Complejas tareas y grandes sustos

30 11 2011

El próximo año tendremos una economía tensionada, no sólo con el muy probable riesgo de una recaída de la economía mundial que se originará en la Eurozona, sino también con varias reformas estructurales ya suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el cuarto programa económico trienal que expirará oficialmente el próximo 4 de diciembre.

En el arranque del año nuevo tendremos el ajuste de las tarifas de energía eléctrica, que hoy se dice que será de 20%, para comenzar a pagar el préstamo sin plazo y sin interés de ALBANISA que financió el ajuste de esas tarifas a las familias, los productores, el gobierno y otras organizaciones desde el pasado mes de julio.

Luego una reforma tributaria, que el gobierno pretende sea aplicada a partir de julio de 2012, que persigue: (i) reducir las exoneraciones y exenciones en el pago del impuesto al Valor Agregado (IVA), que seguramente quedarán para la producción de los 53 productos de consumo básico pero podrían eliminar las que gozan la venta de bienes muebles usados, el transporte interno aéreo y supervisar en mejor forma el cobro del IVA en actividades que hoy gozan de esas exenciones, incluyendo actividades lucrativas de los sujetos que no persigan fines de lucro; (ii) reducir exenciones en el pago del Impuesto sobre la Renta (IR), que podría apuntar a las sociedades cooperativas en todas las actividades económicas, algunas empresas de zona franca de acuerdo con las norma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las actividades lucrativas de los sujetos que no persigan fines de lucro; y (iii)  supervisar la formación de precios de transferencias, es decir la fijación del precio internacional de las materias primas de mercado libre, que son procesada en las empresas integradas horizontalmente, con el fin de evitar la evasión en el pago del IR.

Simultáneamente, en el primer semestre se buscará el consenso sobre la reforma de las pensiones  la seguridad social, cuyo perfil ya conocido en la página web del INSS siempre conlleva la posición más dura propuesta por las autoridades gubernamentales, con el fin de hacerla aterrizar en nuestra realidad y acercarla a la contrapropuesta de los trabajadores y los empleadores, ya que no considera las perspectivas de largo plazo de la economía nicaragüense porque está basada exclusivamente en análisis actuariales. No creo que pase esa propuesta oficial influenciada grandemente por el FMI, que pretende incrementar el período de contribuciones de 15 años a 30 años para recibir la pensión plena, tomar en cuenta el salario promedio de la vida laboral del trabajador como el salario de referencia para determinar el monto de la pensión, abolir la pensión mínima, incrementar la edad de retiro de 60 a 65 años para los trabajadores nacidos entre 1967 y 1975, incrementar la tasa de contribución de los nuevos asegurados y desarrollar un sistema de pensión complementario que permita cuentas individuales para elevar los montos de las pensiones.

Otra reforma es la del tamaño del aparato gubernamental, porque el FMI quedó esperando desde agosto de este año el análisis del empleo permanente y temporal del Gobierno Central, una condicionalidad que no puedo ser cumplida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a pesar de contar con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el lenguaje fondomonetarista, esta condicionalidad se entiende como la reducción de la planilla estatal porque su objetivo sería el de incrementar la productividad del empleado público, mejor dicho la productividad en la generación de los servicios gubernamentales. Igual que la reforma de las pensiones de la seguridad social, el análisis del empleo gubernamental provocará tensiones sociales.

El FMI y el Banco Mundial (BM) también han solicitado al gobierno que compruebe la contribución de los diferentes factores, especialmente las políticas gubernamentales, sobre los cambios observados en los indicadores sociales, mejor dicho en la reducción de la pobreza, porque las personas pobres extremas que viven en zonas rurales son casi 5 veces más pobres extremas que las personas que viven en esas condiciones en las zonas urbanas, e igualmente se observa con las personas pobres rurales que son casi 2 veces más que las personas pobres urbanas. Es indudable que la pobreza ha disminuido en notable forma durante los cinco años de gestión de la actual administración pública, pero se mantiene una gran disparidad entre la pobreza rural y la pobreza urbana.

También se agregan las pruebas de resistencia financiera (o de estrés financiero) de los bancos comerciales radicados en el país, que el BCN y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) comenzarán a realizar en diciembre de este año, con el propósito de determinar las debilidades y la fortalezas de los bancos ante una eventual recaída de la economía mundial, la cual se acercará en el primer semestre del próximo año. Estimo que los bancos que muestren insuficiencias estarán obligados a tomar las medidas necesarias para reforzar su capital a través de financiamiento privado y, además, estimo que el BCN y la SIBOIF podrían vetar el pago de dividendos o de recompras de acciones si una empresa es considerada insuficientemente fuerte como para resistir una crisis.

Finalmente, el BCN tendrá que publicar en una forma más detallada el uso de los flujos de recursos internacionales, entiéndase el préstamo asociado con el suministro petrolero de Venezuela, para evitar obligaciones contingentes en el presupuesto nacional que conduzcan a volatilidades macroeconómicas y, además, deberá continuar manteniendo un monitoreo constante sobre los depósitos de ALBANISA en dos bancos comerciales, BANPRO y LAFISE BANCENTRO, para evitar una segunda ronda de deterioro de la cartera de préstamos.

En conclusión, bastantes tareas complejas tienen los próximos servidores públicos que tomen sus altos cargos a partir del 10 de enero próximo y bastante sustos tendremos con el cumplimiento de todas las reformas antes mencionadas, que a mi entender constituyen requisitos previos para iniciar la formulación del quinto programa económico que suscribirá Nicaragua con el FMI.

