La inercia económica y el ruido político

30 06 2013

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En la semana antepasada, políticos, organizaciones de la sociedad social y profesionales –principalmente juristas, protectores del medio ambiente, sociólogos y economistas- entre estos últimos este servidor, aclamaron y reclamaron la formulación del perfil de un gran proyecto, el gran canal interoceánico de 286 kilómetros de longitud, 520 metros de ancho y 27.6 metros de profundidad para que buques de más de 400 mil toneladas de carga crucen, muy probablemente, desde la Isla del Venado en la costa del Mar Caribe hasta Brito en la costa rivense del Océano Pacífico, atravesando el Lago Cocibolca. El costo: 40 mil millones de dólares, es decir, 3.8 veces el Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2012; el tiempo para construirlo: 6 años, entre 2014 y 2020.

Mientras eso sucedía, al cierre del primer semestre de este año las reservas internacionales brutas caían US$31 millones, a pesar que los grupos financieros contribuyeron a mantener la estabilidad macroeconómica con el aumento de US$39 millones en sus depósitos de encaje en moneda extranjera en el Banco Central de Nicaragua (BCN), con una tasa efectiva de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera, es decir, la proporción de los depósitos en dólares que las instituciones financieras depositan en el BCN, que oscila entre 16% y 18% y es superior a lo que manda la ley, 12% diaria y 15% catorcenal.

Durante el semestre, las reservas internacionales brutas cayeron hasta el nivel de US$1,855 millones por la  venta neta (de la compra) de divisas del BCN al sector privado en un monto de US$31 millones, pero continuaron por arriba de la condicionalidad establecida con el Fondo Monetario Internacional  (FMI) de ser equivalentes a 2.2 veces la base monetaria (emisión más encaje en córdobas), al registrar 2.6 veces. Las fuentes de cooperación externa han proporcionado US$91 millones al sector público, divisas líquidas que están atadas a programas y proyectos de dicho sector, el cual, por otro lado, ha pagado US$49 millones a sus acreedores externos.

Para mantener esa condicionalidad de estabilidad macroeconómica, en el primer semestre de este año el BCN endeudó a todos los nicaragüenses en un monto de US$72 millones con la colocación de títulos valores –¿quién controla la emisión de esta deuda?-, sobresaliendo la tasa de rendimiento para papeles a un año plazo de 4.48%, mayor que la de 2.25% pagada por el BCN en enero de este año. Esa alza de la tasa de interés del BCN, en una economía anormal como la nuestra por la presencia de una tasa de subempleo de 52% y una tasa de informalidad laboral del 76%, provocará que la tasa de interés de largo plazo, o sea, la tasa de interés para financiar las inversiones, enlentecerá el crecimiento económico y aumentará los problemas estructurales del mercado laboral. En fin, aunque no comparto lo siguiente, al BCN no le interesa que la informalidad laboral se expanda o el subempleo y el desempleo aumenten, al estar sólo atento a mantener una presión inflacionaria baja y estable y velar por el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.

Sin olvidar que el préstamo petrolero de Venezuela ayuda a proteger la posición de las reservas internacionales brutas del BCN porque son divisas líquidas atadas a la adquisición de petróleo, los grupos financieros pujan por una mayor tasa de rendimiento de los bonos del BCN debido a que observan claramente la necesidad de divisas líquidas de libre disponibilidad –o billete verde, como  dice la gente- que tiene la autoridad monetaria, debido a que no ha recibido cooperación oficial de ese tipo de divisas desde enero de 2012 por la tardanza gubernamental para  iniciar  la discusión del quinto programa económico trienal con el FMI. Hace un mes el asesor económico y financiero presidencial, Bayardo Arce, afirmó que el nuevo programa a ser suscrito con el FMI no era urgente, aunque posteriormente el presidente de la República, Daniel Ortega manifestó que Nicaragua tiene que seguir dependiendo de los programas con el FMI. Parece que en este año no se suscribirá ese programa económico con el FMI.

Es muy probable que al cierre del primer semestre de este año la inflación acumulada sea 4% -la interanual de 8.5%-, acompañada de una contracción de dinero de 505 millones de córdobas y de una tasa de devaluación de 2.5% y, como ha sido usual, la gente se refugia más en el dólar. Se mantiene el continuo ascenso de los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, cuyo saldo ya rompió la barrera de los 2 mil 800 millones de dólares, y no hay especulación en el mercado cambiario porque la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero es apenas de 0.9%, bastante menor que el fatídico 2% que obligaría al FMI a denunciar que Nicaragua practica una política de tipos de cambio múltiples, con efectos perversos sobre la inversión extranjera directa.

