La escasez de córdobas asegura la estabilidad macroeconómica

26 05 2019

El banco central publicó su informe monetario al 30 de abril de 2019, pero no puso a disposición del público el anexo estadístico correspondiente a las principales variables monetarias y cambiarias de los primeros cuatro meses de este año, y dejó a entrever que la publicación de dicho informe mantendrá el rezago de un mes.

Según el informe, en abril la estacionalidad de una mayor demanda de dinero durante la Semana Santa y el depósito realizado por el gobierno central en el banco central de C$776.2 millones proveniente de la recaudación de impuestos incidieron en una mayor demanda de córdobas de parte del público no bancario -la base monetaria se expandió en C$3,102.9 millones-, lo cual se pudo satisfacer con la compra de US$49.0 millones de dólares que hizo el banco central a los bancos comerciales en la mesa de cambios.

En otras palabras, los bancos comerciales han comenzado a vender dólares al banco central y, muy probablemente, continuarán vendiendo dólares al banco central porque tienen más dólares que córdobas debido a:

  • el creciente flujo de las remesas de US$518.3 millones reportado en enero-abril,
  • las exportaciones de bienes FOB originadas, en gran parte, en el ciclo agrícola 2018-2019 que está concluyendo, y que en enero-febrero de este año totaliza US$433.9 millones, aunque menor en US$18.9 millones al valor exportado de US$451.9 millones registrado en el mismo período del año pasado,
  • la caída de US$225.0 millones observada en las importaciones de bienes CIF al  registrar el valor de US$756.3 millones en el primer bimestre del año, mientras que en el mismo lapso del año pasado sumaron US$981.3 millones, y
  • por la escasez de córdobas en el mercado, al haberse elevado en este año la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas, o sea, la proporción de los depósitos en córdobas que los grupos bancarios depositan en el banco central, de 20.8% el 31 de enero a 30.5% el 30 de abril -la tasa de encaje legal es 15% semanal y 10% diaria-, pero desde el 13 de febrero el banco central no logra colocar Letras con plazos de 7, 14 y 30 días en las subastas semanales, mucho menos con plazos de 3, 6, 9 y 12 meses dada la desconfianza entre los inversionistas financieros.

En conclusión, la base monetaria, que es igual a la suma del saldo de la emisión de dinero y del saldo de encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas que los grupos bancarios depositan en el banco central, alcanzó el nivel de C$30,334.9 millones a finales de abril, pero reflejó una caída interanual, o sea, con respecto a abril de 2018, del orden de 3.3%.

Por consiguiente, en abril se observó la contracción interanual de 16.1% de la oferta de dinero (en córdobas), es decir, de los córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional (que se denomina numerario), y de los córdobas que se encuentran en los depósitos a la vista o en cuenta corriente de las entidades bancarias. Esta es la clave actual de la estabilidad macroeconómica: el banco central reduce la liquidez en córdobas para disminuir la demanda de dólares.

Al reducirse la demanda de dólares, se protege el saldo de las reservas internacionales. Al 30 de abril, el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central era igual a US$2,174.4 millones, equivalentes a 2.35 veces la base monetaria, por debajo del mínimo de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica que es 2.5 veces, pero mantiene la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, este último acelerado en 3 puntos porcentuales por la reforma tributaria en vigor desde el 28 de febrero recién pasado.

Las reservas internacionales brutas han caído US$86.7 millones entre el 31 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2019. Aunque en abril el banco central compró US$49.0 millones a los bancos comerciales, en el período enero-abril del año en curso el banco central vendió, en términos netos, US$42.3  a los bancos comerciales para que estos enfrentaran la caída de los depósitos en moneda extranjera de US$235.3 millones acumulada en el primer cuatrimestre de este año. La asistencia de la autoridad monetaria fue equivalente al 18.0% de la caída o de la fuga de los depósitos en dólares. Aparentemente, se está terminando el ciclo de la venta de dólares del banco central.

Por lo tanto, el 48.8% de la caída de las reservas internacionales brutas en el primer cuatrimestre del año se debe sólo a la venta neta de dólares del banco central a las instituciones bancarias, mientras que el 51.2% restante, o sea, US$44.4 millones, podría ser explicado exclusivamente por el pago del servicio de la deuda pública, la redención de depósitos monetarios en moneda extranjera y por alguna redención de los títulos valores emitidos por el banco central y pagaderos en dólares, todo esto contrarrestado por los ingresos de donaciones y préstamos externos destinados al sector público y por el aumento del encaje sobre los depósitos en moneda extranjera, cuya tasa efectiva saltó, en este año, desde 18.9% el 31 de enero a 20.8% el 30 de abril -la tasa de encaje legal es 15% semanal y 10% diaria-.