El FMI espera las acciones gubernamentales en este sentido.





Al fin las pruebas de estrés financiero

30 11 2011

Después de 18 meses que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “solicitara” al Banco Central de Nicaragua (BCN) que se realizaran las pruebas de estrés financiero a las seis entidades bancarias del país, en este mes de diciembre se realizarán por primera vez sólo con la fuerza de una condicionalidad de reforma estructural de los programas suscritos por Nicaragua con el policía financiero internacional.

Los bancos privados, porque el estatal aún es marginal, probablemente estarán preparando o ya habrán entregado la información financiera al BCN para que éste, junto con el FMI, realicen esas pruebas de resistencia financiera, porque es obvio que los directivos y los altos cargos de los seis bancos, mucho menos los funcionarios medios ni los de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), no pueden realizar las diversas simulaciones para determinar los efectos de una recesión económica y del crecimiento del desempleo sobre los balances y los estados de resultados de los bancos.

Aconsejo al BCN que debería criticar la información financiera que recibirá de los seis bancos, con el fin de especificar si existen debilidades e incongruencias antes de que  proceda a realzar esas pruebas. No hay que confiarse, porque los bancos usualmente se amparan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de agotar las vías administrativas por los cauces comunes.

Los bancos privados de Nicaragua tienen un estigma muy difícil de quitar, porque lamentablemente a veces se imponen sin razón. Sin embargo, cabe recordar que en el caso de mi demanda contra el violador de derechos humanos, el presunto delincuente Eduardo Montealegre, la FISE BANCENTRO se vio obligada a acatar el mandato judicial de que abrieran le libro de acciones hasta cuando varios altos cargos de dicho banco, entre ellos Julio César Vega Pasquier que trató de burlarse de dicho mandato, se sentaron en el banquillo de los acusados de un juzgado penal.

La prueba de estrés financiero consiste en determinar la robustez de los bancos, su capacidad para enfrentar los riesgos y la suficiencia de su capital para operar en tiempos de crisis, aunque desde hace cuatro años los 6 bancos comerciales privados del país padecen de cierta “crisis” porque continúan contagiados de los efectos de la recesión económica mundial que nos afectó en 2009.

Desde ese entonces, el sistema bancario de Nicaragua se encuentra “entrampado” en una excesiva liquidez, que se demuestra con la razón Depósitos Totales/Crédito Total de 172.7% a septiembre de este año, muy superior al 118.2% que registraban a diciembre de 2007, mientras que su tasa de rentabilidad bruta con respecto al capital de 21.2% a septiembre de 2011 es bastante inferior al 34.4% que mostraban en diciembre de 2007. Con estos resultados, puedo afirmar que el talento gerencial en el sistema bancario se ha convertido en un riesgo más para la conducción apropiada de los bancos.

El análisis de la situación de la banca comercial privada del país no debe hacerse en valores absolutos como piensan ciertos banqueros con sus declaraciones a los periodistas, o sea en millones de córdobas, que ya están afectados por una tasa de inflación interanual de 7.66% a octubre recientemente pasado. Los directivos y los altos cargos administrativos de los bancos deberían realizar esos análisis en términos de razones financieras para evitar frustraciones futuras.

Una cosa curiosa e insólita que deben conocer los nicaragüenses es que el riesgo de las inversiones (o de las especulaciones) financieras de los banqueros radicados en nuestro país tienen un riesgo cero, por la ley. ¡Qué formidable ley! Esos bonos con riesgo cero son, por ejemplo, los Bonos por la Propiedad Indemnizada (BPI) emitidos para responder a las confiscaciones observadas en la década de los ochenta del siglo pasado, los Bonos por la Quiebras Bancarias pagados automáticamente por el BCN y que fueron adulterados por dos buscados por la Justicia de Nicaragua, Noel Ramírez y Eduardo Montealegre, y los Bonos de la República emitidos para pagar las amortizaciones de la deuda interna emitida por el Gobierno Central por tantos ilícitos que están a la vista. Por eso invito a Antenor Rodales, presidente del BCN, a que aplique cierto riesgo a estas inversiones financieras de los bancos comerciales financiadas con los depósitos del público para probar la resistencia financiera de los bancos.

Ojalá que el BCN publique parcial o totalmente los resultados de las pruebas de estrés de los bancos comerciales privados radicados en el país. No hacerlo, significará que hay problemas y ahuyentará no solo a potenciales inversionistas extranjeros, sino a nosotros, los nicaragüenses, porque no podríamos confiar en ningún banco. Y este riesgo moral preocuparía en gran forma al BCN, no a los bancos privados.





Carta al Dr. Wilfredo Navarro, Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional

29 11 2011

Managua, Nicaragua

29 de noviembre de 2011

Doctor

Wilfredo Navarro Moreira

Primer Secretario de la

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Dr. Wilfredo Navarro Moreira:

El objetivo de esta carta es, de acuerdo con su compromiso público del 1 de septiembre recientemente pasado, recordarle que presente a la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional las dos solicitudes de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas que le fueron enviadas por la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y por el Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011, con el propósito que se forme una comisión especial que analice ambas solicitudes.

Como es de su conocimiento, mi primera acusación al diputado Eduardo Montealegre Rivas se debió porque cometió daños a mi dignidad, reputación y honor que afectaron mi imagen, con ánimo ofensivo, al escribir irresponsablemente en un chat con los lectores de La Prensa, publicado por ese diario el 31 de julio de 2008, que yo cometí ilícitos e irresponsables en la quiebra del Banco del Café, además de poner en tela de duda mi capacidad profesional al afirmar que mi trabajo realizado a solicitud por la Contraloría General de la República sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 no servía, el cual sirvió de base al estudio que hizo el órgano contralor del Estado de Nicaragua sobre dichas liquidaciones bancarias.

