El salario real y la productividad

30 05 2011

Con base en datos oficiales del Ministerio del Trabajo (MITRAB) y del Banco Central de Nicaragua (BCN), en diciembre de 2010 el poder adquisitivo del salario promedio nacional se redujo 5.3% con respecto al registrado en diciembre de 2009. En otras palabras, mientras la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre de 2009 a diciembre 2010) fue de 9.2%, el salario nominal promedio nacional se elevó 3.4% al pasar de 6,187 córdobas en diciembre de 2009 a 6,398 córdobas en diciembre de 2010, pero la productividad laboral creció apenas 0.6%.

La visión neoclásica del mercado laboral indica que el salario real (sin el efecto de la inflación) de un trabajador por unidad de tiempo (una semana, una quincena o un mes) debe ser igual al volumen de su producción (de bienes o servicios) en ese mismo período de tiempo. O sea, el salario real, o el poder adquisitivo del salario nominal, de un trabajador debe ser igual al valor de lo que produce. Pero en el mundo real, los salarios reales no igualan siempre su productividad. Ya señalamos que en Nicaragua el salario real se redujo 5.3% y la productividad laboral creció 0.6% en 2010.

Además del salario en efectivo, los trabajadores reciben otras prestaciones laborales como son las aportaciones a la seguridad social, la compra de bienes de consumo en comisariatos a un precio menor que el del mercado, el transporte a la empresa, que son exclusivas para el mercado formal, que es el 30% del mercado interno de nuestro país.

El salario real se obtiene al dividir el salario nominal entre el índice de precios al consumidor, pero la productividad por trabajador se obtiene de dividir el Producto Interno Bruto (PIB) Real entre el número de trabajadores ocupados plenos, y el PIB Real (o PIB en precios constantes) se obtiene al dividir el PIB Nominal (o PIB en precios corrientes) entre el índice de precios al productor, el cual es usualmente menor que el índice de precios al consumidor, y este último se acelera con los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos desde junio de 2010 y se espera que permanezcan altos hasta finales de 2012.

El mercado laboral no es competitivo como cualquier otro mercado, porque la masa salarial si no es impuesta en la planilla estatal por el Fondo Monetario con una tasa de ajuste igual a la del crecimiento del PIB Nominal, es negociada en la planilla privada entre gremios empresariales y sindicatos en función del poder relativo de cada grupo en la negociación, o sea del número relativo de afiliados a esos gremios y sindicatos.

En la productividad laboral también influyen el capital y la tecnología, y las rentas del trabajo (salarios) varían en sentido inverso a las del capital (utilidades) en la distribución del ingreso nacional. Si el número de trabajadores contratados en una empresa aumenta y si los empresarios no incrementan la inversión en edificaciones y maquinarias y equipos, se reducirá el capital por trabajador y la productividad laboral caerá. Una empresa que busca maximizar sus utilidades empleará a más trabajadores mientras el producto del último trabajador contratado sea mayor que su costo. La productividad y el empleo tienden a crecer simultáneamente si existe innovación tecnológica en la empresa.

Sin embargo, a veces el salario real y la productividad se igualan con más desempleo. Esto es argumentado con bastante razón por los empresarios, ya que la rigidez salarial a la baja reduce el tamaño de las planillas empresariales. En situaciones de caída de precios o de cero inflación, los aumentos excesivos de los salarios nominales (o en precios corrientes, que recibe cada trabajador en el día de pago) producen más desempleo, como lo observamos en nuestra economía en 2009, cuando el salario promedio nacional tuvo un ajuste acumulado anual de 11.3%, la tasa de inflación acumulada anual fue de 0.9%, el poder adquisitivo del salario se mejoró 10.2% y el número de desempleados, en este caso involuntarios, se elevó en 46 mil personas.

Desde el ámbito monetario y cambiario se puede afirmar que en Nicaragua no se puede devaluar el córdoba por la excesiva dolarización extraoficial de la economía, lo cual impide reducir tanto los efectos de los choques externos (por ejemplo, las alzas del precio internacional del petróleo) como reducir la sobrevaluación del córdoba que afecta el esfuerzo de los exportadores. Por esas razones, si hay caída de la competitividad empresarial por alzas desproporcionadas de los salarios nominales, los salarios reales y la productividad sólo pueden igualarse con un mayor desempleo.

