Debemos continuar la disminución del riesgo-país

23 03 2014

Después del intento de que se imprimiera un carácter de ley a los decretos ejecutivos, se aprobó la reforma constitucional que se dictarán decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa; sin embargo, esos decretos tendrán fuerza de ley cuando no existan leyes que se le opongan en el ámbito administrativo. Esto es un riesgo económico y financiero para las empresas y, por qué no también para los consumidores, por los niveles de discrecionalidad que aún impera entre los servidores públicos.

Desde febrero de este año he observado correcciones a dos de esos decretos, después de los reclamos del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, a las autoridades gubernamentales para que se corrigieran los intentos de cobrar el impuesto de valor agregado y el impuesto municipal de ingresos a las transacciones de bienes en los puestos de bolsa agropecuaria y de suspender la importación de ciertos agroquímicos en el país.

El tercer decreto ejecutivo que ahora se cuestiona porque violenta la Constitución de la República de Nicaragua es el del ajuste del salario mínimo legal para 2014 con fecha 17 de marzo de este año, que lo hizo retroactivo a partir del 1 de marzo recién pasado, por lo cual estimo que el Presidente de la República tendrá que enmendar por tercera ocasión este otro intento de nuestros servidores públicos tratando de quedar bien no sé con quién, en vez de fortalecer nuestro marco jurídico y nuestras instituciones públicas y, por lo tanto, consolidar la gobernabilidad y la certidumbre entre los productores, inversionistas, exportadores y consumidores de nuestro país. Es muy elemental que sólo en materia penal la ley o los decretos son retroactivos, si y sólo si benefician al reo.

Por estos problemas de “carácter general” en el área administrativa, sugiero al primer magistrado de nuestro país, el Presidente de la República Daniel Ortega, que sancione a nuestros servidores públicos que cometan crasos errores en este tema de emisión de decretos que se oponen a la Carta Magna y a las otras leyes de nuestro país. Preocupa que la empresa privada se desgaste con tantas apelaciones ya previstas en las distintas instancias del Poder Judicial por tantos “errores” de los servidores públicos cuyos efectos se sintetizan en un demérito de la alianza gobierno-empresarios-sindicatos, hoy elevada a rango constitucional y que ha facilitado la minimización de los riesgos económicos y financieros, así como la reducción gradual del riesgo político no obstante la poca efectividad de la así denominada oposición política, que prácticamente no existe ni cuenta con una estrategia alternativa al proyecto del poder político en el poder.

Es muy preocupante el irrespeto a la Constitución de la República de Nicaragua, a las leyes del país y al Poder Judicial por parte de los servidores públicos. Por ejemplo, la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional “ignora” las solicitudes de dos jueces penales para que el Poder Legislativo inicie el proceso de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre Rivas y responda por sus dos presuntas delincuencias de injurias y calumnias contra mí, que no tienen ningún vínculo político ni con sus funciones legislativas, ya que las dos querellas surgieron por la irresponsable conducta personal del diputado impune. Es conocido por los nicaragüenses que desde el 8 de mayo de 2012 he escrito 25 cartas al Presidente de la Asamblea Nacional para que incorporen en el Orden del Día las dos solicitudes judiciales antes mencionadas, pero a la fecha no tengo ninguna respuesta, ni positiva ni negativa.

Vemos el caso del hermano del diputado Eduardo Montealegre Rivas, de nombre Álvaro Enrique, que tiene casa por cárcel por las acusaciones de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y crimen organizado –ya suman un poco más de 5 millones de dólares- que le hace la Fiscalía General de la República, pero un nicaragüense que sea acusado de ladrón es puesto de inmediato en la cárcel. Decía el Papa Francisco que un ladrón se diferencia de un corrupto, porque este último le roba al pueblo y aunque después le regale a la Iglesia no será perdonado por Dios, pero el primero se salvará del infierno sólo con que se arrepiente de sus pecados, o sea, sus robos. También Eduardo Montealegre Rivas se escuda inapropiadamente con  la inmunidad de su cargo, evade la Justicia e impide el juicio a otros 38 acusados por el complot contra el Estado de Nicaragua con la emisión y reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias de los años 2000 y 2001, y por la subasta de activos de los bancos liquidados, ésta última denominada “un caso que chorrea sangre” por las autoridades de la Contraloría General de la República.

