Debemos buscar la normalización de la economía

25 04 2021

Durante el último trienio de caída de la economía de Nicaragua, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) han sido las más afectadas, y es bastante probable que sus cifras de producción no están contando la historia completa de la actual recesión económica nicaragüense, que no fue causada por problemas económicos sino por los problemas políticos de abril de 2018, una pandemia mundial de marzo de 2020 y dos huracanes que golpearon el norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en noviembre de 2020.

Aunque desconozco si en Nicaragua han variado los parámetros de clasificación de las empresas por su tamaño, podemos considerar que una microempresa tiene entre 1 y 5 trabajadores, un capital de hasta C$2 millones y un monto anual de ventas hasta C$1 millón; por su parte, una pequeña empresa contrata entre 6 y 30 trabajadores, posee un capital hasta C$1.5 millones y genera ventas anuales hasta C$9 millones; por otro lado, una mediana empresa tiene una planilla de empleo entre 31 y 100 personas, con un capital hasta C$6 millones y un valor anual de ventas de C$40 millones. Si los tres parámetros de clasificación del tamaño empresarial superan a los de las medianas empresas, se entiende que el tamaño de la empresa es grande.  

De acuerdo con algunos análisis económicos que hemos realizado en el pasado, el 40% del producto interno bruto (PIB) es generado por las microempresas y las pequeñas empresas, cuyo número representa aproximadamente el 80% del total de empresas radicadas en el país. Cabe señalar que el 60% del PIB está en manos de las medianas y grandes empresas, y éstas participan con el 20% en el total de empresas.

Sin embargo, el problema estructural del mercado laboral, como es el del subempleo, es mucho más visible en las microempresas, producto de una incipiente tecnología y una insuficiente educación técnica, es decir, de una baja productividad, y más del 60% de los ocupados labora en unidades de producción que no tienen registros contables, no pagan el impuesto sobre la renta ni cotizan la seguridad social. El COVID-19 cerró muchas empresas, especialmente en las actividades de servicios, y creo que a la fecha no se dispone de un estudio que evalúe el impacto de los tres problemas extraeconómicos sobre las MIPYMEs.  

Las estadísticas de la producción de bienes y servicios y las de los precios al productor y al consumidor están deformadas por los “efectos de base”, o sea, porque las cifras económicas de ahora se están comparando con las profundidades a las que nos han llevado las tres causas exógenas a la economía citadas a la entrada de este artículo.

La subida de la producción y de la inflación serán pronunciadas o se acelerarán en 2021 debido a que se están comparando con los meses y los trimestres de 2020, cuando la economía ya estaba deprimida y golpeada por el COVID-19, y también debido a que la demanda agregada comienza a aumentar en este año, al iniciarse la ejecución de los programas y proyectos que incrementarán el gasto de consumo y el gasto de capital del sector público, y que están siendo financiados por la reciente cooperación de las instituciones financieras internacionales, en concepto de asistencia humanitaria, para que el gobierno pueda enfrentar los daños causados por el COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.

Las cifras del crecimiento económico y de la tasa de inflación disminuirán en el transcurso de 2022, pero esa tendencia no amenazrá a la economía porque no serán señales de una nueva recesión, sino de la normalización de los niveles de producción y de precios, que en nuestro caso corresponden a los del año de 2017, y hasta después de que se restablezca esa normalidad se podría emprender una vigorosa estrategia económica que acelere tanto el crecimiento del índice mensual de actividad económica como la reducción del índice de pobreza. Todo esto presupone la solución del problema político, el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 y la protección de la población afectada por el cambio climático.

Los políticos deberían preocuparse de restablecer no los volúmenes de producción máximos históricos, que como dijimos corresponden a los del año de 2017, sino de los niveles de producción o de ingreso por habitante para restablecer efectiva y rápidamente el nivel de bienestar de la población nicaragüense. Si tomamos en cuenta las cifras del PIB y de la población del país recién publicadas por el Banco Central de Nicaragua hasta el año de 2020, el PIB per cápita promedio anual cayó de US$2,156 en 2017 a US$1,914 en 2020, y este último valor es muy parecido al registrado en 2014, que fue igual a US$1,917.

