El dilema de los pobres: cero impuestos o cero exoneraciones

En su discurso del 19 de julio de este año, el presidente de la República, Daniel Ortega, afirmó la política de “cero impuesto para los más pobres” y que “se mantendrán las exoneraciones para las pequeñas, medianas y grandes empresas” porque “las exoneraciones son el mejor estímulo” para elevar la producción.

La propuesta de política tributaria, sin medidas impositivas, que presentó Bayardo Arce, asesor económico y financiero del presidente de la República, muestra el impacto de la exoneraciones de impuestos dadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en 2010, que fue igual a 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un monto equivalente a 547 millones de dólares y al 37% del gasto gubernamental de ese año.

Entre los principios generales de la reforma tributaria, se destacó el de “Fijar límites temporales para sujetos exonerados, con listas taxativas, cuotas y calendarios graduales de gravación”; entre las políticas propuestas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) se subrayó la de “Revisar la lista de bienes exentos y exonerados”; y entre las políticas de los beneficios tributarios, o sea las exoneraciones, se remarcaron las de “Establecer listas taxativas, así como cuotas de exoneración” y “Revisar los sujetos exentos y exonerados, seleccionando con criterios de prioridad. En la revisión podrían salir o entrar nuevos sectores”.

Con una rápida mirada sobre la propuesta gubernamental de la política tributaria para 2012, uno puede identificar que la principal fuente de nuevos impuestos que recaudaría el gobierno central es la reducción las exoneraciones y exenciones en el pago del IVA y del ISC y es en este ámbito donde observo cierta fricción con las palabras presidenciales del 19 de julio sobre la reforma tributaria.

Si la afirmación presidencial se impusiera sobre la propuesta de la reforma tributaria entregada a los gremios de productores y a los sindicatos por el gabinete económico del gobierno el 2 de julio recientemente pasado, entonces sería bastante seguro que la DGI y la DGA no recaudarían nuevos impuestos con esta reforma y se entorpecería la política fiscal de que “el país autofinancie su gasto público debido a la disminución de la oferta de financiamiento externo oficial por el mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza”.

Es muy probable que las pocas palabras que dijera el presidente Daniel Ortega sobre la reforma tributaria en el acto del Aniversario 33 de la Revolución Popular Sandinista hayan estado influenciadas por la euforia política del momento. Como economista he observado en mi vida profesional que no todas las promesas de los gobernantes se cumplen, pero lo único que la gente no perdona al político es la mentira aunque perdona los errores si se le explican.

Eliminar, aunque sea gradualmente, las exoneraciones del IVA y del ISC que en la actualidad reciben los productores que se dedican a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y manufactureras, independientemente del tamaño de sus empresas, y entre ellos los productores de los 53 productos de consumo básico que integran la canasta cuyo costo sirve como una de las referencias para establecer el salario mínimo legal, significará aumentar no sólo los costos de producción, sino también los precios al productor y al consumidor de los bienes y servicios que actualmente están exonerados y exentos del pago de esos impuestos.

Decir “cero impuesto para los más pobres” no es lo mismo que decir “cero exoneraciones para todos”, porque en nuestro país los pobres ya pagan la tasa del IVA de 15% sobre el valor de las materias primas, maquinarias y repuestos que los empresarios utilizan para producir los bienes de consumo básico y sólo faltaría que paguen el IVA del valor agregado (o sea, sobre salarios, depreciación, impuestos indirectos y utilidades) que los empresarios añaden a las materias primas utilizadas para producir esos bienes de consumo básico.

Quienes deberían preocuparse, en principio, son aquellos productores que tienen un IVA tasa cero en las compras de bienes y servicios intermedios y bienes de capital. De acuerdo con nuestra ley tributaria, me refiero a los exportadores que reciben del Estado ese derecho al crédito fiscal y, por ende, el derecho a obtener su devolución del fisco, por lo cual no hay acumulación del impuesto en el precio de los productos de exportación. Sin embargo, sería erróneo que el gobierno cobre el IVA a los exportadores, es decir, que les quite ese estímulo tributario de IVA tasa cero, porque los exportadores nicaragüenses no gozan de ningún estímulo cambiario debido al margen de 19% de sobrevaluación o de apreciación del córdoba y, además, porque las empresas nicaragüenses perderían competitividad en el exterior porque el país estaría “exportando” impuestos.

