El Salvador tendrá dos monedas de curso legal, y ninguna es propia

27 06 2021

Con la colaboración de COPADES-El Salvador

El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en que una moneda virtual, el bitcoin, tiene curso legal junto al dólar estadounidense, que es la moneda de curso legal en El Salvador desde 2001 y es la única moneda utilizada en las transacciones nacionales.

El bitcoin no es emitido por el Estado sino por un mercado privado descentralizado. Esta moneda digital fue lanzada el 3 de enero de 2009 por un programador informático anónimo (o un grupo de programadores) bajo el seudónimo de «Satoshi Nakamoto». También llamada moneda de Internet, el bitcoin presenta un valor muy volátil que lo transforma en un activo de inversión y en una reserva de valor extremadamente arriesgada, y no está regulada por ninguna institución gubernamental.

El bitcoin es mucho más volátil que el dólar. En septiembre de 2011 el bitcoin costaba US$6 y el 14 de abril de 2021 llegó a valer más de US$64,000, con un aumento de ocho veces en 12 meses, pero luego cayó a la mitad de ese valor en solo unas pocas semanas, y entre el 15 de mayo y el 15 de junio de este año su valor osciló entre US$34,259 y US$49,304. Todos estos valores son impulsados por el mercado y sin margen de cambio para los responsables de las políticas económicas, por lo que el bitcoin no es un instrumento adecuado para la estabilización macroeconómica.

El 8 de junio de 2021, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó la Ley Bitcoin, sin discusión, sin un análisis de riesgos y beneficios, y sin un marco regulatorio que le facilite usarla en cualquier parte del mundo. Esta Ley entrará en vigor en septiembre de este año.

De acuerdo con la Ley, el bitcoin puede ser utilizado en cualquier transacción entre personas naturales y jurídicas, todos los precios serán expresados en bitcoin, los agentes económicos deben aceptarlo como un medio de pago con la excepción de la falta de acceso a la tecnología requerida para realizar las transacciones, y todas las obligaciones monetarias en dólares estadounidenses existentes antes de la aprobación de la ley se podrán pagar en bitcoin.

El bitcoin consiste en una secuencia alfanumérica legible para las personas, las cuales se asocian con un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Para poder hacer un intercambio a través de bitcoin se utiliza un sistema en el que cada usuario tiene una clave criptográfica, y este sistema que se conoce en inglés como «peer to peer» (P2P, “de igual a igual”) permite descontar la cantidad de bitcoin a quien compra, y aumentar la cantidad de bitcoin de la cuenta de quien vende, por lo que es una transferencia como tal.

Sin embargo, para los fines contables y tributarios, el dólar continuará siendo la moneda de referencia, pero el bitcoin podrá ser usado para pagar las contribuciones tributarias, y los intercambios en bitcoin no serán gravados con el impuesto sobre ganancias de capital.

En cuanto a la convertibilidad de la moneda digital, se utilizará el tipo de cambio del bitcoin con el dólar estadounidense determinado libremente por el mercado. Los agentes económicos, con el fin de evitar el riesgo cambiario, podrán optar por la conversión de bitcoins en dólares mediante un fondo de fideicomiso, sujeto a limitaciones y reglas de funcionamiento aún no reglamentadas y, según autoridades gubernamentales de El Salvador, se formará con US$150 millones.

La opción de la convertibilidad  para una transacción pagada en bitcoins se ejemplifica de la siguiente forma: (i) el agente pagador entrega bitcoins para realizar el pago; (ii) el agente receptor o cobrador decide si realiza la conversión en dólares o mantiene el valor en bitcoins; y (iii) si el receptor desea dólares, el fideicomiso le entrega dólares a cambio de bitcoins.

Implicaciones tributarias, cambiarias y monetarias

Como el dólar continuará siendo la moneda de referencia, la base tributaria se determinaría en relación con el valor en dólares. Tanto el cobro del impuesto de valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (IR) para un pago en bitcoins tendría que basarse en el tipo de cambio de bitcoins por dólar en el momento de que se  realice la transacción, pero el cobro del impuesto de ganancia de capital, según la Ley Bitcoin, no se aplica a los intercambios en bitcoins, pero no se aclara si los intereses generados en bitcoins en los depósitos de ahorro y a plazos estarían sujetos al impuesto sobre ganancias de capital, como sucede con el dólar.

