Desacelera el crecimiento económico y acelera el endeudamiento público

28 01 2018

El costo de la actual estabilidad macroeconómica de Nicaragua es la desaceleración del crecimiento económico y un mayor endeudamiento público principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El menor crecimiento económico, que Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) estima preliminarmente en 5.5% para 2017 y pronostica en 4.4% para 2018, se explica con la menor disponibilidad de dinero en manos de los consumidores y productores observada desde mayo de 2016, o sea, una política monetaria contractiva que busca proteger las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) debido al desplome de la cooperación petrolera de Venezuela.

Por otra parte, con base en datos del BCN, en 2017 la deuda pública externa por habitante aumentó US$71, hasta US$870, y el saldo adeudado por el sector público a los acreedores externos de US$5,546 millones reflejó un aumento anual de US$504 millones, un incremento nunca visto desde la década de los noventa del siglo pasado en el país. Aunque la deuda pública externa desembolsada está relacionada con obras de infraestructura económica, habría que administrarla eficientemente para que los gobiernos futuros puedan pagarla.

El saldo de la deuda pública externa representa aproximadamente el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) y se dispara hasta la frontera del 82% del PIB si se adiciona la deuda privada externa, en la cual figura principalmente el crédito petrolero de Venezuela. Si se adiciona también el saldo de la deuda pública interna, en la cual se incluyen los bonos por indemnización de la propiedad confiscada en la década de los ochenta y los bonos por las quiebras bancarias del bienio 2000-2001 y que tiende a acelerarse por la posición deficitaria del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el saldo total adeudado por los sectores público y privado sube hasta el 126% del PIB a finales del año pasado.

En un momento en que el crecimiento de la economía global está acelerando hasta alcanzar el 3.9% en 2018 y 2019, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, además, en que el perfil de la economía de Estados Unidos señala un crecimiento de 2.7% este año y 2.5% el próximo impulsado por los recortes de impuestos, en Nicaragua lo más inquietante es la desaceleración económica.

Nicaragua tiene la necesidad de un mayor crecimiento porque somos bastante pobres. El último dato oficial disponible, que corresponde al de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, muestra que el 62% del total de familias en el país, con todos sus ingresos, no podía adquirir todos los 53 productos de la canasta de consumo básico, cuyo costo es una referencia para determinar el ajuste del salario mínimo legal.

Aunque la inversión, principalmente la extranjera directa, aumentó significativamente en el período 2007-2016, el crecimiento potencial de la producción de bienes y servicios del país, sin duda alguna, es mayor que 4.1%, tal como lo indican las cifras oficiales, debido al bajo nivel de productividad de la economía o de la fuerza laboral. El lento crecimiento y las caídas del volumen de producción anual de bienes o de servicios (PIB Real) por trabajador ocupado, puede atribuirse principalmente al bajo nivel de escolaridad de los nicaragüenses, que apenas es de 6.1 años de estudio en 2014, y por el problema estructural del mercado informal, que se manifiesta en el hecho de que el 76% de los ocupados labora en establecimientos sin registros contables (último dato oficial disponible que corresponde al último trimestre de 2012).

Es fácil concluir que las políticas públicas deben apuntar al mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo, por ejemplo, (i) pasar de educación primaria a tercer año de educación secundaria y después pasar a la meta del quinto año de educación secundaria, pero mejorando la calidad de la educación e incluyendo a toda la población en edad de estudios primarios y secundarios; (ii) restablecer la educación técnica media y superior; y (iii) mejorar la calidad y la cantidad de la educación universitaria. Esto es una tarea de largo plazo que debió iniciarse hace muchos años.

Aunque el Banco Mundial (BM) nos clasificó como un país de ingreso medio bajo porque nuestro ingreso nacional bruto por habitante está entre US$1,026 y US$4,035, en un país pobre la aceleración del crecimiento económico se da por la vía de la inversión real (en construcción y maquinaria y equipo). El menor crecimiento de la economía del país también puede explicarse con la desaceleración del crecimiento de la inversión.

La confianza en la inversión financiera también se ha perturbado desde septiembre de 2016 con el proceso de aprobación de la NICA Act en el Congreso de Estados Unidos, y desde diciembre de 2017 con la aplicación de la ley estadounidense Global Magnitsky por primera vez a un nicaragüense, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.

