En pro de un gran acuerdo nacional

29 04 2018

Los macroeconomistas debemos analizar la economía sin consideraciones y adulaciones políticas, sin influencias o sin imperativos políticos, para poder sugerir las políticas económicas y facilitar la toma de las decisiones presidenciales, aún con el persistente obstáculo institucional de no tener un acceso adecuado a la información pública sobre variables macroeconómicas importantes, tales como la población económicamente activa, el número de empleados por actividad económica, los volúmenes físicos de producción industrial manufacturera, los saldos adeudados a cada uno de los acreedores externos del sector público, entre otras variables, a lo cual se agrega la calidad cuestionada de la estimación de otros indicadores económicos, tales como la tasa de crecimiento económico, la tasa de desempleo abierto, la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo y el índice de pobreza en función del consumo en vez del ingreso, a manera de ejemplo.

La grave crisis política que se ha generado por la aprobación de un conjunto de medidas que supuestamente apuntaban a resolver la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es un ejemplo que se debe tomar en cuenta para la aprobación de futuras decisiones presidenciales. Los servidores públicos, especialmente los ministros y directores de instituciones públicas, deberían presentar al presidente de la República los impactos de las políticas propuestas, sean sectoriales o macroeconómicas, y el asesor económico presidencial, sobre la base de datos económicos confiables, debería funcionar como un control de cordura no sólo de los economistas gubernamentales sino también del consejero de confianza como ha denominado el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI)  desde el año de 2012.

Lo más grave que ha ocurrido en Nicaragua es la muerte y la desaparición de muchas personas, principalmente estudiantes universitarios, que se manifestaron con justa razón contra la política del salvataje “temporal” del INSS -lo que hizo rebalsar el vaso- y, en un segundo plano, la alteración del desempeño de la economía del país que impactará las condiciones sociales de la mayoría de la población, principalmente los pobres.

El índice de riesgo-país de Nicaragua ha pasado de un nivel moderado a un nivel alto, debido al creciente riesgo político que ha estado acompañado, hasta hoy, de un riesgo económico y un riesgo financiero muy bajos. El alto riesgo político ya desestimuló el gasto inversionista del sector privado, tanto nicaragüense como extranjero. El flujo más importante de recursos externos, la inversión extranjera directa, ha contribuido a mantener el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, después de que el crédito petrolero de Venezuela se desplomara en 2016. Las remesas, que financian el gasto de consumo familiar, constituyen el segundo flujo de recursos externos más importante del país.

Un menor gasto inversionista desaceleraría la tasa de crecimiento del volumen de producción de bienes y servicios, aumentaría el subempleo y el desempleo abierto, robustecería la presión inflacionaria y deterioraría el poder adquisitivo de los asalariados. Por el lado del gasto, disminuiría el valor de las exportaciones de bienes y servicios -el turismo ya recibió el impacto y el valor neto de la maquila podría disminuir en el muy corto plazo-, pero también disminuiría el valor de las importaciones por los menores niveles de producción y de consumo de productos finales. Consecuentemente, la brecha externa disminuiría y, por ende, la necesidad de financiamiento externo sería menor, tal como ocurre en el país cuando ocurren recesiones económicas mundiales, pero en esta ocasión como un resultado del mayor riesgo político interno.

La política monetaria, descalibrada desde marzo de 2016, sería más restrictiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y contrarrestar la aceleración de la tasa de inflación. Desde el 11 de abril recién pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) rompió la barrera de 3 veces la base monetaria en concepto de disponibilidad de reservas internacionales brutas, a pesar de que la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país indica un mínimo de 2.5 veces.

Para reducir el monto de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, en el transcurso de este año la autoridad monetaria ha incrementado sus compras de dólares en la mesa de cambio y ha dependido más de las subastas de Letras porque la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas en el sistema financiero nacional ha subido a 21.4%, mientras que la legal es del orden de 12%.

En economía, nada es gratis. Cualquier beneficio económico tiene un costo, y este último nunca es mencionado por los servidores públicos. La desaceleración de la tasa de crecimiento de la oferta de dinero o, en el peor de los casos, la reducción del medio circulante continuaría desacelerando la tasa de crecimiento del gasto de consumo individual, lo cual se observa desde mayo de 2016, y también impactaría la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real ya desacelerada por el menor gasto de inversión privada.

