Una alternativa ante la iniciativa de la Ley NICA Act

27 09 2016

En mayo de 2015, el Banco Mundial clasificó a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo y dejó de ser un país de ingreso bajo, después de haber sido un país pobre muy endeudado en términos de producción tras haber alcanzado el Punto de Culminación Flotante de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados en febrero de 2002.

Hasta antes de mayo de 2015, Nicaragua estaba obligada a contratar préstamos externos multilaterales muy concesionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. El elemento de concesionalidad de la nueva deuda externa del país condicionado por el FMI era de al menos 35%, que representa la porción de un préstamo que constituye una ayuda financiera y que se define como la diferencia en términos porcentuales entre el valor nominal del préstamo y el valor presente (VP) de todos los pagos del préstamo. Mientras más alta sea esta diferencia, mayor es el elemento de concesionalidad.

De acuerdo con datos oficiales, el elemento de concesionalidad de la contrataciones de la deuda externa pública en 2015 fue igual a 34.1%, mientras que el de las contrataciones de préstamos multilaterales fue igual a 29.8%.

Por otro lado, el Banco Mundial indicó en su Estrategia de País vigente hasta el año de 2019,  que Nicaragua es un país exitoso porque ha reducido la dependencia de la cooperación externa  blanda, es decir, cooperación externa concesional, por el  buen manejo fiscal al reducir el déficit del presupuesto nacional.

Con el supuesto de que en este año de 2016 se apruebe la Ley NICA Act y que no se congelen los desembolsos de los préstamos que ya han sido contratados por Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA), la economía de Nicaragua continuará creciendo entre 5% y 6% anual en 2016 y 2017.

Además, en el corto plazo no se visualiza un deterioro económico provocado por dicha ley porque Nicaragua podría usar, por primera vez, una línea de crédito de US$200 millones renovada recientemente por séptimo año consecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a raíz de la Gran Recesión de 2008-2009, que está destinada exclusivamente a solventar eventualidades de insolvencia y fortalecer la liquidez del Banco Central de Nicaragua.

La iniciativa de la Ley NICA ACT presentó el inconveniente de tratar de solucionar asuntos políticos con asuntos económicos. Con el peor de los supuestos, si dicha ley se aprobara en este año y se congelaran todos los desembolsos de los préstamos ya contratados, así como la contratación de nueva deuda pública con el BID y el BM/IDA, Nicaragua tiene la opción de sustituir esos recursos con fondos del BCIE.

Dicha opción se fundamenta en el estatus de Nicaragua como un país de ingreso medio bajo. Al estar condicionado por el elemento de concesionalidad en la contratación de nueva deuda pública, Nicaragua no podía contratar grandes préstamos con términos financieros semi concesionales o no concesionales, como son los préstamos del BCIE.

Dada la restricción del elemento de concesionalidad antes mencionado, Nicaragua, que es país dueño del BCIE como también lo son los demás países centroamericanos, ha utilizado aproximadamente el 13% de la oferta total de los préstamos que le ha asignado  BCIE, la que es igual a 30% de la cartera total de préstamos para los países de la región. En otras palabras, el 17% del monto asignado en la cartera de préstamos que no ha sido utilizado por Nicaragua es aproximadamente igual a 1 mil millones de dólares en el banco regional, y el país puede usar esos recursos crediticios porque ahora ya no es un país de ingreso bajo sino un país de ingreso medio bajo, reconocido como tal por el Banco Mundial.

Por lo tanto, en el caso extremo de un boicot financiero para Nicaragua en el BID y el BM/IDA en contra de Nicaragua, nuestro país podría sustituir los US$250 millones prestados anualmente por los dos organismos multilaterales con los fondos que tiene disponibles en el BCIE.

Por supuesto que el sector público de Nicaragua tendría que elaborar la cartera de proyectos de inversión a ser presentada al BCIE, con el propósito de continuar ejecutando los proyectos que serían afectados en las actividades de electricidad y agua potable, educación y salud, transporte y comunicaciones, administración pública, agropecuario y construcción de la red vial, actualmente financiados por BID y el BM/IDA.

