Un año crucial para la economía nacional

Nicaragua no puede darse el lujo de alejarse del Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente en un año de crisis económica internacional y de caída de los precios internacionales de los bienes que el país exporta, con la amenaza política del veto estadounidense sobre las solicitudes de préstamos de nuestro país en el Banco Mundial (BM/IDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, más recientemente, con el riesgo de interrupción de la asistencia financiera venezolana que se administra en la empresa privada ALBANISA.

El Sr. Bayardo Arce, asesor económico del Presidente Daniel Ortega, declaró recientemente que no hay prisa para negociar un nuevo programa económico con el FMI, porque en marzo arribará una misión técnica de dicho organismo para iniciar la evaluación de 2011 y cualquier programa que se discuta con el FMI será en el segundo semestre del año. Por supuesto que sin el quinto programa económico trienal de Nicaragua con el FMI, el gobierno siempre deberá garantizar la estabilización macroeconómica –talvez por eso no hay prisa-, pero la maquinaria gubernamental ya hubiese iniciado la actualización de la estrategia de reducción de la pobreza para el lustro 2012-2017, conocida desde la recién pasada administración pública como Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), la cual debe ser aprobada por el Banco Mundial y es un requisito previo para la discusión de un nuevo programa económico con el FMI, porque contiene el marco global y los fundamentos macroeconómicos del trienio 2012-2015.

Creo que el equipo económico gubernamental se ha atrasado en esta tarea, aunque uno de sus miembros sostenga que no hay prisa. La actualización del PNDH está en manos de la Secretaría de Políticas Nacionales de la Presidencia, a cargo de Paul Oquist, pero necesita del apoyo técnico del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que no han sido llamados para iniciar esa tarea.

Esa lentitud invita a especular si el gobierno, en el mejor de los casos, desea establecer este año un Programa “Puente”, lo cual implicaría profundizar el ajuste económico sin ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad, que a lo sumo en este año sería de US$45 millones del BID para apoyo presupuestario y de US$20 millones del FMI para apoyo a balanza de pagos, asignados exclusivamente a las reservas internacionales del BCN, en el momento de la suscripción de un nuevo programa. Cabe recordar que el BM no facilita préstamos muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario desde 2009, debido a que la oposición política denunció un fraude en los comicios municipales de noviembre de 2008.

En el peor de los casos, la especulación nos conduce al escenario de que el gobierno no desea tener un programa con el FMI, lo cual sería fatal para la economía nicaragüense porque, además de los riesgos expuestos en el primer párrafo, desaparecería la atracción de la inversión extranjera, se cerrarían las ventanillas de préstamos muy concesionales del BM/IDA y del BID que ayudan en gran forma a financiar un poco más del 60% del monto anual de las inversiones públicas, es decir las divisas líquidas atadas, y no se dispondría de financiamiento multilateral para realizar las reformas estructurales de la economía tanto pendientes –tales como la reforma tributaria, la seguridad social y el empleo gubernamental- como las que aún no se han discutido con el policía financiero internacional –por ejemplo, la banda cambiaria que el FMI ha pretendido establecer desde agosto de 1999-.

La amenaza del veto estadounidense cae sobre el 30% de la cooperación oficial que recibe el gobierno de Nicaragua, mientras que el riesgo que se cierne sobre la asistencia financiera venezolana –debido al problema de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al ambiente político del país sudamericano- afecta al 70% de la cooperación oficial al sector privado. Está en juego, pues, el 50% del total anual de recursos dirigidos al sector público y al sector privado, es decir alrededor de US$700 millones que representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta situación obliga, en principio, a las autoridades nacionales a que preparen un plan de contingencia nacional, en el caso hipotético que los supuestos riesgos antes mencionados se vuelvan una realidad, y a la par de la actualización del “PNDH 2012-2017” y de la elaboración del nuevo Programa “Servicio de Crédito Ampliado 2012-2015”

Sin embargo, no se visualiza ninguna fuente alternativa de recursos externos que llene un espacio vacío de tal magnitud en el mapa de la cooperación internacional del país. Entonces, ¿cómo garantizar la estabilización macroeconómica?, ¿cómo mantener el gasto de reducción de la pobreza, emblema de este gobierno, que en parte se ejecuta con un presupuesto paralelo al presupuesto nacional, y que contradictoriamente financia más el consumo que la inversión?

Estimo que el gobierno podría recurrir a sus depósitos en el BCN para financiar el gasto de reducción de la pobreza por la vía del presupuesto nacional, pero esta política pondría en jaque la posición de las reservas internacionales porque se perdería el esfuerzo fiscal acumulado hasta hoy para protegerlas, poniendo en riesgo la igualdad de que el saldo de las reservas internacionales brutas sea igual a 2.2 veces el saldo de la base monetaria, una condicionalidad de la estabilidad macroeconómica acordada con el FMI.