Por ejemplo, en 2017 más del 80% del monto colocado en Letras subastadas por el BCN fue a plazos de 7 días, 15 días y 1 mes, y menos del 20% del mismo monto a 3, 6, 9 y 12 meses. Más aún, a partir de enero de 2018 el BCN ha comenzado a subastar Letras con plazo de 1 día y ha colocado y redimido C$8,129 millones al 25 de enero, siempre con los objetivos de contraer el monto de córdobas que circula en el mercado, reducir la demanda de importaciones de los agentes económicos y proteger la posición de las reservas internacionales. Todavía no se ha encontrado el sustituto de Venezuela.

El restablecimiento de una sólida confianza inversionista real y financiera del sector privado es crucial para acelerar el crecimiento económico de Nicaragua, por lo cual las políticas públicas deberían fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción, proteger los derechos humanos, garantizar la independencia de los Poderes del Estado, mejorar la transparencia electoral, y robustecer el imperio de la Ley, la certeza y la seguridad jurídica, y el carácter normativo y regulador de las instituciones públicas.

Lo que se necesita es elevar la inversión y el crecimiento económico que ha sido importante pero insuficiente para reducir los problemas del subempleo, desempleo, la pobreza y la inequidad de la distribución del ingreso. Debemos aprovechar el crecimiento de la economía estadounidense y del mundo para promover la inversión, realizar las reformas para incrementar la productividad y alentar el esfuerzo emprendedor y la competencia.

Sin prestar atención a críticas politizadas y evitando los imperativos políticos, las decisiones gubernamentales deben fundamentarse en lo que creamos sea mejor para la economía, siempre que se tenga acceso a la información pública y confianza en la evolución de los datos. Hablando se entiende la gente, dice el refrán popular, por lo cual es necesario hablar, comunicar y debatir, que es la esencia de la convivencia pacífica.

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La transparencia es la enemiga natural de la corrupción

21 01 2018

Según el informe 2016 de Transparencia Internacional, en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) Nicaragua (en el sitio 26) es el tercer país más corrupto de América Latina, sólo por debajo de Haití (sitio 20) y Venezuela (sitio 17). En el mundo, el nivel de percepción de corrupción en el sector público ubicó a Nicaragua en el puesto 145 de un total de 176 países.

Las fuentes de Transparencia Internacional para elaborar la percepción de la corrupción en el mundo son las encuestas y los indicadores para medir la corrupción alrededor del mundo y, además, informes de instituciones internacionales entre las que figuran Foro Económico Internacional, International Country Risk Guide, Economist Intelligence Unit, World Justice Project y Banco Mundial.

Los efectos de la corrupción son devastadores. La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la ampliación de la desigualdad de la distribución del ingreso, la inseguridad jurídica de los inversionistas, la caída de la inversión, el mayor tamaño de la economía informal, el menor crecimiento económico, las desviaciones de los recursos públicos, la disminución del pago de los impuestos, la reducción de la eficiencia del gasto del presupuesto nacional, el descuido gubernamental a los grupos poblacionales más necesitados, la imposibilidad de reducir la pobreza, la puesta en duda de la transparencia y eficacia de la justicia, y la impunidad son, entre otros, ejemplos de los efectos de la corrupción.

Siempre he señalado que la lucha contra la corrupción en el sector público se dirige desde arriba hacia abajo, es decir, desde las más altas esferas gubernamentales, y nunca desde abajo hacia arriba, o sea, nunca con las decisiones unilaterales de cada una de las entidades públicas.

Para que la lucha contra la corrupción sea efectiva en el país, debería existir, primero, una voluntad política y una decisión vigorosa contra la corrupción; segundo, una estrategia anti corrupción, con sus políticas y medidas, dirigida desde la presidencia de la República; y tercero, una buena gobernabilidad, o sea, una alta capacidad gubernamental para resolver los problemas políticos, económicos, sociales y administrativos del país con la mayor transparencia posible y la creciente participación de la población.

La transparencia es la enemiga natural de la corrupción. Sin transparencia se fortalece la corrupción, pero es necesario que la prevención de la corrupción sea respaldada por la aplicación de la ley, por el imperio de la ley, así como por los derechos a la libre expresión y a la existencia de medios de comunicación independientes.