El BCIE es la segunda institución financiera multilateral más importante para Nicaragua en desembolsos de préstamos externos, sólo superado por el BID, y está sobre el BM/IDA, el Banco Europeo de Inversión (BEI), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Reitero que, como Nación, debemos prepararnos para lo peor, pero también debemos contribuir en la búsqueda de soluciones, por ejemplo, en la formulación de un plan alternativo, con el fin de evitar la paralización de los proyectos de inversión pública que favorecen el bienestar de la población y facilitan el desarrollo de la inversión privada, tanto extranjera como doméstica, que garantizan el crecimiento económico sostenible del país.

 

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Pido a los jueces no más retardación de justicia

26 09 2016

Los dos honorables jueces a cargo de los juzgados en que se encuentran radicadas mis dos querellas personales contra Eduardo Montealegre Rivas por injurias y calumnias saben muy bien que mi causa se inició desde hace 8 años, no obstante de conformidad al procedimiento legal y la sentencia no debe durar más de 30 días.

Excusas inmorales pero legales del ex diputado impune Eduardo Montealegre violentaron mi derecho de tener acceso a la justicia, quien cometió sus presuntos delitos escritos en un chat con los lectores del diario La Prensa publicado el 31 de agosto de 2008 cuando corría como candidato para alcalde de la Ciudad de Managua, y al escribir una supuesta carta de disculpas el 11 de febrero de 2011 que hizo circular desde la dirección electrónica de su movimiento político Vamos con Eduardo con copia a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la sección política de La Prensa y a los medios de comunicación social.

Como es de conocimiento público, la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre violentó mis derechos humanos al afectar mi imagen, mi reputación profesional y mi honor, al tildarme en sus escritos de ser un defraudador del Estado de Nicaragua sin haber probado nada ante los tribunales de justicia. Montealegre cometió su presunta delincuencia en una forma irresponsable y ajena a sus funciones como diputado que era, o sea, sin relación alguna con sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional. Su inmunidad la convirtió en su impunidad.

Han pasado 42 días desde que la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez, comunicara a la Señora Juez del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, y al Señor Juez del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, que el ciudadano Eduardo Montealegre Rivas ya no es diputado y por lo tanto no goza de inmunidad.

También han pasado 22 días desde que los dos señores jueces me notificaron que dejaban sin efecto las convocatorias para realizar las primeras audiencias iniciales programadas para el 5 de septiembre recién pasado, una a las 11:30 a.m. y otra a las 2:00 p.m., por ajustes relacionados con la implementación del Sistema Automatizado de Control y de Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua y por saturación de agenda del despacho de uno de ellos.

Por lo anterior, el lunes 26 de septiembre de este año, 42 días después de la extinción de la inmunidad que usó inapropiadamente Eduardo Montealegre para escudarse frente a mis querellas personales y no presentarse al llamado de los jueces, he solicitado de nuevo a los dos señores jueces que citen al ciudadano Montealegre Rivas para el trámite de mediación previo, y en el caso de no llegarse a un acuerdo que se realicen de inmediato los trámites de proceso con la audiencia que en derecho corresponde.

La Ley de Carrera Judicial señala que es un deber de los funcionarios judiciales resolver con celeridad y considera como una infracción leve el incumplimiento injustificado de los plazos legales para proveer escritos. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “Los autos de mera sustanciación se dictarán a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil, después de la presentación del escrito petitorio en que se funda. Toda resolución debe ser congruente a lo pedido. El retardo injustificado para resolver produce responsabilidad.”

Ya no existe impedimento alguno para que los dos honorables jueces convoquen al querellado y al querellante a la mayor brevedad posible. Así lo confirmó la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez. Espero de los jueces sus respuestas a mis solicitudes.





Debemos prepararnos para lo peor

25 09 2016

La Iniciativa de “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, conocida como “NICA Act”, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ahora está en manos del Senado para su aprobación, en el mejor de los casos condicionaría la aprobación de préstamos de instituciones financieras multilaterales para Nicaragua, exclusivamente del Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Fondo Monetario Internacional (FMI), o en el peor de los casos establecería un boicot financiero en esas tres instituciones internacionales.

Con respecto al FMI, actualmente Nicaragua no tiene riesgos en el acceso a préstamos de apoyo a la balanza de pagos, es decir, en el acceso recursos crediticios destinados exclusivamente al aumento de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), porque el gobierno decidió no suscribir un nuevo programa de ajuste macroeconómico y de reforma estructural con el FMI en 2012.

