Efectos del ajuste cambiario

29 11 2020

Han transcurrido 21 años y 3 meses desde que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso a las autoridades gubernamentales del país la sustitución del régimen de tipo de cambio reptante por un régimen de banda cambiaria, un esquema intermedio entre un régimen de tipo de cambio fijo y uno de flotación libre.  

El memorándum del FMI sobre políticas financieras y económicas de Nicaragua del 19 de agosto de 1999 señaló que «… el gobierno ha decidido reducir la tasa de deslizamiento cambiario con respecto al dólar e introducir una banda cambiaria. Esto ayudará a mantener la reducción de la inflación y facilitará el primer paso hacia un sistema más flexible de determinación de mercado del tipo de cambio». Sólo se redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 12% a 9% el 11 de julio de 1999 y a 6% el 1 de noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, el nuevo régimen cambiario no se estableció en el año 2000 debido a la presión de un fuerte déficit fiscal y a la excesiva dependencia de las reservas internacionales de la emisión de títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque se observaba una creciente intermediación del sistema financiero nacional y existía una libre convertibilidad de córdobas en dólares, pero el córdoba, sin el apellido de “con mantenimiento de valor”, sólo dominaba el 17% del mercado monetario. El dólar tenía una presencia de 64% en la liquidez global de la economía nicaragüense.

El BCN ya había realizado dos ajustes importantes en enero de 1996 para la adopción del régimen de banda cambiaria: la unificación de los mercados cambiarios oficial y financiero, con lo que se observó la plena libertad en las operaciones con divisas, y el funcionamiento de una mesa de cambios en el BCN, que ayudaría a la administración de la nueva política cambiaria.

En el segundo semestre de 2009 aún no se había logrado dos ajustes previos al establecimiento de la banda cambiaria: (i) disminuir el ritmo de crecimiento de la base monetaria, principalmente su componente de la emisión de dinero, con la reducción del déficit fiscal (del gobierno central) y del déficit cuasi-fiscal (de los entes autónomos), y entre éste las grandes pérdidas que acumulaba anualmente el BCN, y (ii) aumentar el ritmo de crecimiento de las reservas internacionales netas oficiales, que exigía eliminar la «fuente de vulnerabilidad» de la deuda de corto plazo emitida por el BCN. El punto de equilibrio entre ambos ajustes determinaría el «punto de partida» del tipo de cambio flotante entre la banda cambiaria.

El 1 de enero de 2004, la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio se redujo a 5% y así se mantuvo durante 15 años y 10 meses. El 1 de noviembre de 2019, el BCN redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 5% a 3% y anunció recientemente que volvería a reducirla de 3% a 2% a partir del 1 de diciembre de 2020.

Como ya lo había señalado en uno de mis artículos económicos del año pasado, el BCN se estaría preparando para eliminar el tipo de cambio reptante y establecer el tipo de cambio en una banda cambiaria. Creo que lo ha estado haciendo con las tímidas reducciones de la tasa de deslizamiento ya cercana al 0%, y si continuara con ese ritmo sólo le faltaría anunciar la reducción de 2% a 1%, ya que el 0% implicaría la presencia de un tipo de cambio fijo y el BCN se expondría a una reducción de las reservas internacionales, al tener que vender dólares a las entidades financieras autorizadas a un precio fijo. Por supuesto que el BCN nunca anunciaría una tasa de deslizamiento anual de 0%.

Según el BCN, la disminución de la tasa de deslizamiento se aprobó por la “política macroeconómica adecuada e indicadores macroeconómicos en recuperación después del impacto inicial de la pandemia mundial del COVID-19 durante el primero y segundo trimestres”, pero omitió el primer impacto de la crisis política interna de abril de 2018 y, ahora, se ha sumado el tercer impacto de los huracanes Eta e Iota que golpearon al norte de la Costa del Caribe y de varios departamentos de la región central del país y al departamento de Rivas.    

