La más importante donación para Nicaragua

29 07 2010

La más importante donación que ha recibido Nicaragua, aunque contable porque no implica el ingreso de nuevos recursos al país, ha sido la condonación de la deuda pública externa.

Más que el cumplimiento de las metas de ajuste económico, que es una tarea de corto plazo y a la fecha aún no se ha concluido, las que impulsaron la masiva condonación de la deuda pública externa de Nicaragua fueron las reformas estructurales de la economía nicaragüense realizadas desde 1990 hasta 2003, unas buenas –por ejemplo, la eliminación de los monopolios estatales en las exportaciones e importaciones- y otras pésimas –como fue el caso de la pretendida privatización de la administración de fondos de pensiones de seguridad social- .

Varios países comenzaron a perdonar las deudas de Nicaragua antes de que surgiera la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados en octubre de 1996, que se acompañó de la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral anunciada en julio de 2005.

De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), Nicaragua obtuvo el gran alivio de ver reducida su deuda externa en un monto de US$14,312.5 millones en valor final (amortizaciones más intereses) durante el período 1990-2009.

Los grupos de acreedores que facilitaron esa reducción de la deuda externa nicaragüenses, en orden de importancia por su participación en el monto total condonado antes mencionado, fueron los siguientes: 

  • Los países que no son miembros del Club de París con el 43.4%, distinguiéndose entre ellos la Federación de Rusia y México. 
  • Las instituciones financieras multilaterales con el 21.5%, entre las que se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 
  • Los países miembros del Club de París con el 18.8%, sobresaliendo Alemania y la Federación de Rusia, que ingresó a dicho Club en 1997. 
  • La banca comercial con el 15.8%, figurando casi exclusivamente la banca estadounidense. 
  • Los proveedores con el 0.4%.

Los objetivos de la reducción de la deuda pública externa fueron contribuir a la reducción de la pobreza y al alcance de las Metas de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2015, lo cual no se logró en el caso de nuestro país.

En otras palabras, los impuestos liberados del pago de la deuda externa tenían que ser asignados exclusivamente al financiamiento de proyectos de reducción de la pobreza, pero no fue así en el caso de Nicaragua, a pesar que el Grupo de los Siete (G-7) responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI) del cumplimiento de esos objetivos desde la implementación de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados.

Con base en datos del BCN, el FMI y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), durante el período 2002-2009 el monto total del Alivio HIPC y del Alivio MDRI sumó US$1,762.1 millones, pero el gasto de reducción de pobreza de US$5,059.8 millones registrado en ese mismo período en el Presupuesto General de la República fue financiado sólo con US$868.2 millones provenientes de los alivios de no pagar la deuda externa.

Por lo tanto, el monto de los impuestos liberados del pago de la deuda externa que fue desviado hacia otros fines distintos a la reducción de la pobreza fue del orden de  US$893.9 millones, equivalente a 50.7% del monto total de los dos alivios. Para 2001 no se pudo determinar la asignación del Alivio HIPC porque el informe de liquidación presupuestaria no reflejó el gasto de reducción de la pobreza.

¿Por qué se dio esa desviación de recursos presupuestarios, especialmente en el período 2002-2006?

Mis estudios sobre la deuda externa y las estrategias de reducción de la pobreza de nuestro país me conducen a señalar que los recursos que no fueron asignados al financiamiento de proyectos de reducción de la pobreza se utilizaron para (i) pagar una deuda pública interna y onerosa denunciada por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República; (ii) aumentar el saldo de los depósitos del Gobierno Central en el BCN para proteger la posición de las reservas internacionales; y (iii) ayudar a desendeudar al BCN por sus colocaciones de Letras Estandarizadas, Títulos Especiales de Inversión y Bonos del BCN.

En conclusión, la baja tasa de crecimiento económico promedio anual de 3.7% en el período 1994-2009, y la desviación de los recursos liberados del pago de la deuda externa hacia fines distintos de la reducción de la pobreza, que fue avalada por el FMI, pueden ayudarnos a explicar la causa del lento avance de la reducción de la pobreza en Nicaragua.





Un sainete financiero que perjudicó al presupuesto nacional

28 07 2010

Después del golpe certero del ex ministro de Hacienda y Crédito Público Eduardo Montealegre Rivas de 23.4 millones de dólares a los bolsillos de los nicaragüenses con la estrategia de la “reingeniería”, que fue su estrategia del saqueo en la reestructuración de la deuda pública interna en concepto de CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC, el hoy diputado acusado la concluyó con un sainete de disposiciones financieras que continuó golpeando al erario de los nicaragüenses.

