Crecimiento económico y dependencia de la asistencia financiera internacional

28 05 2017

El crecimiento económico anual de Nicaragua ha estado muy cercano al 5% en el período 2011-2016. Así lo demuestra el Anuario de Estadísticas Macroeconómicas (1960-2016) recientemente publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Cabe recordar que desde septiembre del año de 2013, Consultores Para el Desarrollo Económico Empresarial (COPADES) ha señalado que Nicaragua ya se apoderó del estadio de crecimiento económico anual de entre 5% y 6% anual.

Con base en datos oficiales del BCN, la apertura de la economía de Nicaragua es tremendamente abierta, porque supera el 100% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, en 2016 la suma del valor en precios constantes de 2006 de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción fue equivalente a 109% del PIB Real. El volumen de las importaciones fue igual a 1.7 veces el volumen de la exportaciones de ese año y se mantiene el persistente desequilibrio del balance comercial externo de bienes y servicios, que en 2016 fue igual a 17.9% del PIB.

Presentación1

Excluyendo el valor de las exportaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción, el flujo total anual de recursos externos –que comprende remesas, inversión extranjera directa y cooperación oficial destinada al sector público y al sector privado- recibido por el país ha oscilado alrededor del 33% del valor del PIB, pero en 2015 y 2016 mostró una disminución hasta 28.4% y 27.0% respectivamente debido a la reducción del crédito petrolero de Venezuela desde un monto promedio anual de US$550 millones en el cuatrienio 2010-2013 hasta US$478 millones en 2014, US$301 millones en 2015 y US$93 millones en 2016.

El efecto más importante que se derivó del préstamo petrolero venezolano fue el blindaje de las reservas internacionales oficiales del país, o sea, de las reservas internacionales en poder del BCN, al contribuir en gran forma que el saldo de las reservas internacionales supere el nivel de 2.5 veces el saldo de la base monetaria, tal como lo establece la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica en el manejo de los asuntos macroeconómicos del país.

Ahora, frente al grave riesgo político-económico de la iniciativa “NICA Act” que se discute en el Congreso de Estados Unidos, podría continuar disminuyendo el ingreso de recursos externos que garantizan no sólo la estabilidad macroeconómica, así como la desaceleración de la tasa de crecimiento económico anual de al menos 5% que se observa en Nicaragua en los últimos seis años.

Con base en una muestra de datos comprendida entre 2007 y 2016, groso modo si el PIB Real de Nicaragua crece 1%, el flujo total de recursos externos (siempre excluyendo el valor de las exportaciones) aumenta 1.4%. Si aspiráramos a que la producción de bienes y servicios aumente 5% en 2017, sería necesario garantizar una entrada de recursos externos al país de US$3,813 millones, cifra que es 6.8% superior a la registrada en 2016, que fue igual a US$3,569 millones. En otras palabras, la búsqueda de recursos provenientes del exterior para financiar la brecha externa se incrementaría alrededor de US$244 millones con respecto al financiamiento externo total que se observó el año pasado. Continúa existiendo una alta correlación de 0.84 entre el crecimiento económico y la cooperación internacional en Nicaragua.

La anunciada oposición estadounidense a la contratación de nueva deuda externa de Nicaragua en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) en el marco de la iniciativa “NICA Act”, ya amortiguada por el gobierno de Nicaragua con la contratación de nuevos recursos no concesionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), también afectará los flujos de la inversión extranjera directa, principal fuente de recursos para defender la posición de las reservas internacionales, porque su monto anual equivale al 11% del PIB y el 20% del flujo bruto de esta inversión acumulada en el período 1991-2015 se origina en Estados Unidos. También es muy probable que el anuncio de la “NICA Act” ya está afectando las inversiones de los grupos financieros locales en adquisición de títulos valores del sector público y, además, provocando incertidumbres en el balance del sistema financiero nacional.