Habría que esperar la reglamentación de la Ley Bitcoin para determinar si el funcionamiento del fondo de fideicomiso tendrá una exposición cambiaria, pero existen dos canales potenciales de riesgo cambiario: la velocidad de conversión entre el bitcoin y el dólar, y la evolución del tipo de cambio, en el caso de que el fondo de fideicomiso mantenga reservas en bitcoins. Además, la ley no establece cuál es el agente económico en que recaerían los costos de transacción entre el bitcoin y el dólar.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador tendrá que determinar la posibilidad de pagar impuestos en bitcoins y, consecuentemente, evitar la evasión tributaria, lo cual requeriría la regulación de los medios de utilización del bitcoin que sean permitidos (por ejemplo, la autorización de aplicaciones digitales o los monederos virtuales específicos), mediante la implementación de políticas de KYC (know your customer) autorizados. Por el lado del gasto público, los contratos gubernamentales en bitcoin, que ya están establecidos por la Ley, generarán una gran volatilidad en los egresos presupuestarios valorados en dólares, mientras que la emisión de deuda soberana en bitcoins generará riesgos fiscales debido a la volatilidad del tipo de cambio del bitcoin por dólar.

El gobierno de El Salvador no ha anunciado si mantendrá reservas internacionales en bitcoins como resultado del funcionamiento del fondo de convertibilidad o como una decisión de política monetaria, pero necesitará desarrollar instrumentos contra el riesgo de lavado de dinero en las transacciones con bitcoins, para lo cual es necesario restringir el tipo de aplicaciones y monederos virtuales específicos que pueden utilizarse para realizar los pagos, tal como se mencionó ante el riesgo de la evasión tributaria.

En conclusión, las criptomonedas sacan al Estado de la ecuación: sustituyen a los bancos con redes de computadoras poderosas que compiten para verificar transacciones, que generan más unidades de moneda o “moneda” y cada transacción se registra con una tecnología criptográfica llamada “blockchain”(“cadena articulada”), un clase de libro mayor público imposible de modificar.

En mi opinión, las criptomonedas no constituyen dinero, sino un activo especulativo como el oro y las obras de arte. Su nivel de anonimato las hace muy riesgosas por la concurrencia de actividades delictivas, incluso para la privacidad de los datos; y sus transacciones requieren un gran poder de cómputo que genera grandes costos climáticos. Ahora, el bitcoin es más atractivo en El Salvador, un país que recibió remesas de casi US$5,000 millones en 2020, pero es mejor dejar el riesgo en manos de los que entienden bien el juego.





Los “efectos base” y las interpretaciones económicas engañosas

19 06 2021

Hace pocos días supimos que el producto interno bruto (PIB) real del país había crecido 3.4% en el primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre de 2020 (este trimestre no fue normal), lo que ha provocado euforia en las proyecciones oficiales del crecimiento económico esperado en 2021, que se sitúan en un rango mínimo de [2.5%, 3.5%], un nivel medio de 4% y un nivel óptimo de 6%.

Las previsiones de las cifras macroeconómicas de este año que han comenzado a circular son resultados de comparaciones con los desplomes provocados por la pandemia mundial del COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según los datos oficiales, en el segundo trimestre de 2020, el PIB real había caído 6.4% y continuó cayendo 0.9% y 1.9% en el tercer y cuarto trimestres de ese mismo año, después de haberse desplomado 9.0% en el primer trimestre de 2019 por los efectos de la crisis política de abril 2018 y la reforma tributaria de febrero de 2019 sobre la producción de bienes y servicios.

Tal como lo he señalado en varias de mis opiniones económicas, estamos realizando comparaciones con la hondura de una recesión económica que surgió en el segundo trimestre de 2018 y continuó progresivamente hasta llegar a un mínimo de producción, lo cual hace que algunas variables económicas aparezcan tremendamente altas por los “efectos de base” y no facilitan información hacia donde nos dirigimos en 2022. Cifras económicas anormalmente altas están apareciendo en el escenario macroeconómico, no sólo de Nicaragua, sino de todos los países.  

Tenemos que interpretar mejor los resultados ilusorios o artificiosos de este año con respecto a los del año pasado, cuando algo extraeconómico inesperado, el COVID-19, se presentó en Nicaragua el 18 de marzo de 2020. Este tipo de problema, que provocó un shock de oferta con el cierre de empresas y después un shock de demanda con la reducción de los ingresos al aumentar el número de desempleados y subempleados, causaron distorsiones en los datos económicos y una mayor dificultad en el análisis de la economía.