El remanente de la estrategia del “saqueo”, que he llamado el “sainete financiero” del ex ministro del MHCP, está explícitamente descrito en las resoluciones certificadas del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua CD-BCN-XLVIII-2-03 del 10 de octubre de 2003, CD-BCN-LII-2-03 del 5 de noviembre de 2003 y CD-BCN-LIV-1-03 del 24 de noviembre de 2003, actas que ayudan a demostrar que la reestructuración de los CENIs/INTERBANK, CENIs/BANIC, CENIs/BANCAFÉ y CENIs/BAMER fue hecha en términos comerciales y no en términos soberanos, como debió haberlo hecho el entonces guardador del Tesoro de la Nación. 

  • Los Bonos Bancarios fueron títulos emitidos en dólares estadounidenses pero pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor en el momento de sus vencimientos. 
  • A dos bancos les reestructuró la deuda a un plazo de 10 años.
  • A un banco le dio Bonos Bancarios pagaderos a 3 años. 
  • A un banco le disminuyó la tasa de interés ponderada original de 19.45% a 8.43% (con la entrega injustificada de 23.4 millones de dólares).
  • A otro banco le redujo la tasa de interés ponderada  original de 10.65% a 7.43%.
  • A otro banco le subió la tasa de interés original de 7.93% a 8.29%.

Los CENIs Bancarios y los Bonos Bancarios, sustitutos de los primeros, fueron emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), la entidad emisora del córdoba, y fueron pagados en córdobas con mantenimiento de valor, por lo cual fueron inversiones financieras sin riesgo y no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva o provisión en los balances bancarios.

La reestructuración fue realizada por el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas en octubre y noviembre de 2003, con plazos diferenciados y con una tasa de interés (dolarizada) ponderada reestructurada de 8.29% (idénticamente igual a la que incrementó a uno de los bancos), mientras que la tasa de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a un plazo de 10 años era de 4% en diciembre de 2003. 

Los Bonos Bancarios, sin riesgo alguno por ser pagados por el BCN y porque no circularon por estar bien resguardados en bóvedas bancarias, tuvieron una tasa de interés igual a 2.1 veces la tasa de interés de un título homólogo o de un papel análogo que circula sin riesgo alguno en el mercado internacional. El ex ministro del MHCP debió haber reestructurado esta deuda en forma soberana, o sea al mayor plazo posible con la menor tasa de interés posible, y no en términos comerciales provocando más daños al erario de Nicaragua. 

El diputado acusado Eduardo Montealegre, que desde hace varios años se escuda en su inmunidad para no enfrentar la demanda del Estado de Nicaragua ni mi demanda personal, se auto declara un perseguido político, pero su reingeniería “financiera” no tiene ninguna connotación política. Sólo el Juez podrá decidir su inocencia o culpabilidad; sin embargo, huye de la Justicia y se declara públicamente un respetuoso de las leyes, y ahora se auto propone como un pre candidato demócrata a Presidente de la República. Tengan cuidado.





La prevalencia del imperio de la ley

24 07 2010

La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) sólo ha vigilado a favor de los bancos. El año pasado, cuando aumentó en 60 mil personas el total de desempleados y se redujo en 6% el flujo anual de las remesas familiares en Nicaragua por los efectos de la recesión económica mundial, se dio el hecho que más de 40 mil personas fueron llevados al banquillo de los acusados por parte de los grupos financieros emisores de tarjetas de crédito.

Hace varios meses, al ser preguntado el superintendente de bancos cómo resolver ese problema exclamó públicamente que él no podía hacerlo, sino que eso lo resolvía el mercado. La SIBOIF nunca ha defendido ni defenderá a los consumidores financieros con el actual andamiaje jurídico, ni con el reglamento sobre la tarjeta de crédito que fue elaborado recientemente por los grupos financieros, y aún suena el eco de las palabras del superintendente. En Nicaragua aún no existe un organismo cuya única razón de existir sea controlar los abusos bancarios.

El viernes 23 de julio me enteré que 2 de los 7 bancos denunciados junto con la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDF) ante el Instituto Pro Competencia (PROCOMPETENCIA) de haberse coludido en la fijación de las tasas de interés (dolarizadas) corriente y moratoria y de la comisión por cada retiro de efectivo, alegaron que PROCOMPETENCIA no tiene facultades ni jurisdicción para conocer y resolver la denuncia de la RNDF, sino la SIBOIF que es la entidad reguladora y normadora del sistema bancario, una afirmación que es una hipocresía muy asombrosa porque la SIBOIF no protege a los consumidores financieros.

Los responsables políticos están haciendo muy poco para poner el orden en la supervisión del sistema financiero nacional, en un momento en que algunos países de economía avanzada, principalmente Estados Unidos, reforman sus sistemas financieros, introducen nuevas medidas de protección para los consumidores, reducen el poder de los grandes bancos y atacan las prácticas engañosas por parte de las empresas de tarjetas de crédito.