El acceso a la información no debería ser violentada por los servidores públicos, que limitan o impiden el acceso a la información, sin la posibilidad legal que los nicaragüenses puedan apelar para que se eliminen esos límites y obstáculos. La más alta autoridad gubernamental del país, acorde con la ley, debe garantizar el libre acceso a la información y erradicar la mala costumbre actual de los servidores públicos de exigir que la solicitud de la información se presente en forma escrita incluyendo el motivo por el cual se solicita. Los servidores públicos deberían ser sancionados por la ley por no entregar la información, que es pública y no es propiedad exclusiva de las instituciones, mucho menos de los servidores públicos. La información pertenece al pueblo.

En la lucha contra la corrupción, a los ciudadanos les compete denunciar las sospechas y las certezas de corrupción y los abusos no sólo en la administración pública sino también en el sector privado. Con este propósito, son fundamentales tanto las declaraciones de bienes antes y después de que una persona ejerza un alto cargo público como los informes de rendición de cuentas en la administración pública, debidamente supervisados y publicados por la Contraloría General de la República, porque fortalecen la transparencia.

Sin embargo, en nuestro medio ambiente se percibe que las denuncias de estos tipos de actos presentan un grave riesgo para los denunciantes, tales como las represalias, el despido de trabajo, la degradación de la dignidad personal, las injurias y las calumnias, por lo cual las políticas anti corrupción deberían contemplar la investigación de los atropellos que sufren los denunciantes de la corrupción.

La transparencia también es necesaria en los nombramientos y la carrera de los altos cargos de la administración gubernamental, porque se debería evitar el favoritismo, el nepotismo, el secretismo, la parcialidad y la falta de idoneidad del candidato a ocupar el alto cargo.

Otro hecho que se observa en nuestro país es el mal uso de la inmunidad que confieren los altos cargos de los Poderes del Estado y de las instituciones públicas a los servidores públicos que los ocupan, entre ellos principalmente magistrados, diputados y ministros.

El servidor público denunciado como corrupto se escuda en la inmunidad y se burla de la ley, del juez y de la nación, y busca la protección de los políticos con el inveterado argumento de la “politización de la denuncia o de la acusación” y, en esta forma, se pone a salvo de su enjuiciamiento penal y obstaculiza la lucha contra la corrupción. En estos casos, la inmunidad promueve la corrupción, por lo cual sería conveniente que las autoridades reflexionen en la reducción del número de beneficiarios de la inmunidad y en que los procedimientos de la suspensión de la inmunidad sean más sencillos y transparentes. También es conveniente que los ciudadanos se reflexionen en la anulación del dogma de que los políticos se protegen entre ellos mismos.

Aún no observamos en nuestro país que un servidor público, denunciado por actos de corrupción o de violación de los derechos humanos, en forma voluntaria se despoje de su inmunidad y se someta a la investigación, el encausamiento y el enjuiciamiento. En esta forma, el corrupto público se convierte en un impune. Combatir la corrupción de alto nivel es también combatir la impunidad.

Un servidor público no es un servido por el público, sino que trabaja para el pueblo y no para sus intereses personales. Los servidores públicos que ocupan los altos cargos de la administración pública no sólo deben tener capacidad y preparación académica requerida, sino también mostrar ética y una gran responsabilidad.

Decíamos al inicio que la transparencia es la enemiga natural de la corrupción, pero también es necesario agregar que la transparencia es el requisito fundamental para mejorar la democracia.





A discusión el ajuste de salario mínimo legal para 2018

14 01 2018

Presentación1

El jueves 11 de enero de este año se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo para determinar la tasa de ajuste anual del salario más bajo que las empresas están autorizadas por el Estado a pagar a sus trabajadores. Aunque no estamos de acuerdo con el mecanismo de ajuste de este salario, debemos respetar y acatar el imperio de la ley. En nuestra opinión, el ajuste salarial nominal o en córdobas corrientes debería estar indexado al índice de carestía de la vida, o sea, la tasa de inflación de los precios al consumidor; por su parte, el salario real o en precios constantes debería ser ajustado con la productividad o la productividad laboral, o sea, la cantidad de producción que aporta un trabajador promedio en un tiempo determinado, que en nuestro caso es un mes. En Nicaragua, no existen salarios mínimos por hora o por día legalmente establecidos.