La segunda acusación que hice al diputado Eduardo Montealegre, como también es de su conocimiento, se debió a más injurias y calumnias que él escribió en una supuesta carta de disculpas a mi persona, que hizo circular desde la dirección de su movimiento político el 2 de febrero de 2001.

Agradecido de su atención y en espera de los resultados que obtenga por mi solicitud a la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional, para que me facilite el acceso a la justicia porque el diputado Eduardo Montealegre Rivas continúa escudándose en la inmunidad que le confiere su cargo para no presentarse a los tribunales desde hace tres años, le saludo.

Atentamente,





Otorga el que calla

26 11 2011

El martes 29 de noviembre me presentaré de nuevo al despacho del Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, para hacerle entrega de una carta personal en la cual le recuerdo que presente, en la próxima sesión de trabajo de dicha Junta, las dos solicitudes de los jueces Sexto y Séptimo Local de lo Penal de Managua para la desaforación del diputado reacusado Eduardo Montealegre por sus injurias y calumnias que él escribió contra mi persona, tanto en la edición del diario La Prensa del 31 de julio de 2008 como en una supuesta carta de disculpas que hizo circular desde la casa de su movimiento político personal el 2 de febrero de 2011.

El 1 de septiembre recientemente pasado, ante los representantes de medios de comunicación social, el Dr. Wilfredo Navarro se comprometió a presentar esas dos solicitudes de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre hasta después de las elecciones nacionales y antes del 15 de diciembre de este año, fecha en que los diputados dejarán sus labores por vacaciones de fin de año.

La razón de la fijación de ese lapso, según el Dr. Wifredo Navarro, fue evitar que el diputado Eduardo Montealegre se auto denominara un perseguido político en un año electoral, como él siempre suele afirmar cuando ha sido buscado por la justicia de nuestro país. Este diputado desvergonzado, que atropella a las personas y se defiende con el mal uso y abuso de la inmunidad que le confiere su cargo, pronto tendrá que responder por sus daños morales y económicos provocados por haberme tildado irresponsablemente de ser un defraudador del Estado de Nicaragua.

La alianza electoral PLI se empecinó en formarse una imagen de integridad, honestidad y honradez, pero desafortunadamente se distinguió por llevar en sus filas a un candidato a primer diputado nacional que no es probo y está al margen de la ley, no por encima de la ley como él cree estarlo por su soberbia y prepotencia.

El 6 de noviembre el presunto delincuente Eduardo Montealegre fue elegido como primer diputado nacional de esa alianza electoral, con el único propósito de seguir huyendo de la justicia siempre escudado en la inmunidad de su cargo de diputado, porque en estos últimos cinco años, de acuerdo con mi observación, él nunca ha presentado una propuesta de ley en la Asamblea Nacional como diputado constitucional, un cargo popularmente conocido como diputado “regalado”.

Por eso distingo una gran diferencia entre lo que es ser un diputado y lo que es ser un legislador. Sin embargo, me he enterado que lo están promoviendo como el nuevo líder de la oposición en la Asamblea Nacional. Un líder se forja y se forma con el tiempo, el puesto para ser líder se gana y no se recibe como una dádiva, pero el diputado reacusado Eduardo Montealegre ha cometido grandes yerros políticos y grandes abusos personales que no caracterizan a un líder. Sería demasiado vergonzoso para nosotros, los nicaragüenses, que un perseguido por la Justicia de Nicaragua, por ser un violador de los derechos humanos y por haber realizado acciones inapropiadas contra el presupuesto nacional, sea un líder de la oposición en la Asamblea Nacional. Eso también significaría un retroceso en el desarrollo de la democracia en nuestro país.





Los problemas estructurales de la banca comercial

26 11 2011

En términos generales, los 134 bancos comerciales de los 7 países de la región centroamericana, Panamá y República Dominicana se caracterizan por tener altas tasas de interés activas, bajas tasas de interés pasivas, elevados gastos administrativos, altos márgenes de intermediación financiera, excesiva liquidez y altas tasas de rentabilidad con respecto al capital, aunque éstas últimas han disminuido después de los efectos de la recesión económica mundial de 2008-2009.  En síntesis, el problema planteado es que si las autoridades gubernamentales pueden dejar la política financiera exclusivamente al mercado, sin ninguna coordinación estatal.

Con información oficial al 30 de septiembre de este año, Nicaragua tiene el menor número de bancos en la región, sólo 6, mientras que la mediana en el istmo centroamericano y República Dominicana es 16. Panamá es el país con el mayor número de bancos, 49.

República Dominicana y Guatemala son las economías más grandes de la región, porque el Producto Interno Bruto total de ambos países participa con el 47% en la producción regional-, pero son los bancos de Costa Rica y Panamá los que muestran el mayor promedio de activos por banco, es decir el mayor promedio de disponibilidades en caja o liquidez, cartera de préstamos netos e inversiones en títulos valores, que dicho sea de paso son los países con mayor ingresos per cápita promedio anual, US$7,840 y US$7,641 respectivamente en 2010. Los bancos de Nicaragua y Honduras reflejan el menor promedio de activos por banco, y son los países de más bajos ingresos per cápita promedio anual, con US$1,126 y US$1,914 en el mismo orden en 2010.