En conclusión, hemos retrocedido 6 años en bienestar económico. Todo esto se vuelve más complicado con las reformas estructurales que se necesitan no sólo para reducir la inequidad en la distribución tanto del ingreso como de la carga tributaria, sino tambien para elevar la productividad laboral o de la economía que es necesaria principalmente en las microempresas y pequeñas empresas del país.

En Nicaragua no ha habido una expansión monetaria excesiva, por lo que el riesgo de una alta inflación no está a la vista, como sí lo está el riesgo del desempleo. Continuando con los datos del BCN, la base monetaria, compuesta principalmente por la emisión de dinero, se ha reducido C$2,651 millones en el primer trimestre, después de haberse expandido C$9,137 millones en el último bimestre de cada año por la estacionalidad de la demanda de dinero.

El profesor Milton Friedman, el gran economista monetarista, dijo que “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, pero el BCN continúa manteniendo una política monetaria contractiva que garantiza la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación. Al 31 de marzo, el medio circulante o dinero ha disminuido levemente, 0.71%, con respecto a su saldo observado a finales del año pasado, pero a finales de marzo de este año ya estaba influenciado por otra alza estacional de la demanda de dinero que se observa por las vacaciones de Semana Santa. Es fácil pronosticar que la contracción monetaria continuará hasta octubre próximo.

En conclusión, reitero que la recesión de la economía nicaragüense, inducida principalmente por el problema político nacional de 2018 y por el problema sanitario mundial de 2020, está incidiendo en que muchas cifras actuales parezcan ser muy elevadas o bastante anormales, y aparentemente no brindan suficiente información sobre el entorno de la producción y la inflación en 2022. Pero no olviden los “efectos de base”, por lo cual sería mejor tomar en cuenta la tasa de inflación mensual o la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre de 2020 al mes en curso en 2021), antes de preocuparnos con la tasa de inflación interanual (del índice de precios al consumidor del mes en curso con respecto al índice de precios del mismo mes del año pasado).  





No temamos a la inflación de este año

18 04 2021

En marzo y abril de 2020, y luego en agosto y septiembre de ese año, se registraron tasas de deflación mensuales o de caída mensual del índice de precios al consumidor (IPC), en vez de una tasa de inflación o de aumentos de los precios al consumidor.

Desde el inicio de este año, se ha comenzado a observar una aceleración de la tasa de inflación: en términos interanuales, o sea, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, la tasa de inflación en ese período fue 4.11%, muy parecida a la de marzo de 2020 que fue igual a 4.42%, mes en que se anunció oficialmente la presencia de COVID-19 en Nicaragua.

Sin embargo, los problemas del desempleo y del subempleo se agravaron: desde que surgió el coronavirus en el país hasta diciembre de 2020, en el sector formal de la economía se destruyeron 19,404 puestos de trabajo, pero desde que surgió el conflicto político en abril de 2018, junto con los efectos de la reforma tributaria de febrero de 2019, se destruyeron 199,731 puestos de trabajo.

La aceleración de los precios al consumidor ha comenzado a incomodar a los consumidores, los empresarios e inversionistas, porque temen que se desencadene una mayor presión inflacionaria, teniendo en cuenta el mayor gasto público que se realizará en 2021, producto del financiamiento multilateral de casi US$400 millones desembolsados en diciembre y enero recién pasados en concepto de asistencia humanitaria para enfrentar los impactos del coronavirus y de los huracanes Eta e Iota.  

En el primer trimestre de 2021, el índice de los precios internacionales de 68 materias primas, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha subido 12.3% debido al aumento de la demanda por las expectativas de la recuperación de la economía mundial, impulsadas principalmente por China y Estados Unidos, y por la perspectiva de un dólar más barato debido a su devaluación con respecto a las otras monedas duras.

