La crisis ya cobró un buen precio al sistema estadounidense

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por la oposición republicana, rechazó el sábado 30 de julio un plan de los demócratas del Senado para elevar el techo de la deuda. El líder de la mayoría del Partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, intentó atraer los votos de la derecha y para ello incluyó medidas sugeridas por el jefe republicano del Senado, Mitch McConnell. Con esta votación los republicanos de la cámara baja respondieron al rechazo del viernes 29 de julio por el Senado al plan republicano.

El grupo Tea Party, ala radical del Partido Republicano, integrado por unos 80 legisladores elegidos en noviembre, se niega a ceder terreno en cuanto a elevar impuestos a los más ricos y en cambio insisten en masivas reducciones del gasto público.

Una combinación de guerras, reducción de impuestos y la crisis de 2008 -todo ello, bajo la presidencia de George W. Bush- figuran entre los principales factores que llevaron a Estados Unidos a semejante deuda.

Pero las responsabilidades son compartidas. En enero de 2009, cuando el presidente Barack Obama asumió el poder, la deuda estadounidense era de 10.6 billones de dólares (o sea 10.6 millones de millones de dólares). Dos años después, bajo su gestión, llegó al techo histórico de 14,3 billones (o sea, 14.3 millones de millones de dólares). Simplemente, una deuda insostenible.

La crisis de la deuda pública estadounidense está dejando heridas en lo político y abriendo serios interrogantes en lo económico, con pronósticos que van desde el «trauma» por una degradación de la calificación crediticia, hasta las «muy  serias consecuencias financieras» en Estados Unidos y el mundo.

El influyente New York Times sentenció en un editorial que «No es el crédito, sino la credibilidad norteamericana la que está en juego.

Moises Naim, un investigador del Carnegie Endowment for International Peace sintetizó: «Si algo se comprendió ya es lo frágil de la situación».

Darrel West, experto en cuestiones de gobernabilidad en la Brookings Institution, señala: «Cuando se hace evidente que el sistema se muestra incapaz de solucionar un problema vital, bien se puede pensar que está quebrado. Pero eso no significa que el daño no pueda repararse.»

El profesor Paul Krugman dice que “el culto al equilibrio ha desempeñado una función importante a la hora de llevarnos al borde del desastre. Porque, si la información sobre discusiones políticas siempre parte de la base de que ambas partes son culpables, no se castiga el extremismo. Los votantes no le castigarán a uno por su atroz comportamiento si todo lo que escuchan es que ambas partes son culpables.”  Y concluye el profesor Krugman “que muchos expertos consideran que el hecho de situarse en medio del espectro político es una virtud en sí mismo. Yo no. La sabiduría no se encuentra necesariamente en el punto medio y yo quiero que los dirigentes hagan lo correcto, no lo que sea centrista.”

Ben Bernanke, presidente de la Fed, alertó de las consecuencias catastróficas por no elevarse el techo de la deuda a tiempo, dijo que no podía estar ni un minuto sin el efectivo necesario para poder pagar las facturas, y trató deser muy cuidadoso con la independencia de la institución y distanciarse de disputas políticas. Para evitar una fuga de inversionistas financieros, Bernanke tendría que subir las tasas de interés, con el consiguiente coste económico. Una posibilidad es que la Reserva compre Bonos del Tesoro e inyecte a la vez liquidez en el sistema para que no se resienta la actividad económica, pero no puede adquirir los bonos directamente del Tesoro y deberá tener presente que se le puede desbocar la inflación.

Hay poco espacio en el Congreso para la moderación. El Tea Party se enancó sobre los republicanos con la promesa absoluta de «limpiar Washington», acabar con la clase política tradicional y devolver el protagonismo al pueblo, como una romántica reedición de la revolución fundacional norteamericana.

Con el lema de «no subir los impuestos ni un centavo si no se baja el gasto», el Tea Party tiene tal fuerza que ya logró acorralar a las figuras más moderadas, como muestra el débil liderazgo que ya tiene el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.

El liderazgo del presidente Barack  Obama ha sido percibido como «demasiado blando y dispuesto a hacer concesiones por propio y extraños». Su aprobación acaba de caer al piso inédito del 41%, de acuerdo con una encuesta del reconocido Instituto Pew.

En contra del consejo del ex presidente Bill Clinton, la Casa Blanca rechazó la posibilidad de que el mandatario resuelva la crisis por decreto. «No está en consideración la posibilidad de apelar» al recurso de la acción directa presidencial que contempla la enmienda número 14, dijo el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney.

La conducción de esta crisis por la solicitud de aumentar el techo de deuda de la primera economía del mundo, cargada de ideología y de intereses a corto plazo, ha dejado al descubierto el peligro de la ingobernabilidad o de la disfuncionalidad del sistema político estadounidense.

Unos números.

Estados Unidos tiene la máxima nota crediticia de triple A desde 1941.

El techo de la deuda se ha elevado en 78 ocasiones desde 1960, incluyendo 18 bajo los mandatos de Ronald Reagan; 7, con George W. Bush, y 3, con Barack Obama.

La deuda pública de Estados Unidos es de US$14.54 billones (o 14.54 millones de millones de dólares) y superará el tamaño de la economía estadounidense este año por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, al alcanzar el 102% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cada 22.3 segundos la deuda aumenta en 1 millón de dólares.

El 5% de la deuda se llegaría a cubrir si se hubieran gastado 1 millón de dólares diarios desde el nacimiento de Cristo

El PIB de Estados Unidos es de US$14.8 billones (14.8 millones de millones de dólares), la mayor economía del mundo.

La población de Estados Unidos es de 311.8 millones de habitantes.

La deuda por habitante es de US$46,662.

La deuda por contribuyente es de US$130,115.

Las mayores partidas del presupuesto federal de Estados Unidos son (en millones de dólares):

Medicare/Medicaid                           823,467

Seguridad social                                 715,946

Defensa/Guerras                                702,221

Gastos sociales                                   421,328

Intereses netos de la deuda              213,096

Jubilaciones                                       213,080

El déficit público de Estados Unidos en 2011 equivale al 11% de su PIB.

En un escenario de default, estarían en riesgo los más de 80 millones de cheques que salen mensualmente desde el Tesoro para pagar a veteranos, jubilados y a los que se benefician de la sanidad pública.

JP Morgan estima el impacto de la pérdida de AAA en 100 mil millones de dólares anuales para el contribuyente estadounidense. Eso se deduce de un incremento del coste de pedir prestado de hasta 75 puntos básicos, con lo que el dinero público irá a pagar intereses y tendrá que retirarse de otras partidas. El efecto a corto plazo sería menor, de 10 puntos básicos.

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El tema del default de la deuda estadounidense es político

A pesar que se superó la polémica sobre los impuestos para financiar el déficit público estadounidense, porque el presidente Barack Obama y los demócratas aceptaron una reducción del déficit público mediante recortes de gastos únicamente, sin nuevos ingresos tributarios, ahora el debate se ha centrado en cuánto se reducen esos gastos y, a cambio, cuánto endeudamiento se le permitirá al gobierno.

El líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quiere una reducción de un billón de dólares y un aumento del límite de deuda por una cantidad idéntica, lo que retrasaría la amenaza de quiebra hasta el final de este año, pero dio marcha atrás en su intento de votar su propuesta por la sublevación de los congresistas del ultraconservador Tea Party, que la creen muy moderada.

Los demócratas no saben si respaldar la iniciativa de su líder en el Senado, Harry Reid, que consiste en la reducción de gastos por dos billones de dólares y la elevación del techo de la deuda para que el gobierno pueda pagar sus compromisos hasta finales de 2012, o esperar a que la oposición esté dispuesta a negociar algo viable.

Mientras en la Casa Blanca, el presidente Obama se resiste a ofrecer una alternativa ante la certeza de que sería rechazada por los republicanos -fuese la que fuese-, y se mantiene a la espera de acontecimientos porque se ha puesto al margen de la situación.

El plan de John Boehner aprobado por la Cámara de Representantes la noche del viernes 29 de julio, con 218 votos a favor y 210 en contra (todos los legisladores demócratas y 22 republicanos), consiguió levantar el techo de la deuda hasta el fin de  este año con la exigencia de una enmienda constitucional para prohibir los presupuestos deficitarios, pero fue rechazado por los demócratas en el Senado, con 59 votos contra 41.

La deuda de Estados Unidos es de 14.3 millones de millones de dólares (billones en el sistema inglés) y es equivalente al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del Mundo. De ese monto, 9.7 millones de millones de dólares corresponden a acreedores externos, y el restante 4.6 millones de millones de dólares es deuda inter estatal.

Dejar de pagar parcialmente los intereses y las amortizaciones de la deuda estadounidense sería un fracaso político de Washington, porque provocaría un caos económico y financiero global. Estados Unidos es el centro financiero del mundo y provee las reservas internacionales que otros países usan.

Entre esas reservas internacionales, además de los billetes de dólar, se encuentran los Bonos del Tesoro de Estados Unidos que son la inversión más confiable del mundo y el pilar del mercado mundial de bonos. Si se suspendiera el pago de esas obligaciones, la crisis de confianza se propagaría en el mundo entre todas las empresas financieras y no financieras, el índice de riesgo-país de Estados Unidos se elevaría y la masiva venta de bonos derribaría a las acciones y al dólar estadounidense.

Lo peligroso de una cesación de pago de la deuda de Estados Unidos sería la degradación de la calificación de su deuda desde AAA (excelente o de riesgo mínimo) hasta, en el peor de los casos, C (en default), lo que provocaría también la degradación de la calificación de todos los activos globales no sólo en los países de economías avanzadas, sino también en países emergentes, países menos desarrollados y países pobres que cotizan con un diferencial por encima de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos no caiga en una suspensión de pagos, una priorización de los pagos de su deuda para evitar la moratoria sería muy perjudicial para la economía. En este escenario, sería bastante difícil que el gobierno de Estados Unidos lograra mantener la calificación triple A mientras prosiga la disputa entre los representantes republicanos y demócratas por alcanzar un plan que amplíe el techo de su deuda y reduzca su déficit fiscal.

¿Qué harían los inversionistas financieros? Venderían todos los bonos de la deuda estadounidense porque no tendrían valor. Entre los grandes perjudicados se distingue, primero, China que tiene entre sus reservas 1.16 millones de millones de dólares en bonos estadounidenses, seguida (en millones de dólares) de  Japón con 910 mil, Latinoamérica con 700 mil -de ellas, 335 mil  corresponden a Brasil; México, 131 mil; Argentina, 51 mil; Perú, 47 mil; Chile, 34 mil; y Venezuela, 28 mil-; y Reino Unido, 345 mil millones de dólares. Una venta masiva de bonos del Tesoro podría causar un efecto de pánico importante en los mercados, como ocurrió en 2008 con el desplome de Wall Street, pero habría que esperar cómo reaccionaría China.

La Fed, el banco central estadounidense, también se vería en problemas porque ha inyectado una gran liquidez al sistema. Recientemente impulsó el “quantitative easing” (QE o relajación cuantitativa) de 600 mil millones de dólares y a cambio recibió de Bonos del Tesoro, una medida de política monetaria que fue un fracaso porque no aceleró el crecimiento económico ni redujo la tasa de desempleo en Estados Unidos.

Entre las principales consecuencias económicas para todos los países, se destacarían los cinco siguientes:

1.    El dólar estadounidense perdería su valor o se devaluaría, y la desconfianza se propagaría entre los bancos centrales, los bancos comerciales, las empresas no financieras y las familias.

En el caso de Nicaragua, que desde hace muchos años muestra una excesiva dolarización extraoficial, se afectarían (i) la tenencia de reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua registradas al 30 de abril, equivalentes a 405 millones de dólares en bonos, 179 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y más del 90% de 1 mil 582 millones en divisas convertibles; (ii) los depósitos en dólares del público no bancario en las instituciones financieras banca comercial, que sumaron 2 mil 531 millones al 30 de mayo; y (iii) la cartera de préstamos en dólares del sistema financiero nacional, que sumó 2 mil 595 millones de dólares al 30 de junio del año en curso. El valor total de todos estos fondos representa más del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país registrado en 2010 y, es indudable, una gran volatilidad del tipo de cambio.

2.    Los inversionistas financieros se refugiarían, como siempre lo han hecho, en el oro –el precio de la onza troy ya escaló hasta 1 mil 630 dólares- y los contratos de futuros del petróleo, de las materias primas y de los alimentos, conocidos como commodities. Ningún inversionista financiero tiene garantizada su tenencia en bonos y dólares estadounidenses.

En el caso de Nicaragua, en el primer semestre el precio promedio mensual del barril de petróleo WTI, de referencia para Latinoamérica, fue de US$101.28, que se incrementaría con el riesgo del default, y también se aceleraría la tasa de inflación de los commodities que exporta Nicaragua, que fue pronosticada por COPADES para 2011 en el nivel de 22% a inicios de este año.

3.    Con un dólar estadounidense muy debilitado, se incrementarían los precios globales de las materias primas y habría mayores presiones inflacionarias.

En el caso de Nicaragua, la tasa de inflación de 9.7% pronosticada para 2011 por COPADES desde inicios de este año se aceleraría en una primera ronda por los crecientes precios internacionales y, por ende, aumentarían los precios al consumidor, lo cual obligaría al BCN a mantener una política monetaria demasiado restrictiva.

4.    Las tasas de interés aumentarían para todas las deudas y afectarían al consumo y a la inversión, por lo cual endeudarse sería más caro y, por lo tanto, el gobierno, los productores y los consumidores gastarían menos.

En el caso de Nicaragua, sin la simulación de estos efectos por un default de la deuda estadounidense, las tasas de interés del sistema financiero nacional ya son onerosas para la producción –de corto plazo dolarizada, 9.79% en junio- y el consumo, 50%, y pocas atractivas para fomentar el ahorro financiero entre las familias –de corto plazo dolarizada 2.31% en junio-. El actual superávit fiscal del gobierno central se transformaría en un mayor déficit fiscal que el esperado de 2% del PIB antes del registro de las donaciones externas en este año.