Sin embargo, salta rápidamente a la vista que los bancos de Nicaragua y Honduras son los que tienen los más altos márgenes de intermediación financiera, con 12.9% y 12.8% respectivamente, un fenómeno que podría estar señalando prácticas no competitivas o elevados costos no financieros de operación de los bancos de ambos países, por lo cual se podría disminuir el incentivo de los intermediarios a mantener la calidad de su cartera de préstamos al mismo tiempo que aumentaría la posibilidad de que dicha cartera se deteriore. Panamá es el país con el menor margen de intermediación financiera, con un 3.3%, por lo cual se podría afirmar que los bancos que radican en Panamá asignan en mejor forma los recursos de la economía.

El precio de la intermediación financiera es el “spread” o la diferencia entre la tasa de interés de colocación de préstamos y la tasa de captación de fondos del banco. La diferencia entre la rentabilidad de los activos y el coste de los pasivos constituye el margen de intermediación, el cual mide el grado de dispersión entre la tasa de rendimiento de los depositantes y de los deudores, por lo cual depende de costos, riesgos y estructura de mercado y, por lo tanto, mide los costos de intermediación y la productividad de los bancos.

En valores absolutos, al restar del margen de intermediación financiera los costos operativos y demás gastos del banco se obtiene el beneficio de la entidad bancaria. La utilidad bruta con respecto al patrimonio de los bancos a septiembre de este año es más alta en República Dominicana, 26.0% (27.7% en diciembre 2007), y le siguen Guatemala con 24.5% (23.3% en diciembre 2007) y Nicaragua con 21.2% (34.4% en diciembre 2007), y es en nuestro país que ha crecido más aceleradamente en el último año a pesar que los seis bancos han registrado la cuarta caída consecutiva anual del crédito en 2011. Los 16  bancos de Costa Rica tienen la menor tasa de rentabilidad bruta, con el 11.2% de su patrimonio (20.8% en diciembre 2007). Por supuesto que en una economía crecientemente globalizada, las utilidades de los bancos provienen cada vez más de intermediar eficientemente el ahorro financiero – es decir, con bajos costos no financieros y altos índices de cartera productiva- y no de extraer ganancias oligopólicas a los usuarios del crédito y a los depositantes.

La reducción del alto margen de intermediación financiera que se observa en Nicaragua implica la urgente disminución del costo del crédito, lo cual demanda mejorar la productividad de los bancos y reducir los costos de los trámites bancarios, de las regulaciones excesivas y de las altas tasas de encaje legal y reservas. ¿Cómo lograr esto? No hay que dejar exclusivamente la solución al mercado, sino establecer las reformas legales para modernizar el funcionamiento y la supervisión de los bancos privados y poner en una mejor disposición a la banca comercial estatal, el Banco Produzcamos, para los propietarios de pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas, a quienes les es difícil ser sujetos de crédito en la banca comercial privada. Por consiguiente, las autoridades monetaria y reguladora de los bancos deberían preocuparse de la complaciente e insostenible afirmación que la solidez de un banco o de un sistema bancario depende en parte de la capitalización de las utilidades originadas en los altos márgenes de comercialización financiera.

La razón de los gastos administrativos anualizados con respecto al activo promedio es más alta en Honduras, con un 6.6%, y la más baja es la de Panamá, con 1.7%, mientras que en Nicaragua es de 4.8%. La reducción de los gastos administrativos es la clave para maximizar la productividad bancaria y, por ende, reducir las elevadas tasas de interés activas.

En términos generales para la región, las tasas de interés pasivas no estimulan el ahorro financiero, mientras que las tasas de interés activas no contribuyen a impulsar un crecimiento económico sostenible. Por ejemplo, en Nicaragua, con una tasa de inflación interanual de 9.5% a septiembre de 2011, para los ahorristas la tasa de interés pasiva “efectiva” ponderada (tasa de interés asociada con el córdoba con mantenimiento de valor más 5 puntos porcentuales de devaluación anual del córdoba) es de 6.1%, y para los prestatarios la tasa de interés activa “efectiva” ponderada es de 14.8%. En otras palabras, la ley de oferta y demanda no funciona en el mercado bancario, porque con un exceso de recursos crediticios las tasas para los prestatarios continúan siendo muy altas.

El exceso de liquidez en los bancos –un resultado de la caída del crédito- se observa en mayor forma en Nicaragua –que tiene una razón de los depósitos totales con respecto al crédito total de 172.7%-, y le siguen República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sólo Panamá y Costa Rica muestran un adecuado nivel de liquidez, cuando la razón financiera antes mencionada es de 109.6% y 89.0% respectivamente. El 77% del total de crédito regional se concentra en préstamos comerciales, hipotecarios y de consumo de bienes y servicios.

Los problemas del sistema bancario son estructurales, y algunos se empeoraron a raíz de la recesión económica mundial de 2009. Es por ello que reitero la necesidad de un diálogo gubernamental-bancario, especialmente en Nicaragua, para reducir riesgos políticos, gastos administrativos, márgenes de intermediación financiera y tasas de interés activas, así como buscar la armonización de los instrumentos de los bancos centrales de la región (tasas de encaje legal y tasas de interés para las operaciones de mercado abierto) con el fin de disminuir el costo del crédito en un ambiente más consolidado de saneamiento fiscal. Por supuesto, ese diálogo también buscaría cómo elevar la productividad de los servicios bancarios y, por ende, la competitividad entre los bancos comerciales. No hay que dejar toda la solución al mercado.