Todos estos ejemplos no ayudan al resurgimiento económico de Nicaragua. Reitero que la corrupción y el irrespeto a nuestro marco jurídico, debilita el funcionamiento del Estado de Nicaragua, obstaculiza la notable tarea de la atracción de la inversión extranjera directa, cuyo ingreso bruto en 2013 fue 1.5 millardos de dólares estadounidenses y, consecuentemente, no se reduce la informalidad del mercado laboral ni el subempleo que afecta a más de la mitad de los trabajadores ocupados de nuestro país.

Es también bochornoso el hecho que los servidores públicos desconozcan sentencias de la Corte Suprema de Justicia, después que los reclamos de la población han cruzado todas las instancias judiciales hasta llegar a  casación en dicha Corte. Considero muy lamentables las palabras que me dijera el Procurador General de la República, el abogado Hernán Estrada, de que apelará una sentencia del Máximo Tribunal de febrero de 2007 que obliga a pagar los daños económicos desde el ciclo agrícola 1999/2000 a los productores Buenaventura Gutiérrez Rizo y Norma Estela Rizo Gutiérrez. El Procurador General de la República simplemente desconoce una sentencia del máximo tribunal de justicia del país. Es sobre estos asuntos, Señor Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, que usted debería intervenir para poner el orden entre los servidores públicos para que no continúen, con sus aberraciones jurídicas e incumplimiento de las leyes, provocando más daños a las personas en particular y a nuestra nación en general.

Muchos de nuestros servidores públicos se sienten servidos. Los altos cargos parecen enfermar el carácter de algunas personas que los ocupan. Su arrogancia y soberbia no les permiten razonar y, mucho menos, actuar acorde con las leyes y atender adecuadamente a los nicaragüenses desde sus puestos públicos. Da la impresión que mientras más duros se vuelven contra la población, más méritos acumulan en sus cargos. No debería ser así.  Nuestros servidores públicos deben honrar sus puestos de trabajo y atender a la población –porque con nuestros impuestos pagamos sus salarios-,  y cuando demuestran su posición de fuerza sin razón alguna, deterioran, indudablemente, la imagen del despacho del primer magistrado de nuestro país, el del Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra. 





La economía centroamericana en 2014

21 03 2014

Pese a los problemas puntuales en desempleo y en las finanzas de algunos países europeos, lo que estamos viendo del mundo desarrollado en 2014 es una recuperación productiva generalizada. Algo parecido en el resto del mundo, aunque con moderación en China, cuyo crecimiento económico se está reorientando a favorecer el consumo en vez de las exportaciones y esto obligará a cambiar de bienes a servicios y a disminuir la demanda de materia prima; también saldrán afectados los exportadores de commodities o bienes primarios, e incluso problemas en algunos países emergentes importantes.

COPADES ha realizado el pronóstico económico de Centroamérica para 2014, incluyendo a Panamá que ya se incorporó al Subsistema Económico de la Integración Centroamericana (SIECA), puede resumirse con un crecimiento de la producción de 4.5%, igual al registrado en 2013; se creará un menor número de puestos de trabajo; la brecha comercial externa se mantiene estable en el nivel de 15.4% el PIB y se observarán menores corrientes de recursos financieros provenientes del exterior; su principal reto económico es la sostenibilidad fiscal, porque los ingresos fiscales están afectados por el bajo crecimiento económico; y la inflación no es problema pero sí lo es el desempleo porque se creará un menor número de puestos de trabajo,  

En la región, la economía con la mayor aceleración en su ritmo de crecimiento es Nicaragua, seguido por Costa Rica, mientras que el resto de países observan mejoras, aunque moderadas, impulsadas por bajas tasas de inflación, remesas familiares e inversión extranjera directa. Panamá culmina ciclo intenso de inversión y su crecimiento económico tiende a desacelerarse

El principal riesgo en el ámbito de la producción es el fenómeno climatológico “El Niño”, con una alta probabilidad de ocurrencia, y podría afectar el desempeño productivo en el segundo semestre de 2014 y parte del año de 2015 con sequías y evolución errática del régimen de lluvias, afectando la producción agrícola de la región y elevando el precio de productos básicos. Su impacto en el ámbito internacional también podría impactar temporalmente al alza los precios de commodities y otros productos agrícolas.

