El clamor antiinflacionario

Según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Nicaragua, la tasa de inflación acumulada en este año, es decir, el aumento de precios entre diciembre 2013 y septiembre 2014, continúa siendo de un dígito al mostrar el nivel de 4.91%, apenas 8 décimas porcentuales mayor que la tasa de inflación acumulada en el mismo lapso del año pasado. Excluyendo los precios de los alimentos y los combustibles, la inflación denominada como “subyacente” es 4.98% acumulada a septiembre y es menor que la de 5.85% en el mismo mes de 2013.

Además, en términos interanuales, o sea, entre septiembre de 2013 y septiembre 2014, los precios al consumidor han subido 6.49% y reflejan casi 9 décimas porcentuales menos que la registrada en septiembre de 2013. En otras palabras, a septiembre la presión inflacionaria, determinada con el Índice de Precios al Consumidor, es menor que la del año pasado.

Con esos resultados inflacionarios a septiembre de 2014 se puede concluir que la tasa de inflación del IPC no es ni será un grave problema en la economía nicaragüense en este año, no obstante de la alza exorbitante que ha tenido el precio del frijol y cuestionada política monetaria del BCN que establece una meta inflacionaria anual de 7%, que es igual  a la suma de la tasa de devaluación (5%) y de la tasa de inflación objetivo de las economías avanzadas (2%) y fortifica la excesiva dolarización extraoficial de la economía. Entonces, ¿por qué el clamor de los nicaragüenses por la carestía de la vida?

El problema inflacionario de nuestro país radica en la pérdida del acceso de la población a los alimentos. Hoy se observa una aceleración del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico y desde junio de este año se registra oficialmente un salario promedio nacional (o del sector formal de la economía nicaragüense) que ya es inferior al costo de los 23 alimentos incluidos en la canasta de consumo básico. Por lo anterior, se puede concluir que la situación es peor para las personas que devengan el salario mínimo legal o un salario en el mercado informal que ya abarca al 80% de las empresas radicadas en nuestro país.

La tasa de inflación acumulada en este año de los 53 productos de consumo básico es de dos dígitos, 11.39%, y en términos interanuales es igual a 12.53%, al subir su costo total desde diciembre del año pasado en 1 mil 177 córdobas hasta el nivel de 12 mil 301 córdobas en septiembre  recién pasado.

El verdadero problema que resiente actualmente la mayoría de los asalariados es el aumento acumulado anual de 16.11% (20.55% interanual) de los precios de los 23 alimentos incluidos en susodicha canasta, entre los cuales se distingue la gran alza de 2.5 veces del frijol, cuyo precio promedio por libra pasó de C$10.77 en diciembre de 2013 a C$26.39 en septiembre de este año. Otros alimentos cuyos precios se han elevado entre 10% y 30% en el transcurso del años son, en orden de importancia, la naranja, la posta de cerdo, la cebolla blanca, el arroz, la carne de aves (pollo), la posta de res, la leche fluida, el azúcar y el plátano verde.

Sólo el salario promedio nacional pagado en el sistema financiero del país, que es igual a 16 mil 659 córdobas en junio recién pasado, es superior al costo total de la canasta básica oficial. Pero el salario mínimo legal de este año, que fue ajustado con una tasa de 10.53%, es, en términos promedio simple para las actividades no agropecuarias, igual a 4 mil 417 córdobas y equivalente al 54.13% del costo de los 23 alimentos básicos y al 36.14% del costo total de la canasta de consumo básico.

En otras palabras, se requeriría que 2 personas devenguen un salario mínimo no agropecuario para satisfacer las necesidades alimenticias de una familia, cuyo tamaño promedio nacional es de 5.9 personas según la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2009. También se requeriría que 3 personas devenguen ese salario mínimo para que adquieran una canasta de consumo básico y satisfagan, en principio, las necesidades familiares de alimentación, higiene personal, higiene del hogar, los pagos mínimos de los servicios públicos (agua y electricidad; se excluye el gasto por uso del celular del costo de la canasta), el transporte en autobuses urbanos (240 viajes por mes) y el vestuario.