Los indicadores macroeconómicos en recuperación mencionados por el BCN son los siguientes:

(i)            el balance fiscal casi equilibrado, pero el gasto público ha permanecido congelado en los últimos tres años y el déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, ronda el 0% del PIB en el bienio 2019-2020, que en gran parte se explica con las sanciones financieras de la NICA Act y la disminución del gasto de inversión pública;

(ii)           el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos registrado en el bienio arriba mencionado no fue un resultado de una política del tipo de cambio real que disminuyera la  sobrevaluación del córdoba, pero, aparentemente, el BCN olvidó la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos persistente desde abril de 2018, que condujeron a severas reducciones en el consumo, la inversión fija, la producción de bienes y servicios y, consecuentemente, las importaciones, mientras aumentaba el flujo de las remesas;

(iii)          el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad de la tasa de devaluación anual de 3% y de una baja tasa de inflación, apenas de 0.86% acumulada en enero-octubre de este año, es producto de una política monetaria levemente expansiva en los primeros diez meses del año en curso, del ingreso de préstamos externos atados a proyectos y programas del sector público y de las compras de divisas del BCN a la banca comercial, que facilitó un saldo de las reservas internacionales brutas equivalente a casi 3 veces la base monetaria y a casi 8 meses de importaciones de bienes CIF; y

(iv)          la estabilidad del sistema financiero nacional, que se puede ejemplificar con la situación de las entidades bancarias al 31 de octubre del año en curso: una suficiente de liquidez equivalente a 26% del total de activos, una solidez fortalecida con una tasa de adecuación de capital de 20.5% (la norma legal es 10%) y una tasa de rentabilidad de capital de 15.1%, pero los depósitos aumentaron 9.6% y el saldo de la cartera de crédito neta se redujo 5.8% con respecto a los saldos registrados el 31 de octubre de 2019, mientras que la tasa de interés pasiva es 2.8% y la tasa de interés activa es 12.4%. 

La reducción de 1% del deslizamiento del tipo de cambio oficial tiende a provocar una disminución de 0.7% en la tasa de inflación anual prevista para 2021. Comparto la opinión del BCN de que la menor tasa de deslizamiento causará un reducción del costo del componente importado de la producción de bienes y servicios, pero no creo que ayudará a “recomponer el gasto agregado de toda la economía nacional” porque la demanda interna de bienes y servicios finales continúa deprimida por factores extraeconómicos.

La reducción de 1% de la tasa de deslizamiento del tipo de cambio oficial tampoco mejorará el poder adquisitivo de los salarios, porque entre marzo de 2018 y septiembre de 2020 el salario nominal promedio mensual del sector formal de la economía se incrementó apenas 2.72% y, en cambio, su poder adquisitivo o salario real se redujo 6.79%. Hubiese sido mejor que el BCN afirmara que el poder adquisitivo del salario reduciría su deterioro con la disminución de la tasa de deslizamiento del tipo de cambio.

Finalmente, el aumento de 1% a 2% de la comisión por venta de divisas del BCN a las instituciones financieras, autorizadas a partir del 26 de noviembre de 2020, expandirá levemente la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero, siempre que se continúe aplicando una política monetaria contractiva que evite una presión creciente en la demanda de divisas de los productores y consumidores. El nivel promedio de esta brecha saltó en la banca comercial de 0.92% el miércoles 25 de noviembre a 1.03% el viernes 27 de noviembre del año en curso.





Se agrega otra crisis a los nicaragüenses

22 11 2020

Los huracanes Eta e Iota, ambos clasificados como categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, impactaron el 3 y el 16 de noviembre en la misma ruta de las zonas históricamente empobrecidas del Caribe Norte de Nicaragua.

Es otra crisis devastadora de origen extraeconómico, o sea, el cambio climático, que se agrega al problema político de abril de 2018 y a la pandemia mundial del COVID-19 de marzo de 2020 y agrava la situación económica y social del país.

Un tercio de la población total de Nicaragua habita en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Rivas, es decir, aproximadamente 2,203,200 habitantes que estuvieron expuestos a fuertes vientos de 240-260 kilómetros por hora, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las actividades económicas que tuvieron más daños fueron la agricultura, la ganadería vacuna, la ganadería porcina, la avicultura, la silvicultura, el comercio y la propiedad de vivienda. Entre los principales rubros afectados por estos desastres naturales, se distinguen los siguientes: arroz, frijol, maíz, hortalizas, plátanos, leche, aves y huevos, ganadería vacuna y porcina, madera, café, tabaco habano y cacao. A lo anterior, se adiciona el valor de reposición de la infraestructura económica (red vial y puentes), de la infraestructura social (centros de salud y centros de educación primaria y secundaria) y viviendas (el 30% del total de viviendas del país estaban ubicadas en esas zonas, según el Censo Nacional de 2005).