La información de cualquier mercado, incluyendo el laboral, no es perfecta, porque los empresarios y los trabajadores no conocen los niveles salarios ni los niveles de productividad de las otras empresas. El director de recursos humanos de una empresa conoce muy bien los puestos de trabajo que ofrece pero conoce muy poco de las habilidades de los aspirantes a esos puestos. Así, se puede dar el caso que un trabajador muy cualificado se irá a otra empresa si le ofrecen un salario bajo y, muy probablemente, un trabajador menos cualificado será empleado para el cargo, con el consecuente problema de selección adversa.

De acuerdo con la teoría keynesiana, también existe el desempleo friccional, que no es mayor que 30 días y es el lapso máximo en que un trabajador deja un puesto de trabajo y ocupa otro. Sin embargo, el mercado laboral no se ajusta automáticamente porque en las empresas existen vacantes sin cubrir por no encontrar trabajadores para cubrirlas, unas empresas aumentan el empleo y otras empresas lo reducen, algunos trabajadores pierden el empleo y otros trabajadores consiguen uno nuevo.

En conclusión, lograr la igualdad entre el salario real y la productividad es difícil, pero no imposible. Las negociaciones colectivas de trabajo deberían analizar más a fondo las variaciones del salario real y de la productividad por empresa, porque esa disparidad también podría ser muy importante para explicar los altos niveles de desempleo abierto y de subutilización laboral de nuestro país.





El desplome de la cooperación externa oficial en Nicaragua

28 05 2011

La cooperación oficial anual para Nicaragua ha descendido abruptamente desde 2009, debido al problema de gobernabilidad asociado con la denuncia del fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 de los partidos políticos de oposición a la comunidad internacional. La principal respuesta obtenida de los donantes y prestamistas externos fue la suspensión total de las donaciones y la suspensión parcial de los préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad de parte del Grupo de Apoyo Presupuestario, equivalentes a un monto promedio anual de 62 millones de dólares observado en el quinquenio 2005-2009.

Creo que los políticos opositores al gobierno actual, especialmente un grupo de ellos que quiso entrar a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2009 para continuar denunciando a las autoridades gubernamentales de nuestro país, se equivocaron con su actuación al creer que con la caída de la cooperación internacional hacían un daño al gobierno, porque el que resultó dañado fue la población de nuestro país. También reconozco la incidencia negativa en la cooperación oficial por las palabras inapropiadas de altos cargos gubernamentales para algunos representantes de la comunidad internacional.

La brecha comercial externa de Nicaragua esperada en 2011 y pronosticada por COPADES es de 2,208 millones de dólares, equivalentes al 28% del PIB esperado en este año. Dicha brecha se amplió a partir del año pasado, como un resultado del mejor desempeño de la economía –no olvidemos que un mayor crecimiento económico demanda un mayor volumen de importaciones- y de los crecientes precios internacionales no sólo de nuestros productos alimenticios que exportamos, además del oro, sino también del petróleo y las materias primas o commodities. La pregunta es cómo se logra financiar esa brecha.

La principal fuente de financiamiento continúan siendo las remesas familiares, que se pronostican en un monto de 885 millones de dólares. Le siguen en orden de importancia un flujo de la inversión extranjera directa de 700 millones de dólares y un monto de cooperación oficial de 415 millones de dólares. Un total de 2 millardos de dólares. Sin embargo, a lo anterior se adicionan 500 millones de dólares en concepto de préstamos relacionados con la asistencia financiera (deuda  privada externa) procedente de Venezuela.

Sorprendentemente, una fuente de cooperación internacional es más importante que todas las fuentes de cooperación oficial en la provisión de recursos financieros, por lo cual el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha logrado mantener la estabilización macroeconómica. Las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria han sido protegidas con un monto de 1 mil 265 millones en concepto de cooperación petrolera y cooperación bilateral concedido por Venezuela en el período 2007-2010, monto que excluye 334 millones de dólares en inversiones por la construcción de una refinería (47 millones de dólares) y la generación de electricidad (287 millones de dólares).

