En su discurso del 19 de julio de este año, el presidente de la República, Daniel Ortega, afirmó la política de “cero impuesto para los más pobres” y que “se mantendrán las exoneraciones para las pequeñas, medianas y grandes empresas” porque “las exoneraciones son el mejor estímulo” para elevar la producción.
La propuesta de política tributaria, sin medidas impositivas, que presentó Bayardo Arce, asesor económico y financiero del presidente de la República, muestra el impacto de la exoneraciones de impuestos dadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en 2010, que fue igual a 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un monto equivalente a 547 millones de dólares y al 37% del gasto gubernamental de ese año.
Entre los principios generales de la reforma tributaria, se destacó el de “Fijar límites temporales para sujetos exonerados, con listas taxativas, cuotas y calendarios graduales de gravación”; entre las políticas propuestas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) se subrayó la de “Revisar la lista de bienes exentos y exonerados”; y entre las políticas de los beneficios tributarios, o sea las exoneraciones, se remarcaron las de “Establecer listas taxativas, así como cuotas de exoneración” y “Revisar los sujetos exentos y exonerados, seleccionando con criterios de prioridad. En la revisión podrían salir o entrar nuevos sectores”.
Con una rápida mirada sobre la propuesta gubernamental de la política tributaria para 2012, uno puede identificar que la principal fuente de nuevos impuestos que recaudaría el gobierno central es la reducción las exoneraciones y exenciones en el pago del IVA y del ISC y es en este ámbito donde observo cierta fricción con las palabras presidenciales del 19 de julio sobre la reforma tributaria.
Si la afirmación presidencial se impusiera sobre la propuesta de la reforma tributaria entregada a los gremios de productores y a los sindicatos por el gabinete económico del gobierno el 2 de julio recientemente pasado, entonces sería bastante seguro que la DGI y la DGA no recaudarían nuevos impuestos con esta reforma y se entorpecería la política fiscal de que “el país autofinancie su gasto público debido a la disminución de la oferta de financiamiento externo oficial por el mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza”.
Es muy probable que las pocas palabras que dijera el presidente Daniel Ortega sobre la reforma tributaria en el acto del Aniversario 33 de la Revolución Popular Sandinista hayan estado influenciadas por la euforia política del momento. Como economista he observado en mi vida profesional que no todas las promesas de los gobernantes se cumplen, pero lo único que la gente no perdona al político es la mentira aunque perdona los errores si se le explican.
Eliminar, aunque sea gradualmente, las exoneraciones del IVA y del ISC que en la actualidad reciben los productores que se dedican a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y manufactureras, independientemente del tamaño de sus empresas, y entre ellos los productores de los 53 productos de consumo básico que integran la canasta cuyo costo sirve como una de las referencias para establecer el salario mínimo legal, significará aumentar no sólo los costos de producción, sino también los precios al productor y al consumidor de los bienes y servicios que actualmente están exonerados y exentos del pago de esos impuestos.
Decir “cero impuesto para los más pobres” no es lo mismo que decir “cero exoneraciones para todos”, porque en nuestro país los pobres ya pagan la tasa del IVA de 15% sobre el valor de las materias primas, maquinarias y repuestos que los empresarios utilizan para producir los bienes de consumo básico y sólo faltaría que paguen el IVA del valor agregado (o sea, sobre salarios, depreciación, impuestos indirectos y utilidades) que los empresarios añaden a las materias primas utilizadas para producir esos bienes de consumo básico.
Quienes deberían preocuparse, en principio, son aquellos productores que tienen un IVA tasa cero en las compras de bienes y servicios intermedios y bienes de capital. De acuerdo con nuestra ley tributaria, me refiero a los exportadores que reciben del Estado ese derecho al crédito fiscal y, por ende, el derecho a obtener su devolución del fisco, por lo cual no hay acumulación del impuesto en el precio de los productos de exportación. Sin embargo, sería erróneo que el gobierno cobre el IVA a los exportadores, es decir, que les quite ese estímulo tributario de IVA tasa cero, porque los exportadores nicaragüenses no gozan de ningún estímulo cambiario debido al margen de 19% de sobrevaluación o de apreciación del córdoba y, además, porque las empresas nicaragüenses perderían competitividad en el exterior porque el país estaría “exportando” impuestos.
Si el gobierno pretende “fijar límites temporales para sujetos exonerados, con listas taxativas, cuotas y calendarios graduales de gravación”, principalmente en el caso del IVA cuyas exoneraciones en 2010 son iguales a 6.8% del PIB, es decir, un monto equivalente a 496 millones de dólares, los empresarios tendrían que enfrentarse desde ahora a un trilema: (i) subir los precios al productor en un monto igual a la tasa del impuesto, con el riesgo que caiga la demanda de sus productos; (ii) mantener el precio al productor y el precio al consumidor con el sacrificio de sus utilidades, al absorber unilateralmente la mayor presión tributaria; y (iii) distribuir el aumento de los precios al productor y, por ende, al consumidor, entre la empresa y las compradores de sus productos. Las soluciones a este problema, todas las cuales parecen inaceptables, dependerán de la ponderación del valor agregado en el valor bruto de producción de cada empresa, en general, y de cada bien o servicio, en particular. Por lo tanto, la reducción de las exoneraciones en el pago del IVA y del ISC conlleva el riesgo del cierre de empresas, principalmente microempresas y pequeñas empresas, que no puedan resistir la carga tributaria.
De algo sí podemos estar seguros. La reducción de las exoneraciones en el pago del IVA y del ISC reducirá el gasto de consumo de las familias, el cual ha mostrado tasa de crecimiento entre 3% y 4% en los últimos dos años. Por la alta informalidad de nuestro mercado laboral, esa reducción del gasto de consumo no podría ser contrarrestado con la reducción, también gradual, de la tasa del Impuesto sobre la Renta (IR) de 30% a 25% de los asalariados. En otras palabras, con la reducción de la tasa del IR para los asalariados sólo aumentará el ingreso personal disponible del 23% del total de ocupados en nuestro país, que laboran en el sector formal.