Los riesgos político y moral de la UAF

14 06 2012

Tengo la plena seguridad que el principal flagelo que perseguiría la UAF en Nicaragua sería la corrupción, que al ser reducida atraerá más la inversión privada doméstica y extranjera. Por esto considero que el diputado Wálmaro Gutiérrez, un servidor de los nicaragüenses desde su curul, está obligado a promover la certidumbre entre todos los agentes económicos del país, para que avancemos en la lucha contra el subempleo y la pobreza. Muy cuestionables fueron sus palabras autoritarias que “los inversionistas que no estén de acuerdo con la UAF, que se vayan”, porque no abonan al buen desempeño de la economía nicaragüense.

La Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) persigue el objetivo de satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados con delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De los cuatro delitos antes mencionados, los dos primeros, el narcotráfico y la corrupción, son los de mayor trascendencia para nuestro país, que desde lejos ve el crimen organizado y el terrorismo y ojalá que nunca los tengamos entre nosotros.

La Ley de la UAF fue solicitada por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Nicaragua cuando era presidente el Ing. Enrique Bolaños, en el marco de las condicionalidades de reformas estructurales del sistema financiero nacional. Antes de la reglamentación y aplicación de esta ley, por el ruido de la  reacción airada de algunos legisladores, ya estamos viendo su costo político, el cual adicionado al costo económico de la misma, dejará bastante atrás los beneficios de la misma. El beneficio que se perfila es reducir el costo de las relaciones financieras de Nicaragua cuando salga de la lista gris del GAFI, en la cual nos acompañan tres países latinoamericanos, Ecuador, Venezuela y Argentina.

Desde antes de salir a luz pública, está ley se ha sobredimensionado ante el tamaño muy pequeño de los bancos radicados en el país al ser comparados con los bancos de los otros países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá. Un narcotraficante se entregaría fácilmente a la justicia si decidiera usar cualquiera de estos bancos para transferir cuantiosas sumas de dinero provenientes de su delincuencia. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 el BANPRO, que es el banco más grande Nicaragua al tener activos por 1 mil 570 millones de dólares, ocupó el lugar 32 entre los 136 bancos de la subregión, mientras que el banco más grande de dicha subregión es el HSBC Bank de Panamá, con un monto de activos de 11 mil 179 millones de dólares, 7 veces más grande que el BANPRO. Es por esa razón que los dólares de los narcotraficantes son capturados en las aduanas de las fronteras del país.

En los países de economías avanzadas se dejan a un lado los derechos humanos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, en cuyos aeropuertos escanean a las personas antes de abordar un avión;  sólo el hecho de obligar a quitarse los zapatos para abordar un avión, atenta contra la privacidad personal. No valen las protestas en este sentido.

Pero estamos en Nicaragua, un país abatido por la corrupción y la pobreza, por lo cual comparto los señalamientos del COSEP sobre su oposición a los artículos 4 y 9 de la Ley de la UAF porque atenta contra el derecho humano de la privacidad de las personas contemplado en nuestra Constitución, viola el sigilo bancario que sólo puede ser roto con un mandato judicial y permite  la discrecionalidad política en la investigación a las personas.

Considero que sería tan nocivo dejar a la UAF, en un extremo, decidiendo sola a quien investigar entre los depositantes de más de 10 mil dólares debido al riesgo de persecución política, como dejar sólo en otro extremo a los obligados por la ley –bancos, microfinancieras, cooperativas, casas de cambio, casas de empeño, envío de remesas y casinos- a pasar los Reportes de Investigaciones Sospechosas (RIS) a la UAF debido al riesgo moral imperante en las instituciones bancarias financieras. Por estas razones, considero que debería buscarse el consenso en los dos artículos de la ley antes citados.

El riesgo político es veraz y no imaginario, y sería más convincente si la UAF fuese presidida por un policía activo o un miembro del ejército activo, a sabiendas que el presidente de la República es el jefe máximo de ambos cuerpos armados, y la UAF, según su Ley, dependerá del despacho presidencial. Además, en Nicaragua los políticos politizan todo. Un ejemplo de lo anterior es mi querella contra Eduardo Montealegre Rivas, quien gozó del cumplimiento del único acuerdo de Metrocentro II, que fue impedir su desaforación con el apoyo de sus aliados políticos que eran mayoría en la Asamblea Nacional y, ahora, con una nueva Asamblea Nacional, la Primera Secretaria de su Junta Directiva me afirmó que mi acusación es política porque el acusado es político, confundiendo la calidad de la presunta delincuencia común de Eduardo Montealegre.