Algunos funcionarios públicos han tratado de ocultar la caída de la cooperación oficial para nuestro país, al señalar que se mantienen las donaciones y préstamos de divisas líquidas atadas a programa y proyectos del sector público, pero el monto anual de este tipo de cooperación también ha disminuido 143 millones de dólares en 2011 con respecto a 2007. En ese mismo período, excluyendo los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinados a reservas internacionales de la banca central (excepto en 2009, que fue asignado al presupuesto nacional por los efectos de la recesión económica mundial en nuestro país), el monto total anual de las donaciones y préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario disminuyó 66 millones de dólares, al pasar de 109 millones de dólares en 2007 a 43 millones de dólares esperados en 2011.

Debemos reconocer que Nicaragua aún necesita de la cooperación internacional oficial, cuyos recursos si no son donados son prestados muy concesionalmente, a un plazo ponderado de 31 años y 12 años de gracia y con una tasa de interés ponderada de 2%. Todavía continuamos en ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción, porque el saldo de la deuda externa se aproximará al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de este año. En otras palabras, Nicaragua todavía no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional y sólo acude a las ventanillas de préstamos muy concesionales de instituciones multilaterales.

En resumen, incluyendo los préstamos del FMI, la cooperación oficial ha disminuido de 631 millones de dólares (11% del PIB) en 2007 a 416 millones de dólares (5% del PIB) esperado en 2011, lo cual ha consolidado un problema estructural en el presupuesto nacional: el 30% del gasto total presupuestario corresponde a la inversión pública, que desde hace muchos años depende en gran parte del financiamiento de la cooperación oficial porque, por ejemplo, el ahorro gubernamental representa apenas el 2% promedio anual del PIB en los últimos cuatro años.

Aconsejo a las autoridades gubernamentales gestionar más donaciones que nuevas deudas con el exterior. Como lo pide actualmente el FMI a países de economía avanzada y a países pobres, no sólo se debe reducir el endeudamiento público interno de 1 mil 264 millones de dólares (19% del PIB) emitidos por el gobierno central y la banca central al 31 de diciembre de 2010, sino también la deuda externa de 3 mil 875 millones de dólares (59% del PIB) registrados al final del año pasado, que incluye 1 mil 584 millones aún pendientes de reestructuración con 10 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán.

No obstante lo anterior, gracias a las dos iniciativas de reducción de la deuda externa que benefició a nuestro país, el pago anual de intereses y amortizaciones a los acreedores externos es de 98 millones de dólares y a 4% del valor anual de las exportaciones domésticas de bienes FOB y de las exportaciones netas de las zonas francas proyectado para este año, un bajo porcentaje que produce una mayor certidumbre entre los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, el pago de intereses y amortizaciones a nuestros acreedores internos, o sean los confiscados en sus propiedades en los años ochenta del siglo pasado y los grupos financieros en la actualidad, es aproximado a 700 millones de dólares y al 48% del total de impuestos recaudados por el Gobierno Central en este año, la primera prioridad del gasto público desde la década de los noventa del siglo pasado. Conviene a las autoridades gubernamentales implementar medidas que desarrollen a la Bolsa de Valores, mejor dicho dialogar con los representantes de la Bolsa de Valores y los puestos de bolsa, para consolidar una mayor confianza entre los inversionistas financieros en la adquisición de bonos públicos a un mayor plazo, por ejemplo de 10 a 15 años en un primer paso, para disminuir la fortísima presión del pago del servicio de la deuda interna en el presupuesto y liberar impuestos para elevar el gasto social, principalmente en educación, salud y la construcción de viviendas de interés social.





4 preguntas de un lector del blog

26 05 2011

Un lector de mi blog, que radica fuera de Nicaragua, me hizo cuatro preguntas después de conocer mi opinión sobre la candidatura de Eduardo Montealegre como primer diputado nacional de la Alianza PLI, en el artículo que recién escribí e intitulé “La impunidad política y el momento electoral”. Aquí están mis respuestas.

