Falacias y verdades bancarias

En estos últimos días del año, un amigo me decía que al entrar a una página web de un banco comercial radicado en nuestro país le parecía que estaba entrando a la página web de un establecimiento comercial. Realmente los banqueros son comerciantes del dinero, dicho más elegantemente intermediadores de los depósitos de la población y del apalancamiento financiero externo, pero es preocupante que los identifiquen exclusivamente con los propietarios de empresas comerciales, hoteles y servicios comunales y personales, pero divorciados del crecimiento económico sostenible del país.

Entré a esas páginas web y me sorprendió los diversos anuncios comerciales, tales como recibe fácil y seguro tus remesas, adelantos de salario, en esta navidad le damos el mejor regalo, prestamos a toda velocidad (crédito para automóviles), pague rápido y ágil sus servicios públicos y privados, adquiera una vivienda nueva o usada, compre en forma segura por internet, te regalamos los nuevos árboles para tu jardín si adquieres un  préstamo de vivienda, alivie su presupuesto familiar, acumule puntos por sus compras con tarjeta de crédito, Miami está más cerca (con el millaje de tu tarjeta de crédito), bienes en venta (casas, edificios, terrenos, terrenos baldíos, lotes y módulos comerciales, vehículos y obras de arte), por un préstamo personal recibe un celular para hablar y navegar gratis por un año, y disfruta increíbles promociones y descuentos con tu tarjeta de crédito. No aparece un solo anuncio de préstamos para apoyar la producción, mucho menos la inversión, en todas las actividades económicas.

Recientemente en un medio público de comunicación social, un empleado bancario de alto rango se refirió a la situación económica del país, pero explicó la trayectoria del sector agropecuario, la agroindustria, la minería, y no se pronunció sobre el comportamiento del sistema financiero nacional. El alto cargo bancario parecía un economista al hablar del crecimiento económico, el nuevo récord del valor de las exportaciones, la inversión extranjera directa, la producción de las empresas que gozan del régimen de zona franca, el aumento de las remesas familiares, la mejoría del empleo, pero no reflexionó sobre un año de desaceleración bancaria y tres años continuos de depresión bancaria en nuestro país.

Luego, en otro medio de comunicación social, el mismo empleado bancario de alto rango no logró señalar el comportamiento del volumen de servicios financieros y no financieros generado por las entidades bancarias y la calidad contractiva de la política crediticia del sistema bancario nacional. Con respecto a esa política, un estudiante de primer año de finanzas sabe cuándo el crédito es expansivo, neutral o contractivo, pero el alto cargo, valiéndose del humo de la inflación que oscurece el análisis financiero, señaló que las entregas brutas de crédito han crecido y creó “artificialmente” la imagen expansiva de la política crediticia, sin tomar en cuenta las recuperaciones de crédito para determinar, por lo menos, el valor del crédito neto en precios corrientes facilitado por los bancos a la economía, que en nuestro caso está acompañado de una inflación interanual de 7.34% a noviembre en este año, pero no es exigible que lo deflacte para determinar la caída real del saldo del crédito y, por ende, del valor agregado de los bancos o su contribución en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) Real del país, cuestión que el alto cargo reconoce que es una tarea para los economistas; sin embargo, se auto engaña y trata de engañar al afirmar públicamente que la banca privada del país ha tenido un crecimiento sostenible.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) no se ha equivocado al manifestar que todas las actividades económicas del país han crecido en 2011, excepto el sistema financiero nacional que cruza el Niágara en un taburete desde enero de 2008 hasta este día. No pretendo analizar la situación de cada banco en particular, pero si los bancos desean superar su problema actual deberían, entre otras cosas, aprender a ser competitivos entre ellos mismos, porque es evidente que integran una industria oligopólica y actúan con un puño monopólico. Su creatividad en la competencia la observo sólo en los anuncios de sus páginas web.

Continuó el alto cargo bancario señalando que el sistema financiero es sólido y fuerte. En realidad, los números así lo demuestran con la adecuación de capital de cada banco que supera a la norma establecida por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Sin embargo, el alto cargo también reconoce el papel jugado por las utilidades bancarias para reforzar el capital bancario, mas dejó a un lado el hecho que hasta hoy el margen de intermediación financiera de las entidades bancarias de Nicaragua, que mide el grado de dispersión entre la tasa de rendimiento de los depositantes y de los deudores, o que mide los costos de intermediación y la productividad de los bancos, es el más alto de Centroamérica con un 13%, por lo cual se puede afirmar que el sistema financiero nacional no está asignando en mejor forma los recursos a la economía. Dicho sea de paso, las entidades bancarias deberían emprender tan pronto sea posible la reducción de sus gastos administrativos para elevar la productividad de sus servicios.

Además, el alto cargo bancario aparentemente ignoró que la presencia de altos márgenes de intermediación financiera podría estar señalando prácticas no competitivas de los intermediarios financieros o elevados costos no financieros de operación, por lo cual podría disminuir el incentivo de los intermediarios a mantener la calidad de su cartera al tiempo que se aumentaría la posibilidad de que la cartera se deteriore. Como indiqué en un reciente artículo sobre este tema que publiqué en mi blog, en un mundo globalizado los socios o accionistas de los bancos deberían preocuparse de la complaciente e insostenible afirmación que la solidez de un banco o de un sistema bancario depende en parte de la capitalización de las utilidades originadas en los altos márgenes de comercialización financiera o en la extracción de ganancias oligopólicas a los usuarios del crédito y a los depositantes.

Finalmente, el funcionario bancario externó la actual estrategia bancaria que persiste en el país desde 2008: decidieron mantener una excesiva liquidez en detrimento de la tasa de rentabilidad bancaria. Como un resultado de esa decisión estratégica sostenida hasta hoy, y que con mucha probabilidad se sostendrá el próximo año por la desaceleración o la recaída económica mundial resultante del plan de “austeridad” europeo, el saldo real o en precios constantes del crédito a la economía se desplomó desde 2008.

No dude, estimado lector, que 2012 pasará a ser el quinto año consecutivo de la caída del crédito en Nicaragua, porque la economía nicaragüense ha crecido en los últimos dos años independientemente de la hiper liquidez y la desconfianza de las entidades bancarias radicadas en el país. En caso contrario, los bancos habrán cambiado, al menos, la mercadotecnia de sus páginas web y, a lo sumo, tendrán que hacer muchas cosas más para que se vuelvan más eficaces y productivos, mejor dicho para cambiar su estrategia actual.

Tres obstáculos económicos de Nicaragua en 2012

En esta ocasión no haré referencia a los conflictos sociales y políticos que podrían provocar las reformas estructurales de la economía en 2012, tales como la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones de seguridad social y la evaluación del empleo gubernamental, así como los ajustes contables resultantes de las alzas de tarifas de servicios públicos en las empresas y las familias y de las pruebas de estrés financiero en las entidades bancarias, más en estas últimas si se exigiese la aplicación de algún riesgo a las inversiones en la compra de títulos valores del sector público, que por ley hasta hoy gozan de cero riesgo porque la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones (SIBOIF) no exige a los bancos la creación de provisiones por alguna incobrabilidad de esas inversiones. Me referiré a tres obstáculos que ya se perciben en el desempeño económico de 2012.