A manera de información, la fuga o la caída de los depósitos en moneda extranjera es del orden de US$1,395.5 millones entre el 12 de abril de 2018, fecha en que se observó el máximo de US$4,115 millones, y el 30 de abril de 2019, cuando se registró en saldo de US$2,719.5. Esa fuga o caída es equivalente a US$5.5 millones por día efectivo excluyendo fines de semana y feriados, y también es igual a 42.8 días de producción de bienes y servicios de este año, sin incluir el día del paro nacional realizado el jueves 23 de mayo recién pasado.

En conclusión, la estabilidad macroeconómica continúa siendo frágil por las amenazas de las sanciones financieras internacionales, la poca efectividad del funcionamiento de la mesa del Diálogo Nacional, y la incertidumbre y el deterioro de la confianza entre los agentes económicos. Los riesgos se concentrarían en la suspensión de los préstamos multilaterales que financian la inversión pública, con un impacto severo en la actividad de la construcción y su efecto multiplicador ya no positivo sino negativo , el empleo, el ingreso nacional y el consumo de bienes y servicios finales por parte de las familias.

Entonces, ¿qué se podría hacer ante la caída de las reservas internacionales provocada por menores ingresos proveniente de la cooperación internacional? Creo que muy poco. Recordemos que la mitad de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central pertenece a los depositantes de moneda extranjera en el sistema financiero, a los inversionistas financieros y a dos organismos multilaterales que han concedido préstamos de apoyo a la balanza de pagos del país, o sea, para fortalecer la posición de las reservas internacionales en el banco central. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Centroamericano de Integración Económica. Urge la solución de los problemas políticos, para lo cual se requiere de una gran flexibilidad y madurez política.





El impacto de la disolución voluntaria anticipada del BANCORP en la economía de Nicaragua

24 05 2019

El Banco Corporativo (BANCORP) se encuentra en un proceso de cierre debido a la sanción que recibió de la Global Magnistky Act aplicada por el gobierno de Estados Unidos el 17 de abril de este año. Ese proceso está enmarcado, de acuerdo con la ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en una disolución voluntaria anticipada solicitada por el BANCORP, el cual es distinto de una quiebra bancaria. En otras palabras, el BANCORP nunca mostró un síntoma de quiebra, porque nunca cayó a un estado de iliquidez al no observarse un retiro masivo de los depósitos del público no bancario.

Para la disolución voluntaria anticipada, el BANCORP requiere la autorización del Superintendente de Bancos, quien nombrará a un liquidador que también podría ser un candidato propuesto por la Junta General de Accionistas del BANCORP.

La ley de la SIBOIF establece el cumplimiento de dos condiciones para que el Superintendente autorice la disolución voluntaria anticipada:

  1. Devolver el total de los depósitos del público, en moneda extranjera y en moneda nacional, lo cual implica la devolución forzada del saldo de encaje efectivo del BANCORP en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
  2. Constituir el 100% de reservas para (i) el pago de los sueldos y salarios, las prestaciones laborales, antigüedad e indemnizaciones por despido, (ii) deudas del BANCORP con la Superintendencia, con el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) y con el BCN.

Cumplidas esas dos condiciones el liquidador, nombrado por el Superintendente de Bancos, ejecutará la liquidación forzada del BANCORP.

Las tareas más importantes del liquidador son:

  • la venta de la cartera de préstamos en subasta pública o en forma directa que puede ser adquirida, en este caso, por fondos “buitre”, tomando en cuenta la gestión de riesgo y las regulaciones sobre valoración;
  • la redención y la venta en el mercado secundario de valores de los bonos emitidos por el BCN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que están en manos del BANCORP; y
  • la venta de bienes inmuebles y bienes muebles, que puede efectuarse mediante subasta pública o en venta directa, ya sea individual o en forma agrupada en lotes de la misma naturaleza, con un precio base presentado en sobre cerrado para proteger los intereses económicos de los socios del BANCORP.

El liquidador, de acuerdo con la ley de la SIBOIF, tiene un plazo de seis meses, prorrogable otros seis meses, para culminar el proceso de cierre del BANCORP. Es decir, un lapso máximo de un año.

¿Cómo se reflejaban las razones financieras de interés para socios del BANCORP al 31 de marzo de 2019?

Con base en datos publicados por la SIBOIF a la fecha antes mencionada, se puede concluir que el BANCORP era el más competitivo del sistema bancario nacional porque:

i. El BANCORP poseía la mayor liquidez entre las entidades bancarias. Su liquidez total con respecto a su total de activos era igual a 72.4%, casi tres veces la razón de la liquidez de los siete bancos comerciales que integran el sistema bancario nacional, la cual fue igual a 25.4% del total de los activos de dicho sistema.

