El desahorro en tiempos de crisis

27 09 2020

Hace pocos días, un periodista me preguntó si las familias han incrementado sus niveles de ahorro por la incertidumbre que ha generado tanto la crisis política del 18 de abril 2018 como la crisis sanitaria mundial desde el 18 de marzo de 2020, fecha en que las autoridades gubernamentales indicaron la presencia de COVID-19 en el país.

La población sabe, con base en datos oficiales publicados y mencionados por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, que el volumen de la producción anual de bienes y servicios ha caído durante el trienio 2018-2020. En el sector real de la economía, se entiende como ahorro la parte de la producción que no se consume, por lo cual el ahorro es igual a la inversión.

Al caer la producción, cae el ingreso real (sin incluir la inflación) de los agentes económicos, o sea, disminuyen los ingresos de las familias (salarios y prestaciones laborales), de los productores (utilidades) y del gobierno (impuestos). También cae el gasto real (siempre excluyendo la inflación) de los agentes económicos en el mercado interno, es decir, cae tanto el consumo de los hogares como la inversión en construcción, maquinaria y formación de inventarios en las empresas.

¿Cuál sería el nivel de ingresos de las familias nicaragüenses que le facilitaría la formación de  ahorro?

Con base en la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, la última disponible cuya metodología está avalada por el Banco Mundial, el 61.6% de las familias con todos sus ingresos podía adquirir solamente los 53 productos de la canasta de consumo básico. El rango de esos ingresos por percentiles de los hogares, en términos promedio mensual dolarizados, se elevaba desde US$47.92 para el percentil 1 hasta US$453.34 para el percentil 65. En otras palabras, el 61.6% del total de familias en el país tenía la incapacidad de ahorrar en 2014.

Sobre el supuesto de que sólo las familias del país con un nivel de ingreso promedio mensual de US$1,000 o más tuviesen capacidad de ahorro, podemos concluir que sólo el 10.1% del total de familias podrían ahorrar en una entidad financiera o guardar el dinero “debajo del colchón” como decimos los economistas, pero con el riesgo de perderlo. 

Con datos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), podemos observar que al 31 de agosto de 2020 el total de los depósitos de ahorro y a plazos valorados en córdobas, tanto en moneda local como en moneda extranjera en las entidades bancarias radicadas en el país, han caído 19.6% con respecto al saldo de dichos depósitos al 31 de marzo de 2018; esos depósitos valorados en dólares muestran una reducción de US$987 millones, al pasar de US$3,604 millones a US$2,617 millones en el mismo orden de las fechas arriba mencionada.

Sin embargo, al incluirse los depósitos en cuenta corriente, la caída del saldo total de los depósitos en las entidades bancarias es más pronunciada en moneda extranjera que en moneda local.

Entre las dos fechas antes mencionadas, el saldo total de los depósitos en moneda extranjera cayó US$1,170 millones, al pasar de US$4,048 millones a US$2,877 millones, pero cabe recordar la fuga de casi US$1,300 millones de los depósitos en dólares que se observó entre abril de 2018 y marzo de 2019. Por su parte, el saldo total de los depósitos en moneda local, incluyendo los de cuenta corriente, disminuyó C$7,105 millones (equivalentes a US$346 millones), al pasar de C$45,099 millones (equivalentes a US$1,447 millones) a C$37,993 millones (equivalentes a US$1,101 millones)

Consecuentemente, en Nicaragua existe un bajo nivel de bancarización, porque el saldo total de los depósitos del público representó el 31% del producto interno bruto (PIB) en 2017, y a pesar de que el PIB anual muestra un descenso continuo y de dos dígitos porcentuales en los últimos tres años, la bancarización también ha disminuido a 29% en 2019.

Al caer el principal pasivo de los bancos (o los depósitos del público), también cayó el principal  activo de los bancos (los préstamos otorgados al público). Entre las mismas fechas ya indicadas, el saldo de los préstamos en moneda extranjera, tanto en dólares como en córdobas con mantenimiento de valor, o sea, un saldo totalmente dolarizado, se redujo US$1,850 millones al pasar de US$5,191 millones a US$3,341 millones.

En conclusión, la fuerte caída del ahorro de casi 1 mil millones de dólares entre marzo de 2018 y agosto de 2020 se explica por la incertidumbre política y la creciente tasa de desempleo y subempleo exacerbada por COVID-19. Además, las personas han sacado sus ahorros de la banca por miedo a perderlos.