Las regiones afectadas por ambos huracanes no tienen un alto índice de industrialización manufacturera, o sea, no tienen una gran capacidad instalada para procesar la producción agropecuaria o materias primas. También es bastante probable que no se hayan observado daños importantes en la captura y procesamiento de mariscos, en la extracción de minerales metálicos (oro y plata) y en la generación de servicios financieros.

Groso modo, sobre la base de los escasos datos oficiales relacionados con la geografía económica de Nicaragua, se podría afirmar en términos muy preliminares que el 20% de la producción de bienes y servicios del país, que es aproximadamente el aporte de la RAAN y los cinco departamentos en la formación del producto interno bruto (PIB) del país, también estuvo expuesto a los severos impactos de Eta e Iota, pero no todo fue destruido o alterado por los dos huracanes.

Tomando en cuenta el pronóstico del PIB elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) de US$11,480 millones para 2020, antes de la ocurrencia de los dos huracanes, se podía esperar que el área hoy afectada aportaría US$2,300 millones en la formación del PIB de este año.

Con el supuesto de que los daños presentes y futuros en la RAAN y los cinco departamentos equivalen al 35% de su contribución anual a la producción de bienes y servicios, podríamos concluir en términos muy preliminares de que la suma del valor de los daños provocados por Eta e Iota se aproxima a US$800 millones, que se registrarán en 2020 y 2021 dada la periodicidad del ciclo agrícola.

Tenemos que evitar el pesimismo. La economía de Nicaragua se recuperará del conflicto político con las elecciones nacionales del 7 de noviembre de 2021, de la pandemia del COVID-19 con la aplicación de la vacuna a toda la población, y del desastre provocado por Eta e Iota, ¿con qué?, si tomamos en cuenta que la cooperación internacional, préstamos y donaciones facilitados por instituciones financieras internacionales y gobiernos de otros países, es necesaria, pero se requiere  unir y encauzar el gran esfuerzo nacional, de potenciar nuestras coincidencias, con los propósitos de detener y revertir el continuo deterioro económico y social que persiste desde 2018 y que nos ha llevado a una depresión económica, al observarse una caída acumulada de 13% en la producción de bienes y servicios en los últimos tres años. Un ejemplo de lo anterior: en 2020, el ingreso per cápita promedio anual de US$1,760 ha retrocedido 8 años.

En el menor plazo posible, debemos recuperar los niveles productivos observados en 2017, que fue el último año de los máximos históricos de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, en una forma inclusiva, sin exclusión alguna, y al obtener de nuevo esa base sólida debemos emprender un crecimiento económico más dinámico y suficiente, con el debido cuido del medio ambiente, en una forma sostenible.

Los académicos y analistas debemos advertir a los políticos de todos los partidos que tomen más en serio los riesgos que conlleva el desplome de la producción, del empleo y del bienestar de la población. No basta el cumplimiento de la estabilidad del tipo de cambio -gracias a la política monetaria contractiva- y la estabilidad de los precios al consumidor -provocada por una demanda interna de bienes y servicios deprimida: menos consumo e inversión-, porque ya están profundizándose los daños estructurales de la economía, principalmente en el mercado laboral con la destrucción de puestos de trabajo formal.

Debemos alertar de estos riesgos para la salud, la vitalidad económica y la estabilidad social, incluso en un año electoral como es el de 2021, para proteger el bienestar de los nicaragüenses.  

Si fuese así, no todo será pérdida y tristeza.





¿Política fiscal contractiva en tiempos de crisis?

15 11 2020

La propuesta del presupuesto gubernamental correspondiente al año de 2021, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) tomando en cuenta los datos de variables macroeconómicas proyectadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), muestra que la política fiscal es contractiva, porque el gasto total de C$81,528.8 millones preanunciado para 2021, equivalente a 18.7% del producto interno bruto (PIB) esperado, refleja una tasa de caída nominal de 1.4% con respecto al gasto total estimado (o actualizado) de 2020, que suma C$82,675.9 millones e igual a 20.1% del PIB de este año.