En esa situación, el BCN podría convocar a los bancos comerciales a “apoyar o apoyar” las reservas oficiales o, sencillamente, podría elevar la tasa de encaje legal sobre los depósitos tanto en moneda extranjera como en córdobas, porque es obvio que los flujos de inversión extranjera directa disminuirían abruptamente, como también estarían cayendo los ingresos por exportaciones de bienes debido a la actual tendencia declinante de los precios internacionales de los commodities. La negociación con el FMI se volvería entonces más difícil, ya que se estaría perdiendo el perfil del programa económico, como también se está perdiendo si no se actualiza el PNDH, aunque se sostiene que no hay prisa.

En mi opinión urge avanzar en los tres flancos antes referidos, el PNDH, el SCA y la CONTINGENCIA, pero no hay duda alguna que el gobierno de Nicaragua debe sostener la estabilización del tipo de cambio y de la tasa de inflación, así como el perfil de la política económica con el FMI, aunque esta última se refleje en la trayectoria horizontal de los parámetros macroeconómicos sujetos a la supervisión fondomonetarista. Y no debe olvidar la otra urgente necesidad de un diálogo nacional para garantizar la estabilidad política.

Montealegre se burló de nuevo de la Justicia

Desde el 6 de octubre 2008 hasta el 15 de diciembre de 2011, los diputados de todas las tendencias liberales representadas en la Asamblea Nacional de Nicaragua protegieron a Eduardo Montealegre, diputado constitucional en ese entonces, para que no fuera desaforado de acuerdo con dos mandatos judiciales en poder de la Primera Secretaría de la Junta Directiva de ese Poder del Estado.

El Código Penal de la República que fue aprobado en mayo de 2008 es una ley que impide las palabras y acciones ilegítimas y discriminatorias que pervierten los más elementales Derechos Humanos, que proporcionan ventajas y posición de dominio a quienes actúan y deciden con el mejor conocimiento y medios perjudicando a quien sea, como el diputado Eduardo Montealegre, ahora electo de la Alianza PLI, quien continuamente se burla de la justicia. Sus calumnia e injuria que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua y que mi investigación sobre las liquidaciones de cuatro bancos solicitada por la Contraloría General de la República contiene una serie de errores me han perjudicado y espero que sean revertidas para restituir la desviación que Montealegre produjo en mi perjuicio, pues de lo contrario supondrían mantener esa posición ilegítima de dominio y privilegio contraria a la esencia de la justicia.

Cuando reactivé mi petición del desafuero de Montealegre ante la Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Montealegre se burló de nuevo de la Justicia el 1 de febrero de este año al escribir, en un mensaje de texto publicado por La Prensa, “no voy a comentar sobre tonterías ni payasadas”. Por supuesto, su impunidad y soberbia le impiden reconocer que mi querella por su presunta delincuencia no corre peligro de prescribir. Él mantiene su traje de inmunidad al auto proponerse como primer candidato nacional de la Alianza PLI y ser electo; sin embargo, observo su tenacidad de permanecer en un curul y no quedar expuesto a la justicia.

Eduardo Montealegre se autodenomina un demócrata, pero no lo es por sus continuas burlas a la Justicia. En un país normal, este diputado dos veces querellado, además una vez acusado por la Fiscalía General de la República, ya hubiera renunciado a su inmunidad y se hubiera presentado en los juzgados, pero ya sabemos cómo son las cosas en Nicaragua: el ofensor se transformó en un ofendido y continuó con más calumnias e injurias contra mí, como es del dominio público, desde la casa de su movimiento político personal.

Estimo que la mayoría de los diputados de la actual Asamblea Nacional de Nicaragua darán ejemplo de eliminar el mal uso y el abuso de la inmunidad, es decir de la delincuencia y la corrupción de la política, con la aprobación de formar una comisión especial que analice los dos mandatos judiciales remitidos por la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, y el Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, y se proceda a la desaforación del diputado Eduardo Montealegre para que responda por sus presuntos delitos que han lesionado mi honor, mi imagen y mi reputación profesional.

Montealegre sabe que sus presuntos delitos contra mi persona no son castigados con cárcel, sino con su retractación escrita, siempre que yo la acepte, y publicada con la orden del Juez y a costa de él en el mismo medio en que escribió sus calumnias e injurias, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se publicó, y con el pago de una multa al Estado de Nicaragua. Sin embargo, Montealegre deberá también responder por los daños morales y económicos que ha provocado con sus presuntos delitos y que han afectado no sólo a mí, sino también a mi familia, a lo largo de tres años y siete meses hasta esta fecha.

Hay que asegurar un “crecimiento económico pro pobre”

Nicaragua debería tener un “crecimiento económico pro pobre”, el cual puede ser definido como aquél que va acompañado por una disminución en valor absoluto de la pobreza, en el que los pobres ganen en valor absoluto. También puede ser definido como aquel crecimiento que conlleva cambios en la distribución del ingreso a favor de los pobres, o sea el crecimiento en que los pobres ganan más que lo que ganarían si todos los ingresos crecieran a la misma tasa y, por supuesto, podríamos también tener “contracción pro-pobre” en una situación de contracción en la que los pobres perdieran menos que el resto de la población.