Ese comportamiento de la oferta y la demanda global incidiría en una menor recaudación de impuestos del Gobierno Central y muy probablemente conduciría a un aumento del déficit ante la ausencia de una reducción del gasto de consumo público. En otras palabras, disminuiría el ahorro gubernamental o el balance en cuenta corriente del presupuesto nacional, y no se podría tener el “colchón” fiscal equivalente a 1.6% del PIB que fue sugerido por el FMI en abril de 2017 para enfrentar los riesgos de la economía del país. Cabe recordar que el gasto de inversión pública está garantizado por las nuevas contrataciones de deuda externa, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sólo un acuerdo político nacional evitará mayores riegos económicos y financieros. El diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, facilitarían ese gran acuerdo. Sólo en esa forma podrían disminuir los graves riesgos que enfrenta la economía nacional.

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Hay que reducir el riesgo político y evitar el aumento de los riesgos económicos y financieros

22 04 2018

A los riesgos sobre la economía del país, nueve externos y cuatro internos que identificamos para este año, se ha sumado la crisis política interna detonada por la reforma de la ley de seguridad social, que ya afectó la imagen del país y la seguridad física de nuestra nación. Sólo el diálogo propiciará la paz y el entendimiento entre los nicaragüenses. Si la violencia continúa, se robustecerá el caos social.

En septiembre de 2017, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) no pronosticó un auge económico fuerte para Nicaragua, sino que marcó una tasa de crecimiento de 4.4% para la producción de bienes y servicios en 2018, mientras que el Banco Central de Nicaragua (BCN) proyectó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real en el inveterado rango anual [4.5%, 5.0%].

Con lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua, ese pronóstico de COPADES y esa proyección del BCN tendrán que disminuir. ¿Cuánto? No sabemos. En COPADES no previmos los impactos de una reforma de la ley de seguridad social que no tomara en cuenta las observaciones de los agentes económicos que no están representados en las asociaciones de productores ni en los sindicatos -por ejemplo, los trabajadores que tienen seguro facultativo- y, por otro lado, las opiniones de los  pensionados -el jubilado Mario Urtecho, de Ahuacalí, Managua, se preguntaba en un artículo público “desde cuándo las jubiladas salen preñadas” al referirse a la deducción del 5% de las pensiones para cubrir gastos de enfermedad y maternidad-.

Los servidores públicos que participaron en la formulación de la reforma de la seguridad social, que es de interés soberano para los nicaragüenses, tampoco convocaron a las universidades, centros de pensamiento, expertos en seguridad social, economistas, sociólogos, entre otros.

El impacto de esta reforma, que es casi exclusivamente recaudatoria, incrementará los costos de producción en las empresas del sector formal de la economía -al subir gradualmente la tasa de cotización de los empleadores de 19.0% a 22.5%- y, por otro lado, al reducir el poder adquisitivo de los asalariados que cotizan la seguridad social -al subir de una sola vez la tasa de cotización de los empleados de 6.25% a 7.0%, y eliminar el techo salarial sobre el que cae la tasa de cotización -.

También disminuirá el poder adquisitivo de los jubilados, al reducir el monto de la pensión a los futuros jubilados y al deducir el 5% del monto de todas las pensiones por invalidez, vejez e incapacidad para financiar los gastos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en concepto de enfermedad y maternidad-.

Se puede concluir que estas medidas agravarán los problemas microeconómicos de los empresarios y de los consumidores, no obstante que la macroeconomía de Nicaragua está muy bien, pero es muy frágil.

Los aumentos de los costos de producción restarán competitividad a las empresas. Los productos que exporta Nicaragua serán menos demandados en los mercados internacionales, porque sus precios serán mayores al ser comparados con los precios de los mismos productos fabricados en otros países.

El aumento de los costos de producción también afectará a las empresas que destinan sus productos al consumo y a la inversión en el mercado local, porque los precios de los mismos productos de origen importado serán menos caros y de mejor calidad.