Descenso de los precios internacionales. El principal riesgo económico de Nicaragua en 2012 es la recesión en Europa, el precio del pacto fiscal buscado en Berlín, y la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos y China. La Unión Europea y Estados Unidos compran el 11% y el 31% del valor de las exportaciones que vende Nicaragua en el mismo orden, y venden el 6% y el 21% del valor de las importaciones que compra nuestro país.

A los exportadores les aconsejo que inviertan las ganancias extraordinarias de estos últimos dos años y no se dejen llevar por la especulación en el mercado internacional de los alimentos, mejor dicho por los especuladores financieros en el casino internacional, que ha causado una alegría temporal como la que observamos en 2011 con el valor de las exportaciones domésticas. En este año casi no se menciona la caída de 2% del quantum de las exportaciones domésticas y del valor neto (el 28% del valor bruto) de las exportaciones de las empresas de zona franca, ni que el motor del crecimiento económico entre 4.0% y 4.5% de la economía nicaragüense fue la demanda interna, es decir la inversión y el consumo, cuyo volumen creció 8%.

La demanda y los precios de las materias primas y de los alimentos en el mercado internacional comenzarán a bajar el próximo año e impactarán a Nicaragua, porque con un crecimiento económico mundial raquítico y la Eurozona en recesión se desarmará la especulación financiera en los contratos de futuro de dichos bienes que se observa desde 2010.  En 2011 y en términos promedio mensual, los precios del quintal de café se remontaron hasta US$303.59 y el de azúcar hasta US$321.53, mientras que los precios de la libra de carne subían hasta US$2.17 y de la onza troy de oro a US$1,782.34.

Barreras en el financiamiento del déficit externo. Habrá más dificultad en contratar nueva deuda externa, tanto por la crisis económica mundial como por nuestros problemas de gobernabilidad, para financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que equivale al 15% del PIB. Nuestra posibilidad de tener acceso a los mercados internacionales de deuda es nula por la pobre calificación internacional de nuestra deuda soberana. El monto anual de la cooperación internacional de 2011 ha disminuido US$260 millones con respecto al registrado en 2009, pero la deuda privada externa se ha elevado desde US$1,060 millones en diciembre de 2006 hasta US$3,133 millones en junio de este año debido principalmente a los desembolsos de la asistencia financiera de Venezuela administrada por ALBANISA, que protege el saldo de las reservas internacionales brutas y mantiene el equilibrio del presupuesto nacional.

En el plano internacional, dados los problemas de los déficit públicos en los países europeos y las decisiones de inyección de liquidez en la economía estadounidense, es muy probable que se mantendrá la apreciación del dólar frente a un euro en crisis y las monedas que sirven de refugio a los inversionistas, como el franco suizo, la corona sueca y el yen japonés, se depreciarán. En el plano interno se puede concluir que no existirán presiones sobre el tipo de cambio del córdoba –que va de la mano junto al dólar- al observarse a finales de 2011 un saldo de reservas internacionales brutas igual a 2.5 veces la base monetaria (la emisión de dinero más el encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas), 3 décimas mayor que la condicionalidad macroeconómica de 2.2 veces establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se traduce en que el tipo de cambio nominal sea C$11 mayor que la paridad cambiaria (la razón de la base monetaria con respecto a las reservas internacionales netas menos la deuda de corto plazo emitida por la banca central). Sin embargo, en 2012 persistirá la fuerte sobrevaluación del córdoba (en 2010 el córdoba estaba bastante apreciado porque, según mis cálculos, valió 17% más de lo que debía valer), por lo cual los importadores tienen mayores incentivos cambiarios que los exportadores, se profundiza el déficit comercial equivalente al 25% del PIB, y se producen efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico.

Menos crédito bancario. Las altas tasas de desempleo en los países de economías avanzadas a noviembre de 2011, 10.3% con 16.3 millones de personas desempleadas en la Eurozona, y 8.6% con más de 13 millones de trabajadores desempleados y el 43% de ellos con más de seis meses sin trabajo en Estados Unidos, obligarán a los bancos centrales de esos países a mantener las tasas de interés bajas, 1% en el Banco Central Europeo y entre 0% y 0.25% en la Fed de Estados Unidos, para reactivar la economía y el crédito en 2012. A pesar de las hipotéticas alzas de la tasa de inflación, la prioridad de esos bancos centrales seguirá siendo el crecimiento, porque a noviembre de 2011 la tasa de inflación interanual era de 3.0% en la Eurozona y 3.4% en Estados Unidos y, dada la desaceleración económica mundial, se reducirá el impulso de los precios del petróleo.

En Nicaragua, la tasa de interés promedio anual de las letras emitidas por el Banco Central de Nicaragua bajó de 2.08% en 2010 a 0.97% en 2011, restándole atractivo a los bancos comerciales locales que en 2012 seguirán ofreciendo una muy baja tasa de interés a los ahorristas –en noviembre de 2011, la pasiva ponderada es de 1.78% en córdobas con mantenimiento de valor y de 2.77% en dólares, ambas negativas en términos reales y desestimulan el ahorro financiero aunque estimulen el ahorro en dólares- y, a pesar que se redujo la tasa de encaje legal en abril pasado, continuarán cobrando una alta tasa de interés a los prestatarios –la activa ponderada es de de 9.57% en córdobas con mantenimiento de valor y de 9.72% en dólares, por lo cual no habrá aumento del crédito y el que se dé será caro, comercial y de cortísimo plazo-. 2012 será el quinto año consecutivo de caída del volumen de crédito bancario en nuestro país, por lo que aconsejo a los banqueros que formulen una efectiva estrategia de crédito, reduzcan sus gastos administrativos, normalicen sus altas tasas de intermediación financiera y entren a la competencia en el mercado financiero local porque no tienen deficiencias en la oferta de crédito.

Comparada a 2009, Nicaragua no está en una mejor posición para enfrentar una nueva recaída económica mundial en 2012. El blindaje del país no está en los abundantes recursos financieros ociosos que se encuentran en la banca central y en los bancos comerciales del país, sino en la posibilidad de aumentar la inversión pública para generar empleos, pero ésta está restringida porque en 2012 el 64% de esa inversión es financiada con donaciones y préstamos externos y el alivio de la deuda externa y, además, nuestro país no tiene acceso al mercado financiero internacional por continuar muy endeudado en términos de producción.

Selección de los Personajes Relevantes de Nicaragua en 2011 por COPADES

Mujer del Año: Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), por su incansable lucha en pro de la gobernabilidad y la democracia.