5.    Se observaría una menor inversión, menos remesas, una desaceleración del crecimiento económico, un mayor desempleo y los riesgos de una recesión económica no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo como en 2009.

En el mejor de los casos para Nicaragua, vamos hacia un periodo de bajo crecimiento económico y, en el tránsito de una desaceleración importante, en el peor de los casos caeríamos en recesión. Es bastante probable que los pronósticos de COPADES de una tasa de crecimiento económico de 4.1% para 2011 y de una tasa de caída de 2% del volumen de exportaciones sean muy optimistas para fines del año. La riqueza de la clase alta se deterioraría. El mayor problema sería si el «efecto contagio» se traslada a la economía real de China. En esta situación, los precios de los commodities caerían y se desaceleraría la tasa de inflación en una segunda ronda en el mercado local.

Finalmente, creo que Estados Unidos evitarán la cesación de pagos porque estamos observando un “juego político” entre los legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos de cara a las elecciones en noviembre de 2012. ¿Habrá un pacto de los moderados? ¿Perderán los demócratas el apoyo de la izquierda? ¿Romperán los republicanos con el Tea Party? Creo que sí.

Los legisladores estadounidenses deben separar el hecho político del efecto económico, aunque el riesgo está justamente en que la línea divisoria entre ese hecho y ese efecto siga disminuyendo hasta que desaparezca. Ojalá que no haya una quiebra económica en el mundo, lo cual implicaría que tampoco habrá una quiebra política en Estados Unidos.

Segunda solicitud de desaforación llega a la Asamblea Nacional

Hoy confirmé que el Señor Juez Henry Morales Olivares, a cargo del Séptimo Local de lo Penal de Managua, envió al despacho del Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Dr. Wilfredo Navarro, la segunda solicitud de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre, quien arropado en su inmunidad parlamentaria continúa burlándose de la justicia desde el 27 de agosto de 2008.

Este diputado decidió cargar su presunta delincuencia como violador de los derechos humanos, tanto por su grave calumnia que este servidor es un defraudador del Estado de Nicaragua como por su injuria de que no sirve mi investigación sobre las liquidaciones bancarias que realicé ad honorem en 2007 a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), en la cual se basó la Fiscalía General de la República para acusarlo penalmente por sus actuaciones inapropiadas en la reestructuración de la deuda pública por dichas liquidaciones y en la subasta de los activos de los bancos liquidados.

Por mi parte, seguiré mi lucha contra la impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre, quien ahora entre bambalinas de la alianza PLI funciona como su coordinador político para dirigir una campaña de elecciones nacionales en la que aspira ser primer diputado nacional de esa alianza y, así, continuar escudándose en la inmunidad parlamentaria para evadir el llamado de la justicia.

En estos días que nos visitó una delegación de Amnistía Internacional, no escuché a ningún miembro de la alianza del PLI decir que entre sus filas se encuentra un violador de los derechos humanos y, más aún, hubiese sido repugnante ver al violador de derechos humanos Eduardo Montealegre alrededor de la mesa de conversación entre esa alianza y la delegación internacional.

Cuando concluya el receso parlamentario a mediados de agosto de este año, visitaré de nuevo al Dr. Wilfredo Navarro para hacer pública la desaforación solicitada por el Señor Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, con los objetivos de mantener activas mis dos demandas contra el diputado impune en la Asamblea Nacional y para que los nicaragüenses siempre estén atentos de la cuestionable conducta de Eduardo Montealegre, que se auto denomina un demócrata y aspira, con su prepotencia y soberbia, a ser representante en el primer Poder del Estado de Nicaragua.

El Índice de Riesgo-País de Nicaragua II Trimestre de 2011

Desde hace varios años, el índice de riesgo-país de Nicaragua siempre se clasificaba en la categoría de muy alto: Hoy es moderado.

El riesgo político de 51 puntos (en una escala de 0 a 100 y que pondera con un 50% en el índice de riesgo-país) o de 5,100 puntos básicos, disminuyó 500 puntos básicos en relación con el registrado en el cuarto trimestre de 2010, lo cual se explica principalmente con la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Daniel Ortega se presente como candidato a los comicios de noviembre, la confirmación presidencial que habrá observación electoral, el mejor resguardo policial para la seguridad física, el financiamiento de ALBANISA para el ajuste de las tarifas de energía eléctrica, el mal procedimiento para la devolución de impuestos en la Dirección General de Ingresos, la continuidad del diálogo político-empresarial, el acuerdo tripartito para el ajuste del salario mínimo legal, la clasificación de Nicaragua entre los países más seguros de Centroamérica, las estrictas medidas migratorias establecidas por Panamá por el creciente número de inmigrantes nicaragüenses, la no injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la autorización de la Corte Internacional de Justicia para que Nicaragua continúe dragando el Río San Juan y su rechazo a las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica, el restablecimiento de las relaciones comerciales con Honduras, la ausencia del diálogo entre las autoridades gubernamentales y la Iglesia Católica, y la paralización económica y comercial durante varios días por los tranques del Movimiento No Pago en el norte del país.

En el ámbito económico, el riesgo de 16.0 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 1,600 puntos básicos, disminuyó 650 puntos básicos debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita de Nicaragua tiende a incrementarse hasta US$1,326 en 2011, pero es apenas igual a el 13.4% del PIB Per Cápita Mundial; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como un porcentaje del PIB fue de 6.6% a finales del primer semestre de 2011, por el alza de los precios internacionales de los alimentos, los hidrocarburos y otras materias primas; el superávit fiscal que, como un porcentaje del PIB, fue de 0.1% antes del registro de las donaciones externas; la presión inflacionaria de los precios al consumidor en el primer semestre de año fue de 3.9% y el repunte del desempeño productivo del país del orden del 7.4% promedio anual en abril de 2010.

En el ámbito financiero, el riesgo de 21.5 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 2,150 puntos básicos, cayó 650 puntos básicos con respecto al observado en el cuarto trimestre de 2011, debido al pago anual de intereses y amortizaciones de la deuda externa de US$45 millones, que representó el 2.8% del valor anual de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales del primer semestre del año; la depreciación interanual de 1.8% del córdoba con respecto al dólar estadounidense en las transacciones comerciales bilaterales con Estados Unidos en el segundo trimestre de 2010, que es la sexta depreciación trimestral consecutiva del córdoba; la disminución de US$13 millones en el saldo de la reservas internacionales brutas en el primer semestre del año, que totalizó US$1,786 millones gracias al ingreso de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público, la compra de divisas del BCN y al sobre encaje en dólares de la banca comercial, y que incluye el fondo contingente de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a US$164.5 millones entregados en agosto de 2009 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acuerdo con la resolución del G-20 en Londres en abril de 2009-, siendo igual a  2.95 veces la base monetaria y a 4.1 meses de importaciones de bienes CIF; el saldo “contable” de la deuda externa de US$3,987 millones, igual a 52% del PIB, y cuyo 40% está aún pendiente de reestructuración con diez países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados; y la persistencia de un alto déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 32% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales del primes semestre de este año.