La dinámica del mercado de trabajo se deteriora al mostrar la  creación de 705 mil puesto de trabajo en 2013-2014, frente a los 1.6 millones puestos de trabajo en el período 2011-2012. Dado el crecimiento de la población económicamente activa, se observará también un aumento de casi 80 mil personas desempleadas, que contrasta con la reducción de la desocupación en poco más de 92 mil personas entre 2011 y 2012.

La demanda interna, consumo e inversión, desacelera porque la tasas de interés reales, es decir, tasa de interés nominales menos la tasa de inflación, tienden a elevarse por las condiciones financieras más restrictivas  en los mercados internacionales. En el mediano plazo, con el gradual retiro del estímulo monetario (quantitative easing) en la economía de Estados Unidos, las tasas de interés continuarán aumentando y reasignarán el apetito de riesgo de los inversionistas y, consecuentemente, se darán menores corrientes de capital hacia las economías en desarrollo y en los mercados emergentes.

La demanda externa continuará siendo moderada y la caída en los precios de algunos de los principales componentes de la oferta exportable centroamericana conducirá a un magro crecimiento de las ventas externas. Por su parte, la desaceleración de la demanda interna y los bajos precios internacionales mantendrán relativamente deprimido el valor de las importaciones. Por consiguiente, la balanza de pagos centroamericana reflejará un elevado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, acompañado de una menor abundancia del endeudamiento público y privado con el exterior y de la inversión de cartera.

En el ámbito de las finanzas gubernamentales, adquiere importancia la recuperación de espacios de acción de política económica, Se observan desequilibrios fiscales marcados en Costa Rica y Honduras, con déficit fiscales de 5.8% del PIB y del 8.0% del PIB respectivamente. Los niveles de déficit y de deuda pública alcanzados como parte de las políticas anti-cíclicas, que se implementaron durante la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 a partir de la quiebra de la banca de inversión de Wall Street, lucen hoy elevados. Los países centroamericanos han enfrentado obstáculos considerables que les ha impedido contener el gasto gubernamental en rubros como las remuneraciones y las transferencias corrientes. Paralelamente, una estructura tributaria débil y el bajo crecimiento económico han tenido un impacto desfavorable en los ingresos tributarios, agudizando la problemática fiscal.

No se observan nubarrones inflacionarios en el horizonte. La ausencia de presiones inflacionarias de origen externo y los avances en las reformas que propician una mayor efectividad de la política monetaria se reflejarán positivamente en el nivel general de precios. Los países centroamericanos tienen esquemas  de política monetaria consolidada, pero el único riesgo es la posibilidad de que aparezcan presiones cambiarias si se dan cambios importantes en las condiciones de la liquidez internacional.

En resumen, la evolución externa provoca efectos mixtos en la economía del istmo centroamericano, a saber: (i) un mayor crecimiento económico externo y ganancia en términos de intercambio son elementos de estímulo a la producción interna; (ii) un mayor ingreso potencial proveniente de remesas familiares apoya al consumo privado y la estabilidad externa; (iii) la estabilidad de precios contribuye a mantenimiento de inflación baja; y (iv) el aumento en tasas interés y limitación financiamiento repercute en encarecimiento del crédito y afecta composición de cartera financiera entre moneda nacional y extranjera.

COPADES ofrece desde este momento a las empresas radicadas en Nicaragua, que tienen intereses comerciales, financieros y económicos con el resto de países del istmo, el Seminario de Actualización Empresarial “La Economía de Centroamérica en 2014”, con un detalle de las políticas y tendencias de las principales variables económicas de cada país en particular y de la región en general. Pueden visitar nuestra página http://www.copades-nic.com





Salario mínimo legal sin consenso

16 03 2014

Presentación1

Concluyó la ya tradicional etapa del desgaste interinsitucional en la mesa de la Comisión Nacional del Salario Mínimo y ahora esperamos el veredicto del Gobierno de Nicaragua, en este caso representado por la Ministra del Trabajo (MITRAB), Dra. Alba Luz Torres, porque no se logró el esperado consenso tripartito gobierno-empresarios-sindicatos.

