El costo de amortiguar los retos de la política económica

25 02 2018

El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó al país en febrero de este año, declaró que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua crecerá 4.7% en 2018, por arriba de su crecimiento potencial e impulsado principalmente tanto por el gasto de inversión del sector público y del sector privado, y por las exportaciones debido a la aceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, que es el prinicipal socio comercial de Nicaragua.

Un mayor crecimiento de la primera economía mundial provoca que el volumen de las ventas de materias primas de Nicaragua a Estados Unidos aumente, y también se incremente el monto de remesas que los nicaragüenses, que han emigrado a ese país, envían a su parentela, porque tienen más oportunidades de trabajo. Incluso se podría tomar en cuenta un creciente ingreso de divisas al país por una mayor afluencia de turistas estadounidenses, dada la proyección de que el PIB de Estados Unidos crecerá 2.7% en 2018.

Sin embargo, la hipótesis de que en 2018 el alza del PIB Real de Nicaragua se ubique por encima de su tasa de crecimiento potencial de 4.2%, que es la tasa de aumento promedio anual de al producción de bienes y servicios en el período 2006-2017, parece ser muy optimista al observarse algunos riesgos de índole político que podrían afectar severamente la certidumbre de los inversionistas, principalmente extranjeros y entre ellos los de Estados Unidos.

En 2016, el monto neto de la inversión extranjera directa (IED) financió el 78% del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Nicaragua, y es la principal fuente financiera de dicho déficit porque fue igual al doble del monto total de préstamos netos facilitados por la cooperación oficial a los sectores público y privado. Además, en el período 1991-2016 el flujo bruto acumulado de la inversión directa proveniente de Estados Unidos participó con casi el 20% en el flujo bruto total de la IED.

La inesperada aplicación de la Ley Magnitski Global a un ciudadano nicaragüense, además presidente de un Poder del Estado de Nicaragua, el Sr. Roberto Rivas, y el arribo de la Ley “Condicionalidad de Inversión Nicaragüense” (NICA) al Senado de Estados Unidos para su discusión, ya aprobada por la Cámara de Representantes, generan desconfianza entre los inversionistas, nicaragüenses y extranjeros, lo cual provocará una desaceleración del crecimiento económico de Nicaragua.

Otro riesgo que se debe tener en cuenta en el corto y mediano plazo es el que pende sobre las exportaciones del país debido a la revisión del DR-CAFTA, porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos analiza las causas del porqué ocho países firmantes de tratados de libre comercio observan superávit o déficit decrecientes en su balance comercial con Estados Unidos en 2016, y deberá proponer soluciones que contribuyan favorablemente a dicho balance y al fortalecimiento de la base manufacturera de Estados Unidos.

Entre esos países que han firmado tratados de libre comercio aparecen Nicaragua con un superávit de US$1,829 millones, y Panamá y Costa Rica con déficit decrecientes de US$5,736 millones y US$1,565 millones en el mismo orden. En el caso de Nicaragua, el riesgo se concentra en la actividad de las empresas del régimen de zona franca, principalmente las que producen textiles, vestuario y arneses, lo cual podría afectar las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos.

Estos riesgos políticos sobre la economía de Nicaragua debilitan la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que ya fue afectada por el desplome del crédito petrolero en el mapa de la cooperación externa recibida por Nicaragua, lo cual expone al riesgo a la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y de la tasa de inflación. Cabe recordar que dicha condicionalidad expresa que el saldo de las reservas internacionales brutas sea, al menos, igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, es decir, de la emisión de dinero y del encaje efectivo (que es mayor que el legal) sobre los depósitos en córdobas del público no bancario en el sistema financiero nacional.

Además, también se observa desde el año pasado una descalibrada política monetaria contractiva que defiende desde 2016 la debilitada posición de las reservas internacionales administradas por el BCN, lo cual también ha desacelerado la tasa de crecimiento económico de Nicaragua. En enero de este año el BCN estrenó las operaciones de mercado abierto que tienen el menor plazo posible imaginable, 1 día, con las cuales ha sacado de circulación casi tantos córdobas como los que sacado con las tradicionales operaciones de mercado abierto que tiene un plazo máximo de 1 año, pero el 86% de estas colocaciones tradicionales se concentran en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes.