Por otro lado, en la semana pasada la administración del presidente Donald Trump propuso al Congreso de Estados Unidos el recorte de la ayuda exterior a Latinoamérica. Si se aprobara este presupuesto, la asistencia a Nicaragua disminuiría de US$10 millones en el año fiscal de 2016 a 200 mil dólares en el año fiscal 2017.

El monto anual de donaciones que recibió Nicaragua de la AID en el año calendario de 2016 totalizó US$19.4 millones, y el total de donaciones provenientes de Estados Unidos sumó US$41.2 millones. El recorte de la ayuda de la AID afectaría la ejecución de programas y proyectos relacionados con desarrollo municipal, desarrollo democrático, desarrollo institucional, medios, Familias unidas por su salud, Acción comunitaria para la lectura y la seguridad, Prevención de la transmisión de VIH/SIDA, Voces para Todos y Educación técnica vocacional para jóvenes en riesgo.

La cantidad de dólares estadounidenses que ingrese al mercado local podría continuar disminuyendo. Por ejemplo, el congresista republicano por Alabama, Mike Rogers, propuso establecer un impuesto del 2% sobre las remesas que se envían desde Estados Unidos a Latinoamérica para financiar la construcción del muro entre Estados Unidos y México. En Nicaragua, esto significaría una reducción aproximada de US$14 millones anuales, tomando en cuenta que el 55% del flujo total de remesas proviene de Estados Unidos.

Se observa una aparente tranquilidad entre los servidores públicos, pero el presidente Daniel Ortega conoce muy bien las lecciones económicas aprendidas por todos los nicaragüenses en la década de los ochenta del siglo pasado. Confiemos en la sentencia del profesor John Maynard Keynes: “Cuando piensas que va a suceder lo inevitable, surge lo imprevisto”.





Posible examen de Estados Unidos a Nicaragua en el marco del DR-CAFTA

21 05 2017

Presentación1

Nicaragua podría estar sujeta a un examen del Departamento de Comercio de Estados Unidos para determinar si en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA entre ambos países, de corte multilateral pero negociado bilateralmente, la primera economía del mundo renunció a su política de “Compra estadounidense”, o sea, si con el acuerdo DR-CAFTA Estados Unidos es un perdedor neto en el mercado global de contratos públicos. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Censos, División de Comercio Exterior, el déficit comercial de Estados Unidos con nuestro país se incrementó de US$555,327,139 en 2006, un año antes de que el DR-CAFTA entrara en vigor, a US$1,828,962,471 en 2016, es decir, se multiplicó por 3.3 veces.

“Estados Unidos primero” es el lema principal del presidente Donald Trump. “Compra estadounidense y contrata a estadounidenses” es el nombre de un decreto presidencial firmado por Donald Trump el 18 de abril, y está destinado, primero, a revisar el sistema de visados para evitar que pueda beneficiar a trabajadores extranjeros por encima de los estadounidenses enfocándose particularmente en los visados H-1B, con los cuales se contratan temporalmente a extranjeros en puestos de alta calificación relacionados con ciencias, ingeniería y tecnología, muchos de ellos procedentes de India y, segundo, a promover el uso de productos estadounidenses en los contratos para proyectos financiados por el gobierno federal.

A finales de abril recién pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, con fines proteccionistas, encargó al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de Estados Unidos buscar cualquier problema provocado por todos los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio internacional y por los acuerdos de inversión que se encontraban vigentes.

En esa ocasión, el presidente Trump enfatizó que los acuerdos comerciales deben incrementar el crecimiento económico, contribuir favorablemente al balance comercial y fortalecer la base manufacturera de Estados Unidos. Esa revisión evaluará cada acuerdo de libre comercio para determinar si está cumpliendo con ese estándar; en otras palabras, si Estados Unidos está siendo tratado equitativamente por sus socios comerciales.

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que su Departamento emitirá un reporte dentro de 180 días, en octubre de este año, en el cual se identificarán los problemas y sus posibles soluciones. Entre las violaciones, los abusos y prácticas desleales de los acuerdos comerciales y de inversión, o de las reglas de la OMC, se identificarán las que dañen a los trabajadores, ganaderos, productores manufactureros, empresas, derechos de propiedad intelectual, innovación o investigación.

