Hace un año dejó de ser inmune, pero continúa siendo impune

29 09 2017

El 2 de septiembre recién pasado, el ex banquero y ex diputado Eduardo Montealegre cumplió un año de estar protegido por el Poder Judicial de Nicaragua. El silencio del protector es tan elocuente que hace sentir al protegido la confianza de que no ha cometido ninguna delincuencia, a sabiendas que está acusado por ser un violador de los derechos humanos.

En el Poder Judicial han guardado silencio los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su calidad de Inspector Delegado, Gerardo Rodríguez Olivas, y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián.

Los siete servidores públicos del Poder Judicial saben muy bien que el acusado Eduardo Montealegre, al usar inapropiadamente la inmunidad que le confería su cargo de diputado, fue protegido por el Poder Legislativo durante ocho años consecutivos por medio de los diputados Wilfredo Navarro, Alba Palacios Benavidez y René Núñez (q.e.p.d.) quien no contestó ninguna de las 46 cartas públicas, con copia a todos los miembros que integran la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que le remití para pedirle que procedieran a cumplir las dos solicitudes de dos jueces para desaforar al entonces diputado Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre es un connotado violador de los derechos humanos por sus graves injurias y calumnias contra mi persona que él escribió en el diario La Prensa y en una supuesta carta de disculpas, y, dicho sea de paso, también fue acusado junto a otras 38 personas por la Fiscalía General de la República de ser coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude,  y delito de Tráfico de influencias en el caso de la emisión y reestructuración de los Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001, y también por las subastas de los activos de los bancos liquidados, que provocaron un gran daño al patrimonio nacional.

Debido a la muy cuestionable protección al presunto delincuente Eduardo Montealegre de parte de los servidores públicos pertenecientes a dos Poderes del Estado de Nicaragua, incluso después de que él perdió su escudo de inmunidad en agosto del año pasado, desistí de continuar pidiendo justicia al Poder Judicial porque los siete judiciales, principalmente el inspector delegado Gerardo Rodríguez Olivas que resolvió archivar mi queja, también violentaron mi derecho humano de tener acceso a la justicia, o sea, que han perpetuado la retardación de justicia y fortalecido la impunidad de Eduardo Montealegre.

Sin embargo, desistir de pedir justicia a estos servidores públicos no significa renunciar a mi acusación, la cual ahora es más grave que la que presenté hace nueve años porque el acusado ha provocado no sólo daños morales, sino también perjuicios económicos que han trascendido a los miembros de mi familia.

Ante la seguridad que tiene el presunto delincuente Eduardo Montealegre de no ser llamado a los dos juzgados penales donde lo he acusado, con la debida documentación que me ha entregado la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial desde el año de 2008, he tenido que denunciarlo en las secciones de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

El protegido por dos Poderes del Estado de Nicaragua también debe saber que nunca desistiré de señalarlo y denunciarlo públicamente por ser un violador de los derechos humanos, aunque él se jacte de estar sobre la ley. Los tiempos están cambiando y nadie desea ser reconocido por alguna delincuencia cometida, ya sea una violación de derechos humanos, ya sea un acto de corrupción, incluso si sea presunta.

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El costo de la inclusión social en la educación en Nicaragua

24 09 2017

La educación, como ha sido reiterado un gran número de veces por organizaciones sociales no gubernamentales, académicos e instituciones internacionales, es la base del crecimiento y desarrollo socioeconómico de un país. La exclusión social en los ámbitos de la falta de acceso a la educación y la salud pública, y la exclusión del mercado, en el ámbito de la falta de acceso a la seguridad social, erosiona el orden democrático y provoca el riesgo del surgimiento de un Estado “degradado”.

En 2016, el tamaño de la economía nicaragüense se puede representar con un Producto Interno Bruto Nominal de US$13,231 millones y una población total de 6 millones 328 mil habitantes.

Sin la participación del Banco Mundial, asesor técnico gubernamental que garantiza la aplicación de la metodología bastante cuestionada de la línea de pobreza para estimar la pobreza, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el Banco Central de Nicaragua (BCN) presentaron recientemente los resultados de la séptima encuesta de medición de nivel de vida de la población del país que se realizó en 2016, la cual arrojó el dato de que la probabilidad de ser pobre en Nicaragua es igual a 25%, o sea, 25 de cada 100 nicaragüenses son pobres.

En 2016, el 29.0% del gasto social y el 16.0% del gasto total del presupuesto gubernamental de Nicaragua se destinó al Ministerio de Educación, o sea un monto equivalente a US$408 millones, que en términos por habitante fue igual a US$64.