Mientras tanto, en la semana pasada la opinión pública se concentró en la demanda de la pensión mínima del adulto mayor, una petición que es justa por ser una obligación estatal, no exclusiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) debido, por un lado, a que los demandantes de la pensión no cumplieron con los requisitos de ley para tener opción a una pensión de vejez y, por otro lado, a que las perspectivas financieras del INSS no son positivas debido a la grave situación de la informalidad de nuestro mercado laboral. La obligación estatal trasciende a la apertura de una partida presupuestaria que satisfaga la demanda de los ancianos de nuestro país, financiada con nuestros impuestos. Habrá un diálogo entre autoridades gubernamentales y los adultos mayores, pero ojalá sea fructífero para garantizar una vida decente a los ancianos que ya aportaron con sus impuestos al funcionamiento del sector público y de la seguridad social.

Y en cuanto al presupuesto nacional, con información oficial disponible hasta abril de este año, el superávit fiscal equivalente a US$11 millones, gracias a que la asistencia financiera de Venezuela se registra como un adeuda privada externa con el aval del FMI, ha disminuido grandemente en relación con el superávit registrado al mismo mes del año pasado, que era equivalente a US$53 millones. Eliminando la inflación, en los primeros cuatro meses de este año el volumen de ingresos presupuestarios creció 6%, pero el de gastos aumentó 14%, predominando el de la inversión pública sobre el de consumo público, con la observación que el gasto de inversión pública sólo representa el 10% del gasto gubernamental total. Este es otro problema estructural del presupuesto nacional que impide un mayor empleo y una mayor tasa de crecimiento económico del país.

En fin, tuvimos una quincena con bastante ruido político, pero la economía nacional continuó transitando sobre su misma senda: el BCN contando el monto de dinero en circulación y el monto de reservas internacionales brutas; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sin proponer políticas de crecimiento económico más vigoroso, ya que de cada córdoba que gasta sólo 10 centavos son absorbidos por los proyectos de inversión pública y los restantes 90 centavos se destinan al gasto de consumo público y al pago de intereses de la deuda gubernamental.

Sólo una cosa positiva observo en las dos últimas semanas: el ruido político no provocó daños a la economía. Sin embargo, se está repitiendo la historia del anémico crecimiento económico que no logrará reducir subempleo, desempleo y pobreza, ni podremos avanzar en la urgente tarea de elevar la productividad de la economía. A esto me refiero cuando digo que el Consenso de Washington no generó pobreza sino que funcionó sobre la pobreza, y este modelo que aún impera en Nicaragua tendrá que ser modificado para rescatar la dignidad de los nicaragüenses y la economía nacional, y entre ésta la viabilidad financiera del INSS.

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La pensión mínima de los ancianos se puede financiar

23 06 2013

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“Gozan de la inmunidad los expresidentes y ex vicepresidentes electos por el voto popular directo a partir de las elecciones de 1984. Además de la inmunidad, se les otorgará una pensión vitalicia equivalente al salario que devengue el Presidente y Vicepresidente de la República en ejercicio”.

Así dice el Artículo 2 de la Ley 83, Ley de inmunidad, del 21 de marzo de 1990 publicada en La Gaceta No. 61 del 25 de febrero de 1990, y el Artículo 3 de la misma Ley dice que ““El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la República la partida necesaria para dar cumplimiento al artículo anterior”.

Los ex presidentes y vicepresidentes de Nicaragua desde 1984 hasta 2011 han sido Daniel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mercado, Violeta Barrios vda. de Chamorro y Virgilio Godoy Reyes, Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer, Enrique Bolaños Geyer y José Rizo Castellón, y  Daniel Ortega y Jaime Morales Carazo. Aún está fresca en la memoria pública que el entonces presidente Enrique Bolaños devengaba un ingreso mensual que era mayor que el devengado por el entonces presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush.

Además, con las reformas constitucionales provenientes de los pactos políticos, esas personas, una vez que dejan sus altos cargos, reciben 5 mil dólares como diputados calificados por el pueblo como “regalados” en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Fue un “lujo” haber aprobado esa ley en un país tan pobre y aún muy endeudado en términos de producción como era  Nicaragua en ese entonces (y como aún lo sigue siendo), al reflejar en 1990 un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio anual de apenas 409 dólares, mientras que en ese mismo año el salario promedio nacional mensual era equivalente a 156 dólares.