Además, aunque el gobierno federal aún no ha tomado ninguna decisión, el Secretario de Comercio de Estados Unidos declaró que la Organización Mundial de Comercio (OMC) podría necesitar algunos cambios en sus estatutos, ya que Estados Unidos es “el mayor importador mundial”, y también expresó que la OMC es muy burocrática y tiene un “sesgo institucional” a favor de los exportadores y en contra de los países que están siendo “atribulados por importaciones indebidas”.

La OMC está integrada por 164 miembros y Estados Unidos, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene 20 acuerdos de libre comercio y 42 tratados de inversión bilaterales. La revisión encargada por el Presidente Trump examinará si esos acuerdos y tratados funcionan bien para Estados Unidos, y si la primera economía mundial está obteniendo los beneficios previstos en términos de empleos y crecimiento económico.

Con información oficial del Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde que entró en vigencia cada acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y otros socios comerciales, la primera economía del mundo observó que sus superávit comerciales declinaron con 2 países, Panamá y Costa Rica; sus déficit comerciales se incrementaron con 3 países, Corea, Canadá y Nicaragua; y la economía estadounidense transitó de un superávit a un déficit comercial con 3 países, México, Israel y Jordania.

Comercio de Estados Unidos con países en el marco de Acuerdos de Libre Comercio

País

Año en vigor

Pre Acuerdo de Libre Comercio *

2016

Canadá

1989

-9,841,907,403

-12,106,120,421

Costa Rica

2009

1,741.757,272

1,564,752,685

Israel

1985

226,327,918

-9,009,350,878

Jordania

2001

243,437,386

-62,372,008

Corea

2012

-13,199,723,426

-27,666,002,563

México

1994

1,663,652,751

-63,191,939,200

Nicaragua

2006

-555,327,139

-1.828,962,471

Panamá

2012

7,862,266,419

5,736,337,812

*: Pre Acuerdo de Libre Comercio muestra los balances comerciales del año anterior a la entrada en vigor del acuerdo.

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Censos, División de Comercio Exterior.

Con base en cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), se puede concluir que el déficit comercial estadounidense con Nicaragua está influenciado por el valor de las exportaciones de 176 empresas establecidas en el régimen de zona franca, que en 2016 totalizó US$2,612.8 millones, pero de esta cifra se desconoce el valor exportado a Estados Unidos.

Por otro lado, siempre con base en datos oficiales, el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB en 2016 sumó US$2,226.4 millones, de los cuales Nicaragua destinó el 42.4% a Estados Unidos, es decir, US$943.6 millones. Por su parte, el valor total de las importaciones de bienes CIF de Nicaragua en 2016 fue del orden de US$5,887.2 millones, de los cuales US$1,150.1 millones provino de Estados Unidos, o sea, el 19.1%. Por lo tanto, excluyendo el comercio de las empresas de zona franca, el déficit comercial (exportaciones FOB menos importaciones CIF) de Nicaragua con Estados Unidos fue igual a US$206.5 millones.

Así, el déficit comercial estadounidense con Nicaragua de US$1,829.0 millones señalado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluye, sin duda alguna, el comercio exterior de las empresas radicadas en las zonas francas del país. Veremos que dirá el dictamen del Departamento de Comercio de Estados Unidos.





Solución al INSS sin populismo

16 05 2017

Entrevista de Trinchera de la Noticia a Néstor Avendaño, economista y presidente de COPADES, publicada el 16 de mayo de 2017

¿Cuáles son los principales problemas presupuestarios del INSS?

El INSS tiene dos problemas presupuestarios. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, su viabilidad financiera que depende del cociente entre el número de trabajadores activos asegurados y el número de pensionados ordinarios (invalidez, vejez y muerte), que ha disminuido de 5.71 en 2008 a 4.44 en 2016.

¿Por qué ha disminuido esa proporción?