Si el gobierno pretende “fijar límites temporales para sujetos exonerados, con listas taxativas, cuotas y calendarios graduales de gravación”, principalmente en el caso del IVA cuyas exoneraciones en 2010 son iguales a 6.8% del PIB, es decir, un monto equivalente a 496 millones de dólares, los empresarios tendrían que enfrentarse desde ahora a un trilema: (i) subir los precios al productor en un monto igual a la tasa del impuesto, con el riesgo que caiga la demanda de sus productos; (ii) mantener el precio al productor y el precio al consumidor con el sacrificio de sus utilidades, al absorber unilateralmente la mayor presión tributaria; y (iii) distribuir el aumento de los precios al productor y, por ende, al consumidor, entre la empresa y las compradores de sus productos. Las soluciones a este problema, todas las cuales parecen inaceptables, dependerán de la ponderación del valor agregado en el valor bruto de producción de cada empresa, en general, y de cada bien o servicio, en particular. Por lo tanto, la reducción de las exoneraciones en el pago del IVA y del ISC conlleva el riesgo del cierre de empresas, principalmente microempresas y pequeñas empresas, que no puedan resistir la carga tributaria.

De algo sí podemos estar seguros. La reducción de las exoneraciones en el pago del IVA y del ISC reducirá el gasto de consumo de las familias, el cual ha mostrado tasa de crecimiento entre 3% y 4% en los últimos dos años. Por la alta informalidad de nuestro mercado laboral, esa reducción del gasto de consumo no podría ser contrarrestado con la reducción, también gradual, de la tasa del Impuesto sobre la Renta (IR) de 30% a 25% de los asalariados. En otras palabras, con la reducción de la tasa del IR para los asalariados sólo aumentará el ingreso personal disponible del 23% del total de ocupados en nuestro país, que laboran en el sector formal.

Cuidemos el lustre de la reforma tributaria

Los lineamientos generales de la propuesta de reforma tributaria, que fueron conocidos desde el lunes de la semana pasada, son los mejores que se han formulado en Nicaragua en los últimos 22 años, porque realmente no persiguen el objetivo exclusivo de aumentar los ingresos estatales, sino que buscan efectivamente la generación de empleos, un mayor crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la armonización de las tasas tributarias con las del resto de países del istmo centroamericano.

La propuesta, como afirmara el asesor económico y financiero Bayardo Arce, está contenida en la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria (LCT) ya conocida desde agosto de 2009, busca la reducción de la evasión en el pago de los impuestos; la ampliación de la base de contribuyentes y la atracción de más inversiones con la reducción de 30% a 25% de la tasa (flat) del impuesto sobre la renta (IR) a las actividades económicas; la regulación del régimen de cuota fija con la ampliación y la depuración del universo de este tipo de contribuyentes, aunque no sabemos cómo se evitará el abuso y el mal uso de este régimen que resta competitividad al comercio formal; la regulación de los precios de transferencia, es decir, los precios que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona, con los cuales ambas empresas se distribuyen las utilidades (esta regulación se puede aplicar a precios ficticios de exportación o importación, operaciones de deudas ficticias, pagos de tasas de interés muy elevadas y pagos no justificados de regalías y asistencia técnica); la introducción de la territorialidad reforzada para gravar a no residentes, nacionales y extranjeros, que perciban rentas de fuente nicaragüense; la promoción de la reinversión de utilidades en nuevas tecnologías para elevar los rendimientos productivos sin menoscabar el empleo, es decir, facilitar a los productores la adquisición de tecnología más intensiva en mano de obra que en capital; y la revisión de todas las retenciones a cuenta del IR.

Las autoridades gubernamentales también pretenden incrementar el ingreso personal disponible y, por ende, el consumo de las familias y el desempeño de la producción, al elevar la base exenta de 75,000 a 100,000 córdobas para los asalariados y al reducir la tasa máxima de 30% a 25% de las rentas de los asalariados y, simultáneamente, desestimular las inversiones financieras en títulos valores con un muy probable gravamen sobre el valor precio de esos papeles, con la esperanza de que los depósitos del público no bancario sean intermediados para impulsar el crecimiento económico por la vía de un mayor y mejor crédito a las actividades económicas.

En relación con el impuesto de valor agregado (IVA) y el impuesto selectivo de consumo (ISC), el asesor económico y financiero del Presidente de la República confirmó que revisarán la lista de bienes y sujetos exonerados, eliminarán el ISC a 456 partidas del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) porque su recolección es más costosa que productiva para el fisco, armonizarán las tasas del ISC con el promedio de las del resto de países centroamericanos y aplicarán el mismo tratamiento tributario centroamericano a la importación de aeronaves y yates para apoyar la promoción del turismo.