El consejo fondomonetarista es “continuar acumulando reservas financieras en caso de que se materialicen los riesgos que afectan el crecimiento económico”, pero ¿a qué costo?

Anuncios




El Ranking de los Bancos Comerciales de Nicaragua a Diciembre de 2017

21 02 2018

COPADES le invita a participar en el Seminario de Actualización Empresarial “El Ranking de los Bancos Comerciales de Nicaragua a Diciembre de 2017”, en el cual se abordará la calidad de dichas entidades tomando en cuenta la competitividad y la preferencia del público, con base en información oficial publicada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) al 31 de diciembre de 2017. Este Seminario se realizará en el Salón “El Lago B”, segundo piso del Centro de Convenciones Crowne Plaza el jueves 8 de marzo de 2018 de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Debido a que el cupo es limitado, para reservar su participación y obtener información sobre este evento, por favor llamar al 2270-0385 o escribir a corozco@copades-nic.com

image001

 





Se profundiza la contracción monetaria

18 02 2018

En los primeros 46 días de este año, según los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria de Nicaragua, las reservas internacionales brutas han subido US$64.8 millones, mientras que la base monetaria, es decir, la emisión de dinero y los depósitos de encaje en córdobas que los grupos financieros llevan al Banco Central de Nicaragua (BCN),  ha sido reducida en C$3,284.2 millones y es igual al 83% del aumento de la base monetaria que se registró en 2017, principalmente en noviembre y diciembre de ese año.

Los comportamientos de ambas variables monetarias ha facilitado que la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país, reservas internacionales brutas entre base monetaria, se ubique al 15 de febrero recién pasado en el nivel de 2.93, que está 43 centésimas por arriba del nivel mínimo requerido.

En el comienzo de este año, el aumento de las reservas internacionales administradas por el BCN se explica principalmente con (i) los excedentes de encaje sobre los depósitos en dólares del sistema financiero nacional, que suman US$27.9 millones; (ii) la colocación neta de Letras del BCN en moneda extranjera de US$22.1 millones; y (iii) la compra neta de US$15.2 millones realizada por el BCN en el mercado local. Cabe mencionar que la tasa de encaje catorcenal efectiva sobre los depósitos en dólares subió de 18.5% el 31 de diciembre de 2017 a 18.7% el 15 de febrero y los tres mecanismos mencionados en este párrafo arrojaron un monto total de US$56.3 millones.

Por otro lado, la reducción de la base monetaria, que es resentida por las empresas no financieras y los consumidores, ha sido impulsada por (ii) la contracción de C$1,696 millones mediante la subasta de Letras del BCN -el 84% de este monto se concentra en papeles con plazos de 7 días, 14 días y 1 mes-; y (ii) la contracción de C$1,950 millones, aunque sea por 1 día, a través de subastas de Letras del BCN con ese plazo, recientemente estrenadas por el BCN en este año, para escudar en mejor forma la posición de las reservas internacionales. En suma, con estas “operaciones de mercado abierto de cortísimos plazos”, el BCN ha sacado de circulación C$3,646 millones  en 1 mes y 15 días.

Un comportamiento opuesto ha tenido el saldo de encaje catorcenal sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros mantienen en el BCN, al haber disminuido C$956 millones en el mismo lapso arriba mencionado, por lo cual la tasa de encaje efectiva disminuyó de 23.0% el 31 de diciembre de 2017 a 20.6% en 15 de febrero de 2018.

En otras palabras, el instrumento del encaje sobre los depósitos en córdobas ha expandido la liquidez en moneda local, pero las “operaciones de mercado abierto”  continúan siendo bastante contractivas. Los inversionistas financieros han mostrado aversión al riesgo de adquirir títulos valores con plazos mayores de 3 meses emitidos por la autoridad monetaria, muy probablemente debido al creciente riesgo político, que de un nivel moderado se acerca a la frontera del nivel alto, según COPADES.