Por dos razones. Primera, la longevidad ha aumentado, ya que la esperanza de vida al nacer se elevó de 45.4 años en el quinquenio 1955-1960, período en el que nació el INSS, a 74.75 años en 2010-2015, y se proyecta en 78.34 en 2045-2050. Segunda, la tasa de crecimiento de la población ha disminuido, porque la tasa de fecundidad bajó de 7.5 hijos nacidos por mujer en edad fértil en 1955-1960 a 2.5 en 2010-2015, y se proyecta en 1.9 en 2045-2050. Esas dos razones implican que el cociente entre jóvenes y ancianos será menor en los próximos quinquenios.

¿Y el otro problema presupuestario del INSS?

Es la baja tasa de aumento de la productividad de la economía, que en algunos años se estanca y en otros años es negativa. En este sentido, es importante conocer el comportamiento de la relación de la renta media de las personas que trabajan y cotizan la seguridad social con respecto a la prestación media de los pensionistas. Si la tasa de aumento de la productividad de la economía es baja, la tasa de aumento de la renta también es insuficiente y agrava el problema presupuestario del INSS, el cual también se ha empeorado con el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta.

¿Es necesario reducir los gastos operativos, generales y administrativos del INSS?  

No resto importancia a la carga de esos gastos, que en 2016 representan el 6.2% del PIB y, por supuesto, requieren ser racionalizados porque el déficit del INSS de C$148.5 millones representó el 0.4% del PIB en el año pasado. Si se enfatiza sólo el análisis de los ingresos y gastos de la seguridad social, el problema financiero del INSS aparentemente sería fácil de resolver porque se trataría de aumentar las cotizaciones y reducir las prestaciones, como se hizo en la reforma de 2013. Los problemas más importantes que tienen en jaque al INSS son de carácter estructural, y se debe tener presente que las reformas paramétricas de la seguridad social son necesarias en el corto plazo, pero no son suficientes en el largo plazo.

¿Cuáles son esos problemas estructurales?

Los dos principales problemas presupuestarios del INSS mencionados anteriormente, a los cuales agrego otros dos: la baja cobertura de la seguridad social, no obstante se incrementó, como porcentaje de la población económicamente activa, de 20.2% en 2007 a 26.54% en 2016, y el bono demográfico que, tengo entendido, tiende a extinguirse en 2030.

¿Está usted de acuerdo con el menú de reformas estructurales que presentó el FMI al gobierno?

Estoy de acuerdo con varias de ellas, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, pero a las personas que hoy tienen una mayor esperanza de vida al nacer, la cual también es mayor que la edad de jubilación.

También estoy de acuerdo con la revisión del mecanismo de indexación de ajuste de las pensiones, que en mi opinión debería ser el del índice de costo de la vida, es decir, la tasa de inflación de los precios al consumidor nacional, y no la tasa de devaluación para las pensiones ordinarias, un mecanismo sesgado por el problema de la excesiva dolarización extraoficial de la economía, ni la suma de la tasa de inflación y de la tasa de crecimiento económico del año anterior para ajustar la pensión reducida en el año actual.

El hecho de que desde el presupuesto del INSS se paguen las pensiones reducidas y especiales aceleró su deterioro financiero, que, según el FMI, agotará sus reservas en efectivo para el año 2019, por lo cual coincido con la propuesta fondomonetarista de trasladar dichas pensiones al presupuesto general de la República. Los servidores públicos reclamarían que no hay ingresos para pagarlas, pero, como suele suceder todos los años, siempre se observa una mayor recaudación tributaria con respecto al monto aprobado en el presupuesto nacional por la Asamblea Nacional; se podría también reducir la evasión tributaria de grandes negocios que sólo tributan la cuota mínima y, además, ya se ha legislado, aunque no se ha cumplido, la eliminación de exenciones y exoneraciones en el pago de tributos.

¿Cuáles son los consejos que no acepta?