¿Cómo enfrentarán las empresas las alzas de los costos de producción? Hay tres opciones: eliminar puestos de trabajo, o aumentar precios o una combinación de las dos anteriores. Es muy probable que se observe la tercera opción, por lo que se incrementarán el desempleo abierto, el subempleo y los precios al consumidor. Se deteriora la confianza de los consumidores. Sólo el 40% de las familias nicaragüenses, con todos sus ingresos, puede adquirir los 53 productos de consumo básico y otros bienes y servicios, pero pocas familias pueden ahorrar.

A manera de ejemplo, sobre la base de datos del período 2006-2017, con el supuesto de que las empresas optaran por la primera opción, las personas afectadas por el desempleo abierto -o sea, las personas que no generan ingresos- y las personas afectadas por el desempleo equivalente vinculado con el subempleo -es decir, las personas que trabajan menos de ocho horas diarias- se incrementarían en 52,000 en el segundo semestre de 2018, 106,000 en 2019 y 27,000 en 2010. En otras palabras, el aumento en puntos porcentuales de la tasa de desocupación global sería 1.42 en 2018, 2.76 en 2019 y 0.68 en 2020.

El mayor riesgo político, que se está manifestando con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, el desorden social, la inestabilidad de las reglas y la potencialidad del conflicto social, ahuyentará a la inversión privada nicaragüense y extranjera, y desacelerará el crecimiento de la producción de bienes y servicios, ya afectado por la descalibrada política monetaria restrictiva del BCN. Se deteriorará la confianza de los productores.

Por todas estas implicaciones de la reforma de la ley de seguridad social aprobada el 18 de abril recién pasado, sugiero al Presidente Daniel Ortega que la retire del diario oficial La Gaceta porque ha reabierto la mesa del diálogo gubernamental-empresarial con el fin de que se encuentre una mejor forma consensuada del acuerdo sobre el INSS.

Hago propicia esta ocasión para sugerir a los servidores públicos que se presenten en esa mesa que la inviabilidad financiera de la seguridad social podría ser contrarrestada principalmente con la reducción de los gastos administrativos del INSS y el traslado del pago de las pensiones reducidas y especiales al Presupuesto General de la República. La reducción del déficit del INSS requiere de una reforma de su gasto corriente, es decir, de las remuneraciones y de la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento burocrático, y de una revisión de su gasto de inversión, del cual el 57% corresponde a participaciones en empresas y el 26% se concentra en préstamos.

También aconsejo al Presidente Daniel Ortega que exija a los servidores públicos, especialmente a sus asesores económicos y a los altos cargos del gabinete económico, que las formulaciones de política económica y de reforma estructural de la economía le sean presentadas con sus impactos o efectos para facilitar la toma de decisiones presidenciales y, consecuentemente, se pueda garantizar el bienestar o minimizar el malestar de la población y, además, asegurar la estabilidad social, que es tan o más importante que la estabilidad macroeconómica.





Las reiteradas intenciones de la política monetaria de Nicaragua

15 04 2018

Al concluir el primer trimestre de 2018, en Nicaragua la noticia económica más relevante ha sido el aumento de US$134 millones en las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que garantizan, por supuesto, la estabilidad del tipo de cambio reptante con un deslizamiento anual preanunciado de 5% y una volatilidad fija de 0.4% desde enero de 2004- y de una baja tasa de inflación interanual de 4.84% en marzo de este año.

El aumento de dichas reservas se logró con la compra neta de US$84 millones realizada principalmente en la mesa de cambios y con el incremento de US$31 millones en el saldo de encaje en moneda extranjera que los grupos financieros mantienen en el BCN. Cabe observar que la tasa de encaje catorcenal efectiva en moneda extranjera fue igual a 18.3% (del saldo total de estos depósitos en el sistema financiero nacional), 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa de encaje legal.

Desde el año de 2012, Nicaragua no recibe cooperación externa para apoyo a la balanza de pagos ni para apoyo presupuestario, es decir, divisas líquidas de libre disponibilidad,  para aumentar reservas internacionales, incrementar el gasto social y reducir la pobreza, porque no suscribió un programa de ajuste económico y de reformas estructurales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cooperación oficial externa de US$51 millones que recibió el sector público no financiero se limita a divisas líquidas atadas a programas y proyectos, pero fue neutral para el aumento de susodichas reservas porque la autoridad monetaria pagó US$48 millones en concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa.