Nicaragua tiene dos formas de mantener o reforzar su competitividad internacional: mejorando la productividad y la competitividad de sus productores – tanto agropecuarios como industriales – o manteniendo salarios reales tan bajos que permitan a empresas nacionales y extranjeras realizar beneficios, y por lo tanto competir, a pesar de su baja productividad.  La segunda vía representa una especialización en la pobreza, y su viabilidad depende de la manutención de esa misma pobreza.

Suponiendo que no es esa la vía deseada, el tema central de la agenda gubernamental en materia económica sería el apoyo al incremento de competitividad empresarial, tanto en la industria como en el sector agropecuario.  Esto exige –entre otras cosas- ofrecer más educación técnica, realizar más transferencia de tecnología a las empresas del país, atraer empresas extranjeras y vincularlas a cadenas de producción locales, crear posibilidades para financiamientos de largo plazo, mejorar la infraestructura económica del país, mejorar la administración de la justicia, crear incentivos para que los productores mejoren su productividad.  La  cuestión es saber si esto se puede hacer de una forma que cree condiciones para un crecimiento que favorezca a los pobres.

En una y otra de esas dos definiciones de “crecimiento económico pro pobre”, es importante dar atención también a la cuestión de cuál es la medida más adecuada de la pobreza.  Adoptar la primera de las dos definiciones de crecimiento pro-pobre mencionadas arriba y un concepto de pobreza absoluta, parece ser más consistente con la forma cómo la pobreza es tratada en las diversas estrategias de desarrollo del país que hemos conocido desde el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, pero es importante no olvidar el carácter multi-dimensional de la pobreza, y no caer en la trampa de la definición uni-dimensional de la pobreza, por ejemplo en términos de consumo, cómo lo hace el Banco Mundial en Nicaragua con su metodología aplicada en las encuestas de medición de nivel de vida.

En la reciente conferencia económica “Nicaragua: El reto compartido de construir una visión de nación” realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), José Antonio Baltodano, presidente de dicha organización, dijo que si la economía nicaragüense creciera 7% anual en los próximos 20 años el ingreso per cápita promedio anual superaría los US$3,200, se generarían 80 mil empleos anuales y la pobreza disminuiría 15%, pero ese crecimiento, según el presidente de FUNIDES, dependerá del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad, de invertir más en educación básica, de la disponibilidad y calidad de la mano de obra, de la cantidad de la inversión, y de la productividad con que usen los recursos.

Una observación que tengo sobre esa afirmación del presidente de FUNIDES es que no existe una relación automática de causa y efecto entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. El crecimiento económico puede, en ciertas condiciones, conducir a una reducción significativa de la pobreza y, en otras, tener poco o ningún impacto sobre la pobreza. De ahí que el “crecimiento económico pro-pobre” debería ser un tema de candente actualidad en la Nicaraguade hoy, y por eso felicito a FUNIDES por presentar varias ideas que faciliten ese debate en nuestro país.

El sistema nacional de educación aborda, en gran forma, los eslabones primario, secundario y universitario (o terciario), e ignora la importancia de la educación técnica intermedia y superior, muy importante para elevar la productividad laboral. Las micros, pequeñas y medianas empresas requieren de un apropiado y permanente apoyo por parte del Estado en materia de transferencia de tecnología. Las políticas macroeconómicas (fiscales y monetarias) pueden facilitar la renovación de la infraestructura tecnológica para empresas productoras de bienes y servicios para la exportación y el consumo interno.

Una política industrial orientada hacia la existencia de una estructura industrial diversificada y bien integrada, con empresas de grande, mediana y pequeña dimensión subcontratando, cooperando y compitiendo entre ellas tiende también a ser más competitiva y menos vulnerable a los choques económicos. Nicaragua necesita urgentemente de empresarios de estilo moderno (como los entiende Schumpeter), que arriesguen capital y que reinviertan sus utilidades, en vez de sacarlas a ganar rentas al extranjero.

El papel clave del crédito en las políticas de desarrollo es suficientemente bien conocido para que no sea necesario mencionarlo aquí.  El crédito a las pequeñas industrias y a los pequeños agricultores, que normalmente requiere instrumentos especiales para atender a las necesidades especiales de esos agentes económicos y a sus limitaciones en términos de garantías, tiene un importante potencial en términos de alivio de la pobreza. Las infraestructuras existentes representan un capital que hay que mantener, por dos razones principales; primero, porque la manutención inteligente y en tiempo oportuno preserva la infraestructura a un coste muy inferior al de reconstruirlos, o al de construir substitutos; segundo, porque esas infraestructuras son utilizadas por la población local, incluyendo los pobres.

Es también de importancia estratégica el desarrollo del mercado interno, por dos razones fundamentales.  Primero, con el fin de mejorar el bienestar social, se requiere generar más ingresos entre la población. Segundo, un aumento en la productividad de las actividades, tanto industriales como agropecuarias, orientadas hacia el mercado interno tiene dos consecuencias muy positivas para la competitividad internacional. Un aumento en la productividad de los llamados ‘bienes-salario’ permitirá incrementar salarios reales de los trabajadores empleados en los sectores exportadores a bajos costos financieros para las empresas, reforzando la competitividad de las mismas empresas.