El riesgo real sobre las reservas internacionales del BCN ha sido provocado por el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela desde enero de este año, cuyo principal beneficio fue proteger la posición de dichas reservas con (i) el crédito inicial del 50% de la factura petrolera, y ahora ha disminuido a 30% por el menor precio del barril de crudo; (ii) la caída del precio internacional promedio anual del barril de petróleo WTI desde un máximo de US$98 en 2013 a un mínimo de US$42 en 2016, este último estimado por COPADES; y (iii) la disminución del suministro de hidrocarburos de origen venezolano en relación con los volúmenes solicitados por Nicaragua, desde 93% en 2013 a 30% en 2016 –este último porcentaje estimado por COPADES-.

En otras palabras, el riesgo de la aún iniciativa de ley “Nica Act” se concentra en los futuros desembolsos del BID y del BM/IDA, y de estas dos instituciones la que brinda más apoyo crediticio para la ejecución de las inversiones públicas de Nicaragua es el BID, con el 83% del total de préstamos de desembolsados por ambas instituciones en 2015.

El lunes 19 de septiembre recién pasado mencioné rápidamente en mi artículo “Los riesgos de la iniciativa Nica Act”, publicado por Trinchera de la Noticia y en mi blog personal, algunos de los principales efectos que la aprobación de la ley antes mencionada provocaría a nuestra economía, que dejarían al descubierto la fragilidad de la estabilidad macroeconómica del país.

El primer efecto es el aumento del índice de riesgo-país de Nicaragua, el cual, incluso ya es efectivo antes de la aprobación de la iniciativa de dicha ley. Previamente, dicho índice era moderado, según estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), y ahora, sin lugar a dudas, ya es alto al ser impulsado por el riesgo político.

Sobre el supuesto que esa ley se apruebe, y parece que se aprobará, una menor cooperación oficial del BID y del BM/IDA para el sector público del país obstaculizaría la ejecución de programas y proyectos de inversión pública en las actividades de, en orden de importancia, electricidad y agua potable, educación y salud, transporte y comunicaciones, administración pública, agropecuario y construcción de la red vial.

Al reducirse el papel facilitador del Estado en el ámbito de la infraestructura económica requerida para el desarrollo de la empresa privada, los flujos de la inversión extranjera directa y de la inversión doméstica privada, ya afectados por el mayor índice de riesgo-país, tenderían a continuar disminuyendo.

El menor gasto de inversión fija pública y privada, o sea, la inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, conduciría a una desaceleración de la tasa de crecimiento económico del país, que desde el año 2015 ya se apoderó del estadio de entre 5% y 6% anual. COPADES estima que en este año, el volumen de bienes y servicios producidos en Nicaragua crecerá 5.1% con respecto a su nivel registrado el año pasado.

Consecuencias de un menor Producto Interno Bruto (PIB) Real serían los aumentos de la tasa de desempleo abierto, que en la actualidad es de un dígito, de la tasa de subempleo que ahora afecta a casi la mitad de las personas ocupadas, y del sector informal de la economía que hoy abarca casi al 80% de las personas ocupadas que laboran en empresas que no tienen registros contables. En resumen, aumentaría la pobreza de los nicaragüenses.

Al disminuir los flujos de la cooperación oficial al sector público y la inversión extranjera directa, también disminuiría el valor de las importaciones de bienes y, por consiguiente, se observaría  un menor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual sería compatible con un menor monto de financiamiento en la cuenta de capital de la balanza de pagos.

Sin embargo, en el financiamiento del déficit de la balanza de pagos estaría latente el riesgo de la pérdida de reservas internacionales, por lo cual podría aumentar la mora en el pago de la deuda al BID y al BM/IDA y conducir a una restricción del gasto de consumo y de la circulación del córdoba, todo con el propósito de proteger la frágil posición de las reservas internacionales oficiales del país. En caso fuese necesario solventar eventualidades de insolvencia y fortalecer la liquidez del BCN, cabe recordar que Nicaragua renovó recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una línea de crédito de US$200 millones. También cabe recordar que Nicaragua aún no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional y, por lo tanto, no emite deuda soberana.