El BCN, por consiguiente, ha intensificado la contracción monetaria con las subastas de Letras en este año. Al 15 de febrero del año pasado, sin las subastas de Letras con 1 día plazo, había “esterilizado” C$1,259 millones de córdobas, o sea, el 35% del monto de córdobas que ha sacado de circulación al 15 de febrero del año en curso. Y es muy probable que el BCN continúe profundizando la restricción monetaria por la presencia de varios riesgos, principalmente de origen externo, de los cuales tres ya están en marcha, como son los de la salida de Venezuela del mapa de la cooperación oficial al sector privado de Nicaragua, la Ley Magnitski y la reforma tributaria de la Administración de Donald Trump y, en ciernes, el de la aprobación de la Ley NICA en el Congreso de Estados Unidos. Estos riesgos provocan incertidumbre inversionista, lo cual desprotege la posición de la reservas internacionales administradas por el BCN.

El desplome tanto del crédito como del volumen petrolero de Venezuela para Nicaragua ha sido sustituido con las compras al contado de crudo y combustibles principalmente a Estados Unidos y México, y esto ha provocado una disminución del saldo de las reservas internacionales; las leyes estadounidenses Magnitski y NICA afectará a la inversión extranjera directa y ésta es la más importante fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Nicaragua; la reducción de la tasa tributaria corporativa de Estados Unidos, de 35% a 21%, podrá provocar la repatriación de utilidades y de capitales (estos últimos con un gravamen directo de 15%) desde el resto del mundo hacia la primera economía mundial; y la expansión del gasto federal, en un momento en que la economía estadounidense está en el umbral del pleno empleo, apreciará al dólar, acelerará la tasa de inflación y hará más agresivas las alzas de las tasas de interés de la Fed y del mercado financiero internacional. El dinero será más caro y más escaso.

Todo éxito económico tiene un costo. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de Nicaragua ha sido posible el año pasado con los desembolsos de la cooperación externa destinada al sector público y con la desaceleración del crecimiento económico del país. En otras palabras, la política económica no resuelve el problema provocado por los riesgos antes mencionados, y sólo los amortigua con un menor desempeño productivo y una mayor subutilización de la fuerza laboral. La solución del problema está en manos de los políticos y no en la de los economistas. Es un problema de origen político, no tiene un origen económico. Su solución está en Managua, no en Washington.





Todo depende del cristal con que se mire

11 02 2018

Según el personal técnico de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llego al país el 30 de enero del año en curso para analizar el desempeño de la economía nicaragüense en 2017 y las perspectivas de 2018, el volumen de la producción de bienes y servicios aumentó 4.9% el año pasado y se espera aumente 4.7% en este año.

El  desempeño económico de 2017 “rebasó las expectativas”, según el FMI, pero creo que fueron las expectativas fondomonetaristas por haberse alcanzado principalmente una mayor tasa de crecimiento económico, que hizo mantener constantes o menores los porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) en conceptos de los déficit del sector público y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, así como del saldo crédito del sistema financiero nacional al sector privado.

Además, indicó el FMI, se logró mantener la estabilidad macroeconómica al situarse las reservas internacionales brutas en un monto equivalente a 4.2 meses de importaciones. Así, se registró una tasa de inflación anual de un dígito, 7.7%, espoleada por los precios de los combustibles y los alimentos, y se mantuvo la tasa de devaluación oficial nominal anual de 5%, un dato invariable observado desde el año de 2004.

“Todo es según el color del cristal con que se mira”, reza el refrán. El FMI proyectó inicialmente un crecimiento económico de Nicaragua de 4.5% en 2017 en abril de ese año y hoy afirma que es 4.9%, es decir, 4 décimas porcentuales mayor que su previsión anterior. Esto indica un mejor desempeño productivo. El crecimiento económico de Nicaragua ha acelerado, de acuerdo con estos datos del FMI.

Sin embargo, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) ha señalado desde hace un poco más de dos años que el crecimiento de la producción ha roto la barrera de 5% y pudimos habernos acercado al 6% en 2017, pero la última revisión de este pronóstico de COPADES lo situó en 5.5%. El crecimiento económico de Nicaragua ha desacelerado, según los datos de COPADES.

Coincidimos con el FMI en que el crecimiento económico de 2017 se basó principalmente en las exportaciones de productos agrícolas, pero COPADES ha señalado desde mayo de 2016 que, ante el desplome de la cooperación petrolera, se ha observado una severa contracción del numerario o de la cantidad de córdobas que circula fuera del sistema financiero nacional, o sea, córdobas en las cajas de las empresas no financieras y en los bolsillos de los agentes económicos, consumidores y productores.