Sin embargo, el BCN continuó implementando su descalibrada tarea de continuar sacando córdobas de circulación observada desde mayo de 2016. La política monetaria es tremendamente contractiva e impide acelerar el crecimiento económico, ya que el objetivo primario es defender la posición de las reservas internacionales tras el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela.

Esa contracción monetaria se reflejó con la disminución de los activos internos netos del BCN del orden de C$2,881 millones, mediante la colocación neta de Letras subastadas por C$4,167 millones y la colocación de Letras con plazo de 1 día del orden de C$450 millones, esta última justificada por el BCN como “necesaria” para poder establecer un curva de rendimiento de corto plazo, o sea, desde 1 día hasta 1 año pasando por meses o por trimestres, pero deja a entrever la “preocupación” de que no se rompa la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica que establece un saldo de reservas internacionales brutas igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria. Al 31 de marzo, dicha condicionalidad se expresó con 2.84 veces.

Consecuentemente, la cantidad de córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional, o sea, los córdobas que se encuentran en las cajas de las empresas no financieras y en los bolsillos de los agentes económicos, que en macroeconomía se conoce como numerario, disminuyó C$814 millones entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, no obstante que en marzo se observó una mayor demanda estacional de dinero por el cese tradicional del trabajo en la Semana Santa.

En otros artículos económicos he señalado que la contracción monetaria que impulsa el BCN a lo largo de diez meses del año, excluyendo marzo y noviembre, obedece a que no se pudo encontrar a un sustituto de Venezuela para obtener un préstamo, ya no digamos muy concesional sino semi concesional, que facilitara proteger en vez de gastar las reservas internacionales con las importaciones de petróleo y sus derivados.  Actualmente, los dos principales suplidores de hidrocarburos que tiene Nicaragua son Estados Unidos y México y las compras se pagan en efectivo.

Así, la contracción del numerario es dirigida para reducir la demanda de divisas de los agentes económicos para realizar importaciones de bienes de consumo, materias primas y maquinaria y equipo, y esto trastoca los objetivos de la producción empresarial, así como la administración de los inventarios, y desacelera el crecimiento del gasto real en bienes y servicios de consumo final. Todo esto desacelera la tasa de crecimiento económico del país.

Por eso, desde hace varios años el BCN se ha encerrado en el círculo de la proyección de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real de entre 4.5% y 5.0%, una proyección demasiado “optimista” para el presidente del BCN, Ovidio Reyes, no obstante que esa variación de la producción es insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza.

El cumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país ha inducido al BCN, en el transcurso de los últimos años, a sacar temporalmente de circulación un monto en córdobas equivalente a US$100 millones, a solicitar a las entidades financieras excedentes de encaje en moneda nacional que elevan la tasa de encaje efectiva a niveles cercanos de 30% -la tasa de encaje legal es 12% diario y 15% catorcenal-, y a comprar entre US$50 millones y US$100 millones en la mesa de cambios.

En conclusión, todo éxito tiene un costo, aún en política económica. La estabilidad macroeconómica de Nicaragua se mantiene gracias a una desaceleración del crecimiento de la producción, principalmente aquélla destinada al mercado interno.





TABLA DE ASEGURADOS ACTIVOS EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS EN 2017

13 04 2018

TRABAJADORES ACTIVOS COTIZANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CENTROAMÉRICA





TABLA DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

9 04 2018

Nota: Se corrigieron las tasas de cotización del empleador y del empleado correspondientes a Honduras, porque en el artículo anterior sólo se mostraba el Régimen del Seguro de Previsión Social/Pilar de Capitalización Colectiva (IVM).

A las tasas anteriores se agregaron las tasas del Régimen del Seguro de Atención de la Salud/Pilar Contributivo, del Régimen del Seguro de Cobertura Laboral y del Régimen del Seguro de Previsión Social/Pilar Complementario de Cuentas Individuales Profesionales.

Agradecemos su comprensión al respecto.

Presentación1

 

 





Sobre el salvataje del INSS y la política fiscal

8 04 2018

Entrevista de Trinchera de la Noticia al economista Néstor Avendaño, presidente de COPADES

¿Qué piensa de las medidas que barajan los técnicos del BCN para “salvar” a la Seguridad Social (aumento a las cotizaciones obrero-patronales, congelamiento del monto de las pensiones, entre otras)?