Además, por tipo de moneda, la liquidez del BANCORP en moneda nacional era equivalente a 127.3% del saldo de sus depósitos en dicha moneda, mientras que su liquidez en moneda extranjera correspondía al 61.7% de sus depósitos en esa moneda.

ii. El BANCORP tenía también la más alta productividad en la generación de servicios bancarios entre todos los bancos. En número de veces el monto de sus gastos administrativos, y en orden de importancia, sus utilidades financieras eran iguales a 2.4, su cartera de préstamos era del orden de 52.6, y el monto de sus ingresos no financieros equivalía apenas a 0.1.

Adicionalmente, el BANCORP tenía la más alta razón de captación de depósitos, al representar el saldo total de los depósitos en ambas monedas el nivel de 12.0 veces el monto total de su patrimonio. Cabe mencionar que el banco registraba un total de 3,320 cuentas de depósitos en las dos monedas, del cual 2,813 eran córdobas y 507 en dólares.

iii. El BANCORP era también el más rentable del sistema bancario nacional. Su rentabilidad de capital era 7.4%, la más alta, y su rentabilidad sobre activos de 0.3% era la tercera más importante entre los siete bancos.

Lo anterior era posible porque el spread entre las tasas de interés activa y pasiva equivalía a 48.7% de la diferencia entre la unidad y la razón de la liquidez con respecto a los depósitos. Sin embargo, su rendimiento de cartera era el más bajo, porque los ingresos financieros eran iguales a 2.7% del monto de la cartera de préstamos.

¿Cómo se reflejaban las razones financieras del BANCORP de interés para el público no bancario al 31 de marzo de 2019?

Siempre con base en datos publicados por la SIBOIF a la fecha antes mencionada, se puede concluir que el BANCORP era el menos preferido para el público no bancario, porque:

i. El BANCORP ocupaba el quinto lugar de la solidez bancaria con la cartera corriente más alta y la menor cartera en riesgo, y su adecuación de capital de 16.3%, aunque superior a la norma de legal de 10%, ocupaba el cuarto lugar entre las entidades bancarias.

Sin embargo, el BANCORP no contaba con un colchón para riesgos, porque, sorprendentemente, no mostraba créditos vencidos y, por otro lado, tenía la más baja cobertura contra riesgos cambiarios al reflejar, en moneda nacional, una liquidez mayor que el saldo de los depósitos en cuenta corriente y cuya diferencia representaba el 14.6% de su activo total.

iii. El BANCORP era el menos accesible para el público no bancario. Sólo había otorgado 250 préstamos, de los cuales 45 correspondían a la moneda nacional y 205 a la moneda extranjera, y el 93.5% del total de préstamos tenía la calificación A. El monto de sus ingresos no financieros mostraba el nivel de 0.1% de la cartera de préstamos, su saldo de préstamos alcanzaba el 29.6% del saldo de sus depósitos y la tasa de interés, implícita para ambas monedas, pagada a sus depositantes era 0.9%, la más baja del mercado.

A manera de aclaración, el BANCORP registró en Cuentas de Orden, ajenas a sus estados financieros, la administración de 6 Fondos de Fideicomiso de CARUNA que totalizaban US$2,524.1 millones al 31 de diciembre de 2018. Cabe aclarar que un fondo de fideicomiso es un instrumento financiero que facilitó al BANCORP la administración de activos financieros en beneficio de CARUNA.

El BANCORP devolvió los 6 fondos de fideicomiso a CARUNA. El 99% total de esos fondos eran cuentas por cobrar, o sea, papeles, cuyo cobro era gestionado por el BANCORP.

Presentación1

¿Cuál es el impacto de la liquidación voluntaria anticipada del BANCORP en la economía nacional?

La disolución voluntaria anticipada del BANCORP exige, en primera instancia, cumplir la condición de la devolución de los depósitos del público no bancario de US$202 millones y C$2,442 millones, de acuerdo con datos de la SIBOF al 31 de marzo de este año.

Teniendo en cuenta que la caja en ambas monedas del BANCORP es US$0.5 millones y C$60 millones, la devolución de los depósitos tendría que fundamentarse en:

1  Solicitar al Banco Central de Nicaragua (BCN) la devolución en moneda extranjera equivalente a US$118 millones y la compra de US$83.5 millones:

  • Devolución del encaje efectivo: US$73 millones
  • Redención anticipada de inversión en títulos valores: US$45 millones
  • Compra de divisas de US$84 millones correspondiente al monto de los depósitos que financiaron la cartera de préstamos en moneda extranjera.