Hombre del Año: José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por su diálogo económico nacional constructivo y libre de cualquier contagio político.

Político del Año: Arnoldo Alemán, por haber presentado la mejor propuesta económica a la nación como candidato a presidente de la República de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Funcionario Público del Año: Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), por la correcta administración de la política macroeconómica.

Líder Empresarial del Año: Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), por el destacado desempeño productivo de los rubros agropecuarios y agroindustriales.

Empresaria del Año: Dolores Prado, gerente general de HOLCIM de Nicaragua, por su destacada labor en los ámbitos organizativos y productivos de la actividad de la construcción.

Empresario del Año: Andrés Castellón, gerente general de Kraft Foods de Nicaragua, por el aumento importante del volumen de exportación de productos de galletería.

Director Ejecutivo Empresarial: Dean García, director ejecutivo de Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección, por la reactivación significativa de la producción de empresas de zona franca.

Actividad Económica del Año: La minería, por el crecimiento vigoroso en la extracción de oro resultante de las inversiones de la empresa B2Gold.

Es necesario un segundo programa SCA

Fitch Rating y Standard & Poor’s no califican las letras emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), como ocurre en este hemisferio con Cuba, Guyana, Haití y Suriname. En junio de este año, Moody´s Investor’s Service mantuvo la clasificación de nuestra deuda soberana, que equivale a la clasificación de riesgo país, en el nivel de B3 con tendencia estable, es decir que la letras emitidas por el Tesoro Nacional son obligaciones sujetas a especulaciones o de “alto riesgo crediticio”, es decir que tienen una calidad de crédito en general “pobre”.

Al mismo mes de junio, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), la firma que este servidor dirige, estimó que el índice de riesgo-país de Nicaragua puede ser calificado como moderado pero muy cercano al nivel de alto al ubicarse en 44.3 puntos ó 4,430 puntos básicos, gracias a que los riesgos económico y financiero han disminuido –el gobierno es un excelente alumno del FMI y un notable dialogante con la empresa privada- aunque el riesgo político es alto –por los problemas de gobernabilidad, debilidad institucional y el ruido generado por la oposición política-, por lo cual un inversionista financiero en Nicaragua puede recuperar el monto de su inversión con los intereses devengados en 2.24 años después de realizarla.

Con esas apreciaciones del riesgo-país de Moody´s y COPADES, es fácil concluir que nuestro país  no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional y, por consiguiente, Nicaragua tiene la necesidad de formular, discutir y suscribir un quinto programa económico trienal con el FMI, con el fin de poder tener acceso a las ventanillas de préstamos muy concesionales del FMI, Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la inversión pública y mantener el presupuestario equilibrado, y atraer la inversión extranjera directa que apoye un crecimiento económico sostenible en el corto plazo y el desarrollo económico en el largo plazo.

Es necesario que los servidores públicos recuerden que la deuda externa contratada desde 1990 a la fecha refleja una concesionalidad promedio ponderada de 31 años de plazo, 10 años de gracia y 2% de interés. Esos términos financieros nunca podríamos obtenerlos en el mercado financiero internacional, al cual, además, no podríamos tener acceso en el corto plazo por nuestra incapacidad de pago. Siempre reitero que Nicaragua continúa teniendo el extraño honor de ser un país muy endeudado en términos de producción: en 2011  y en porcentajes del PIB, el saldo total de la deuda externa e interna del sector público, de las empresas -incluyendo la de ALBANISA- y las familias iguala el 148% del PIB.

Sin embargo, dudo que el gobierno pueda repetir su proeza de suscribir el quinto programa económico trienal o segundo Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) en un lapso de 9 meses, tal como lo hizo en 2007 con el programa que se extendió un año más y expiró el 4 de diciembre de este año.

Eso no significa que el gobierno no tenga prisa en contar con un nuevo programa aceptado por el FMI, sino que tiene que cumplir una serie compleja de reformas estructurales de la economía, que podrían provocar conflictos sociales en el primer año del nuevo gobierno de Daniel Ortega, tales como la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago del IVA y en el pago del IR de las empresas, principalmente cooperativas; la reforma de las pensiones de seguridad social; los ajustes de las tarifas de energía eléctrica y agua potable; los efectos de la evaluación de los puestos de trabajo permanentes y temporales del Gobierno Central; y la exigencia de capital de acuerdo con los resultados de la pruebas de estrés financiero, más aún en el caso que las autoridades gubernamentales consideren que la inversión en la adquisición de títulos valores está expuesta a riesgos, como vemos hoy en la Eurozona –con más razón si toman en cuenta las clasificaciones de riesgo-país de Nicaragua de Moody´s y COPADES.

Si fuese exclusivamente para obtener una nueva deuda pública externa con los tres organismos multilaterales, yo aconsejaría que no se firme un nuevo programa económico con el FMI porque el mercado financiero local está inundado de una liquidez ociosa al registrarse 2012 como el cuarto año consecutivo de caída del crédito al sector privado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que no existe una política financiera coordinada por el BCN ni una estrategia crediticia de la banca comercial, porque esa política y esa estrategia se han dejado en manos exclusivas del mercado -¿cuál mercado?, ¿oligopólico de forma y monopólico de fondo, o competitivo? Sin una banca estatal de primer piso, será muy difícil implementar una política financiera que busque el desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque la visión de la banca privada es de cortísimo plazo y estrictamente comercial.

Además, aún se requieren más reformas estructurales de nuestra economía que deberían ser cofinanciadas por las instituciones financieras multilaterales, porque los recursos de nuestro presupuesto nacional son insuficientes para poder ejecutarlas. Por esto, también es necesario contar con un programa económico suscrito con el FMI.

Entre esas reformas pendientes que no se han programado sobresale el de la política cambiaria, debido a que el tipo de cambio reptante establecido desde el 10 de enero de 1993 tiene un sesgo anti exportador al mantener una alta sobrevaluación del córdoba, que explica parte el actual déficit comercial de la balanza de pagos de 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa sobrevaluación de nuestra moneda se fortalece con la presencia de una gran cantidad de mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al valor del dólar, principalmente la cláusula de mantenimiento de valor impuesta en marzo de 1991 que no pudo garantizar la confianza del público para incrementar sus depósitos en córdobas –éstos apenas representan el 16% del saldo total de los depósitos en el sistema financiero nacional en la actualidad-.

Queramos o no, tenemos que abrazarnos de nuevo con el FMI para continuar avanzando en el camino andado desde 1991, cuando se suscribió un préstamo “stand by” de corto plazo, seguido por dos programas ESAF, dos programas PRGF y el último de éstos, recién finalizado, rebautizado como SCA y espero otro programa SCA para el trienio 2013-2016.

En nuestra historia económica contemporánea, sólo un gobierno había intentado desprenderse del FMI cuando dos economistas de cabecera del ex presidente Arnoldo Alemán proclamaron en 2007 que impondrían un programa económico liberal, pero tuvieron que aceptar un programa del FMI en marzo de 2008.