Desde el 16 de enero de este año, con el Gobierno de espectador, hemos observado que el dirigente de la Federación Nacional de los Trabajadores (FNT), Dr. Gustavo Porras, propuso un aumento del 16.5 % con base en una inflación acumulada de 2013 que fue 5.54 % y en un incremento del 12% en el valor de los productos de la canasta básica, pero no sé dónde obtuvo este último dato que no pertenece a la economía de Nicaragua.

También hemos visto cómo el dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), Luis Barbosa, ha disminuido su propuesta de ajustar el salario mínimo legal desde 16.5% hasta 14%, sin demostrar los criterios de su propuesta. Tomando como referencia la información oficial de la canasta de consumo básico que publica el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) con datos obtenidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2013 los precios de los 23 productos alimenticios reflejaron una inflación acumulada anual de 0.52%, mientras que los precios de los 53 productos contenidos en esa canasta de consumo básico subieron 1.83% en el año pasado al registrar un valor de 11 mil 43 córdobas en diciembre recién pasado. Cabe aclarar que, además de los 23 alimentos, la canasta contiene 11 productos para usos del hogar incluyendo el alquiler de la vivienda, 4 tarifas de servicios público y 15 prendas de vestir y calzados y, por otro lado, que el poder adquisitivo o poder de compra del salario mínimo legal aumentó 6.2% en 2013.

El secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, manifestó recientemente que estaba dispuesto a razonar el planteamiento del 11% siempre y cuando el sector privado se acercara a un planteamiento que permitiera a las tres partes coincidir y obtener un consenso. Esta propuesta la consideré realista, legal y muy razonable, porque, según la ley, el salario mínimo se ajusta con la proporción resultante de la suma de la tasa de crecimiento económico más la tasa de inflación acumulada anual que se registraron en el año anterior. De acuerdo con datos económicos ya divulgados por el BCN, en 2013 el crecimiento de la producción de bienes y servicios fue 4.6% y la tasa de inflación acumulada anual fue 5.7%; por consiguiente, la tasa de ajuste del salario mínimo legal sería 10.3% en 2014.

Por su parte, los empresarios presentaron la propuesta de ajustar el salario mínimo legal con un dígito y al final de las rondas de discusión especificaron el 9.0% para las actividades no agropecuarias y el 9.5% para las actividades agropecuarias. Ambas tasas de ajuste coinciden bastante con el mayor ajuste salarial que se incluyó en el Presupuesto General de la República y se aproximan bastante a lo que señala la ley, lo cual es otra referencia que debería tomar en cuenta la Dra. Alba Luz Torres.

El presupuesto nacional de este año aprobado por la Asamblea Nacional incluyó ajustes salariales de 9.0% para el Ministerio de Educación (MED), 7.3% para el Ministerio de Salud (MINSA) y 5.0% para el resto de cargos del sector público. La Ministra del Trabajo también sabe que el bono salarial, ya incluido en el presupuesto y equivalente a 60 millones de dólares anuales pagados con nuestros impuestos, se entrega al menos a 61 mil trabajadores del sector público, por lo cual los estratos de trabajadores del sector público que devengan los más bajos salarios de hecho ya devengan un ingreso mensual mayor que el salario mínimo legal.

Como economista, no estoy de acuerdo con el criterio que establece la ley actual para ajustar el salario mínimo legal, pero debo aceptarlo porque es la ley aunque no me guste ni se justifique científicamente. Para no echar más leña al fuego inflacionario, el ajuste del salario mínimo legal debería responder al aumento del costo de la vida, o sea, la tasa de inflación acumulada anual que el año pasado fue 5.5%. Por eso, sería aceptable el ajuste ante mencionado de 10.3%, que sería entregado al menos a 130 mil trabajadores en dos partes, es decir, 5.15% en marzo y otro 5.15% en septiembre próximo.

Sin educación técnica, sin transferencia de tecnología para las microempresas y las pequeñas empresas y con altas de interés activas en el mercado financiero local no se puede promover una mayor competitividad empresarial ni apoyar un crecimiento económico sostenible de nuestro país. Así no se puede elevar la productividad laboral, que es la clave para incrementar el poder adquisitivo de los salarios. Por esta razón, estimo que las autoridades nacionales, junto a los empresarios y los trabajadores, necesitan emprender la tarea de formular e implementar un conjunto de políticas públicas que tiendan a resolver los graves problemas estructurales del mercado laboral, los cuales no se solucionan con ajustes salariales de dos dígitos.