Recientemente la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional mostró un gran interés para formular y aprobar una nueva ley de las tarjetas de crédito para el consumo, yo diría para modernizar la Ley 515 “Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito, pero se apartó de su intento empezado cuando las instituciones bancarias reguladas por la SIBOIF se auto regularon con un reglamento publicado por la ASOBANP, que no protege a los consumidores financieros sino a los grupos financieros emisores de tarjetas de crédito.

Creo, como dice el profesor Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, en la imposibilidad de idear un régimen regulador que verdaderamente esté hecho a prueba de idiotas, pero uno puede tratar que sea relativamente resistente a los idiotas. La legislación financiera de Nicaragua necesita normas explícitas, reglas que obliguen a actuar incluso a reguladores que no estén especialmente deseosos de hacer su trabajo.

Además del desconocimiento de la jurisdicción de PROCOMPETENCIA en este caso, los dos bancos le piden que le diga a la RNDF que no puede representar los intereses de los consumidores, lo cual es un intento insólito para desconocer dos leyes de nuestro país. Ninguna persona, jurídica o física con o sin inmunidad, puede argumentar el desconocimiento de las leyes para defenderse, así como ninguna persona puede ponerse sobre la ley, en esta caso sobre dos leyes, y caer lamentablemente en la calamidad de la impunidad.

De acuerdo con la Ley 601 “Ley de Promoción de la Competencia”, publicada en La Gaceta No. 206, del 24 de octubre de 2006, reglamentada con el Decreto 79-2006, publicado en la Gaceta del 15 de enero de 2007, y vigente a partir del 27 de junio de 2007, promueve y tutela la competencia, previene, prohíbe y sanciona las prácticas anticompetitivas, ayuda a mejorar la eficiencia económica de los mercados, y busca el bienestar de los consumidores.

El ámbito de la aplicación de dicha ley es para todos los agentes económicos y los sectores de la economía y en sus excepciones no aparece el sistema financiero nacional, sino sólo los acuerdos de exportación, las economías de escala, los clusters o conglomerados, la armonización de estándares técnicos, los acuerdos de investigación técnica científica y técnica, la protección del medio ambiente, la negativa de trato con clientes que han incumplido contratos y las acciones del Estado para garantizar la salud y la alimentación. Entre las prácticas anticompetitivas sancionadas por esta Ley están las prácticas horizontales, o sean los acuerdos entre competidores, en las que se distingue los acuerdos de fijación de precios -la tasa de interés es un precio- y la sanción en casos de gravedad es de 1%a  10% del valor de las ventas anuales.

Por otro lado, la Ley 182 “Ley de Defensa de los Consumidores” aprobada el 27 de septiembre y publicada en La Gaceta No. 213 del 14 de noviembre de 1994 expresa en su Artículo 36 que “Las Asociaciones de consumidores se constituirán de acuerdo a lo establecido en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y tendrán como finalidad la defensa de los intereses de los consumidores incluyendo la educación e información de los mismos; podrán recibir ayuda y subvenciones de parte del Estado.”

De igual forma, la RNDC, una Asociación sin Fin de Lucro, de acuerdo con sus estatutos, tiene entre sus objetivos “investigar, divulgar e informar acerca de la situación y los derechos de usuarios y consumidores”. Así, la RNDC tiene el derecho de representar y defender a los consumidores, por lo que denunció las prácticas horizontales anti competitivas de los bancos comerciales y de la ASOBANP ante PROCOMPETENCIA, con base en el artículo 31 de la Ley 601 que expresa: “La denuncia será interpuesta por agentes económicos que tengan interés legítimo o por cualquier forma de organización, tenga o no fines de lucro, legalmente constituida”.

Esta denuncia también ayuda a demostrar que es necesario legislar para regular apropiadamente el uso de la tarjeta de crédito de consumo y la tasa de interés cobrada a los usuarios de ese crédito. Indudablemente una nueva ley o una reforma a la Ley 515 perjudicará a los banqueros y, por eso, ya comenzó la campaña del descrédito institucional marcada por el desconocimiento de dos leyes que defienden el bienestar de los consumidores.

El Presidente de PROCOMPETENCIA, Dr. Luis Humberto Guzmán, tiene que garantizar el imperio de la ley, y el Presidente del Consejo Directivo de la RNDC, Lic. Gonzalo Salgado, tiene el derecho de proseguir su denuncia. A ellos dos les deseo éxitos en su noble tarea.





