Nicaragua no puede darse el lujo de alejarse del Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente en un año de crisis económica internacional y de caída de los precios internacionales de los bienes que el país exporta, con la amenaza política del veto estadounidense sobre las solicitudes de préstamos de nuestro país en el Banco Mundial (BM/IDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, más recientemente, con el riesgo de interrupción de la asistencia financiera venezolana que se administra en la empresa privada ALBANISA.
El Sr. Bayardo Arce, asesor económico del Presidente Daniel Ortega, declaró recientemente que no hay prisa para negociar un nuevo programa económico con el FMI, porque en marzo arribará una misión técnica de dicho organismo para iniciar la evaluación de 2011 y cualquier programa que se discuta con el FMI será en el segundo semestre del año. Por supuesto que sin el quinto programa económico trienal de Nicaragua con el FMI, el gobierno siempre deberá garantizar la estabilización macroeconómica –talvez por eso no hay prisa-, pero la maquinaria gubernamental ya hubiese iniciado la actualización de la estrategia de reducción de la pobreza para el lustro 2012-2017, conocida desde la recién pasada administración pública como Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), la cual debe ser aprobada por el Banco Mundial y es un requisito previo para la discusión de un nuevo programa económico con el FMI, porque contiene el marco global y los fundamentos macroeconómicos del trienio 2012-2015.
Creo que el equipo económico gubernamental se ha atrasado en esta tarea, aunque uno de sus miembros sostenga que no hay prisa. La actualización del PNDH está en manos de la Secretaría de Políticas Nacionales de la Presidencia, a cargo de Paul Oquist, pero necesita del apoyo técnico del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que no han sido llamados para iniciar esa tarea.
Esa lentitud invita a especular si el gobierno, en el mejor de los casos, desea establecer este año un Programa “Puente”, lo cual implicaría profundizar el ajuste económico sin ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad, que a lo sumo en este año sería de US$45 millones del BID para apoyo presupuestario y de US$20 millones del FMI para apoyo a balanza de pagos, asignados exclusivamente a las reservas internacionales del BCN, en el momento de la suscripción de un nuevo programa. Cabe recordar que el BM no facilita préstamos muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario desde 2009, debido a que la oposición política denunció un fraude en los comicios municipales de noviembre de 2008.
En el peor de los casos, la especulación nos conduce al escenario de que el gobierno no desea tener un programa con el FMI, lo cual sería fatal para la economía nicaragüense porque, además de los riesgos expuestos en el primer párrafo, desaparecería la atracción de la inversión extranjera, se cerrarían las ventanillas de préstamos muy concesionales del BM/IDA y del BID que ayudan en gran forma a financiar un poco más del 60% del monto anual de las inversiones públicas, es decir las divisas líquidas atadas, y no se dispondría de financiamiento multilateral para realizar las reformas estructurales de la economía tanto pendientes –tales como la reforma tributaria, la seguridad social y el empleo gubernamental- como las que aún no se han discutido con el policía financiero internacional –por ejemplo, la banda cambiaria que el FMI ha pretendido establecer desde agosto de 1999-.
La amenaza del veto estadounidense cae sobre el 30% de la cooperación oficial que recibe el gobierno de Nicaragua, mientras que el riesgo que se cierne sobre la asistencia financiera venezolana –debido al problema de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al ambiente político del país sudamericano- afecta al 70% de la cooperación oficial al sector privado. Está en juego, pues, el 50% del total anual de recursos dirigidos al sector público y al sector privado, es decir alrededor de US$700 millones que representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta situación obliga, en principio, a las autoridades nacionales a que preparen un plan de contingencia nacional, en el caso hipotético que los supuestos riesgos antes mencionados se vuelvan una realidad, y a la par de la actualización del “PNDH 2012-2017” y de la elaboración del nuevo Programa “Servicio de Crédito Ampliado 2012-2015”
Sin embargo, no se visualiza ninguna fuente alternativa de recursos externos que llene un espacio vacío de tal magnitud en el mapa de la cooperación internacional del país. Entonces, ¿cómo garantizar la estabilización macroeconómica?, ¿cómo mantener el gasto de reducción de la pobreza, emblema de este gobierno, que en parte se ejecuta con un presupuesto paralelo al presupuesto nacional, y que contradictoriamente financia más el consumo que la inversión?
Estimo que el gobierno podría recurrir a sus depósitos en el BCN para financiar el gasto de reducción de la pobreza por la vía del presupuesto nacional, pero esta política pondría en jaque la posición de las reservas internacionales porque se perdería el esfuerzo fiscal acumulado hasta hoy para protegerlas, poniendo en riesgo la igualdad de que el saldo de las reservas internacionales brutas sea igual a 2.2 veces el saldo de la base monetaria, una condicionalidad de la estabilidad macroeconómica acordada con el FMI.
En esa situación, el BCN podría convocar a los bancos comerciales a “apoyar o apoyar” las reservas oficiales o, sencillamente, podría elevar la tasa de encaje legal sobre los depósitos tanto en moneda extranjera como en córdobas, porque es obvio que los flujos de inversión extranjera directa disminuirían abruptamente, como también estarían cayendo los ingresos por exportaciones de bienes debido a la actual tendencia declinante de los precios internacionales de los commodities. La negociación con el FMI se volvería entonces más difícil, ya que se estaría perdiendo el perfil del programa económico, como también se está perdiendo si no se actualiza el PNDH, aunque se sostiene que no hay prisa.
En mi opinión urge avanzar en los tres flancos antes referidos, el PNDH, el SCA y la CONTINGENCIA, pero no hay duda alguna que el gobierno de Nicaragua debe sostener la estabilización del tipo de cambio y de la tasa de inflación, así como el perfil de la política económica con el FMI, aunque esta última se refleje en la trayectoria horizontal de los parámetros macroeconómicos sujetos a la supervisión fondomonetarista. Y no debe olvidar la otra urgente necesidad de un diálogo nacional para garantizar la estabilidad política.