El gasto de consumo de las familias no ha disminuido por el confinamiento de la población, una medida que no se aplicó en el país para que la población evitara el riesgo del contagio de COVID-19. El gasto de consumo cayó por el aumento del desempleo, la reducción de los ingresos y la dificultad de las personas para obtener préstamos de consumo.

Además, el 10.1% de las familias del país que tiene capacidad de ahorro, se ha visto obligado a ahorrar de forma preventiva por el riesgo de la incertidumbre y la pérdida del empleo, que podría ser impulsado por una repentina propagación de COVID-19. Cualquier ahorro preventivo, mantenido “debajo del colchón”, puede explicarse con el temor de la población a perder sus puestos de trabajo, ya que las expectativas sobre la tasas de desempleo esperadas podrían ser mayores que la tasa de desempleo real de este momento.

En conclusión, los factores más relevantes que empujan a la baja al saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en Nicaragua son la caída de los ingresos, provocados por el conflicto político y el “shock de oferta” de COVID-19, y por la desigualdad de la distribución del ingreso, un problema estructural de antaño.





La histéresis del desempleo

20 09 2020

Si las políticas que deprimen la economía a corto plazo también provocan un daño más duradero se les atribuye el nombre de “histéresis”.

Por ejemplo, los períodos prolongados de elevado desempleo, por supuesto incluyendo entre los desempleados a todas las personas que trabajan diariamente al menos 1 hora y a lo sumo menos de las 8 horas diarias establecidas en el Código Laboral, podrían elevar la tasa de desempleo natural o de pleno empleo, que en el caso de Nicaragua puede ser fijada en el nivel de 5%, es decir, la significación estadística de una distribución normal con 95% de confianza. Este fenómeno es conocido como histéresis del desempleo.

Las principales causas de esta histéresis es que los desempleados podrían acostumbrarse a no trabajar y buscar trabajos esporádicos, o podrían dejar de buscar trabajo y pasar a formar parte de la población económicamente inactiva (PEI). Los empresarios pueden agravar este problema al creer que si una persona permanece más tiempo desempleada es muy probable que carezca de la energía o de la titulación necesarias para trabajar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en 2019 aproximadamente el 47% de los ocupados estaba subempleado. Interesa el dato de la tasa de subempleo como porcentaje de la población económicamente activa (PEA), pero desde 2015 no se publica el indicador de la PEA de Nicaragua. Una persona está subempleada si trabaja menos de las horas establecidas por semana por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas, o si trabajando más de las horas establecidas devengan un salario menor que el salario mínimo legal.

El mercado laboral de Nicaragua, además de haber sido afectado por la crisis política de abril de 2018, continuó deteriorándose con el impacto de COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), el desempleo y el subempleo aumentaron y el sector informal creció al aumentar el porcentaje de las personas ocupadas que trabajan en empresas que no tienen registros contables. La subutilización de la fuerza laboral del país, o sea, el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, se elevó en 317 mil personas en 2018 y 2019 y se agregarían 198 mil personas más en 2020, por lo que el ejército de desempleados, tanto abiertos como equivalentes resultantes del subempleo, oscilaría alrededor de 1 millón 270 mil personas en este año.

En orden de importancia, siempre con base en datos de COPADES, las actividades económicas que reflejan las mayores tasas relativas de reducción de empleo son: construcción, servicios financieros, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y servicios comunales y personales. No es muy alta la tasa de caída del empleo en la industria manufacturera y es casi nula la correspondiente a las actividades agropecuarias.

En 2017, según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el 26% de la PEA constituyó el sector formal del mercado laboral, o sea, 818,396 trabajadores cotizaron la seguridad social, y ese porcentaje podría haber disminuido, según COPADES, hasta 22% en 2019 y 18% en 2020. Por su parte, el salario promedio nacional permanece congelado desde diciembre de 2018, excepto el salario mínimo que fue ajustado en marzo de 2020, mientras que la inflación acumulada desde enero de 2019 hasta junio de 2020 fue 7.45%.

Este retrato del mercado laboral de Nicaragua es totalmente contradictorio con la fantasía de que la recuperación económica del país tendrá una forma de V, como lo han dicho economistas gubernamentales desde el año pasado.

La productividad, la demografía, la investigación básica y la educación son variables que impulsan el crecimiento económico, a lo cual se adicionan el respeto a la propiedad privada, los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, en estos momentos algunas actividades económicas del país no pueden operar por razones no económicas, lo que se puede ejemplificar con el “shock de demanda” causado por COVID-19. La caída de los ingresos se ha concentrado en las actividades económicas antes señaladas, y esa caída puede extenderse a otras actividades económicas por razones no relacionadas con la amenaza de COVID-19, o sea, los consumidores y los inversionistas ahorran en tiempos de incertidumbre por fines precautorios, es decir, para realizar gastos no predecibles al no saber qué ingresos tendrán en las siguientes semanas o en los meses próximos.