Los precios internacionales de las materias primas ya están por encima del nivel que tenían en  2018, por lo cual se acelerarán las tasas de inflación de los países que importan dichos productos. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo WTI ha subido 30% en el transcurso de este año, al pasar de US$48.52 el 1 de enero a US$63.13 el 16 de abril, y recordemos que en  abril de 2020 el precio de futuro del petróleo crudo se volvió negativo. También se han incrementado los precios de los metales básicos, tales como acero, cobre, níquel, cobalto y aluminio; el precio de la energía eléctrica, estimado con los precios de petróleo, carbón, gas natural y propano; los precios de los metales preciosos, entre ellos el oro, considerado como un valor refugio, que tocó un máximo de US$2,000 por onza troy en agosto de 2020; y los precios de las materias primas de los alimentos, tales como trigo, soja y maíz.

Con el IPC se puede estimar otro índice menos volátil, que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, ya que éstos fluctúan mucho más que el nivel general de precios. Ese índice es el IPC Subyacente, que mostró una tasa de inflación interanual de 3.39% a marzo de 2021, menor que la registrada de 4.64% interanual en marzo de 2020. La estabilidad de la inflación subyacente puede mostrarnos que la situación inflacionaria está bajo control cuando experimentemos altibajos inflacionarios, pero tendríamos una mayor seguridad de ese control si conociésemos el comportamiento de un índice de precios al consumidor de precios rígidos que intente clasificar los bienes y servicios según la frecuencia con la que cambian sus precios. Pero ese índice no lo tenemos y podría ser estimado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Entonces, ¿podría esperarse que el aumento de los gastos de los consumidores por el mayor gasto público y la expectativa de que la economía de Nicaragua saldrá de la depresión económica en 2021 provoquen una escalada de precios y de salarios? Mi respuesta en no. Creo que la inflación aumentará modestamente, pero debemos ser cuidadosos de las presionas inflacionarias inesperadas cuando entre la próxima expansión económica, que surgirá con la solución del problema político, la evaluación del impacto de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria y la culminación del proceso de vacunación contra el COVID-19.

Entre 2010 y 2017, la economía nicaragüense creció a un ritmo promedio anual de 5.2%, una tasa aún insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza. En ese mismo período, la tasa de inflación promedio anual fue 5.5%, que podría servir como una tasa de inflación interanual en cualquier mes del año y como referencia para identificar el momento en que se inicie un “sobrecalentamiento” de la economía.

La inflación subyacente permanece baja y estable, excepto en marzo y abril de 2019 por efecto de la reforma tributaria, pero si se acelerara en forma sorpresiva y sostenida, el Banco Central de Nicaragua (BCN) tendría que intervenir para contenerla. ¿Cómo intervendría? Como lo ha hecho hasta hoy, colocando más Letras con plazo de 1 día y elevando la tasa de encaje legal que actualmente es de 10% diaria y 15% catorcenal, pero la tasa de encaje efectiva está cercana al 17%. El BCN no podría usar la tasa de interés monetaria o interbancaria para desacelerar la tasa de inflación, porque esta variable no guarda una correlación importante con las tasas de interés del mercado ni corrige el problema de un excesivo saldo de dinero o de medio circulante. Con depresión económica, las tasas de interés promedio ponderadas del mercado financiero han permanecido en niveles de dos dígitos.

Con el restablecimiento o con la creación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía, la economía se reabrirá, el medio circulante aumentará, la demanda de ciertos bienes y servicios  será mayor que la oferta -principalmente bienes de consumo duradero, como productos de “línea blanca” y vehículos, y servicios de transporte, de habitaciones de hoteles y restaurantes-, lo cual hará subir los precios de estos productos que ya se habían desplomado con la pandemia mundial y con el problema político local, pero esto es un proceso que puede durar varios años en el país.