Esa desaceleración del crecimiento del saldo de dinero, que sólo es expansivo en los dos últimos meses de cada año y en las vacaciones tradicionales de Semana Santa, se profundizó en 2017 y continuará profundizándose en 2018, debido a la adición de nuevos riesgos principalmente políticos, que impactarán, sin duda, a la economía del país, a pesar de que los riesgos económicos y financieros del país se encuentran actualmente en niveles mínimos.

Dos riesgos políticos ya puestos en marcha son la retirada de Venezuela del mapa de la cooperación oficial de Nicaragua y la aplicación de la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; por otro lado, un riesgo en ciernes es la “Nicaragua Investment Conditionality Act” (NICA Act) en vías de aprobación en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos. Además, en el horizonte se perfilan los riesgos de la revisión del DR-CAFTA, la repatriación de capitales de empresas estadounidenses resultante de la política tributaria de la administración del Sr. Donald Trump, recién aprobada por el Congreso de Estados Unidos, y la apreciación del dólar por el mayor gasto federal estadounidense en un momento en que la primera economía del mundo se encuentra en o casi pleno empleo, que provocará más inflación importada y hará que la Fed suba agresivamente la tasa de interés.

Por su parte, el Banco Central de Nicaragua (BCN) continúa presentando sus perspectivas de crecimiento económico anual en rangos invariables de 4.5% a 5.0% a inicios de cada año, lo modifica en el transcurso del año y su última revisión para 2017 fue de 4.7% a 5.2%, lo cual demuestra poca certeza macroeconómica de la autoridad monetaria.

En 2017, la menor disponibilidad de córdobas en el mercado desaceleró el gasto de consumo de las familias y, consecuentemente, también desaceleró la demanda interna y el crecimiento económico; además, disminuyó la demanda de divisas para importar bienes y servicios y, por lo tanto, cayó el volumen de las importaciones y desaceleró el crecimiento de la oferta global de bienes y servicios.

A lo anterior podemos agregar la caída del volumen de construcción pública observada en los tres primeros trimestres de 2017 -hasta en junio próximo conoceremos el dato preliminar anual-, no obstante, estaban disponibles los préstamos que financiaban dicha inversión, provenientes principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esto provocó otra desaceleración de la demanda interna y del crecimiento económico en 2017.

¿Por qué cayó el volumen de la construcción pública en los primeros nueve meses de 2017 con respecto al volumen registrado en el mismo período de 2016?

Sencillamente, para que la política fiscal no entrara en conflictos con la política monetaria contractiva y garantizara el “esfuerzo fiscal” de proteger las reservas internacionales, pero con el agravante de que se estaba descuidando la inversión pública ante la imposibilidad de que las autoridades gubernamentales pudieran iniciar la confección del “colchón fiscal” equivalente a 1.6% del PIB, que aconsejó el FMI en abril de 2017.

Ese colchón se confeccionaría con la eliminación de exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos, la aplicación efectiva de la supervisión de los precios de transferencia vigente desde julio del año pasado y la racionalización de los subsidios para enfrentar los riesgos antes mencionados y el del déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). También se podría agregar otro factor que ayudaría a explicar la caída de la inversión pública: el tránsito de tres ministros del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en el primer semestre del año pasado.

¿Acelerará o no el crecimiento de la producción de Nicaragua en 2018? Veremos. Sabemos que existen muchos riesgos para la economía en este año.





Diez meses después, poco avance en las recomendaciones del FMI

4 02 2018

En abril del año pasado, la misón técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó la Consulta de Artículo IV de 2017 dejó algunas recomendaciones de política a las autoridades gubernamentales tendientes a lograr un crecimiento económico fuerte y sostenible, la estabilidad financiera, la capacidad de gestión monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN), la reducción de las vulnerabilidades más importantes de la coyuntura económica y el mejoramiento de la resistencia externa y la competitividad.