Es muy fácil responder que el problema del aumento interanual de 12.53% del costo total la canasta de consumo básico observado en el mes pasado se puede resolver con más producción.

En este año, por ejemplo, se ha observado que la estatal Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) fue incapaz para garantizar el frijol a la población, y que el diputado de la Bancada de la Alianza PLI (BAPLI), Armando Herrera Maradiaga, introdujo una iniciativa de ley para estabilizar los precios del arroz, frijol, aceite, azúcar, leche, queso, huevos y pollo, a la cual no le veo futuro porque podría empeorar el desabastecimiento de los alimentos en el mercado local.

No debemos limitarnos a respuestas cortoplacistas para resolver los problemas en el abastecimiento de alimentos, principalmente de granos básicos. Aumentar la producción demanda la participación del Estado, los productores y los trabajadores, cuestión que se logra en el mediano y largo plazo con una mejor educación técnica, una efectiva transferencia de tecnología para los propietarios de microempresas y pequeñas empresas que no pueden comprarla –incluyendo proyectos para el riego de los cultivos -, el restablecimiento de una real banca estatal de fomento a la producción, la entrega de información económica a los productores de granos básicos, la implementación de un programa que reduzca las pérdidas post cosecha de granos básicos tanto en las fincas como en el proceso de distribución, y la ampliación de la infraestructura económica, principalmente la red de caminos rurales, la introducción de energía eléctrica, agua potable o mejorada y manejo de aguas residuales en las zonas rurales dispersas. Todas estas cuestiones podrían ser abordadas en el diálogo tripartito del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La inercia presupuestaria

La propuesta del presupuesto nacional de 2015 ha sido fundamentada por el gobierno sobre tres supuestos macroeconómicos: el volumen de la producción de bienes y servicios crecerá 4.5%, el mantenimiento tradicional de una tasa de inflación acumulada anual de 7.0% y el precio promedio anual de US$104.6 del barril de petróleo.

El crecimiento económico de 4.5% aparentemente no incorpora los efectos macroeconómicos de la ejecución del proyecto hidroeléctrico “TUMARÍN” sobre la producción y la balanza de pagos, y sobre el empleo que no se toma en cuenta en los supuestos, que se iniciará en el primer trimestre del año próximo. Por lo tanto, puede preverse que el crecimiento económico será mayor a lo que se supone, porque con la inversión privada realizada por Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) se obtendrá un mayor crecimiento principalmente en las actividades de la construcción, la industria manufacturera y transporte y comunicaciones. Es fácil pronosticar que en 2015 se observará una reforma presupuestaria por mayores ingresos tributarios y, muy probablemente, por un leve aumento del gasto público y un mayor monto de los depósitos del gobierno en el Banco Central de Nicaragua (BCN) para proteger la posición de las reservas internacionales, que ahora entran a una zona de riesgo por la caída del precio del petróleo y sus efectos en la economía de Venezuela, suplidor del crédito petrolero muy concesional de 2 mil 840 millones de dólares que ha recibido nuestro país entre 2007 y el primer semestre de 2014.

La tasa de inflación de 7.0% continúa siendo estimada por el BCN como la suma de la tasa de deslizamiento anual de 5 puntos porcentuales del tipo de cambio oficial más 2 puntos porcentuales de la tasa de inflación internacional, ésta última un poco más elevada que la estimada recientemente de 1.881% por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los países de economía avanzada. Con esta proyección inflacionaria, el BCN continúa haciendo depender su política monetaria del tipo de cambio reptante, el que aunado con la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el precio de la divisa estadounidense fortalece más la excesiva dolarización extraoficial de la economía nacional.

