“No hay prisa” para firmar el quinto programa trienal, “no hay ninguna urgencia” para tener un nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo recientemente Bayardo Arce Castaño, asesor económico y financiero del presidente de la República. Son palabras que invitan a reflexionar si “la economía marcha muy bien”, tal como también lo dijera el asesor presidencial o si la macroeconomía está sólida, como diría este servidor, ya que la microeconomía está bastante mal porque, a pesar que la producción de bienes y servicios creció 5.2% en 2012, el desempleo global afectó al 33% de la población económicamente activa del país, el 52% de los ocupados está en el subempleo y el 76% del mercado laboral se caracteriza por la informalidad.
Nicaragua no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional, porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) no puede colocar sus bonos entre inversionistas financieros extranjeros debido al riesgo soberano de nuestro país. Moody’s Investors Service mantiene como “B3 estable” la calificación crediticia de la deuda en moneda extranjera de Nicaragua, es decir un crédito de categoría especulativa que carece de las características de una inversión deseable.
Por ese motivo, la suscripción y la muy buena o la excelente evaluación de un programa económico con el FMI son necesarias para nuestro país, porque facilitarían la contratación de la nueva deuda pública externa concesional o, probablemente, semi concesional para apoyo tanto de la balanza de pagos como del presupuesto nacional, es decir, la obtención de divisas líquidas de libre disponibilidad que continuarían siendo suministradas sólo por el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –el Banco Mundial (BM/IDA) cesó este tipo de cooperación por los problemas de gobernabilidad denunciados por la actual oposición política a partir de noviembre de 2008-. Cabe mencionar que sin el programa económico trienal seguirá fluyendo la cooperación oficial en divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público, tal como se observó en 2012.
Por otro lado, observo que la estabilización macroeconómica de nuestro país continúa siendo bastante frágil, aunque fue calificada excelentemente por el FMI al concluir el cuarto programa económico trienal en diciembre de 2011 y como se calificarán también los resultados macroeconómicos de 2012 con la conclusión de la Consulta del Artículo 4 de este año. Veamos algunos ejemplos del porqué esa fragilidad.
Del actual saldo de las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) de 1 mil 873 millones de dólares, el 60% es del sector público, el 31% es del sector privado (un monto volátil) y el 9% es del FMI (un monto intocable). Ese saldo de reservas internacionales es igual a 2.64 veces el saldo de la base monetaria, que es 44 centésimas mayor que la condicionalidad establecida con el FMI gracias a la persistencia de una tasa de encaje efectiva de 17% del saldo de los depósitos en dólares del sistema financiero nacional, o sea, 5 puntos porcentuales por arriba de la tasa de encaje legal diaria. El aumento de las reservas internacionales brutas del BCN por ese sobre encaje en moneda extranjera ha sido de 48 millones de dólares en el transcurso de este año, pero está acompañado de una caída de 56 millones de dólares en las reservas internacionales propias del sector público en el mismo lapso.
Prosiguiendo el ejemplo anterior, la condicionalidad de la estabilización macroeconómica también se aseguró con la reducción de 762 millones de córdobas del saldo de la base monetaria mediante la colocación neta de Letras Estandarizadas que subasta el BCN; en otras palabras, la autoridad monetaria nos ha endeudado en 31 millones de dólares para mantener estables el tipo de cambio y la baja presión inflacionaria (de un dígito). Además, en el primer cuatrimestre de este año el BCN arrojó pérdidas parciales equivalentes a 4 millones de dólares por su gestión de garantizar la estabilización macroeconómica observada en 2012, ya que casi el 80% de esa pérdida corresponde a gastos financieros pagados por la emisión del Letras del BCN.
Otro ejemplo es que tuvimos un presupuesto casi equilibrado en 2012 al registrarse un 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en concepto del déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, pero en el primer bimestre de este año dicho déficit fiscal es equivalente a 62 millones de dólares mientras que en el primer bimestre de 2012 se registró un superávit de 21 millones de dólares. Por supuesto que el ansiado equilibrio presupuestario se logró, con el aval del FMI, mediante el registro de la asistencia financiera de Venezuela como una deuda privada externa, pero si el préstamo del convenio petrolero con el país sudamericano se registrara en el presupuesto nacional –no debemos olvidar que el petróleo es un bien público-, dicho déficit en 2012 hubiese sido del orden de 6% del PIB y nos habría sacado del intento de suscribir el quinto programa económico trienal con el FMI. No tendríamos la expectativa de una excelente calificación del FMI en la gestión macroeconómica de 2012.
Bastan esos tres ejemplos macroeconómicos –aún hay más- para demostrar la fragilidad del equilibrio macroeconómico de nuestro país, por lo cual estimo que deberían iniciarse pronto las discusiones entre los representantes gubernamentales y del FMI en torno al quinto programa económico trienal, con el fin de consolidar la certidumbre, mejor dicho la confianza, de los inversionistas domésticos y extranjeros en colocar su capital en Nicaragua. No olvidemos que los recursos de la inversión extranjera directa están sustituyendo a los recursos de la cooperación externa.
Aunque comparto la idea que la política económica no debe formularse a prisa, considero que existe cierta urgencia en identificar esa política para los próximos tres años por el riesgo de una desaceleración económica mundial, la cual podría agudizarse en la Eurozona y en Estados Unidos durante el segundo semestre de este año. Además, cabe reiterar, tal como lo planteé públicamente desde inicios de este año, que no observo riesgos de corto plazo en la asistencia financiera de Venezuela.
Sin duda alguna, el crecimiento económico de Nicaragua desacelerará en este año por los efectos de la roya y el “descanso” del cafeto en la cosecha del ciclo agrícola 2013/2014 y por el muy probable anémico crecimiento de la economía estadounidense. Esta es otra razón para no dejar la discusión del quinto programa económico trienal con el FMI probablemente hasta finales de este año, como lo dijera el asesor presidencial.
Por último, en las filas gubernamentales no deberían obviar que las reformas estructurales de la economía nicaragüense demandan financiamiento para ser implementadas, y ese financiamiento puede ser obtenido con bastante probabilidad en el BM/IDA y el BID, pero para obtenerlo se requiere tener un programa suscrito con el FMI, que se necesita con cierta urgencia de cara a la ejecución en el mediano plazo de la reforma tributaria, la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, las reformas para elevar la productividad de las actividades económicas y la competitividad empresarial, la reforma del marco financiero de la actividad de energía eléctrica, la reforma de la ampliación de la cobertura y de la calidad de la educación primaria-secundaria-técnica, la reforma para fortalecer la regulación y la supervisión del sistema financiero nacional sobre la base de los Principios de Basilea III, y la reforma esperada desde inicios de este siglo de la política cambiaria para reducir la sobrevaluación del córdoba con los objetivos de promover el esfuerzo exportador, desestimular las importaciones y disminuir el déficit comercial externo del país.
El asesor presidencial Bayardo Arce Castaño debe prever la ocurrencia de los problemas económicos y financieros, y proponer anticipadamente políticas públicas para buscar las soluciones correspondientes. En esta tarea, el asesor presidencial debería evitar aquel mal ejemplo que nos diera el diputado Gustavo Porras en enero de este año, cuando dijo que el INSS estará en quiebra hasta el 2021 por lo que la discusión de la reforma del INSS no debe ser ahora sino hasta 2020.