A simple vista, esas jugosas pensiones contrastan con la demanda de los ancianos por una pensión mínima, ya que no gozan de la obligación estatal para tener una vida digna en el trayecto final de sus vidas.  Una sugerencia que presento al presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, que contribuiría al financiamiento de la pensión mínima de los ancianos es que reforme ese decreto presidencial para “normalizar” las jugosas pensiones que reciben, al menos, 7 ex servidores nuestros, quienes irónicamente desde 1990 son “servidos” por los contribuyentes para que gocen de un bienestar que va más allá de las necesidades de una persona.  Reitero: el Estado tiene que garantizar la vida digna y honorable de las personas que se jubilan después de haber contribuido a financiar el gasto público, que contiene los excesivos salarios que hemos observado entre funcionarios que realmente no son servidores de los nicaragüenses.

Para conocimiento de los contribuyentes, la asignación presupuestaria para el pago de pensiones vitalicias a ex presidentes y ex vicepresidentes de la República en 2013 totaliza 14 millones 180 mil 118 córdobas, equivalentes a 573 mil 629 dólares; sobre el supuesto que se normalizaran los montos de esas pensiones, se lograría financiar parcialmente el pago de la pensión mínima demandada en forma muy justa por los ancianos de nuestra nación.

Aprecio en gran forma el noble gesto solidario del Arzobispo de Managua Leopoldo Brenes y del Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez para que se detengan las agresiones contra los ancianos por su justo reclamo. Coincido también con las palabras del presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Dr. Roberto López, que si dicha institución pagase la pensión mínima a casi 55 mil personas que cotizaron la seguridad social entre 250 y 600 semanas, acelerarían la quiebra del INSS esperada a finales de esta década, siempre y cuando la política económica continuara ejecutándose como ahora. Reitero que el rescate del INSS significa el rescate de la economía nicaragüense, ya que sólo el 19% de los trabajadores ocupados tiene seguridad social; por esto, grandes cambios de política económica son requeridos para reducir la informalidad del mercado laboral, disminuir el subempleo y elevar la productividad de la economía de nuestro país.

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Otra sugerencia al presidente Daniel Ortega es que desde la Presidencia de la República envíe a la Asamblea Nacional una ley que norme los salarios del sector público, es decir, todos aquellos salarios devengados en los cuatro Poderes del Estado, las alcaldías, los entes autónomos -tales como Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Energía, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados- y las empresas públicas -tales como Banco Produzcamos, Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Empresa Portuaria Nacional, entre otras- con el fin de avanzar en la búsqueda del financiamiento de la pensión mínima de los ancianos que no cumplieron con el requisito de 750 semanas de cotización de la seguridad social. Un bono “solidario” que se entrega actualmente a 8 mil ancianos, que es financiado con la asistencia de Venezuela, es insuficiente para atender y garantizar la dignidad humana a casi el 5% de la población total del país.

Me veo obligado a recordarle al presidente  Daniel Ortega que en su gestión del quinquenio 2007-2012, envió una propuesta de ley que normaba los salarios del Gobierno Central, es decir, de los 4 Poderes del Estado, la cual fue rechazada por los políticos opositores a su partido político, en ese entonces mayoría y ahora una minoría porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada en el Poder Legislativo, por lo que no encontraría obstáculos aún en los Poderes e instituciones del Estado que gozan de autonomía en su funcionamiento y en la ejecución de sus presupuestos.

Otra posible fuente de financiamiento para resolver definitivamente este reclamo nacional es el cumplimiento de la promesa del entonces candidato presidente de la República Daniel Ortega en 2006, de que si ganaba las elecciones presidenciales, como las ganó, recuperaría todos los recursos que un gran número de servidores públicos –entre los acusados penalmente por la Fiscalía General de la República aparecen el ex presidente del Banco Central de Nicaragua Noel Ramírez y el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Eduardo Montealegre- le quitaron inapropiadamente al Estado de Nicaragua en el rescate de los depositantes de los bancos liquidados en 2000 y 2001, en la reestructuración de esa deuda pública interna en 2003 y en la subasta de los activos de esos mismos bancos que se realizó en el BCN en ese último año antes mencionado. Debido a que el impune Eduardo Montealegre abusó de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado para no presentarse al llamado del Juez, se detuvo el juicio a 39 acusados por la Fiscalía General de la República.

