Eduardo Montealegre Rivas
No me extrañaron las recientes palabras del diputado Wilfredo Navarro, cuando afirmó públicamente que la “desaforación” de Eduardo Montealegre no tendrá lugar porque su situación se encuentra “detenida” y la Junta Directiva del Poder Legislativo tampoco considera debatirla. Cuando yo visitaba a Navarro Moreira en su despacho de Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se cumplieran dos mandatos judiciales vinculados con los delitos de injurias y calumnias cometidos por el coordinador de la entonces Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) contra este servidor, él me afirmó que tenía orden de los liberales de proteger a Montealegre Rivas y que podía llegar a su despacho cuantas veces quisiera porque no iba a incumplir el mandato de los liberales. Lamentablemente, la impunidad política no hace más importante a un político, sino que lo demerita y lo empequeñece en su ética y moral, así como en su estatura de hacedor de leyes.
Navarro Moreira, al igual que todos los diputados de la Asamblea Nacional, saben muy bien que mi acusación en contra del ahora coordinador de la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (BAPLI, que sustituyó a la BDN)) es exclusivamente personal, no política como lo afirmara el diputado querellado Eduardo Montealegre en octubre de 2008, quien continúa abusando de su inmunidad para no enfrentar la Justicia de nuestro país y responder por su presunta delincuencia, además de su esfuerzo notorio por aparentar que no entendía las injurias y calumnias que él escribió en un chat con los lectores de La Prensa contra mí, que fueron publicadas en la edición de dicho diario del 31 de julio de 2008.
El diputado Eduardo Montealegre, cegado por su soberbia y prepotencia, escogió la alternativa ser un impune más en nuestro país en vez de retractarse tal como lo manda nuestro Código Penal que él también aprobó en su carácter de diputado, o sea, decidió no retractarse en forma escrita, en el mismo diario, espacio, lugar y proporción en que fueron publicadas sus injurias y calumnias contra mí. Además, este diputado querellado sabe también muy bien que en agosto de 2008, con el acompañamiento de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), yo me presenté voluntariamente ante el Fiscal General de la República, Dr. Julio Centeno Gómez, para que me investigaran de la acusación gratuita que él me hizo, y la resolución del Ministerio Público fue que ni en la investigación ni en el proceso judicial de las quiebras bancarias se me imputó hecho alguno.
Hoy me he enterado que los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) alegaron la caducidad del caso de los CENIs, o sea, ya caducó la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Eduardo Montealegre, coordinador político del PLI, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias, cuando él fungió como ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños. Como es de conocimiento público, en la Agenda Base de la Asamblea Nacional recientemente publicada aparece la solicitud (20095943) de desaforación de los diputados Eduardo Montealegre Rivas y Noel Ernesto Ramírez Sánchez, que data del período 2002-2007 cuando explotó el caso de los CENIs.
Si esta bancada de legisladores aún no se ha ganado el calificativo de “opositora” al gobierno del Presidente Daniel Ortega porque a la fecha no ha presentado una propuesta alternativa al plan gubernamental, creo que con su alegato “a favor” del presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas hoy se ha ganado el calificativo de “desconocedora” de la ley. Ojalá que no demanden una amnistía para su coordinador político, porque significaría alentar a futuros presuntos delincuentes que desde sus cargos políticos atropellen el presupuesto de los nicaragüenses.
Un crimen social, un delito contra una nación, nunca caducará, además porque ya existe una causa abierta en un juzgado penal de la ciudad de Managua. Eduardo Montealegre se autodenominó un perseguido político, una inveterada costumbre de los políticos en nuestro país, cuando lo querellé y cuando fue acusado por la Fiscalía General de la República, pero con su malograda costumbre de hacer un uso inapropiado de la inmunidad que le confiere su cargo público, no se presentó a los llamados de la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y del Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011 por mi querella personal, ni al llamado del Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias Julio César Arias, el 17 de junio de 2009, por la acusación de la Fiscalía General de la República.
En una ocasión que los miembros de la extinta Bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) –entre ellos Eduardo Montealegre Rivas- me invitaran para explicarle las conclusiones del análisis del rescate de los depositantes de cuatro bancos que fueron liquidados en 2000 y 2001, un análisis que me solicitó la Contraloría General de la República y que realicé ad honorem en 2006, señalé que yo no tenía ninguna competencia para afirmar si el ahora diputado acusado penalmente por el Ministerio Público era inocente o culpable, sino que esa era una potestad de un Juez, pero detallé algunas acciones cometidas por Eduardo Montealegre tanto en la reestructuración de 320 millones de dólares adeudados por el Estado de Nicaragua por esas liquidaciones bancarias como en la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados, las cuales tenían que ser explicadas al Juez y a nuestra Nación.
Cabe recordar que entre esas acciones se distinguían la emisión de Bonos Bancarios con alzas y bajas de las tasas de interés y plazos diferentes más la entrega inexplicable a un banco de dos Bonos Cupón Cero que golpeó en 23.4 millones de dólares al presupuesto nacional en la reestructuración de la deuda del Estado de Nicaragua con tres bancos compradores de los cuatro bancos liquidados, y su responsabilidad compartida con otros servidores públicos, en su carácter de guardador de la cosa pública, por ejemplo en la subasta a sobre cerrado de créditos que sumaron 151.6 millones de dólares y que fue vendida apenas en 4.8 millones de dólares, es decir, cada dólar de la cartera de crédito se vendió en 3.2 centavos de dólar junto con las garantías hipotecarias de las fincas de café en el caso de préstamos cafetaleros; la subasta a martillo de 668 obras que fueron vendidas en 930 mil dólares, incluyendo obras de arte que pertenecen al patrimonio nacional; y la subasta a sobre cerrado del extinto edificio del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, que fue vendido en la suma irrisoria de 5.2 millones de dólares.
Por estos asuntos que Eduardo Montealegre Rivas tiene pendiente con la Justicia de Nicaragua debido a que se escudó inapropiadamente con la inmunidad de su cargo de diputado, se suspendió el juicio a otros 38 acusados por el Ministerio Público. Aunque el diputado acusado, por un lado, y querellado, por otro lado, considere irrelevantes las solicitudes judiciales para su desaforación, son casos de interés nacional para que el Estado de Nicaragua recupere lo que le quitaron inapropiadamente y para que los políticos no atropellen la dignidad de los nicaragüenses.