La estrategia de la reingeniería fue la estrategia del saqueo

21 07 2010

Hace siete años el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público y el hoy diputado acusado Eduardo Montealegre Rivas propinó un golpe de 23.6 millones de dólares al Pueblo de Nicaragua con su “reingeniería financiera” en la reestructuración de la deuda por las liquidaciones de cuatro bancos ocurridas en los años de 2000 y 2001.

Ese golpe fue dado por el ex ministro Eduardo Montealegre Rivas cuando arteramente manipuló una tasa de descuento de 7.4999% para determinar al 15 de julio de 2003: 

  • el valor presente de 168.4 millones de dólares en CENIs/INTERBANK, que fueron emitidos el 9 de octubre de 2000 y se cancelarían el 18 de septiembre de 2004, y
  • el valor presente de 82.5 millones de dólares en CENIs/BANIC, que fueron emitidos el 6 de agosto de 2001 y se cancelarían el 21 de julio de 2004,

a sabiendas que las tasas (dolarizadas) originalmente pactadas en esos papeles eran 21.43% y 11.49% respectivamente. El resultado de la manipulación de una tasa de descuento que es menor que las estipuladas en esos papeles “infló” el valor presente de la deuda a ser reestructurada hasta el monto de 230.6 millones de dólares.

De acuerdo con la certificación del Acta del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) CD-BCN-XXXVIII-3 fechada el 13 de agosto de 2003, el ex ministro Eduardo Montealegre Rivas emitió Bonos Bancarios por 207 millones de dólares, que corresponde al valor presente estimado al 15 de julio de 2003 del valor final de los CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC con las tasas originalmente pactadas, pero no con las fechas en que fueron emitidos –otro craso “error” del banquero-, con un plazo de 10 años a partir del 15 de enero de 2004 y con una tasa de rendimiento de 8.3% anual.

La diferencia entre los dos datos distorsionados del valor presente de la misma deuda reestructurada fue, en millones de dólares, igual a 230.6 menos 207.0, o sea 23.6 millones de dólares. Ese fue el golpe premeditado del banquero Eduardo Montealegre al erario de los nicaragüenses con su reingeniería financiera.

Ese daño de 23.6 millones de dólares se concretó en la reestructuración de esos papeles cuando el diputado acusado Eduardo Montealegre entregó dos Bonos Cupón Cero, cada uno con el valor de 5.1 millones de dólares –en total 10.2 millones de dólares-, uno a un plazo de 5 años y el otro a un plazo de 10 años, con valores a sus vencimientos de 7.7 millones de dólares y 13.5 millones de dólares respectivamente, los cuales indican tasas nominales anuales de 8.7% y 10.22% si los intereses se capitalizaran anualmente. El valor final de los dos Bonos Cupón Cero totalizó 21.2 millones de dólares, el cual es muy cercano a la diferencia de 23.6 millones de dólares antes mencionada.

El resultado de la estrategia de la reingeniería del diputado acusado Montealegre Rivas, mejor dicho el resultado de su estrategia del saqueo, fue sustraerle al Pueblo de Nicaragua 23.6 millones de dólares y quitarle educación, salud y proyectos de reducción de la pobreza, seis meses antes que nuestro país se graduara en el Punto de Culminación de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC).

Sólo queda una pregunta. ¿Cómo el hoy diputado acusado estimó 10.2 millones de dólares en concepto de los dos Bonos Cupón Cero? Lo determinó de la siguiente manera:

  • Los valores presentes distorsionados o “inflados” de los CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC, al ser descontados con una tasa de 7.4999% y no con las tasas originalmente pactadas, para traerlos a valor presente al 15 de julio de 2003, fue de 230.6 millones de dólares, como se mencionó anteriormente. 
  • Los valores presentes “correctos” de esos papeles, descontados con sus tasas originalmente pactadas y traídos al valor presente al día en que fueron emitidos, es de 220.4 millones de dólares, mencionado hasta este momento. 
  • El monto total de los dos Bonos Cupón Cero no es nada más que la diferencia de los dos valores antes señalados, 230.6 menos 220.4, o sea 10.2 millones de dólares, emitidos sin ninguna justificación, y cuyos valores finales, o sea el valor de sus cancelaciones, suman 21.2 millones de dólares, un dato muy cercano al golpe inicialmente programado de 23.6 millones de dólares.

Ha sido fácil descubrir la reingeniería financiera inventada por el banquero, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público y el diputado acusado Eduardo Montealegre Rivas. Los datos y las matemáticas financieras me facilitaron identificar el algoritmo de la estrategia del saqueo en la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, cuando en enero de 2006 la Contraloría General de la República me llamó para investigar este atraco al Pueblo de Nicaragua. Siempre quedan evidencias.