Descartamos la devaluación del córdoba, porque la cláusula de mantenimiento de valor y la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial han convertido al BCN en un rehén de su política cambiaria, que desliza al tipo de cambio en 5% anual desde el año de 2004. Así, el principal instrumento en manos del BCN continuará siendo las operaciones de mercado abierto para controlar la liquidez y mantener reducida la brecha entre el precio oficial de la divisa y el precio de venta del dólar en el mercado financiero local. Pero la emisión de deuda pública interna, tanto del BCN como del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sería más costosa por las alzas en las tasas de rendimiento de los títulos valores.

Para finalizar, un consejo a las autoridades nacionales: Si se aprueba la Ley NICA ACT, debemos esperar el impacto más benigno, pero deberíamos prepararnos para lo peor.





COPADES reconfirma su calidad en el pronóstico económico de Nicaragua

22 09 2016

En marzo de 2016, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua para el año en curso sería 5.3%, reconfirmando por segundo año consecutivo que Nicaragua ya entró al estadio de crecimiento anual de entre 5% y 6%, y facilitando, por consiguiente, una evaluación ex ante, bastante aproximada a la realidad, de las principales razones macroeconómicas requeridas para las políticas y toma de decisiones empresariales, destacándose entre ellas la tasa de inversión, la productividad de la economía, la subutilización de la fuerza laboral, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, la presión tributaria, el déficit fiscal, la liquidez global y la tasa de inflación.

El notable pero aún insuficiente desempeño de la producción de bienes y servicios para reducir el subempleo y la pobreza de los nicaragüenses, según COPADES, estaba impulsado, del lado de la oferta por las actividades de la agricultura, la construcción, las instituciones financieras y el comercio y, del lado de la demanda, por la inversión fija y el consumo.

La perspectiva económica oficial de 2016, elaborada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), señalaba un rango inicial de tasas de crecimiento económico para Nicaragua de [4.5%, 5.0], mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) la fijaban en 4.5%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo recientemente dicha tasa de 4.8% a 4.5% y el centro de pensamiento Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) la ha mantenido fija en el nivel de 4.5%.

Hoy jueves 22 de septiembre hemos sido informados que el presidente del BCN, Ovidio Reyes, declaró que el crecimiento económico de Nicaragua en 2016 está en un rango de 5.0% a 5.5%, debido a “las políticas de alianza del Gobierno Sandinista, el buen régimen de lluvia y el rendimiento en el sector productivo”.

COPADES agradece a las empresas que suscriben nuestro servicios profesionales por su confianza técnica en el análisis del comportamiento económico y social de Nicaragua que les presentamos mensualmente, y nos sentimos regocijados por el apoyo que nos brindan para desarrollar nuestras funciones a favor de un mejor desempeño empresarial.

Hago extensiva mis felicitaciones al personal técnico de COPADES por el éxito alcanzado.





Chamorro se equivoca al defender a Montealegre

22 09 2016

Pedro Joaquín Chamorro escribió en forma infundada sobre mis reclamos relacionados con la defensa de mi dignidad, mi honor, mi reputación profesional y mi imagen ante las injurias y calumnias que Eduardo Montealegre también escribió en dos ocasiones contra mi persona. En la sección Voces de la edición de la Prensa de hoy 21 de septiembre, Chamorro expresa ahora, entre sus comentarios, que “Avendaño, por su parte, se pasó diez años solicitando que le levantaran la inmunidad a Montealegre y cuando suspenden la audiencia, extrañamente no ha alzado su voz”.

Muy extraño que Chamorro esté atento a mi defensa de la presunta delincuencia de Montealegre. La primera corrección que hago a sus palabras escritas es que son ocho años, no diez años en los que pedí a la Asamblea Nacional que cumplieran las dos solicitudes de desaforación del entonces diputado impune Montealegre, por las injurias y calumnias que él escribió tanto en la Prensa el 31 de julio de 2008 como en una supuesta carta de disculpas que él hizo circular desde la dirección electrónica de su movimiento político Vamos con Eduardo el 2 de febrero de 2011.