El crecimiento en forma de V implicaría un rápido retorno a los niveles de ingresos de 2017, según los economistas gubernamentales. Sin embargo, en un escenario óptimo cuando haya dos o tres vacunas eficaces para ser aplicadas a la población de todo el mundo a partir de 2021, que es una tarea que podría durar al menos tres años según los expertos, el crecimiento económico posterior a la pandemia tardaría muchos años para cumplir con la definición moderna de recuperación económica, que sería un retorno al ingreso interno bruto per cápita promedio anual de US$2,182 registrado en 2017 y que en 2020 estaría retrocediendo al nivel de US$1,761, similar al observado en 2013.

En otras palabras, la economía nicaragüense estaría retrocediendo 8 años en 2020, como consecuencia de una crisis política interna y una crisis sanitaria mundial que estarían transformando una recesión en una depresión económica al concluir este año. Con las crisis económicas internacionales, ahora con una pandémica, los países menos desarrollados como Nicaragua sufren bastante al tener que enfrentar a COVID-19 con menos recursos, por lo cual existe una alta probabilidad de que enfrentemos una década perdida de desarrollo.

En esta recesión económica prolongada de Nicaragua, que ha durado 3 años y está transformándose en una depresión económica a partir de 2021, la política macroeconómica gubernamental ha evitado una crisis de deuda pública e inflación, una muy dura experiencia que vivió el país en la década de los ochenta del siglo pasado al tener la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX con una duración de 4 años, desde abril de 1987 hasta abril de 1991.

Hoy, después de casi 3 años de crisis política, COVID 19 nos conduce a una crisis de la depresión económica y el desempleo, la cual, acompañada de las sanciones financieras internacionales aplicadas al país con la NICA Act, que impactan principalmente la inversión pública en infraestructura económica y social, acelerará la tasa de caída de la producción de bienes y servicios, y las tasas de aumento del desempleo y el subempleo y del índice de pobreza que ya está acusando un retroceso de 6 años.





A 50 años de la Friedmanización de la economía

13 09 2020

El 13 de septiembre de 1970, hace 50 años, la revista The New York Times publicó un artículo escrito por el profesor Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976 -el primer economista de la escuela de Chicago en ganarlo-, titulado “La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias”, un manifiesto de gobierno corporativo que, al no tener presente o, al menos, mantener al mismo nivel la responsabilidad social para mejorar el bienestar de la población o de las comunidades, ha dejado en Estados Unidos grandes desigualdades económicas, raciales, educativas, sanitarias y, más grave, el cambio climático, todo lo cual ha quedado al descubierto por COVID-19 para que todos las veamos.

La doctrina de Friedman se opuso a la regulación del gobierno, al señalar que cualquier acto virtuoso de las empresas más allá de lo que exige la ley es una tontería tonta, insiste, pero, según él, casi cualquier intento del gobierno de regular los negocios es el comienzo del fin de la libertad y la democracia.

Esta versión del “capitalismo de libre mercado” se amplió y consolidó en la década de los ochenta, influyó en una generación de ejecutivos y líderes políticos, sobre todo Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y continuó hasta la crisis de la recesión económica mundial de 2008, cuando quebró la banca de inversión de Wall Street, pero ningún banquero estuvo preso. Ahora, líderes políticos y empresariales, académicos e inversionistas han adoptado “el capitalismo de las partes interesadas”, cuya base es la gobernabilidad y abarca el medio ambiente y la política social, que fue tomado en cuenta por el Foro Económico Mundial del Nuevo Paradigma y, en 2020, por el Manifiesto de Davo.

Una de las actuales voces de la economía mundial más reconocidas, como es la del profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, ha insistido desde hace muchos años, incluso frente a Friedman, que “en presencia de mercados de riesgo imperfectos e información incompleta, es decir, siempre, las empresas que buscan la maximización de ganancias no conducen a la maximización del bienestar de la sociedad”, explicando “lo que estaba mal de la conjetura de la mano invisible de Adam Smith, que decía que la búsqueda del interés propio conduciría, como por una mano invisible, al bienestar de la sociedad.”