La reforma también se enfila a reducir gradualmente los beneficios tributarios o el gasto tributario, mejor dicho las exenciones y exoneraciones en el pago de los impuestos. Los agentes económicos deberían apoyar el establecimiento de plazos, listas taxativas y cuotas de exoneración y la revisión de los sujetos exentos y exonerados, pero deben ser muy cuidadosos, como también lo deben ser los servidores públicos, de (i) no complicar el acceso de la población a los alimentos si se reducen, en el mejor de los casos, o se eliminen, con el pensamiento fondomonetarista de la “neutralidad pura”, las exoneraciones tributarias al sector agropecuario y a las MIPYMEs industriales; (ii) de no desestimular el esfuerzo exportador del país que sólo goza de estímulos tributarios y no de estímulos cambiarios, debido al margen de sobrevaluación del córdoba que en 2011 fue de 19%; y (iii) de garantizar la equidad tributaria de reducir la tasa de 15% del IVA, en el peor de los casos que uno puede imaginar, si se desmantelan dichos beneficios tributarios.

Finalmente, el asesor del Presidente invitó a la lectura de la iniciativa de la LCT, que está colgada en la página web de la Asamblea Nacional, en la cual uno puede analizar más detalladamente el anunciado reforzamiento de la administración tributaria. En el Título XIII de dicha iniciativa de ley se recomienda reformar varios artículos del reciente “Código Tributario” y de la “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos”, de tal forma que los principales riesgos empresariales que se detectan rápidamente en su lectura son la decisión de la DGI y la DGA para conceder o no una exoneración establecida por la ley, la muy probable desaparición del sigilo tributario, la modificación de los precios declarados por las empresas y la concesión de facultades legislativas a la administración tributaria. Los lineamientos excelentes de política tributaria podían deslucirse con los poderes discrecionales que la iniciativa de la LCT pretende conferir a los administradores de impuestos, por lo cual es de esperar una tremenda discusión al respecto.

Además, pude percatarme de dos debilidades implícitas en la propuesta. Si la reforma tributaria persigue el objetivo fundamental de más empleo, más crecimiento económico y menos pobreza, debería (i) constituir un instrumento gubernamental para la coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de crecimiento y desarrollo económico, pero ésta aparentemente no está actualizada porque el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2017 no está colgado en ninguna página web del Estado y (ii) no demuestra cómo se gastará el aumento de los ingresos tributarios que perciba el Estado a partir de 2013, el cual estimo en alrededor de C$1,800 millones, es decir, a lo sumo igual a 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los contribuyentes tenemos la obligación de pagar nuestros  impuestos en correcta forma, pero también tenemos el derecho de conocer cómo se utilizarán nuestros impuestos. Con el objetivo fundamental de la reforma arriba mencionado, los nuevos impuestos deberían, en principio, asignarse en gran parte al financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura económica y social, pero el asesor presidencial reconoció recientemente que el bono salarial de C$750 a 165,515 empleados públicos, cuyo monto anual actual es de 1,492 millones de córdobas, y el subsidio de la tarifa de electricidad, que suma 153.6 millones de dólares en los últimos dos años, constituirían un riesgo para el presupuesto nacional si se perdiese la cooperación petrolera de Venezuela. En otras palabras, el producto de la reforma tributaria podría evitar esa posible inestabilidad de las finanzas gubernamentales y, consecuentemente, el aumento esperado de los ingresos tributarios sería asignado al consumo público y no garantizaría el logro del objetivo fundamental de la reforma tributaria. Falta, pues, discutir la calidad del gasto público.

Una preocupación fiscal adicional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha condicionado al Gobierno de Nicaragua que con la sobre recaudación de impuestos se reduzca el saldo de la deuda pública interna –para disminuir la nueva deuda de US$120 millones que aprueban los diputados anualmente para pagar el principal de la deuda pública interna- y se incrementen sus depósitos en el Banco Central de Nicaragua (BCN) -para garantizar la estabilización macroeconómica, es decir, del tipo de cambio oficial y de los precios al consumidor-. Con esa condicionalidad, el policía financiero internacional sobrepone el tema de la deuda pública al grave problema del subempleo y desempleo y, consecuentemente, posterga las tareas del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza.