El problema estructural del mercado laboral: el subempleo

De 918,668 personas ocupadas que cotizaban la seguridad social en septiembre de 2017, 363,581 personas devengaban el salario mínimo. Estas personas representaron aproximadamente el 10% de la población económicamente activa, o el 13% del total de ocupados plenos (que trabajan 8 horas diarias), o el 40% del total de trabajadores que laboran en la economía formal o que cotizan la seguridad social.

De acuerdo con datos oficiales, el subempleo afecta al 43.7% del total de ocupados (plenos y no plenos, que incluyen a los que laboran al menos 1 hora diaria, tal como lo expresara el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes). Estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) arrojan que aproximadamente 1 millón 436 mil personas estaban subempleadas en 2017, es decir, las personas que trabajan menos de 8 horas diarias y las personas que tienen un salario menor que el salario mínimo, aunque laboren 8 horas diarias.

Desde el año de 2015, los datos oficiales no muestran el número de personas que integran la población económicamente activa del país, mucho menos el total de ocupados plenos y no plenos. Aún con esta limitación de falta de acceso a la información pública, podemos auxiliarnos con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014 para concluir, groso modo, que al menos el 60% de las personas subempleadas, es decir, 861 mil 312 personas, tuvo un salario menor que el salario mínimo legal en 2017.

El salario mínimo legal y la canasta de consumo básico

Entre enero de 1991 y diciembre de 1996, durante la administración de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro, el promedio simple del salario mínimo legal mensual de las actividades económicas -en adelante denominado salario mínimo- permaneció congelado en el nivel de C$233, con una cobertura sobre el costo de una canasta de bienes de consumo para tiempos de guerra que bajó de 39% a 19%. La tasa de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) fue igual a 2,321% en ese período, es decir, los precios se multiplicaron por 24.21 veces.

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En la administración de Arnoldo Alemán, el salario mínimo se elevó 283% al pasar de C$233 a C$893 entre enero de 1997 y diciembre de 2001 y su cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico aumentó de 18% a 44%. La tasa de inflación del IPC fue igual a 51.5% en ese período.

Continuó subiendo 54% el salario mínimo en el transcurso de la administración de Enrique Bolaños desde C$893 en enero de 2002 hasta C$1,330 en diciembre de 2006, e incrementó su cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico de 46% a 49% en ambas fechas respectivamente. La tasa de inflación del IPC fue igual a 44.9% en ese período.

En septiembre de 2007, el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE) publicó una nueva versión oficial de la canasta de 53 productos de consumo básico, compatible con los tiempos de paz que vive el país, la cual incluía 23 alimentos que garantizan la ingesta de 2,455.4 kilocalorías per cápita diario. Los principales aumentos de los volúmenes de consumo se observaron en arroz, frijol, azúcar, aceite comestible, carnes, leche, huevos, queso, tortillas, pinolillo, pan, pastas alimenticias y perecederos de origen agrícola.

Desde enero de 2007 hasta noviembre de 2016, período que corresponde a la administración de Daniel Ortega con tres reelecciones consecutivas, el salario mínimo legal se elevó 302% al pasar de C$1,495 a C$6,009 mientras la tasa de inflación del IPC fue del orden de 101.8%. En otras palabras, los precios al consumidor se han multiplicado por 2 veces y el salario mínimo se ha multiplicado por 4 veces desde que el presidente Daniel Ortega volvió a subir al poder.

El salario mínimo también elevó su cobertura sobre el costo de la anterior canasta de consumo básico hasta 54% en agosto de 2007 y sobre la nueva canasta de consumo básico pasó de 24% en septiembre de 2007 a 46% en noviembre de 2016. A esta última fecha, en una familia nicaragüense se requieren dos personas que tengan el salario mínimo para adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico, cuyo costo mensual fue C$13,187.41 a esa misma fecha.