Aunque han sido públicas, Chamorro desconoce mis acciones recientes para asegurar mi derecho humano de tener acceso a la justicia. El 31 de julio de 2016 solicité a la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez, la certificación de que si Montealegre gozaba de inmunidad por la condición parlamentaria, y me respondió dirigiendo sendas misivas a los jueces de los juzgados sexto y séptimo de lo Penal de Managua, Lic. María Pineda Gómez y Lic. Donaldo Alfaro García respectivamente, que Montealegre ya no era diputado y no gozaba de inmunidad.

Con esa respuesta, el 8 de agosto recién pasado solicité a los dos jueces antes mencionados que convocaran a la realización de las audiencias iniciales con fines de preliminar. El 1 de septiembre, ambos jueces citaron a las partes procesales para presentarnos el 5 de septiembre por la mañana y por la tarde, pero el 2 de septiembre me notificaron que las suspendían por saturación y reestructuración de agenda provocadas por ajustes de la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua. Ayer 20 de septiembre, nueve días hábiles después de la suspensión de las audiencias, he solicitado de nuevo a los dos jueces que citen a Montealegre para el trámite de mediación y dar inicio al trámite del proceso como en derecho corresponde. Por supuesto que esperaré las respuestas de los dos jueces en 48 horas, que es el tiempo legalmente establecido.

Mis reclamos exclusivamente personales contra Montealegre siempre han sido y serán públicos y transparentes, y rechazo tajantamente la insinuación de Chamorro que los he vuelto opacos cuando él trata de politizar mi demanda sin fundamento alguno. Opaca ha sido la conducta de Montealegre, porque usó inapropiadamente la inmunidad de su cargo para no presentarse en los dos juzgados, dada su presunta delincuencia que no guardó ninguna relación con sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional.

Los nicaragüenses deben estar seguros que así como alcé mi voz ante la protección que tuvo Montealegre para que no lo desaforaran a lo largo de ocho años, también la alzaré si no se inicia el proceso penal en su contra ahora que la inmunidad ya no es un obstáculo para que sea sentado en el banquillo de los acusados. Una última corrección para Chamorro: no está de por medio sólo una simple multa, sino también las indemnizaciones que solicitaré y demostraré a los dos jueces por los daños morales y económicos que afectaron no sólo a mí sino también a mi familia.





Los riesgos de la iniciativa “Nica Act”

18 09 2016

El riesgo político de Nicaragua continúa elevándose por las presiones de un grupo de congresistas estadounidenses que impulsan la iniciativa de “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, con el propósito de condicionar los préstamos de instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID), el Banco Mundial (BM/IDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobados para Nicaragua.

Las razones que han inspirado un nuevo boicot financiero para el país, similar al que fue aplicado por Estados Unidos junto con el boicot comercial que estuvo vigente entre mayo de 1985 y abril de 1990, son la falta de observación nacional e internacional en la elección presidencial del 6 de noviembre próximo; la solución de la Corte Suprema de Justicia sobre el litigio de las cuatro facciones del Partido Liberal Independiente (PLI), que duró 5 años; la sustitución de los diputados del PLI por sus suplentes, que fue solicitada legalmente por el actual representante de dicho partido; y la preocupación por la relación cercana de Nicaragua con Rusia, principalmente con la adquisición de equipamiento militar.

Esos argumentos fueron retomados de las quejas de un reducido grupo de políticos criollos, ante su incapacidad de entenderse entre ellos mismos, de unirse con los partidos políticos opositores, de presentar una estrategia alternativa a la que tiene la alianza política en el poder, y de atraer al electorado para escoger al futuro presidente de Nicaragua por su bajo nivel de preferencia entre la población, según las últimas encuestas nacionales.

La década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua es muy distinta a la década de los 10 del siglo presente que vive el país. No hay guerra y la seguridad física es una de las mejores entre los países latinoamericanos, la producción no se desploma sino que aumenta, no hay hiperinflación sino una inflación moderada, el país no está severamente endeudado con los acreedores externos del sector público, el déficit fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB) no es de dos dígitos sino cercano a cero, y la dolarización extraoficial de la economía ha marginado al córdoba en el mercado local. Sin embargo, persisten problemas estructurales importantes, tales como un bajo nivel de escolaridad promedio nacional que asegura sólo la primaria, una baja productividad, poca competitividad empresarial, un gran mercado informal, un alto déficit comercial externo y una inversión pública insuficiente para mejorar y ampliar la infraestructura económica del país.