¿Cuál es la prueba que usted tiene del presunto delito cometido por Eduardo Montealegre contra su persona?

Las pruebas son públicas porque él escribió sus injurias y calumnias contra mi persona en un chat con los lectores de La Prensa en sus respuestas a las preguntas 4 y 18, y ese diario las publicó en la página 5, Sección Política, de su edición del 31 de julio de 2008. A continuación transcribo fielmente las preguntas hechas por Alfredo Salinas (de la Ciudad de Managua) y Genaro Pulido (de la Ciudad de Diriamba) en el mismo orden y las respuestas del reacusado Eduardo Montealegre.

– ¿Duda de la profesionalidad con que se hizo el estudio de los Cenis? Si es así, ¿por qué

El estudio que hizo el economista Néstor Avendaño es el único que conozco que alguien haya hecho. A mi juicio contiene una serie de errores. Por ejemplo, dice que el riesgo soberano de Nicaragua es el mismo que el de los Estados Unidos y que por lo tanto la tasa de refinanciamiento no debió ser 8.4 por ciento, sino 4.4 por ciento, que era la tasa para bonos a diez años en los Estados Unidos. Todos sabemos que el riesgo soberano de Nicaragua no es igual al de los Estados Unidos. Y cuando ésa es una de las muchas afirmaciones equivocadas que ese estudio contiene, pues entonces yo dudo de la profesionalidad de este estudio, que es el único que conozco. Porque el que hizo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional ya nos dimos cuenta cómo se inició y por qué se hizo.

18- ¿Podría usted dar a conocer a la ciudadanía quiénes fueron los responsables de las quiebras bancarias? Incluyendo a personajes sandinistas, por supuesto.

La quiebra de cada uno de los cuatro bancos se debió a actos ilícitos o por lo menos actos irresponsables de quienes dirigían esos bancos, desde sus presidentes, gerentes generales, directivos, etc. Los nombres son muchos, pero los que más se conocen son Francisco Mayorga y Néstor Avendaño, del Banco del Café; Samuel Santos y José Félix Padilla, del Interbank; Haroldo Montealegre, del Banco Mercantil; y Daniel Ortega y unos panameños del Banic.  http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2008/julio/31/noticias/politica/274935.shtml

¿Cuáles son sus argumentos para acusar por injurias y calumnias a Eduardo Montealegre?

Me injurió al escribir que no sirve mi trabajo ad honorem sobre las liquidaciones bancarias que realicé en todo el año de 2006 a solicitud de la Contraloría General de la República, y al poner en tela de duda mi capacidad profesional con su mentira de que yo afirmé  que el riesgo país de Nicaragua es igual al de Estados Unidos, una falsedad que puede ser desmentida por los periodistas que estuvieron presentes cuando expuse los resultados de mi investigación a los representantes de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido del cual era presidente el ciudadano reacusado Eduardo Montealegre en  ese entonces, y que sigue escudado con su inmunidad parlamentaria. Creo que el banquero Eduardo Montealegre desconoce todo el algoritmo para estimar los riesgos político, económico y financiero que integran el índice de riesgo-país de Nicaragua, trabajo que yo realizo exclusivamente para nuestro país desde el año de 2002.

Me calumnió al escribir que yo soy uno de los más conocidos quiebra bancos del país, o sea un defraudador del Estado de Nicaragua, y después lo negó públicamente y me obligó a invitarle a que relea su escrito, ya que con su cándida ingenuidad siempre trata de aparentar que no entiende lo que escribe.

Por esa calumnia, me presenté voluntariamente en la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), para que me investigaran por la acusación gratuita e irresponsable del ciudadano Eduardo Montealegre. A continuación le presento la resolución del ente que representa y defiende legalmente los intereses del Estado de Nicaragua y su certificación, a través del siguiente vínculo que contiene un archivo en pdf:

FICACIÓN ARCHIVO BANCO DEL CAFÉ

¿Cuáles fueron los motivos de las injurias y calumnias de Eduardo Montealegre contra su persona?

