El salario real y la productividad

30 05 2011

Con base en datos oficiales del Ministerio del Trabajo (MITRAB) y del Banco Central de Nicaragua (BCN), en diciembre de 2010 el poder adquisitivo del salario promedio nacional se redujo 5.3% con respecto al registrado en diciembre de 2009. En otras palabras, mientras la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre de 2009 a diciembre 2010) fue de 9.2%, el salario nominal promedio nacional se elevó 3.4% al pasar de 6,187 córdobas en diciembre de 2009 a 6,398 córdobas en diciembre de 2010, pero la productividad laboral creció apenas 0.6%.

La visión neoclásica del mercado laboral indica que el salario real (sin el efecto de la inflación) de un trabajador por unidad de tiempo (una semana, una quincena o un mes) debe ser igual al volumen de su producción (de bienes o servicios) en ese mismo período de tiempo. O sea, el salario real, o el poder adquisitivo del salario nominal, de un trabajador debe ser igual al valor de lo que produce. Pero en el mundo real, los salarios reales no igualan siempre su productividad. Ya señalamos que en Nicaragua el salario real se redujo 5.3% y la productividad laboral creció 0.6% en 2010.

Además del salario en efectivo, los trabajadores reciben otras prestaciones laborales como son las aportaciones a la seguridad social, la compra de bienes de consumo en comisariatos a un precio menor que el del mercado, el transporte a la empresa, que son exclusivas para el mercado formal, que es el 30% del mercado interno de nuestro país.

El salario real se obtiene al dividir el salario nominal entre el índice de precios al consumidor, pero la productividad por trabajador se obtiene de dividir el Producto Interno Bruto (PIB) Real entre el número de trabajadores ocupados plenos, y el PIB Real (o PIB en precios constantes) se obtiene al dividir el PIB Nominal (o PIB en precios corrientes) entre el índice de precios al productor, el cual es usualmente menor que el índice de precios al consumidor, y este último se acelera con los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos desde junio de 2010 y se espera que permanezcan altos hasta finales de 2012.

El mercado laboral no es competitivo como cualquier otro mercado, porque la masa salarial si no es impuesta en la planilla estatal por el Fondo Monetario con una tasa de ajuste igual a la del crecimiento del PIB Nominal, es negociada en la planilla privada entre gremios empresariales y sindicatos en función del poder relativo de cada grupo en la negociación, o sea del número relativo de afiliados a esos gremios y sindicatos.

En la productividad laboral también influyen el capital y la tecnología, y las rentas del trabajo (salarios) varían en sentido inverso a las del capital (utilidades) en la distribución del ingreso nacional. Si el número de trabajadores contratados en una empresa aumenta y si los empresarios no incrementan la inversión en edificaciones y maquinarias y equipos, se reducirá el capital por trabajador y la productividad laboral caerá. Una empresa que busca maximizar sus utilidades empleará a más trabajadores mientras el producto del último trabajador contratado sea mayor que su costo. La productividad y el empleo tienden a crecer simultáneamente si existe innovación tecnológica en la empresa.

Sin embargo, a veces el salario real y la productividad se igualan con más desempleo. Esto es argumentado con bastante razón por los empresarios, ya que la rigidez salarial a la baja reduce el tamaño de las planillas empresariales. En situaciones de caída de precios o de cero inflación, los aumentos excesivos de los salarios nominales (o en precios corrientes, que recibe cada trabajador en el día de pago) producen más desempleo, como lo observamos en nuestra economía en 2009, cuando el salario promedio nacional tuvo un ajuste acumulado anual de 11.3%, la tasa de inflación acumulada anual fue de 0.9%, el poder adquisitivo del salario se mejoró 10.2% y el número de desempleados, en este caso involuntarios, se elevó en 46 mil personas.

Desde el ámbito monetario y cambiario se puede afirmar que en Nicaragua no se puede devaluar el córdoba por la excesiva dolarización extraoficial de la economía, lo cual impide reducir tanto los efectos de los choques externos (por ejemplo, las alzas del precio internacional del petróleo) como reducir la sobrevaluación del córdoba que afecta el esfuerzo de los exportadores. Por esas razones, si hay caída de la competitividad empresarial por alzas desproporcionadas de los salarios nominales, los salarios reales y la productividad sólo pueden igualarse con un mayor desempleo.

La información de cualquier mercado, incluyendo el laboral, no es perfecta, porque los empresarios y los trabajadores no conocen los niveles salarios ni los niveles de productividad de las otras empresas. El director de recursos humanos de una empresa conoce muy bien los puestos de trabajo que ofrece pero conoce muy poco de las habilidades de los aspirantes a esos puestos. Así, se puede dar el caso que un trabajador muy cualificado se irá a otra empresa si le ofrecen un salario bajo y, muy probablemente, un trabajador menos cualificado será empleado para el cargo, con el consecuente problema de selección adversa.

De acuerdo con la teoría keynesiana, también existe el desempleo friccional, que no es mayor que 30 días y es el lapso máximo en que un trabajador deja un puesto de trabajo y ocupa otro. Sin embargo, el mercado laboral no se ajusta automáticamente porque en las empresas existen vacantes sin cubrir por no encontrar trabajadores para cubrirlas, unas empresas aumentan el empleo y otras empresas lo reducen, algunos trabajadores pierden el empleo y otros trabajadores consiguen uno nuevo.