La búsqueda de un sustituto de Venezuela para contratar un crédito petrolero, a lo sumo en términos semi concesionales, es una tarea que se podría calificar como imposible. En la actualidad, los principales suministradores de petróleo y combustibles a Nicaragua son Estados Unidos y México, quienes reciben el pago de la factura con divisas de las reservas internacionales administradas por el BCN. Rusia o México, que posiblemente son considerados por el gobierno de Nicaragua en la gestión de un nuevo crédito petrolero, tienen problemas económicos presentes y latentes no sólo por su anémico crecimiento sino también por la revisión del NAFTA, en el caso de México, y las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa, en el caso de Rusia.

Por otro lado, parece que las autoridades gubernamentales no han iniciado la tarea de crear un colchón o amortiguador o espacio fiscal equivalente a 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en dos años para facilitar la gestión de riesgos, porque el resultado operativo neto del presupuesto gubernamental acumulado entre enero y noviembre de este año equivale a un déficit de US$187 millones, 34% mayor que el déficit operativo registrado en el mismo período del año de 2016.

Ese colchón fiscal sería elaborado con una mayor recaudación tributaria,  pero el gobierno no ha eliminado las exenciones del Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones de bienes intermedios y de capital de las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal, tal como se contempló en la Ley de Concertación Tributaria (LCT) y una mayor eficiencia de los gastos corrientes, principalmente de consumo, sin afectar el gasto de inversión.

El colchón fiscal también facilitaría la protección ante el riesgo de un mayor costo del financiamiento externo destinado al sector público provocado por la probable aprobación de la NICA Act en el Congreso de Estados Unidos, pero la contratación de una mayor tasa de interés en el pago de la deuda pública externa ya ha comenzado a generarse desde finales de 2016 con la contratación de nueva deuda gubernamental, que supera el monto de US$800 millones, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad financiera que gestiona recursos principalmente en el mercado financiero internacional. Aunque la NICA Act no ha sido aprobada en el Senado de Estados Unidos, ya exacerbó la incertidumbre inversionista junto con la aplicación de la “Global Magnitsky Act” de parte del gobierno de Estados Unidos a un ciudadano nicaragüense, también aún por la ley presidente del Consejo Supremo Electoral.

Otra recomendación del FMI fue la reducción del déficit y la garantía de la sostenibilidad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para lo cual presentó principalmente reformas estructurales tales como aumentar la edad de jubilación, incrementar el período mínimo de cotización y revisar el mecanismo para ajustar las pensiones. El gobierno de Nicaragua ya tiene una propuesta del salvataje del INSS desde antes de las elecciones presidenciales de 2016, y los medios de comunicación social han informado que un grupo de especialistas del FMI se pronunciarán sobre la propuesta gubernamental de reformas del INSS próximamente. La sostenibilidad del INSS se ha garantizado hasta hoy con un mayor endeudamiento público interno, es decir, con la emisión de bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que son vendidos por el INSS a inversionistas financieros (entidades del sistema financiero nacional) en puestos de bolsa y, en esta forma, garantizar el financiamiento del déficit de la institución.

Por otra parte, en el ámbito financiero las autoridades han garantizado el fortalecimiento de la base de capital y aprobado la ley de dividendos, pero no han avanzado en la supervisión efectiva de las cooperativas de ahorro y préstamo, mientas que la gestión monetaria ha garantizado la estabilidad del tipo de cambio y de la tasa de inflación -acelerada por los precios internacionales de los combustibles y los alimentos- con la práctica de una descalibrada contracción de la cantidad de dinero (córdobas) que circula fuera del sistema financiero nacional. Esto último, realizado con las subastas de Letras y el aumento desproporcionado de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas, provocó la desaceleración del crecimiento del gasto de consumo y del crecimiento de la producción de bienes y servicios en 2017.

Finalmente, la calidad de las estadísticas económicas continúan siendo cuestionadas por  la población, en general, y los economistas, en particular, No hay disponibilidad pública de la base de datos para comprobar la veracidad de la información económica oficial. Por ejemplo, sin conocerse el tamaño de la población económicamente activa, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, comunicó que la tasa de desempleo abierto es igual 3.8%, es decir, en Nicaragua hay pleno empleo, pero, por otro lado, la gente siempre dice que el desempleo es uno de los tres perennes problemas económicos desde hace décadas -los otros dos son la carestía de la vida y la pobreza-.