En diciembre de 1979, en una conferencia internacional de ministros de Educación auspiciada por la UNESCO en México, se adoptó el compromiso de los gobiernos de Latinoamérica de asignar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero no se cumplió. Después, en septiembre de 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomó ese compromiso en la Cumbre del Milenio y fijó el año de 2015 como la meta de su cumplimiento.

Sobre el supuesto de que las autoridades gubernamentales hubiesen asignado el 7% del PIB al gasto total del Ministerio de Educación (MED), el presupuesto nacional para los tres niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, hubiese ascendido a US$926 millones, pero el gasto registrado en la educación pública ejecutado por el MED fue igual a US$408 millones, igual a 3.1% del PIB. Por consiguiente, dicho gasto reflejó una brecha de US$518 millones equivalente a 3.9% del PIB, que es la brecha entre el presupuesto ideal y el presupuesto observado de educación pública en Nicaragua

El supuesto de la asignación del 7% del PIB al gasto público en educación preescolar, primaria y secundaria implicaría el alcance no sólo de la ampliación de la cobertura educativa, sino también del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de la infraestructura del sector de la educación pública.

En conclusión, en 2016 se requería un presupuesto de US$926 millones para garantizar, primero, la matrícula para todos los niños y adolescentes en los tres niveles educativos administrados por el MED y, segundo, una educación de mejor calidad preescolar, primaria y secundaria, requisito fundamental para mejorar el capital humano que contribuya a resolver el problema estructural del bajo nivel de escolaridad de 6.1 años promedio en el país.

Esa brecha se puede explicar con el bajo nivel de la producción de bienes y servicios y los tamaños de la población del país arriba mencionados. En 2016, el PIB de Nicaragua apenas contribuyó apenas con el 5.5% en la formación del PIB del istmo de Centroamérica, incluyendo a Panamá; por otra parte, el PIB Per Cápita promedio anual de Nicaragua fue igual a US$2,091, el segundo más bajo de América Latina y el Caribe.

Hace falta en nuestro país una reforma integral del gasto público. Desde mediados de la década antepasada se han discutido tres reformas tributarias, pero los legisladores, al aprobarlas, no se preguntan ni preguntan a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en que se gastarán los nuevos impuestos recaudados por el Gobierno Central. La respuesta a esta pregunta debería ser concreta, específica, sin ninguna generalidad como la tiene el argumento de financiar el déficit fiscal.

También es necesario que la clase política del país logre un acuerdo duradero contra la exclusión social, es decir, facilitar el acceso a la educación pública y la salud pública, y contra la exclusión del mercado, o sea, facilitar la creación de puestos de trabajo decentes. Habría que cesar la hostilidad democrática, el fortalecimiento institucional, reducir la inequidad en la distribución del ingreso y de la carga tributaria, combatir la corrupción, mitigar los efectos del cambio climático y reducir la inseguridad alimentaria, aprovechar el bono demográfico y eliminar las barreras de exclusión política para los grupos de población vulnerable.

Sin embargo, para que nuestra nación pueda avanzar en esos campos, se requiere realizar una reforma integral del gasto público.





Siempre hay un debe y un haber

17 09 2017

El crecimiento de la demanda interna se debilita en este año, al desacelerar el gasto de consumo de las familias y al disminuir la inversión pública, no obstante, la inversión privada se ha robustecido.

La demanda externa, o el volumen de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, es el factor principal del crecimiento económico del país, producto de dos formidables ciclos agrícolas consecutivos antecedidos por una sequía que también afectó a otros dos ciclos agrícolas.

El subempleo persiste como el principal problema estructural del mercado laboral, causa principal del alto nivel de subutilización de la fuerza laboral y la pobreza nacional, lo cual no puede ser ocultado aún con las aseveraciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, de que la tasa de desempleo es bastante baja, porque se podría inferir que la economía de Nicaragua ya se encuentra en pleno empleo.

No hay que olvidar que el índice de precios al consumidor del país es agrícola. La tasa de inflación se arrastra también en un nivel bastante bajo e inferior a la tasa de devaluación reptante, influenciada por los bajos precios de los alimentos resultante del desempeño notable de la producción agropecuaria y de la baja inflación importada desde hace dos años, pero recientemente los precios internacionales del petróleo aceleran por el aumento de la demanda tras los huracanes Harvey por Texas e Irma por Florida, así como por el mayor cumplimiento del acuerdo auspiciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la oferta global.

Al cierre del primer trimestre del año en curso, se registró un leve superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, gracias al mayor volumen de las exportaciones, la disminución de los precios de los bienes importados y al mayor valor del flujo de las remesas.