Como un complemento de su famosa “reingeniería”, el diputado acusado Eduardo Montealegre cometió otro desliz en la reestructuración de los CENIs/INTERBABK, que está relacionado con uno de los numerosos actos inapropiados del emisor de esta deuda, el abogado Noel Ramírez, quien desacató el decreto presidencial de rescatar exclusivamente a los depositantes en los bancos liquidados al entregar CENIs a instituciones financieras acreedoras del INTERBANK.

El ex ministro de Hacienda y Crédito Público Eduardo Montealegre, en vez de suspender esos pagos, reestructuró las deudas del INTERBANK con un banco regional y un banco de segundo piso nacional al entregar Bonos Bancarios por 13.4 millones de dólares, con pagos semestrales de intereses y de principal iguales en un plazo de 10 años y con una tasa de rendimiento de 9.89% anual, lo cual significó continuar manteniendo otra deuda inapropiada para los nicaragüenses.

Sin sus insultos, estoy dispuesto a demostrarle al hoy diputado acusado todas mis conclusiones sobre su lamentable proceder en la reestructuración de la deuda pública por la emisión de los CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC y, además, puede hacerse acompañar de todos los economistas de su preferencia para que lo defiendan.

Finalmente, tengo la seguridad que con mis observaciones detalladas sobre la estrategia del saqueo, el Pueblo de Nicaragua nunca aceptará que Eduardo Montealegre Rivas continúe auto-declarándose un perseguido político. Por todas esas cosas, el 31 de julio de 2008 dije que el diputado Eduardo Montealegre Rivas debe aclarar a la Nación y al Juez.





Las conclusiones de la Consulta del Artículo 4 con Nicaragua

17 07 2010

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce en sus conclusiones de la reciente Consulta del Artículo IV con Nicaragua que la demanda interna, o sea el consumo y la inversión, ha estado descuidada, y es una de las dos razones, junto a la caída de los precios de los bienes importados, que explicaron la baja tasa de inflación de 0.9% registrada en 2009, pero considero que no es correcta la afirmación que las políticas económicas implementadas en ese año amortiguaron el impacto de la recesión económica mundial en nuestro país, porque no se dispuso de una mayor cooperación externa para ejecutar una política anti cíclica desde el presupuesto nacional y desde la política monetaria.

Coincido con las conclusiones fondomonetaristas que la política monetaria ha sido “más de lo mismo”, lo cual puede ser demostrado con el aumento de las reservas internacionales de la banca central mediante un mayor endeudamiento interno y externo, y que el sistema financiero permanece estable, pero es necesario aclarar que la crisis financiera internacional no afectó a la banca del istmo centroamericano, mucho menos la banca nicaragüense.

Sin embargo, difiero de la afirmación del FMI que se aprobó la regulación para “fortalecer la transparencia del sector de la tarjeta de crédito del consumo”, porque los regulados se auto regularon y han sido denunciados por la Red Nacional de la Defensa de los Consumidores (RNDC) ante el Instituto Nacional de Promoción a la Competencia (PROCOMPETENCIA) por coludirse en la fijación oligopólica de la tasa de interés de 50% cobrada a los usuarios de esas tarjetas.

En cuanto a las reformas estructurales de la economía suscritas para este año, el FMI también reconoció que en el primer semestre se aprobó la reforma tributaria vigente desde el 1 de enero del año en curso, que producirá un aumento de 0.7% del PIB en la recaudación anual de impuestos; el ajuste de 6.85% en las tarifas de energía eléctrica a partir de mayo de este año; y el aumento de 15% a 16% de la tasa de cotización de los empleadores a la seguridad social desde enero del año en curso. Además, el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha cumplido con la publicación de los fondos del ALBA provenientes de Venezuela y, con el propósito de mantener la transparencia del flujo de estos recursos, ya inició el registro de la deuda privada externa, y se espera que el FMI solicite que los flujos de financiamiento del ALBA al sector privado no generen obligaciones para el sector público.

No tengo duda que Nicaragua aprobará las revisiones IV y V del actual programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) de Nicaragua suscrito con el FMI que expirará en octubre próximo, porque en este mes de julio se aprobaron la reforma a la ley anti fraude en el consumo de energía eléctrica, la cual se aplicará al sector residencial que consume más de 300KWh mensuales (antes se aplicaba a los consumidores de más de 500 KWh mensuales, que representaban el 14% del total de clientes), y la nueva ley de BCN, que persigue los objetivos de su plena autonomía y capitalización con Bonos del Tesoro.

Sólo dos tareas están pendientes: una, a finales de agosto próximo el Gobierno de Nicaragua presentará las opciones de reforma a la seguridad social a los agentes económicos y sociales del país para buscar el consenso y facilitar la reforma a la ley de seguridad social en un futuro cercano; otra, a finales de septiembre próximo se aprobará una ley de microfinancieras, la cual ya está siendo abordada en la Asamblea Nacional.