El precio de US$104.06 del barril de petróleo para 2015 contenido en la propuesta presupuestaria se aproxima al precio internacional de referencia para Europa, o sea, el del barril de Brent, cuyo nivel promedio anual es proyectado por el FMI en US$104.006. En el caso de nuestro país, habría que tomar en cuenta el precio del barril crudo de referencia para Latinoamérica, que es el de WTI, cuyo nivel proyectado por el FMI para 2015 es de US$92.058 promedio anual. Debido a la actual caída vertiginosa de los precios internacionales del crudo, provocada por su exceso de oferta con la creciente producción de esquisto en Estados Unidos y por su decreciente demanda con la reducción de las compras en regiones como Europa y China debido a la desaceleración económica mundial, es muy probable que la tasa de inflación del próximo sería menor que la proyectada por los servidores públicos en la formulación del presupuesto gubernamental y, consecuentemente, afectaría la proyección de los ingresos tributarios.

Entre las principales razones fiscales que se desprenden de la lectura de la propuesta del presupuesto nacional del próximo año, se puede deducir que la carga tributaria, o sea, Impuestos/PIB, se mantiene prácticamente constante de 14.88% al ser comparada con la de este año, por lo cual se podría reafirmar que la Ley de Concertación Tributaria, tal como se aprobó, generará aumentos significativos en la recaudación de impuestos hasta 2017, con el inicio la eliminación gradual de las exoneraciones en el pago del Impuesto de Valor Agregado que  concluirá en 2019, aunque a partir de 2016 la Dirección General de Ingresos (DGI) comenzará a supervisar los precios de transferencia con el propósito de evitar que empresas vinculadas o relacionadas (casa matriz y filiales, por ejemplo) manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de forma tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables. En 2015, se proyecta un aumento de 12.8% en recaudación tributaria, que es compatible con los supuestos macroeconómicos, de tal manera que de cada C$100 que se produzcan en el país el gobierno central se apoderará de C$14.88 en concepto de impuestos.

Por el lado del gasto, se destaca que la inversión, aunque aumenta 7.9% en precios corrientes (sólo 9 décimas porcentuales por encima de la tasa de inflación programada), reduce su participación en el gasto total presupuestario al pasar de 25.2% en 2014 a 24.4% en 2015. Este problema estructural del balance fiscal obstaculiza el crecimiento económico sostenible del país por la preponderancia del gasto de consumo “inflexible” y del pago de intereses de la deuda gubernamental, que absorberán el 75.6% del gasto total presupuestario del próximo año. Como ha sido usual en los últimos años, excluyendo a los trabajadores de la educación (con un ajuste salarial de 9%), de la salud (con un ajuste salarial de 7%) y, en particular, de 105 mil 77 personas que reciben el bono solidario porque devengan un salario mensual menor que 5 mil 500 córdobas, los empleados gubernamentales verán deteriorado el poder adquisitivo de sus salarios en alrededor de 2% en el transcurso del año al recibir un ajuste salarial de 5%.

Una curiosidad del gasto para el próximo año es que, visto por su clasificación funcional, sólo dos componentes aumentan su participación en el total del gasto gubernamental, en orden de importancia el pago de intereses de la deuda gubernamental y los servicios económicos, y disminuyen las participaciones del resto de las asignaciones de recursos al gasto social, la administración gubernamental y la defensa, orden público y seguridad. De particular importancia, el gasto social con respecto al gasto total presupuestario se propone disminuirlo de 57.67% en 2014 a 56.89% en 2015, y en porcentaje del PIB se reduce de 10.27% a 10.09% en el mismo orden.

El déficit fiscal se ha relajado en el escenario de un presupuesto equilibrado (con el artificio del registro del crédito petrolero de Venezuela como una deuda privada externa) al perfilarse en el nivel de 1.66% del PIB en 2015, levemente inferior al nivel de 1.87% del PIB esperado en 2014, pero es financiado con donaciones y préstamos externos. Sin embargo, los diputados continuarán aprobando una nueva emisión anual de Bonos de la República de Nicaragua equivalente a 100 millones de dólares, con el objetivo de facilitar al gobierno el pago de las amortizaciones de la deuda gubernamental interna y el aumento de 104 millones de córdobas en el saldo total de sus depósitos en el BCN.