La recuperación del poder adquisitivo de los salarios en general, y del salario mínimo en particular, será paulatina. No tengo dudas al respecto, porque el nivel de escolaridad promedio de los nicaragüenses es apenas de 6 años, sólo nos hemos graduado en educación primaria. No es con mayores salarios que se reducirán las altas tasas de subempleo y de informalidad de la economía, sino con más inversión, más educación técnica, y con crédito a menor costo acompañado de transferencia de conocimientos tecnológicos. Es necesario el restablecimiento de un efectivo banco estatal de fomento, un instrumento que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le quitó al Estado de Nicaragua en la década de los noventa.

Estos problemas no se resuelven exclusivamente en centros universitarios, sino también en institutos tecnológicos medio y superior. También se resuelven en el Ministerio del Trabajo, que es el rector de una política nacional de empleo, con la creación de un banco de datos de subempleados y desempleados y la reclasificación de los trabajadores con perfiles ocupacionales relacionados con la ejecución de proyectos de inversión privada y pública y, por supuesto, con el entrenamiento en la adopción de nuevas tecnologías para elevar la productividad de la economía. Ojalá que esos fueron los temas de discusión profunda y agotadora que pudiesen tener las tres partes que se reúnen periódicamente en el Ministerio del Trabajo.

El desenlace del salario mínimo legal será este lunes 17 de marzo. Veremos si se cumple la ley.





Carta 25 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

15 03 2014

15 de marzo de 2014

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Continúo con mi persistente reclamo de conocer su respuesta a la solicitud de la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda, con fecha del 6 de octubre de 2008, y a la solicitud del Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, con fecha del 15 de junio de 2011, para que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua dé inicio al proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas.

Cualquier ciudadano espera de los diputados el debido respeto a las leyes de nuestro país, especialmente a la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. En dicha reforma, el Artículo 5 manifiesta el respeto a la dignidad de la persona humana; el Artículo 6 dice que Nicaragua es un Estado Democrático y Social de Derecho, que promueve, entre otros valores superiores, la justicia y la preeminencia de los Derechos Humanos; y el Artículo 26 establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación. Además, el Artículo 130 señala que todo funcionario público actuará en estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Tengo entendido que sólo los impunes se burlan de las leyes, uno de ellos Eduardo Montealegre Rivas, quien se ha escudado inapropiadamente en la inmunidad que le confiere su cargo de diputado desde el 31 de julio de 2008, pero también es muy reprochable el hecho que la Honorable Asamblea Nacional de Nicaragua continúe protegiendo o encubriendo al diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, violador de los derechos humanos, por sus presuntos delitos de injurias y calumnias que él escribió en el diario La Prensa contra este servidor.

Puedo esperar que los diputados de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI) y los dos diputados de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC) protejan o encubran al presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas, pero sorprende que la Bancada de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con su silencio, haga caso omiso del irrespeto a la persona humana y de la violación de los derechos humanos, e implícitamente obstaculice la justicia y no se apegue a la Constitución y las leyes.

Tengo la seguridad que usted leerá esta vigésima quinta carta en que le reitero mi petición que le presenté por escrito desde el 8 de mayo de 2012, y espero que el Orden del Día que apruebe próximamente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional facilite mi derecho humano de tener acceso a la Justicia.

Atentamente,

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

 

cc:          Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

                Archivo. 





La Mujer y el mercado laboral en Nicaragua

9 03 2014

Presentación1

A finales del año de 2012, según cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Nicaragua contaba con 6 millones 94 mil 438 habitantes, y de esta población 3 millones 90 mil 171 son mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer que se celebró el 8 de marzo recién pasado, dedico este artículo económico a describir la participación de la mujer nicaragüense en el mercado laboral de nuestro país a finales de hace dos años, con el ánimo que las autoridades gubernamentales propicien el establecimiento de adecuadas políticas laborales y salariales que faciliten mejores oportunidades de empleo y salarios a las mujeres.