Para tener una mejor idea de la tendencia del crecimiento económico, el PIB real del primer trimestre de 2021 muestra una disminución de 4.8% en relación con el primer trimestre de 2018, que en mi opinión ha sido el último trimestre en que se reflejó una normalidad económica en el país.

El mismo problema de interpretación ocurre con la tasa de inflación. Con la recuperación económica del primer trimestre de 2021, la cual es cierta, también se observan dinámicas inflacionarias distintas en diferentes grupos de bienes y servicios.

Por ejemplo, en términos interanuales, en mayo de este año se han acelerado la tasa de inflación de las bebidas alcohólicas y el tabaco hasta 18.8%, influenciada por la reforma tributaria de febrero de 2019, y la tasa de inflación del servicio de transporte hasta 15.0%, impactada por el aumento interanual de 126.5% del precio internacional promedio mensual del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), que es de referencia para América Latina, al saltar de US$28.68 en mayo de 2020  hasta US$64.98 en mayo de 2021. Sin embargo, muy probablemente debido a una menor demanda de los consumidores, los precios de prendas de vestir y calzado apenas aumentaron 1.9% y los precios de los servicios de hoteles y restaurantes subieron 2.2%, mientras que los precios al consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas se aceleraron hasta 4.3%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de mayo de 2021 tuvo un aumento interanual (o en relación con el IPC de mayo de 2020) de 3.97% (en abril de este año fue igual a 4.40%, una tasa de inflación que puede considerarse alta), pero para tener una mejor idea de la tendencia inflacionaria se puede poner la atención en la tasa de inflación del IPC Subyacente (IPCS), que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, porque esos precios son muy volátiles.

En el bienio 2017-2018, la tasa mensual de inflación subyacente en términos interanuales osciló muy cercanamente alrededor de 4%, al ubicarse en el rango de [3.87%, 4.25%], pero con la reforma tributaria, desde febrero de 2019 hasta marzo de 2020, subió a al rango de [5.25%, 6.56%]. Desde abril de 2020 hasta mayo de 2021 ha descendido y se ha reubicado en el rango de [2.56%, 4.13%], y ha vuelto a oscilar bastante cerca al 4% en este año.

Siempre tomando en cuenta los “efectos base”, la tasa de inflación interanual del IPC podrá elevarse en forma sostenida en el corto plazo, pero temporalmente porque la demanda de bienes y servicios estaría aumentando debido el crecimiento económico que hemos comenzado a observar en el primer trimestre de este año, y también por el crecimiento de los precios internacionales de los commodities o materias primas y los cuellos de botella de las cadenas de suministro de bienes intermedios o insumos.

Por esos motivos, es mejor monitorear la tasa mensual de inflación en términos interanuales del IPCS, que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles. Creo que sería un indicador más realista. Si esa tasa de inflación sube de 4%, que es casi la moda del alza del IPCS, a 5%, y después a 6%, se puede afirmar que se estarían observando fuertes presiones inflacionarias, por lo cual la política monetaria contractiva tendría que endurecerse, principalmente mediante una mayor colocación de Letras del BCN con plazo de 1 día, que es el único instrumento que goza de confianza entre los inversionistas financieros.

Lo que sí es muy preocupante es lograr la normalidad del mercado laboral. La recuperación del empleo se ve muy lejana, porque después de que las crisis destruyeran 199 mil 731 puestos de trabajo en el sector formal de la economía durante el trienio 2018-2020, sólo se han creado 32 mil 917 puestos en el primer cuatrimestre del año en curso. Además, se desconoce la destrucción de puestos de trabajo del sector informal y, por lo tanto, la recuperación del empleo está muy lejos de completarse, además porque la población económicamente activa aumenta en cada año.

Según mis cálculos, de 4 millones 100 mil personas económicamente activas (PEA) en 2021, 1 millón 324 mil estarán subutilizadas (o desempleadas en forma abierta y desempleadas equivalentes), y esta cifra arroja una tasa de subutilización global de 32.3% de la PEA. En otras palabras, 564 mil empleos se han perdido desde 2018, incluyendo al sector informal, y aún no se han restablecido y muchos de ellos probablemente no podrán ser restaurados.