Aunque Nicaragua goza de una buena seguridad física en Centroamérica, la inseguridad de las personas jurídicas es alta y notoria, dadas las resoluciones jurídicas influenciadas por intereses de personas y organizaciones políticas. Es necesario legalizar la tenencia (titulación) de la tierra, que afecta a la producción agropecuaria del país. Debería buscarse una mayor equidad tributaria y una mayor ética presupuestaria en la asignación de los recursos públicos para lograr la reducción de la pobreza. También es necesario aplicar efectivamente las leyes para la conservación del medio ambiente, para que el “crecimiento económico pro pobre” sea de mayor calidad.

Una discusión económica desgastante

En todos los años hemos observado sendas polémicas discusiones en la mesa de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, y 2012 no será la excepción. Por ley, el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico es una referencia para el establecimiento del salario mínimo legal, cuyo costo en 2011 aumentó 8.5% hasta C$10,136 según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). Sin embargo, la ley contempla que las variables económicas que determinan el ajuste de este salario es la tasa de inflación acumulada y la tasa de crecimiento económico registradas en el año inmediato anterior, procedimiento que no es avalado por la teoría económica y que, de acuerdo con cifras divulgadas por el BCN, sería de 12.7%, el cual también por ley sería realizado en dos semestres y, lógicamente, podría efectuarse en un solo ajuste para evitar expectativas inflacionarias crecientes especialmente en el 76% del mercado laboral que es informal.

El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), Luis Barbosa, hizo inicialmente una propuesta novedosa de ajustar el salario mínimo legal con la suma de dos tasas de variación de dos variables económicas del año pasado más la tasa de ajuste de una  tarifa en este año, como son el 5% de crecimiento de las exportaciones (?) –a sabiendas que sus precios subieron 23%, pero su volumen cayó 1.5% en 2011-, el 8% de la inflación del año pasado y el 9% de ajuste de la tarifa de energía eléctrica a partir del consumo facturado de enero de este año, para totalizar, así, un ajuste esperado de 22% del salario mínimo legal.

El Congreso Permanente de Trabajadores (CPT) fue la única organización sindical  que propuso un reajuste de 33% al actual salario en la primera reunión de trabajo del 2 de febrero, mientras que la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), a través de su secretario general Edgardo García, anunció que pondrá sobre la mesa de negociación un ajuste del 30% para el salario mínimo y la cuota de alimentación para los trabajadores del sector agrícola.

Fue hasta en la tercera semana de negociaciones que se alcanzó un acuerdo parcial de reajustar 10% anual el salario mínimo de 200 mil trabajadores de 155 mil micros y pequeñas empresas, que pasará de C$2,360 a C$2,596, mientras que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) presentó una propuesta de ajuste del 10% que no fue admitido por todo el movimiento sindical que se ahora se pronuncia por un ajuste del 16% para una parte de los sectores y por otro ajuste del 30% para el sector agropecuario. Paralelo a estas discusiones, ya existía el acuerdo de ajustar en 9% el salario mínimo legal de 80 mil trabajadores que laboran en las empresas de zona franca.

También se oyen otros bemoles en estas discusiones salariales. Un servidor público no puede hacer lo que la ley no le ordena, porque está limitado a cumplir la ley, es decir debe hacer lo que le exige la ley, por lo cual la ministra del Trabajo se extralimitó en sus funciones al declarar que si la negociación salarial actual se extendía a 30 ó 60 días haría retroactivo el incremento del salario mínimo legal al 16 de febrero de este año, por lo cual se elevó la protesta del COSEP.

Como es usual en la primera sesión de trabajo de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, el gobierno presentó a los representantes sindicales y empresariales la evolución del empleo y de los salarios en los últimos tres años, junto con el comportamiento del Producto Interno Bruto, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y los salarios mínimos vigentes en los países centroamericanos, con el propósito de analizar y decidir el ajuste del salario mínimo legal de Nicaragua, pero estimo que las comparaciones del salario mínimo legal no son muy apropiadas. Veamos por qué.

Las canastas de consumo básico que sirven para fijar el ajuste salarial en el resto de los países centroamericanos están constituidas exclusivamente por alimentos, es decir son canastas básicas alimentarias, pero la de Nicaragua incluye, además de 23 alimentos, 11 productos del hogar, 4  tarifas y 15 artículos de vestuario.

El número de alimentos de las canastas para el resto de los países del istmo son: Guatemala, 25; El Salvador, 22; Honduras, 29; y Costa Rica, 51, pero el ingreso per cápita promedio anual de los costarricenses, de acuerdo con datos oficiales, es el mayor en Centroamérica al registrar en 2010 un monto de US$7,840, que es 2.3 veces el de los salvadoreños, 2.8 veces el de los guatemaltecos, 4.1 veces el de los hondureños y 7.0 veces el de los nicaragüenses.

