Ómicron, la inflación y la economía

28 11 2021

La inflación creciente de los precios al consumidor está de moda en el mundo, o sea, se ha convertido en un problema global, lo que nos dice que la inflación que hoy se observa en cualquier país no es el  resultado principal de una política macroeconómica.

Al cierre del viernes 27 de noviembre, el precio del barril de petróleo observó una caída semanal de 10.45% al cotizarse en US$68.15, porque una nueva variante “preocupante” del COVID-19 detectada en Sudáfrica, denominada inicialmente como B.1.1.529 y nombrada después como Ómicron, el nombre de la décima quinta letra del alfabeto griego, asustó a los inversores por el temor que pueda frenar el crecimiento económico y la demanda por combustible, al presentar, en términos preliminares, un mayor riesgo de reinfección, capacidad de evadir las vacunas y no se sabe si empeora los síntomas, en comparación con otras variantes “preocupantes”. Los resultados del análisis de la nueva variante se esperan en dos o tres semanas como mínimo, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La quinta ola de la pandemia está golpeando especialmente al bloque de 27 naciones de la Unión Europea, que ya impuso una prohibición temporal a los vuelos desde el sur del continente africano, mientras que las acciones se desplomaban en Asia, Europa y Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 1,000 puntos y el S&P 500 bajó 2.3%. El precio del barril WTI redujo su crecimiento acumulado anual desde 56.8% al viernes 19 de noviembre con un precio de US$76.10 hasta 40.5% el viernes 26 de noviembre.

Sin que los bancos centrales hayan hecho algo, la tasa de inflación tenderá a disminuir su aceleración en  diciembre de este año, porque los precios de los combustibles disminuirán. Los shocks de oferta y demanda provocados por el coronavirus estarían tirando hacia abajo al índice de precios al consumidor (IPC) por el temor de que COVID-Ómicron desacelere el crecimiento económico mundial y la demanda de combustibles.

La reactivación de la economía de Nicaragua, dado el aumento de la demanda interna, es decir, los gastos de consumo y de inversión, y las alzas de los precios de los combustibles y los alimentos en el mercado internacional son las causas principales de la tasa de inflación interanual de 6.41% en Nicaragua a octubre de 2021, que es igual a la registrada en febrero de 2020, un mes antes de que apareciera el Covid-19 en Nicaragua.

Sin embargo, si excluyéramos los precios muy volátiles de los alimentos y los combustibles del panorama inflacionario de Nicaragua, el IPC ha subido a una tasa ligeramente superior al 5%, pero comienza a ser alta porque el rango “normal” de esta inflación “subyacente” es entre 4.0% y 4.5% interanual en el mercado local. Se ve, pues, un leve repunte en la inflación subyacente del país, que debe ser vigilado y analizado cuidadosamente.

Además, recientemente la administración Biden liberó 50 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos con el objetivo de aumentar la oferta y disminuir los precios de la gasolina, y lo hace en una estrategia conjunta con China, Japón, Reino Unido y Corea del Sur. La reserva contiene más de 600 millones de barriles de petróleo en cuatro cavernas de almacenamiento subterráneas y domos de sal a lo largo de las costas de Texas y Luisiana. El Congreso autorizó su creación en 1975, a raíz del embargo petrolero árabe, como un amortiguador contra las crisis de suministro de los exportadores de petróleo.

Tras tres años de crisis en el país, creo que la política monetaria no reducirá la creciente presión inflacionaria de 2021 debido a la presencia del “efecto base” o “efecto rebote” del IPC, y porque podría provocar una desaceleración de la tasa de crecimiento económico con una mayor contracción monetaria mediante una creciente colocación de Letras con plazo de un día, las así llamadas operaciones de mercado abierto en Nicaragua, que es la única palanca efectiva de política que tiene la autoridad monetaria en estos momentos.

La política macroeconómica estaría reflejando la premisa de que el alto nivel inflacionario es transitorio y tenderá a normalizarse en 2022. Sin embargo, los economistas esperaríamos que el COVID-Ómicron no provocará otra recesión económica mundial, porque en ese escenario se observaría una fuerte desaceleración de la tasa de inflación. Pareciera que el COVID está dirigiendo la economía y controlando la inflación. La inflación desaparecerá cuando el mundo haya controlado y reducido la pandemia. Así, se puede suponer que la política monetaria actuará contra la inflación cuando tenga la seguridad de que se quedará en un nivel alto, cuando la inflación está para quedarse, cuando la inflación se vuelva estructural.