Sólo es un motivo. Yo le afirmé públicamente, en mi charla a los miembros del ALN antes mencionada, que tenía (y tiene) que aclarar a la Nación y al Juez por sus actos inapropiados tanto en la reestructuración de la deuda pública por CENIs Bancarios realizada por él en su carácter de ministro del Ministerio  de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durante el trimestre octubre-noviembre de 2003, como en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados,  INTERBANK, BANCAFÉ, BAMER y BANIC, realizadas en el Banco Central de Nicaragua (BCN) entre el 21 de mayo y el 25 de agosto de 2003, desde su cargo como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en su carácter de ministro del MHCP.

Una última pregunta. ¿Qué tiene que aclarar el ahora diputado Eduardo Montealegre a la Nación y al Juez?

No estandarizó la reestructuración de la deuda con los tres bancos compradores de los cuatro bancos liquidados, o sea que las reestructuró en términos comerciales (como un banquero) y no en términos soberanos (como lo debe hacer un ministro del Tesoro de la República); trajo a valor presente la deuda pendiente por CENIs/INTERBANK con una tasa de descuento menor (7.4999%) que la tasa original pactada en esos papeles (21.43% con mantenimiento de valor, fijada por el abogado Noel Ramírez cuando fungió como presidente del BCN), por lo cual provocó un daño a la Nación que he valorado en 23.4 millones de dólares; y aprobó las subastas de activos de los bancos liquidados con las metodologías de licitación pública a sobre cerrado y al martillo, y no con un precio base para proteger el patrimonio de los nicaragüense en su caracter de guardador de la cosa pública.





La impunidad política y el momento electoral

24 05 2011

En Nicaragua se observan insólitos actos desvergonzados. Un delincuente presunto, reacusado por injurias y calumnias y acusado por daños cometidos al presupuesto de la nación nicaragüense, encabeza la lista de diputados nacionales de la Alianza PLI, en su afán de seguir acorazado con el mal uso de la inmunidad parlamentaria y continuar burlándose de la justicia, de las instituciones públicas, de los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de los jueces y de las personas, entre ellos este servidor. Me refiero al diputado querellado Eduardo Montealegre.

He oído decir al candidato a presidente de esa alianza política que los políticos que le acompañan son rectos, honestos y honrados. Eso es un buen deseo del aspirante a presidente de la República, y en eso quedó, sólo en un buen deseo, porque adquiere relevancia ese candidato de primera fila en la lista de sus diputados nacionales, algo muy extraño por los innumerables y públicos yerros políticos del acusado, que no es recto, honesto y honrado y, además, ha demostrado ser amoral, soberbio, prepotente, falaz e insultante desde la casa de su movimiento político, enceguecido por el hábito del abuso y la arrogancia del poder. Eduardo Montealegre, que goza de impunidad como banquero y político, impúdicamente se autonombró juez de sus propios actos con el ánimo de aparentar una inocencia disfrazada de una formidable ingenuidad e ignorancia.

La Alianza PLI lleva, pues, en su lista de diputados a un acusado de injurias, calumnias y de hechos de corrupción, cosa que no ha generado un profundo cuestionamiento del estilo de hacer política entre los miembros que forman esa alianza, lo cual corrobora que la sensación de impunidad se desliza paralelo al poder, de estar por encima de la ley, o al lado de la ley, o de autoerigirse en juez, ser la ley misma.

Ese es el defecto nato del reacusado Eduardo Montealegre. Se siente poderoso porque él cree, mejor dicho porque él se auto engaña, que goza de un gran respeto social, porque se aprovecha de la mudez de quienes lo rodean en su alianza política. Sólo en democracia se cree que un intocable no es capaz de cometer delitos. Sólo son necesarias las pruebas, y yo las he puesto en dos juzgados penales por sus injurias y calumnias y en un juzgado civil para embargarlo por sus daños morales y económicos contra mi familia y mi persona.