Hoy observo de nuevo el deseo prematuro de abandonar el juego con el FMI con el argumento de la mejor posición de las reservas internacionales oficiales –por primera vez, las reservas propias o ajustadas del sector público oscilan cercanamente a 1 millardo de dólares, pero la base monetaria es equivalente a 723 millones de dólares-, que no es un argumento clave para consultar la anuencia o la renuencia de suscribir el segundo programa SCA ya que el saldo de las reservas internacionales brutas es apenas 2 décimas mayor que su condicionalidad de ser igual a 2.2 veces la base monetaria en cualquier momento del año.

Pensemos en lo impensable

El consumo y la inversión, tanto del sector privado como del gobierno, empujaron el crecimiento económico de al menos 4.0%, a lo sumo 4.5%, de la economía nicaragüense en 2011, sin contribución alguna del volumen total de las exportaciones domésticas de bienes y del valor neto de la maquila. Ese crecimiento económico sólo logra congelar la elevada tasa de desempleo global (abierto más el equivalente asociado con el subempleo) de 27% de la población económicamente activa en nuestro mercado laboral.

La esperanza exportadora para imprimir un crecimiento similar de 4% en 2012 en nuestro país se encuentra en una zona de alto riesgo por la crisis europea. El pacto fiscal de la Unión Europea, que no es nada más que una ley de responsabilidad fiscal, no resuelve el problema de la recesión y el desempleo en el viejo continente, y sus líderes políticos hoy buscan ansiosamente a los países de economías emergentes a que financien el rescate de sus deudas soberanas con la intermediación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La responsabilidad fiscal, la austeridad gubernamental, no es la clave para reducir la alta tasa de desempleo.

La recesión económica europea obligará a su principal socio comercial, China, a disminuir sus exportaciones a Europa; el pesimismo generado por la desaceleración del crecimiento económico de China –si creciera menos del 8%, los chinos se sentirían en recesión por la inestabilidad social y política- también obligará a las economías sudamericanas a reducir sus exportaciones a China; el estremecimiento europeo también es un gran riesgo para la economía de Estados Unidos, que tiende a crecer moderadamente 1.8% en 2012, pero sus instituciones financieras poseen papeles soberanos “tóxicos” de Europa que podrían provocar una mayor desaceleración en la primera economía del mundo; una recaída de la economía estadounidense afectará el crecimiento económico de México, Centroamérica y el Caribe. Los efectos concatenados de la crisis de la eurozona forman, pues, una circunferencia económica en un mundo globalizado.

¿Qué ocurrirá en la economía nicaragüense en ese escenario económico mundial? La gran incógnita es la magnitud de la caída de los volúmenes y precios de las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europa, que participan con el 41% en el valor total de las exportaciones de bienes FOB del país; el menor flujo de inversiones extranjeras directas que en 2011 se aproxima a US$700 millones; la reducción del flujo de remesas familiares que, sin crisis, se puede pronosticar con un monto anual de US$925 millones en 2012, lo cual contribuirá a una caída del consumo de las familias; y el estancamiento en el crecimiento nominal de la recaudación de impuestos y la expansión de al menos 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) en el déficit fiscal, que obligará al gobierno a recortar el consumo público. Todo lo anterior relacionado con una severa desaceleración de entre 2 y 3 puntos porcentuales del crecimiento económico esperado y el aumento entre 1 y 2 puntos porcentuales de la tasa de desempleo global. Indudablemente, no es lo mismo la caída de Lehman Brothers que la caída económica de la Unión Europea.

Lo único bueno que nos dejará la crisis que se acerca es, por un lado, un menor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos como un porcentaje del PIB, porque los precios de los bienes que importamos caerían más que los precios de los bienes que exportamos y, por otro lado, una menor tasa de inflación, que podría desvanecerse limitando aún más el crecimiento económico global debido a posibles expectativas alcistas de los precios internacionales del petróleo resultantes del riesgo geopolítico con respecto a Irán, con sus amenazas al suministro y a rutas de transporte clave del petróleo como el Estrecho de Ormuz –por el cual pasa el 60% del consumo de petróleo de Europa Occidental-, en respuesta a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea pretenden imponerle por su programa de investigación nuclear.

¿Cómo podría el próximo gobierno de Daniel Ortega proteger los logros de la reducción de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso que reflejan su mandato del primer quinquenio, con el riesgo potencial de la continua expansión de la informalidad del mercado laboral, lo que en Europa hoy llaman miniempleos o lo que hoy en Nicaragua llamamos subempleos, aunque un servidor público nuestro los llama empleos?

Nuestros servidores públicos deben reconocer ante la población que el gobierno carece de la capacidad de implementar medidas que amortigüen o absorban los efectos antes mencionados –la importancia no estriba en que los bancos estén blindados, porque no han jugado ningún rol fundamental en el crecimiento económico actual-, debido a que el aumento de la inversión pública en infraestructura económica depende en gran parte de recursos externos muy concesionales, ya limitados y también expuestos al riesgo del veto estadounidense en los directorios de los organismos financieros multilaterales, tales como el FMI, Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dadas las denuncias de irregularidades por algunos acompañantes electorales y todos los partidos políticos opositores en los comicios nacionales del 6 de noviembre recién pasado. Otra limitante es que la ley no obliga al Banco Central de Nicaragua (BCN) a contribuir en el alcance del pleno empleo.

El gobierno también sabe que, como un resultado de la desaceleración económica en nuestro país, las empresas y las familias ahorran más para desendeudarse, es decir restringen su consumo intermedio y final respectivamente, lo cual arrastra la caída de la inversión en las empresas -en 2009, el volumen del consumo de las familias se redujo 2% y el volumen de la inversión en construcción y maquinaria y equipo cayó 21%-, y si se agrega la austeridad gubernamental –en 2009 el consumo público disminuyó 3%- se hunde más la demanda interna de nuestra economía, por lo cual la única salida de la crisis sería aumentar el volumen de bienes de exportación, pero reitero que el 41% del valor de las exportaciones está expuesto al riesgo seguro de caer.

Al arribar 2012, ante acreedores externos e internos el más endeudado en Nicaragua es el sector público con un monto igual a 73% del PIB, vienen luego las empresas con un 63% del PIB -incluyendo a ALBANISA-, y por último las familias con un saldo de 12% del PIB. Sin embargo, la presión de la misión técnica del FMI sobre nuestros servidores públicos es el desendeudamiento público, como ocurre hoy en Europa, sin importarle si el ritmo del desendeudamiento es compatible o no con la creación de empleo y el crecimiento económico. Dicho sea de paso, el profesor John Maynard Keynes dijo que “el peligro no son los intereses creados, sino el poder de las ideas” y las ideas de reducir el gasto gubernamental y del déficit fiscal se han vuelto muy poderosas por el grave problema de la elevada deuda pública, que en nuestro país sigue siendo la más importante.