  • El 50.7% de la población del país es femenina.
  • La mujer participa con el 45.1% en la población económicamente activa y con el 74.4% en la población no económicamente activa.
  • Del total de las personas que trabajan y buscan empleo, o sea, 3 millones 261 mil 383 personas, el 45.1%  está formado por mujeres.
  • 37 de cada 100 mujeres económicamente activas están desempleadas y subempleadas. O sea, 850 mil 820 mujeres tienen problemas de empleo.
  • 66 de cada 100 personas que se cansaron de buscar trabajo o no encontraron el trabajo que necesitan son mujeres de 14 años y más de edad.
  • La mujer participa con el 75.0% de la población no económicamente activa con experiencia.
  • 45 de cada 100 personas ocupadas y subempleadas son mujeres.
  • 32 de cada cien ocupados que laboran 8 horas diarias son mujeres.
  • 48 de cada 100 personas desempleadas y subempleadas, son mujeres que no trabajan o que laboran menos de 8 horas por día o que, trabajando las 8 horas diarias, devengan un salario menor que el salario mínimo legal.
  • El 45.5% de los ocupados sin seguridad social es mujer.
  • La mujer participa con el 46.1% en el total de los ocupados en el sector informal de la economía, es decir, que trabaja en empresas que no tienen registros contables.
  • El 70.1% de la oferta potencial de trabajo es de la mujer.

Los jóvenes, de 15 a 24 años de edad y principalmente mujeres, son más vulnerables frente a la crisis microeconómica nacional, porque su tasa de desempleo abierto (sin incluir el desempleo equivalente asociado con el subempleo) se aproxima al nivel de 12%, lo cual demuestra que es el grupo más perjudicado en el mercado laboral de nuestro país. La mayoría de las mujeres jóvenes, como también ocurre a los hombres jóvenes, ocupa empleos precarios cuando se incorporan al mercado laboral, con tecnologías atrasadas y sin contratos de trabajo, sin seguridad social ni estabilidad laboral, y como la mayoría proviene de familias pobres se potencia el riesgo de la transmisión inter generacional de la pobreza.

Algunas sugerencias que presento a los formuladores de políticas públicas dirigidas al mercado laboral que tiendan a favorecer a las mujeres, en particular, y a la población, en general, son la formulación de políticas de empleo entre el gobierno, los sindicatos y los gremios de productores, tomando en cuenta ese diálogo tripartito que hoy tiene rango constitucional; la promoción de la educación técnica media y superior para elevar la productividad laboral; el apoyo al desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas mediante el restablecimiento de una banca de fomento que transfiera crédito con costos apropiados, es decir, con razonables tasa de interés, y tecnología a un bajo costo; la emisión de un decreto presidencial para legalizar la igualdad salarial de hombres y mujeres en el mismo puesto de trabajo y con las mismas responsabilidades; y reducir los trámites burocráticos para la creación de empresas.

Felicito a las mujeres en su Día Internacional. Antier, en una calle de la Ciudad de Managua, me llamó la atención una manta con el mensaje que reducir la desigualdad de las mujeres pobres es que paguen menos impuestos que lo que pagan los ricos. Tienen razón. No sólo existe una inequitativa distribución del ingreso entre la población, sino también una mayor presión tributaria sobre los pobres de nuestro país. Ojalá que las autoridades nacionales se preocupen y logren coordinar, junto con los empresarios y los sindicatos, las políticas apropiadas para facilitar la igualdad de oportunidades para la Mujer Nicaragüense.





La desigualdad de la distribución del ingreso en Nicaragua

6 03 2014

Presentación1

La última encuesta de medición de nivel de vida (EMNV) de la población nicaragüense fue realizada en 2009. Esta encuesta fue la número cinco de las realizadas desde 1993 y la única que acusó un aumento de la pobreza fue la del año 2005, durante la administración del Ing. Enrique Bolaños, cuando el índice de pobreza general se remontó hasta el 48.3% de la población total del país, mientras el índice de pobreza extrema se elevaba hasta el nivel de 17.2%.

De acuerdo con la base de datos de la V EMNV 2009 que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), les presento a continuación algunos resultados de la distribución del ingreso de ese año.

  • 749,959 familias, que representaron el 76.8% del total de familias, tenían un ingreso promedio mensual equivalente a US$283, siendo el mínimo de US$34 y el máximo de US$587. La mediana de estos ingresos familiares mensuales era US$263.
  • 138,100 familias, que representaron el 14.1% del total de familias, tenían un ingreso promedio mensual equivalente a US$757, siendo el mínimo de US$609 y el máximo de US$976. La mediana de estos ingresos era US$722.
  • 88,827 familias, que representaron el 9.1% del total de familias, tenían un ingreso promedio mensual equivalente a US$1,809, siendo el mínimo de US$1,036 y el máximo de US$4,563. La mediana de estos ingresos era US$1,252.