El índice de riesgo país de Nicaragua disminuyó 600 puntos básicos en el segundo trimestre de 2010 con respecto al cuarto trimestre de este año, al registrar 4,430 puntos básicos (ó 44.3 puntos), y adquiere el calificativo de moderado.

El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos básicos  corresponden a una diferencia de 1 punto porcentual. Si el índice de riesgo-país de Nicaragua alcanzó 4,430 puntos en el segundo trimestre de 2011, implica que en ese año, los bonos de Nicaragua rindieron 44.3 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses.

En otras palabras, si la tasa promedio de los Bonos del Tesoro fue de 0.25% a finales del segundo trimestre de 2011, la de los bonos de Nicaragua fue de 0.25 + 44.3 = 44.55%. Así, si los Estados Unidos reciben un crédito de 1 millón de dólares a 0.25% anual, al cabo de un año deberá pagar por intereses 2,500 dólares; pero si Nicaragua recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 445,500 dólares de intereses.

De esa forma, Nicaragua, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso, una suma 178 veces mayor que la del país solvente en concepto de intereses. En otras palabras, un inversionista en Nicaragua puede recuperar el monto de su inversión con los intereses devengados en 2.24 años después de realizada su inversión financiera.

Seminario Índice de Riesgo-País de Nicaragua II Trimestre 2011 y su Actualización para 2011

Estimado lector:

Le invito a participar en el seminario sobre el índice de riesgo país de Nicaragua al 30 de junio de este año y su pronóstico para el año 2011. Se presentará, además, una actualización de nuestro pronóstico sobre el comportamiento de la economía de Nicaragua en 2011, que presentamos a inicios del año en curso.

Agradezco su atención al presente mensaje y le espero en este evento, que detallamos a continuación.

Néstor Avendaño

Director Ejecutivo de COPADES

Hacer mejor más de lo mismo, preocupa

El 19 de julio el presidente Daniel Ortega Saavedra afirmó que su Plan de Gobierno como candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “es el que está en práctica y que hay que mejorar”. Reafirmó lo que dijo hace casi un mes la primera dama de la República, Sra. Rosario Murillo Zambrana: “El programa será más de lo mismo y mejor”. Pero hacer más de lo mismo, ahora en mejor forma, me preocupa para el futuro de nuestra economía nacional.

Reconozco que la administración del presidente Daniel Ortega se ha preocupado casi exclusivamente por los nicaragüenses excluidos radicalmente del mercado, los pobres extremos que en 2009 eran 838 mil 400 personas, y también estoy seguro que ha dirigido el perfil de su mirada a los pobres no extremos, que en ese mismo año eran 1 millón 602 mil personas, de acuerdo con los resultados de la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida de la Población de 2009 realizada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

De cualquier forma que sean vistas, las políticas de reducción de la pobreza ejecutadas a través de varios proyectos emblemáticos, que son financiados con la deuda privada externa de origen venezolana, son dirigidas principalmente al 63.3% del total de 2 millones 440 mil 400 pobres, extremos y no extremos, que radicaban en las áreas rurales en 2009.

Por lo tanto, la atención gubernamental a los excluidos por el mercado ha sido una tarea estatal que distingue al presidente Ortega. También es evidente que la tarea presidencial de la inclusión social ha sido bastante aceptable en la educación y la salud de la población, pero las de la  inclusión en el mercado laboral y la seguridad social son bastante cuestionables.

Esas políticas públicas, al concentrarse alrededor del objetivo de reducir más rápidamente la pobreza extrema, no facilitan incrementar la productividad laboral ni acelerar el crecimiento económico de nuestro país; además, no se logra maximizar el rendimiento de la deuda privada externa que se ha contraído con el préstamo muy concesional proveniente de Venezuela.

Seguir haciendo más de lo mismo aunque en mejor forma no podría reducir el elevado porcentaje de la informalidad de nuestro mercado laboral, que saltó de 64.4% en 2006 a 75.7% en 2010 según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), ni disminuiría la alta tasa de desempleo global (desempleo abierto y desempleo equivalente asociado con el subempleo) que afectó al 27% de la población económicamente activa en 2010, de acuerdo con mis estimaciones en Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), lo cual implicó que en el año pasado 770 mil personas no generaron ingresos en nuestro país. No debemos olvidar que el primer problema de los nicaragüenses desde hace muchos años es el desempleo, y el segundo problema es la pobreza, una secuencia económica lógica: si no se generan ingresos, hay pobreza, aunque el Banco Mundial determine su índice con el consumo per cápita, independientemente que sea financiado con remesas familiares.

Independientemente que sea en mejor forma, seguir haciendo más de lo mismo no significaría garantizar el pleno empleo, porque la política económica de la administración pública actual no lo garantiza. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. En el ámbito fiscal, el gobierno actual “sinceró” el gasto presupuestario deformado que le heredó la administración de Enrique Bolaños, cuando trasladó del gasto de inversión al gasto de consumo el monto de la planilla de asesores nacionales y extranjeros del sector público que se pagaba con los recursos de la cooperación internacional, pero hoy en el presupuesto nacional se observa la profundización de otro problema estructural resultante de ese “sinceramiento”, como es un gasto de inversión anual equivalente al 30% del total de los recursos públicos o del total del gasto presupuestario.

El presidente Ortega debe saber que el problema estructural de la pobreza no disminuye si con el presupuesto nacional se consume más de lo que se invierte, aunque a un lado del presupuesto se financien otros gastos públicos con el préstamo venezolano. A manera de ejemplo, en el primer año de gestión del actual gobierno, del total del gasto de reducción de la pobreza incluido en el presupuesto nacional el 60% se destinaba al gasto corriente y el 40% al gasto de inversión; en la ley del presupuesto nacional aprobado para 2011, esos porcentajes se elevaron hasta 64% y 36% en el mismo orden. Señor presidente, habría que detener y revertir esa tendencia creciente para mejorar la situación social de nuestra población.

El objetivo del pleno empleo tampoco se observa en la actual política monetaria, que continúa siendo más de lo mismo desde la primera década de este siglo, a pesar que el año pasado se emitió una nueva ley del BCN que sólo garantizó su autonomía y capitalización. El mandato del crecimiento económico para el BCN no fue incorporado en su nueva ley, a pesar que es la autoridad monetaria de un país que es pobre, muy endeudado en términos de producción y que no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. Este es otro problema estructural en la conducción de la política monetaria, financiera y cambiaria de nuestro país, el cual persistiría haciendo más de lo mismo en mejor forma.

Sin verse obligadas la política fiscal y la política monetaria y financiera para cumplir el objetivo de pleno empleo, o sea cumplir los objetivos de crear empleos de mejor calidad y evitar la proliferación del subempleo, no existen expectativas inmediatas para atender a los estratos ya reducidos de la población de medianos ingresos. Desde hace varios años, porque no es exclusivo de los últimos tiempos, la población no pobre emigra al exterior en búsqueda de mejores empleos y remuneraciones que no encuentra en nuestro mercado laboral. Y esto es preocupante para el futuro crecimiento económico y bienestar de la población, porque es una fuga de nuestro capital humano que se ha forjado con recursos públicos y privados del país.