Al cierre del primer semestre de este año, acompañado de un creciente financiamiento externo destinado al presupuesto gubernamental, se observó también otro leve superávit fiscal, resultante de una mayor recaudación de impuestos del Gobierno Central y de la caída del gasto de inversión pública.

Maniatado por la cláusula de mantenimiento de valor y la presencia marginal del córdoba en el mercado, el BCN no puede aplicar políticas monetaria y cambiaria apropiadas para defender la posición de las reservas internacionales y garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Por este motivo, la autoridad monetaria, sin contar con una política financiera nacional, se ve restringida a “esterilizar” dinero del mercado, o sea, saca córdobas de circulación con subastas de Letras a plazos que se concentran en treinta días o menos y con crecientes depósitos de encaje en córdobas y en dólares que los grupos financieros llevan al BCN, de tal forma que la tasa de encaje efectiva casi duplica la tasa de encaje legal.

Con menos córdobas circulando en el mercado, el BCN logra sus objetivos de (i) reducir la compra de divisas de los agentes económicos y, por ende, la demanda de importaciones, (ii) evitar la caída de las reservas internacionales expuesta a riesgo con el desplome del crédito petrolero de Venezuela porque hoy se paga en efectivo el setenta por ciento de las importaciones de hidrocarburos, provenientes principalmente de Estados Unidos y México, y (iii) garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria.

Como solía afirmar el fraile franciscano italiano Luca Paccioli, iniciador de la contabilidad moderna en 1494, “no hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”. Desde mayo de 2016, la reducción de la oferta de dinero emprendida por el BCN ha desacelerado las ventas de bienes y servicios de consumo final, ha provocado problemas en la administración de inventarios de bienes intermedios y finales, y está desacelerando la tasa esperada de crecimiento económico del país.

En este escenario, las políticas públicas deben enfrentar los riesgos de la probable aprobación de la “NICA Act”, la expulsión a sus países de origen de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el proteccionismo comercial anunciado por el Presidente Donald Trump, el posible examen de Estados Unidos a Nicaragua en el marco del tratado de libre comercio DR-CAFTA, los efectos de la política fiscal expansiva de la administración Trump en un momento en que la economía estadounidense está muy cercana al pleno empleo, y la promesa del Presidente Donald Trump de la liberalización financiera a Wall Street.

Sin embargo, lo más preocupante es el silencio del Presidente Daniel Ortega ante tantos riesgos, directos e indirectos, la mayoría de ellos de origen externo que interno, y entre estos últimos prevalecen casi exclusivamente los riesgos políticos. Los riesgos económicos y financieros se han minimizado, aunque algunos problemas estructurales se están profundizando, tales como la falta de certeza jurídica, el déficit financiero de la seguridad social, la baja productividad de la economía, el déficit comercial externo que prevalece desde hace varias décadas, la inequidad de la distribución del ingreso y la corrupción, entre otros.

El diálogo es la base de la convivencia pacífica. Gran parte del debate pendiente es exclusivamente político. Sin una debida atención a esos riesgos políticos, quedará desprotegido el sector privado al afectarse principalmente la confianza inversionista y los flujos de inversión extranjera directa, hoy el principal soporte del crecimiento económico





Impactos de las sanciones financieras de Estados Unidos a Venezuela

10 09 2017

Presentación1

Las sanciones financieras anunciadas el 25 de agosto del año en curso por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, a través del Departamento del Tesoro, prohíben transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), las transacciones en bonos y acciones propiedad del sector público venezolano, y los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela, como los enviados a Caracas por CITGO (Corporación Petrolera CITGO), filial de PDVSA, con seis refinerías, cuarenta y ocho terminales de abastecimiento y distribución, y seis mil estaciones de gasolina en la costa este de Estados Unidos, desde los años ochenta del siglo pasado. Estas sanciones excluyen al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, pues no prohíben la exportación de crudo a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro emitirá licencias con un período de liquidación de 30 días para permitir transacciones que, de otro modo, quedarían prohibidas por este decreto, entre ellas las vinculadas con la exportación y la importación de petróleo.

El decreto ejecutivo firmado por el Presidente Donald Trump indica que el gobierno de Venezuela ya no tiene acceso a una importante fuente de financiamiento externo y el gobierno de Estados Unidos protege su sistema financiero para evitar que se convierta en cómplice de la corrupción de Venezuela y del empobrecimiento que sufre el pueblo venezolano.