Sobre la base de los últimos datos disponibles y publicados por el BCN al 31 de diciembre de 2018, las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN disminuiría de US$2,261.1 millones a US$2,059.1 millones.

2  Solicitar al BCN la devolución en moneda nacional de C$3,046 millones:

  • Devolución del encaje efectivo: CS$745 millones
  • Redención anticipada de inversión en títulos valores: C$2,301 millones

La base monetaria (M0) se incrementaría en C$3,046 millones, que también contribuiría a garantizar la constitución del 100% de reservas para la liquidación de las obligaciones relacionadas con el despido del personal del banco, y para el pago de las deudas del banco,  en el caso que hubiese, con el BCN, la SIBOIF y el FOGADE.

El impacto del el cierre del BANCORP sobre la condicionalidad de la estabilización macroeconómica de Nicaragua, la cual dice que la razón monetaria RIB / M0 debe ser igual, al menos, a 2.5, es decir, que el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN sea igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, sería el siguiente:

Antes del cierre del BANCORP, con datos disponibles al 31 de diciembre de 2018:

RIB / M0 = US$2,261.1 / (C$30,132.7 / 32.3305) = 2.43

Después del cierre del BANCORP:

RIB / M0 = US$2,059.1 / (C$33,138.7 / 32.3305) = 2.01

La caída de 8.9% de las RIB y el alza de 1.1% de la M0 provocarían un deterioro de 42 centésimas en la razón de la estabilidad económica del país, la cual tendería a registrar el nivel de 2.01.

Dos sugerencias para enfrentar el deterioro de la estabilidad macroeconómica del país

El BANCORP no podría cerrar en el lapso de 6 meses sino en el plazo máximo que la ley permite para su liquidación, o sea 1 año, con el propósito de disminuir el riesgo de la inestabilidad económica, mediante:

  1. La implementación de una devolución gradual de los depósitos del público, o sea, una entrega de dichos depósitos durante 4 trimestres, apoyada con la recuperación o la venta de la cartera de préstamos y la venta de los bienes muebles e inmuebles, o
  2. La entrega de los depósitos de mayor cuantía con Letras del BCN con plazos de 1, 2, 3 y 4 trimestres, previo acuerdo con los depositantes, emitidas y pagaderas en córdobas con mantenimiento de valor y en dólares estadounidenses, dependiendo de la moneda utilizada en los depósitos.




Aún no le crean al rumor de la devaluación del córdoba

19 05 2019

Apareció de nuevo el rumor de que pronto habrá una devaluación del córdoba en Nicaragua. Una afirmación económica de este tipo que no se acompañe de una demostración cualitativa y cuantitativa no sólo se reduce a un rumor malintencionado, sino también es una grave falacia que impacta la poca confianza que puede aún existir entre los agentes económicos. Veamos por qué esa afirmación es falsa con dos ejemplos de nuestra realidad económica, uno monetario y otro fiscal.

En este año, según datos de los bancos comerciales, la brecha promedio diaria entre el tipo de cambio de venta del dólar estadounidenses en el mercado financiero, o sea, en la ventanillas de los bancos comerciales, y el tipo de cambio oficial diario, que es fijado por el banco central, disminuyó de 2.84% el 11 de enero  a 1.59% el 17 de mayo, lo cual implica que el sistema bancario comercial tiene menos moneda nacional y más moneda extranjera y, por lo tanto, no es factible una devaluación del córdoba.

Además, en el primer trimestre de este año, la corrida de los depósitos en moneda extranjera de la banca comercial sumó US$210 millones y el banco central sólo vendió US$91 millones a los bancos comerciales para que afrontaran la corrida de los depósitos antes mencionada.

Por otro lado, la aplicación de una reforma tributaria en vigor desde el 28 de febrero recién pasado, que no fue anticíclica, o sea, que no fue aplicada en un momento en que la economía crecía, sino procíclica, es decir, en un momento en que la economía se desplomaba, ha provocado la caída de 12.3% de la recaudación total de impuestos del Gobierno Central observada en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del año pasado, al obtenerse apenas el 30.1% del monto de impuestos previsto según los datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

La caída de los impuestos forzó la subejecución del gasto total gubernamental al nivel de 20.8% del monto del gasto que se presupuestó para el primer trimestre, de tal forma que ese gasto cayó 42.6% en relación con el registrado en el primer trimestre de 2018; además, en vez de observarse un déficit fiscal esperado de C$11.3 millones, se obtuvo un superávit presupuestario de C$3.7 millones de córdobas. Por consiguiente, el gobierno limitó la emisión de Bonos de la República en C$29.4 millones y aumentó en C$5,965 millones sus depósitos en el banco central, el denominado “esfuerzo fiscal” para proteger la posición de la reservas financieras internacionales.