Nicaragua es el más endeudado en Centroamérica

24 11 2011

La cooperación internacional ha caído drásticamente en los últimos dos años, al pasar de US$630 millones en 2009 a US$420 millones en 2011. Se argumentan varias razones para explicar esa caída, entre ellas los nuevos objetivos de la comunidad internacional, que hoy atienden los problemas socioeconómicos de África y de los países del oriente europeo y han reducido su presencia entre los países latinoamericanos; los problemas presupuestarios de Europa, que se enfrentan con la idea política de reducir gastos públicos (una donación es un gasto corriente y un préstamo es un gasto de capital), reducir déficit fiscales y pagar la deuda pública de los países de la Eurozona; y también la gobernabilidad de nuestro país con la denuncia de un fraude lectoral que esgrimió la derecha en las elecciones municipales de noviembre 2008 y que hoy vuelve a esgrimir con las elecciones nacionales de noviembre de este año, aunque reconozco que se dieron severas irregularidades en el proceso electoral.

Entre 2009 y 2011, la caída de la cooperación externa, que hoy recibe el calificativo de “tradicional” al excluir por los préstamos de Venezuela que administra ALBANISA forma privada, resulta de una reducción de 47% en el monto anual de las donaciones que se esperan sean US$175 millones este año, y de otra reducción de 27% del monto anual de los préstamos que se estima en US$245 millones en 2011.  Así, Nicaragua observa una mayor participación del nuevo endeudamiento en el flujo anual de la cooperación oficial, ya que en 2009 representaban el 52% y en 2011 se espera que sea igual a 58%.

El saldo “contable” de la deuda pública externa de Nicaragua a finales de 2010 fue de US$3,875 millones. Digo “contable” porque ese saldo incluye US$1,584 millones, es decir el 41% del saldo de la deuda pública externa, que están pendientes de reestructuración con 10 países que no son miembros del Club de París, en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC por sus siglas en inglés), por lo cual el FMI nos aplica la  condicionalidad de un nivel mínimo de concesionalidad de 35% en la contratación de nueva deuda externa.

A manera de referencia, una donación externa tiene un nivel de concesionalidad de 100%, mientras que la concesionalidad de la deuda pública externa se manifiesta, a partir de 1990, con un plazo promedio ponderado de 31 años, con 10 años de gracia y una tasa de interés ponderada de 2%.

Además, Nicaragua tiene una deuda pública interna creciente equivalente a US$1,264 millones, debido principalmente a las emisiones de Bonos de Pago por Indemnización (BPIs), Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por quiebras bancarias –que han sido rebautizados como Bonos Bancarios y Bonos Estandarizados con sus dos reestructuraciones, la primera comercial y la segunda soberana- , Letras Estandarizadas del BCN, y Bonos de la Republica de Nicaragua (o del Tesoro, que se emiten principalmente para pagar el principal de los BPI, con lo cual se demuestra que la Asamblea Nacional nos endeuda para pagar deudas públicas con acreedores internos).

Por lo tanto, puedo concluir que Nicaragua es el país más endeudado de Centroamérica, porque a finales de 2010 el saldo total de la deuda pública, tanto externa como interna, asciende a US$5,139 millones y es igual al 78.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año, que fue igual a  US$6,551 millones.

A manera de ejemplo, con una población total de 5 millones 816 mil habitantes en 2010, el ingreso promedio anual de cada uno de nosotros, desde el recién nacido hasta el más anciano es de US$1,126, mientras que la deuda pública por habitante es de US$884. Por esto reitero que Nicaragua continúa siendo un país pobre muy endeudado en términos de producción, a pesar que nos graduamos en el Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa HIPC en enero de 2004 y en la Iniciativa del Alivio de la Deuda Multilateral en 2006, y hemos recibido una condonación de la deuda externa por US$14,312 millones en el período 1990-2010.

Otro problema de nuestro endeudamiento público que observo desde hace más de tres décadas es que las calificadoras del riesgo país a largo plazo, en particular Moody´s, califican con B3 a la deuda soberana, es decir a los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Esa calificación B3 indica un alto riesgo crediticio estable sin tendencia a mejorarse, o sea una calidad de crédito en general “pobre”.

Por el imperante severo endeudamiento público y por la calificación internacional de nuestra deuda soberana, siempre he argumentado que no somos un país sujeto de crédito en el mercado financiero internacional, lo que hace necesaria la presencia casi permanente del Fondo Monetario Internacional en nuestros asuntos de política macroeconómica, lo cual conlleva cierta erosión de de la soberanía fiscal y cierta imposición en el orden monetario.

Por el lado del saldo “contable” de la deuda externa, que incluye la deuda pendiente de reestructuración con la Iniciativa HIPC, nuestro país continúa presentando una gran vulnerabilidad. Al 31 de diciembre de 2010, en porcentajes del PIB, el saldo de la deuda externa pública de Nicaragua es igual a 59%; el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos, 1.5%; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, 14.7%; las donaciones de la cooperación oficial “tradicional”, 2.4%; la presión tributaria del Gobierno Central, 18.3%; y el ahorro primario del Gobierno Central, que excluye el pago de los intereses de la deuda gubernamental, 3.6%.

Por otro lado, la vulnerabilidad de la deuda pública interna al 31 de diciembre de 2010 se comprueba, en porcentajes del PIB, con un saldo igual a 19.3%; el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores internos, 10%; el déficit fiscal, 3.0%; y la cooperación oficial “tradicional”, 6.8%. La deuda interna también no es sostenible porque, en porcentajes de los ingresos tributarios del Gobierno Central, su saldo es igual a 106% y el pago de su servicio (intereses y amortizaciones) es igual a 55.2%.