Con todos esos argumentos pretendo demostrar que hacer más de lo mismo, aunque sea en una excelente forma, no resolverá los problemas del anémico o lentísimo crecimiento económico, ni el problema estructural del mercado laboral que se manifiesta con un creciente número de personas que trabajan menos de 8 horas diarias indicadas por la jornada legal y con un gran número de personas que devengan menos de lo que establece la ley de salario mínimo legal, mucho menos que se lograría la reducción de la pobreza la cual va acompañada con el crecimiento poblacional promedio anual de 1.2% en el próximo quinquenio. Sin olvidar a los pobres, definitivamente hay que hacer algo nuevo.

Alegrías y preocupaciones con la llegada del FMI en agosto

El gobierno de Nicaragua debe sentirse tranquilo por el cumplimiento de las metas macroeconómicas suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 30 junio recientemente pasado, pero estimo que también debe sentirse incómodo por la situación que atraviesan las reformas estructurales previstas para esa fecha.

El principal indicador macroeconómico para el FMI es el saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua (BCN), que en cualquier momento del año debe igualar 2.2 veces el saldo de la base monetaria, o sea 2.2 veces la suma de los saldos de la emisión de dinero y del encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas que los bancos comerciales depositan en el BCN.

Al 30 de junio de este año, el saldo de las RIB era de 1,786.5 millones de dólares e iguales a 2.95 veces la base monetaria, que es superior a la condicionalidad macroeconómica gracias al ingreso de 9 millones de dólares prestados por el FMI en abril (por la aprobación de la sexta revisión del programa “SCA” que expirará en octubre próximo) y a la entrada de 97 millones de dólares atados a programas y proyectos del sector público, aunque se pagaron 45 millones en intereses y amortizaciones de la deuda externa y los banqueros locales aumentaron en junio su saldo de encaje en moneda extranjera por un monto de 34 millones de dólares, dada su hiperliquidez en esta moneda que se reflejó en un exceso de 3.5 puntos sobre la tasa de encaje legal de 15% catorcenal.

La información disponible del presupuesto nacional está muy atrasada, al disponerse sólo de los datos al 30 de abril de este año. En el primer cuatrimestre del año en curso se contuvo el deterioro fiscal porque se registró un superávit antes del registro de las donaciones externas de 330 millones de córdobas (al 30 de abril del año pasado también hubo un superávit de 89 millones de córdobas) y otro superávit fiscal después del registro de las donaciones externas de 838 millones de córdobas  (al 30 de abril del año pasado también hubo otro superávit de 558 millones de córdobas). Por supuesto, esta contención del deterior fiscal se explica con el flujo de la deuda privada externa proveniente de Venezuela, asociada principalmente con el suministro diario de 27 mil barriles de petróleo.

Nicaragua siempre ha cumplido y no ha incurrido en mora en el pago de la deuda externa desde inicios de la década de los noventa. El pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa en el primer semestre de este año fue de 45 millones de dólares, pero el gobierno no avanzó en la reestructuración de 1 mil 580 millones de dólares adeudados a 10 países que no son miembros del Club de París, pendientes en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC, entre los cuales se destacan, por sus montos, Costa Rica, Libia, Honduras e Irán.

El crecimiento económico y la inflación siempre han sido variables exógenas al modelo fondomonetarista, que sólo trata de reducir los desequilibrios financieros interno y externo, pero este último olvidado en nuestro país porque el déficit comercial con el resto del mundo siempre se ha mantenido entre 25% y 30% del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2005, excepto el año de 2008 que subió hasta 35% del PIB por las alzas de los precios internacionales del petróleo, las materias y los alimentos.

Las opiniones triunfalistas desde las filas gubernamentales de que la tasa de crecimiento económico de 2011 se elevará de su proyección inicial de 3.5% a 4.0% y a más, se exacerbaron porque los servidores públicos observan un notable aumento del valor de las exportaciones, mas no se percatan que es debido exclusivamente a los crecientes precios internacionales, que también elevan el valor de las importaciones y expanden el déficit comercial. Desde finales del año pasado pronostiqué, en mi carácter de director ejecutivo de COPADES, que en el mejor de los casos el volumen de las exportaciones se estancaría (y podría disminuir) en 2011 con respecto al observado en 2010, pero sus precios se incrementarían alrededor del 20% promedio anual si los exportadores nicaragüenses aprovechan apropiadamente las variaciones de estos precios en el mercado internacional.

En cuanto a la tasa de inflación acumulada en este año, el FMI prevé que será entre 8.5% y 9.5%,  mientras que el BCN la ha proyectado en 8.6%. Por otro lado, el pronóstico inicial de COPADES fue de 9.5% para 2010, el cual fue establecido en diciembre de 2009, pero se ha actualizado en 9.7%. Cabe agregar que entre enero y junio de este año, la tasa de inflación acumulada, según el BCN, es del orden de 3.15%, y la tasa de inflación interanual, o sea entre junio de 2010 y junio de 2011 fue de 9.02%, lo cual es un resultado compatible con la inflación anual esperada por el FMI.

Los problemas aparecerán en la discusión de las condicionalidades de reforma estructural de la economía nacional, por lo cual creo que en este campo se dará una polémica discusión entre los técnicos del gobierno y del FMI. Es muy probable que el preanunciado ajuste de 300 córdobas del bono salarial a 150 mil trabajadores del sector público el próximo 19 de julio, que tiene un costo aproximado a 7 millones de dólares enfade al FMI porque no le avisaron, pero es obvio que no pone en riesgo la estabilidad del programa económico extendido por un año.

Además, es bastante seguro que los técnicos del FMI consultarán sobre las perspectivas de la eliminación de exenciones y exoneraciones en el pago del impuesto sobre la renta (IR) a personas jurídicas (empresas) y del impuesto al valor agregado (IVA), y sobre el avance de la discusión para la búsqueda de una opción  de reforma de seguridad social entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Ambas reformas estructurales se aprobarán en 2012, de acuerdo con los compromisos del gobierno con el FMI suscritos en 2009 y 2010.

El FMI preguntará al BCN sobre el monitoreo de los depósitos asociados con los recursos de ALBANISA que se concentran principalmente en dos bancos, BANPRO y LAFISE BANCENTRO, dada el bajo nivel de rentabilidad bancaria que se observa a mayo de este año (la utilidad neta del sistema bancario equivale a 0.63% del total de activos) y exigirá que a partir de octubre el BCN le entregue los datos mensuales de los depósitos bancarios asociados con esos flujos de asistencia financiera venezolana. Adicionalmente, analizarán el fortalecimiento de las normas prudenciales, de acuerdo con los principios de Basilea III, y preguntarán sobre los resultados de un estudio piloto sobre las pruebas de estrés financiero a los bancos comerciales radicados en el país.