Antes de todo, no son los técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN) sino los del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) los que propongan y expliquen la propuesta gubernamental para el salvataje del INSS, apoyados por supuesto, por los técnicos de finanzas públicas que se encuentran en el BCN. Estimo que el conocimiento, la calidad técnica y la experiencia de los asuntos fiscales y de seguridad social están presentes en el MHCP y el INSS.

Las medidas que se están discutiendo en el BCN -deberían hacerse en el MHCP- son contradictorias con el objetivo macroeconómico de evitar la desaceleración del crecimiento económico del país. El efecto de la tasa de cotización de seguridad social es similar al de un impuesto directo, en este caso sobre el salario bruto de los trabajadores y la planilla de las empresas, implicando costos a estos agentes económicos, aunque al cierre del año fiscal estas prestaciones laborales por seguridad social se deduzcan del pago del impuesto sobre la renta.

Una mayor tasa de cotización -los servidores públicos proponen 22.5% para los empleados y 7.0% para los trabajadores con la “extravagancia” de eliminar el techo salarial sujeto a la cotización, es decir, aplicar ambas tasas al salario devengado- afectará en una forma más contundente a la micro, la pequeña y la mediana empresas, y, en términos generales, reducirá el poder adquisitivo de los salarios y la rentabilidad de las empresas, desestimulará la inversión extranjera directa y la inversión doméstica, y generará pérdidas de empleos formales y un mayor volumen de empleo informal y de subempleo, esto último principalmente entre los jóvenes, los 120,000 nuevos desempleados que anualmente ingresan por primera vez al mercado laboral del país.

Los servidores públicos deberían tener presente que Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica y del Caribe, tiene la más alta tasa de cotización del empleador de 19.0% entre los países centroamericanos, seguida por la de Costa Rica de 14.33%, la segunda economía más importante del istmo después de la de Panamá.

¿Qué piensa de las declaraciones del presidente del COSEP sobre una negociación tripartita y la aceptación de que los empresarios y trabajadores están dispuestos a pagar más al INSS?

La solución de los problemas financieros del INSS debería trascender de una negociación tripartita entre Estado-empresarios-trabajadores hacia una que involucre a la mayoría de los sujetos y organizaciones calificados para esta discusión, principalmente universidades, centros de pensamiento, sociólogos, economistas, entre otros.

En la reforma del INSS del año de 2014, el aporte de los empresarios se concentró principalmente en aumentar su tasa de cotización 3 puntos porcentuales, de 16% a 19%, y hoy vuelve a repetirse la historia del mismo aumento con 5 décimas porcentuales más, al proponerse en 22.5%. Uno de los principales problemas que tiene el INSS es su elevado gasto administrativo, por lo cual sería más conveniente concentrar el salvataje en la reducción de este gasto que es equivalente al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), el doble de lo que estipula la legislación, 6% del PIB. Por esto, sugiero al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, tratar de minimizar el aporte empresarial, porque ya lo han maximizado en la reforma anterior.

Presentación1

Cabe recordar que el aporte de los trabajadores a la cotización de seguridad social se ha mantenido constante en el nivel de 6.25% desde el 1 de mayo de 2000, pero no sugiero aumentar esta cotización hasta 7.0% porque los recursos de la seguridad social son propiedad de los trabajadores, ellos no son los responsables de la mala situación financiera del INSS y, además, la mayoría de ellos devenga un salario que no les permite adquirir la canasta de consumo básico.

¿Por qué nadie está hablando de las reformas estructurales? ¿No son necesarias o las están evitando?

Aparentemente, el problema financiero del INSS es fácil de resolver, porque se trataría de aumentar las cotizaciones o reducir las prestaciones, según se desprende de la propuesta gubernamental que se está discutiendo en el BCN.

Sin embargo, existen problemas estructurales que afectan al INSS entre los cuales se distinguen la disminución de la proporción del número de trabajadores activos asegurados con respecto al número de pensionistas, la baja productividad de la economía, la baja cobertura de la seguridad social y el bono demográfico que se extingue en 2030.