Tomando en cuenta el entorno económico del país, es bastante cuestionable el aumento de la cotización patronal y laboral porque provocaría la expansión del subempleo y de la informalidad laboral, dos problemas crecientes en la última década que obstaculizan la ampliación de la cobertura de la seguridad social. En la recién pasada reforma del INSS, a los empleadores se les subió su aporte en tres puntos porcentuales al pasar de 16% en 2014 a 19% en 2017 y a los empleados y al Estado se les mantuvo el aporte de 6.25% y 0.25%, pero creo que este último no es efectivo. Además, debido a la presencia de una alta tasa de subempleo, no es conveniente aumentar el período de cotización. Por otro lado, considerando el entorno social del país, también es muy cuestionable la reducción de las prestaciones otorgadas por la seguridad social, pero apoyo la propuesta de racionalizarlas, principalmente en el ámbito de la salud.

¿Considera suficiente la propuesta de crear un amortiguador fiscal del 1.6% del PIB en los próximos dos años para que el país se proteja de los riesgos señalados por el FMI?

Ese fondo sería aproximadamente igual a US$220 millones, que sería insuficiente para enfrentar los riesgos de los crecientes déficit del INSS, la caída del crédito petrolero de Venezuela -que blindó la posición de las reservas internacionales oficiales-, y la amenaza política-económica de la iniciativa NICA Act. Este último riesgo no se concentra sólo en el cese de la contratación de nueva deuda con las instituciones financieras multilaterales, sino que también afectará al flujo de la inversión extranjera directa,  principal fuente de financiamiento del déficit comercial externo, y al balance del sistema financiero nacional.

¿Cómo alcanzar el consenso?

Hay que evitar el populismo en la búsqueda de las soluciones de los problemas financieros del INSS.





Carta Abierta a los Nicaragüenses

10 05 2017

El 13 de marzo de este año, escribí una Carta Abierta al Poder Judicial de Nicaragua en la cual afirmé que desistía de continuar pidiendo justicia en mi demanda contra el ciudadano Eduardo Montealegre, porque, al agotar todas las instancias hasta la de la Corte Suprema de Justicia, los servidores públicos, encargados de impartirla y asegurarla, me la han denegado.

Por supuesto, siempre he mantenido mi acusación a dicho ciudadano por sus graves injurias y calumnias manifestadas públicamente en forma escrita en dos ocasiones, el 31 de julio de 2008 en el diario La Prensa y el 2 de febrero de 2011 desde su dirección electrónica vamosconeduardo@googlegroups.com, que dañaron mi dignidad, honor, imagen, reputación, capacidad profesional y trabajo, y que además afectó y dañó moral y económicamente a los miembros de mi familia.

Con pruebas legales, he demostrado públicamente a los nicaragüenses que el Poder Legislativo de Nicaragua me obstaculizó el acceso a la justicia durante ocho años, cuando el acusado Eduardo Montealegre se escudaba en la inmunidad que le confería su cargo público de diputado de la Asamblea Nacional, y que el Poder Judicial de Nicaragua me denegó la justicia desde el 2 de septiembre de 2016, cuando el acusado ya no era diputado ni tenía inmunidad, después de que el 1 de septiembre dos jueces locales de lo Penal de Managua nos habían enviado, tanto a él como a mí, dos cédulas judiciales de notificación de convocatoria a las audiencias iniciales con fines de preliminar a realizarse el 5 de septiembre de 2016, audiencias que por “problemas de agenda” en ambos juzgados fueron suspendidas y se mantienen suspendidas hasta el día de hoy sin razón legal alguna.

Como no renunciaré a mi acusación antes mencionada, he iniciado una serie de acciones para denunciar internacionalmente la presunta delincuencia y la impunidad de Eduardo Montealegre. Esta denuncia, debidamente documentada, la he enviado a los siguientes organismos: Organización de Estados Americanos, con fecha 28 de noviembre de 2016; Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, con fecha 3 de febrero de 2017; Sección de los Derechos Humanos de la Unión Europea, con fecha 7 de marzo de 2017; y la Internacional Liberal, con sede en Londres y con fecha de 24 de abril de 2017.