Por otro lado, cabe recordar que, a pesar de que hay menos trabajadores en el mercado laboral, la productividad, tomando en cuenta la ocupación plena, se estancó en 2020, y no se observan ajustes del salario promedio mensual del empleo formal desde enero de 2018, por lo cual este factor no está incrementando los costos de producción. Los salarios aún no muestran señales de inflación, pero sugiero que hay que evitar la formación de una espiral precio-salario que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Debemos mantener las tres precauciones básicas que nos dicen los científicos en virología, con el fin de evitar la propagación de cualquier variante del Covid-19: usar mascarillas en locales públicos cerrados y en áreas comunitarias importantes, lavarse las manos con frecuencia y mantener el distanciamiento físico de los demás. Además, lograr la vacunación completa de todas las personas mayores de 5 años para protegerse del Covid-19 y, para las personas elegibles, cumplir la recomendación de una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19. Los viajeros internacionales deben cumplir las disposiciones gubernamentales para viajar.

Protegeremos la economía nacional, protegiéndonos a nosotros mismos. La economía estará a salvo hasta cuando reduzcamos la curva de contagio del país y logremos dominarla en su trayectoria reducida.

Debemos contribuir a evitar: el cierre de las empresas, el aumento del desempleo y el subempleo, la disminución del PIB, la reducción del ingreso de los hogares, la caída del gasto de consumo de las familias, la contracción de la demanda de bienes y servicios finales (consumo, inversión fija y exportaciones), otra disminución del PIB y, de nuevo, la repetición de la iteración antes descrita.

Comparto la opinión científica de la OMS de que “si el acceso global a las vacunas hubiera sido más equitativo, estaríamos en una situación epidemiológica y económica muy diferente en todo el mundo. Tendría a los pobres y vulnerables protegidos, menos muertes”.





Siempre hay un espacio para el Diálogo

21 11 2021

Al mirar las estadísticas del mercado monetario de Nicaragua registradas y publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) al 31 de octubre de 2021, siete días antes de las elecciones generales recién pasadas, fácilmente se puede llegar a la conclusión de que los agentes económicos del sector privado del país, consumidores y productores o familias y empresarios confían en:

•             la fortaleza de la estabilidad macroeconómica del país, dado el aumento de las reservas internacionales;

•             la solidez de los bancos comerciales, al aumentar los depósitos del público no bancario; y

•             la política monetaria contractiva, cuyos objetivos principales han sido mantener estables tanto una tasa de inflación baja, que se ha acelerado por los altos precios internacionales de los combustibles y los alimentos desde julio de 2021, como el tipo de cambio oficial del córdoba, cuyas brechas cambiarias promedio anual para la compra y la venta de dólar en las ventanillas bancarias se mantienen en los mismos niveles registrados en 2020. A manera de ejemplo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar de Estados Unidos al público no bancario fue igual a 1.05% al 31 de octubre de este año.

Producto de ese panorama monetario nacional, las reservas internacionales brutas administradas por el BCN han subido US$822.2 millones -en que se destaca el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$353.5 millones en concepto de apoyo a las reservas internacionales- y equivalen a 3.47 veces la base monetaria -la condicionalidad mínima es 2.5 veces establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2011- y a 7.5 meses de importaciones de bienes CIF -la condicionalidad mínima es el rango de [5, 10] meses-, por lo cual se puede afirmar que no se visualizan presiones alcistas del tipo de cambio en el corto plazo.

Además, las reservas internacionales también aumentaron debido a las compras de divisas del BCN a la banca privada por US$109.7 millones y al Gobierno Central por US$146.8 millones, las operaciones de cuentas corrientes del sector público no financiero por US$191.1 millones, y la emisión de Letras pagaderas en dólares por US$189.5 millones.

Entre los principales egresos del balance de las reservas internacionales oficiales sobresalen el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público por US$288.5 millones, la disminución del encaje en moneda extranjera de US$37.3 millones, y los retiros de fondos de préstamos líquidos-atados a programas y proyectos del sector público no financiero de US$408.3 millones.

La base monetaria, una variable controlada exclusivamente por el BCN al incluir el saldo de la emisión de dinero y los depósitos de los bancos comerciales en concepto de encaje en córdobas en el BCN, se ha contraído C$2,496.6 millones en el transcurso de este año, principalmente con las colocaciones de Letras emitidas por el BCN y adquiridas por la banca comercial, o las así llamadas operaciones de mercado abierto (OMA), los reportos monetarios netos (de depósitos) y los depósitos del sector público en el BCN. Las tasas de encaje legal sobre los depósitos en córdobas en la banca comercial, 10% diaria y 15% catorcenal, han permanecido constantes, pero las tasas de encaje efectivas se han elevado hasta 17.0% diaria y 16.7% catorcenal. 