Cabe agregar que las metas macroeconómicas también han sido cumplidas, yo diría sobre cumplidas, y lo único que provocó cierto ruido fue el procedimiento de la entrega del bono salarial a 130 mil empleados del sector público, al margen del presupuesto nacional, pero no provocó una mayor inflación, ni una gran pérdida de reservas internacionales, sino que mejoró el acceso de la población de bajos ingresos a los alimentos básicos y, por ende, la producción y la comercialización de bienes de consumo básico. Pero este tema será abordado en el diálogo del Gobierno de Nicaragua con el FMI en agosto próximo de cara a la formulación del presupuesto nacional de 2011, con el objetivo de concretar la extensión de un año más del Programa SCA, que corresponde a un año de elecciones nacionales cuyo costo es al menos igual a 1% del PIB en nuestro país.

Donde veo los riesgos del diálogo macroeconómico entre las autoridades gubernamentales y el FMI es precisamente en la extensión del programa, en espera del ganador de la elección presidencial para iniciar la discusión y aprobación del quinto programa económico trienal en 2012. 

El FMI propone la consolidación de las finanzas públicas y la protección del gasto de reducción de la pobreza, y se manifiesta preocupado por los desvíos de los salarios de los empleados públicos y las operaciones extra presupuestarias –entiéndase el financiamiento del bono salarial-. El FMI propone, pues, un llamado al Gobierno de Nicaragua de contener el crecimiento del gasto corriente y salvaguardar el gasto social y el gasto en infraestructura.

Aún con la suspensión de las donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario y del préstamo concesional de divisas líquidas de libre disponibilidad del Banco Mundial para apoyo presupuestario, por lo cual Nicaragua dejó de percibir 80 millones de dólares anuales, el FMI pidió reducir el endeudamiento público mediante la ampliación de la base tributaria (?), una tarea permanente que realiza la Dirección General de Ingresos (DGI) en un escenario de evasión tributaria que se estima en un 8% del PIB, equivalente a 500 millones de dólares anuales.

Sin embargo, esa tarea permanente de la DGI, hoy subrayada por el FMI, también podría interpretarse como una reducción de las exoneraciones y de las exenciones en el pago de tributos, que se estima en 4% del PIB, o sea un monto equivalente a 250 millones de dólares, en un momento en que toma auge el ciclo económico-político en Nicaragua por la elección presidencial en 2011. Estimo inoportuna esta sugerencia del FMI, porque desconoce el momento político en que el partido político en el poder trata de atraer la atención del votante a través de la expansión del gasto.

En conclusión, el escenario macroeconómico delineado por el FMI para el corto plazo es la reducción del déficit fiscal y del endeudamiento público –o priorizar el pago de la deuda pública interna porque la externa ya ha sido reducida-, pero con menos donaciones externas y evitando grandes aumento salariales, con la protección del gasto de reducción de la pobreza y ampliando la base contribuyentes –o eliminando exenciones y exoneraciones en el pago de impuestos- en un año electoral. En el fondo, la simultaneidad de todas esas propuestas es algo contradictoria para un país como Nicaragua que tiene una población mayoritariamente pobre y una economía donde la pobreza no es el resultado sino la base del modelo económico.

Si no se aplicara esa receta macroeconómica con otras medidas de reforma estructural para el sistema financiero nacional que el FMI seguramente pondrá sobre la mesa de negociación, Nicaragua podría correr el riesgo de que su economía se ajuste sin ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad en 2011, por lo cual el BCN tendría que comprar dólares en el mercado financiero local para aumentar las reservas internacionales brutas en 150 millones de dólares, pagar deuda pública externa por 100 millones de dólares y mantener la estabilidad del tipo de cambio.

Como un resultado de todo lo anterior, el BCN se vería forzado a elevar la tasa de interés de las Letras Estandarizadas subastadas, se encarecería el costo del crédito cuyo saldo total ha dejado de caer pero no ha aumentado ni se acelerará el próximo año, y se desaceleraría el crecimiento económico esperado. A esto el FMI le llama el resultado de “las incertidumbres”, que espero no se den después de las conversaciones de agosto próximo.