Esta es la cuarta ronda de sanciones que el Estados Unidos ha emitido contra el Presidente Nicolás Maduro y su círculo íntimo, incluyendo funcionarios gubernamentales y ejecutivos de PDVSA.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas contra el presidente Nicolás Maduro y una veintena de sus funcionarios y ex colaboradores, acusándolos de quebrantar la democracia, corrupción y violación de los derechos humanos.

El 31 de agosto de 2017, Nicolás Maduro fue el primer presidente latinoamericano incluido por el Departamento del Tesoro en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). El 13 de febrero de 2017, el Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, también fue incluido en la lista OFAC, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le anuló su visa estadounidense, la confiscó propiedades y le prohibió realizar transacciones o comerciales con instituciones estadounidenses.

¿Afectan estas disposiciones del gobierno de Estados Unidos a las empresas o los productores nicaragüenses? En términos generales, no; en términos particulares, sí, sólo en el caso de que la empresa cuente con una participación de capital accionario de origen estadounidense de 50% o más y más, suscriba contratos, colabore o preste ayuda financiera a las empresas y personas venezolanas que estén en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a menos que la OFAC la autorice o exima expresamente por ley. No hay un monto mínimo o máximo sujeto a las regulaciones.

Todas las personas estadounidenses deben cumplir con los reglamentos de la OFAC, incluyendo todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros permanentes (o sea, los que tienen una green card), independientemente de dónde se encuentren, todas las personas y entidades dentro de los Estados Unidos, todas las entidades constituidas en los Estados Unidos y sus sucursales fuera de Estados Unidos.

En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51% del capital accionario de ALBANISA, por lo cual los ciudadanos y las entidades estadounidenses deben revisar todas las transacciones con ALBANISA para asegurar el cumplimiento de las sanciones de la OFAC.

¿Cuál es el riesgo que correrían esas personas jurídicas, principalmente entidades financieras, y personas naturales de origen estadounidense si no acataran las sanciones financieras anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela? Las sanciones de la OFAC prohíben generalmente las transacciones que involucren, directa o indirectamente, a una persona bloqueada o sancionada, sin autorización de la OFAC. La sanción se aplica aun cuando la persona bloqueada actúa en nombre de una entidad no bloqueada. Las personas estadounidenses podrían ser tratadas por el gobierno de Estados Unidos como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas.

La inclusión de un funcionario del Gobierno de Venezuela en las listas de la OFAC no significa que el propio gobierno de Venezuela también esté bloqueado. Las prohibiciones se aplican sólo a las transacciones o tratos con los individuos y entidades cuyos bienes e intereses en la propiedad estén bloqueados.

Por ejemplo, una entidad bancaria con capital accionario estadounidense mayoritario o una persona estadounidense retiraría su apoyo financiero a personas o entes relacionados con el gobierno de Venezuela, no les concedería préstamos ni transarían bonos de PDVSA y del gobierno de Venezuela, ni cualquier título valor emitido por esas instituciones venezolanas después de junio de 2017.

¿Alguna entidad financiera radicada en Nicaragua estaría condicionada por las sanciones estadounidenses? En la actualidad, no, porque las participaciones mayoritarias de capital en los bancos privados radicados en el país corresponden a inversionistas nicaragüenses, colombianos, panameños, hondureños y venezolanos. El ultimo banco con capital estadounidense que estuvo radicado en el país fue Citi Bank, que vendió sus acciones a FICOHSA, un banco hondureño.

¿Cuáles serían los principales efectos sobre la economía de Venezuela? Las finanzas externas de Venezuela, ya afectadas por los bajos precios internacionales del petróleo, se deterioran más por las sanciones estadounidenses, por lo cual el gobierno venezolano, al entrar en default muy probablemente en octubre y noviembre de este año, tendrá que recurrir a un período de gracia de 30 días para honrar algunos bonos de deuda emitida por PDVSA y el gobierno y el Banco Central de Venezuela, que están en manos de bancos de inversión, tales como Goldman Sachs y Nomura, y en el fondo buitre Fintech. Esto obstaculizará o impedirá cualquier reestructuración de la deuda pública externa venezolana contraída durante el boom petrolero que duró hasta el año de 2012.

Como en el caso argentino, cuando cae el precio de los bonos se activan los fondos buitres y éstos comienzan a construir sus portafolios de deuda potencialmente en default. Ante la falta de pago de la deuda soberana, surgirán las demandas que tendrá el Gobierno de Venezuela en los tribunales internacionales.

En conclusión, las personas estadounidenses, jurídicas y naturales, deben tener el cuidado especial de no realizar negocios con entidades no bloqueadas en las que están involucrados, directa o indirectamente, individuos bloqueados o sancionados. Las personas estadounidenses no pueden celebrar contratos firmados por un individuo bloqueado.