Todo lo que he descrito no es grato, pero debemos pensar en lo impensable. Además, ya sabemos que se darán la reforma tributaria, la reforma del fondo de pensiones de la seguridad social, los ajustes tarifarios de los servicios públicos, las pruebas de resistencia financiera de la banca comercial y la evaluación del empleo en el gobierno central. El pronóstico económico de Nicaragua para 2012 es sombrío, porque la caída económica mundial se está volviendo clara.

Por qué me calumnió Montealegre

En las clases de Finanzas que imparto a los estudiantes de maestría en economía y administración de empresas desde el año de 2007, tras explicarles el algoritmo para analizar las liquidaciones de cuatro bancos en el bienio 2000-2001 y los daños al presupuesto nacional cometidos por los servidores públicos que rescataron a los depositantes, siempre me han preguntado por qué Eduardo Montealegre me calumnió e injurió.

Siempre les he respondido que esa pregunta debería contestarla el calumniador, cuestión que nunca ha hecho porque el diputado reacusado transmutó de acusado en acusador y de ofensor en ofendido, por lo cual recordé las palabras del dramaturgo francés Eugenio Scribe que “la calumnia está en todas partes y el calumniador no está en ninguna.”

El violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre no está en ninguna parte porque no lo vemos al cubrirse inapropiadamente con el escudo de la inmunidad de su cargo de diputado constitucional y, por lo tanto, no responde el porqué de sus calumnias escritas en La Prensa y reproducidas y ampliadas en sus insultos públicos desde la casa de su movimiento político personal y en una supuesta carta de disculpas que le sugirió escribir el Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Dr. Wilfredo Navarro Moreira.

Ante la persistente pregunta de los alumnos de mi clase de Finanzas a finales de este año, hoy les diré mis razones por las cuales Eduardo Montealegre me imputó falsamente el delito de ser un defraudador del Estado de Nicaragua para causarme un daño. A continuación mis razones.

Después de un año de trabajo ad honorem que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República, logré identificar las acciones inapropiadas que realizaron algunos servidores públicos durante el período 2000-2003 en relación con las liquidaciones bancarias arriba mencionadas. En 2007, los miembros de las bancadas de la Asamblea Nacional me pidieron que les expusiera los resultados de mi investigación, que sirvió de base a las investigaciones que posteriormente efectuara la Fiscalía General de la República, a lo cual respondí afirmativamente de inmediato.

En ese entonces el ahora impune de Eduardo Montealegre militaba en la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), cuya bancada y directiva escucharon mis investigaciones en un hotel de esta ciudad. Montealegre no hizo pregunta alguna, sino que las pasaba escritas a sus correligionarios de ese momento. Cuando uno de ellos me preguntó si Eduardo era o no era culpable en el caso de los CENIs Bancarios, respondí que él no tenía responsabilidades en la formación de las juntas liquidadoras, la emisión de esos CENIs y la clasificación de la cartera adquirida por los bancos compradores de los bancos liquidados, pero tenía que aclarar sus acciones en la reestructuración de esa deuda y en las subastas de los activos de los bancos liquidados; también agregué que yo no podría declarar si el ahora diputado reacusado era inocente o culpable, porque para eso están las autoridades competentes.

Esa es mi explicación por la cual el presunto delincuente Eduardo Montealegre, en un acto de venganza, me calumnió y me injurió. Él sabe que yo sé lo que hizo al reestructurar la deuda CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC, al provocar un daño de 23 millones 400 mil dólares al bolsillo de los nicaragüenses –su mal llamada “reingeniería financiera” a pesar que él es un experto en finanzas- y al no proteger el acervo público cuando autorizó, en su carácter  de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Bolaños, la venta de los activos de los cuatro bancos liquidados con los procedimientos “a sobre cerrado” y “subasta al martillo”, en vez de haber exigido el procedimiento de “precio base”, es decir tomando en cuenta el precio de mercado de esos activos.

Eso es lo que tiene que aclarar a la Nación y al Juez el banquero y político Eduardo Montealegre, que con su soberbia y prepotencia hizo el ridículo público de no poder comprender, a pesar de ser sencilla, su calumnia escrita y publicada en La Prensa el 31 de julio de 2008, y que trató de limpiar, primero, con su mensajero de nombre Guillermo Miranda, que no sé quién es ni qué es, quien indecente e insolentemente llegó a mi casa a invitarme a que escogiera un restaurante, un día y una hora para reunirme con el diputado acusado y resolver mi malentendido, y después con una supuesta carta de disculpas que trató de entregarme un motociclista y un camarógrafo que filmó encerrado en un pequeño microbus la malograda entrega, que tampoco sé quiénes son y qué son, que luego el presunto delincuente  distribuyó desde la dirección electrónica de su movimiento político personal reiterando y ampliando sus calumnias, lo cual me obligó acusarlo de nuevo. El impune Eduardo Montelegre está acusado por injurias y calumnias en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua.

Con su soberbia, Eduardo Montealegre no entiende ni entenderá que el honor es una actitud moral, respeto y decoro, dignidad y honradez, integridad y consideración. Al no entender qué es el honor –que no lo deja el dinero pero que se pierde por el dinero-, Eduardo Montealegre me imputó el delito de ser defraudador del Estado de Nicaragua con conocimiento de su falsedad o con su temerario desprecio a la verdad, es decir su venganza por haber sido acusado penalmente por la Fiscalía General de la República de su presunta delincuencia contra el presupuesto nacional.

La desigualdad y la indignación

En 2005 el 1% de la población más rica del país se apoderó del 14.3% del ingreso total del país, mientras que el 1% de los nicaragüenses más pobres apenas captó el 0.8% de ese ingreso. Valorado en dólares estadounidenses de esa época, el ingreso mensual máximo de los más ricos, más específicamente el reportado en la encuesta, era de US$5,660, mientras que el ingreso mínimo de ese mismo grupo era de US$387; en cambio, el ingreso mensual máximo de los más pobres era de US$7, y el mínimo mensual apenas de US$0.45.

Además, las estadísticas de ingresos de la IV Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2005 indicaban que el ingreso promedio del 1% más rico de la población era igual a 16.7 veces el ingreso promedio del 99% restante de la población del país y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso era igual a 0.51.

El Coeficiente de Gini, formulado por el estadístico italiano Corrado Gini, mide cualquier forma de distribución desigual, en este caso la desigualdad en los ingresos, y tiene un rango entre 0 y 1. Si todos los nicaragüenses tuviesen el mismo ingreso, una hipótesis irrealista, habría una perfecta igualdad y el coeficiente de Gini sería 0; otra hipótesis irrealista sería que una persona concentra todos los ingresos y los demás nicaragüenses ninguno, por lo cual habría una desigualdad perfecta y el coeficiente de Gini sería 1.