Con estas sugerencias para buscar una solución a la petición de los adultos mayores, también envío el mensaje al alto cargo presidencial que es necesario y urgente el establecimiento de una ley que aclare, por un lado, a los funcionarios políticos que son servidores públicos de los nicaragüenses, porque con nuestros impuestos pagamos sus salarios y, por otro lado, que la política, ya convertida en un “modus vivendum” en nuestro país, no es un medio para enriquecerse legal, fácil y rápidamente. Observo que muchos políticos nicaragüenses buscan, por todos los medios, continuar en sus cargos en los Poderes del Estado, entes autónomos e instituciones públicas en general, para asegurarse una atractiva remuneración y una exorbitante pensión en el momento de su retiro “profesional”. Como un ejemplo de lo anterior, la memoria pública nos hace recordar que el salario mensual del abogado Noel Ramírez, cuando fungió en la presidencia del BCN en el período 1997-2002, rondó los 20 mil dólares mensuales –es un genio, decía el entonces vicepresidente Enrique Bolaños, pero Ramírez nos endeudó en 277 millones de dólares, pérdidas del BCN con el juego y rejuego de las tasas de rendimiento de los títulos valores emitidos por la autoridad monetaria-, luego fue diputado en la Asamblea Nacional en 2002-2007 y después diputado en el Parlamento Centroamericano en 2007-2012.

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Finalmente, debemos tener precaución y mucho cuidado con algunas personas que hoy salen en defensa de los ancianos. Me refiero al violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre Rivas, evasor de la Justicia de nuestro país por varios motivos, incluyendo mi acusación por sus injurias y calumnias que escribió contra mi persona en el diario La Prensa el 31 de julio de 2008, quien expresó su solidaridad con los adultos mayores y elevó su voz a las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua por las agresiones que han sufrido los ancianos. Personalmente, no confío en esas palabras, ni las acepto, conociendo la calidad de la persona que las dijo.





El ruido de la oposición por un megaproyecto

16 06 2013

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El proyecto del Gran Canal Interoceánico ha encendido la fogata de las críticas y contradicciones entre la así llamada oposición política del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), porque se confunde la gestión con la ejecución del proyecto. He de reconocer que no es sólo deber de un diputado corregir los errores visibles de la gestión presidencial, sino también de todos los nicaragüenses que realmente amamos a nuestro país, de los que han conocido las penurias y las alegrías, de los que nunca han abandonado el barco en que nos encontramos, reconociendo también que somos sujetos de errores y aciertos para la bienandanza de Nicaragua.

Un diputado acusado por este servidor por ser un violador de los derechos humanos al robarse mi honor en forma escrita en el diario La Prensa, me refiero al coordinador político de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), el querellado Eduardo Montealegre Rivas, siempre con su actitud desvergonzada, acusó al gobierno de fraude, estafa y concesionar el país entero sin consultas o referéndum y derechos de expropiación y confiscación a la empresa china HK Nicaragua Canal Development dirigida por Wang Jing, pero todos los nicaragüenses sabemos que el impune diputado vendió “al crédito” sus 9 mil 078 acciones en LAFISE BANCENTRO a un testaferro, Roberto José Argüello Osorio, quien a partir del 16 de enero de 2002 representó con todos los poderes generales a una empresa de “papel” en Panamá, “Commercial View Corporation (CVC)” creada el 15 de noviembre de 2001, aprovechándose que en ese tiempo el país canalero era clasificado como un paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cree el soberbio Eduardo Montealegre Rivas que tiene autoridad moral para hablar a los nicaragüenses desde la Asamblea Nacional de Nicaragua? Si lo cree, no tengo dudas que está equivocado.

Otro diputado de esa bancada dice que el anuncio de este megaproyecto es una propaganda electorera del FSLN, lo cual es una afirmación que parece desconocer que la economía nicaragüense nunca podrá levantarse con pequeños y medianos proyectos, ni exclusivamente con proyectos de zona franca como idealizó a Nicaragua el entonces presidente Enrique Bolaños, sino con megaproyectos, que ojalá no sea uno, sino tres, cuatro o cinco que se ejecuten simultáneamente. Coincido con un diputado opositor que el gobierno de Nicaragua se ve restringido a sancionar cualquier incumplimiento contractual de la empresa HK Nicaragua Canal Development, lo cual debería ser tomado en cuenta para la ejecución de este proyecto. La crítica debería ir hasta los orígenes del capital que financiarán el Gran Canal Interoceánico, ahora que el G-7 ha emprendido una tenaz lucha a muerte contra los paraísos fiscales, teniendo en cuenta que esos territorios, el secreto bancario y la libre movilidad de capitales en el mundo han optimizado la corrupción mundial.