Estos datos nos revelan que, excluyendo los alimentos y el vestuario, el poder de demanda de bienes y servicios de consumo final se concentra sólo en el 23.2% del total de familias nicaragüenses, un porcentaje bastante aproximado al 19% de la población económicamente activa que correspondía a los trabajadores activos asegurados en 2009. Estos resultados también ayudan a demostrar la progresiva extinción de la clase media del país y otro ejemplo de esto es que en la actualidad no se construyen viviendas para este estrato de la población. La construcción de viviendas se concentra en dos polos, mansiones y viviendas de interés social.

Otras conclusiones interesantes sobre la desigualdad de la distribución del ingreso en 2008, cuya Curva de Lorenz mostró un Coeficiente de Gini de 0.45, son las siguientes:

  • El 10% de las familias con más bajos ingresos apenas captaba el 1.8% del ingresos total, mientras que el 10% de las familias de más altos ingresos capturaba el 35.5% del ingreso total.
  • El 50% de las familias con menores ingresos sólo disponía del 20.2% del ingreso total.
  • El 80% de las familias con ingresos más bajos tenía acceso al 48.6% del ingreso total.
  • El 20% de las familias con más altos ingresos se apoderaba del 51.4% del ingreso total.
  • El 5% de las familias más ricas del país concentra el 21.4% el ingreso total.

Es cierto que en los últimos años ha disminuido la desigualdad de la distribución del ingreso, ya que en 2005 el Coeficiente de Gini era 0.51. Este coeficiente si se acerca a 1 demuestra una gran inequidad en la distribución del ingreso, y si se acerca a 0 demuestra una mayor equidad en la distribución del ingreso.

Sin embargo, sólo a través de la inversión se podrá facilitar la creación de puestos de trabajo para elevar los ingresos de las familias nicaragüenses y, por lo tanto, se podrá disminuir la inequidad de la distribución del ingreso. Por ello reitero la necesidad de políticas públicas que apunten a la ampliación y el mejoramiento de la calidad de la educación primaria y secundaria, el restablecimiento de la educación técnica media y superior, la transferencia de tecnología a la microempresa y la pequeña empresa para elevar los rendimientos productivos y la productividad de la economía, el impulso de la adopción de sistemas contables sencillos la microempresa y en la pequeña empresa, el diseño e implementación de un programa nacional de agroindustrialización, la promoción de una política financiera nacional que sea coordinada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el restablecimiento de una efectiva banca de fomento a la producción que conceda crédito con tecnología a la mayoría de los productores que no son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional.

La economía nicaragüense continúa siendo excluyente e inequitativa. El Papa Francisco declaró recientemente que la desigualdad económica es “el mayor desafío de nuestro tiempo”. La mayor parte del crecimiento económico de nuestro país se ha concentrado en pocas manos y el Estado tiene pocos instrumentos para redistribuir el ingreso –se los quitó el Consenso de Washington en la década de los 90- con la implementación de los dos primeros draconianos programas ESAF en nuestro país, retratados con la reducción del gasto social, la privatización del acervo público y el masivo desempleo.

Si en estos momentos no existe una suficiente capacidad estatal para redistribuir el ingreso, el diálogo tripartito gobierno-empresarios-sindicatos, ya elevado a rango constitucional, por lo menos debería insistir en la garantía de la igualdad de oportunidades para todas las familias nicaragüenses.

Presentación1





El Pronóstico del Índice de Riesgo-País de Nicaragua en 2014

5 03 2014

El índice de riesgo-país de Nicaragua tiende a incrementarse sólo en 20 puntos básicos hasta el nivel de 4,100 puntos básicos (ó 41 puntos en una escala de 0 a 100) en el cuarto trimestre de 2014 con respecto al cuarto trimestre de 2013, y mantiene el calificativo de alto.