Con la escasa información de la V EMNV 2009 que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ha puesto a disposición pública hasta la fecha, podemos concluir que la desigualdad de distribución del ingreso de los nicaragüenses disminuyó en 2009, porque el coeficiente de Gini fue igual a 0.46, 5 décimas menor que el coeficiente de 2005; con esa información restringida, debido a que dos años después de haber sido finalizada la encuesta no se ha podido tener acceso a ese banco de datos, podemos comprobar que el 50% de los nicaragüense con mayores ingresos se apoderaban del 79.8% del ingreso en 2009 y del 82.0% del ingreso en 2005, mientras que el 50% de los nicaragüenses con menores ingresos captaban el 20.2% del ingreso en 2009 y el 18.0% del ingreso en 2005, gracias a la ejecución de proyectos emblemáticos del gobierno actual, que son financiados principalmente con la asistencia venezolana.

La desigualdad de la distribución del ingreso es un problema ético y de justicia social, porque ensancha la brecha educativa y de salud entre la población y desacelera el crecimiento económico futuro, aunque he de confesar que en el terreno del presupuesto nacional soy partidario de que se asignen más recursos a la educación que a la salud, porque un pueblo más educado se enferma menos.

Aunque no conocemos el comportamiento de la concentración del ingreso entre el 1% de los más ricos del país en 2009, la reducción de 2 puntos porcentuales de la desigualdad del ingreso del 50% de la población más pobre del país en sus primeros tres años de gestión le produjo un rédito político, por lo cual el presidente Daniel Ortega fue reelegido para administrar el país por cinco años más, un rédito que fue reconocido por el 1% de los nicaragüenses más ricos al manifestar que no financiarían a  ningún partido de oposición, por lo que podemos señalar que ese 1% han visto deteriorado su control de los procesos políticos y no se beneficiarán en forma desproporcionada en los próximos cinco años, tal como lo observamos en los tres gobiernos anteriores.

La desigualdad es diferente de la pobreza. Sin embargo, debo reconocer que el gobierno de Daniel Ortega ha logrado con sus políticas públicas disminuir la pobreza extrema y, simultáneamente, reducir la brecha entre ricos y pobres, con el permiso del presidente “gracias a Dios y al ALBA” porque con el presupuesto nacional, después del pago de la deuda gubernamental, sólo se distribuye miseria fiscal desde la década de los noventa.

Aunque no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, tal como pregonaban nuestros servidores públicos en tres gobiernos anteriores, el anémico crecimiento económico de 4% del país, con el cual sólo contenemos la alta tasa de desempleo global, sólo puede incrementar los ingresos y el bienestar de las clases alta y media –ésta última ya casi extinta- en mejor forma que la disminución de la inequidad en la distribución del ingreso.

Es cierto que la pobreza extrema y la desigualdad del ingreso se han reducido en los últimos años, pero surgen dos graves contradicciones: la informalidad del mercado laboral se incrementó en 12 puntos porcentuales hasta un 76% y no disminuyó la brecha entre el pobre extremo rural y el pobre extremo urbano, a pesar que los programas emblemáticos de este gobierno han sido orientados principalmente a las zonas rurales. Cabe recordar que las personas que viven en zonas rurales son casi 5 veces más pobres extremas que las personas que viven en zonas urbanas desde 2005.

Los recursos financieros venezolanos han sido distribuidos principalmente entre la población más pobre del país –allí están el bono salarial a los empleados del sector público, el bono productivo, el bono del bachillerato, entre otros-, con lo que la situación de los pobres avanzó en términos relativos y se redujo la brecha entre los ricos y los pobres. Con la bonanza, ahora explicada por los elevados precios internacionales de los productos que exporta el país, la desigualdad del ingreso pasa desapercibida, pero cuando estalla una crisis, como la que veo aproximarse desde Europa en el primer semestre del próximo año, se dispara la pobreza por el desempleo y la caída de los salarios, la disminución de la producción exportable y la reducción de las remesas familiares, la contracción de la inversión extranjera directa y la menor afluencia del turismo, con el agravante del peso de la deuda de las familias por el uso de la tarjeta de crédito y préstamos personales e hipotecarios. Nuestro hogares, compuestos por 5.9 personas promedio nacional en 2009, han admitido en su casa a un nuevo miembro, una deuda familiar de 13.2% del PIB en 2010.

La situación antes descrita me recuerda al Movimiento de los Indignados, pero no a los indignados políticos opositores criollos que hasta la fecha no muestran coherencia entre su pensamiento y su praxis, muy mal representados porque entre ellos veo a uno que es impune y violador de los derechos humanos, sino de 1 millón 500 mil nicaragüenses que tienen problemas de empleo, sencillamente porque están desempleados, trabajan menos de 8 horas diarias o si las trabajan devengan un ingreso menor que el salario mínimo legal. Los que integran ese Movimiento dicen que son el 99% y plantean una revolución ética, un cambio de rumbo en el sistema que trata a los seres humanos como números y no como personas, y afirman que la supervivencia del desempleado depende de que la democracia funcione.

Comparto el criterio que ha llegado el tiempo que la teoría económica se comprometa con la ética y la justicia social para fundar una nueva economía, el comienzo de una nueva era. El mayor desafío del presidente Daniel Ortega será restaurar la prosperidad y el poder para el 99%, porque el sistema que heredó manufactura desigualdad. Todos quieren un mundo mejor y más justo.

El pacto fiscal no salvó al mercado real de Europa

Aunque Europa contribuye con el 26% en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial en 2011, 23 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, o sea el 10.3% de su población económicamente activa, quedaron al margen de los acuerdos de la cumbre de los países de la Unión Europea, porque sus líderes políticos no tomaron en cuenta los estímulos para la creación de empleo y la aceleración del anémico crecimiento del más importante grupo de países de economías avanzadas.

Entre los principales acuerdos de la cumbre, el que sobresale es el de la supervivencia del euro a sus 10 años de historia, gracias a un pacto fiscal que exige un excesivo rigor de la política presupuestaria, al condicionar que los presupuestos de los gobiernos centrales deberán estar equilibrados o tener un superávit, que obligará a una gran austeridad porque cualquier déficit fiscal estructural, es decir el nivel del déficit presupuestario gobierno en un escenario donde el PIB Real es igual al PIB potencial y se le conoce como el déficit de pleno empleo, no deberá exceder el 0.5% del PIB Nominal, la nueva “regla de oro” que deberá incorporarse en las legislaciones nacionales que también sancionarán más duramente, y en una forma semiautomática, la presencia de un déficit fiscal que supere el 3% del PIB o la de una deuda pública que sea mayor que el 60% del PIB. La Comisión dará su opinión y podrá exigir cambios antes de la aprobación de las cuentas en cada país y el Tribunal de la Unión Europea (UE) dictaminará si un Estado incumple las reglas fiscales.