En conclusión, lograr la igualdad entre el salario real y la productividad es difícil, pero no imposible. Las negociaciones colectivas de trabajo deberían analizar más a fondo las variaciones del salario real y de la productividad por empresa, porque esa disparidad también podría ser muy importante para explicar los altos niveles de desempleo abierto y de subutilización laboral de nuestro país.





El desplome de la cooperación externa oficial en Nicaragua

28 05 2011

La cooperación oficial anual para Nicaragua ha descendido abruptamente desde 2009, debido al problema de gobernabilidad asociado con la denuncia del fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 de los partidos políticos de oposición a la comunidad internacional. La principal respuesta obtenida de los donantes y prestamistas externos fue la suspensión total de las donaciones y la suspensión parcial de los préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad de parte del Grupo de Apoyo Presupuestario, equivalentes a un monto promedio anual de 62 millones de dólares observado en el quinquenio 2005-2009.

Creo que los políticos opositores al gobierno actual, especialmente un grupo de ellos que quiso entrar a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2009 para continuar denunciando a las autoridades gubernamentales de nuestro país, se equivocaron con su actuación al creer que con la caída de la cooperación internacional hacían un daño al gobierno, porque el que resultó dañado fue la población de nuestro país. También reconozco la incidencia negativa en la cooperación oficial por las palabras inapropiadas de altos cargos gubernamentales para algunos representantes de la comunidad internacional.

La brecha comercial externa de Nicaragua esperada en 2011 y pronosticada por COPADES es de 2,208 millones de dólares, equivalentes al 28% del PIB esperado en este año. Dicha brecha se amplió a partir del año pasado, como un resultado del mejor desempeño de la economía –no olvidemos que un mayor crecimiento económico demanda un mayor volumen de importaciones- y de los crecientes precios internacionales no sólo de nuestros productos alimenticios que exportamos, además del oro, sino también del petróleo y las materias primas o commodities. La pregunta es cómo se logra financiar esa brecha.

La principal fuente de financiamiento continúan siendo las remesas familiares, que se pronostican en un monto de 885 millones de dólares. Le siguen en orden de importancia un flujo de la inversión extranjera directa de 700 millones de dólares y un monto de cooperación oficial de 415 millones de dólares. Un total de 2 millardos de dólares. Sin embargo, a lo anterior se adicionan 500 millones de dólares en concepto de préstamos relacionados con la asistencia financiera (deuda  privada externa) procedente de Venezuela.

Sorprendentemente, una fuente de cooperación internacional es más importante que todas las fuentes de cooperación oficial en la provisión de recursos financieros, por lo cual el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha logrado mantener la estabilización macroeconómica. Las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria han sido protegidas con un monto de 1 mil 265 millones en concepto de cooperación petrolera y cooperación bilateral concedido por Venezuela en el período 2007-2010, monto que excluye 334 millones de dólares en inversiones por la construcción de una refinería (47 millones de dólares) y la generación de electricidad (287 millones de dólares).

Algunos funcionarios públicos han tratado de ocultar la caída de la cooperación oficial para nuestro país, al señalar que se mantienen las donaciones y préstamos de divisas líquidas atadas a programa y proyectos del sector público, pero el monto anual de este tipo de cooperación también ha disminuido 143 millones de dólares en 2011 con respecto a 2007. En ese mismo período, excluyendo los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinados a reservas internacionales de la banca central (excepto en 2009, que fue asignado al presupuesto nacional por los efectos de la recesión económica mundial en nuestro país), el monto total anual de las donaciones y préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario disminuyó 66 millones de dólares, al pasar de 109 millones de dólares en 2007 a 43 millones de dólares esperados en 2011.

Debemos reconocer que Nicaragua aún necesita de la cooperación internacional oficial, cuyos recursos si no son donados son prestados muy concesionalmente, a un plazo ponderado de 31 años y 12 años de gracia y con una tasa de interés ponderada de 2%. Todavía continuamos en ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción, porque el saldo de la deuda externa se aproximará al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de este año. En otras palabras, Nicaragua todavía no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional y sólo acude a las ventanillas de préstamos muy concesionales de instituciones multilaterales.

En resumen, incluyendo los préstamos del FMI, la cooperación oficial ha disminuido de 631 millones de dólares (11% del PIB) en 2007 a 416 millones de dólares (5% del PIB) esperado en 2011, lo cual ha consolidado un problema estructural en el presupuesto nacional: el 30% del gasto total presupuestario corresponde a la inversión pública, que desde hace muchos años depende en gran parte del financiamiento de la cooperación oficial porque, por ejemplo, el ahorro gubernamental representa apenas el 2% promedio anual del PIB en los últimos cuatro años.