Los datos económicos y financieros del Índice de Riesgo-País de Nicaragua II Trimestre 2010

16 07 2010

Los datos económicos y financieros relacionados con la estimación del índice de riesgo-país de Nicaragua correspondiente al segundo trimestre de este año son lo siguientes:

Tasa de crecimiento promedio anual del IMAE del BCN: abril 2010, 0.2% promedio anual

Tasa de crecimiento del Índice de Tendencia Económica de Corto Plazo (ITECP) de COPADES: junio 2010: 1.84% promedio anual

Tasa de inflación acumulada anual del IPC Nacional: enero-junio de 2010, 3.82%

Tasa de devaluación nominal acumulada del tipo de cambio oficial: enero-junio de 2010, 2.5%

Costo de la canasta de 53 productos de consumo básico: en mayo de 2010, C$8,676 = US$409

Tasa de inflación acumulada anual del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico: enero-mayo de 2010, 4.2%

Salario medio nacional: abril de 2009, C$6,271 = US$297

Exportaciones domésticas de bienes FOB y valor neto de la maquila: enero-junio de 2010, US$1,424 millones (estimación de COPADES)

Importaciones de bienes CIF: enero-junio de 2010, US$1,718 millones (estimación de COPADES)

Déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos: enero-junio de 2010, US$413 millones, equivalentes a 6.5% del PIB esperado en 2010 (estimación de COPADES)

Cooperación en divisas líquidas de libre disponibilidad: enero-junio de 2010, US$0.4 millones.

Cooperación externa total: enero-junio de 2010, US$102 millones

Pago del servicio (intereses y amortizaciones) de la deuda externa: enero-junio de 2010, US$46.2 millones, equivalentes al 3.2% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales.

Compra neta de divisas del Banco Central de Nicaragua al sector privado en la mesa de cambios y cordobización de divisas: enero-junio de 2010, US$82 millones

Tipo de cambio oficial: al 30 de junio de 2010, C$21.3509 por US$1.00

Paridad cambiaria: al 30 de junio de 2010, C$11.77 por US$1.00 de reserva internacional neta de la deuda con el FMI y de la deuda interna de corto plazo emitida por el Banco Central de Nicaragua

Brecha del precio de venta del dólar entre el mercado oficial y el mercado financiero: al 30 de junio de 2010, 0.71%

Saldo de la deuda externa: al 30 de junio de 2010, US$3,659 millones, equivalentes al 58% del PIB esperado en 2010 y a 1.62 veces el valor anual esperado de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales en 2010

Ingresos tributarios: en el primer semestre, COPADES estima una recaudación de impuestos equivalente a US$640 millones, lo cual refleja el aumento de 20% con respecto al monto recaudado en el primer semestre de 2009

Déficit fiscal: enero-junio de 2010, US$36 millones, equivalentes a 0.6% del PIB esperado en 2010 (estimación de COPADES)

Aumento de la deuda de corto plazo (Letras, TEIs y BEIs) emitida por el Banco Central de Nicaragua: enero-junio de 2010, un monto equivalente a US$54 millones hasta un saldo de US$456 millones al 30 de junio de 2010

Contracción del saldo de emisión de dinero: en enero-junio de 2010, C$593 millones hasta un saldo de C$7,026 millones al 30 de junio de 2010

Contracción del saldo real (sin el efecto de la inflación) de la oferta de dinero: enero-junio de 2010, 15.3%

Expansión del saldo real (sin el efecto de la inflación) de los depósitos de ahorro y a plazos en córdobas: enero-junio de 2010, 33.4%

Aumento del saldo de los depósitos en dólares en el sistema financiero nacional: enero-junio de 2010, US$353 millones hasta un saldo de US$2,322 millones

Reservas internacionales brutas: al 30 de junio de 2010, US$1,553 millones, incluye asignación de DEGs por US$164.5 millones y son equivalentes a 2.95 veces la base monetaria (la condicionalidad con el FMI es 2.2 veces) y a 4.72 meses de importaciones de bienes CIF de 2010 (la condicionalidad con el FMI era 3 meses)

Tasa de interés activa de corto plazo ponderada a finales de junio: asociada con el córdoba con mantenimiento de valor, 16.99%; asociada con el dólar estadounidense, 10.75%

Tasa de interés pasiva a 1 mes plazo ponderada a finales de junio: asociada con el córdoba con mantenimiento de valor, 3.02%; asociada con el dólar estadounidense, 2.37%

Tasa de interés activa, de corto y largo plazo, promedio ponderada a junio: asociada con el córdoba con mantenimiento de valor: 16.92% (la de corto plazo es 16.99% y la de largo plazo es 16.04%); asociada con el dólar estadounidense, 11.03% (la de corto plazo es 10.75% y la de largo plazo es 10.58%)

Tasa de interés pasiva promedio, de corto y largo plazo, ponderada a junio: asociada con el córdoba con mantenimiento de valor: 3.01%; asociada con el dólar estadounidense, 2.80%

Tasa de interés entre particulares en junio de 2010: 16.69%

Tasa de rendimiento promedio ponderada adjudicada de una Letra Estandarizada del Banco Central a 1 año plazo en junio de 2010: 3.5%





El riesgo-país de Nicaragua disminuyó en el segundo trimestre de 2010

16 07 2010

El índice de riesgo-país de Nicaragua estimado por COPADES disminuyó 320 puntos básicos con respecto al primer trimestre de 2010 al registrar 5,180 puntos básicos, y mantiene el calificativo de alto.