Un reciente estudio del COSEP, que se basó en datos oficiales de cada uno de los institutos de estadísticas y censos de los países centroamericanos, concluyó que al valorar los productos alimenticios de las canastas básicas alimentarias de cada uno de los países centroamericanos con los precios al consumidor nicaragüense recolectados en noviembre del año pasado, el costo más alto corresponde al de Nicaragua, con C$6,302, y le siguen en orden de importancia Honduras con C$5,495, Guatemala con C$5,053, Costa Rica con C$4,898 y El Salvador con C$5,495.

La explicación del mayor costo de los alimentos en Nicaragua es que las familias nicaragüenses consumen un mayor volumen mensual de alimentos, 191 kilogramos, y le siguen en orden de importancia, Guatemala y Honduras con 176 Kg. Cada uno, Costa Rica, 117 Kg. y El Salvador, 110 Kg., aunque debemos reconocer el hecho que la familia nicaragüense es la más numerosa, con un tamaño promedio nacional de 6 personas, seguidos por la de Guatemala con 5.4 personas, la de Honduras con 5 personas, la de El Salvador con 3.7 personas y la de Costa Rica con 3.5 personas. Sin embargo, observamos una mayor desviación estándar de 8.3 Kg. entre los volúmenes de consumo de alimentos en Nicaragua, Guatemala y Honduras que la desviación estándar de 0.5 personas entre los tamaños promedios nacionales de las familias de esos mismos países.

Como le propuse hace un año a la Comisión Nacional de Salario Mínimo, no hay que desgastarse en la magnitud del ajuste del salario mínimo debido al excesivo tamaño de la informalidad del mercado laboral, porque aproximadamente el 30% de los trabajadores, es decir 800 mil personas en principio ocupados pero subempleados, a pesar que laboran las 8 horas de la jornada legal diaria, devengan menos que el salario mínimo legal, pero los servidores públicos los consideran erróneamente como personas ocupadas al no poder exigir el cumplimiento de la ley por el alto costo de hacerlo en un mercado, reitero, demasiado informal.

La Comisión Nacional del Salario Mínimo debería preocuparse más por impulsar una política de empleo y una mayor educación técnica a la fuerza laboral. La Comisión Nacional de Salario Mínimo debería contribuir a la promulgación de una nueva ley del salario mínimo que se base en una mayor productividad y en las expectativas inflacionarias del año, en vez del crecimiento económico y de la tasa de inflación del año anterior, lo cual conllevaría necesariamente a compromisos del mejoramiento de los niveles tecnológicos en las empresas y de la infraestructura económica que es una responsabilidad del Estado. A lo mejor, en alguna ocasión nos podrían participar el acuerdo de la construcción de una base de datos relevantes de los desempleados para información de los inversionistas.

Solicitud de desaforación de Montealegre en agenda de la Asamblea Nacional

Me informaron del Despacho de la Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, que ya se encuentra en la Agenda Base del Poder Legislativo mi petición de presentar a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional las dos solicitudes de desaforación del diputado Eduardo Montealegre, que fueron remitidas por la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, y el Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, con el fin de integrar una comisión especial que analice y se pronuncie sobre ambas solicitudes.

Ahora sólo basta esperar, y espero que no sea por muchos días, que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional aprueben poner en el Orden de Día para someter a consideración de las diputadas y los diputados los dos mandatos judiciales para la desaforación del diputado querellado y, así, que se pueda eliminar el obstáculo para mi acceso a la justicia que ha puesto y mantenido Eduardo Montealegre con el mal uso y el abuso de la inmunidad que le confiere su cargo público desde hace 3 años y 6  meses.

El acatamiento de los dos mandatos judiciales antes mencionados está ahora en manos de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es decir en manos de la bancada de la Alianza Nicaragua Unida Triunfa, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Con el debido respeto pido a los representantes de los nicaragüenses que integran la mayoría calificada de la Asamblea Nacional que me den mi derecho de acceso a la justicia, el cual siempre he tratado, trato y trataré de obtener para que el diputado querellado Eduardo Montealegre se retracte tal como lo manda nuestra ley y, además, compense todos los daños morales y económicos que ha provocado y continúa provocando a mi familia y a mi persona con sus numerosas calumnias e injurias, entre las que se distinguen su acusación inicial que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua y su injuria inicial que mi investigación ad honorem sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, solicitada por la Contraloría General de la República, contenía una serie de errores.

En esos tres y medio años, esos dos mandatos judiciales estuvieron en manos del entonces Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro Moreira, quien desde un inicio me afirmó que no procedería a desaforar al diputado querellado porque el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) había decidido protegerlo. Sin embargo, a finales de diciembre de 2010, el Primer Secretario cambió su argumento al manifestarme que el PLC había decidido no seguir protegiendo a Eduardo Montealegre, pero con el objetivo de evitar que este diputado se auto proclamara una víctima política en un año de elecciones nacionales, procedería a incluir mi petición en el Orden del Día entre el 7 de noviembre y antes del 15 de diciembre del año pasado, pero no lo hizo. Hoy el Dr. Wilfredo Navarro es Tercer Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, por lo cual espero que cumpla su palabra de aprobar el proceso de desaforación del diputado querellado y, por ende, también espero lo mismo del Tercer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Jorge Castillo Quant, militante del PLC.