Otro ejemplo es que desde el año de 2012, el BCN, junto con el Ministerio del Trabajo (MITRAB) y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), no publica los datos del empleo por actividad económica, lo cual imposibilita el análisis de la productividad en cada uno de los sectores de la economía nacional, que seguramente es baja y es un obstáculo para que el crecimiento económico sea robusto y sostenible. Entre otros ejemplos, también se puede concluir que se necesita mejorar la calidad de las Cuentas Nacionales.

En conclusión y en términos generales, se observa poco avance en las recomendaciones del FMI para el sector fiscal y la calidad de la información económica, pero se ha mejorado la gestión monetaria mediante una menor disponibilidad de córdobas entre los agentes económicos -cabe agregar que en enero de este año aparecieron las subastas de Letras del BCN con plazo de 1 día para sacar más córdobas de circulación-, cuyos objetivos son la disminución de la demanda de importaciones y la protección de la posición de las reservas internacionales administradas por el BCN, dado el desplome del crédito petrolero de Venezuela.





La mudez de siete funcionarios judiciales

1 02 2018

Nueve años y cuatro meses cargando su estigma de ser uno de los más connotados violadores de los derechos humanos, Eduardo Montealegre continúa sintiéndose cómodo por estar encima de la Ley no sólo con su abuso a la inmunidad que le confería su cargo de diputado de la Asamblea Nacional, sino también con la protección continua que le han facilitado el Poder Legislativo y el Poder Judicial, haciendo gala de ser uno de los más famosos impunes que ha tenido Nicaragua. Triste destino de un politicastro, que también está acusado por la Fiscalía General de la República por coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude y delito de tráfico de influencias.

Los siguientes servidores públicos del Poder Judicial han obstruido mi acceso a la justicia y han protegido al ciudadano querellado e impune Eduardo Montealegre por sus graves injurias y calumnias escritas contra mí en medios públicos. El juez Séptimo Local Penal de Managua, Donaldo Ignacio Alfaro García, expresó que “es independiente en todas sus actuaciones, y sólo obedece a la Constitución Política y la Ley … sin embargo, se está proveyendo el trámite de acuerdo a la agenda del despacho, así como también la programación de asignación de Salas”. Esto lo dijo el 13 de octubre de 2016, me lo notificaron seis días después y ya han pasado 477 días, pero el juez Donaldo Alfaro García continúa brillando por su silencio elocuente.

La juez Sexta Local Penal de Managua, María Ivette Pineda Gómez, expresó “que no puede actuar por orientaciones o recomendaciones de ningún superior, de tal manera que las peticiones de la parte serán atendidas de acuerdo al tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta”.  Esto lo dijo el 13 de octubre de 2016, me lo notificaron seis días después, ya han pasado 477 días y la juez María Pineda Gómez también continúa brillando por su silencio elocuente

Las respuestas de los dos jueces me obligaron a presentar sendas quejas al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, en su carácter de Inspector Delegado, quien ordenó archivar las diligencias el 14 de octubre de 2016. Ya han transcurrido 476 días de que mis quejas están archivadas, y el Inspector Delegado también brilla por su silencio elocuente.

Debido a que los dos jueces y el Inspector Delegado arriba mencionados violaron mis derechos al debido proceso, mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva, y tomando en consideración que justicia tardía no es justicia, el 11 de noviembre de 2016 presenté mi queja al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial – Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los magistrados Marvin Aguilar, quien lo preside, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, pero no respondieron. Les presenté la misma queja el 13 de diciembre de 2016 y tampoco respondieron. Han pasado 446 días y los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia también continúan brillando por su silencio elocuente. Sin embargo, debo aclarar que el 28 de octubre de 2016 la magistrada Alba Luz Ramos dijo públicamente que “el caso de Néstor Avendaño era uno más de los 125 mil casos que se encuentran en el Complejo Judicial Central de Managua y que no existía retardación de justicia”.

Por todas estas razones, el 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero siempre persistiré en reclamarla públicamente. De esto puede estar seguro Eduardo Montealegre, ya marcado nacional e internacionalmente como un violador de los derechos humanos que ha sido protegido por la Asamblea Nacional y el Poder Judicial de Nicaragua. La obstrucción de la Justicia también es una violación de los derechos humanos.