Pueblo de Nicaragua, considero que la Ley debe estar al servicio de la Justicia y que nadie en nuestro país debe estar por encima de la Ley, donde se ha ubicado Eduardo Montealegre desde hace nueve años con un silencio estatal como cómplice. Continuaré con mis acciones legales hasta que se me haga justicia.

Néstor M. Avendaño Castellón





Los riesgos sobre la economía de Nicaragua y los consejos del FMI

7 05 2017

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evaluó recientemente la situación económica de Nicaragua en el marco de la consulta de Artículo IV correspondiente a 2017, enfatizó que el principal riesgo de origen interno es el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que agotará sus reservas en efectivo en 2019, y que los principales riesgos de origen externo son la reducción de la cooperación petrolera de Venezuela y la amenaza de la iniciativa “NICA Act”, presentada en el Congreso de Estados Unidos el 4 de abril de 2017.

El FMI dejó siete consejos al gobierno para resolver el problema de la insostenibilidad financiera del INSS, de los cuales seis apuntan a resolver problemas estructurales del ente asegurador. Comparto este enfoque que estuvo prácticamente ausente en la reforma del INSS realizada en 2013, no obstante podría generarse un rechazo social.

El aumento de la longevidad es el principal argumento para incrementar la actual edad de jubilación de 60 años a 65 años, tomando en cuenta las mejoras de la salud de la población y la mayor esperanza de vida al nacer. Las personas que por primera vez entran al mercado laboral y a la seguridad social podrían estar sujetas a una mayor edad de jubilación, incluso en términos progresivos acorde con las mayores esperanzas de vida.

El ajuste de las pensiones debería ser una función del índice del costo de la vida, o sea, de la tasa de inflación de los precios al consumidor, en vez de la tasa de ajuste del salario mínimo legal para las pensiones mínimas, aprobada por decreto presidencial en 2015 para las personas que no completaron las 750 cotizaciones mínimas para optar a una pensión, o la tasa de devaluación del córdoba en el mercado oficial para las pensiones ordinarias.

¿Es viable continuar aumentando la cotización patronal y laboral propuesto por el FMI? Probablemente no, porque la reforma del INSS de 2013 ya elevó la tasa de aporte del empleador a la seguridad social de 16% en 2013 a 19% en 2017, mientras que el trabajador aporta el 6.25% y el Estado lo hace con el 0.25%. Sería más adecuado un mayor aporte estatal al INSS para financiar el gasto del INSS y el traslado de las pensiones mínimas y especiales del presupuesto del INSS al Presupuesto General de la República.

Las propuestas de reducir las prestaciones otorgadas, una reforma estructural, y de recortar y racionalizar los gastos operativos y de salud, especialmente los de salud, una reforma administrativa, deben tener presente el cuidado de no afectar las prestaciones de la mayoría de trabajadores que han trabajado a tiempo completo durante toda su vida.

En cuanto a los riesgos externos mencionados por el FMI, es muy improbable que se pueda encontrar una nueva fuente alterna de financiamiento a la de Venezuela, tanto en sus montos como en su alta concesionalidad. Por ejemplo, México ha estado enfrentando problemas económicos debido a la política económica de la Administración Trump, caracterizada por el proteccionismo comercial, las restricciones sobre los inmigrantes, la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades económicas y del trabajo, y el aumento del gasto público en infraestructura económica y defensa. Más lejano, Rusia, afectada por los bajos precios internacionales del petróleo, ha observado la disminución de su Producto Interno Bruto (PIB) en los años de 2015 y 2016 y se espera que aumente alrededor del 1% en el mediano plazo a partir del año en curso.

La disminución del préstamo petrolero de Venezuela, resultante de la caída de los precios del barril de crudo WTI, del menor porcentaje del valor de cada embarque de petróleo o de combustibles líquidos en concepto de préstamo, y del desplome del volumen de hidrocarburos suministrado, redujeron la protección de la posición de las reservas internacionales brutas oficiales del país y, consecuentemente, afectó a la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, que el saldo de dichas reservas sea al menos igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria.

