que no reúne el supuesto representante de la oposición política en dicho Foro, quien se limitó también al decir que “es imposible lograr un crecimiento económico con desarrollo social amplio, sin tener seguridad jurídica en un país donde los jueces no aplican la ley” y esconder su abuso de la inmunidad para burlarse de las leyes, de los jueces y del Poder Judicial de Nicaragua.

Una declaración contradictoria con la visión presidencial

En un país con 1 millón 470 mil personas subempleadas –para ciertos servidores públicos están ocupados- y con 2 millones 500 mil personas pobres es un dislate afirmar que se les exigirá el pago del impuesto sobre salario a los trabajadores que devengan menos de 75 mil córdobas anuales, que en este año equivale a 8 dólares diarios y el cual es cercano a los 5 dólares diarios que percibe un trabajador que devenga el salario mínimo promedio no agropecuario, lo cual contradice la visión política del presidente de la República.

El salario de 75 mil córdobas exento del pago del IR se estableció a partir del 1 de enero de 2010 y desde esa fecha hasta mayo del año en curso la tasa de inflación acumulada, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido de 21%, por lo cual el servidor público debe tener en cuenta que en este junio ese salario anual exento debería ser 90 mil córdobas con el fin de eliminar el deterioro de su poder de compra registrado en los últimos 29 meses. Una tarea que debería sugerir el asesor económico del presidente de la República y emprender el cobrador de impuestos es reducir la evasión del pago del impuesto sobre la renta de las personas asalariadas y naturales que devengan los más altos ingresos en el país.

Eliminar las exenciones y exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) sugerida por el Sr. Bayardo Arce implicaría elevar los precios al consumidor de alimentos, acelerar la tasa de inflación y reducir el poder de compra de al menos el 80% de la población total del país que destina el 90% de los ingresos familiares a la adquisición de esos alimentos. Todo se puede hacer en economía, pero esta medida tributaria demandaría ajustar los salarios para garantizar la subsistencia familiar –contradictoriamente ya afectados por el asesor con la sugerencia de disminuir el salario exento para ampliar la cobertura del IR sobre los asalariados- y, por otro lado, demandaría la reducción de la tasa actual de 15% del  IVA.

Eliminar la exoneración del IR sobre las utilidades de las cooperativas agropecuarias significaría limitarlas tanto en su gasto de inversión para desarrollar sus actividades productivas como en el financiamiento de su capital de trabajo, porque sus miembros no son sujetos de crédito en la banca convencional. Además, no es válido el argumento del asesor presidencial de que  el agro tiene más de 30 años de recibir beneficios fiscales y que hasta la fecha apenas aporta el dos por ciento de las recaudaciones fiscales, al omitir que los grandes contribuyentes son, en realidad, grandes retenedores de los impuestos que pagamos los consumidores, como son el IVA y el ISC.

Lo único formidable que observo en las sugerencias del asesor económico del presidente de la República es disminuir la evasión del pago del IR de pequeñas, medianas y grandes empresas comerciales que hasta ahora están acogidas en el régimen de cuota fija, especialmente en el mercado más grande Centroamérica como lo es el Mercado Oriental, mediante su introducción al pago progresivo del impuesto sobre sus utilidades.

La seguridad social es un asunto soberano

El jueves de la semana pasada invité a Manuel Israel Ruiz Arias, quien es uno de los mejores, muy probable el mejor, de los expertos en seguridad social de Nicaragua, para que compartiera sus observaciones sobre la próxima reforma del fondo de seguridad social con un grupo de notables empresarios nicaragüenses que integran el Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma consultora que yo dirijo, lo cual agradezco de nuevo al estimado amigo Manuel Ruiz Arias.

Nos decía Manuel Ruiz Arias, graduado en Altos Estudios de Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en Madrid, España, que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue fundado en febrero de 1957, o sea  que ha cumplido 55 años de existencia. Su actual ley fue emitida hace 30 años, en marzo de 1982, con vacíos jurídicos en los derechos de seguro de enfermedad y maternidad, con debilidad jurídica en el manejo de inversiones y con desprotección jurídica de trabajadores migrantes, por ejemplo aquéllos que radican temporalmente en Costa Rica y cotizan seguridad social en ese país pero no gozan de ella al regresar a Nicaragua, porque nuestro país no ha firmado un convenio internacional de seguridad social con el país del sur; observa una muy baja cobertura de afiliados activos, 19.3% de la población económicamente activa (PEA) en 2011 –se registraron rangos de [2%, 17.8%] en 1957-1979, [19.8%, 22.5%] en 1980-1989 y [21.5%, 16.0%] en 1990-2002-; sus gastos administrativos pueden ser considerados como altos al representar el 10.8% del monto de facturación simple, sin multas y recargos, que no debería pasar del 7%; y también se observa discrecionalidad jurídica en la aplicación de la ley a los empleadores y trabajadores. Por estos motivos, es necesaria una reforma integral de la seguridad social.