No se mantiene, sino que disminuye la proporción del PIB destinada al gasto gubernamental. Tomando en cuenta la proyección oficial para 2021 de la tasa de inflación de los precios al productor de 5.3% se puede también concluir que, eliminando la inflación, el gasto real o volumen del gasto del Presupuesto General de la República (PGR) de 2021 tiende a reducirse 6.4% en relación con el gasto real del PGR de 2020, a pesar de que se adiciona el gasto electoral de C$773.4 millones e igual a 0.95% del gasto total presupuestario.

En conclusión, la política del gasto público en 2021, como señala el MHCP, ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio, que tiene una tasa de deslizamiento anual de 3%, y del índice de precios al consumidor, que indica una tasa de inflación de 4% anual estimada por el BCN, pero no facilita la recuperación del crecimiento económico por la vía del aumento de la inversión pública. Con respecto a 2020, la inversión pública en precios corrientes (o en millones de córdobas) tiende a caer 8.4%, mientras que en precios constantes (eliminando la inflación o en millones de córdobas de 2006) muestra una contracción de 13.0%.

La contracción del volumen de inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector gubernamental se debe, en gran parte, a la aplicación de la NICA Act, que impide la contratación de nuevos préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF/IDA), excepto en concepto de ayuda humanitaria, y obstruye, en tiempos de crisis, la creación de puestos de trabajo, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza. Cabe destacar que el máximo histórico más reciente de los préstamos concesionales del BID y BM/IDA al sector público de Nicaragua se observó en 2017, con un monto de US$331 millones, facilitado principalmente por el BID, que representó el 66% del total de préstamos multilaterales desembolsados en ese año.

Con el ánimo de comprobar que la política fiscal de 2021 es contractiva, cabe mencionar que el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República de Nicaragua 2021 señala que “las proyecciones del gasto público están enfocadas en continuar con las medidas de austeridad y eficiencia” y que “la proyección del gasto para el 2021 continúa siendo prudente”.

Ambas afirmaciones ayudan a demostrar que los funcionarios gubernamentales continúan insistiendo en la austeridad en tiempos de crisis, en parte por la insuficiencia de recursos externos. Debemos recordar que John Maynard Keynes nos enseñó que la política fiscal debe endurecerse durante los buenos tiempos para que pueda ser expansiva durante los malos. Sin embargo, en Nicaragua, la política fiscal se endureció en los malos tiempos, con un aumento de la presión tributaria cuando la economía transitaba durante el tercer trimestre de recesión económica provocada por la crisis política interna, y con una reducción del gasto público tras casi un año del impacto del COVID-19 que se ha vuelto a propagar recientemente en el hemisferio norte.

En la actual situación económica mundial, que muestra una acelerada caída de las tasas de interés, cercanas a cero o por debajo de cero, en Nicaragua las herramientas de la política fiscal y la política monetaria están trabajando juntas para que la tasa de inflación baje o caiga, ya impulsada hacia la baja por las severas reducciones del consumo, la inversión, la producción y las importaciones provocadas por los shocks de oferta y demanda del COVID-19 y de la crisis política interna. El diagnóstico económico está claro y los remedios son conocidos, pero creo que existe el temor de que se apliquen prudentemente.

Con datos oficiales de este año, recientemente publicados por entidades gubernamentales, se puede observar una tasa de inflación baja, 0.86% acumulada anual y 2.69% interanual en octubre con cuatro deflaciones mensuales intermitentes en este año, y, por otro lado, una tasa de interés activa ponderada de “mercado” alta, 10.64% dolarizada o 13.64% en moneda local a septiembre, a pesar de que el BCN redujo la tasa de interés monetaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada en octubre, al quitar la cláusula de mantenimiento de valor al crédito que facilitó a la banca comercial para impulsar el crecimiento económico, lo cual no se ha logrado.

Con esos datos, reitero que el BCN no influye en la tasa de interés de “mercado”, que no existe un coeficiente de correlación cercano a 1 entre la tasa de interés monetaria establecida por el BCN y las tasas de interés de “mercado”, y que la política monetaria no está contribuyendo al crecimiento económico, porque sus instrumentos están dirigidos a la protección de la posición de las reservas internacionales y, consecuentemente, a la estabilidad de la tasa de inflación y de la tasa de devaluación.

Desde la década de los años noventa del siglo pasado, el pensamiento macroeconómico no ha cambiado radicalmente en el país por la amarga experiencia de la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX registrada entre abril de 1987 y abril de 1991, por la ortodoxia fiscal aplicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde junio de 1994, por las sanciones financieras impuestas a Nicaragua con la NICA Act desde diciembre de 2018, y por la severa recesión de la economía mundial  causada por el COVID-19 desde el primer trimestre de 2020.    