Un segundo acuerdo importante es que los líderes de los países europeos también exigieron una mayor coordinación económica a escala de la Eurozona, como serían la armonización de impuestos, la unión laboral y las reformas financieras, lo cual motivó a que el Reino Unido quedara también al margen de los acuerdos de la cumbre al no someterse a las reformas de los mercados financieros ya aprobadas y en curso, especialmente en la City de Londres, el principal centro financiero europeo, que genera un 9% del Producto Nacional Bruto (PNB) del Reino Unido y  alberga, como en Nueva York, a la mayoría de las compañías que operan en fondos de alto riesgo ( hedge funds), los mismos que la Unión Europea quiere regular.

Sin embargo, en los acuerdos no se observa cuál sería la respuesta si la crisis aumentara en la Eurozona, y no se le da un papel preponderante al Banco Central Europeo (BCE) en el fondo de rescate, ni se mencionan los eurobonos. Todavía suena el eco de las palabras de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que “Quien pida la emisión de los eurobonos para hacer frente a la crisis de la deuda europea es porque no ha entendido la crisis”, así como su insistencia en la independencia del BCE como garante de la estabilidad monetaria y que dicha entidad sólo gestionará el fondo de rescates en las operaciones de mercado. Es decir que en las próximas emisiones de deuda del fondo de rescates, el BCE actuará como colocador, pero nada más, ni avalará esas emisiones, como sí harán los países de la Eurozona, ni las comprará, salvo un giro radical en su política.

Por eso, la canciller alemana, Angela Merkel, se negó a aportar más recursos para ampliar ese fondo de rescates, que se considera como temporal, denominado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y dotado de 500 mil millones de euros, y tampoco permitió la conversión del fondo en una entidad financiera para darle acceso a las líneas de liquidez del BCE, por lo cual la Eurozona estará obligada a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque parezca extraño, el tercer acuerdo es que los países de la Unión Europea tendrán que aportar al FMI 200 mil millones de adicionales, con la esperanza de que el policía financiero internacional contribuya a estabilizar la Unión Monetaria Europea, mejor dicho a salvar al euro, desde Washington.

Un cuarto y último aspecto importante de los acuerdos es que, aún supeditado a “una confirmación” del parlamento de Finlandia, se adelantó la entrada en vigor del fondo permanente o Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) a julio de 2012, un año antes de lo previsto, y se agiliza la toma de decisiones de este fondo, que serán por una mayoría calificada del 85%, en lugar de la unanimidad actual, lo que limita el derecho de veto a Alemania, Francia e Italia, y se renuncia a incorporar en la emisión de nuevos bonos europeos una cláusula que obligaría a los inversores a asumir pérdidas, de forma automática, en caso de rescate.  Esto último, con mucha seguridad, ha disparado la venta de títulos de los países más cuestionados. Además, la canciller alemana, Angela Merkel, anuló los planes de conceder al MEE una licencia bancaria, es decir una medida que le hubiera permitido conseguir fondos baratos del BCE.

Tras la cumbre, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha declarado que el acuerdo “se acerca bastante a un buen pacto fiscal”, mientras que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha explicado que el acuerdo “es un paquete que va realmente en la buena dirección”. Yo creo que estas reformas estructurales de la política fiscal de la Unión Europea, impulsadas por Alemania y Francia y que se identifican más con una ley de responsabilidad fiscal, no dan respuesta al principal problema económico que aqueja a la economía europea sino que lo agudizan, porque las ideas de los políticos europeos de turno, en vez de aumentar la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones) para reducir el desempleo y pagar la deuda pública, están sesgadas a la restricción del gasto y el déficit presupuestario con el afán de que los países muy endeudados, dicho sea de paso todos los países de la Eurozona, cancelen la deuda a los banqueros tenedores de los bonos soberanos emitidos por esos países. El rescate es a banqueros y no a naciones. El rescate es a balances bancarios y no a presupuestos nacionales.

Una masiva intervención del BCE para comprar los bonos basura hubiese sido una señal muy importante para dinamizar la producción y reducir el desempleo, la cual se hubiese fortalecido en el mediano y largo plazo con el pacto fiscal. Para esto se requería una mayor solidaridad de las grandes economías del continente europeo, pero no existió la voluntad política para hacer ambas cosas. Los líderes europeos salvaron la moneda común pero abandonaron a los desempleados y a la economía real. Por ello, en el corto plazo es de esperarse para Europa y, por ende, para el mundo, en el mejor de los casos, una prolongada desaceleración del crecimiento económico o, en el peor de los casos, una recaída económica.

La desregulación de la banca ha promovido acciones irregulares, yo diría inapropiadas, de los sistemas financieros, que han sido la detonante en todas las crisis. Decía recientemente el profesor Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, que los políticos argumentan varias causas para explicar el origen de la crisis financiera y económica, por ejemplo el déficit fiscal y la deuda pública en la Eurozona y ahora dicen que es el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, la insuficiencia en el ahorro en México, la gobernanza poco transparente en el Asia Oriental, la exuberancia irracional del crédito bancario al sector privado en España, pero la constante en todos estos casos es que los sistemas financieros son incapaces de evaluar solvencias ni administrar los riesgos como se suponía que debían hacerlo.

La austeridad alemana se impuso en la salida de la crisis del euro, pero “creemos que es indispensable una mayor regulación financiera”, concluyó Nicolas Sarkozy al final de la cumbre. ¿Existirá esa voluntad política para eliminar el libertinaje del sistema financiero? Veremos, después que el Reino Unido se ha quedado aislado en su rechazo a la reforma institucional europea.

Petición a los diputados entrantes

A los diputados elegidos por nosotros el 6 de noviembre recién pasado, les presento mi petición que autoricen la formación de una comisión especial que analice y se pronuncie sobre dos solicitudes de desaforación del diputado electo Eduardo Montealegre, que fueron enviadas al despacho de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional por la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y por el Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011.

Como es de conocimiento de ustedes, en particular, y de los nicaragüenses, en general, el diputado reacusado Eduardo Montealegre me calumnió al tildarme como un defraudador del Estado de Nicaragua y me injurió al poner en tela de juicio mi reputación de economista en sus respuestas que él escribió en un chat con los lectores de La Prensa, que fueron publicadas por ese diario el 31 de julio de 2008; esas calumnias e injurias fueron reiteradas y ampliadas por el diputado cuestionado en una supuesta carta de disculpas que él escribió a solicitud del diputado reelecto Dr. Wilfredo Navarro Moreira, que puso a circular desde la dirección electrónica de su movimiento político el 2 de febrero de 2011 y que me obligó a acusarlo por segunda vez.

Las consecuencias morales y económicas provocadas por las difamaciones que ha pronunciado públicamente el diputado Eduardo Montealegre contra mi persona han trascendido a mi núcleo familiar, por lo cual también emprendí otra demanda judicial para que responda por esos daños, que incluyen hasta los de una perniciosa persecución laboral de parte de ese diputado, a quien no puedo considerarlo como una persona con autoridad moral, honesta y respetuosa debido a que su soberbia y prepotencia lo han conducido a un margen de la justicia.