Mi apreciación es que por asuntos estrictamente políticos no se han presentado propuestas de reformas estructurales. Ameritarían discusión los temas del traslado de las pensiones reducidas y de víctimas de guerra del INSS al Presupuesto General de la República, el aumento de la edad de jubilación dado el mejoramiento notable de los indicadores demográficos y de salud, el ajuste de las pensiones con el índice del costo de vida en vez de usarse la tasa de devaluación, que se aplica a la mayoría de las pensiones, o la tasa de crecimiento del PIB Nominal, que se aplica sólo a la pensión reducida.

¿Por qué hay que incluir en las negociaciones la reforma fiscal?

El traslado de las pensiones reducidas y de las víctimas de guerra obliga a una reforma del gasto público, con el propósito de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, la política del gasto del presupuesto nacional no debe confundirse con la reforma del INSS.

Un mayor gasto del Gobierno Central en concepto de pensiones que no le corresponden al INSS no es una incumbencia del INSS, sino del MHCP. Por esta razón, no es correcto negociar en “combo” una reforma fiscal y una reforma del INSS, aunque se reconozca que el actual problema financiero del INSS ya está provocando problemas al presupuesto nacional a través de la emisión de deuda pública interna para financiar el déficit del ente asegurador.

Una reforma fiscal no es una reforma tributaria, como suele ser enfocada por las autoridades gubernamentales. Pero también es necesario analizar y reformar el gasto público, evaluar la productividad del trabajador gubernamental, dar más espacio fiscal a la inversión pública para facilitar la aceleración del crecimiento de la producción en función de una estrategia económica ya establecida, concentrar los subsidios entre la población pobre, mejorar los servicios de educación y salud, corregir las desviaciones del endeudamiento público, entre otros aspectos de la política fiscal.

El presidente del COSEP dice que debe retomarse la negociación de las exoneraciones. ¿Qué piensa de eso?

Es necesario retomar la eliminación de las exoneraciones del IVA a las importaciones agropecuarias, pequeña industria y pesca artesanal aconsejada por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2017, cuyo objetivo es contribuir al establecimiento de un colchón fiscal equivalente a 1.6% del PIB para que el gobierno pueda enfrentar los nuevos riesgos de la economía, entre ellos la caída del préstamo petrolero de Venezuela.

Aunque la eliminación de las exoneraciones del IVA ya fue considerada en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), sugiero a los empresarios que no teman la eliminación de dichas exoneraciones, cuyo impacto se trasladará a los precios al consumidor y generará una mayor presión inflacionaria. Los empresarios podrán volver a tener acceso a las susodichas exoneraciones si presentan al MHCP proyectos de inversión que cumplan uno los tres objetivos siguientes: aumento del empleo, aumento de las exportaciones y mejora tecnológica de la empresa, tal como se aprobó en la LCT.

También sugiero a los empresarios solicitar a las autoridades gubernamental que, por razones de equidad tributaria, se tendría que disminuir la tasa de 15% del IVA, debido a la eliminación de las exoneraciones.

Además, los empresarios también deber poner a discusión la reducción gradual de la tasa del impuesto sobre la renta (IR) de 30% a 25%, que se vinculó con la eliminación de las exoneraciones del IVA, con más razón ahora que la administración del presidente Donald Trump disminuyó la tasa de la renta corporativa estadounidense de 35% a 21%. Los servidores públicos discuten en el BCN reducir la tasa del IR de 30% a 27%, una disminución tímida si se deseara mantener la atracción de la inversión extranjera directa o estimular la reinversión de utilidades de las empresas estadounidenses radicadas en el país. No hay que olvidar que la principal fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos es la inversión extranjera directa.

 





Negociación de la deuda con Rusia fue una partida de ajedrez

3 04 2018

Entrevista de Trinchera de la Noticia al economista Néstor Avendaño, presidente de COPADES

El economista Néstor Avendaño fungió como asesor del ministro de Cooperación Externa, Erwin Krüger, en asuntos macroeconómicos y como consultor del Equipo Renegociador de la Deuda Externa de Nicaragua durante la administración de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro.

-¿Cómo se llega a la deuda con Rusia en los años 80? ¿En qué consistía?

La asistencia económica de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a Nicaragua tomó fuerza en el segundo quinquenio de la década de los ochenta del siglo pasado, después del embargo comercial establecido por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, puesto en vigor a partir del 1 de mayo de 1985, que prohibió la importación y exportación de productos entre ambos países y afectó al tráfico aéreo y marítimo entre Estados Unidos y Nicaragua.