En conclusión, la política fiscal tiene la misma naturaleza de la política monetaria, es decir, más de lo mismo sin las reformas estructurales necesarias para el apoyo efectivo del crecimiento económico sostenible y la reducción de los desequilibrios financieros. Es necesario que los servidores públicos reflexionen en la reducción de la evasión tributaria y facilitar un cambio en la administración de la deuda pública. El mantenimiento de un bajo déficit fiscal efectivo o real, es decir, sin artificios macroeconómicos, reduciría la necesidad gubernamental de contratar más deuda externa, y esto también reduciría tanto la dolarización de los pasivos del presupuesto como la emisión de nueva deuda gubernamental. Así, podríamos salir del círculo vicioso de que los diputados nos endeuden cada año para pagar vieja deuda pública interna resultante principalmente de las confiscaciones de la propiedad, las quiebras bancarias y las pérdidas del BCN. Con estos objetivos sería conveniente analizar la emisión de una ley de responsabilidad fiscal para establecer reglas numéricas y procedimientos para el diseño e implementación de la política fiscal, así como facilitar el escrutinio y la evaluación por resultados de la hacienda pública.

Maravillas y realidades

Siempre he insistido en que la situación macroeconómica de nuestro país está muy bien, pero también es muy frágil. En el largo plazo, varios aspectos, principalmente los del mercado laboral, gasto público y tipo de cambio, van por un camino equivocado.

La economía nicaragüense, que ya se clasifica como de ingreso medio bajo, crece a un ritmo anual  insuficiente entre 4% y 5% para reducir el creciente subempleo y la aún elevada pobreza, la informalidad del mercado es demasiado alta, los niveles de productividad son bastante bajos y la transferencia de tecnología es casi nula por la decreciente inversión doméstica, que hoy, ante el empuje de la inversión extranjera directa, se ha visto reducida al 30% del total de la inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) del sector privado. Así se podría demostrar que la fragilidad macroeconómica es un hecho relevante, comprobado desde el año pasado con la reforma del sistema de seguridad social por la vía administrativa y no por la vía estructural, que al final siempre depende del sector privado.

La impresión de que todo va de maravilla se desvanece cuando observamos que la inversión fija  tanto pública como privada se mantiene en un nivel cercano al 24% del PIB, lo cual no contribuye al crecimiento económico sostenible del país. Debería remontarse con adecuadas políticas públicas, al menos, al 40%. Como en los círculos gubernamentales se tiene esa impresión maravillosa, la política social, mejor dicho la reducción de la pobreza extrema, es la prioridad gubernamental y poco se habla de las reformas económicas, especialmente las del mercado laboral –porque casi el 50% de los ocupados están subempleados y el 70% de las empresas no tienen registros contables-, del gasto público –porque se consume más de lo que se invierte con los recursos del presupuesto nacional-, y de la política cambiaria –porque la sobrevaluación del córdoba ayuda a mantener un enorme déficit comercial externo y, consecuentemente, se acelera el endeudamiento público principalmente con instituciones financieras multilaterales-.

Las decisiones gubernamentales satisfacen las necesidades de ciertos grupos sociales –las han denominado como un “populismo responsable”-, pero con esas decisiones no se garantiza el bienestar en el mediano y largo plazo. El gobierno se enorgullece de tener un déficit fiscal cercano al cero por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un presupuesto nacional casi equilibrado que le ayuda a reducir la deuda pública interna, pero guarda silencio frente al aumento de la deuda pública externa, no obstante el registro de la cooperación petrolera de Venezuela como una deuda privada externa que se aproxima al 5% del PIB en cada uno de los últimos tres años.