Un ejemplo impactante para una empresa y que ilustra el déficit actuarial del Seguro de Riesgos Profesionales es que en la actualidad se registran 25 mil accidentes laborales anuales –una cifra preocupante entre 3 y 4 accidentes cada 2 horas- y de ellos mueren 60 y 23 mil reciben subsidios por un tiempo promedio de 18 días, en el cual cada persona recibe el 60% de su salario de los fondos del INSS y el 40% restante es pagado por el empleador. Al multiplicar 23 mil por 18 días, arroja un total de 414 mil días y al dividir ese resultado entre 365 días se obtienen 1 mil 134 años sin resultados productivos para el país. Y nos quejamos del aún anémico crecimiento económico interno.

Coincido con el distinguido actuario nicaragüense Manuel Ruiz Arias en los siguientes aspectos de esta reforma pendiente en el marco de las condicionalidades de reformas estructurales suscritas con el FMI:

• Es incompleta porque sólo aborda el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y no considera los riesgos profesionales y a las víctimas de guerra.
• La carga de la reforma de la seguridad social no debe caer sobre los trabajadores que ya  cotizan. Para el régimen de IVM, la opción 1 eleva la tasa de cotización del 11% al 24.7%; la opción 2, la eleva del 11% al 23.3% con el aumento de 25% de la cobertura sobre nuevos afiliados jóvenes en tres años, sin que se visualice una política pública de creación de empleos y sin obviar que, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el aumento de la PEA fue de 185 mil personas en 2011 con respecto a 2010; la opción 3 la eleva de 11% a 23.5%, con el aumento de 25% de nuevos afiliados jóvenes y el aumento del salario objeto de la cotización.
• Reducir los tipos de pensiones de vejez de 9 a 5 en vez de 1, como lo propone Fernando Troncoso, consultor puesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para proponer la reforma de la seguridad social de los nicaragüenses; los 9 tipos de pensión actuales son: vejez ordinaria (60 años), vejez básica (60 años), vejez docente mujer (55 años), vejez docente hombre (55 ó 60 años), vejez minero (55 años), vejez anticipada (55 años), vejez postergada (mayor de 60 años y hasta 65 años), vejez con ayuda adicional y vejez reducida.
• Rechazar el aumento del requisito de cotización de 14 ½ años a 30 años, porque la vida laboral no es continua; en Nicaragua actualmente sólo se cotiza el 35% de la vida laboral-.
• Abolir el techo máximo de 37 mil 518 córdobas y dejar sin techo el ingreso para cotizar y volver más solidario nuestro régimen de seguridad social.
• Reajustar las pensiones con la variación relativa del salario promedio anual de los cotizantes en vez de la tasa de devaluación oficial del córdoba, porque los salarios no están indexados con el tipo de cambio oficial y el INSS no tiene resistencia financiera para indexarlas con la tasa de inflación acumulada anual.
• Especificar la metodología para determinar la proporción de la pensión en el caso que el trabajador no acumulara las 1 mil 560 cotizaciones en 30 años.
• Aunque el concepto de pilares del sistema de pensiones ya desapareció hace 5 años, se considera bueno que la pensión del asegurado se complemente con el “pilar” del ahorro individual, no obstante el 80% de la población total del país no tienen capacidad para ahorrar.
• La reforma del fondo de pensiones de seguridad social no puede ser aplicada a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1967, porque podrían haber ya cotizado con la ley actual y se estaría violando el Artículo 38 de la Constitución de la República que dice así: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”; debería, por lo tanto, señalarse que la reforma se aplicará a los nuevos cotizantes a partir de la entrada en vigencia de la ley reformada.