Al no haber existido una expansión fiscal debido a la contracción del gasto total, se eliminó la posibilidad de imprimir dinero o de emitir más deuda pública interna. Al controlarse el gasto público, se evitó la espiral inflación-devaluación-inflación. No obstante que en la década de los ochentas del siglo pasado la mayoría de los servidores públicos que laboran en el ámbito de la macroeconomía eran estudiantes universitarios, la lección de la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX, como lo fue la de Nicaragua durante el período abril 1987-abril 1991, ha sido aprendida por la mayoría de los políticos del país. En 1988, la inflación en Nicaragua fue 33,548%, o sea, los precios al consumidor se multiplicaron por 336.48 veces, el déficit fiscal fue equivalente a 28% del producto interno bruto (PIB), en 1989 la oferta de dinero se multiplicó por 21 veces, y, consecuentemente, se perdió la estabilidad económica.

Cuando la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto nacional de este año, autorizó al Poder Ejecutivo que podía emitir bonos para ser colocados en el banco central para financiar el déficit fiscal. Esta decisión legislativa se dio, en mi entender, porque el MHCP no logró colocar bonos en córdobas con mantenimiento de valor, mucho menos en euros, en los puestos de bolsa de valores en el segundo semestre del año pasado, debido a la desconfianza de los inversionistas financieros, en este caso, de los bancos comerciales.

La ley autoriza al gobierno a colocar títulos valores en el banco central hasta el 20% de la media aritmética de la recaudación de impuestos en los dos años anteriores, pero esos títulos valores tendrían que ser redimidos antes de que concluya el año fiscal en marcha, o sea, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso. Esto significaría que el gobierno podría colocar un monto máximo de US$210 millones  de bonos públicos en el banco central, pero se podría correr el riesgo de que no pudiesen ser redimidos  debido al carácter procíclico de la reforma tributaria del 28 de febrero recién pasado.

Al no poder recaudarse en 2019 el aumento de impuestos de 2 puntos porcentuales del PIB esperado por el MHCP con la reforma tributaria, la colocación de Bonos de la República en el banco central podría no ser redimida parcial o totalmente y se convertiría automáticamente en una emisión de dinero que sí podría ser la base para impulsar, con nuevos aumentos de gasto público financiados por el banco central, la espiral inflación-devaluación-inflación, es decir, una presión inflacionaria descontrolada, grandes devaluaciones del córdoba y fuertes caídas del poder adquisitivo de los salarios. Además, no funcionaría ningún control sobre los precios, los salarios y las políticas proteccionistas y la producción y el empleo se desplomarían. Pero, reitero, la catástrofe económica de financiar el gasto fiscal con emisiones de dinero no se visualiza con el resultado fiscal del primer trimestre del año, y porque la lección monetaria arriba mencionada comenzó a ser aprendida por los políticos desde hace 34 años.

Los rumores económicos son peligrosos en tiempos de crisis política, pero creo que la experiencia económica de Nicaragua en los últimos 50 años ha influido a los políticos para que tengan aprecio por la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Sin embargo, he de reconocer que el ocultamiento de las cifras monetarias por parte del banco central fortalece el rumor de la devaluación del córdoba y consolida la desconfianza entre los agentes económicos, es decir, entre consumidores, productores, inversionistas y gobierno. Esto sí es un problema, porque acelera el número y la velocidad de los rumores económicos.





Se suman más riesgos económicos y financieros

12 05 2019

Se acerca el cierre del primer semestre de 2019 y se acrecientan los temores que provocarían las sanciones financieras, y posiblemente también comerciales, para Nicaragua, provenientes de Estados Unidos y la Unión Europea, a las cuales podrían agregarse las de América en el caso de que la Organización de Estados Americanos (OEA) decidiera aplicar la Carta Democrática Interamericana.

Los temores se manifiestan con el funcionamiento ineficaz e ineficiente de la mesa del Diálogo Nacional. Hemos visto que una de las partes dialogantes abandona el recinto del diálogo creyendo que es un mecanismo de presión para que la otra parte cumpla los acuerdos ya aprobados. También observamos el irrespeto  de una de las partes a los miembros de la otra parte que exigen el cumplimiento irrestricto de la libertad de los reos políticos y la libre movilización de las personas, aunque el acuerdo ya firmado en la mesa contempló la liberación total de dichos reos en un plazo máximo de 90 días después de haber sido firmado el acuerdo, es decir, el próximo 18 de junio. Aún no ha comenzado la discusión de los asuntos pertinentes a la justicia y a la democratización. En conclusión, la mesa del diálogo nacional está agrietada, está fracturada, por la inflexibilidad y la inmadurez de las dos partes dialogantes.