Una baja correlación entre el salario mínimo y la escolaridad promedio nacional

Presentación1

No existe una fuerte relación lineal entre los salarios mínimos legales y los niveles de escolaridad de la población de los países centroamericanos. El mayor salario mínimo legal lo tiene Costa Rica, con US$514 y su población tiene la mayor escolaridad promedio con 8.7 años de estudio; por su parte, Nicaragua muestra el salario mínimo (promedio simple) más bajo entre los países del istmo, con US$189, y su población tiene la segunda  escolaridad promedio nacional más baja, con 6.1 años de estudio. El coeficiente de correlación entre ambas variables es 0.44

¿Cuál será la tasa de ajuste del salario mínimo legal en 2018?

De acuerdo con la ley, desde junio de 2007 la tasa de ajuste anual del salario mínimo legal debe ser  igual  a la suma de la tasa de crecimiento económico real (de cada sector) más la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) observadas en el año inmediato anterior (?) -usualmente,  adicionan la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es decir, el crecimiento real de la economía-, “hasta llegar a un máximo del cien por ciento de la Canasta Básica” (?). A manera de información, cabe agregar que en noviembre de 2017 el costo de los 23 alimentos básicos participó con el 66% en el costo total de la canasta básica y cabe reiterar que en noviembre de 2017 la cobertura del salario mínimo sobre la canasta básica es 46%.

La proyección revisada del BCN en cuanto al crecimiento del PIB Real de 2017 está en el rango de [4.7%, 5.2%], y la tasa de inflación anual del IPC observada en 2017, según el BCN, fue igual a 5.68%; además, como referencia, la tasa de inflación interanual del costo de la canasta de consumo básico a noviembre de 2017 fue igual a 5.85%, 17 centésimas mayor que la tasa de inflación del IPC. Por consiguiente, con estos datos oficiales se puede inferir que la tasa de ajuste del salario mínimo legal en 2018 se ubicaría en el rango de [10.38%, 10.88%].

Por otro lado, el pronóstico de COPADES del crecimiento económico de 2017, desacelerado por la contracción de la oferta de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, es igual a 5.5%, que sumado a la tasa de inflación anual de 5.68% iguala la tasa de ajuste del salario mínimo en 11.18%. A lo sumo, se puede prever un ajuste máximo de 11%.

Acorde con la ley, sin duda alguna el ajuste del salario mínimo será de dos dígitos. ¿Cuánto? Esperemos la decisión política de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, a cuyos miembros no les deseamos los desgastes políticos que han tenido en años anteriores. Esperemos que empresarios, Estado y trabajadores alcancen un apropiado consenso.





El diálogo político debe ser en Managua, no en Washington

7 01 2018

El escenario macroeconómico de Nicaragua ha resistido desde 2016 el desplome del crédito petrolero de Venezuela, que aún no tiene sustituto, y la pre anunciada “Nicaragua Investment Conditionality Act” (NICA Act) en vías de aprobación en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, a la cual se ha sumado en diciembre de 2017 la aplicación de la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” por parte de la Casa Blanca al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.

La pregunta que está en el aire es hasta cuándo podrá seguir resistiendo la macroeconomía, que está muy bien pero también es muy frágil, al visualizarse más riesgos externos, entre ellos la revisión del DR-CAFTA y el proteccionismo comercial y la política tributaria del gobierno de Estados Unidos, a los cuales se agregan los riesgos internos tales como un mayor endeudamiento público interno para financiar el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y una mayor contracción del dinero (córdobas sin mantenimiento de valor) que circula fuera del sistema financiero nacional, que es la única reacción de la política monetaria para defender la posición de las reservas internacionales administradas por la autoridad monetaria, pero que imprime lentitud al crecimiento económico del país.

La macroeconomía seguirá resistiendo en el corto plazo, un plazo que equivale hasta dieciocho meses y no a un año o menos como se entiende en la administración empresarial, pero ya comienza a sentirse los bandazos con la desaceleración del crecimiento del producto interno bruto (PIB) real desde el tercer trimestre de 2017, resultante de una descalibrada política monetaria restrictiva observada desde mayo de 2016, y con la aceleración de la tasa de inflación en el último bimestre de 2017, que escaló hasta 5.68% al cierre del año por las alzas de los precios de los combustibles y de los alimentos.

Si no llegara a concretarse en Managua un diálogo político, que es urgente para mitigar los efectos de los riesgos que ya está cruzando la economía nicaragüense, en el mediano plazo, o sea entre 19 meses y tres años, se deteriorará la confianza inversionista y caerá el crecimiento económico al menos, en 3 por ciento, similar a la caída que tuvo el PIB Real de Nicaragua en 2009 por la gran recesión económica mundial provocada por la quiebra de la banca de inversión de Wall Street.