También el riesgo moral del mundo financiero es real y veraz, pero no imaginario. No hay que olvidar que la profesión de banquero es hoy la más criticada en el mundo, debido a los efectos de la grave crisis financiera y de la recesión económica que vivimos desde hace 4 años y que parece se extenderá por, al menos, una década más. Gracias al sigilo bancario, los banqueros han realizado actividades libertinas, que no guardan ninguna relación con el libre mercado, son indemnizados con grandes sumas de dinero por el cierre de bancos quebrados, no han sido sancionados ni se dejan regular de las autoridades gubernamentales.

En la búsqueda del consenso necesario que requiere la Ley de la UAF ya aprobada por la Asamblea Nacional, y que sería posible con la decisión del Presidente de la República, Daniel Ortega, propongo que (i) la Unidad de Análisis Financiero dependa del Ministerio Público, porque es necesario una supervisión más independiente del sector bancario y por lo cual hay que apoyar a dicha institución con más recursos humanos calificados, recursos físicos y recursos financieros; (ii) un funcionario de la UAF, mediante ley, podría integrar la Junta Directiva de las instituciones bancarias y de las instituciones obligadas en general, con el fin exclusivo de proceder a la identificación de las personas sospechosas, y así se evitaría el rompimiento del sigilo bancario y del derecho humano de la privacidad de las personas; y (iii) la UAF informaría a la Policía Nacional sobre la identificación de las personas sospechosas con el lavado de dinero para que proceda a la investigación.

Una cosa importante: si el delegado de la UAF en los consejos directivos de las instituciones obligadas cae en la corrupción, no sólo él se expondría a la sanción legal sino también todos los miembros de la junta directiva de la institución obligada, excepto aquél que en forma escrita se opusiese a esa corrupción.

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6 responses

15 06 2012
LESTER BENJAMÍN ZELEDON

Estimado Doctor Avendaño, la verdad es que no creo en la buena fe de los empresarios del COSEP y AMCHAM, por una simple y sencilla razón, cuando se dio la subasta el Diputado Montealegre se propuso apropiarse del Banic, para ello su estrategia, básicamente era que los banqueros participaran en la misma para que a la hora de cualquier demanda judicial sentirse acuerpado por su circulo económico, solo el grupo Pellas si mal no recuerdo no acepto la invitación del inmune prófugo de la justicia y ex-ministro de hacienda aduciendo precisamente que no estaban de acuerdo con el procedimiento de dicha subasta, es mas después el grupo Pellas declaro que de haber sabido que el Banic valía 6 0 5 millones lo habrían comprado y no hubieran construido el edificio BAC que todos conocemos, hagamos una reflexión quienes son los verdaderos emperadores de la economía nacional,,,,los banqueros ellos financian y son socios directos de las 16 cámaras del COSEP y socios de AMCHAM, si sacamos bien las cuentas vamos a descubrir fácilmente que el crecimiento de los empresarios del COSEP y AMCHAM comienza a darse de manera robusta a partir de la subasta y la corrupción de los CENIS, en una de sus gráficas se ve fácilmente este desarrollo de manera sencilla, hasta ahora es la SIBOIF la que controla el lavado de dinero, bueno es fácil deducir las calificaciones de este grupo de empresarios que participaron en la Subasta y en la recapitalizacion de los CENIS fraudulentamente son notas excelente siempre de 95 para arriba, por que tenemos al ratón cuidando el queso, por esa razón no estoy de acuerdo que Usted diga que comparte los señalamientos de COSEP en los art. 4 y 9 de la ley de la UAF, en mi opinión de ciudadano muy empobrecido por la corrupción de estos empresarios estoy seguro que lo honesto y lo ético, es que todos los ciudadanos seamos sujetos de revisión por parte de la UAF en caso de que la situación así lo requiera. Debemos de estar mas bien solícitos a cooperar en la cadena de pistas que nos lleva ha descubrir cualquier acto de corrupción.

15 06 2012
nestoravendao

Estimado Lester. Comparto casi la totalidad de sus argumentos, pero aunque no nos guste tenemos que respetar primero nuestra Carta Magna, que a veces impide realizar cosas tan correctas como usted señal en su comentario. Con saludos cordiales, Néstor

14 01 2013
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