Aunque en el principio de esta vorágine los servidores públicos afirmaban y reafirmaban que las sanciones financieras de la ley estadounidense, conocida popularmente como Nica Act, no afectarían la inversión pública, porque se mantendría la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), “a cualquier asistencia financiera o asistencia técnica para necesidades humanas básicas”, hoy corrigen su percepción al afirmar que esas sanciones afectarían a todos los nicaragüenses. Es obvio, porque el 80% del gasto de inversión pública es financiada con recursos de fuentes multilaterales, incluyendo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y porque la asistencia financiera para necesidades humanas básicas se limita a donaciones de alimentos, agua potable y medicamentos para la población en general.

Tampoco es correcta la afirmación de algunos servidores públicos y de ciertos políticos de que la aplicación de sanciones individuales, que incluyen a personas naturales y jurídicas, no afectan a la población en general, sino sólo a las personas sancionadas. Por ejemplo, el cierre del Banco Corporativo (BANCORP) pondrá en jaque a la estabilidad macroeconómica del país y, por ende, al banco central y a al sistema bancario comercial, mientras que las sanciones a personas naturales afectan no sólo a los sancionados, sino  también a la imagen de la instituciones, públicas o privadas, en que ellos se desempeñan.

Con base en datos oficiales publicados por el banco central, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó en el tercer trimestre de 2018 que la autoridad monetaria y el sistema bancario del país se verían muy afectados a finales de marzo e inicios de abril de 2019 por la fuga de los depósitos en moneda extranjera y las ventas de divisas de la autoridad monetaria a la banca comercial, siempre y cuando el banco central no desviara los ingresos de préstamos que financian los proyectos de inversión pública ni tocara las reservas internacionales que no pertenecen al sector público.

Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2018, fecha del último dato disponible de las reservas internacionales brutas porque el banco central ya no los publica y por lo cual genera más desconfianza entre los agentes económicos, el saldo de las reservas “intocables” sumaba US$1,115 millones y representaban el 49% del total de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central.

Esas reservas “intocables” se distribuían en la siguiente forma: el préstamo de US$200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para fortalecer la posición de las reservas internacionales; el saldo de encaje en moneda extranjera (un porcentaje de los depósitos en dólares del público no bancario) de US$628 millones; el saldo del Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) en moneda extranjera de US$181; US$22 millones adeudados al Fondo Monetario Internacional correspondiente al préstamo de apoyo  de balanza de pago relacionado con el último programa económico que suscribió con el gobierno de Nicaragua y que expiró en diciembre de 2011; US$59 millones en concepto de títulos del banco central emitidos y pagaderos en dólares, que son adquiridos principalmente por bancos comerciales; y 200 mil dólares que el banco central apenas pudo colocar en Títulos de Inversión a finales del año pasado.

En marzo de este año, el saldo de los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario comercial cayó US$108.1 millones, pero el banco central les vendió sólo US$10.7 millones. A manera de información, en el primer trimestre de 2019, la fuga de los depósitos en moneda extranjera de los bancos comerciales fue igual a US$209.6 millones, y el monto de la venta de dólares del banco central a los bancos comerciales fue US$91.3 millones, equivalente a 43% del monto de la fuga, lo cual contrasta con el 83% registrado en el período mayo-diciembre de 2018, ya que en abril de 2018 el banco central no vendió divisas a los bancos.

Lo anterior nos da a entender que el ciclo de venta de dólares del banco central a los bancos comerciales para que éstos afronten la fuga de los depósitos en moneda extranjera terminó en abril recién pasado, a la par que satisface el hecho de que el banco central no tocará las reservas que no pertenecen al sector público.

Dada la incertidumbre persistente y creciente entre todos los agentes económicos y financieros, reitero el consejo que dí el 19 de mayo del año pasado a la población en general, en especial al público no bancario que deposita sus recursos monetarios en las entidades bancarias, que mantenga sus depósitos en sus cuentas bancarias, que no los saque, para evitar: (i) la iliquidez en las entidades bancarias que podrían provocar quiebras; (ii) la pérdida de parte de los depósitos del público no bancario, ya que el FOGADE sólo responde hasta US$10,000 por cliente, no por cuenta, tanto en sus depósitos en moneda nacional como en moneda extranjera; y (iii) la desestabilización de toda la economía del país; ahora se agrega (iv) enfrentar las consecuencias del cierre del BANCORP.