Sobre el uso de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), nadie duda que el sector público de nuestro país no tiene reservas propias, porque del total actual de las reservas internacionales brutas guardadas en la bóveda del BCN el 17.7% es intocable al pertenecer al FMI (lo que incluye los Derechos Especiales de Giro entregados a Nicaragua en agosto de 2009, por mandato del G-20), el 26.0% pertenece al público no bancario en concepto de encaje efectivo por sus depósitos de moneda extranjera que tiene en el sistema financiero nacional, y el 6.0% pertenece al público no bancario en concepto del Fondo de Garantía de los Depósitos por sus depósitos en moneda extranjera que tiene en el sistema financiero nacional. El remanente, que es igual al 50.4% de las reservas internacionales brutas del BCN corresponde a la cooperación externa de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público, que no pueden ser desviadas a otros fines.

Por consiguiente, admite discusión la opinión que las reservas internacionales del BCN sean, en parte, dadas a la empresa HK Nicaragua Canal Development  como garantía si Nicaragua incumple alguna condición del contrato, pero el presidente del BCN, Alberto Guevara, guarda silencio, parece que no está en el país. Sin embargo, las reservas en moneda extranjera que tiene el BCN en concepto de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera no son “para darle más respaldo a nuestros depositantes”, como dijo Juan Carlos Argüello, gerente general del Banco de Finanzas (BDF) y actual presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP).

Esos depósitos de encaje en moneda extranjera suman US$502 millones y superan en 5.8 puntos porcentuales a la tasa de encaje legal diaria que es de 12% , es decir, las entidades financieras han depositado en concepto de encaje en el BCN US$163 millones más de lo que manda la ley debido a excesos de liquidez en moneda extranjera y al aseguramiento de la condicionalidad de la estabilización macroeconómica de que el saldo de las reservas internacionales brutas sea equivalente a 2.2 veces el saldo de la base monetaria –en este momento, 2.53 veces-; Juan Carlos Argüello debió haber manifestado que los depósitos de encaje en moneda extranjera contribuyen a que se mantengan los acuerdos con el FMI, pero no respaldan a los depositantes. Estimado lector, los depósitos en moneda extranjera están respaldados con el Fondo de Garantía de los Depósitos, que en moneda extranjera asciende actualmente a un monto de US$113 millones y respaldan los depósitos hasta 10 mil dólares por cuenta habiente en un banco, independientemente del número de cuentas y de la moneda, nacional o extranjera, que maneje en ese banco.

A la fecha, la oposición política del gobierno de Nicaragua no ha presentado a los nicaragüenses un plan alternativo económico y social con visión de nación a los nicaragüenses y, por este defecto, ahora los diputados de la BDN se ven limitados a oponerse por el simple impulso de oponerse, ya que constituyen una simple minoría en el Poder Legislativo. Con ese sesgo político, creo que continúan autodestruyéndose, más allá de lo que se destruyen con su divisionismo.

Ojala los diputados de la BDN hubieran unido sus esfuerzos  para elaborar ese plan económico y social alternativo que, aunque hubiese sido rechazado por la absoluta mayoría del FSLN en la Asamblea Nacional, los hubiese avalado como una verdadera y efectiva oposición política, sin tener que recurrir a las vociferaciones en las discusiones legislativas y aprobar las leyes en 2012 y rechazarlas en 2013.

Creo que la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional habrá considerado como inaceptable que a finales de 2012, según cifras oficiales, con una población económicamente activa de 3 millones 106 mil personas que representó el 52.1% de la población total del país, del total de ocupados el 51.9% estaba subempleado, aunque el BCN afirme que la tasa de desempleo abierto era igual a 5.1% de la población económicamente activa; en otras  palabras, creo que los legisladores de la bancada mayoritaria se han percatado que 1,740,674 personas tuvieron problemas de empleo en 2012, al estar subempleados y desocupados y, además, sólo el 18.0% de los ocupados tenían seguridad social y el 76.4% de los ocupados laboraba en establecimientos sin registros contables, es decir, la informalidad afecta al 76.4% del mercado laboral nicaragüense.

Un consejo que doy a los así llamados opositores gubernamentales es que la situación en que nos encontramos, con un atractivo pero artificial equilibrio macroeconómico gracias a la ayuda de Venezuela, es que dejen de vociferar, paren de gritar y hagan su trabajo a favor de nuestra nación con todas las críticas constructivas posibles. Pero esto último puede ser es una quimera política si continúan coordinados por un evasor de la Justicia de nuestro país, como es el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas.