El círculo de la impunidad de Eduardo Montealegre

En la tercera carta que dirigí al Señor Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. René Núñez Téllez, le reiteré (i) que los delitos cometidos por el diputado Eduardo Montealegre contra mi persona desde el 31 de julio de 2008 son de carácter privado, sin ninguna relación con las funciones de su cargo; (ii) mi solicitud que se proceda a incluir en el Orden del Día las dos solicitudes de desaforación del diputado querellado Eduardo Montealegre remitidas por el Juez María Ivette Pineda el 6 de octubre de 2008 y el Juez Henry Morales Olivares el 15 de junio de 2011; y (iii) que no se continúe limitando mi derecho de acceso a la justicia ni se me convierta en doble víctima de violación de derechos humanos.

Ese derecho de petición al Presidente de la Asamblea Nacional lo fundamenté en el Artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice así: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.”

La tarea esclarecedora de las injurias y calumnias que escribiera el diputado Eduardo Montealegre en un chat con los lectores del diario La Prensa y en una supuesta carta de disculpas sugerida por el ex Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, fue obstaculizada por él mismo cuando mal usó y abusó de la inmunidad que le confiere su cargo público desde agosto de 2008 y, posteriormente, por el compromiso de sus aliados políticos de evitar que lo desaforaran durante el período agosto 2008-diciembre 2011.

Con este caso se ha desvelado un ejemplo insuperable de promiscuidad entre política y soberbia personal, cuyo objetivo principal fue evitar las consecuencias judiciales para el impune banquero y político Eduardo Montealegre, quien impuso el miedo y la complicidad de casta. Temporalmente, este diputado, que continúa escudándose inapropiadamente en su inmunidad, logró imponer una falsa verdad por mayoría política, aunque la verdad llana y lisa está muy bien documentada en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua.

Ahora la tarea esclarecedora de los delitos privados de Eduardo Montealegre la tiene la nueva Asamblea Nacional de Nicaragua, que cuenta con una mayoría absoluta de la Alianza “Nicaragua Unida Triunfa”, en la cual se distingue una mayoría de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esa tarea esclarecedora la tenía que iniciar la Asamblea Nacional desde hace 4 años, que por algo representa, o debería representar, a la ciudadanía, pero no lo ha hecho a pesar de los severos daños morales y económicos provocados por el diputado querellado no sólo a mi persona sino también a m familia. Y es por esto que ya he escrito tres cartas al Presidente de la Asamblea Nacional, para que no se politice de nuevo mi querella contra el diputado impune Eduardo Montealegre, tal como lo hicieron sus aliados liberales.

Espero que la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional logren romper el círculo de impunidad aceptando tramitar las dos solicitudes judiciales que ya se encuentran en su Agenda. Sería un primer paso hacia la reparación de mi honra y de mi honor al que tengo derecho, un primer paso para que comience el procedimiento de resarcir todos los graves daños cometidos por  Eduardo Montealegre. Por eso espero que la nueva Asamblea Nacional cumpla sus obligaciones con la ciudadanía, ya que la mayoría de diputados de la anterior Asamblea Nacional, opositores al gobierno actual, navegaron entre la complicidad y la impotencia.

El Índice de Riesgo-País de Nicaragua en el Primer Trimestre de 2012

El índice de riesgo país de Nicaragua disminuyó 400 puntos básicos hasta el nivel de 4,510 puntos básicos (ó 45.1 puntos en una escala de 0 a 100) en el primer trimestre de 2011 con respecto al cuarto trimestre de ese año, y adquirió el calificativo de moderado.

 

 

El riesgo político de 56 puntos (en una escala de 0 a 100 y que pondera con un 50% en el índice de riesgo-país) o de 5,600 puntos básicos, aumentó 200 puntos básicos en relación con el registrado en el cuarto trimestre de 2011, y es calificado como alto principalmente por la demanda de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y dar credibilidad a la elección de 153 alcaldes el 4 de noviembre de este año, el reconocimiento internacional a la Policía Nacional, el préstamo de ALBANISA para aliviar la alza de la tarifa de energía eléctrica que fue de 9% a partir de enero, la voluntad gubernamental de proteger la propiedad privada, el conflicto provocado por Costa Rica con el daño del ecosistema del Río San Juan y la admisión de la demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el anuncio de la supervisión de los desembolsos de Nicaragua en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y las protestas y tomas de carreteras de los desmovilizados del Ejército de Nicaragua en 1990 en reclamo de su indemnización.