Con ese efecto recesivo, el crecimiento del PIB por habitante sería nulo, la subutilización de la fuerza laboral y la pobreza aumentarían, la disminución de los ingresos tributarios obligaría a un recorte del gasto de consumo público y se contraería el crédito del sistema financiero nacional al sector privado. Sin nada más que hacer por el lado de la política monetaria, la intervención de la política fiscal sería efímera.

Para favorecer el ambiente inversionista, el presidente Daniel Ortega debe pasar del silencio al diálogo con las fuerzas políticas del país y, reitero, con un solo punto de agenda: ¿Cómo amortiguar los efectos la NICA Act y la Global Magnitski Act? Sin embargo, desde hace muchos años se ha observado que la principal fuerza de la oposición política del país está integrada por los ciudadanos indiferentes y, por esta razón, el presidente Ortega podría ponderar la posibilidad de convocar a las principales organizaciones de la sociedad civil interesadas en la solución de los problemas políticos e institucionales harto conocidos. Las demandas están puestas sobre la mesa y si no se abordan se exacerbará la incertidumbre económica y se desestabilizará el córdoba. Con la calma macroeconómica ajena al desorden político de hoy, aún no sé cuándo ocurriría esto último.

Por eso, reitero que el diálogo político en Managua es urgente. Para evitar descalabros por los riesgos externos que ya se han puesto en marcha, la solución no la tiene la política económica nacional por sus conocidas limitaciones, peor aún en una economía muy dolarizada extraoficialmente como es la de Nicaragua. Para evitar retrocesos económicos, la solución es exclusivamente política, es decir, está en manos de los políticos.

Es evidente que el problema económico que se está gestando en el país es generado por problemas exclusivamente políticos y los economistas, por el bien de la Nación, estamos obligados a alertar a los políticos en vez de sugerirles políticas económicas; posteriormente, el desarrollo de las acciones que se desprendan de ese diálogo político en Managua podrá facilitar la formulación de políticas efectivas basada en la evidencia. Con el fin de perseguir el interés nacional, que es la tarea de los políticos elegidos por la ciudadanía, serán necesarias la flexibilidad política y una comunicación clara.





9 años y 5 meses protegido por el Estado de Nicaragua

2 01 2018

El presunto delito de injurias y calumnias de Eduardo Montealegre por haberme tildado de defraudador del Estado de Nicaragua dejó ser un delito hipotético al haber sido protegido por la Asamblea Nacional durante 8 años y, posteriormente, al perder su inmunidad que le confería su puesto de diputado, continúa siendo protegido por el Poder Judicial durante 1 año y 5 meses hasta el 2 de enero de 2018, pero cargando el estigma de ser un presunto delincuente a la vista de los nicaragüenses y de organismos internacionales que velan por los derechos humanos, entre ellos la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

También dejaron de ser excusas los problemas técnicos del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua usados como argumentos por los jueces del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García respectivamente, para suspender las audiencias iniciales con fines de preliminar que estaban programadas para el 5 de septiembre de 2016.

Además, ha quedado descubierta la displicencia del Inspector Delegado y superior jerárquico de los dos jueces, Gerardo Rodríguez, al no girar sus instrucciones generales de carácter procedimental a los jueces arriba mencionados, y al ordenar que se archivaran las diligencias de mis quejas.

Cada uno de los miembros Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, han mantenido silencio durante 13 meses frente a mi queja de que los servidores encargados de impartir justicia antes mencionados han obstruido mi acceso a la justicia, y esa actitud pone en evidencia la retardación de justicia en mi demanda contra Eduardo Montealegre.

Continuaré siempre denunciando la protección que ha tenido  Eduardo Montealegre, un violador de los derechos humanos, de parte de dos Poderes del Estado de Nicaragua. El imperio de la ley, que debería ser garantizado por el Poder Judicial, pareciera ser una quimera en muchos casos, entre ellos mi caso que es uno más de los 125 mil casos, como lo expresara públicamente la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Con esto se puede demostrar la prioridad de fortalecer el Estado de Derecho y la certeza jurídica en Nicaragua.