El Gran Canal Interoceánico será una realidad

9 06 2013

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Hace pocos días, el presidente de China Xi Jinping, en medio de una gira en Estados Unidos, aseguró a los participantes del foro económico Fortune Global Forum, que organizó la revista Fortune en Chengdu, capital de la provincia occidental de Sichuan, que China es “un paraíso de seguridad para los inversores” y prometió velar por “los intereses y derechos de los inversores y proteger la propiedad intelectual”. “Desde que China se abrió al mundo en 1978, se ha aprobado la entrada de más de 740 mil empresas de capital extranjero”, destacó el mandatario chino.

Más recientemente, en Nicaragua se oyen voces de protesta por el anuncio del megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua, una inversión de 40 mil millones de dólares, 4 veces el monto del PIB anual del país, que se ejecutará en 10 años.

La oposición política del gobierno de Nicaragua aglutinada principalmente en la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), si se le pudiese llamar sí por sus profundas divisiones y contradicciones -además de tener a un coordinador político, Eduardo Montealegre Rivas, un impune violador de los derechos humanos al robar el honor de este servidor y evasor de la Justicia de nuestro país-, parece haber olvidado que ser gobierno y ser oposición son funciones complementarias, no de mutuo rechazo.

Los opositores políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega, afirman que Wang Jing, director de la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, con sede en Hong Kong, que tendrá la concesión durante 50 años, prorrogables con otros 50, para operar el Canal, “no es un inversionista, sino un abogado” sin experiencia en asuntos de esta índole. El diputado de la BDN Eliseo Núñez, dijo que no apoyarán la aprobación de esas leyes, porque consideran que es una “estafa a la voluntad y el sueño del pueblo de Nicaragua”.

Los diputados de la oposición que ocupan los curules del Poder Legislativo podrán razonar públicamente sus discrepancias, pero adoptan posiciones determinísticas sin demostrar lo contrario de lo que afirman las autoridades gubernamentales.

Por supuesto que importa el origen del capital y los lugares de afluencia de ese gran capital, en un momento en que los líderes políticos de las economías avanzadas, el Grupo de los 8 (G-8), han abierto una lucha frontal contra los paraísos fiscales ante la crisis económica y financiera de 2008, porque la corrupción, al estar presente en la mesa de la globalización, está mucho más cerca de lo que creemos, implica a diferentes territorios y requiere soluciones internacionales. No hay que olvidar que tres son los factores que han alentado la corrupción mundial: los paraísos fiscales, el secreto o el sigilo bancario y la plena movilidad de los capitales.  En junio de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentará al G-8 los elementos clave para establecer un estándar único y global sobre el intercambio automático de información bancaria.

El presidente de Nicaragua, al haber anunciado el proyecto del canal de gran calado entre el Atlántico y el Pacífico de nuestro país en la Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizada hace pocos días en San José de Costa Rica, y haber invitado a inversionistas estadounidenses en la construcción de dicho proyecto, no podía caer en el grave riesgo que hoy le señalan los así llamados opositores políticos, quienes ojalá aprendan un poco de las palabras del presidente de China.

Estos políticos opositores nicaragüenses tienen todo el derecho, así como la obligación, de investigar el origen y los lugares de donde fluirán esos capitales, con más razón que anualmente, según el Banco Mundial, se pagan más de un billón de dólares en sobornos por todo el mundo, pero no les luce adoptar una posición frontal en contra de este megaproyecto, porque esa actitud parece ser una reacción en la lucha que tienen por su sobrevivencia.

Nicaragua no podrá resolver su postración económica – el Producto Interno Bruto (PIB) apenas participa con el 5% en la formación del PIB el istmo centroamericano- ni eliminará la pobreza del 40% de sus habitantes con el aumento de los rendimientos agropecuarios y la agroindustria, con la ejecución de medianos y grandes proyectos que faciliten el incremento de la productividad de la economía. Ojalá que todos los políticos nicaragüenses, independientemente de sus ideologías partidarias, se unan para que Nicaragua ejecute no sólo un megaproyecto, sino tres, cuatro megaproyectos simultáneamente para que nuestro país vuelva a ocupar su lugar entre las economías centroamericanas.