Ese es otro ejemplo de la fragilidad macroeconómica de nuestro país. Dada la calidad del discurso gubernamental, se puede observar que los servidores públicos y los miembros del partido o de la alianza política de gobierno tienen la visión de que todo va bien; sin embargo, el gobierno debería invertir más en infraestructura económica, y podría hacerlo destinando en mejor forma los recursos del crédito petrolero venezolano, y también podría realizar las reformas estructurales de la economía en tiempos de “bonanza”, cuando se paga sólo el 50% de la factura de petrolera y el otro 50% es un crédito muy barato o muy concesional, ya que es muy duro reformar la economía en tiempos de “vacas flacas”.

Excluyendo los efectos del megaproyecto de la planta hidroeléctrica “TUMARÍN”, que iniciará su ejecución en febrero próximo, y sin considerar el otro megaproyecto “Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua”, del cual se desconoce su formulación e información económica, la situación económica de Nicaragua en 2015 continuará en la misma dirección de los últimos años, o sea, en una dirección que no contribuye a resolver en el mediano plazo los grandes problemas del mercado laboral, de las finanzas públicas y de la política monetaria, incluyendo en ésta el tipo de cambio real. Usualmente se dice que el largo plazo comienza hoy, pero en Nicaragua debió haber comenzado ayer.

El Banco Central de Nicaragua (BCN), a través de su presidente, Ovidio Reyes Ramírez, se preguntaba en el recién concluido Seminario de Política Macroeconómica y Estabilidad Financiera si podía adoptar un papel más activo en la economía nacional. Creo que sí. La autoridad monetaria podría, siempre con la voluntad del gobernante, tener mandatos sobre el pleno empleo, el crecimiento económico y la política financiera, y no reducirse a mantener una presión inflacionaria baja y estable, una tarea que es más de índole contable. Dar esos tres mandatos al BCN no significaría responsabilizar exclusivamente al BCN del cumplimiento de esos tres objetivos, sino que coadyuve, en forma coordinada con otras instituciones públicas, a promover el crecimiento y el desarrollo de la economía con las políticas monetaria, cambiaria y financiera adecuadas para que Nicaragua salga de los problemas de la pobreza y de ese grupo de países que tienen el menor nivel  ingreso medio bajo.

Es un avance notable el hecho que el presidente del BCN afirmara en dicho Seminario que “El régimen cambiario y la cláusula de mantenimiento de valor han incentivado la dolarización del mercado financiero y de ciertos bienes. Al mismo tiempo la indexación de precios y salarios dificulta obtener mejoras en la competitividad”. Comparto esa afirmación porque es una ilusión de que la actual política cambiaria va de maravilla, con su 5% anual de deslizamiento preanunciado en los últimos 11 años, cuando el déficit comercial de bienes domésticos con el exterior se mantiene con un vaivén igual a 20% del PIB.

Ojala que exista la conciencia entre los servidores públicos que tenemos una gran fragilidad en la situación macroeconómica de nuestro país, aunque han afirmado públicamente –como también lo han dicho algunos representantes del sistema financiero nacional- de que estamos muy bien y, por lo tanto, debemos dejar las cosas tal como están. Critico esa percepción maravillosa, incluso sin plantearme  la antigua pregunta, “¿Cui bono?”, “Quién se beneficia?”, del célebre estadista y orador romano Marco Tulio Cicerón, porque, como dice el viejo adagio popular, “Si los hechos no encajan en la teoría, cambia la teoría”. Ojalá haya voluntad política para hacerlo.

Carta 32 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

6 de octubre de 2014

 Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Considerando como un avance en mi querella personal contra el diputado Eduardo Montealegre Rivas el hecho que se hayan incluido las dos solicitudes de dos jueces de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares, en los puntos especiales 1.2 y 1.5 de la Agenda Base de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ha transcurrido 1 mes y 18 días sin ser propuestos a su inclusión en el Orden del Día de parte de la Honorable Junta Directiva del Poder del Estado que usted dirige, para que se pueda proceder a la formación de una Comisión Especial  que dictamine la desaforación de dicho diputado por sus graves injurias y calumnias contra mi persona y que han trascendido a mi familia.