Para el profesor Stiglitz, “la posición de Friedman se basa en una concepción errónea tanto de la economía como del proceso político democrático. Sí, en un mundo ideal, el Congreso aprobaría una legislación para garantizar que, de una forma u otra, los beneficios privados y los beneficios sociales de cualquier actividad empresarial estuvieran perfectamente alineados. Pero en una democracia en la que el dinero importa, claramente cierto en este país (Estados Unidos), es de interés privado para las corporaciones hacer lo que puedan para asegurarse de que las reglas del juego sirvan a sus intereses y no a los intereses del público en general. Y a menudo tienen éxito.”

Los seguidores de Friedman influyeron grandemente al gobierno y a la comunidad empresarial de Estados Unidos. Menospreciaban el papel del gobierno, pero reducían grandemente los impuestos netos de subsidios pagados por las corporaciones, y socavaban las protecciones legislativas contra los excesos del capitalismo sin restricciones, tales como la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la Ley de Salario Mínimo, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y las regulaciones antimonopólicas.   

Revertir el paradigma de Friedman es una tarea urgente en la que las empresas deben adoptar una responsabilidad con las partes interesadas y la sociedad. Entre las metas de dicha adopción, que sean tangibles y articuladas públicamente, se pueden incluir el pago de salarios dignos a sus trabajadores -hoy no muy bien llamados “colaboradores”-, promover la educación técnica y la equidad salarial, respetar el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato, promover la inclusión de género, mejorar los protocolos de seguridad -ahora a prueba por COVID-19-,  reducir las emisiones de carbono, proteger los recursos naturales y cuidar el medio ambiente.

Al comprometerse con los objetivos de una ciudadanía responsable, las empresas permiten que las partes interesadas, los inversores institucionales y el público los hagan responsables de sus ideales inclusivos. Al hacerlo, los líderes corporativos también darán un ejemplo que se debe exigir a los inversores institucionales que sigan sus propias políticas de inversión.

Sin embargo, la adopción de un modelo de gobernabilidad centrado en las partes interesadas es sólo una parte de la tarea. Los líderes empresariales deben demandar el restablecimiento de reglas del juego justas por parte del gobierno; respetar la necesidad de instituciones públicas sólidas para gobernar una sociedad compleja; pagar su parte justa de impuestos; y dejar de usar fondos corporativos para distorsionar el proceso político de nuestra nación, pero apoyar a los candidatos cuyas opiniones sobre temas como la desigualdad de género, la desigualdad de la distribución del ingreso, el cambio climático y la justicia para los trabajadores sean consistentes con los valores declarados de las empresas corporativas.

Países de economía avanzada, como Alemania, Holanda y los nórdicos, no se abrazaron con la Doctrina Friedman y hoy muestran una menor inseguridad económica, una mayor igualdad y una mejor respuesta a la pandemia del COVID-19. Los empresarios deben prestar atención a estas lecciones de la historia y ayudar a restablecer el objeto de la Economía y la igualdad y la justicia social, o sea, adoptar un capitalismo que funcione para muchos y no para pocos.

Las empresas exitosas operan en algún lugar en el amplio rango entre el punto de equilibrio y la rentabilidad máxima absoluta, por lo que siempre ha existido un margen para ser un poco innecesariamente justo y responsable: aceptar márgenes de beneficio ligeramente más pequeños para cumplir con las obligaciones implícitas a los empleados, clientes, comunidades, la sociedad en general.

Como economista, influenciado por John Maynard Keynes y Paul Samuelson, siempre he sido de la opinión que junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado.





Los bancos y las dos crisis de Nicaragua

6 09 2020

Es muy poco probable un retorno rápido de la economía nicaragüense a su nivel registrado en 2017, último año de crecimiento positivo importante en condiciones normales. Sería un escenario demasiado optimista, sin tomar en cuenta la versión moderna de la recuperación del ingreso promedio anual per cápita de ese año que fue US$2,182 y que al terminar el año en curso habrá disminuido, según Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), hasta US$1,811, muy aproximado al registrado en 2012. Se han acumulado ocho años de retroceso económico.

Comenzaremos a transitar de nuevo en una década perdida de crecimiento económico -y aún no hemos tocado las puertas del desarrollo económico-. Las familias están consumiendo menos y los empresarios están invirtiendo menos, debido a la incertidumbre actual sobre COVID-19 y sus efectos de largo plazo sobre la productividad, el empleo y la política, esta última orientada a la normalización de las condiciones económicas de la población y a la reducción de los problemas de la desigualdad. Salir de la recesión provocada por COVID-19 será una tarea muy ardua. A lo anterior, se suman los efectos de la crisis política interna de abril de 2018, no menos importante por la desconfianza entre los agentes económicos, y que aún no ha sido resuelta.