El saldo total de los depósitos en moneda extranjera ha mostrado un aumento mensual creciente y continuo en 2021 hasta alcanzar el nivel US$3,273.9 millones a finales de octubre y es igual a 61.0% de la liquidez total del mercado (M3A), pero aún está por debajo del saldo de US$4,041.1 millones que se observó al 31 de marzo de 2018, un máximo mensual histórico registrado antes de la crisis política de abril de 2018.

Por su parte, el saldo total de los depósitos en córdobas aumentó C$4,482.2 millones, hasta C$46,135.8 millones. La participación del córdoba con mantenimiento de valor en la liquidez global es 10.6%, mientras que la participación del córdoba (sin apellido) es 28.4%. La moneda de curso legal de Nicaragua tiene una participación menor de ⅓ en el saldo total de los activos líquidos.

El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica hasta el 31 de octubre de 2021 ha costado al BCN US$820 millones, que es la deuda de la autoridad monetaria en concepto de la emisión de títulos valores y que representa aproximadamente el 6% del producto interno bruto (PIB) nominal valorado en dólares con el tipo de cambio oficial promedio anual de 2021.

Como mencioné anteriormente, no se perciben señales de inestabilidad cambiaria ni fuertes presiones inflacionarias en Nicaragua en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precio al consumidor se vería en riesgo por las sanciones internacionales que están afectando no sólo al Gobierno de Nicaragua sino también a los nicaragüenses.

Sin lugar a duda, el retroceso económico que cause las sanciones de la ley RENACER continuará deteriorando el nivel de bienestar por la nación. Por ejemplo, se puede prever que

•             la suspensión, ya en vigor, del nuevo financiamiento a la inversión pública, que en estos momentos es la única fuente de crecimiento económico y de reducción de la pobreza del país;

•             el impacto sobre el esfuerzo exportador del país con la revisión de la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, según la “Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (RENACER)”, o con el encarecimiento del precio de los productos de exportación nicaragüenses por un posible establecimiento de aranceles para entrar al mercado estadounidense -que les disminuiría su competitividad-, dada la prolongación por un año más de la declaración de la situación de Nicaragua como una “amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”; y

•             la presentación de la evaluación colectiva de la situación de Nicaragua y la toma de acciones “apropiadas” por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a más tardar el 30 de noviembre, podría incorporar nuevas sanciones.

También sin lugar a duda, la vía para resolver estos problemas nacionales es el Diálogo. En el FORO “PRO DIÁLOGO NACIONAL”, entre más de cien empresarios y profesionales reunidos en el INCAE el 12 de enero de 2019, se acordaron de consenso tres acciones, entre ellas la segunda que dice así: “Crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria, con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio”. Esta acción todavía tiene validez.





El empleo y el salario del sector formal de la economía de Nicaragua

14 11 2021

Con base en datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Con base en datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entre enero y septiembre de 2021 el nivel promedio mensual de las personas activas que cotizan la seguridad social fue igual a 753,581, que representan aproximadamente el 20.66% de la población económicamente activa (PEA) esperada en este año y también refleja la creación de 39,116 puestos de trabajo formal, después de haberse registrado la pérdida de 199,731 puestos de trabajo durante el trienio 2018-2020.

Por consiguiente, aún falta restablecer 160,614 puestos de trabajo para restaurar el nivel de empleo formal de 914,196 observado en 2017, que representó el 26.67% de la población económicamente activa de ese mismo año. A septiembre de este año, el volumen de empleo formal aún tiene una pérdida de 6 puntos porcentuales de la PEA y ese es el principal reto económico que se distingue en el mediano plazo, además de que se requiere la política económica para enfrentar el problema del subempleo en el largo plazo.

Por actividad económica, la tarea del restablecimiento de puestos de trabajo formal se concentra en: comercio, 77,946; servicios comunales, sociales y personales, 42,051; sistema financiero, 17,054; agropecuaria, caza y pesca, 10,971; construcción, 10,818; transporte y almacenamiento, 2,376; y electricidad, gas y agua, 1,515. Sólo dos actividades económicas han superado el nivel de empleo formal pre pandémico: industria manufacturera, con 1,957, y minas y canteras, con 159.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se ha preocupado para restablecer la normalidad del mercado laboral a través del aumento de la inversión pública, pero la recuperación del 80% de los puestos de trabajo destruidos entre 2018 y 2020 está lejos de completarse debido a la caída y el estancamiento de la inversión privada.  