En el ámbito económico, el riesgo de 14.1 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 1,410 puntos básicos, disminuyó 740 puntos básicos en el primer trimestre de 2012 con respecto al cuarto trimestre de 2011 y es calificado como muy bajo debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita de Nicaragua tiende a incrementarse hasta US$1,297 en 2012, pero es apenas igual a 12.66% del PIB Per Cápita Mundial; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en el primer trimestre del año como un porcentaje del PIB esperado en el año fue de 3.5%, por el alza de los precios internacionales de los alimentos, los hidrocarburos y otras materias primas; el déficit fiscal del primer trimestre de 2012, antes de incluir su financiamiento con donaciones externas en el presupuesto nacional, fue igual a 0.02% del PIB pronosticado para este año; la presión inflacionaria de los precios al consumidor fue de 8.5% interanual en el primer trimestre de 2012, y el desempeño productivo del país, medido con la serie trimestral del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) fue del orden de 5.7% interanual en el primer trimestre de este año por el aumento de los volúmenes de productos de exportación.

En el ámbito financiero, el riesgo de 20.0 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 2,000 puntos básicos, cayó 250 puntos básicos con respecto al observado en el cuarto trimestre de 2011 y es calificado como muy bajo, debido al pago anual de intereses y amortizaciones de la deuda externa de US$23 millones, que representó el 2.3% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales del primer trimestre del año; la depreciación interanual de 0.4% del córdoba con respecto al dólar estadounidense en las transacciones comerciales bilaterales con Estados Unidos en el primer trimestre de 2012, que es la décima depreciación trimestral consecutiva del córdoba frente al dólar estadounidense; el aumento de US$40 millones en el saldo de la reservas internacionales brutas en el año, que totalizó US$1,932 millones debido al ingreso de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público y al aumento del saldo de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera, siendo igual a 2.59 veces la base monetaria y a 4.18 meses de importaciones de bienes CIF esperadas en este año; el saldo “contable” de la deuda externa de US$4,122 millones, igual a 53.3% del PIB esperado en el año, y cuyo 40% está aún pendiente de reestructuración con diez países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC); y la persistencia de un alto déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 27.4% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales registrado en el primer trimestre del año.

El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos básicos  corresponden a una diferencia de 1 punto porcentual. Si el índice de riesgo-país de Nicaragua alcanzó 4,510 puntos básicos en el primer trimestre de 2012, implica que en ese año, los bonos de Nicaragua rindieron 45.1 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses.

En otras palabras, si la tasa de los Bonos del Tesoro fue de 0.25% a finales de 2011, la de los bonos de Nicaragua sería de 0.25 + 45.1 = 45.35%. Así, si los Estados Unidos reciben un crédito de 1 millón de dólares a 0.25% anual, al cabo de un año deberá pagar por intereses 2,500 dólares; pero si Nicaragua recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 453,500 dólares de intereses.

De esa forma, Nicaragua, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso, una suma 181.4 veces mayor que la del país solvente en concepto de intereses. En otras palabras, un inversionista en Nicaragua puede recuperar el monto de su inversión con los intereses devengados en 2.2 años después de realizada su inversión financiera.

Unos consejos tributarios para los empresarios

Los agentes económicos que sean invitados por el gobierno a la presentación de la propuesta de reforma tributaria este lunes en el Banco Central de Nicaragua pueden formularle a los servidores públicos dos preguntas, antes de que se inicien las negociaciones para la búsqueda del consenso nacional del pago de impuestos: ¿Cómo piensan gastar el aumento de la recaudación de impuestos, que a lo sumo sería igual a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un monto cercano a 80 millones de dólares? y ¿Será la reforma tributaria un instrumento para impulsar un crecimiento económico suficiente para crear empleo y reducir la pobreza o sólo perseguirá fines recaudatorios?

El gobierno debe demostrar el uso específico del producto de la reforma tributaria por proyecto o programa del sector público y si la reforma persigue apoyar el futuro crecimiento económico del país, surgiría una tercera pregunta: ¿Dónde está la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2017, que contiene la estrategia económica de mediano y largo plazo del gobierno? Por supuesto que no me refiero a las 67 diapositivas presentadas recientemente por Paul Oquist a los participantes de la Mesa de Donantes, que se limitó a señalar buenos deseos inversionistas.