En marzo de 2020, COVID-19 agravó la situación en que se encontraba la industria bancaria de Nicaragua desde abril de 2018: las utilidades disminuyeron a pesar de que los márgenes de las tasas de interés fueron más altos, los  préstamos en riesgo aumentaron, y los depósitos se redujeron. La entidades bancarias son un indicador importante de la economía, pero ésta se encuentra en una recesión que se transformará en una depresión a finales de este año.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF), los seis bancos comerciales del sector privado radicados en Nicaragua tuvieron una reducción de sus utilidades netas de 50% en julio de 2020 con respecto al mismo mes de 2017, que se aceleró por los efectos de la pandemia mundial de COVID-19 tras haber caído 25% anual en diciembre de 2018 por el impacto de la crisis política interna y por los efectos de la reforma tributaria de febrero de 2019.

La tasa de rentabilidad neta sobre el capital del sistema bancario se desplomó de 24.0% en julio de 2017 a 10.5% en julio de 2020. 

Debido a los impactos de las dos crisis, los bancos han tenido que crear grandes provisiones o fondos apartados de las ganancias contra préstamos de dudosa recuperación que vienen detrás de una recesión económica continua y prolongada. Esas provisiones han aumentado 82%, al pasar de C$3,660 millones en diciembre de 2017 a C$6,653 millones en julio de 2020.

Por su parte, el saldo total de la cartera de préstamos vencidos, reestructurados, reprogramados y en cobro judicial, o cartera en riesgo, como porcentaje de la cartera de crédito total saltó de 2.8%  en diciembre de 2017 a 15.9% en julio de 2020.

Aunque no es el momento adecuado para propiciar estímulos para la recuperación de la economía, porque no se ha resuelto el problema político interno y el mundo no dispone de una vacuna contra COVID-19, los préstamos de los bancos comerciales no han sido generosos al elevar el costo del dinero en plena recesión económica, al pasar la tasa de interés activa de 11.07% en diciembre de 2017 a 12.78% en julio de 2020, mientras que la tasa de interés pasiva se  mantuvo casi estable al subir levemente de 2.74% a 2.92% en las mismas fechas respectivamente. El margen de las tasas de interés, o sea, la diferencia entre el interés cobrado y lo que se paga por los fondos, que es un indicador clave de la rentabilidad bancaria, se incrementó de 8.33% a 9.86%, por lo cual no se estimuló la demanda de crédito ni el desempeño productivo de las actividades económicas.

Aunque la SIBOIF autorizó a las entidades bancarias que difirieran los reembolsos de los préstamos de los prestatarios clasificados como A y B hasta un plazo máximo de seis meses, los bancos no redujeron las tarifas de servicios bancarios ni extendieron préstamos a prestatarios riesgosos.

La fuga de los depósitos en moneda extranjera por US$1,300 millones entre abril de 2018 y marzo de 2019 también afectó la cartera de préstamos de las entidades bancarias y la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN).  La cartera de préstamos se redujo 27% al caer desde C$158,236 millones en diciembre de 2017 hasta C$115,750 millones en julio de 2020, mientras que entre esas mismas fechas los depósitos del sistema bancario disminuyeron C$27,148 millones en ese mismo período y totalizaron C$133,571 millones en julio de 2020.

El entorno económico mundial o de los países con economías avanzada, emergente y en vía de desarrollo tiende a caracterizarse por bajas tasas de interés, baja tasa de inflación, alta tasa de desempleo, lento crecimiento económico y baja productividad. ¿Podrán los bancos comerciales tener un desempeño alineado con la reactivación de la economía nacional o ser más lentos? Cabe recordar que COVID-19 también transformó la política macroeconómica.

La SIBOIF, con el apoyo del BCN, no se ha pronunciado con un mensaje clave al respecto. Sin embargo, la banca comercial podría ayudar a reactivar y respaldar la economía real, es decir, la oferta agregada (producción e importaciones) y la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones), para poder sobrevivir una vez controlado o desaparecido el coronavirus.

Las recesiones prolongadas en los países de bajos ingresos como el nuestro corren el riesgo de una epidemia de crisis de deuda pública e inflación. Tenemos que evitar este probable escenario económico. La banca comercial puede ser un sujeto activo en la ejecución de un paquete de estímulo nacional masivo. Para que el Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua vuelva a crecer se requerirá que las tasas de interés disminuyan para estimular la demanda de crédito y que el gasto público, mejor dicho, la inversión pública, aumente la ocupación y los ingresos.