Mi opinión es que ninguna persona debe estar por encima de la ley. Eduardo Montealegre piensa que el poder en un sentido es una presunción de poder en otro sentido, por lo cual considera que al ser diputado puede atropellar la dignidad de una persona y después salirse con la suya, a pesar que no es una figura pública de gran éxito. Su egoísmo de siempre, que no se corresponde con una apropiada dosis de humildad, hoy se convierte en una carga de problemas para su alianza política, porque no quiere arriesgarse a un juicio después de haber cometido sus presuntos delitos. No quiere admitir su presunta delincuencia.

Por otro lado, a pesar de mis innumerables visitas a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional de Nicaragua para que se cumpla el mandato judicial y se inicie el proceso de la desaforación del diputado Eduardo Montealegre, además de las sendas cartas que he remitido en forma pública a los miembros de la Junta Directiva y a todos los miembros de las bancadas del Poder Legislativo, aún no he tenido una respuesta efectiva para que el ciudadano reacusado Eduardo Montealegre se presente ante el juez, hoy digo ante dos jueces. Por esa falta de respuesta, concluyo fácilmente que nuestra clase política sabe, mucho más allá de sus conflictos, protegerse mutuamente.

Fue en diciembre de 2010, que el primer secretario de la Junta Directiva del primer Poder del Estado, Dr. Wilfredo Navarro, me informó ante los periodistas que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) había decidido no seguir protegiendo al diputado Eduardo Montealegre y que su bancada pondría los votos para su desaforación, cuestión que no se ha concretado a esta fecha. Entonces, ¿qué podrán pensar los políticos, que supuestamente representan el interés general y el respeto al prójimo? Con mucha certeza afirmo que encubrir a Eduardo Montealegre es un golpe a la dignidad de la acción política.

Evidentemente no se puede prever nada en política, menos lo imprevisible. Mi demanda por las graves injurias y calumnias del ciudadano Eduardo Montealegre, un asunto que ya es nacional, es una flagrante violación a mis derechos humanos por sus afirmaciones irresponsables que mi trabajo profesional no sirve y que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua, escritas por él en un chat con los lectores de La Prensa y publicadas por ese diario el 31 de julio de 2008. Con esto trato de demostrar que nuestro sistema trata a las personas según su estatus y no su delito, y debería ser al contrario, por su delito y no por su estatus. Existe una verdadera disyunción entre la dignidad de la persona y el lugar que ocupa en el sistema mediático y político, por lo cual he sentido que hay mucha hipocresía de muchos miembros de la clase política en este asunto.

La tachable conducta del acusado Eduardo Montealegre es conocida por los nicaragüenses y también se conoce en el Poder Judicial, donde está acusado, y en el Poder Legislativo, en el que se protege escudado en su inmunidad. Pronto será conocido oficialmente en el Poder Electoral, porque no considero que la candidatura de un delincuente presunto a diputado nacional por la Alianza PLI sea ética y correcta para los nicaragüenses, en general, y para la clase política, en particular. Todos debemos velar por la rectitud de nuestros servidores públicos y también debemos preocuparnos por la reducción de la impunidad política en nuestro país. La población no puede ser apática ante estos asuntos.

Reitero que nunca dejaré de insistir en mi acusación a Eduardo Montealegre, ni me cansaré en la búsqueda de la justicia. Por ello, invito a todos los medios de comunicación a que investiguen, desvelen, comprueben y vuelvan a comprobar e informar para que no sean cómplices de ningún silencio ni de publicar sólo la versión del acusado sin escuchar las palabras de la otra parte, el acusador. Varios medios escritos, hablados y televisivos ya lo han hecho desde el momento que Eduardo  Montealegre atropelló mi dignidad y mis derechos humanos, lo cual ayuda a demostrar que en nuestro país existe libertad de prensa, independencia periodística y objetividad de la información.