Por otro lado, el poder adquisitivo de los salarios de los empleados en el sector formal de la economía, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB), en términos acumulado anual, o sea, de diciembre a diciembre, se ha deteriorado 1.9% en 2018, 5.2% en 2019, 2.6% en 2020 y 1.2% a marzo de 2021. La reducción acumulada de la capacidad de compra del salario del sector formal desde diciembre 2017 hasta marzo de 2021 es 9.4%.

En conclusión, el desempleo y el subempleo han aumentado, pero no se han dado aumentos salariales, excepto para el salario mínimo. Si los sindicatos comenzaran a presionar por aumentos salariales para los trabajadores con salarios bajos, se podría generar una tendencia inflacionaria, es decir una espiral salario-precio, en el caso de que hubiese un exceso de demanda de trabajo en el mercado laboral, el cual no se percibe en este momento. Sin embargo, creo que esto no es posible en el corto plazo, porque la curva de contagio de COVID-19 aún no ha sido aplanada y la vacunación aún no tiene  una amplia cobertura sobre la población del país.





El aumento de la oferta de dinero no es motivo de preocupación

13 06 2021

En las últimas semanas ha circulado la opinión que hay una excesiva cantidad de dinero circulando en el mercado local y que por ese motivo la tasa de inflación mensual se aceleró de 0.26% en enero a 0.85% en febrero de este año, lo que implicó el aumento de la tasa de inflación interanual de 2.9% en diciembre de 2020 a 4.4% en abril de 2021.

De acuerdo con datos oficiales, el balance presupuestario de ingresos y gastos del Gobierno Central, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), mostró un superávit de 2 mil 867 millones de córdobas en el primer trimestre de 2021, por lo cual, aunque el Gobierno había recibido préstamos y donaciones del sector externo por 101 millones de dólares en ese trimestre, no requería del auxilio financiero internacional para ejecutar el gasto gubernamental, ni tampoco ha recurrido al endeudamiento interno mediante la colocación de Bonos del Tesoro en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Por su parte, el balance del BCN mostró al 31 de mayo de este año una contracción monetaria de 7 mil 247 millones de córdobas, que se explica principalmente por el aumento de los depósitos del sector público no financiero en el BCN y la colocación de Letras del BCN a 1 día plazo pagaderas en córdobas.

Entonces, ¿por qué la gente se queja de que existe un excesiva cantidad de dinero en el mercado,  y que por ese motivo se está acelerando la tasa de inflación? La gente comienza a preocuparse por una inflación galopante, que a simple vista no se percibe.

El dinero sirve como medio de intercambio o medio de pago, para la compra y la venta de productos; como depósito de valor estable, para trasladar poder de compra de un período a otro;  y como unidad de cuenta, para la cotización de los precios.

La cantidad de dinero a veces ayuda a pronosticar la tasa de inflación. Pero, ¿cómo se estima el saldo de dinero que circula en el mercado? En mi opinión, la oferta de dinero se puede estimar con el Medio Circulante, o sea, la cantidad de dinero para realizar transacciones, conocido en la literatura macroeconómica como M1 e incluye el efectivo fuera de los bancos y el valor de todos los depósitos a la vista o en cuenta corriente en las entidades bancarias; sin embargo, otros economistas lo relacionan con el agregado monetario M2, conocido como Dinero Amplio, que además del Medio Circulante incluye el saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local, estos últimos llamados Cuasi Dinero.

Sin embargo, el BCN sólo controla la Base Monetaria, conocida como M0 o dinero de alta potencia, que consiste en el efectivo, o los billetes y las monedas en circulación, es decir, el saldo de la emisión de dinero, más los depósitos que los bancos tienen en el BCN. Por lo tanto, el BCN no controla directamente a M2.

En 2020, principalmente en el último bimestre de ese año, el BCN aumentó la Base Monetaria hasta 9 mil 190 millones de córdobas, pero en ese mismo año los bancos aumentaron sus depósitos en el BCN en 2 mil 360 millones de córdobas, a pesar de que el BCN contrajo la liquidez en 3 mil 28 millones de córdobas mediante el mecanismo de absorción de los reportos monetarios. Así, los depósitos de ahorro y a plazos del público no bancario no reflejaron un gran aumento.