A lo anterior, se agrega el riesgo político de la “Nica Act”. Para amortiguar uno de los impactos de esa iniciativa del Congreso estadounidense, desde el tercer trimestre del año pasado el Gobierno de Nicaragua comenzó a contratar préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinados principalmente a la construcción de infraestructura económica y social, recursos que no son concesionales como los facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) y cuyas nuevas contrataciones estarían expuestas a la oposición de los representantes estadounidenses en ambas instituciones multilaterales. Por supuesto que la aprobación de la “NICA Act” afectará la inversión extranjera directa, que en 2011 se convirtió en la principal fuente de financiamiento externo del país.

Para enfrentar esos riesgos, tanto interno como externos, a los cuales se adicionó el de los efectos del cambio climático y los desastres naturales, el FMI recomendó “crear gradualmente amortiguadores fiscales por alrededor del 1.6% del PIB en el curso de los próximos dos años”, mediante el aumento de la recaudación tributaria –difícil por el mantenimiento de las exenciones y exoneraciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)-  y “la mejora de la composición y la eficiencia de los gastos” –es necesaria una reforma del gasto público para enfrentar el impacto de una decisión política externa sobre la economía del país-.

El tamaño del “colchón fiscal” podría ser mayor que el sugerido de 1.6% del PIB, un monto muy cercano al del déficit fiscal del año pasado y también igual a la mitad del déficit del sector público no financiero de ese mismo año. La principal restricción para iniciar la confección de ese “colchón fiscal” es la baja probabilidad de que las autoridades gubernamentales aumenten la presión tributaria en un año de elecciones municipales, pero cabría la sugerencia que cualquier aumento de los ingresos tributarios sobre la meta establecida para este año, como suele suceder en todos los años, en esta ocasión sea depositado totalmente en las cuentas gubernamentales en el BCN con el propósito de proteger la posición de las reservas internacionales, que serían impactadas por el shock de la “NICA Act”.

Felicito a los miembros de la misión técnica por su declaración sobre el comportamiento de la economía del país en 2016, sus comentarios sobre las perspectivas de las principales variables económicas en 2017, y los riesgos y las recomendaciones de política planteadas a las autoridades gubernamentales. También cabe destacar que el Presidente Daniel Ortega, en su respuesta a misión técnica del FMI, reconoció la amenaza política de la “NICA Act”, señaló la importancia de la cooperación venezolana para la economía nicaragüense pese a que ha disminuido, y subrayó la fortaleza del diálogo para garantizar la seguridad social a los nicaragüenses.





Los problemas del sistema de la seguridad social de Nicaragua

1 05 2017

El sistema de la seguridad social de Nicaragua es de reparto y solidario. En otras palabras, los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los beneficiarios de hoy solidariamente.

El primer problema del sistema de seguridad social de Nicaragua es su viabilidad financiera. Esta viabilidad financiera depende del cociente entre el número de trabajadores activos asegurados y el número de pensionistas, que en 2016, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue igual a 4.44

Existen dos razones que explican la disminución de la proporción del número de personas activas aseguradas con respecto al número de pensionistas. La primera es que la longevidad de los nicaragüenses ha aumentado, porque la esperanza de vida se elevó de 45.4 años en el quinquenio 1955-1960 a 74.75 años en el quinquenio 2010-2015, lo cual implica que la población jubilada aumentó.

La segunda razón es que el crecimiento de la población nicaragüense se ha desacelerado, porque la tasa de fecundidad bajó de 7.5 hijos nacidos por mujer en edad fértil en el quinquenio 1955-1960 a 2.5 en el quinquenio 2010-2015, lo cual provoca que el cociente entre jóvenes y ancianos sea menor.