Reitero a cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua que el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas se ha puesto al margen de la justicia de nuestro país con el uso inapropiado de la inmunidad que le confiere su cargo público desde el 10 de agosto de 2008, que siempre estaré dispuesto a continuar denunciando la presunta delincuencia de este diputado, violador de los derechos humanos, por ofender la dignidad, la honra y la reputación de mi persona, y que no se politice mi querella personal como intentó hacerlo el diputado querellado.

Con la confianza en que la Asamblea Nacional de Nicaragua haga respetar y cumplir las leyes, en especial la Constitución de la República, le escribo esta trigésima segunda carta para conocer su respuesta a mi solicitud que le presenté desde el 8 de mayo de 2012.

Atentamente,

 

 Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

 

cc:           Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.

Siempre hay ganadores y perdedores

 

El déficit comercial externo de Nicaragua, equivalente a un promedio anual de 20% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de los últimos 20 años se explica, en parte, con el índice de sobrevaluación del córdoba y, en parte, con el  problema estructural de la baja productividad de la economía que se refleja con mayores costos de producción que restan competitividad a las empresas nicaragüenses el mercado internacional. Con el córdoba sobrevaluado, es más rentable importar que exportar.

La excesiva dolarización extraoficial de la economía nicaragüense, igual a casi el 70% de la liquidez global, fue promovida por la política cambiaria reptante vigente desde el 10 de enero de 1993, una política de corto plazo que se ha mantenido a lo largo de 21 años en nuestro país, y fue fortalecida por la cláusula de mantenimiento de valor vigente desde marzo de 1991, que se estableció para “promover” la confianza entre los depositantes de córdobas en el sistema financiero nacional.

Esta pronunciada dolarización extraoficial ha convertido al Banco Central de Nicaragua (BCN) en un rehén de su propia política cambiaria -la autoridad monetaria fija el tipo de cambio diariamente-, y su margen de acción se reduce por la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio. La dolarización de la economía también ha reducido la política monetaria del BCN, ya que el córdoba, sin el apellido “con mantenimiento de valor” es una moneda marginal en el mercado interno. Además, las tasas de rendimiento de las Letras del BCN subastadas semanalmente en las operaciones de mercado abierto no logran influir a las tasas de interés del sistema financiero nacional, que hoy goza de una gran rentabilidad por el alto diferencial entre las tasas activas, que no apoyan un crecimiento económico sostenible, y las tasas pasivas, que no fomentan el ahorro financiero. Se observa, pues, una impotencia monetaria, cambiaria y financiera del BCN, al limitarse sólo a contar diariamente cuántos dólares mantiene en su bóveda y cuántos córdobas circulan en el mercado.

 

Con la posición actual de las reservas internacionales oficiales del país no es posible establecer en el corto plazo un sistema de tipo de cambio flotante, ni mucho menos dolarizar oficialmente la economía. En economía, nada es regalado, todo tiene un costo. Si se pretendiera dolarizar oficialmente la economía, o sea, sacar de circulación el córdoba y dejar, en este caso, como moneda al dólar estadounidense, ¿tendría el BCN la posibilidad financiera de comprar el numerario y el saldo de encaje en moneda nacional y, además, facilitar el cumplimiento del pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública externa e interna?

El profesor y colega José Luis Medal opinó recientemente en su artículo “El debate sobre las políticas económicas” que la alternativa de la dolarización oficial erradicaría el riesgo cambiario, bajaría la tasa de interés y habría más inversiones, lo cual es cierto, y a lo que agrego las ventajas de un mercado financiero más líquido con la desaparición del encaje legal sobre los depósitos en el sistema financiero, una mejor disciplina fiscal al cesar la emisión de córdobas, y la realización de las transacciones con una moneda más segura como reserva de valor.