El riesgo político de 63 puntos (en una escala de 0 a 100 y que pondera con un 50% en el índice de riesgo-país) o de 6,300 puntos básicos, disminuyó 900 puntos básicos en relación con el registrado en el primer trimestre de 2010, se explica principalmente con el fortalecimiento de la confianza entre las autoridades gubernamentales y los representantes de la empresa privada del país, con el diálogo que se llevó a cabo en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el mejoramiento del acceso de 130 mil empleados públicos a la canasta de bienes de consumo básico, el inicio de operaciones del Banco de Fomento “Produzcamos” y la denuncia realizada por la Red Nacional 3 de Defensa de los Consumidores a favor de las familias que usan la tarjeta de crédito para sufragar el gasto de consumo. Sin embargo, esa reducción del riesgo político no se maximizó debido a la falta de elección de 25 altos cargos del Estado de Nicaragua, la polémica en torno al Decreto Ejecutivo 3-2010 que mantiene en sus cargos a funcionarios públicos que ya se les venció su período hasta cuando la Asamblea Nacional nombre a los funcionarios, y la destitución de alcaldes de Ciudad Sandino y de la Ciudad de Boaco.  

En el ámbito económico, el riesgo de 16.5 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 1,650 puntos básicos, aumentó 250 puntos básicos debido a la presión inflacionaria de precios al consumidor acumulada en el primer semestre de este año de 3.82%; el leve repunte del desempeño productivo del país estimado por COPADES del orden del 1.0% promedio anual en junio de 2010, confirmándose que Nicaragua salió de la recesión económica en el segundo trimestre de este año; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como un porcentaje del PIB se aceleró desde 1.3% en el primer trimestre hasta 6.5% en el segundo trimestre por el alza de los precios internacionales de los hidrocarburos y otras materias primas; el creciente déficit fiscal que, como un porcentaje del PIB, se elevó de 0.2% en el primer trimestre a 0.6% del PIB en el segundo trimestre de este año; y el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita de Nicaragua, que se espera de US$1,093 en 2010, tiende a incrementarse en US$22 con respecto al registrado en 2009 –e inferior a los US$1,102 registrado en 2008- es apenas el 12.11% del PIB Per Cápita Mundial.

En el ámbito financiero, el riesgo de 24.0 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 2,400 puntos básicos, se mantuvo constante con respecto al observado en el primer trimestre debido al aumento de US$68 millones en el saldo de la reservas internacionales brutas, que totalizaron US$1,553 millones con el fondo contingente de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a US$164.5 millones entregados en agosto de 2009 por el FMI de acuerdo con la resolución del G-20 en Londres en abril de 2009- y es igual 2.95 veces la base monetaria y a 4.73 meses de importaciones de bienes CIF; un pago intereses y amortizaciones de la deuda externa de US$46 millones, que representan el 3.2% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales acumulado en el primer semestre del año; la persistencia de un alto déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 29% del ingreso de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales, aunque menor al registrado a junio de 2009 que fue de 33.3%; un saldo “contable” de la deuda externa de US$3,659 millones, igual a 57.6% del PIB, y cuyo 44% está aún pendiente de reestructuración con 8 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados; y la importante depreciación trimestral de 6.2% del córdoba con respecto al dólar estadounidense en las transacciones comerciales bilaterales con Estados Unidos en el segundo trimestre de 2010.

El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos básicos  corresponden a una diferencia de 1 punto porcentual. Si el índice de riesgo-país de Nicaragua alcanzó 5,180 puntos en el segundo trimestre de 2010, implica que en ese año, los bonos de Nicaragua rindieron 51.8 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses.

En otras palabras, si la tasa promedio de los Bonos del Tesoro fue de 0.25% a finales del cuarto trimestre de 2009, la de los bonos de Nicaragua fue de 0.25 + 51.8 = 52.05%. Así, si los Estados Unidos reciben un crédito de 1 millón de dólares a 0.25% anual, al cabo de un año deberá pagar por intereses 2,500 dólares; pero si Nicaragua recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 520,500 dólares de intereses. 

De esa forma, Nicaragua, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso, una suma casi 208 veces mayor que la del país solvente en concepto de intereses. En otras palabras, un inversionista en Nicaragua puede recuperar el monto de su inversión con los intereses devengados en un año y nueve meses después de realizada su inversión financiera.