Aunque ya se aprobó la ley de la industria de microfinancieras, siempre estará sobre la mesa la discusión de la cartera en mora de productores y comerciantes del norte del país. Como se supone, esa ley regulará la actividad de las microfinancieras y la ley de moratoria de estos pagos no resolvió este problema financiero. Mi consejo es  que dicha deuda se reestructure al más largo plazo posible y con una baja tasa de interés, porque no observo otra salida realista a ese grave problema que tienen los deudores y los acreedores del denominado Movimiento “No Pago” que, entiendo según sus palabras, desean pagar.

Siempre en el ámbito financiero, estimo que el FMI reclamará al BCN la no inclusión de las cajas rurales, especialmente ALBACARUNA que administra fondos de ALBANISA, en la supervisión financiera resultante de la ley de microfinancieras. También será de fácil comprobación que la reducción de la tasa de encaje legal vigente desde abril pasado obedeció más a fines políticos  que a fines monetarios, ya que no aumentó el crédito del sistema financiero nacional ni redujo las tasas de interés. En este punto, falló la decisión monetaria. En los pasados años de elecciones nacionales, los gobiernos de turno elevaban la tasa de encaje legal en 3.5 puntos porcentuales, por la fuga de los depósitos en moneda extranjera y el resguardo de la posición de las reservas internacionales brutas del BCN.

Tengo entendido que el FMI pedirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la evaluación de las contrataciones permanentes y temporales de empleo en el Gobierno Central con el fin de que se incremente la productividad en ese sector) y, además, los resultados, hasta la fecha, de la reducción de las pérdidas de agua y de la posición financiera de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), así como los primeros estados financieros auditados de las empresas públicas para mejorar la transparencia y controlar las asignaciones presupuestarias. Por supuesto, el FMI también indagará sobre el préstamo de ALBANISA, con un costo de 0%, y sin plazo alguno, para financiar el alza de 41.88% las tarifas de energía eléctrica que se observó en junio de este año.

En conclusión, estimo que el gobierno volverá a aprobar con excelencia las metas macroeconómicas, pero debe prepararse para la ronda de discusiones sobre las reformas estructurales y las medidas populistas que ha realizado para atraer la atención de los votantes en la contienda electoral. Espero que pase esta última prueba para no afectar el bajísimo riesgo del componente económico y financiero del índice de riesgo país de Nicaragua, que aún permanece elevado por su componente político en la actualidad.

Una aclaración sobre una iniciativa de ley de amnistía

Recientemente critiqué la postura del diputado liberal José Pallais por impulsar una iniciativa de ley para amnistiar a ciudadanos y funcionarios públicos por delitos contra el honor cometidos en contra de autoridades y funcionarios públicos, porque supuse que esa iniciativa liberaría de mis dos acusaciones al violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre, diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) de la Asamblea Nacional de Nicaragua, presidente de un movimiento político que lleva su nombre, coordinador del consejo político de la Alianza PLI que participa las elecciones nacionales de este año, y candidato a primer diputado nacional de dicha alianza política.

El diputado José Pallais me aclaró que su iniciativa de ley propone conceder una amnistía general a ciudadanos, periodistas, comunicadores, editores y propietarios de medios de comunicación por los delitos contra el honor cometidos en contra de autoridades, funcionarios o empleados públicos, por imputaciones o informaciones desfavorables con ocasión del manejo de los recursos públicos, o por el ejercicio de sus facultades, funciones o atribuciones, comprendidos en el periodo del 10 de enero del 2007 hasta la fecha de entrada en vigencia de esa ley.

Reitero a los nicaragüenses que mis dos acusaciones en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua contra el diputado impune Eduardo Montealegre las presenté el 27 de agosto de 2008 y el 11 de febrero de 2011, por sus injurias y calumnias al tildarme, en forma pública, gratuita y escritas por él mismo en el diario La Prensa del 31 de julio de 2008, y en una supuesta carta de disculpas que él escribió y publicó desde la dirección electrónica de su movimiento político personal el 2 de febrero de 2011, que yo fui un defraudador del Estado de Nicaragua y que mi investigación ad honorem que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 no servía.

Con la aclaración que me brindara el diputado José Pallais, a quien presenté mis disculpas por mi apreciación equivocada sobre sus intenciones con su iniciativa de ley, vuelvo a sentirme tranquilo que mis acusaciones están y siempre estarán contra Eduardo Montealegre, un seudodemócrata que se puso al margen de la ley por el mal uso y abuso que hace de su inmunidad parlamentaria, lo cual también lo distingue como un presunto delincuente en nuestro país y conocido como tal fuera de nuestras fronteras.

 

El compromiso inversionista del Dr. Arnoldo Alemán

Observo un potencial y vigoroso inicio de la erradicación del problema estructural de la pobreza –porque debo reconocer que la administración del presidente Daniel Ortega ha disminuido este flagelo que aumentó durante la administración del ex presidente Enrique Bolaños-, el cual se visualiza a través de la generación de un millón de empleos en cinco años y la concentración del futuro crecimiento económico entre pobres extremos, pobres y no pobres, entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas –pero privilegiando a las primeras-. Esa es mi primera conclusión económica sobre las seis conferencias de los ejes de inversión y empleo realizadas por el candidato liberal a la presidencia de la República, Arnoldo Alemán.

La creación de un millón de empleos es posible por la factibilidad de los proyectos de inversión que ha planteado el dirigente político liberal, quien ha reiterado que la aceleración del crecimiento económico de nuestro país no se logra por la vía del consumo sino por la vía del gasto de inversión, que estaría apropiadamente distribuida entre el sector privado y el sector público.

El candidato a presidente del país por parte del PLC y sus aliados insistió en el correcto enfoque keynesiano de mantener la necesaria estabilización macroeconómica –en el cual nos hemos empantanado- y, simultáneamente, reactivar la economía y aumentar los ingresos de la población, con el uso dinámico del principal instrumento del Estado como lo es el presupuesto nacional, el cual requiere profundas reformas estructurales y mecanismos de redistribución del ingreso –tales como una reforma tributaria integral (ya prevista en parte para 2012), reducir la participación del gasto de consumo público (también se prevé un evaluación del empleo permanente y temporal en le Gobierno Central), aliviar la carga del pago de la deuda gubernamental mediante el desarrollo del mercado secundario de la Bolsa de Valores de Nicaragua y, así, facilitar el espacio fiscal para la inversión pública y la reducción de la pobreza-.

Crear efectivamente la ocupación plena y abandonar el esquema de pocas horas diarias de trabajo que abarca al 54% de la población económicamente activa del país, es decir, garantizar un empleo de mejor calidad, es el principal mensaje de la propuesta inversionista del candidato liberal que, en mi entender, conoce el frágil talón de Aquiles de nuestra economía.

Definitivamente, la propuesta del candidato liberal apunta a resolver el primer problema de los nicaragüenses, como es el desempleo, que se ha planteado en diversas encuestas desde que inició el primer ajuste económico en nuestro país el 14 de febrero de 1988, que fue calificado como “draconiano” por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) porque fue un ajuste sin recursos externos.