Debemos, pues, separar las fuerzas potenciales de los datos de inflación de ahora, porque son resultados de la baja inflación del pasado reciente. Gran parte del salto inflacionario de hoy se puede explicar con los “efectos base” de 2020 -no olvidemos que en 2020 la tasa de inflación anual fue 2.9% y la tasa de inflación promedio mensual fue 0.35%-, porque nos conducen a resultados que no son veraces cuando hace 12 meses ocurrió un fenómeno extraeconómico, la pandemia mundial del COVID-19. Tampoco debemos obviar que el COVID-19 ha deprimido actividades económicas mientras impulsaba a otras.

Por todo lo expuesto, aconsejo a los consumidores y a los empresarios, y también a los economistas gubernamentales, estar atentos al comportamiento del IPC Subyacente, que nos ayudará a identificar el momento en que se inicie el “sobrecalentamiento” de la economía nicaragüense y dé lugar a una inflación galopante. La guía es la inflación de los precios que no cambian con mucha frecuencia en la canasta de 489 productos del Índice de Precios al Consumidor.





El COVID-19 logró cambiar al FMI

11 04 2021

El COVID ha cambiado a todo el mundo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha podido escaparse. Sorprende el actual cambio del pensamiento o de la ortodoxia económica fondomonetarista,  al abandonar el Consenso de Washington establecido en la década de los ochenta del siglo pasado y abrazarse ahora con el pensamiento keynesiano.

Los nicaragüenses sentimos y resentimos los ajustes del FMI que aplicaron sus recetas desde la década de los noventa del siglo pasado. A manera de una metáfora relacionada con la guerra, con el primer ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility), o sea, el programa de ajuste económico y de reformas estructurales del Fondo, vinieron los tanques de guerra que arrasaron con todo; luego, detrás del segundo ESAF llegaron la infantería y las ambulancias, a levantar heridos y muertos. Hasta después, el policía fondomonetarista se preocupó por el establecimiento de las redes de protección social, con el establecimiento del PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility).   

Al final de la década de los ochenta del siglo pasado, la economía nacional se encontraba en bancarrota.  De acuerdo con datos oficiales, el monto de los daños provocados por la guerra de agresión sumaba aproximadamente 17 mil millones de dólares.

En 1988, la hiperinflación de 33,000% fue la cuarta del mundo en el siglo XX. En 1990, el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses era US$370, pero la deuda externa per cápita era de US$2,700; el saldo de las reservas internacionales brutas reflejaba el anémico nivel de US$81 millones y el valor total de las exportaciones ascendía a US$270 millones en 1991; el déficit fiscal equivalía al 20.3% del producto interno bruto (PIB) y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ascendía a 32.2% del PIB; el sistema financiero estatal, también en bancarrota, acumulaba pérdidas que igualaban el 48% del PIB y se reflejaban en el Banco Central de Nicaragua. Siempre en 1990, el total de empleados públicos sumaba 286,654, y de ellos 109,213 pertenecían a los ministerios de Defensa y Gobernación, y 78,000 al área de producción denominada Área Propiedad del Pueblo.

En febrero de 1991, tras una macrodevaluación del 400%, que dejó anclado el tipo de cambio a 5 córdobas por 1 dólar, se eliminaron los controles cambiarios, se liberaron las tasas de interés, se congelaron los salarios, se cerró y se privatizó la banca estatal, se liberalizó el sistema financiero que dio paso a la banca privada, y se inició un ajuste de la política de crédito de última instancia del Banco Central con el gobierno y el sistema financiero, comprometida con el objetivo primordial de la estabilización: Sin embargo, la reforma de mayor alcance fue en el ámbito fiscal, al eliminarse 185,492 puestos de trabajo en el sector público mediante un programa de licenciamiento para el ejército, dos programas de retiros para el área civil (plan de conversión ocupacional y plan de movilidad laboral) y un proceso de privatización de las empresas públicas. Además, se racionó la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la burocracia gubernamental y se eliminaron las transferencias y los subsidios “innecesarios”. También se privatizó la educación pública, se intentó privatizar la seguridad social y el servicio de agua potable, pero se privatizaron los servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones.