También es importante la relación de la renta de las personas que trabajan con respecto a las prestaciones de los pensionistas: un aumento de la productividad de la economía significa un aumento de la renta y que hay más renta para mantener a los pensionistas. Es por ello que el segundo problema del sistema de seguridad social del país se puede explicar con el muy bajo nivel de la productividad de la economía, es decir, un Producto Interno Bruto (PIB) Real promedio anual por persona ocupada muy bajo.

Al ser baja la tasa de aumento de la productividad de la economía de Nicaragua, la tasa de aumento de la renta también es insuficiente y agrava el problema presupuestario de la seguridad social, el cual se empeora con la inequidad de la distribución de la renta. Esto impide el restablecimiento de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social

A los problemas estructurales de la disminución de la proporción de los trabajadores activos asegurados con respecto a los pensionistas y la baja productividad de la economía, se pueden agregar los de una cobertura de la seguridad social bastante limitada y el del bono demográfico que, según el colega Adolfo Acevedo, se extinguirá en 2030.

Aparentemente, el problema financiero del INSS es fácil de resolver, porque se trataría de aumentar las cotizaciones o reducir las prestaciones, o en términos generales, como diría un administrador de empresas, incrementar los ingresos y reducir los gastos. Sin embargo, no hay que olvidar que también se necesita resolver los problemas estructurales del INSS, con más razón si se aceptara la insuficiencia de las reformas paramétricas en el largo plazo.

Un primer grupo de propuestas ha girado siempre alrededor de la reducción del gasto, y dicha reducción no debería deteriorar la eficiencia del sistema de seguridad social. Entre estas medidas aparece el polémico ajuste de la fórmula para calcular las prestaciones calculadas sobre los salarios de los trabajadores durante 14 años y 4 meses con un techo máximo equivalente en córdobas a 1 mil quinientos dólares. Este ajuste es muy polémico, porque se basa en el aumento del número de años de cotización y en el rompimiento del techo salarial objeto de cotización, y fue rechazado en la reforma de la seguridad social del año de 2013.

El argumento de la mayor longevidad de los nicaragüenses, resultante de las mejoras de la salud y la mayor esperanza de vida al nacer, genera otro polémico ajuste que es el aumento de la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años. Las personas que por primera vez entran al mercado laboral y a la seguridad social podrían estar sujetas a una mayor edad de jubilación, incluso en términos progresivos acorde con las mayores esperanzas de vida. Por ejemplo, un joven nicaragüense de 18 años que ingresa por primera vez al mercado laboral tiene una esperanza de vida al nacer de 66 años.

Otra polémica medida de reducción del gasto es disminuir el monto de las pensiones de vejez, como porcentajes de los salarios devengados. El riesgo inherente a esta medida es que si las reducciones de las pensiones o de las prestaciones provocan dificultades económicas verdaderas, las personas tendrían derecho a prestaciones complementarias.

Otra vía de reducir el gasto es analizar el mecanismo de ajuste de las pensiones de jubilación, que históricamente han sido la tasa de devaluación nominal de 5% anual y la variación del salario mínimo legal para ajustar la pensión mínima. El mecanismo de ajuste apropiado es índice del costo de la vida, o sea, la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional.

Por el lado del aumento de los ingresos, ya no es viable continuar aumentando los aportes del empleado y del empleador a la seguridad social. En este ámbito, lo único que cabría es proponer un aporte del Estado de Nicaragua al fondo de pensiones del INSS. Otra posible vía es que el INSS promueva la formación de ahorros para la jubilación y las pensiones, que están exentos de impuestos en Nicaragua.

Finalmente, entre las posibles políticas de reforma estructural para salvar al INSS de una debacle financiera en el futuro no es recomendable privatizar el sistema de seguridad social ni ni invertir los fondos de la seguridad social en acciones, porque preocupa el riesgo de las crisis de las bolsas, aunque si se invierten en títulos públicos aumenta los costos de endeudamiento del Estado y afecta al mercado privado de acciones.

En conclusión, la situación financiera del INSS continúa siendo un reflejo de los severos problemas estructurales del sector real (de la producción) y del mercado laboral (informal) de Nicaragua.