En los últimos días escuché a varios representantes de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) que escogerán a personas probas, rectas y honestas para que ocupen los cargos de los magistrados que se les ha vencido su plazo en sus cargos. A esos diputados de la BDN les digo que su aliado, el coordinador político de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), el primer diputado nacional de dicha Alianza, Eduardo Montealegre, tiene varios expedientes abiertos en juzgados penales de la Ciudad de Managua y sus cualidades son opuestas a las que ellos buscan en las personas a ser  electas para ocupar altos cargos del Estado de Nicaragua.

Eduardo Montealegre es deshonesto y amoral, y desde hoy estoy dispuesto a demostrar a los miembros de la BDN, si ellos me lo pidiesen, por qué he afirmado y continuaré afirmando esos defectos del ahora diputado electo de la Alianza PLI, quien ha decidido cargar complacientemente su presunta delincuencia a la vista de todos los nicaragüenses. Ojalá que pronto lave su delito penal, que parece no importarle por su soberbia que lo mantiene ciego, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. El honor y la dignidad es “una tontería y una payasada” para el diputado dos veces querellado.

Los diputados y las diputadas de la BDN pueden escoger el lugar, la fecha  y la hora para que este servidor les explique qué fue lo que hizo Eduardo Montealegre Rivas contra el patrimonio de los nicaragüenses, por lo cual fue acusado por la Fiscalía General de la República con base en el estudio que me solicitó la Contraloría General de la República, y también por lo cual él cometió sus presuntos delitos, con ánimo ofensivo, contra mi honor y mi reputación profesional, sin haber probado nada ante los tribunales de justicia hasta este día.

La realpolitik y la autoridad monetaria

La decisión del presidente Daniel Ortega de nombrar al economista Alberto Guevara como presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) me hace pensar que predominó el criterio político, el de la obediencia debida, sobre el criterio institucional, el de la autonomía de la autoridad monetaria.

El nuevo presidente del BCN tiene en sus manos dos retos muy importantes. Primero, un reto estrictamente personal, que es el de elevarse a la altura profesional de su antecesor, Antenor Rosales, y superarlo, por qué no, ya que llega en un momento en que la crisis económica mundial se ha exacerbado con el pensamiento político de los líderes de la Unión Europea que se ha concentrado en resolver el problema de la deuda pública y olvidar el problema del desempleo.

Segundo, el otro reto del nuevo presidente del BCN es de índole nacional, que es el de garantizar la certidumbre económica desde la política monetaria, cambiaria y financiera. El discurso que sale del despacho del presidente de la autoridad monetaria debe estar ajeno a la jerga política-partidaria, y debe caracterizarse por planteamientos técnicos-económicos transparentes y de fácil comprensión para empresarios, inversionistas y consumidores; también se le podría dispensar al nuevo presidente el uso de un lenguaje que demande no sólo el entendimiento sino también la interpretación de los que ejercemos la profesión de economía, especialmente en el diálogo nacional con los representantes de las instituciones financieras internacionales.

Alberto Guevara también deberá distinguirse por hacer respetar las leyes de la República y las leyes y los reglamentos del BCN, porque tendrá que diferenciar la administración de los recursos del Tesoro Nacional del control y aumento, raramente caída por razones excepcionales, de las reservas internacionales del país. No es lo mismo, tener las llaves de la caja del Tesoro Nacional que las llaves de las bóvedas del Banco Central.

El tratamiento a los impuestos que están en córdobas no es similar a los procedimientos de manejo de las reservas que están en monedas duras y títulos valores de organismos multilaterales y países de economía avanzada. Cualquier recurso que salga del presupuesto para financiar el Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (BALBA) afectará inexorablemente la posición de las reservas internacionales, porque el presupuesto nacional está elaborado en moneda nacional y no en moneda extranjera, independientemente de las cuentas del Gobierno Central en el BCN.

La posición actual de las reservas internacionales se ha complicado por el retiro de la cooperación tradicional, sin obviar que del convenio petrolero suscrito con Venezuela no recibimos ni un dólar en efectivo, además que las ventanillas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que nos facilitan préstamos muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad, tanto para apoyo a balanza de pagos como para apoyo presupuestario, están cerradas en espera de que se apruebe y suscriba el quinto programa económico trienal de Nicaragua con el FMI –el Banco Mundial (BM/IDA) cerró esa ventanilla a partir de 2009-. Alberto Guevara debe tener en cuenta que ha entrado al BCN en un momento de restricción monetaria porque no hay posibilidades de aumentar las reservas en el muy corto plazo, yo diría, en un momento en que debe proteger a toda costa la posición de dichas reservas.