Arribo también a otra conclusión que el Dr. Arnoldo Alemán ha comprobado que el mercado libre sin la coordinación del gobierno no crea ocupación plena, pero también creo que él ha confirmado que la concentración de una gran parte de los recursos del Tesoro de Nicaragua, la cooperación oficial y la asistencia financiera de Venezuela, casi exclusivamente entre la población en extrema pobreza, continuará provocando un acelerado crecimiento del subempleo de nuestra fuerza laboral y una más acelerada expansión de la informalidad del mercado laboral de nuestro país.

Continuar con ese último esquema significaría oficializar el subempleo y la economía subterránea que obstaculizan la reducción de la pobreza general, aunque se reduzca la miseria, y no facilitará el aumento de los estratos de medianos ingresos de nuestra población.

En resumen, ayer miércoles 13 de julio, el principal candidato opositor político a la alianza política en el poder en las próximas elecciones del 6 de noviembre de este año –principal porque se ha adelantado a los demás candidatos a presidente del país con una propuesta que avalo con mi experiencia académica y profesional-, manifestó que con un gasto de inversión privada y pública de 3 mil 399 millones de dólares se pueden crear 1 millón 102 mil 980 empleos, aunque el candidato los ha redondeado en 1 millón de empleos.

Tomando en cuenta las particularidades actuales de la política económica suscrita entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el escenario macroeconómico y microeconómico de nuestro país a finales de este año, llego a unas primeras conclusiones preliminares de la oferta de 1 millón de empleos de calidad del PLC y sus aliados, mejor dicho del compromiso liberal, como son las siguientes:

• Del total de nuevos empleos, 80 de cada 100 ocupados estarían en forma plena, o sea que laborarían la jornada legal de 8 horas diarias o de 40 horas semanales.

• La tasa de inversión fija, o sea la razón macroeconómica de la inversión en construcción y maquinaria y equipo con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), se incrementaría de 22% en 2011 a 33% promedio anual en el quinquenio 2012-2016.

• La ejecución del gasto total de inversión fija arriba mencionado generaría un aumento del ingreso nacional del orden de 6 mil millones de dólares en el próximo período presidencial, un monto que se aproximaría al valor del PIB anual de nuestro país registrado en 2010.

• La tasa de crecimiento promedio anual del PIB Real durante el período 2012-2016 oscilaría en el rango de [7%, 8%].

• La tasa de desempleo global, que en 2010 afectó al 27% de la población económicamente activa, se reduciría hasta el rango de [9%, 10%], y se eliminaría en gran parte el subempleo y la economía subterránea, una característica fundamental del subdesarrollo económico.

• Tomando en cuenta las proyecciones del crecimiento económico, la reducción del desempleo global y una población total proyectada de 6.2 millones de habitantes en 2016, el índice de pobreza general tendería a disminuir de 42.5% en 2009 (un dato de la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida) a 17.0% en 2016.

Hasta este día, la propuesta inversionista del candidato del PLC y sus aliados ha sido la única y coherente con su propósito de volver a ocupar la principal silla de Nicaragua. Es objetiva y también realista para acelerar el anémico crecimiento económico del país, y para que Nicaragua pueda salir de ese extraño club de países que no son sujetos de crédito en el mercado financiero internacional.

Esta propuesta, tomando en cuenta mis observaciones sobre la reforma presupuestaria y la reducción de las inequidades en la distribución del ingreso nacional, apuntaría a otro objetivo fundamental como es la soberanía económica de Nicaragua, la soberanía fiscal, la soberanía de formular nuestras propias políticas económicas.

Creo que si los candidatos de otros partidos políticos o alianzas políticas, que aún no han mencionado sus ofertas en el campo económico, manifestaran algunos compromisos trascendentales para el bienestar nacional, se verían obligados a tomar en cuenta la propuesta inversionista del Dr. Arnoldo Alemán. Gane quien gane en esta contienda electoral, debería pensar en el compromiso inversionista del candidato del PLC y sus aliados. Si fuese así, la macroeconomía continuaría excelente y la microeconomía podría estar mejor.

El desajuste económico de Nicaragua y la política económica del FMI

La conocida identidad keynesiana PIB ≡ CP + IP + G + X – M, donde PIB es el Producto Interno Bruto, CP es el consumo privado, IP es la inversión privada, G es el gasto público (consumo e inversión), X es las exportaciones y M es las importaciones, refleja los siguientes datos oficiales para la economía de Nicaragua en 2010 en el mismo orden (en millones de dólares en precios corrientes de ese año):

PIB       ≡    CP     +    IP     +    G      +     X     –     M                      (1)

6,551    ≡  5,500  + 1,377   +  1,527  + 2,708  –   4,562

(X – M) es conocida como exportaciones netas (de importaciones). Si trasladamos estas dos variables al lado izquierdo y el PIB a lado derecho de esta identidad, tenemos que

(M – X)  ≡   (CP + IP + G)   –      PIB             (2)

1,854    ≡         8,405           –    6,551

(CP + IP + G) es conocida como la demanda interna (los gastos de consumo e inversión de los sectores privado y público) –cuyo valor es de 8 mil 405 millones de dólares- y el PIB también es conocido como la oferta interna –que suma 6 mil 551 millones de dólares-. Por lo tanto, la diferencia de la demanda interna menos la oferta interna indica el exceso de los gastos de consumo e inversión en el mercado interno sobre el nivel de producción local y, en este caso, ese exceso es de 1 mil 854 millones de dólares. Ese fue el desajuste económico de nuestro país en 2010.

Ese desequilibrio macroeconómico, que se manifiesta en una baja tasa de ahorro real, tanto público como privado, de 8.3% del PIB el año pasado –o sea la proporción del PIB que no se consume-, obliga a una gran dependencia del ahorro externo, que aún es de dos dígitos porcentuales del PIB. Ese ahorro externo corresponde a las remesas familiares, la cooperación oficial, la inversión extranjera directa y los flujos de recursos privados, entre los cuales hoy se destaca el préstamo muy concesional de Venezuela que es tratado como una deuda privada externa. La asistencia financiera de Venezuela ha «facilitado» la reducción drástica del déficit del presupuesto nacional de Nicaragua, un país pobre que se graduó en la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) en febrero de 2004 y aún está muy endeudado en términos de producción.

¿Cómo se financió ese desajuste económico en 2010? (M – X) es el flujo total de recursos externos o ahorro del sector externo que financia nuestro exceso de demanda interna [recuerde que (X – M) es el déficit comercial externo]. De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2010 se registraron los siguientes flujos de recursos externos que ingresaron a nuestro país (en millones de dólares): remesas familiares, 823; donaciones al sector público, 157; préstamos al sector público, 285; inversión extranjera directa, 508; cooperación venezolana, 511. En total 2,284 millones, lo cual facilitó el aumento de 222 millones en el saldo de activos de reservas del BCN.