El tema de la deuda pública de Nicaragua, especialmente la interna, es un tema de confianza, por un lado, y de fondos de largo plazo, por el otro. Esa confianza y esos fondos de largo plazo en el sector externo la tenemos frente a las ventanillas de préstamos multilaterales con el cumplimiento de las metas macroeconómicas y las condicionalidades de reforma estructural suscritas con el FMI, así como con los términos de concesionalidad del nuevo endeudamiento ya mencionados anteriormente.

Para volver a ser creíbles en el mercado financiero internacional, mejor dicho para alcanzar una calidad de crédito “cuestionable” como la de Guatemala y El Salvador (Ba1) o una calidad de crédito “de riesgo moderado” como la de Panamá y Costa Rica (Baa3),  tenemos que crear la base del ahorro privado, no el financiero que continua en gran parte ocioso y destinado al consumo en nuestro país, sino el ahorro real, o sea la parte de la producción que no consumimos y que estamos dispuestos a destinarla a la inversión fija, es decir construcción y adquisición de maquinaria y equipo. Además, fortalecer la institucionalidad y reducir el riesgo político, que es muy alto.





Partió Alejandro Rodríguez

23 11 2011

Se fue de este mundo Alejandro Rodríguez. Lo conocí en el Ministerio de Planificación en el primer quinquenio de la década de los ochenta del siglo pasado, con sus excelentes estudios territoriales. Con las remembranzas de los pensamientos de mi mi padre que en paz descanse, Alejandro, espero verte en la eternidad.

Un abrazo en estos momentos de dolor a tu señora esposa e hijos.

Néstor





Un presunto delincuente fue elegido como diputado

16 11 2011

Un resultado increíble de las elecciones nacionales del 6 de noviembre, tan increíble como los motivos por los cuales los representantes de las diez sociedades de la Alianza PLI se rasgan hoy sus vestiduras y promueven la violencia entre la población, es que un presunto delincuente conocido por todos los nicaragüenses, Eduardo Montealegre, haya sido elegido como primer diputado nacional de esa alianza electoral, cargo en que él se auto postuló para asegurarse un curul y la inmunidad y, así, continuar burlándose de la Justicia de Nicaragua frente a mis dos acusaciones por injurias y calumnias que él escribió en julio de 2008 y en febrero de 2011, y frente a otra acusación de la Fiscalía General de la República por su famosa “reingeniería” financiera en la reestructuración de la deuda pública interna por liquidaciones bancarias y los procedimientos inapropiados que autorizó, como guardador de la cosa pública, para subastar activos de los bancos liquidados, lo cual provocó graves daños económicos a nuestra nación en 2003.

Resulta también aberrante que los líderes de los partidos políticos de nuestro país no se hayan manifestado sobre la calidad personal de Eduardo Montealegre, ya deteriorada por sus cuentas pendientes ante la justicia de nuestro país y sus insultos públicos y falta de razonamiento en su pírrica defensa ante mis dos acusaciones. Aceptar en la contienda electoral a una persona que se busca por sus presuntas delincuencias penales, que alargó la fila de los impunes al mal usar y abusar de la inmunidad de su cargo,  muestra totalmente la ausencia de ética política y demuestra que nuestra Ley Electoral tiene fisuras y debilidades por la posibilidad que un presunto delincuente represente los intereses de nuestra nación y por la imposibilidad que un ciudadano pueda impugnar a un aspirante a un cargo público por sus antecedentes de amoralidad, mentiras e irrespetos y de violador de los derechos humanos.

En la primera sesión de la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional que se realice después de las elecciones del 6 de noviembre de este año, su Primer Secretario, Dr. Wilfredo Navarro Moreira, se comprometió a presentar a los miembros de dicha Junta Directiva los dos expedientes de dos juzgados penales de la Ciudad de Managua que solicitan la desaforación del diputado reacusado Eduardo Montealegre por sendas acusaciones de injurias y calumnias que él escribió tanto en el Diario La Prensa como en una supuesta carta de disculpas circulada públicamente, que deterioraron mi imagen, reputación y honor de economista y puso en duda mi profesionalismo y mi capacidad profesional, lo cual afectó mi trabajo y provocó daños morales y económicos a mi familia y a mi persona desde el 31 de julio de 2008.

El presunto delincuente Eduardo Montealegre se ha escudado en su inmunidad desde hace tres años, cuatro meses y diecisiete días, pero nunca deberá olvidar que siempre insistiré y no descansaré en la defensa de mi honor personal y profesional y, más importante aún, en el honor de mi familia. De acuerdo con el compromiso del Dr. Wilfredo Navarro antes mencionado, aunado con la voluntad política de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se forme la comisión especial que analice los dos expedientes que solicitan su desaforación en mi caso personal, espero verlo pronto en los juzgados sexto y séptimo de lo penal de Managua. Tenga seguridad, diputado reacusado, que la razón nunca será derrotada por su soberbia e impunidad.





El diálogo entre políticos es urgente

16 11 2011

Aparentemente, el ruido post electoral podría poner en jaque a la cooperación de tres fuentes de cooperación multilateral, pero que son muy importantes en sus montos al representar el 46% de la cooperación tradicional y el 72% del total de préstamos oficiales que recibe nuestro país anualmente. Me refiero al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM/IDA).

Esas tres instituciones financieras internacionales otorgan préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad muy concesionales tanto para el sostenimiento de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (facilitados por el FMI) como para el apoyo presupuestario que recibe el Gobierno Central a finales de cada año (proveniente del BID) y, además, otorgan préstamos de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público también muy concesionales, específicamente del BID y del BM/IDA, que financian principalmente la mitad del monto de los proyectos de inversión pública que se ejecuta anualmente.