Megaproyectos tales como dos grandes generadoras de energía hidroeléctrica –uno de ellos ya en marcha, TUMARÍN-, la refinería de petróleo “El Supremo Sueño de Bolívar”, la construcción del  satélite NICA Sat-1, las conexiones económicas (redes viales, férreas y aéreas) entre las zonas del Caribe y el Pacífico de Nicaragua, y la carretera costanera del Pacífico para promover el desarrollo del turismo, podrán contribuir a reducir el subempleo que afecta a más del 50% de los ocupados en nuestro país, a generar mayores ingresos y a elevar el bienestar de la población en general. Tan pronto sea pública la información de estos proyectos, procederé a cuantificar esos efectos económicos que, sin duda alguna, harán que Nicaragua vuelva a ocupar el primer lugar de las economías centroamericanas.

Con la reacción de los diputados de la oposición, principalmente los de la BDN, a medida que nuestra política se va haciendo más y más transparente en lo institucional, va a devenir también más “oscura” en lo relativo al seguimiento de este tipo de prácticas. Los confidenciales comenzarán a echar fuego y pronto podemos encontrarnos ante una explosión de la rumorología. Y creo que será pronto.





Carta No. 13 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

3 06 2013

Managua, Nicaragua,

4 de junio de 2013

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

En esta décima tercera carta, como un ciudadano nicaragüense vuelvo a solicitarle que se incluya en el Orden del Día, que aprobará próximamente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, los dos mandatos judiciales relacionados con mi querella personal a Eduardo Montealegre Rivas, diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), quien desde agosto de 2008 evade la Justicia de nuestro país, escudado con la inmunidad que le confiere su cargo público.

Debido a que mi reclamo y mi querella al diputado Eduardo Montealegre Rivas son ampliamente conocidos entre nuestros conciudadanos, es de su conocimiento que dicho diputado es un violador de los derechos humanos y un presunto delincuente por sus injurias y calumnias que él escribió en un medio de comunicación pública contra mi persona y, consecuentemente, ha provocado una serie continua de daños morales y perjuicios económicos que han trascendido a todos los miembros de mi familia.

Siempre he confiado en su intachable y recta personalidad, estimado Señor Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, para que este servidor tenga el derecho de tener acceso a la Justicia, que ha sido obstruido, con notable soberbia, prepotencia y arrogancia, por el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas.

Con su justa decisión para que se forme la comisión parlamentaria especial que analizaría los dos mandatos judiciales que piden la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, confío en que nuestra Asamblea Nacional no se convierta en un paraíso de impunidad que pueda cercar a todos nuestros conciudadanos.

Esperando su respuesta a mi solicitud, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

Néstor Avendaño Castellón

Economista

 cc:  Archivo.





Bancos cobran 3.6 veces más de lo que pagan a los ahorristas

2 06 2013

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Con los diez préstamos más grandes participando con el 11.3% en la cartera, el saldo total del crédito facilitado por las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) ha crecido con una tasa interanual de 27% hasta C$72,107 millones, equivalentes a US$2,953 millones ya que el 92% de los préstamos se entrega en dólares estadounidenses.

Sin embargo, persiste el problema estructural de la concentración de esta cartera de préstamos: el 71% (igual que en marzo de 2012) se destina a las actividades de comercio (asociado principalmente con la importación de bienes de consumo duraderos y no duraderos), vivienda (o préstamos hipotecarios para las familias), créditos personales (orientados a la compra de vehículos, reparaciones menores de las viviendas y consolidación de deudas de las familias) y tarjetas de crédito (que financian los gastos de consumo familiar).

En otras palabras, el agente económico más importante de los grupos financieros es el consumidor final, es decir, las familias. Cabe destacar que el sistema financiero nacional supervisado por la SIBOIF apenas aprobó, como porcentaje del total de la cartera de préstamos, el 1.7% a las actividades pecuarias, el 9.9% a las actividades agrícolas y el 16.3% a las actividades industriales manufactureras.

Sumando esos tres últimos porcentajes, sólo el 28% de la cartera de préstamos se destina a la producción en Nicaragua, por lo cual es fácil concluir que (i) el productor de bienes es un agente económico secundario en esos grupos financieros; (ii) el crecimiento de la banca está divorciado del crecimiento económico de las actividades agropecuarias e industriales del país; (iii) la actividad bancaria está sesgada hacia el financiamiento del consumo y la inversión financiera, esto último debido a que el 16% de los activos del sistema financiero se concentra en títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), dos entidades que tienen deudas internas del orden de 2.5% del PIB y 8.2% del PIB respectivamente; y (iv) se necesita el restablecimiento de la banca estatal de fomento de la producción, un instrumento necesario para que el gobierno se auxilie en la ejecución de la estrategia de crecimiento económico nacional, en el sentido de facilitar crédito con tecnología a productores que no son sujetos de crédito en la banca convencional. Cabe recordar que el cierre del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) en 1998 fue una condicionalidad de ajuste estructural impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del Consenso de Washington.