La perenne subutilización laboral de Nicaragua

21 05 2011

La tasa de subutilización global de la fuerza laboral del país se ha mantenido en niveles muy altos que van, como porcentajes de la población económicamente activa, desde 16% en 1981 -un resultado de la lucha armada contra la dictadura somocista-, a 33% en 1989 -resultante del primer ajuste económico draconiano sin recursos externos realizado en febrero de 1988-, a 31% en 1993 -por las reformas estructurales ejecutadas bajo el paraguas del Consenso de Washington-, y desde que se comenzó a observar el crecimiento económico en la década de los noventa disminuyó a 21% en 2001 pero aumentó a 27% en 2010, según los datos elaborados por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) a partir de 2002, lo cual significó que el año pasado 636 mil personas no generaron ingresos.

Con esos datos, se puede afirmar que el desempleo y la subutilización global laboral es un problema estructural de nuestro mercado laboral, es un desempleo tanto abierto como equivalente de larga duración, no obstante las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) tratan de mantener a toda costa el concepto de la tasa natural de desempleo de 5% ampliamente aceptada antes de la crisis de la recesión económica mundial que nos afectó en 2009. Según el BCN, la tasa de desempleo abierto fue de 5.2% en 2006 y en 2010 fue de 7.8%, pero desde hace muchos años el principal problema que manifiesta la población nicaragüense encuestada es el desempleo.

La subutilización global de la fuerza laboral no es nada más que el total de desempleados abiertos y de desempleados equivalentes asociados con el subempleo, o sea las personas “marginadas del mercado laboral”, o que nunca han entrado a ese mercado, y en las que nos fijamos los economistas: 636 mil personas que buscaron trabajo sin éxito en 2010, una cifra inferior a la de los subempleados visibles e invisibles más lo desempleados, o sea 1 millón 200 mil personas, que tienen problemas de empleo, a pesar que la población nicaragüense crece a un ritmo promedio anual de 1.26%.

El más grave problema estructural de nuestro mercado laboral es, pues, la búsqueda de trabajo sin éxito, lo cual debe preocuparnos porque afecta la competitividad de las empresas nicaragüenses, ya que en el mediano plazo habrá más personas sin trabajo que perderán habilidades y vínculos con el mercado laboral y no tendrán la preparación necesaria para ocupar puestos en los sectores que generan más empleo.

Las posibilidades de empleo se concentran en este momento en poco puestos muy cualificados y bien remunerados y en muchos puestos que requieren poca formación y mal pagados, todo esto a expensas de las ocupaciones de cualificación media. Esto se puede ejemplificar con la tasa de desempleo de los jóvenes nicaragüenses, que fácilmente supera el 13% del total de personas económicamente activas con edad de 15 a 29 años, o sea jóvenes inexpertos que tienen más dificultades de encontrar trabajo.

Mientras la política macroeconómica que el Gobierno de Nicaragua discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se concentra en cómo restringir el déficit fiscal, cómo mantener un saldo de reservas internacionales brutas al menos igual a 2.2 veces el saldo de las base monetaria, cómo reducir el impacto de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, cómo mejorar el escrutinio sobre el sector bancario, y cómo disminuir el saldo de la deuda pública interna generada tanto por el gobierno central como por la banca central, la subutilización laboral continuará siendo alta y no se le presta la debida atención para reducirla. Las acciones de política económica de aumentar impuestos, reducir el consumo público, limitar la inversión pública, restringir el déficit fiscal y contraer el medio circulante atentan contra la posibilidad de disminuir la alta tasa de subutilización laboral.

Los políticos, especialmente aquéllos que aspiran a ocupar los altos cargos de las instituciones estatales a partir de 2012, tienen  el gran reto de disminuir la desocupación y la subutilización laboral, lo cual no es ni será una tarea fácil. Los políticos que aspiran a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República en el próximo quinquenio tienen que ganarse la credibilidad ciudadana de poder facilitar la generación de empleo y la reducción de la subutilización laboral, porque la economía nicaragüense crece con mucha lentitud. Como he afirmado en otras ocasiones, si la producción de bienes y servicios de Nicaragua aumenta 4% ó 5%, eso no significa crecer económicamente en nuestro país.