Un inapropiado manejo de esa posición de reservas puede conducirnos a escenarios económicos más complicados, que siempre desembocan en ambientes muy inflacionarios, y se atascan en el círculo vicioso inflación-devaluación-inflación… El nuevo presidente del BCN debe tener presente que, por fenómenos exógenos y endógenos de nuestra economía, Nicaragua tuvo la cuarta hiperinflación mundial del siglo XX entre abril de 1987 y abril de 1991, en gran parte explicada porque el país no tenía reservas.

No es mi intención augurar un nuevo ambiente hiperinflacionario, sino reiterar que nuestro país aún no genera sus propias reservas y, reitero, los nicaragüenses ya conocemos los estadios económicos con y sin la presencia del FMI. Aún padecemos de una amplia brecha comercial externa y los flujos de inversión extranjera directa no son muy importantes por el elevado riesgo político de nuestro país. La tarea de reducir el déficit fiscal es menos complicada que la tarea de aumentar las reservas internacionales sobre la base exclusiva de un mayor endeudamiento público externo e interno, que hoy es rechazado por los políticos que dirigen las economías avanzadas a través de un pacto fiscal que asegura una mayor austeridad fiscal.

La ley orgánica del BCN, en su artículo No.4 declara que “El Banco Central, determinará y ejecutará la política monetaria y cambiaria, en coordinación con la política económica del Gobierno a fin de contribuir al desarrollo económico del país, atendiendo en primer término el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco”, y éste es el de la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Ambas políticas, una en manos del BCN y otra en manos del Gobierno, no se subordinan, sino que se complementan, y es aquí donde se distingue la autonomía del BCN. En este sentido, el nuevo presidente del BCN está obligado a discernir entre la realpolitik y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, aunque sea un disciplinado militante de su partido político en su cargo de servidor público. Es decir, el presidente del BCN tiene que demostrar al presidente de la República lo benigno y lo perverso de la realpolitik sobre la política de la autoridad monetaria.

Es muy temprano para saber si el BCN mantendrá la línea de acción heredada por Antenor Rosales a Alberto Guevara, aunque el nuevo presidente ha manifestado que la política económica mantendrá el mismo enfoque que ha tenido desde 2007, o sea, más de lo mismo. Sin embargo, los números de la economía nacional hablan por sí solos y no necesitan de ningún discurso político, por lo que será fácil identificar los sesgos de las variables económicas que podrían entorpecer la estabilidad del tipo de cambio y acelerar la presión inflacionaria.

Le deseo el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones al nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua. Él sabe muy bien que Nicaragua necesita del FMI para asegurar los flujos de la inversión extranjera directa y de la cooperación externa multilateral, principalmente la del BID y del BM/IDA y ahora, con el campo de juego macroeconómico rayado por su antecesor, le doy un voto de confianza en su nuevo papel protagónico para el logro del quinto programa económico o segundo Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA), en el cual se establecerá la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria de los próximos tres años. Por supuesto, compatibles con la política económica del Gobierno de Nicaragua.

Entre la ley y la obediencia debida

El 14 de julio de 2010, con la Ley No. 732 “Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua” los diputados le otorgaron al Banco Central de Nicaragua (BCN) su autonomía –al afirmar que “el Presidente del Banco Central “lo nombra el Presidente de la República ante quien tomará posesión, previa ratificación por la Asamblea Nacional (ver Artículo 26 de dicha ley)-, y su capitalización con el pago de nuestros impuestos -desde 1993 hasta el 31 de diciembre de 2011, el BCN acumula pérdidas equivalentes a 720 millones, es decir el 10% del Producto Interno Bruto de 2011 y, dicho sea de paso, el 40% de esas pérdidas fue generada por uno de sus presidentes, el abogado Noel Ramírez.

La posición financiera del BCN es tremendamente incómoda desde hace casi 20 años y por eso, con su nueva ley orgánica, a partir de 2011 este organismo autónomo del Estado de Nicaragua aspira a que los contribuyentes nicaragüenses lo capitalicen para eliminar sus pérdidas acumuladas, que logro identificar, al menos, desde 1993. Por ejemplo, en el Proyecto del Presupuesto General de la República 2012 se programó el pago 260 millones de córdobas, o sea 11 millones de dólares, en Bonos de Capitalización del BCN, y ya recibió un monto similar en 2011.

Desde el sábado pasado comenzó a circular el rumor que el Presidente del BCN, Antenor Rosales, será removido de su cargo por haber señalado públicamente que la ley obliga al BCN y, por ende, a él, antes de depositar parte de sus reservas en cualquier entidad financiera internacional, a realizar el análisis de la liquidez, seguridad y rendimiento de esa entidad para la correspondiente toma de decisión al respecto del Consejo Directivo de la autoridad monetaria que él preside, en alusión a la colocación del 1% de las reservas internacionales brutas oficiales del país en el Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (BALBA), que manifestara el Presidente Daniel Ortega desde la XI Cumbre Ordinaria de los Países Miembros del ALBA, celebrada el pasado fin de semana en Caracas, Venezuela.

El Presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de nuestro país, con más razón ahora que tiene un mayor poder que el que tuvo en su reciente administración pasada, y estimo que desde su alto cargo puede y debe propiciar la estabilidad requerida para el adecuado desenvolvimiento de la decisiones monetarias y cambiarias, yo agrego también las financieras que aún no se contemplan en la actual ley del BCN, sin que se vean sesgadas o distorsionadas por decisiones estrictamente de índole política o de acuerdos internacionales sin la debida aprobación de la Asamblea Nacional, aunque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tenga una mayoría calificada en el recinto legislativo.

Lo que ha dicho el Presidente del BCN es reconfirmar los procedimientos requeridos para que Nicaragua deposite aproximadamente 18 millones de dólares de las reservas oficiales del país en el BALBA. Y en este contexto, deseo aclarar que el tratamiento a las reservas internacionales no es similar al de los recursos en la Caja del Tesoro Nacional, es decir los impuestos, porque éstas son administradas directamente por el Presidente de la República acorde con sus decisiones de política fiscal aprobadas en el presupuesto nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP). En cambio, las reservas internacionales son administradas por el BCN para garantizar la estabilización del tipo de cambio oficial y una presión inflacionaria baja y estable, acorde con la política monetaria aprobada por su Consejo Directivo y, además, compatible con las metas macroeconómicas suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por supuesto que ningún servidor público debe sentirse seguro en su cargo para largo rato –uno es del cargo pero el cargo no es de uno-; es decir, ningún servidor público puede considerarse como imprescindible. Sin embargo, en estos momentos sería una acción desafortunada que el Presidente de la República remueva de su cargo al Presidente del BCN por el recto manejo de su alto cargo. En cambio, le aconsejo al Presidente Daniel Ortega que remueva de sus cargos a otros servidores públicos que han demostrado no estar aptos para esos cargos o que tergiversan nuestra realidad socioeconómica para acomodarse en sus altos cargos.

El Presidente Daniel Ortega conoce la autoridad política y técnica de Antenor Rosales en las discusiones del Gobierno de Nicaragua con el FMI. Él sabe que estamos a las puertas del inicio de la discusión y aprobación del quinto programa económico trienal que se suscribirá, a lo mejor este año, con el FMI, para fomentar la certidumbre económica y atraer más inversión extranjera; él también debe estar informado que en el saldo actual de las reservas internacionales brutas se incluyen 164 millones de dólares correspondiente a un préstamo contingente del FMI, que fue entregado por instrucciones del Grupo de los 20 (G-20) en agosto de 2009 para que el país pudiese enfrentar cualquier problema de liquidez resultante de la recesión económica mundial, y que tendrán que ser devueltos en cierto momento; además, él debe conocer que las reservas  incluyen 182 millones de dólares en concepto de uso del crédito del FMI, que son “intocables” al estar destinados exclusivamente al fortalecimiento de las reservas internacionales del país; y él no debe olvidar que en esas reservas depositadas en las bóvedas del BCN se encuentran 438 millones de dólares en concepto de encaje y 100 millones de dólares para respaldar los depósitos del público no bancario en el sistema financiero nacional. En conclusión, las reservas propias del sector público, conocidas como reservas internacionales netas ajustadas totalizan 1 mil 51 millones de dólares.

El Presidente Daniel Ortega es el primer magistrado de nuestra nación, que aún es pobre y muy endeudada en términos de producción, por lo que sus cercanos colaboradores debiesen informarle que Nicaragua continúa siendo un país HIPC –y no un país de ingreso medio bajo, como afirmara recientemente otro servidor público-, que nuestro país no es “normal” porque no podemos endeudarnos en el mercado financiero internacional en términos comerciales o no concesionales ni podemos colocar Bonos de la República de Nicaragua en el exterior, y que nuestras obligaciones financieras externas de corto plazo, o sea las de un país HIPC, están constituidas por nuestra deuda con el FMI, “intocable” en las arcas del BCN.

Los riesgos que observo sobre la permanencia de Antenor Rosales también los contemplo en el Artículo 26 de la Ley del BCN antes mencionado. Creo que la autonomía declarada en ese artículo es una autonomía a medias. ¿Por qué? Por el respeto partidario existente en el momento de la emisión de dicha ley. Si el Presidente del BCN propuesto, supongo en una terna, por el Presidente de la República es ratificado por la Asamblea Nacional, ¿por qué toma posesión de su cargo ante el Presidente de la República? Creo que la Ley del BCN tiene varias debilidades, entre ellas la falta de mención de la calidad técnica de los miembros del Consejo Directivo del BCN, porque que se limita a señalar que deben ser personas de reconocida competencia profesional en las materias relacionadas con el cargo -de acuerdo con esa ley, deberían ser economistas formuladores de políticas monetarias y cambiarias, y yo agrego de políticas financieras-. Creo, por lo tanto, que para fortalecer la autonomía del BCN debería eliminarse el criterio estrictamente subjetivo de que el Presidente del BCN pertenezca a un partido político, o que goce de la confianza política del Presidente de la República. Debería gozar de la confianza técnica del mandatario de la nación.