Si se pretendiese mejorar la atracción de la inversión extranjera directa al país, habría que  proponerse la disminución de la tasa del Impuesto sobre la Renta (IR) a las empresas de 30% -cobradas en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua- a 25% -que es la que grava las utilidades brutas en El Salvador, Honduras y Panamá-. Además, si el gobierno deseara una mayor equidad tributaria entre las empresas podría diferenciar progresivamente las tasas del IR para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si la tasa máxima de 25% del IR a las empresas fuese aceptada, entonces la tasa máxima del IR a las personas asalariadas y naturales también debería ser igual 25%, lo cual incrementaría el ingreso personal disponible y promovería la demanda interna y, por ende, la producción a través de un aumento del consumo de las familias. También se daría la revisión del salario exento del IR que actualmente es de 75 mil córdobas anuales, el cual ascendería a 90 mil 680 córdobas anuales si se tomara en cuenta la tasa de inflación acumulada desde diciembre de 2009 hasta mayo de 2010. El Movimiento Sindical Nicaragüense solicitó un techo de exoneración de 120 mil córdobas anuales y, por consiguiente, sería fácil concluir que el consenso sobre ese monto anual podría aproximarse a los 100 mil córdobas.

En cuanto al régimen de Cuota Fija, que consiste en el pago de 480 mil córdobas anuales en concepto de IR de las microempresas, especialmente del sector comercial y que se encuentran en el mercado más grande de Centroamérica como lo es el Mercado Oriental de la Ciudad de Managua, cualquier consenso al respecto se reduciría sólo a un deseo si no se diera una efectiva participación de la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Nacional para combatir la evasión fiscal. Urge normalizar la aplicación del régimen de Cuota Fija.

Otro eje central de la próxima reforma tributaria es la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), cuya tasa actual de 15% es la mayor entre los países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá, lo cual motiva el contrabando con más intensidad en nuestro país –en El Salvador y Costa Rica, es de 13%; en Guatemala y Honduras, 12%; y en Panamá, 7%-. Esta tasa era de 10%, cuando fue conocido como Impuesto General al Valor (IGV) y fue elevada al 15% en la administración de la Sra. Violeta Barrios v. de Chamorro cuando el gobierno de Estados Unidos suspendió la donación de 100 millones de dólares anuales en divisas líquidas de libre disponibilidad por los problemas de la propiedad en conflicto con ciudadanos estadounidense-nicaragüenses, y los políticos de turno en el poder prometieron disminuirla a 10% cuando se “normalizara” la cooperación internacional. Bien, si los políticos no gozan de credibilidad en sus promesas de corto plazo,  mucho menos que sean creíbles en las promesas de largo plazo.

Si el gobierno pretendiera eliminar gradualmente, al menos en 3 años y a los sumo en 5 años, las exoneraciones del IVA a las importaciones de materias primas y maquinaria y equipo del sector agropecuario y de las MIPYMEs, se encarecerían los precios de los alimentos –poniendo en entredicho la política de seguridad alimentaria-, de los productos de higiene y del vestuario, es decir, todos los precios de los 53 productos de consumo básico producidos en el mercado local.

En aras de la equidad tributaria, una eliminación de las exoneraciones del IVA obligaría también a reducir su tasa actual de 15%, tal vez a 13% ó 12% -depende del producto de esta medida tributaria- y, además, el gobierno tendría que analizar la relación entre el salario mínimo legal y el costo para una familia de 5 miembros de los 23 alimentos básicos que garantizan la ingesta diaria 2 mil 455 kilocalorías por persona y que integran la canasta de consumo básico.

Los beneficios tributarios que sobrevivan o se establezcan con la reforma tributaria, es decir, las exenciones en el pago del IR, del IVA, del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y del Impuesto Municipal de Ingresos (IMI), deberían ser temporales (no eternos y expansivos, como lo son hasta ahora). La temporalidad difiere según la natura actividad económica de la empresa, pero el mejor estímulo tributario sería el de la exoneración temporal del IR siempre y cuando se reinviertan las utilidades para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Esto obligaría a las empresas a presentar a la Dirección General de Ingresos (DGI) sus planes de inversión anual y la aplicación de sus utilidades del año anterior al financiamiento de esos planes de inversión y también obligaría a la DGI a supervisar el avance de la ejecución de dichas inversiones.