En el campo de las probabilidades, una recaída del crecimiento económico mundial en el próximo año, derivada de la crisis de la Eurozona, podría provocar la decisión política de atrasar la suscripción del quinto programa económico trienal que se prevé suscribir con el FMI en 2012, porque el gobierno podría incumplir la reforma tributaria, la reforma del fondo de pensiones de seguridad social y hacer más eficiente el empleo permanente y temporal en el Gobierno Central no sólo por los conflictos que generarían esos compromisos, sino también por los efectos de la crisis económica mundial en nuestro mercado.

Esos efectos se traducen, como ya lo hemos experimentado, en un mayor desempleo, menor crecimiento económico, caída de las remesas familiares y contracción del flujo de inversiones extranjeras directas. Aunque desde mi punto de vista profesional, recomendaría que esas reformas estructurales se realicen durante tiempo de crisis con el propósito de encontrarnos en mejor forma cuando resurja el crecimiento económico mundial.

También no olvidemos que las tres reformas antes mencionadas no son partes de un nuevo programa económico que se suscriba con el FMI y, lógicamente, el policía financiero internacional exigirá el cumplimiento de ese trío de reformas antes de firmar un nuevo programa. Sobre esta hipótesis, el primer tramo del préstamo del FMI, que podría rondar los US$19 millones por la firma del nuevo programa de estabilización macroeconómica, y el desembolso de US$45 millones del BID para apoyo presupuestario no se desembolsarían en 2012.

Tomando en cuenta el discurso de la representante de la embajadora alterna de Estados Unidos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Julissa Reynoso, al comentar el informe sobre las elecciones de nuestro país, así como el hecho que a la fecha la Casa Blanca no ha reconocido la victoria electoral del Presidente Daniel Ortega, toma forma la hipótesis que la administración de Barack Obama podría suspender la cooperación estadounidense por las irregularidades que se dieron en el proceso electoral que culminó el 6 de noviembre pasado, mejor dicho por la denuncia del fraude electoral por parte de la oposición política del FSLN.

En este escenario hipotético también se suspenderían los préstamos de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público, por la presión que los embajadores estadounidenses ejercerían sobre los otros embajadores que integran los directorios de esos tres organismos multilaterales. ¿Cuál sería el efecto de esa hipotética política estadounidense en el flujo de la cooperación internacional, que ya conocimos con el embargo financiero, además del comercial, que la administración estadounidense puso en marcha contra nuestro país en mayo de 1984 y que tuvo una duración de 6 años?

La cooperación oficial tradicional prevista por el gobierno para 2012 es de US$516 millones, que incluye donaciones de US$188 millones y préstamos de US$328 millones. Fácilmente podríamos llegar a la conclusión que el efecto negativo sobre la cooperación sería la falta de acceso a US$240 millones de préstamos programados por esos tres organismos multilaterales más US$25 millones donados por Estados Unidos, BM/IDA y BID que representan el 12% del total de las donaciones oficiales externas esperadas el próximo año. La cooperación tradicional se reduciría automáticamente hasta el irrisorio nivel de US$251 millones, que serían equivalentes a un escaso 3% del PIB esperado en 2012.

En esa hipotética situación, ni Venezuela podría suplir los recursos suspendidos, aunque  recientemente dijera lo contrario un funcionario político del FSLN. No olvidemos que Venezuela no presta  a ALBANISA divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyar las reservas internacionales y el presupuesto nacional, porque la deuda que se contrata con el país sudamericano es de índole privada.

Es por esto que aconsejo un pronto diálogo político entre el presidente Daniel Ortega y los líderes de los partidos políticos de oposición, que tengan o hayan perdido su personería jurídica, con el propósito de normalizar el ambiente político y proponer las reformas a la ley electoral que se caracterizada por serias debilidades que originaron las irregularidades ya conocidas por todos en el proceso de elecciones nacionales de este año.

La oposición política, que ha mostrado una profunda inmadurez desde hace años y que se demuestra con su división de cara a las elecciones y con la falta de entendimiento entre sus líderes, debería de actuar en mejor forma y contribuir a evitar un descalabro económico nacional si tomamos en cuenta la hipotética suspensión de la cooperación oficial multilateral.

No olvidemos lo que se originó en mayo de 1984: pérdida de reservas internacionales, contracción de las importaciones, caída de la producción, desempleo, pobreza, aceleración de la inflación que desembocó en una hiperinflación en abril de 1987, grave insatisfacción del consumo de las familias y acrecentamiento de la emigración.

La única diferencia notable de ese entonces y ese escenario hipotético es que no hay guerra, pero todos estamos obligados a preservar la paz, mejorar el proceso democrático que nuestra nación ha levantado desde las ruinas en 1990 y avanzar en la solución de los problemas económicos y sociales de nuestra nación. Por todo esto, el diálogo entre los políticos es urgente.





Después de la alegría el lamento

14 11 2011

Acorde con el ciclo económico-político, es lógico esperar que en el primer año de gobierno del presidente reelecto Daniel Ortega se aprueben políticas económicas que provoquen cierto malestar a la población. No es el momento de atraer votos, sino de crear las condiciones para el establecimiento del quinto programa económico trienal de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La tasa de crecimiento económico esperada por el gobierno el próximo año es apenas de 3.3%.

La política fiscal ya está prevista en el proyecto de ley del Presupuesto General de la república 2012, del cual se desprende la revisión del sistema tributario con el sector privado para reducir las exenciones y exoneraciones del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de las empresas, así como regular la formación de los precios de transferencia para disminuir la evasión del pago del IR.