Ese embargo comercial fue levantado el 13 de marzo de 1990 por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, al ganar las elecciones presidenciales la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro, lo que coincidió con la declaración de Ronald Reagan sobre su relación con los implicados con el Irangate, cuando varios altos funcionarios de la administración estadounidense vendieron armas a Irán para desviar dinero a la contra.

Aunque la ex URSS sólo entregó donaciones a Nicaragua en el primer quinquenio de la década de los ochenta, dicho país fue el principal acreedor bilateral externo que tuvo Nicaragua en esa década.

-¿En qué términos fue negociada en los años 80?

La deuda con la ex URSS se concentró principalmente en materias primas, maquinaria y equipo, repuestos, alimentos y asistencia técnica. Anualmente, la ex URSS concedió préstamos a Nicaragua para facilitarle la disponibilidad de entre 250 y 300 toneladas de petróleo, tractores, camiones de carga, camiones para la actividad de la construcción, carros marca LADA, 300,000 toneladas métricas de trigo y 10,000 toneladas métricas de arroz, este último comprado en Italia. Cabe aclarar que la cooperación militar contratada con la ex URSS se manejó exclusivamente entre los ejércitos de ambos países y fue condonada por Rusia.

A finales de 1989, la deuda pública externa de Nicaragua ascendía a US$9,579 millones, que equivalía a casi 9 veces el Producto Interno Bruto (PIB) y a 31 veces el valor anual de las exportaciones de bienes FOB del país, y sólo pagaba US$65 millones anuales en concepto de intereses y amortizaciones a los acreedores externos, una cifra que era igual a 21% de las exportaciones de bienes FOB y a 6% del PIB. El perfil de la deuda pública externa era bilateral: el 68% correspondía a países, el 18% a la banca comercial, el 12% a instituciones financieras multilaterales y el 2% a proveedores. Así, Nicaragua tenía la ventaja de poder reestructurar la mayor parte de su deuda externa.

-¿Cómo surgen las negociaciones en los años 90?

Las negociaciones para la reestructuración de la deuda con la ex URSS, de ahora en adelante la denominaremos Rusia, se iniciaron en 1992, cuando Nicaragua estaba embarcada en un programa “Stand-By” del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La insistencia o la presión del FMI para que el gobierno de Nicaragua reestructurara la deuda externa con Rusia se debió al fuerte aumento de la mora que provocaba un gran déficit de la balanza de pagos del país, que alcanzó el nivel de 36% del PIB en 1989. Esto era un obstáculo para la atracción de la inversión extranjera directa.

-¿Cuáles fueron las etapas del proceso de renegociación? ¿En qué términos se negoció entre los gobiernos?

El primer paso de este proceso fue la conciliación del saldo de la deuda ente ambos países. Ese saldo debía tomar en cuenta el tipo de cambio del rublo con el dólar estadounidense estipulado en los contratos originales, incluyendo la capitalización del monto de intereses en mora. En esta forma, el primer monto total adeudado fue equivalente a US$2,937 millones a finales de 1990.

Por supuesto que se encontraron problemas en esta fase de la negociación. Por ejemplo, había que determinar un tipo de cambio adecuado para aplicarlo a la deuda denominada en rublos. Los términos originales de la contratación de esta deuda indicaban un tipo de cambio de 60 centavos de rublo por un dólar estadounidense, pero el rublo estaba muy devaluado en los momentos de la renegociación. El tipo de cambio era mayor de dos mil rublos por un dólar estadounidense. Otro problema era la documentación de la representatividad de Rusia en las negociaciones, con el fin de evitar futuros reclamos que pudiesen presentarse por parte de repúblicas de la ex URSS que no estaban representadas en estas discusiones.

Rusia continuó concediendo préstamos por US$320 millones a Nicaragua en los dos primeros años de la administración Barrios vda. de Chamorro. Al mes de abril de 1996, el saldo adeudado por Nicaragua se aproximaba a US$3,600 millones, que representaba el 35% del total de la deuda pública externa del país, sin incluir ninguna obligación en concepto de productos militares.