Debo reconocer que aún falta un importante trecho para reducir a niveles aceptables el desajuste macroeconómico de nuestro país, pero no debo ser muy optimista para señalar que hoy dependemos menos de las remesas familiares y de la ayuda internacional para el sector público debido al creciente valor de las exportaciones del país –gracias a los altos precios internacionales de las materias primas y de los alimentos-, porque las importaciones también se encarecen por esos mismos precios internacionales, incluyendo el petróleo y los combustibles. Por lo tanto, no debo crear ilusiones y es mejor ser realista, ya que en este año el déficit comercial de nuestro país crecerá en porcentajes del PIB, no obstante los mayores precios del café, azúcar, carne, oro, entre otros rubros de exportación, debido a que el volumen de la exportaciones, en el mejor de los casos, se estancará en los niveles del año pasado y, además, el precio internacional del petróleo sigue subiendo.

De la identidad keynesiana, sabemos que la demanda global (DG) es la variable fundamental para elevar la actividad económica del país, la cual está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, la demanda de bienes de inversiones de las empresas privadas, la demanda del sector público mediante el  gasto público y por la demanda de los mercados internacionales mediante las exportaciones. A continuación, se indica la demanda global de la economía de Nicaragua observad en 2010, según datos oficiales del BCN (en millones de dólares).

DG      ≡       CP      +       IP      +        G      +       X                    (3)

11,113   ≡     5,500   +   1,377   +    1,527   +    2,708

Con la abultada tasa de desempleo global de 27% de la población económicamente activa que se observó en nuestro mercado laboral en 2010, es fácil concluir que se requiere incrementar la demanda global para reducir el elevado desempleo de nuestro país.

De acuerdo con Keynes, la política económica debería apuntar a provocar un mayor gasto de consumo de las familias con la disminución de la tasa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que causaría un aumento del ingreso personal disponible; estimular el gasto de inversión privada con la disminución de la tasa de interés o del costo del dinero; aumentar el gasto público, yo diría exclusivamente el gasto de inversión pública en infraestructura económica, tales como la red vial, puertos e introducción de agua potable, letrinas, energía eléctrica y telecomunicaciones en las zonas rurales, y en infraestructura social en la que se distinguen escuelas de primaria, escuelas normales, centros polideportivos, institutos politécnicos, centros y puestos de salud, hospitales y garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad ciudadana; y fomentar el volumen de las exportaciones con la disminución del tipo de cambio real.

La recesión económica que afectó al mundo en 2008 y 2009 hace que el elevado desempleo coexista con una baja tasa de inflación en la actualidad, y para resolver esa situación John Maynard Keynes siempre responderá que se debe estimular la demanda global, con la disminución de los impuestos, la baja de las tasas de interés, el aumento del gasto público y la caída del tipo de cambio real, todo esto para reducir el desempleo y eliminar la baja tasa de inflación. Para reducir una elevada tasa de inflación, que no es nuestra situación, se harían los movimientos de dichas variables en sentido contrario y, por ende, se implementaría una política económica contractiva, que no es nuestro caso desde hace varios años.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos exige, entre sus condicionalidades de ajuste económico para tener acceso a préstamos multilaterales muy concesionales –ya que no somos un país sujeto de crédito en el mercado financiero internacional- , reducir progresivamente el déficit fiscal y, por ende, la deuda pública, mediante la implementación simultánea de (i) reformas tributarias que eleven la presión de los impuestos –para 2012, se ha condicionado anticipadamente la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago de los tributos y la supervisión estatal de la formación de los precios de transferencias – y  (ii) disminución y limitación del gasto público, pero esto impide reducir el elevado desempleo global existente en nuestro país. Subiendo los impuestos y reduciendo el gasto estamos aumentando más el desempleo, y eso lo sabe el FMI que continúa pensando que el mercado libre reducirá el desempleo –una falacia del Consenso de Washington ya enterrado en los países de economías avanzadas-; y con la reducción de los impuestos y el aumento del gasto público necesarios para reducir la alta tasa de desempleo, el FMI se preocupa porque crecerían el déficit fiscal y la deuda pública.

La gran restricción es, pues, una deuda pública externa e interna que iguala el 80% del PIB, la cual fue  impulsada por una deuda con acreedores internos que reciben los pagos de las confiscaciones de la propiedad en los años ochenta del siglo pasado y de las liquidaciones de cuatro bancos ocurridas en el bienio 2000 y 2001, ésta última denunciada por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República, un proceso que se ha detenido porque el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, continúa escudándose en su inmunidad parlamentaria para no responder por sus irresponsabilidades en la reestructuración de dicha deuda y en las subastas de los activos de los bancos liquidados.

Por otro lado, el FMI presiona al BCN a que suba las tasas de interés si aumentan las incertidumbres, mejor dicho si aumenta la inflación –que en nuestro país tiene una moda mínima de 7% resultante de la suma de la tasa de deslizamiento anual de 5% del tipo de cambio oficial y de la meta de la tasa de inflación anual de 2% de las economías avanzadas- o si surge el riesgo del cierre de las ventanillas de préstamos multilaterales muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo a las reservas internacionales o para apoyo presupuestario por incumplimientos de las condicionalidades de reforma estructural. De por sí, las tasas de interés del sistema financiero nacional son muy altas y no apoyan un crecimiento económico suficiente del país.

En cuanto a la política cambiaria, ésta está obstaculizada por el régimen cambiario deslizante establecido en 1993 –que es un régimen cambiario fijo con deslizamiento también invariable desde el año de 2004- y por los abundantes mecanismos de indexación de los precios en córdobas con respecto al dólar estadounidense que existen en nuestro país desde 1991, por lo cual es imposible disminuir el tipo de cambio real. Por lo tanto, se mantiene la presencia de rezagos del tipo de cambio real que provocan la disminución del volumen de las exportaciones, el aumento del volumen de las importaciones, la profundización del déficit en la balanza comercial de la balanza de pagos, la falta de estímulo a la inversión extranjera directa y la fuga de capitales.

Así, la política fondomonetarista es aplicada en forma contraria a lo que indica la teoría económica para salir de la crisis, porque  se aumentan los impuestos, se reduce el gasto público, se elevan las tasas de interés y se mantiene apreciado el córdoba. Consecuentemente, no se reduce la elevada tasa de desempleo global de nuestra economía. Es obvio que para reducir ese alto desempleo global debemos aplicar una política económica expansiva y para reducir una alta tasa de inflación debemos aplicar una política económica contractiva. Lo irónico de nuestra situación particular es que el dólar estadounidense domina, al menos, el 70% del mercado local y la inflación la medimos en córdobas sin mantenimiento de valor.

En conclusión, el tema de interés particular en las negociaciones del gobierno de Nicaragua y el FMI no es el empleo sino el déficit fiscal que en este año se aproximará a 2% del PIB antes del registro de las donaciones externas y a casi 0% del PIB después del registro de dichas donaciones, con lo cual se asegura, en el mejor de los casos, el riesgo de una desaceleración económica. Pero he de aconsejar a nuestros servidores públicos, y a quienes aspiran a serlo el próximo año, que se requiere aumentar la demanda global para promover un mayor crecimiento económico y, por consiguiente, se debería cambiar la calidad del diálogo con el FMI.