Presentación1El riesgo político de 43 puntos (en una escala de 0 a 100 y que pondera con un 50% en el índice de riesgo-país) o de 4,300 puntos básicos, muestra una estabilidad en el cuarto trimestre de 2014 con respecto al registrado en el cuarto trimestre de 2012, y es calificado como moderado principalmente por una mejor estabilidad gubernamental, una menor presión de conflictos externos y una probable distensión en las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

Entre los indicadores políticos del país que muestran mayores riesgos se destacan las relaciones entre el Gobierno, el Ejército, la Policía y la Inteligencia, por el mandato directo presidencial sobre los mandos de ambas instituciones y la participación de los militares en cargos civiles del Poder Ejecutivo, y la potencialidad de los conflictos sociales asociados con protestas de la sociedad civil por las reformas constitucionales.

Cinco indicadores políticos permanecen constantes al ser comparados con sus niveles observados en el cuarto trimestre de 2013: las condiciones socioeconómicas por la presencia de una insuficiente tasa de crecimiento económico y una baja presión inflacionaria; el orden social, dado el efectivo control de la policía y el ejército sobre el narcotráfico y la delincuencia; el sistema judicial, por un mejor desempeño de los funcionarios judiciales; los servicios gubernamentales, que se explica con la predisposición gubernamental de disminuir la corrupción; y el riesgo regulatorio que toma en cuenta la reforma de 51 artículos de la Constitución de la República aprobada en el cuarto trimestre de 2013.       

Presentación1

En el ámbito económico, el riesgo de 18.5 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 1,850 puntos básicos, tiende a elevarse 50 puntos básicos en el cuarto trimestre de 2014 con respecto al cuarto trimestre de 2013 y es calificado como muy bajo. Dos indicadores económicos tienen un riesgo muy bajo, como son el desempeño productivo del país al reflejar el Índice Mensual de Actividad Económica una tendencia de crecimiento de 3.5% a finales del año, y una tasa de inflación interanual de 6.1% en el cuarto trimestre de este año. Un indicador muestra un riesgo bajo, gracias al mantenimiento de la asistencia financiera de Venezuela como una deuda privada externa, por lo cual se registrará un déficit fiscal de US$38 millones equivalentes a 0.3% del PIB. Dos son los indicadores económicos con riesgo muy alto, uno el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita de Nicaragua que para 2013 se pronostica en el nivel de US$1,849 pero apenas representa el 17.25% del PIB Mundial Per Cápita, que es de US$10,715; el otro, el déficit anual de la cuenta corriente de la balanza de pagos de US$1,392 millones e igual a 12.3% del PIB, debido a la tendencia declinante de los precios internacionales de los bienes primarios.

Presentación1En el ámbito financiero, el riesgo de 20.5 puntos (en una escala de 0 a 50 y que pondera con un 25% en el índice de riesgo-país) o de 2,050 puntos básicos, permanece constante con respecto a su nivel observado en el cuarto trimestre de 2013 y es también calificado como muy bajo, debido al pago anual de intereses y amortizaciones de la deuda externa de, a lo sumo, US$150 millones, que representan el 3.8% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales, y la depreciación interanual de 0.6% del córdoba con respecto al dólar estadounidense; sin embargo, tres indicadores financieros tienen un riego muy alto, en orden de importancia el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que es igual a 35.2% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales, el saldo de las reservas internacionales netas que tienden a caer hasta el nivel de US$1,796 millones e igualan a 3.6 meses de importaciones de bienes CIF, y el saldo “contable” de la deuda pública externa de US$4,721 millones, igual a 41.8% del PIB, cuyo 35% está aún pendiente de reestructuración con varios países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC).

Presentación1

El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos básicos  corresponden a una diferencia de 1 punto porcentual. Si el índice de riesgo-país de Nicaragua alcanza 4,100 puntos básicos en el cuarto trimestre de 2014, implica que en ese año, los bonos de Nicaragua rindieron 41.0 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses.

En otras palabras, si la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos es de 0.25% a finales de 2013, la de los bonos de Nicaragua sería de 0.25 + 41.0 = 41.25%. Así, si los Estados Unidos reciben un crédito de 1 millón de dólares a 0.25% anual, al cabo de un año deberá pagar por intereses 2,500 dólares; pero si Nicaragua recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 412,500 dólares de intereses.

De esa forma, Nicaragua, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso, una suma 165 veces mayor que la del país solvente en concepto de intereses. En otras palabras, un inversionista en Nicaragua puede recuperar el monto de su inversión con los intereses devengados en 2.4 años después de realizada su inversión financiera.