Ahora, en el período enero-mayo de 2021, la Base Monetaria se ha reducido en 4 mil 608 millones de córdobas, pero la gente ha comenzado a expresar su temor a la aceleración de la tasa de inflación. Un rápido  crecimiento de la oferta de dinero o M1 no se traduce en una severa inflación sin que cause un sobrecalentamiento de la economía, o sea, una situación que se caracteriza por crecientes niveles de demanda interna y de demanda externa de bienes y servicios, cuando la capacidad del aparato productivo no satisface la demanda agregada, y cuando la economía se está acercando al pleno empleo. Pero esta no es la situación de la economía de Nicaragua.

Lo que ha ocurrido desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2020 ha sido una recesión continua, con una gran pérdida de puestos de trabajo del sector formal, y también del informal, con el aumento de la población económicamente activa (PEA) por el ingreso de jóvenes al mercado laboral por primera vez, y también con la reducción de la PEA porque los desempleados y subempleados la abandonan al cansarse en la búsqueda de trabajo. Todo esto condujo a la disminución de la tasa de inflación interanual desde julio 2018 hasta noviembre de 2020.

Por consiguiente, concluyo que los inflacionistas no han analizado esta historia económica reciente del país. Una economía casi en estado depresivo, con crecientes tasas de desempleo y subempleo, y con una elevada tasa de personas inactivas en edad de trabajar, nos ha llevado a un nivel inflacionario mínimo, donde la producción total es inferior a la producción potencial.

La tasa de inflación anual bajó de 5.87% en 2017, un año de máximos históricos de producción y de mínimos históricos de pobreza en el país, a 3.89% en 2018 por la crisis política de abril de 2018; luego, en 2019 la inflación anual se aceleró hasta 6.13% por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de ese año, que elevó los costos de producción de las actividades agropecuarias y los precios al consumidor de bebidas y cigarrillos,; después desaceleró hasta 2.93% en 2020, debido a los shocks de oferta y de demanda provocados por la pandemia mundial del COVID-19. En conclusión, se observó una reducción de la inflación, excepto en el año en que se implementó una reforma tributaria.

Con el último dato oficial disponible, cabe mencionar que la tasa de inflación interanual de mayo de 2021 es 3.97%, o sea, 43 centésimas porcentuales menor que la de abril recién pasado.

Por supuesto que hay muchas razones para preocuparnos de la economía nacional, pero mantengamos la calma por la presión inflacionaria. Preocupémonos, antes de todo, por restablecer el nivel de empleo observado antes de la crisis política y, después, busquemos el pleno empleo, alcancemos el producto interno bruto potencial.





No se visualiza un sobrecalentamiento de la economía de Nicaragua

6 06 2021

La presión inflacionaria en Nicaragua no ha “sobrecalentado” la economía nacional, porque el nivel de desempleo se elevó abruptamente en el trienio 2018-2020 por la crisis política de abril 2018, la reforma tributaria procíclica o contractiva de febrero de 2019, la pandemia mundial del COVID-19 en marzo de 2020 y los huracanes Eta e Iota que azotaron el norte de la Costa del Caribe en noviembre de 2020.

Ese esperado calor de la economía aún no se ha sentido, porque tras la destrucción de 199,731 puestos de trabajo del sector formal de la economía durante el trienio antes mencionado sólo se crearon 30,457 en la economía formal en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Si sintiéramos ese calor ya se hubieran elevado los salarios y se hubiese reducido la tasa de inactividad laboral, que, según el dato oficial, es igual a casi el 30% de la población en edad de trabajar.

Si hubiera una fuerte presión inflacionaria que preocupara a los consumidores y los productores, que también fuera sostenida, como la tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) de 4.4% registrada en abril recién pasado, los precios irían al alza y se acelerarían rápidamente, la observaríamos en los salarios y en los precios al consumidor y no debería ser temporal.

La tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor subyacente (IPCS), que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, tendría que pasar de 4%, como se observaba antes de la reforma tributaria de febrero de 2019, a 5%, después a 6% y así sucesivamente, pero eso no está ocurriendo en el país, porque también estaríamos viendo crecientes y acelerados niveles de empleo y de salarios.    

Según el dato oficial, la tasa de desempleo abierto de 2020 fue del orden de 5.0% de la población económicamente activa, pero apenas 0.5 puntos porcentuales mayor que la de 2016 y 1.3 puntos porcentuales superior a la de 2017, un año de variables con máximos y mínimos históricos que favorecen a la economía nicaragüense, por lo cual se generaría alguna polémica porque en el trienio 2018-2020 se acumuló, según el Banco Central de Nicaragua (BCN) una caída de 8.8% del producto interno bruto (PIB) real.