Por consiguiente, aún persiste el deseo de la austeridad en la política macroeconómica del país y no se visualiza el activismo fiscal. El BCN, que no tiene autonomía, aún manteniendo estable al córdoba, no puede garantizar un menor costo del crédito de la banca comercial para que la economía salga de la recesión, a pesar de que redujo la tasa de interés monetaria. Por eso ha escogido la alternativa de la depresión económica con la baja inflación o la deflación de precios y salarios, dada la insuficiencia de recursos fiscales.

En otras palabras, creo que los instrumentos de la política monetaria están agotados, pero existe la posibilidad de que en un escenario de recesión económica mundial, con ultra bajas tasas de interés monetarias y del mercado financiero internacional, el MHCP podría colocar en el BCN Bonos de la República de Nicaragua a una baja tasa de rendimiento establecida por la autoridad monetaria, con el fin de facilitar el financiamiento destinado  exclusivamente a la inversión pública para atender en mejor forma la infraestructura sanitaria nacional y la salud de la población, dado el repunte del COVID-19, y para emprender la recuperación económica del país. ¿En cuánto tiempo? Mientras las tasas de interés del mercado internacional se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento económico que logren alcanzar los países de economía avanzada, es decir, mientras se mantenga barato el costo del servicio de la deuda pública.

Cuando las tasas de interés del mercado internacional comiencen a subir debido a que las tasas de inflación de las economías avanzadas comienzan a acelerarse, en ese momento se cerraría la ventanilla del BCN para los títulos valores emitidos por el MHCP. O más simple: hasta que la tasa de crecimiento del PIB Nominal de Nicaragua sea menor que la tasa de interés monetaria del BCN.





¿Cómo salir del hoyo económico en que nos encontramos?

8 11 2020

A la vista, sólo podríamos salir de la mano de la política fiscal, por la vía de la inversión pública, acompañada en el corto y mediano plazo, y quizá en el largo plazo, de un mercado mundial con bajas tasas de interés, que reducirían el peso de la carga del pago de la deuda pública, y con bajas tasas de inflación, dada la presencia de una demanda mundial deprimida. Pero esto supone dos grandes tareas previas en Nicaragua: la solución de la crisis política que arrastramos desde el 18 de abril de 2018 y que prevemos alcanzar el 7 de noviembre de 2021, día de las elecciones nacionales, y el control de la propagación del COVID-19, presente en el país desde el 18 de marzo de 2020, que garantice un desempeño productivo continuo y creciente.

La ortodoxia fiscal impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la década de los años 70 del siglo pasado fue relegada por el impacto del COVID-19 y ha sido sustituida por el activismo fiscal. El tema de la deuda pública ha dejado de ser un tabú en el actual escenario económico mundial recesivo, incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero la gestión de esa deuda no debería divorciarse de las preocupaciones políticas.

Es necesario aumentar el empleo y los ingresos mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social, que incentiven la inversión privada. Sin embargo, como ya es conocido desde el 27 de noviembre de 2018, Nicaragua fue sancionada por la NICA Act que le impide tener acceso a recursos externos concesionales provenientes del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entonces, ¿cómo financiar los proyectos de inversión pública que contribuyan a restablecer los máximos históricos de la producción de bienes y servicios y los mínimos históricos de la pobreza de los nicaragüenses y, después, acelerar el crecimiento económico del país?

La política monetaria ya está agotada y no puede responder efectivamente a la pregunta anterior. Al Banco Central de Nicaragua (BCN) le quedan pocas municiones -por ejemplo, bajó la tasa de interés monetaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada, pero la tasa de interés activa de corto plazo implícita del sistema bancario o del mercado local es igual a 12.60% dolarizada- y pocas armas o instrumentos -por ejemplo, las operaciones de mercado abierto o la colocación de Letras sólo tienen el plazo de 1 día-, pero el BCN podría jugar un papel secundario como facilitador del financiamiento interno de la inversión pública durante el período en que la economía mundial y, por ende, la local, muestre una baja inflación, incluso tasas mensuales de deflación intermitentes, y, consecuentemente, ultra bajas tasas de interés. Ese rol facilitador se podría asegurar con la colocación de Bonos de la República en el BCN, en córdobas sin mantenimiento de valor y con una tasa inferior a la tasa monetaria del BCN que, reitero, es 5.25% en moneda local.