Durante el trienio 2013-2015, el monto promedio anual de los préstamos externos destinados exclusivamente para la ejecución de programas y proyectos del sector público de Nicaragua fue igual a 340 millones de dólares, en el cual la participación de los desembolsos provenientes de las instituciones financieras multilaterales, en orden de importancia, fue la siguiente: BID (52.1%), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, 27.4%),  BM/IDA (10.2%), Banco Europeo de Inversiones (BEI, 4.0%), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 1.2%) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 1.0%). Sólo el BID y el BM/IDA participan con el 62.3% en los desembolsos de préstamos externos.

El FMI no estaría sujeto al proyecto de ley antes mencionado, conocido también como “Nica Act”, porque actualmente dicha organismo no facilita préstamos para apoyo a balanza de pagos del país, o sea, para el fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN). En la actualidad, no existe compromiso de cooperación financiera del FMI debido a que el cuarto programa de ajuste económico y reformas estructurales suscrito con Nicaragua expiró en diciembre de 2012 y no se suscribió un nuevo programa económico por decisión del Gobierno de Nicaragua.

En el caso de que Estados Unidos aprobara la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, sólo se paralizaría el financiamiento del BID y del BM/IDA destinado principalmente a los siguientes sectores u objetivos: ordenamiento de la propiedad; mejora de la productividad; fortalecimiento de energía eléctrica, educación, salud, vivienda, transporte y agua potable; el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; el fomento de la actividad agropecuaria sostenible; la modernización del sistema de administración fiscal; y el mejoramiento de la infraestructura y de las telecomunicaciones en la Costa Caribe.

Por consiguiente, entre las consecuencias principales para Nicaragua por la aprobación de la iniciativa “Nica Act”, se destacarían las siguientes: el empobrecimiento de la población rural, al paralizarse la ejecución de proyectos de inversión pública vinculados con la reducción de la pobreza; un menor dinamismo de la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector privado, al reducirse la facilitación de la inversión pública en infraestructura económica; la desaceleración del crecimiento económico; la mora en el pago de la deuda pública externa con el BID y el BM/IDA; la reducción del gasto de consumo público y el desempleo en la actividad del Gobierno Central; el debilitamiento de la posición de las reservas internacionales oficiales; el incumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una baja presión inflacionaria; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado financiero, que provocaría una fuga de capitales; y el deterioro de los indicadores sociales del país.

De las cinco quejas arriba mencionadas y presentadas por un reducido grupo de opositores políticos en el exterior, sólo la primera podría ser considerada como cierta porque el 80% de los nicaragüenses se manifestó, a través de varias encuestas nacionales, a favor de la observación nacional e internacional en las elecciones presidenciales.

Por otro lado, el litigio del PLI, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia porque las facciones de ese partido político no se pusieron de acuerdo para resolverlo, tuvo el inconveniente de ser extemporáneo al darse cinco meses antes de las elecciones, ya que si se hubiese resuelto 2015 no habría tenido tanto eco; el transfuguismo político, ahora sancionado con las reformas de la Constitución Política de la República de Nicaragua establecidas en 2014, fue aplicado para que sustituyeran a los propietarios con los suplentes de los curules pertenecientes a la extinta Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI); y las relaciones soberanas de Nicaragua con Rusia no pueden verse con la lupa de la guerra fría, porque ésta ya no existe.

Aunque Nicaragua colabora con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular, la razón más importante que se podría tener en cuenta para que los legisladores estadounidenses no aprueben la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua” es de carácter geopolítico: evitar que el Triángulo del Norte se convierta en el Rectángulo del Norte.





Perfil Económico de Nicaragua 2017

13 09 2016

COPADES le invita a participar en el Seminario de Actualización Empresarial “Perfil Económico de Nicaragua 2017”, que se realizará en el Salón Maderas, segundo piso del Centro de Convenciones Crowne Plaza el martes 27 de septiembre de 2016 de 8:00 a.m. a 11:30 am. Debido a que el cupo es limitado, para reservar su participación y obtener información sobre este evento, por favor llamar al 2270-0385 o escribir a corozco@copades-nic.com

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