La propuesta de Fernando Troncoso, al estar basada en gran parte en reformas paramétricas de  la  seguridad social, invita a recordar el Artículo 105 de la Constitución de la República que dice en una de sus partes que “Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos”. Esa propuesta foránea, además, no contempla la concesión de servicios sociales a los trabajadores cotizantes (antes existían centros recreativos en Xilonem, El Velero, Laguna de Apoyo y Granada) ni una modalidad exclusiva para que los trabajadores del campo paguen la seguridad social. Una nueva ley también debería obligar el mantenimiento de los sistemas financieros asociados con cada uno de los regímenes de seguridad social.

Después de las elecciones de 153 alcaldes el 4 de noviembre de este año, se iniciará la búsqueda del consenso nacional sobre la reforma de la seguridad social, que como bien dice el experto Manuel Ruiz Arias deber ser integral y con la participación de los trabajadores activos y cesantes, los pensionados, los empleadores, las universidades y los partidos políticos.

En la discusión de esta reforma se debería tomar en cuenta algunos datos demográficos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) para Nicaragua en el quinquenio 2010-2015, como son la esperanza de vida al nacer para los que nacieran en dicho quinquenio de 2010-2015, de 77.66 años para las mujeres y de 71.51 años para los hombres, es decir, 74.51 años para los nicaragüenses, que es la duración media de la vida de los individuos, de una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las edades a la mortalidad de 4.64 por 1 mil en ese quinquenio; la tasa global de fecundidad es de 2.547, o sea el número promedio de hijos por mujer en edad fértil; la edad media de la fecundidad es de 26.55 años; y la edad mediana de la población será 23.73 años en 2015, o sea el valor que divide a nuestra población prevista de 6 millones 180 mil habitantes en dos grupos de igual número de personas.

Y no olvidemos que, de acuerdo con el INSS, en 2011 se registraron un promedio de 578 mil 340 asegurados activos, 102 mil 599 pensiones ordinarias con un monto anual de 4 mil 474 millones de córdobas, 28 mil 695 pensiones para víctimas de guerra con un monto anual de 603 millones de córdobas, y 3 mil 2 pensiones especiales con 36 millones de córdobas.

Siete veces nein

 

Los siete noes de Berlín se han vuelto famosos, yo diría los siete noes de la Sra. Angela Merkel, canciller de Alemania, en su afán de reducir los déficit fiscales y la deuda pública de los países de la eurozona, mejor dicho para que cada país de la Unión Europea alcance y mantenga un presupuesto público equilibrado, con el objetivo que sobreviva el euro.

La tenacidad de la Sra. Merkel es asombrosa porque, aparentemente, no visualiza que Europa está colapsando violentamente, acorralada por el creciente desempleo que en abril afectó a 17.4 millones de personas en la eurozona –con una tasa de desempleo de 11%- y 24.7 millones de personas en la Unión Europea –con una tasa de desempleo de 10.3%-, víctimas de los ajustes laborales de las administraciones públicas y de las empresas, y por la recesión económica que indudablemente ocurrirá en el segundo semestre de este año. ¿Cuáles son los siete nein y por qué se dijeron?

1. No a los eurobonos, pues aliviarían la presión y llevarían a la relajación de las reformas.
2. No a aumentar la dotación del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) o, popularmente, “fondo de rescate”, pues los contribuyentes alemanes ya han ido bastante más lejos.
3. No a un mecanismo de resolución de crisis bancarias de ámbito europeo, pues de nuevo sería europeizar la irresponsabilidad de unos pocos.
4. No a relajar las medidas de austeridad, pues son el único camino.
5. No a facilitar liquidez a los gobiernos para enfrentar sus reformas, pues la prima de riesgo es la señal que necesitan para entender la gravedad de su situación.
6. No a relajar los tipos de interés, pues eso elevaría la inflación, lo que se comería los ahorros de los alemanes.
7. Y no a estimular el consumo, lo que exigiría elevar los salarios, pues Alemania quiere seguir siendo competitiva.

Los eurobonos serían una palanca para mover el crecimiento económico y el empleo, tal como lo reclama el presidente de Francia, François Hollande, pero Alemania ve con malos ojos la posibilidad de emitir deuda europea en nombre de los 17 países del euro debido a la precaria situación financiera de los demás socios, lo cual forzaría a Berlín a garantizar en última instancia esas obligaciones. “Los eurobonos no son la solución a la actual crisis … Sería justamente el camino equivocado, es la peor opción” afirmó la Sra. Merkel y, además, sostuvo que lo prioritario es «estabilizar la situación» de los países más cuestionados por los mercados, lo cual podría entenderse como reducir a toda costa el déficit público.