Es bastante probable que la inversión extranjera directa, especialmente los megaproyectos o la inversión de gran escala, podrá contribuir a la reducción del desempleo estructural, no del desempleo natural como diría el BCN, pero también debería tomarse en cuenta que esa acción inversionista puede combinarse con más educación y formación técnica, media o superior, mientras se ejecuten los proyectos. Los políticos tienen la palabra ante la población, no entre ellos mismos.





PROCOMPETENCIA sancionó a la ASOBANP

21 05 2011

Debo reconocer públicamente la valiosa tarea de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) de nuestro país para proteger los derechos de los nicaragüenses, al haber avanzado un paso más en la lucha contra las prácticas anticompetitivas del sistema bancario nacional y contra la impunidad bancaria arraigada en nuestro país.

El Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) sancionó a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) por haberse coludido entre los bancos agremiados en la práctica anticompetitiva de fijar una sola tasa de interés de 50% para los préstamos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito de consumo.

La ASOBANP, al haber violado los artículos 17 y 18 incisos a) de la Ley 601 “Ley de la Promoció de la Competencia”, fue sancionada con el pago de una multa de cien salarios mínimos promedio y con la orden de cesar de inmediato cualquier tipo de recomendación a sus agremiados que pueda ser constitutiva de violación o transgresión a las normas de competencia establecidas en la Ley 601 y su reglamento.

A solicitud de la RNDC, esta sanción ya había sido aplicada por PROCOMPETENCIA al Banco de Finanzas (BDF) el 15 de abril de este año, pero el BDF presentó un recurso de revisión que fue resuelto el recién pasado lunes 16 de mayo con un NO HA LUGAR, lo cual significa que la resolución emitida por PROCOMPETENCIA el 15 de abril queda firme.

Cabe recordar, de acuerdo con las palabras del presidente de PROCOMPETENCIA, Dr. Luis Humberto Guzmán, que el resto de las entidades bancarias radicadas en nuestro país se ampararon en la Corte Suprema Justicia antes de que concluyera el proceso de investigación de la denuncia de la RNDC realizado por PROCOMPETENCIA. El Poder Judicial de Nicaragua aún no se ha pronunciado al respecto.

A continuación presento la resolución de PROCOMPETENCIA sobre el caso de ASOBANP, que me enviara la RNDC.





La SIBOIF solicita aclaración al BDF

21 05 2011

En respuesta a mi denuncia pública que el Banco de Finanzas (BDF) violó la Ley General de Títulos Valores de Nicaragua por rechazar un cheque a nombre de COPADES y/o Néstor Avendaño el pasado 15 de mayo, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF instruyó al gerente general del BDF que, en un plazo de tres días contados a partir del acuse de recibo de la comunicación con fecha 17 de mayo del año en curso, le remita “un informe sobre el presente caso, que manifieste la justificación legal del actuar de su Representado”.

Ayer viernes 20 de mayo se venció el plazo para la respuesta del BDF, cuyo gerente general me presentó excusas por el mal trato que tuve en la sucursal de ese banco ubicada en la casa matriz el pasado lunes 17 de mayo. Le aconsejé al gerente general que suspenda esa disposición interna del BDF de no cambiar cheques girados a distintas personas con el y/o, porque ningún reglamento bancario debe oponerse a las leyes que regulan al sistema financiero nacional y, si hubieren dudas sobre ese tipo de cheque, que consultaran con el librador del cheque, que en mi caso es un socio del BDF.

Reitero mis tres solicitudes al superintendente Victor Urcuyo Vidaure: (1) investigar mi denuncia en contra del BDF; (2) se me informe sobre la resolución que usted dicte sobre mi denuncia; y (3) mande al BDF a publicar su resolución en todos los medios de comunicación social, escritos, hablados y televisivos, con el fin de evitar más atropellos de esta índole a los nicaragüenses por parte de esa entidad bancaria.

Como expresé al superintendente en la carta que le dirigí sobre este asunto, a partir de ese momento me reservo el derecho de demandar al BDF por los perjuicios provocados con la violación de la Ley General de Títulos Valores de la República de Nicaragua, lo cual haré con una mayor propiedad al contar con su resolución.