Con esa acción monetaria facilitadora, el BCN no debería perder el control monetario cuando se supere la recesión económica mundial, que, en el caso de Nicaragua se estaría transformando técnicamente en una depresión económica al finalizar el año de 2020. No hay que olvidar que transitamos con dos crisis, una interna y otra externa, que tienen orígenes extraeconómicos.

Las autoridades gubernamentales, al disponer de un monto de financiamiento del BCN con la colocación de Bonos de la República con un bajo costo -con tasas de rendimiento cercanas a 0%, la inversión financiera es casi igual a la emisión de dinero-, obligará al BCN, primero, a supervisar el destino del financiamiento, o sea, el gasto de inversión pública, con el que aún no podría garantizar el alcance  del pleno empleo por el tamaño de la informalidad del mercado laboral del país, y segundo, determinar el momento del cierre de la ventanilla de compras de títulos valores gubernamentales para evitar la aceleración de la tasa de inflación, que, en el caso de ocurrir, aumentaría el desempleo y el subempleo y reduciría el poder adquisitivo del salario real. Por consiguiente, se tendría que fortalecer la autonomía del BCN.

La pregunta crucial para el BCN sería la siguiente: ¿Cuál es la tasa de inflación con la cual se dejaría de comprar títulos valores al Gobierno Central? Habría que impedir la presencia de un proceso inflacionario que impactaría la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, porque afectaría a la inversión extranjera directa y al financiamiento externo para las empresas privadas.

La emisión de dinero seguiría siendo una responsabilidad del BCN, por lo cual podría reducir o detener sus compras de títulos valores gubernamentales. No se aconsejaría al Gobierno Central que presione al BCN para que le compre más bonos, porque se podría acelerar la tasa de inflación y no se podría evitar el alza de la tasa de interés. El BCN mantendría el poder de evitar este proceso en cualquier momento.

El déficit fiscal anual de Nicaragua ha oscilado alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB) desde 2019. Por lo menos, existe un espacio fiscal de 2% del PIB para financiar el gasto de inversión pública con Bonos de la República, que sean colocados en el BCN, pero no transados en los puestos de bolsa, mientras existan las ultra bajas tasas de interés en el mercado internacional y la reducida tasa de rendimiento de los bonos gubernamentales en el mercado local.

El activismo fiscal no significa despilfarrar los recursos, sino impulsar la reconstrucción de la economía, las perspectivas de crecimiento económico y la creación de empleos mediante la expansión de la infraestructura. En estos momentos de crisis, la política fiscal no debería ser endurecida ni demasiado contractiva, es decir, no debe reducir el gasto ni aumentar los impuestos, porque perjudicaría el alcance de los máximos históricos de los principales rubros de producción del país, que corresponde a los registrados en 2017.





A junio de 2020, las dos crisis se han tragado casi el 20% de la producción del país

1 11 2020

Todas las cifras presentadas a continuación tienen una fuente oficial.

El producto interno bruto (PIB) real de Nicaragua en el primer trimestre de 2020 creció 1.7% interanual, o sea, la tasa de crecimiento con respecto al PIB real del primer trimestre de 2019, pero no significó la salida de la recesión económica en que el país ha estado desde el segundo trimestre de 2018.

El país siguió estando en recesión por el impacto del COVID-19, que provocó una caída interanual de 7.9% del PIB real en el segundo trimestre de 2020, al haber convergido con los efectos económicos causados por la crisis política interna imperante desde abril de 2018.  

El alza y la caída del PIB real en los dos primeros trimestres del año de 2020 no son muy relevantes dadas las dos crisis extraeconómicas que tenemos, porque, aunque facilita una comparación entre períodos, se basa en el supuesto de que la caída del segundo trimestre continuará durante todo un año. Esto no será cierto en el tercer trimestre y tampoco en el cuarto trimestre. Con las tasas de variación interanuales, el gobierno informa cuánto crecería o disminuiría el PIB real si esa tasa de variación se mantuviera durante un año completo.