En las calles de las cabeceras departamentales del país, se podía leer en muros y paredes las palabras inolvidables de “Muerte al ESAF”. El FMI, con el Banco Mundial, imponían las premisas de controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal, porque eran malos para el crecimiento económico. 

Ahora, ¿cuál es el nuevo Consenso? Aún no le han puesto nombre, pero ya podemos distinguir sus características.

El FMI hoy manifiesta todo lo contrario, al advertir que el COVID-19 dejará cicatrices en los países emergentes y en vías de desarrollo “debido a la creciente desigualdad y al aumento de la pobreza”, lo que podría conducir a que el Banco Mundial elimine su análisis tradicional de que el crecimiento económico reduce la pobreza y dé más atención al problema de la redistribución del ingreso. Reconoce, pues, que existe una tensión social y económica «extrema» a nivel global por el impacto de la pandemia del COVID-19. El Fondo acepta que los gobiernos gasten más en salud pública, lo que sea necesario para producir y distribuir las vacunas contra el virus en todo el mundo.

El FMI dice que gran parte del impulso al crecimiento económico estadounidense de 6.4% esperado en 2021 se debe  al paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares lanzado por el presidente Joe Biden, y que además se espera que tenga «impactos positivos sobre sus principales socios comerciales», por ejemplo, México.

El FMI afirma que no le preocupa el aumento de la deuda de Estados Unidos requerido por la expansión del gasto público para enfrentar al COVID-19.

El FMI enfatiza en que se adopte un impuesto mínimo mundial a las rentas de las empresas, y califica la evasión fiscal como un problema para la economía, porque “los gobiernos necesitarán reponer sus arcas tras el gasto masivo para contener la pandemia de COVID-19 y mitigar su impacto económico”.

La política económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fundamentada en un Estado activista, nos recuerda las reformas del New Deal del expresidente estadounidense Franklin Roosevelt. En esta forma, es posible que aparezca un nuevo Consenso de Washington, una nueva ortodoxia económica de corte fiscalista y no monetarista como la que ha existido en los últimos cuarenta años. Parece que la pauta de la Casa Blanca siempre determina la conducta de las instituciones financieras multilaterales radicadas en Washington, la sede del neoliberalismo que está desapareciendo.

Se cuenta una broma supuestamente dicha por el profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía y precursor del monetarismo, que si el gobierno federal se hiciera cargo del Sahara, en cinco años habría escasez de arena, una actitud antigubernamental que entusiasmó a los pensadores del libre mercado, entre ellos el expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien en su discurso inaugural dijo que “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema».

Echando más agua al molino del monetarismo, el expresidente estadounidense George W. Bush dijo una vez: «No creemos en que los planificadores y los decisores tomen decisiones en nombre de los estadounidenses». Pero eso es lo que la gente confía en los funcionarios gubernamentales, por lo que no debemos olvidar que las decisiones racionales de las personas producen malos resultados con bastante frecuencia. Los intereses individuales y los intereses colectivos no coinciden generalmente. Por esta razón, el gobierno, un agente económico importante, participa en la economía de un país.

El principal problema macroeconómico de hoy es el elevado desempleo, y la mejor forma de crear puestos de trabajo es a través de la política fiscal, no a través de la política monetaria. Por eso creo que con el nuevo Consenso de Washington, el profesor John Maynard Keynes está entrando de nuevo en las instituciones multilaterales que radican en Washington.





Asteriscos de la economía de Nicaragua en 2020

5 04 2021

Decidí escribir estos asteriscos económicos de Nicaragua tomando en cuenta cifras oficiales de instituciones gubernamentales correspondientes al año de 2020.