Finalmente, le aconsejo a los empresarios (i) que soliciten a los servidores públicos los procedimientos que usará para supervisar los precios de transferencia, o sea el precio que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona, y mediante ese precio se distribuyen utilidades entre ambas empresas -el precio de transferencia no siempre sigue las reglas de una economía de mercado, es decir, no siempre se regula mediante la oferta y la demanda-; (ii) que se desconglobe el IVA, el ISC y el IMI en los precios de los combustibles; (iii) que pidan al gobierno la homogeneidad en el istmo centroamericano de las tasas del ISC a los bienes de la industria fiscal (aguas gaseosas, cervezas, rones, licores, cigarrillo, tabaco y combustibles); (iv) revisar la política cambiaria si el gobierno propone eliminar los estímulos tributarios a los exportadores, debido a que margen de sobrevaluación del córdoba, según mis estimaciones, fue de 19% en 2011; y (v) no aceptar la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras electrónicas, que está de moda en las discusiones de política económica en la Eurozona con un 0.1% sobre las acciones y con un 0.01% sobre los derivados financieros, debido a nuestro estadio de crecimiento y bienestar (y malestar) económico.

Deseo el mejor de los éxitos a los participantes en esta concertación tributaria y ojalá que el consenso obtenido sea de provecho para nuestras aspiraciones de que Nicaragua deje ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción.

Tercera Carta al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Me dirijo de nuevo a usted por tercera vez con esta nueva carta abierta para reiterarle mi solicitud sobre la inclusión en el Orden del Día de la Asamblea Nacional de Nicaragua de las dos solicitudes de desaforación del diputado Sr. Eduardo Montealegre Rivas, por las graves injurias y calumnias que él escribió en dos ocasiones en contra de mi persona, las cuales están en poder de la Primera Secretaria de la Junta Directiva, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides.

Como es de su conocimiento, desde hace 47 meses el diputado Eduardo Montealegre Rivas gozó de la protección de sus aliados políticos para evitar su desafuero y, por otro lado, la Lic. Palacios Benavides ya cumplió con su obligación de incluir en la Agenda las solicitudes de desaforación emitidas por la Jueza María Ivette Pineda el 6 de octubre de 2008 y por el Juez Henry Morales Olivares el 15 de junio de 2011.

Le insto a someter a consideración de la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional la inclusión en el Orden del Día de las dos solicitudes de desaforación referidas anteriormente, con el propósito de que no se continúe limitando mi derecho de acceso a la justicia ni se me convierta en doble víctima de violación de derechos humanos.

Los delitos cometidos por el diputado Eduardo Montealegre Rivas son de carácter privado y vulneraron mi derecho humano a la honra y reputación, por lo cual ejerzo mi derecho de petición de conformidad con el Artículo 52 de la Constitución Política y pido que se proceda a la formación de la comisión especial que analizará las dos solicitudes de desaforación antes mencionadas.

Siempre en espera de su respuesta a mi solicitud, hago propicia esta ocasión para reiterarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

cc: Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Archivo.

Angela Merkel dio su brazo a torcer

Mariano Rajoy, presidente de España, logró la recapitalización directa de la banca española desde el fondo europeo de rescate -es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que estará en pie de igualdad con el resto de acreedores privados para evitar una estampida de propietarios de títulos de deuda-, sin cargarla a la deuda y al déficit presupuestario del Estado –aunque sólo temporalmente, mientras no entre en vigor el nuevo fondo de rescate-, y será pagada en los momentos de su vencimiento. Mario Monti, primer ministro de Italia, logró que el fondo europeo pueda comprar deuda pública en los mercados este verano y, así, rebajaría la prima de riesgo. François Hollande logró que 120 mil millones de euros financien proyectos para aliviar el desempleo de los jóvenes en la Eurozona y establecer, así, un plan de crecimiento económico junto al plan de austeridad que impedía reducir el desempleo y tiraba a la recesión a la economía de la Eurozona.

Junto a esos  tres acuerdos de corte individual, se lograron otros dos acuerdos colectivos. El Banco Central Europeo (BCE) supervisará y controlará a la mayoría de los bancos, gracias a la cesión de soberanía de los gobiernos, y los 27 líderes de la Unión Europea (UE), para impulsar el mercado único, crearon una patente europea y solucionaron vetos sobre su traducción y sede, lo cual se pretendía hacer desde hace 30 años.

Entre las incógnitas que dejó la Cumbre de la UE se destacan los términos financieros del rescate de la banca española a ser definidos el próximo 9 de julio en una reunión de ministros de Economía; las estrictas condicionalidades macroeconómicas (reducción del déficit fiscal y del endeudamiento público) y de reformas estructurales para España a cambio del rescate bancario –una reserva que Alemania quiere mantener y que fueron mencionadas por Mario Draghi, presidente del BCE, para que España tenga acceso al apoyo para sus bancos-, o las condicionalidades serán exclusivas para los bancos y para el sector financiero de España; la elección para cargos importantes como la presidencia del Eurogrupo, un puesto en el Consejo Ejecutivo del BCE y la gerencia del fondo de rescate; la unión bancaria no se ha concretado, pero en diciembre de este año el BCE se convertirá en el supervisor bancario único; la relación entre François Hollande (Francia) y Angela Merkel (Alemania) salió afectada porque el primero respaldó el veto italoespañol y la canciller de Alemania podría guardarse una revancha.