Para evaluar realmente la recuperación económica, es aconsejable centrarse menos en las variaciones porcentuales de un trimestre a otro y, en cambio, observar cómo se compara la economía en el segundo trimestre de 2020 con el primer trimestre de 2018, antes de que irrumpiera la crisis política, cuando la economía del país estaba funcionando normalmente. Así, la tasa de caída del PIB real del segundo trimestre de 2020 con respecto al PIB real del primer trimestre de 2018 es 19.1%. Las dos crisis se han tragado casi el 20% de la producción del país. La economía está en un hoyo.

Los efectos de una base mayor o de un alto nivel, que determina la caída o el alza del PIB real trimestral pueden confundir la lectura de los datos o inducir a errores, por lo que se necesita una interpretación cuidadosa.

Un ejemplo del mismo fenómeno “aritmético”: si usted tiene C$1,000 (un mil córdobas) y pierde la mitad, tendrá C$500. Luego, usted aumenta su dinero en 50% y eleva su disponibilidad a C$750, pero no ha obtenido los C$1,000 que tenía antes de la pérdida.

Veamos otro ejemplo. El PIB real en Nicaragua se redujo a un ritmo anualizado de 5.4% en el segundo trimestre de 2018, lo que parecía sugerir que la crisis política interna se había tragado el 5.4% de la producción de bienes y servicios de Nicaragua. Sin embargo, la producción del segundo trimestre de 2018 fue 3.5% inferior a la del primer trimestre del mismo año, una tasa de caída que siempre es asombrosa pero menos espectacular.   

Regresemos al segundo trimestre de 2020. La producción, cuando se omite la convención de usar números anualizados, cayó 12.7% con respecto a la del primer trimestre de 2020, pero la caída interanual (con respecto a la producción del segundo trimestre de 2019), ya mencionada en el segundo párrafo, fue apenas 7.9%.

La aritmética simple aumentó la confusión, las cifras anualizadas son más engañosas. El hecho de que Nicaragua experimente próximamente trimestres de rápido crecimiento en la producción no significa que la economía se esté fortaleciendo, porque esas tasas de crecimiento serían un eco de la contracción del PIB real trimestral observada desde el segundo trimestre de 2018. Por esa razón, no debemos analizar el comportamiento del PIB real en forma aislada.

El PIB es una variable de “flujo”, porque estima cuánto se produce o se gasta o se gana en un período de tiempo determinado. En Nicaragua, desde 2018 varias actividades económicas han interrumpido la producción, principalmente la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, los servicios financieros, el transporte y los servicios comunales y personales, pero la pregunta de fondo es si esa paralización productiva afectará la capacidad de las empresas a largo plazo, lo que los economistas llamamos “histéresis”. Esto ya implicaría un problema estructural de la economía del país, es decir, un problema más grave.

Por ejemplo, la histéresis del desempleo -o períodos prolongados de alto desempleo que elevan la tasa natural estimada con el ajuste demográfico- podría deberse a que los desempleados se acostumbran a no trabajar o a realizar trabajos esporádicos, se desanimen y se esfuercen menos en encontrar trabajo, y se erosiona las habilidades de los trabajadores desempleados.

Las pérdidas de ingresos para las empresas y los hogares podrían significar mora en el pago de los préstamos y cierres definitivos de empresas, la ruptura de los lazos laborales que imposibilitaría restablecer el nivel de empleo formal, la caída de la inversión que desaceleraría el crecimiento económico a largo plazo e impactaría el crecimiento de la productividad.   

El nivel del PIB real del país está por debajo del nivel que tenía en el primer trimestre de 2018. La demanda interna, consumo e inversión, sigue deprimida por las dos crisis. La tasa de subutilización de la fuerza laboral continúa creciendo, los salarios permanecen prácticamente congelados desde 2018 y la tasa de inflación acumulada durante el período enero 2018-junio 2020 es igual a 11.6%.   

La recuperación sólida y estable de la economía del país dependerá del control de la pandemia mundial y de la solución del problema político nacional, y para alcanzar esa recuperación económica nos ayudará no continuar hundiéndonos en la confrontación y el resentimiento, mirando hacia atrás los resultados económicos y sociales obtenidos hasta el año de 2017.

Tenemos muchos daños que reparar para que el país se normalice, para alcanzar lo que habíamos logrado, acelerar el crecimiento económico y social y reducir la vulnerabilidad de la población ante el impacto del cambio climático y otros desafíos imprevistos, incluyendo nuevos virus. Tenemos una invitación al trabajo.