La tasa oficial de desempleo abierto del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el indicador que refleja la salud del mercado laboral, fue igual a 5.1% (?) de la población económicamente activa (PEA) en el segundo trimestre de 2021, porque cuenta como desempleados solo aquéllos que no están trabajando pero que están buscando trabajo activamente, y como empleados se incluyen a las personas que trabajan al menos 1 hora diaria, una resolución insólita de la Organización del Trabajo de la 13ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Cabe agregar que el INIDE también publicó que el 33,5% del total de personas de 14 años y más, o sea, la población en edad de trabajar, se encontraba inactiva en el segundo trimestre de 2021.  

El salario del empleo formal

En 2021 se observaron ajustes a dos salarios: 3% del salario mínimo legal en marzo (promedio simple por actividad económica C$7,082.82, equivalente a US$200.89, en agosto) y 5% de los salarios de los empleados del sector público en agosto (C$11,025, equivalente a US$312.70).

En 2021 se observaron ajustes a dos salarios: 3% del salario mínimo legal en marzo (promedio simple por actividad económica C$7,082.82, equivalente a US$200.89, en agosto) y 5% de los salarios de los empleados del sector público en agosto (C$11,025, equivalente a US$312.70).

Según datos del INIDE, la tasa de inflación en 2020 fue 2.93%, pero la tasa de inflación interanual en septiembre de 2021 ha registrado un máximo de 5.86% en los últimos 19 meses. Además, la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, también rompió la barrera del 5% en septiembre recién pasado, al subir hasta el nivel de 5.07%. Adicionalmente, la canasta de consumo de 53 productos de consumo básico observó en octubre un aumento interanual de 8.68% en su costo total, el cual ascendió a C$15,512.57 (equivalente a US$439.25).

Los lentos ajustes de los salarios mínimos desde 2019, la persistente caída y el estancamiento de la productividad, y la alta tasa de inactividad laboral han frenado el crecimiento de los salarios. Desde febrero de 2018, el crecimiento del salario nominal mensual del empleo formal ha estado a la zaga de la inflación mensual en forma continua.

Con base en datos oficiales del Ministerio del Trabajo (MITRAB) y del INIDE, al descontar la inflación del salario nominal mensual del empleo formal, el poder adquisitivo del salario o salario real se ha deteriorado 11.59% desde diciembre de 2017 hasta agosto de 2021. Por otro lado, este salario tuvo una cobertura de aproximadamente 71% del costo de la canasta de consumo básico, bastante por debajo de 80.15% registrado en diciembre de 2017.

Los salarios no han mostrado señales de inflación, aunque han sido afectados por los precios de los combustibles y de los alimentos. Entonces, la pregunta clave es qué sucederá con el crecimiento salarial en 2022. El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2022 ya envió una señal para el ajuste salarial de los empleados gubernamentales de 3.0%, que fue determinado en función del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país y de la disponibilidad de los recursos presupuestarios.

Sin embargo, a pesar de que las expectativas de los consumidores sobre la inflación futura han estado ancladas por la presencia de una política monetaria contractiva, aconsejo a los participantes en la discusión del ajuste del salario mínimo legal en enero de 2022 que traten de evitar la formación de la espiral precio-salario, la cual podría poner en jaque a la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor.

No hay que olvidar que cuando los salarios suben muy rápidamente para igualar el ritmo de la inflación, es bastante probable que se generen nuevas alzas bruscas de los precios y se produce el círculo vicioso precio-salario-precio… Debemos evitar esto.





Por el “efecto base”, la actual presión inflacionaria es transitoria

7 11 2021

La tasa de inflación en el mercado local dio señales de aceleración en septiembre recién pasado, al reflejar el nivel de 5.86% interanual, o sea, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, espoleada principalmente por los precios internacionales de las materias primas, entre las que figuran no sólo el petróleo con un aumento interanual del precio del barril WTI de 118.8%,  sino también el precio de los alimentos que en este octubre ha subido 31.3% interanual por reducción de la oferta mundial, principalmente de aceites vegetales y cereales, a niveles no vistos desde hace una década, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La inflación interanual local de 5.86% ha vuelto a reubicarse en los niveles pre pandémicos, es decir, en los niveles registrados antes de marzo de 2020, fecha en que apareció el COVID-19 en Nicaragua. Con base en los datos de los precios al consumidor del Instituto Nacional de información de Desarrollo (INIDE), esta inflación se explica principalmente por las alzas de los siguientes grupos de productos: transporte, 12.84%; bebidas alcohólicas y tabaco, 8.45%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, 8.07%.