Se logró reducir el monto arriba señalado a US$3,444 millones, gracias al acuerdo de un tipo de cambio adecuado de rublos por un dólar estadounidense. En resumen, sobre la base de los términos del alivio de la deuda externa fijados por el Club de París, tras seis rondas de negociaciones Rusia condonó el 90% de ese saldo, por lo cual Nicaragua pagaría sólo US$344.4 millones en un plazo de 15 años con una tasa de interés igual a la LIBOR (London Interbank Offered Rate) más 0.4%, sujeta a los siguientes límites: piso, 4%; techo, 8%. Este acuerdo tuvo una concesionalidad especial: si algún país otorgara una condonación mayor de 90%, Rusia concedería ese mayor porcentaje de condonación al saldo de la deuda reestructurada.

Así concluyó Nicaragua la reestructuración de su deuda con Rusia el 8 de octubre de 1996, ya embarcados en el primer programa de ajuste económico y de reforma estructural con el FMI, conocido popularmente como ESAF por sus siglas en inglés (Enhanced Structural Adjustment Facility o Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural). Puedo concluir que Rusia fue bondadosa en las negociaciones de la reestructuración de la deuda de Nicaragua.

¿Qué anécdotas recuerda de ese proceso?

En los cuatro años de negociación con Rusia, fue muy fácil demostrar que Nicaragua tenía una limitada capacidad de pago, mejor dicho, una incapacidad de pago de sus obligaciones de deuda externa.

El pago del servicio (intereses y amortizaciones) de la deuda reestructurada con Rusia se sujetó al programa de ajuste económico y de reforma estructural suscrito entre Nicaragua y el FMI, mientras que el alivio en el pago de la deuda reestructurada se vinculó con el otorgado por el Club de París.

Tomando en cuenta los préstamos a la administración Barrios vda. de Chamorro, la condonación de la deuda de Nicaragua con Rusia representó una reducción del 98% de la deuda contraída por la administración Ortega.

En los términos del Club de París, la reducción de la deuda con Rusia representó el 100% de la deuda “pre-cut-off-date”, es decir, préstamos con vencimientos firmados antes de la fecha de corte que era el 1 de noviembre de 1988, la cual ascendía aproximadamente a US$3,077 millones. Y también representó el 34% de la deuda “post-cut-off-date”, préstamos con vencimientos firmados después de la misma fecha de corte, que totalizaban aproximadamente US$523 millones.

En octubre de 1996, en el mismo mes y año que se concluyó la reestructuración de la deuda con Rusia, salió al mundo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), impulsada por el Grupo de los 7 (G-7), o sea, una iniciativa de los países más ricos para perdonar la deuda de los países más pobres, que fue administrada por el FMI.

Rusia ingresó al Club de París en 1997.

El 23 de enero de 2004, Nicaragua arribó al Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa HIPC, lo cual implicó que el Club de París condonara el 100% de la deuda de 43 países pobres muy endeudados del mundo.

Rusia tuvo que anular la deuda de Nicaragua pendiente de pago en el marco de la reestructuración alcanzada en octubre de 1996. En vez de mantener la condonación de 90% de la deuda reestructurada, Rusia tuvo que aplicar la concesionalidad especial de condonar el 100% de la deuda reestructurada de Nicaragua aún pendiente de cancelación. Nicaragua había honrado sus compromisos de pago a Rusia entre el 8 de octubre de 1996 y el 23 de enero de 2004. Habían transcurrido 7.4 años del plazo de 15 años para que Nicaragua cancelara el saldo de la deuda reestructurada.

En la actualidad, aún tenemos limitaciones en el endeudamiento externo, lo cual se puede demostrar con el bajo monto anual de intereses y amortizaciones pagado a los acreedores externos, que es equivalente al 7.7% de la suma del valor de las exportaciones de bienes FOB y del valor neto de la maquila.

Los préstamos muy concesionales contratados por Nicaragua desde 1990, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA), tienen plazos entre 15 y 40 años, entre 5 y 10 años de gracia y tasas de interés entre 0.75% y 3.5%. Nicaragua ha mantenido la condicionalidad del elemento de concesionalidad de al menos 35% en la contratación de la nueva deuda pública externa del país, y necesita mantenerlo por muchos años más.