La apertura de la puerta de recapitalización de la banca española empujó la prima de riesgo ofrecida a inversionistas por los bonos españoles por debajo de los 500 puntos básicos en relación con los bonos alemanes, mientras que la prima de riesgo italiana cayó hasta 427.2 puntos básicos  con una rentabilidad de 5.904%.

Frau Nein dio su brazo a torcer al permitir, primero, la recapitalización de los bancos directamente desde el fondo de rescate, como lo reclamaba Mariano Rajoy y, segundo, la flexibilización de la compra de deuda con el instrumento europeo, como lo reclamaba Mariano Monti. Esas dos concesiones de la canciller Angela Merkel relajó la presión de los mercados sobre las deudas de España e Italia.

En septiembre u octubre de este año, los préstamos del FROB para recapitalizar a la banca española aumentarán la deuda y el déficit del sector público español hasta que el nuevo fondo de rescate tome el relevo, por lo cual se puede prever que España no tendrá mucha prisa en la recapitalización de los bancos.

La puesta en marcha de la compra de deuda por parte del fondo europeo implicará una vigilancia reforzada y el compromiso de Italia, y de España si la solicitara, de seguir por la senda pactada y, por lo tanto, no habría «troika» (los funcionarios, u hombres de negro, de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que impongan condiciones a la economía. Bastará con seguir las recomendaciones económicas que ya existen, sin condiciones nuevas. Se trataría, entonces, de condiciones políticas aún no establecidas, tales como el límite especulativo que haría saltar el mecanismo –por ejemplo, un record de la prima de riesgo o la rentabilidad de los bonos- o cuánto dinero invertirá el fondo de rescate en la compra de deuda.

François Hollande, sin previo aviso y sin que estuviese en la agenda, compareció de madrugada para consumar públicamente su divorcio político con la canciller alemana. Hollande dijo que «Los dos países (Italia y España) deseaban para dar su respaldo (al plan de crecimiento) que se decidieran también medidas de estabilidad, sin presión y sin chantaje […] Me habían informado previamente y los comprendo […] Necesitamos que España e Italia puedan tener tasas de interés más bajas que hoy, y que España recapitalice los bancos, porque ello alivia al conjunto de la zona euro». En resumen, no habrá ‘Merkollande’ como antes hubo ‘Merkozy’, en referencia al ex presidente de Francia Nicola Sarkozy.

La prensa internacional señaló a la canciller Angela Merkel como la perdedora de la cumbre. “No hay ninguna duda. A la canciller se le dio la espalda en la cumbre”, concluye el populista periódico alemán Bild. “España e Italia obtienen lo que querían”, añade. “Merkel se rinde. Dinero para los bancos enfermos”, titula el Süddeutsche Zeitung, de centro-izquierda.

Fue notable la lucha de intereses. Angela Merkel prometió nuevas batallas al asegurar que se trata tan solo de una «buena base para continuar trabajando». Si Merkel se oponía era sólo por un motivo: todas las concesiones implican usar más el fondo de rescate, del que Alemania es el principal acreedor, y además a cambio de menos condiciones de las que se exigían hasta ahora.

Está por verse si los acuerdos de Bruselas del jueves y viernes de la semana pasada son suficientes para calmar a los especuladores financieros en España e Italia. Es muy probable que no ocurra la calma por tantas incógnitas que dejó la cumbre, por lo cual es muy seguro que habrá otra cumbre para salvar de nuevo al euro. El resultado de esta cumbre se asemeja a una obra musical, que contiene las notas musicales pero le falta la letra.

Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, dijo que “No hay nada gratis. La condicionalidad es absolutamente clave cuando hablamos de apoyos”.Angela Merkel ha subrayado que «la ayuda no es gratis y no hay ninguna prestación sin contrapartidas. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió que para que el pacto alcanzado la pasada madrugada (del viernes) por los líderes de los 17 países de la eurozona “sea creíble se necesita estricta condicionalidad”. A finales del Siglo XV, un fraile franciscano y matemático italiano, Luca Pacioli, al dar inicio a la contabilidad moderna afirmó que “No hay almuerzo gratis, siempre existe un debe y un haber”.