Desde mayo del año pasado, un mes después de que estallara la crisis política, me he encontrado con personas que me han dicho que confiaron en mí cuando les dí el consejo de que no sacaran sus depósitos de los bancos, pero, además, me dicen que les avise cuándo deben ir a sacarlos. Siempre les contesto que no lo saquen con el fin de evitar pérdidas irreparables para la economía nacional.

 

 

 

 

 





Señales peligrosas en la economía de Nicaragua

5 05 2019

Un escenario económico incierto como el que tiene Nicaragua no permite una postura gubernamental paciente. El banco central puede darse el lujo de ver los datos económicos que no divulga, pero el mercado siempre da señales anticipadas que los servidores públicos a cargo de la economía no logran ver, como lo dejan a entrever en sus escasas apariciones públicas con afirmaciones tales como que “la economía se ha venido reactivando desde junio de 2018”, mientras el índice mensual de actividad económica (IMAE) promedio anual, estimado por el banco central, comenzó a desacelerar su ritmo de crecimiento en enero-julio 2018 y aceleró su tasa de caída en agosto 2018-enero 2019; o que la reciente reforma tributaria produciría un “aumento de los impuestos equivalente a 2% del producto interno bruto (PIB) en este año”, en un momento en que la economía del país continuaba cayendo.

El hecho de que la economía nicaragüense creció 4% promedio anual anual en el período 2004-2017 fue insuficiente para reducir el subempleo y la pobreza. Las variables del mercado real, o de la producción, y del mercado laboral nos permitían afirmar que para reducir en 1 punto porcentual la tasa de desempleo, incluyendo el equivalente relacionado con el subempleo, el PIB tenía que crecer, al menos, 6% anual.

Pero quienes han estado y están a cargo del banco central sólo han insistido en reducir la tasa de inflación mediante una medida muy sencilla en términos aritméticos, que consiste en reducir la oferta de dinero (en córdobas) de una economía muy dolarizada extraoficialmente (en dólares estadounidenses), sin importarles que dicha simulación aritmética, que busca la reducción de la demanda de dólares y la protección de las reservas internacionales, desacelere más la tasa de crecimiento o, ahora, acelere la tasa de caída de la producción de bienes y servicios y provoque más desempleo. Desde abril del año pasado, esos servidores públicos también han cumplido el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, que puede ejemplificarse con la garantía de la liquidez de la banca comercial para que afrontara la fuga de los depósitos del público, tanto en dólares con la venta de divisas en la mesa de cambio como en córdobas con los reportos monetarios de muy corto plazo.

Entre las señales económicas que muestran un comportamiento bastante preocupante, la más importante en nuestra opinión es que el mercado laboral está flojo, los desempleados son fáciles de encontrar y los salarios están congelados, pero las empresas necesitan atraer y retener trabajadores cualificados, y, debido a la menor demanda de bienes y servicios, han comenzado a perder poder de mercado al no poder fijar precios que cubran sus costos de producción.

Un ejemplo, con base en datos oficiales, es que en el primer bimestre de este año la planilla que cotiza la seguridad social aumentó apenas en 34 personas y su promedio de 756,858 personas es 16.7% inferior al promedio del total de asegurados en enero-febrero del año pasado, mientras que el poder adquisitivo del salario promedio de febrero de este año se ha deteriorado 2.2% con respecto al de abril del año pasado, sin incluir el aumento de 2 puntos porcentuales del índice de precios al consumidor resultante de la reforma tributaria que entro en vigor el 28 de febrero recién pasado. Pero si hubiese una deflación anual, es decir una caída de precios al consumidor acumulada en un año, el banco central la presentaría como un éxito de su política monetaria.

Con respecto al Presupuesto General de la República, la señal más evidente abruma: no se dará el aumento de impuestos esperado por los servidores públicos, lo cual invitará a la reflexión de reducir el gasto de consumo público, o sea, reducir el nivel de empleo gubernamental y la compra de bienes y servicios de consumo para que la burocracia funcione. En 2018 el déficit fiscal fue del orden de 2.6% del PIB y equivalente a US$341 millones y, en el mejor de los casos, subiría a 3.0% del PIB en este año y podría romper esa barrera tolerable para la estabilidad macroeconómica. Existe, además, el riesgo de que la colocación de bonos del gobierno central en el banco central para financiar dicho déficit en este año, lo que fue aprobado por la Asamblea Nacional, no pueda ser redimido antes de que concluya el año fiscal, lo cual generaría un efecto inflacionario similar a la emisión de dinero inorgánica o sin respaldo en reservas internacionales. Esta señal económica podría conducir a la modificación de la reforma tributaria y obligar a una revisión de la magnitud de la presión tributaria para facilitar el crecimiento de la producción de bienes y servicios.