El ajuste salarial de los empleados públicos rondará el 7%, excepto los maestros y el personal médico y paramédico que recibirán un ajuste del 9%; se contratarán 600 maestros, 600 nuevas plazas de salud y 415 nuevos policías; el valor de las compras de bienes y servicios para el funcionamiento de la burocracia estatal aumentará 6% con respecto al monto del presupuesto modificado de 2011, excepto los rubros de electricidad y combustibles que se incrementarán con 10%.

La perspectiva del déficit fiscal de 2012 es de 0.4% del PIB después del financiamiento de las donaciones externas. Es decir que nuestro presupuesto nacional prácticamente está “equilibrado” y goza de los aplausos del FMI con la presencia de 2 millones 535 mil personas pobres entre nuestra población, que ya se acerca a 6 millones de habitantes. Algo irónico, porque para reducir la pobreza de los nicaragüenses habría que aumentar el gasto de inversión en infraestructura económica, pero sólo 23 de cada 100 córdobas que se programan gastar en el presupuesto nacional se destinan a la inversión pública. La idea política del FMI en el ámbito fiscal es reducir el gasto, el déficit y la deuda pública, sin meditar que el principal problema es el elevado subempleo, el alto desempleo y la excesiva informalidad del mercado laboral.

Sin embargo, la polémica se acrecentará con otras reformas estructurales del sector público. La reforma del fondo de pensiones de seguridad social pretende incrementar el período de contribuciones de 15 años a 30 años para recibir la pensión plena, tomar en cuenta el salario promedio de la vida laboral del trabajador como el salario de referencia para determinar el monto de la pensión, abolir la pensión mínima, incrementar la edad de retiro de 60 a 65 años para los trabajadores nacidos entre 1967 y 1975, incrementar la tasa de contribución de los nuevos asegurados y desarrollar un sistema de pensión complementario que permita cuentas individuales para elevar los montos de las pensiones.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que falló este año, tendrá que presentar al FMI antes de diciembre de este año el análisis del presupuesto de cargos fijos y transitorios del Gobierno Central para incrementar la productividad de los trabajadores púbicos, lo cual, en el lenguaje fondomonetarista, se entiende como la reducción de la planilla estatal.

Además, se realinearán las tarifas de electricidad de acuerdo con los costos de generación, pero se mantendrán los subsidios para los estratos de la población de más bajos ingesos; sin embargo, se reducirán los niveles de agua no facturada con la instalación de 48,500 nuevos medidores, de los cuales 20,000 corresponden a Managua, con el fin de mejorar la viabilidad financiera de la prestación del servicio.

Aunque la pobreza ha disminuido casi 6 puntos porcentuales entre 2005 y 2009 hasta 42.6% de la población total del país, los pobres extremos continúan concentrándose principalmente en las regiones rurales del Pacífico, Centro y Atlántico del país, de tal forma que las personas que viven en zonas rurales son casi 5 veces más pobres extremas y casi 2 veces más pobres que las personas que viven en zonas urbanas. Por esto, el FMI y el Banco Mundial han pedido al gobierno que compruebe la contribución de los diferentes factores, especialmente las políticas gubernamentales, sobre los cambios observados en los indicadores sociales.

En relación con la política monetaria y “financiera“ (la escribo entre comillas, porque en 2011 hemos observado la cuarta caída anual consecutiva del crédito en nuestro país), el Banco Central de Nicaragua (BCN) se comprometió con el FMI a mantener prácticamente un saldo de reservas internacionales brutas igual a las estimadas al 31 de diciembre, que igualan 2.4 veces la base monetaria y 3.6 meses de importaciones CIF, por lo cual el BCN continuará su política contractiva de crédito neto al Gobierno Central y al Sistema Financiero Nacional, igualará los montos de colocación con los de redención de Letras Estandarizadas subastadas y acumulará una pérdida anual de US$60 millones por el mayor costo financiero de esas colocacioness y los menores rendimientos financieros de las reservas financieras internacionales. Esas pérdidas del BCN explican la expansión anual de dinero que circulará fuera de las entidaes financieras, que se estima en el orden de 1 mil 147 millones de córdobas, pero se garantizaría la estabilidad macroeconómica porque el compromiso inflacionario es de 7.5% con el mantenimiento dle deslizamiento anual de 5% del tipo de cambio oficial.

Además, el BCN se comprometió a continuar el monitoreo de los usos de los flujos de recursos externos, especialmente los de la asistencia financiera venezolana que se concentran principalmente en el BANPRO y en LAFISE BANCENTRO, para evitar pasivos fiscales contingentes, fluctuaciones bruscas de los depósitos bancarios y una nueva ronda de deterioro de la cartera de préstamos bancarios. También se ha condicionado a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) a iniciar las pruebas de estrés financiero en las entidades bancarias a finales de este año y, por otro lado, iniciará operaciones la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), rectora del sector de microfinancieras y cooperativas financieras.

Después de un año electoral, un complejo paquete de trabajo espera a los servidores públicos que tomen posesión de sus cargos el 10 de enero próximo, un paquete que provocará, sin lugar a dudas, algún reclamo social no obstante el presidente Daniel Ortega ha manifestado públicamente que se hará lo que el pueblo quiera y no lo que él quiera. Ironías de nuestra realidad socioeconómica, porque todo ese escenario que he pintado se podría recrudecer con más ajustes con una muy probable recesión económica mundial, tal como se espera con los problemas de la deuda pública de la Eurozona, y con nuestra condición de que aún no somos un país sujeto de crédito en el mercado financiero internacional.