¿Una caída de 8.8% del PIB real aumentaría la tasa de desempleo abierto apenas en 1.3 puntos porcentuales? Volver a la normalidad económica significaría que la tasa de desempleo estaría por debajo del 3.7% (¿pleno empleo, cuando casi el 50% de los ocupados está subempleado?) que alcanzó la administración del presidente Daniel Ortega con una tasa de inflación de 5.7% en 2017.

Por otro lado, entre los niveles salariales del país, el salario mínimo, ha tenido ajustes anuales muy importantes en el período 2007-2017, al saltar su promedio simple de C$1,440 en 2006 a C$5,824 en 2017, lo que implicó una tasa de crecimiento promedio anual de 13.6% y su cobertura sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico saltó de 21.9% en 2007 a 45.3% en 2017. Cabe mencionar que a partir de septiembre de 2007, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) oficializó una nueva canasta de consumo básico, que pasó de tiempos de guerra a tiempos de paz, y que garantizó el consumo per cápita diario de 2,455.4 kilocalorías para una familia de 4.9 personas promedio nacional.

Sin embargo, la tasa de ajuste promedio anual del salario mínimo legal en el trienio 2017-2020 se desaceleró hasta 5.5%, al registrar en 2020 un promedio simple de C$6,849.26, pero elevó su cobertura sobre la canasta de consumo básico a 47.1% porque la inflación promedio anual del costo de dicha canasta fue igual a 4.1% en el mismo trienio (5.1% > 4.1%).

Como lo enseñan los textos introductorios a la Macroeconomía, la espiral precio-salario se inicia cuando la demanda de bienes y servicios finales aumenta más rápido que su oferta. Los salarios más altos forman precios más altos y éstos generan salarios más altos, y, así, el ciclo continúa.

¿Se ha dado ese ciclo en el trienio 2018-2020? Creo que no. El salario nominal o en precios corrientes promedio anual del sector formal de la economía se incrementó de C$4,823.58 en 2006 a C$10,239.17 en 2017 y mostró una subida promedio anual de 7.1%, pero en el trienio 2018-2020 el aumento promedio anual de dicho salario desaceleró hasta 2.3%, mientras que la tasa de inflación del IPC promedio anual era igual a 4.3%.

Por lo tanto, no debería preocuparnos que en el escenario macroeconómico actual se vaya a dar un aumento de los salarios que podría provocar que las empresas suban los precios, lo que haría que los trabajadores exijan salarios más altos y el BCN tendría que recurrir a una política monetaria más restrictiva para luchar contra la inflación. Por eso creo que no es el momento de la ocurrencia del ciclo precio-salario-precio, porque la política fiscal, excluyendo la cooperación internacional en concepto de asistencia humanitaria, también es contractiva.     

En conclusión, durante el período 2018-2020 y en términos promedio anual, los salarios nominales se han incrementado 2.4%; las tasas de inflación, tanto del IPC como del IPCS, no muestran síntomas de aceleración al permanecer en los niveles de 4.3% y 4.5% respectivamente; y el deterioro del poder adquisitivo del salario del empleo formal es 1.9%. Sin embargo, la proporción de la personas inactivas es 1/3 de la población en edad de trabajar, mientras que la tasa de desempleo abierto es 5.0% de la población económicamente activa.    

Nuestros señalamientos sobre los niveles del PIB real y de la tasa de desempleo abierto no son de este momento, sino de hace varios años. A corto plazo, el crecimiento de la producción de bienes y servicios y el desempleo están bastante relacionados. Esa relación empírica es conocida como la Ley de Okun y con ella llegamos a siguiente conclusión sobre la economía de Nicaragua: sobre una muestra de datos correspondientes al período 2006-2020, para reducir la tasa de desempleo abierto en 1 punto porcentual el PIB Real debería crecer 10.51%. ¿Es lógica esta información? Creo que no.

En el trienio 2018-2020 se acumuló una caída de 8.8% del PIB real, pero la tasa de desempleo de 5.0% de 2020 fue superior apenas en 1.3 puntos porcentuales que la tasa de desempleo abierto de 3.7% registrada en 2017, un año de máximos históricos de producción. ¿Es también lógica esta información? Creo que tampoco.