Sin embargo, la dolarización oficial no es sólo un asunto de saldos sino también un asunto de flujos de divisas líquidas. Con la información oficial actual, el BCN tendría que comprar córdobas “sobrevaluados” en un monto equivalente a 602 millones de dólares (el monto sería menor para dejar en circulación dólares menos “subvaluados” que promuevan efectivamente las exportaciones y el crecimiento económico) y atender en 2015 los pagos del servicio de la deuda pública externa de 150 millones de dólares y del servicio de la deuda pública interna de 400 millones de dólares, con la restricción que el sector público ya no recibe cooperación oficial en divisas líquidas de libre disponibilidad.

¿Podría el BCN financiar estas obligaciones con sus reservas internacionales? No, porque el saldo actual de las reservas internacionales netas ajustadas, que excluye el monto adeudado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los depósitos del encaje sobre los depósitos en dólares y del fondo de garantía de dichos depósitos, es de 1 mil 304 millones de dólares, que están relacionados en gran parte con la cooperación internacional destinada a la ejecución de programas y proyectos del sector público, es decir, no se pueden utilizar para otros fines. También es obvio que ningún país financiaría la dolarización oficial de cualquier economía.

La alternativa de la dolarización oficial de la economía, que es un camino sin retorno, tendría un costo adicional. El precio “correcto” de un bien o de un servicio en una economía global es el precio global, que es el precio razonable de un producto en el mercado internacional, acorde con un costo de producción “correcto” y una calidad excelente. Por el arbitraje, si un empresario nicaragüense produce un bien más caro, el Resto del Mundo le enviará el mensaje que hay muchos productores fabricando ese bien mucho mejor, en una forma mucho más eficiente. Tener un precio “correcto” es, pues, tener una productividad “correcta”.

Con la dolarización oficial las ineficiencias de nuestra economía serían más evidentes, lo cual exigiría la eliminación de actividades económicas y empresas ineficientes, provocando la disminución, en el peor de los casos la contracción, de la producción, el aumento del subempleo y el desempleo y la reducción de los ingresos tributarios. Los empresarios que no puedan producir con mayor tecnología y mayor eficiencia, principalmente los propietarios de microempresas y pequeñas empresas, tendrían que salir del mercado. Por lo tanto, la vía para pagar las ineficiencias o problemas estructurales que persisten en la economía sería la contracción de la economía: un mayor subempleo y desempleo sería el costo social inmediato de la dolarización oficial de la economía nicaragüense. No hay que olvidar que 70 de cada 100 ocupados están subempleados en nuestro país y, por esta realidad, la pregunta de que si la dolarización eliminaría o no la pobreza debe tener una respuesta muy cuidadosa.

Aunque el córdoba tiene una historia de pobre desempeño monetario que deterioró su credibilidad, la consideración política más importante para dolarizar oficialmente la economía nicaragüense es que la población del país no considere al córdoba como un elemento indispensable de la identidad nacional. Por esta razón, la dolarización oficial de la economía no debe ser impuesta por el político en el poder, sino que debe ser consultada a la población. La dolarización oficial debe ser una decisión voluntaria y, como economista, no bastan nuestros consejos.

Con la otra alternativa, que el BCN ejerza efectivamente sus políticas en los ámbitos monetario, cambiario y financiero, no habría que realizar consultas a la población. Simplemente, el Ejecutivo debe hacer cumplir la ley, en este caso la ley monetaria que señala que el córdoba es la única moneda de curso legal en nuestro país. En este escenario, las ineficiencias de la economía se pagan con la devaluación. Ninguna política económica es neutral, porque siempre hay ganadores y perdedores. Como dijera el Padre de la Contabilidad, el fraile Luca Pacioli, “No hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”.