Como economista, continúo sosteniendo que esta fuerte presión inflacionaria es temporal, debido al “efecto base” o “efecto rebote” del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En otras palabras, el IPC a partir de marzo de este año comenzó a acelerarse debido al aumento de la demanda de bienes de consumo de parte de los hogares, y de bienes capital, por la creciente construcción pública, resultantes de una tasa positiva de crecimiento económico que eliminó la recesión observada desde el tercer trimestre de 2018. Pero el creciente IPC de los meses de este año, al compararse con el IPC de los mismos meses del año pasado, que estaba caído e impactado por los shocks de oferta y demanda del COVID-19, refleja ese “efecto base”, es decir, una alta y sorprendente tasa de inflación, por lo que debemos esperar que el IPC comience a normalizarse al dejar atrás ese período de baja inflación, y con ribetes de deflación, provocadas por las caídas de la oferta y la demanda de bienes de consumo final en el trienio 2018-2020.

Sin embargo, creo que la inflación anual de 2021 será más alta de lo que dice el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, al ubicarla en el rango de [4.5%, 5.5%]. Si a septiembre de este año, la inflación interanual es 5.86%, y si tomamos en cuenta las fluctuaciones periódicas regulares del IPC que ocurren cada 12 meses, año tras año, observamos que esas fluctuaciones conducen a una cresta inflacionaria en mayo y a un valle inflacionario en septiembre, pero aceleran en octubre, noviembre y diciembre debido a la demanda boyante de bienes de consumo que se observa en el último trimestre del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó en octubre recién pasado su proyección para la tasa de inflación del país en 2021 y la situó en el nivel de 3.85%, que está por debajo del rango de la proyección del BCN. Por su parte, COPADES pronosticó en junio de este año una tasa de inflación anual de 6.22% para Nicaragua en 2021. El problema, pues, consiste en minimizar el margen de los residuos de las proyecciones y de los pronósticos de las variables económicas que realizan entidades públicas, economistas e instituciones multilaterales, que reconocen y tienen en cuenta que el COVID-19 trastocó el paradigma macroeconómico global.

Cabe recordar que las discrepancias de las proyecciones y los pronósticos de las variables económicas dependen de (i) la situación económica mundial en general, (ii) la situación económica del principal socio comercial en particular, (iii) las premisas externas e internas, (iv) los riesgos políticos, económicos y financieros externos e internos, y (v) la estructura de los modelos econométricos utilizados para realizar ya sea la proyección, ya sea el pronóstico económico, de un país.

Creo que los aumentos de precios al consumidor nicaragüense no van a desembocar en un escenario inflacionario de dos dígitos porcentuales, porque la única indexación de los precios es con el tipo de cambio oficial, hoy con una devaluación deslizante de 2% anual. En Nicaragua no existe una rígida indexación de costos y precios, y, además, se observa una adecuada coordinación entre la política monetaria y la política fiscal con perfiles contractivos.

Como he mencionado en otras oportunidades, la aceleración de la tasa de inflación obedece al tránsito de una demanda agregada reducida a una demanda agregada creciente que continuará aumentando, pero que ha estado acompañada de una oferta decaída en el trienio 2018-2020. Sin embargo, debemos estar atentos si la inflación continúa aumentando, una inflación que hoy es parte de un desajuste macroeconómico mundial. Tasas de inflación más altas podrían tener implicaciones políticas, sociales, económicas y financieras, con mayores impactos desiguales en la distribución del ingreso que golpearía más a los pobres.

Con su actual política monetaria contractiva, el BCN no podría actuar para evitar que las presiones inflacionarias actuales terminen socavando el crecimiento económico y se incremente la desigualdad. Entonces, le correspondería a la política fiscal garantizar el aumento de la oferta con la creación de empleo e ingresos mediante un mayor gasto de inversión pública.  

Es cierto que el aumento de la demanda, después de que están terminando los cierres de las empresas provocados por Covid-19, se ha enfrentado a cuellos de botella en la oferta de productos intermedios y finales y a las alzas de los precios de la energía eléctrica, los combustibles y las materias primas. Todo esto está provocando la aceleración de la inflación. Sin embargo, todavía estoy en el grupo de economistas que sostiene que esta inflación es transitoria, aunque puedo correr el riesgo de equivocarme.