  • La producción de bienes y servicios cayó 2%, y también caían el saldo real (sin inflación) del crédito al sector privado, el consumo de MWh de energía eléctica y el monto real de impuestos recaudados por el Gobierno Central.
  • En 2020, la economía nicaragüense retrocedió seis años, al observarse un poducto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$1,936, un poco inferior al nivel de US$1,945 observado en 2014.
  • En el cuarto trimestre de 2020, el 46.1% de los ocupados está subempleado, mientras que la tasa de inactividad es 29.5% de la población en edad de trabajar.
  • La inflación dejó de ser un problema. Los precios al consumidor subieron 2.93%, mientras que el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico subía 1.67%.
  • El gasto de consumo de los hogares se redujo 0.9%, pero el poder adquisitivo del salario promedio anual del sector forma se deterioró 3.1%.
  • Aunque se desconocen las contribuciones de los sectores público y privado, el gasto de inversión fija real (construcción y maquinaria y equipo) aumentó 10.2%.
  • El volumen de las exportaciones de bienes y servicios se desplomó 8.8%, no obstante sus precios aumentaron 6.9%.
  • El valor bruto de las exportaciones de bienes del régimen de zona franca fue igual a US$2,469 millones, y dejó un valor neto al país de US$365 millones
  • La factura petrolera ascendió a US$681 millones, un mínimo de los últimos 14 aós e idénticamente igual al valor de dicha factura en 2006.
  • Excluyendo el valor de las exportaciones de bienes y servicios, las remesas se mantuvieron como la principal fuente de recursos externos, al totalizar un monto de US$2,011 millones, equivalentes al 51% del ingreso bruto de recursos externos.
  • El saldo de la deuda pública externa aumentó US$678 millones hasta US$6,057 millones, debido principalmente a los préstamos multilaterales en concepto de asistencia humanitaria, y en porcentajes del PIB saltó de 49.8% en 2019 a 55.1% en 2020 en parte explicado por la caída continua del PIB en el trienio 2018-2020.
  • En el bienio 2019-2020, se ha observado un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que oscila alrededor del 6% del PIB, producto no de una política de tipo cambio real proexportador, sino del desplome de las importaciones de bienes CIF de 13.7% en 2018 y de 10.0% en 2019, aunque en 2020 disminuyó muy levemente 1.6%.
  • El pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público sumo US$353 millones, que representaron el 11.0% del valor de las exportaciones de bienes FOB y del valor neto de las empresas de zona franca.
  • A noviembre de 2020, el déficit del presupuesto del Gobierno Central era apenas igual a 0.9% del PIB, al registrar el monto de C$3,887 millones, equivalentes a US$113 millones, es decir un presupuesto casi equilibrado.
  • El saldo de la deuda pública interna de C$1,222 millones, o sea, US$36 millones, equivale a 9.7% del PIB, y es liderada por los Bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Letras Estandarizadas del Banco Central deNicaragua con plazo de 1 día.
  • El pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna requiere de cierto cuidado para ser entendido, debido al impresionante pago de la Letras del BCN con plazo de 1 día; el pago de la deuda pública interna ascendió a C$39,948 millones y fue aproximadamente igual a 1,832% del monto total de impuestos recaudados por el Gobierno Central.
  • Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la liquidez en moneda local aumentó  20.4%, pero el incremento de los depósitos del sector público no financiero en el BCN (dada la asistencia fianciera multilateral por asistencia humanitaria registrda en diciembre) facilitó la contracción monetaria de C$10,983 millones y un saldo de reservas internacionales brutas de US$3,212 millones, que fue igual a 2.56 veces el saldo de la  base monetaria. Se garantizó la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, cuyo mínimo es 2.5 veces.
  • El saldo del crédito del sistema financiero nacional cayó por tercer año consecutivo al reflejar el nivel de C$125,765 millones, equivalentes a US$3,611 millones y a 29% del PIB, pero ha retrocedido 11.3 puntos porcentuales del PIB desde 2017.
  • ¿Cuál es el número de personas económicamente activas (PEA) de Nicaragua? Desde el año de 2015 no se conoce su dato oficial, al dejar de ser publicado por el BCN y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). En 2020, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) la estima en 3.97 millones. ■