Pero los bancos cobran 3.6 veces más que lo que pagan a los ahorristas, al entregar intereses (con mantenimiento de valor, es decir, dolarizadas) de 0.85% a 5.22%, mientras que los préstamos van de 7.84% a 21.26% (dolarizadas). La soberanía del consumidor ha sido suplantada con la soberanía de la competencia imperfecta, o sea, con el oligopolio financiero de Nicaragua que actúa con un poder monopólico.

En marzo de este año, una cuenta de ahorro tradicional en córdobas “con mantenimiento de valor” devenga una tasa de interés “dolarizada” de 1.10%, que al sumarle la tasa de devaluación interanual (de marzo 2012 a marzo 2013) de 5% no concede beneficios a los ahorristas, porque ese total, 6.6%, es menor que la tasa de inflación interanual de 6.8%, por lo cual el ahorrista tiene una pérdida en el valor de sus ahorros.

Esa falta de estímulo por parte de la banca comercial ayuda a contestar por qué el ahorro financiero en córdobas ha caído desde 7.5% del PIB en 2006 hasta 4.8% del PIB en 2012 en Nicaragua. Ahora, si una persona solicita un préstamo de corto plazo en córdobas con mantenimiento de valor a las entidades financieras reguladas, tendrá que pagar una tasa anual de 14.97%, sin tomar en cuenta la tasa de interés de las tarjetas de crédito de 50% que fue denunciada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) como “coludida” en el Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) -ese acto fue sancionado por PROCOMPETENCIA en junio de 2011, pero fue invalidado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el argumento que la tasa de interés es un asunto exclusivo de la SIBOIF, contradiciendo así el paradigma legal de una economía de libre mercado (y de las leyes del país) que la tasa de interés es fijada por el mercado-.

Y si una persona solicitara un préstamo de largo plazo tendría que pagar una tasa anual de 21.26%. La tasa activa es siempre mayor que la pasiva, porque que los bancos obtienen parte de sus ganancias de ese diferencial o margen de intermediación financiera, que fue igual a 7.63 puntos porcentuales en marzo de este año. Así, la rentabilidad del sistema financiero, como un porcentaje de su patrimonio, se elevó de 19.24% en marzo de 2012 a 21.65% en marzo de 2013.

Por otro lado, el saldo de los depósitos en dólares, US$2,767 millones, que participa con el 74% en el total de los depósitos ha subido de 21.3% del PIB a 26.0% del PIB entre los mismos años antes mencionados. Sin embargo, se observa la particularidad que los depósitos relacionados con la asistencia financiera de Venezuela, que se ha concentrado principalmente en dos bancos (BANPRO y LAFISE BANCENTRO), contrajeron la razón (y ampliaron la brecha) entre el saldo total de préstamos y el saldo total de los depósitos desde 95% (5%) en el primer trimestre de 2009 hasta 62% (32%) en el primer trimestre de 2012, pero ha vuelto a expandirse (y se redujo la brecha) hasta 78% (22%) en el primer trimestre de 2013. Esta situación preocupó al FMI, de tal forma que recomendó al BCN que mantuviera un monitoreo permanente sobre la evolución de esos depósitos para evitar un nuevo deterioro de la cartera de préstamos.

En resumen, los usuarios que utilizan los servicios financieros enfrentan un alto costo del crédito y un bajo rendimiento de sus ahorros tradicionales. Los ahorristas obtienen tasa de rendimientos reales negativas por sus recursos depositados en las entidades bancarias, sin contar las comisiones y los saldos mínimos que debe mantener un ahorrador para no recibir ninguna pena. Además, tres bancos (BANPRO, LAFISE BANCENTRO y BAC) concentran el 81% del total de activos del sistema financiero nacional y, debido al crecimiento de la economía informal, que ha pasado de 64% en 2006 a 76% en 2012, un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito bancario por falta de garantías.

El Consenso de Washington, ya enterrado en la Cumbre del G-7 en Seúl en noviembre de 2010, continúa vivo en Nicaragua. Aun así, la solución de los problemas estructurales del sistema financiero nacional debe constituir un punto de la agenda nacional para fortalecer el modelo económico del país, el cual no debería continuar basándose en la pobreza de nuestra nación. El Consenso de Washington no generó pobreza, sino que funcionó sobre la pobreza. Ahora se necesita discutir cómo será reducida efectivamente la pobreza de nuestro país.