Señores y señoras diputados entrantes, cuando ustedes se sienten en sus escaños, habré perseverado en tener acceso a la justicia durante 3 años y 4 meses, y tengan la seguridad que siempre perseveraré en reclamar mi derecho a tener ese acceso. A la fecha no he logrado defenderme porque, por un lado, el diputado Eduardo Montealegre se escudó inapropiadamente en la inmunidad que le confiere su cargo de diputado constitucional y decidió alargar la fila de los impunes de nuestro país y, a la vista de todos nosotros, cargar su presunta delincuencia y, por otro lado, porque el hasta ahora Primer Secretario de la Junta Directiva, Dr. Wilfredo Navarro Moreira, siempre me manifestó el argumento constante de que no podían proceder a la formación de la comisión especial de desaforación para evitar que dicho diputado se auto denominara un “perseguido” político en los escenarios de las elecciones municipales, regionales y nacionales realizadas entre los años de 2008 y 2011.

Confiando en contar con el apoyo moral de cada uno de ustedes en la defensa de mi honor personal y profesional y del honor familiar, exceptuando al diputado reacusado, me valgo de esta ocasión para desearles éxitos en sus actividades legislativas y reiterarles mis distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Una caída de 33 meses consecutivos

Con una pronunciada desaceleración de 12 meses y a renglón seguido una caída de 33 meses consecutivos de la generación de servicios de las entidades financieras radicadas en el país, cabe preguntar cuál es la función actual del sistema financiero nacional de Nicaragua. La cartera de crédito bruta se ha desplomado como un porcentaje del total de activos, desde 66% en diciembre de 2008 hasta 47% en septiembre de 2011 y en este último mes los bancos radicados en el país, con 265 sucursales y ventanillas y 7,016 empleados continúan en crisis, no obstante Nicaragua salió de la recesión económica en el primer trimestre de 2010.

En términos promedio anual en cada mes del período enero 2008-septiembre 2011, el desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) mostró un crecimiento de 0.2%, que incluye la caída de 0.4% de las entidades financieras.

 

Esta situación ya debió haber encendido las alarmas en el BCN desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en abril de este año la autoridad monetaria redujo, sin ningún asidero técnico, la tasa de encaje legal sobre los depósitos en córdobas y en moneda extranjera de 16.25% hasta 12% diario y 15% catorcenal, con el ingenuo propósito de que los bancos ampliaran el crédito y disminuyeran las tasas de interés activas “dolarizadas” de 10.9%  para préstamos de corto plazo y de 11.32% para préstamos de largo plazo observadas en esos momentos, que son “fijadas por el mercado” como perjura el superintendente de bancos.

Supongo que el BCN sabía que el año de 2011 sería, como lo ha sido, el cuarto año consecutivo de la caída del crédito bancario como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y que los 6 bancos radicados en el país padecían de una excesiva liquidez, la cual, como un porcentaje de los activos totales del sistema bancario, saltó de 21% en diciembre de 2008 a 29% en marzo de 2011, previo a la reducción de la tasa de encaje legal, y que se ha mantenido a la fecha .

La incómoda posición actual de las entidades bancarias se explica en parte porque no existe una coordinación efectiva de la política financiera por parte del BCN, ya que se la ha dejado exclusivamente al mercado, el cual demostró que no es tan sabio por la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008, con más razón cuando se han enraizado la impunidad bancaria y el mercado libertino.

Como lo demuestran las estadísticas financieras nacionales antes mencionadas, el crédito bancario local no apoya el crecimiento económico de Nicaragua. Además de que los bancos en el mercado local están entrampados en una excesiva liquidez con altas tasas de interés activas, las tasas de interés pasivas “dolarizadas” más la tasa de devaluación anual no estimulan el ahorro financiero al ser menores que la tasa de inflación interanual en cualquier momento del año; el margen de intermediación financiera también es excesivo, porque el costo del crédito y los gastos administrativos de los bancos son altos, es decir que los bancos tienen una baja productividad; y la utilidad bruta con respecto al capital también es alta, lo cual puede ser explicado por la extracción de ganancias oligopólicas a los usuarios del crédito y a los depositantes, y esto aumenta la probabilidad de que la cartera de crédito se deteriore.

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) debería preocuparse por el hecho que la solidez de los bancos depende en parte de la capitalización de utilidades que se originan en su excesivo margen de intermediación financiera y, además, debería tener en cuenta que en una economía globalizada las utilidades de los bancos provienen cada vez más de intermediar eficientemente el ahorro financiero, o sea con bajos costos no financieros y altos índices de cartera productiva.

Mientras tanto, ¿qué hacen los directivos y los altos cargos administrativos de los bancos para corregir la crítica situación en que se encuentran, para que los bancos vuelvan a crecer? Se necesita una mayor transparencia y competitividad de las entidades bancarias, por lo cual deberían mejorar la eficacia en el manejo de la cartera y en la generación de ingresos financieros, así como mejorar la productividad de los servicios no financieros. Es preocupante que los gastos de administración de las 6 entidades bancarias sean iguales al 65% de sus resultados operativos brutos, por lo cual es muy probable que, gracias a la desregulación fortalecida con el Consenso de Washington, las remuneraciones de directivos y altos cargos administrativos puedan estar incidiendo en la elevada tasa de intermediación financiera y la crisis de los bancos. Ojalá que la Asamblea Nacional de Nicaragua tome nota de esta situación y la analice para evitar más sorpresas en el futuro mediato, el BCN realice científicamente y publique los resultados de las pruebas de estrés financiero de las entidades financieras y la SIBOIF adopte una conducta activa para una supervisión efectiva del sector bancario, a sabiendas que se aproximan más choques financieros desde el exterior.

En las escuelas de negocios se explica a los alevines de banquero que su talento es escaso y por eso su salario es elevado, pero son los directivos de los bancos que fijan esos salarios, de tal manera que la calidad de la gestión, por muy cuestionable que sean los resultados, nada tiene que ver con esos salarios. Cobran mucho porque hacen crecer a los bancos, dicen los altos cargos administrativos, pero como una muestra pueden ver el gráfico de la tasa de crecimiento del valor agregado real de los bancos en los últimos cuatro años.

Por su ley, el BCN preserva el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, con lo cual garantiza el rescate de los contribuyentes a intermediarios financieros que, por diversas razones, han perdido o están por perder su capital. Entonces, ¿por qué es público el salario del presidente del país y no el de un directivo o el de un alto cargo administrativo de un banco? Porque la opinión pública puede reaccionar en una forma airada. La decencia de las remuneraciones privadas no es competencia de la regulación pública, sino de nuestra cultura moral, pero las prácticas retributivas inadecuadas deberían ser limitadas por la sociedad y la política, mas no por la economía. ¿Estaría usted dispuesto a retribuir más a un abogado que pierde todos los juicios, a un administrador que  quiebra las empresas, a un cirujano que se le mueren sus pacientes, a un arquitecto que se le caen las construcciones? Creo que no.