Otra señal preocupante proviene de la deuda pública externa. En 2018, el saldo de esta deuda subió a US$5,950 millones y al 45.4% del PIB, y podría seguir subiendo hasta el 51.7% del PIB en 2019 dada la caída continua del volumen de la producción de bienes y servicios, rompiendo, así, la barrera tolerable del 50% del PIB que marca el límite para pertenecer a ese extraño club de países muy endeudados en términos de producción, y hoy ya no existen iniciativas de reducción de la deuda externa. Además, el servicio de dicha deuda, es decir, el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, por US$249 millones e igual a 6.4% del valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y de servicios no atribuibles a factores de producción en 2018,  saltará este año a US$333 millones y a 9.4% del valor total de las mismas exportaciones, muy cercano al límite máximo de 10% tolerado por los inversionistas extranjeros.

Finalmente, la recesión económica técnica presente en el país desde el tercer trimestre de 2018 corre el riesgo de transformarse en una depresión económica si entrasen en vigor, ojalá que no ocurra, las sanciones financieras internacionales de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, conocida como “NICA Act”, porque afectaría a todos los nicaragüenses. De concretarse esta señal, sería desastrosa, y se podría evitar con el buen funcionamiento y el cumplimiento de los acuerdos políticos de la mesa del Diálogo Nacional.

Desde el 18 de abril del año pasado, claramente se puede demostrar que la Curva de Phillips, o sea, la relación entre el desempleo y la inflación, no ha cambiado de forma y aún es muy relevante para la economía nicaragüense: menos inflación, más desempleo; menos desempleo, más inflación. A los formuladores de políticas económicas les sugiero evitar el exceso de confianza en la política macroeconómica que hoy está en vigor y que se mantengan abiertos a todas las posibilidades económicas, sencillamente porque el país está en crisis, con más razón en una economía en que la moneda local es marginal y el dólar estadounidense es muy importante.

A sabiendas de que en tiempos de crisis política o económica es difícil establecer la política económica, ésta podría ser aprobada sobre la base de pronósticos sólidos, pero no debemos olvidar los problemas estructurales del modelo económico actual de Nicaragua, en que la inflación se mide en córdobas y las decisiones microeconómicas se realizan en dólares estadounidenses.

Desde 1990, la economía entró a esa dolarización extraoficial con el córdoba oro, pero éste desapareció, se marginó al córdoba y se robusteció al dólar. Y al haberse marginado al córdoba, también se marginó al banco central. Poder contar con un banco central que funcione en una economía “desdolarizada o recordobizada”, que contribuya al crecimiento y desarrollo económico del país, implicará una profunda reestructuración de la autoridad monetaria.

Tampoco debemos olvidar que los fundamentos de la economía mundial se han modificado grandemente, al incorporarse la globalización, la protección del medio ambiente, la robotización, los cambios demográficos, entre otros. La política macroeconómica también debe tenerlos en cuenta.





Eduardo Montealegre lleva el estigma de la impunidad desde agosto de 2008

1 05 2019

10.75 años = 129 meses = 3,924 días ha permanecido impune Eduardo Montealegre Rivas, violador de los derechos humanos.

Y es el mismo tiempo en el que dos Poderes del Estado de Nicaragua, el Legislativo y el Judicial, se han encargado de proteger al impune más famoso de la historia nicaragüense, el exbanquero y el expolítico Eduardo Montealegre, destacándose entre sus protectores el diputado Wilfredo Navarro y la exdiputada Alba Palacios, los magistrados Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Marvin Aguilar, Virgilio Gurdián y Gerardo Rodríguez, y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García. Y, por supuesto, quienes impiden mi derecho al acceso a la justicia también son violadores de los derechos humanos.

Eduardo Montealegre se equivoca si piensa que permanecerá impune para siempre y si cree que yo dejaré de insistir en pedir justicia y el resarcimiento de todos los daños morales y económicos que trascendieron a los miembros de mi familia, como lo he demostrado desde el 27 de agosto de 2008, por haberme calumniado cuando escribió un par de veces y propagó públicamente, con ánimo ofensivo, que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua, y por haberme injuriado otro par de veces en la misma forma cuando lesionó mi imagen y reputación de economista.

Eduardo Montealegre creyó que el reinado de la impunidad las deficiencias del sistema judicial no tendrían fin en Nicaragua, pero confío en que pronto será juzgado y sancionado por su presunta delincuencia, porque nadie está sobre la ley.