El gobierno de Berlín considera que ya hay suficiente dinero en el fondo de rescate de la eurozona, conocido como Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) -440 mil millones de euros aportados por los países de la eurozona, 250 mil millones de euros del FMI y 60 mil millones de euros del presupuesto de la Unión Europea-  y se pronunció en contra de combinar éste con el otro fondo temporal, el Fondo Europeo  Estabilidad Financiera, y en contra de engordar al MEDE porque los países deben ser rigurosos en sus finanzas públicas. Además, Alemania considera que es necesario un marco para que los bancos puedan quebrar sin que ello arrastre al resto de la economía y, para ello, los reguladores en Basilea y Bruselas llevan meses trabajando.

En abril de este año, Martin Kotthaus, portavoz de Hacienda alemán, respondió con un rotundo «no» a la pregunta de si el Gobierno alemán se plantea cambios en el dictado de austeridad donde se enroca desde hace años. A la segunda, Kotthaus sostuvo asombrosamente que «las encuestas demuestran que la población de los países más afectados, como España e Italia apoyan la vía» de los recortes, pareciendo ignorar la victoria de la izquierda en Francia. Aunque la canciller Angela Merkel se está quedando sola con sus recetas de austeridad y recortes ante la crisis europea, , impregnadas de una inflexible ortodoxia, insiste en que se mantengan a pesar que la zona del euro se está resquebrajando debido a que en los países en severa crisis, como Grecia, Italia y España, que se asoman al abismo, se acelera la salida de capitales del euro, los ahorradores retiran depósitos y el crédito se nacionaliza, lo cual podrá replantear la posibilidad de que se reinstauren los controles de capitales en la eurozona.

La huida de los inversionistas financieros hacia activos que consideran seguros, como la deuda alemana y la estadounidense, está hundiendo las rentabilidades exigidas hasta mínimos históricos. A inicios de junio, la tasa de rentabilidad de los títulos alemanes a dos años plazo cotizó a -0,002%, por primera vez en negativo, lo que implica que los compradores están dispuestos a pagar, no a cobrar un rédito, por sus inversiones. El bono alemán a 10 años ha llegado a tener una rentabilidad de 1,148%, el menor nivel registrado por Bloomberg desde 1989, y el bono estadounidense ha marcado también un mínimo histórico en 1,522%. Los títulos austriacos, holandeses, finlandeses y franceses a ese plazo también han caído a mínimos, al percibirse como un refugio por los inversionistas.

Las razones de los alemanes son poderosas: pertenecen al ámbito de la historia económica, pero también al de la sociología económica. Alemania tiene un miedo atroz a las subidas de precios, pero no solo por las archicitadas razones históricas, la famosa hiperinflación de Weimar. Los alemanes son grandes ahorradores, y la inflación funciona como un impuesto que se come los ahorros.

Sin embargo, imponer más austeridad a quienes ya no pueden vivir con lo poco que tienen no es una opción válida. La crisis europea, además de económica, también es política, porque Alemania tiene un enorme poder de veto y los inversionistas financieros también tienen el poder de mover grandes capitales de un país a otro y, sin ser políticos, pueden vetar decisiones gubernamentales. Paradójicamente el poder está muy fragmentado, porque los políticos tienen inmensas limitaciones para ejercer el poder y cumplir sus promesas a sus seguidores, tal como está ocurriendo al presidente de Francia François Holland.

Recientemente, el profesor Paul Krugman explicó la “deflación de la deuda” expuesta en 1933 por el gran economista estadounidense Irving Fisher: “Una economía no es como una familia endeudada. Nuestra deuda es en su mayoría dinero que nos debemos unos a otros; y lo que es aún más importante, nuestros ingresos provienen principalmente de lo que nos vendemos unos a otros. Sus gastos son mis ingresos y mis gastos son sus ingresos. ¿Y qué pasa si todo el mundo simultáneamente reduce drásticamente el gasto en un intento de pagar lo que debe? La respuesta es que los ingresos de todo el mundo se reducen; mis ingresos disminuyen porque ustedes están gastando menos, y sus ingresos disminuyen porque yo estoy gastando menos. Y, a medida que nuestros ingresos se hunden, nuestro problema de deuda se agrava, no mejora».

Pero en Europa no se ven cambios en la estrategia económica de mantener la austeridad en los presupuestos públicos, independientemente de lo que dice la teoría económica y nos enseña la historia económica.