Aconsejo a las autoridades gubernamentales gestionar más donaciones que nuevas deudas con el exterior. Como lo pide actualmente el FMI a países de economía avanzada y a países pobres, no sólo se debe reducir el endeudamiento público interno de 1 mil 264 millones de dólares (19% del PIB) emitidos por el gobierno central y la banca central al 31 de diciembre de 2010, sino también la deuda externa de 3 mil 875 millones de dólares (59% del PIB) registrados al final del año pasado, que incluye 1 mil 584 millones aún pendientes de reestructuración con 10 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán.

No obstante lo anterior, gracias a las dos iniciativas de reducción de la deuda externa que benefició a nuestro país, el pago anual de intereses y amortizaciones a los acreedores externos es de 98 millones de dólares y a 4% del valor anual de las exportaciones domésticas de bienes FOB y de las exportaciones netas de las zonas francas proyectado para este año, un bajo porcentaje que produce una mayor certidumbre entre los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, el pago de intereses y amortizaciones a nuestros acreedores internos, o sean los confiscados en sus propiedades en los años ochenta del siglo pasado y los grupos financieros en la actualidad, es aproximado a 700 millones de dólares y al 48% del total de impuestos recaudados por el Gobierno Central en este año, la primera prioridad del gasto público desde la década de los noventa del siglo pasado. Conviene a las autoridades gubernamentales implementar medidas que desarrollen a la Bolsa de Valores, mejor dicho dialogar con los representantes de la Bolsa de Valores y los puestos de bolsa, para consolidar una mayor confianza entre los inversionistas financieros en la adquisición de bonos públicos a un mayor plazo, por ejemplo de 10 a 15 años en un primer paso, para disminuir la fortísima presión del pago del servicio de la deuda interna en el presupuesto y liberar impuestos para elevar el gasto social, principalmente en educación, salud y la construcción de viviendas de interés social.





4 preguntas de un lector del blog

26 05 2011

Un lector de mi blog, que radica fuera de Nicaragua, me hizo cuatro preguntas después de conocer mi opinión sobre la candidatura de Eduardo Montealegre como primer diputado nacional de la Alianza PLI, en el artículo que recién escribí e intitulé “La impunidad política y el momento electoral”. Aquí están mis respuestas.

¿Cuál es la prueba que usted tiene del presunto delito cometido por Eduardo Montealegre contra su persona?

Las pruebas son públicas porque él escribió sus injurias y calumnias contra mi persona en un chat con los lectores de La Prensa en sus respuestas a las preguntas 4 y 18, y ese diario las publicó en la página 5, Sección Política, de su edición del 31 de julio de 2008. A continuación transcribo fielmente las preguntas hechas por Alfredo Salinas (de la Ciudad de Managua) y Genaro Pulido (de la Ciudad de Diriamba) en el mismo orden y las respuestas del reacusado Eduardo Montealegre.

– ¿Duda de la profesionalidad con que se hizo el estudio de los Cenis? Si es así, ¿por qué

El estudio que hizo el economista Néstor Avendaño es el único que conozco que alguien haya hecho. A mi juicio contiene una serie de errores. Por ejemplo, dice que el riesgo soberano de Nicaragua es el mismo que el de los Estados Unidos y que por lo tanto la tasa de refinanciamiento no debió ser 8.4 por ciento, sino 4.4 por ciento, que era la tasa para bonos a diez años en los Estados Unidos. Todos sabemos que el riesgo soberano de Nicaragua no es igual al de los Estados Unidos. Y cuando ésa es una de las muchas afirmaciones equivocadas que ese estudio contiene, pues entonces yo dudo de la profesionalidad de este estudio, que es el único que conozco. Porque el que hizo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional ya nos dimos cuenta cómo se inició y por qué se hizo.

18- ¿Podría usted dar a conocer a la ciudadanía quiénes fueron los responsables de las quiebras bancarias? Incluyendo a personajes sandinistas, por supuesto.

La quiebra de cada uno de los cuatro bancos se debió a actos ilícitos o por lo menos actos irresponsables de quienes dirigían esos bancos, desde sus presidentes, gerentes generales, directivos, etc. Los nombres son muchos, pero los que más se conocen son Francisco Mayorga y Néstor Avendaño, del Banco del Café; Samuel Santos y José Félix Padilla, del Interbank; Haroldo Montealegre, del Banco Mercantil; y Daniel Ortega y unos panameños del Banic.  http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2008/julio/31/noticias/politica/274935.shtml

¿Cuáles son sus argumentos para acusar por injurias y calumnias a Eduardo Montealegre?

Me injurió al escribir que no sirve mi trabajo ad honorem sobre las liquidaciones bancarias que realicé en todo el año de 2006 a solicitud de la Contraloría General de la República, y al poner en tela de duda mi capacidad profesional con su mentira de que yo afirmé  que el riesgo país de Nicaragua es igual al de Estados Unidos, una falsedad que puede ser desmentida por los periodistas que estuvieron presentes cuando expuse los resultados de mi investigación a los representantes de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido del cual era presidente el ciudadano reacusado Eduardo Montealegre en  ese entonces, y que sigue escudado con su inmunidad parlamentaria. Creo que el banquero Eduardo Montealegre desconoce todo el algoritmo para estimar los riesgos político, económico y financiero que integran el índice de riesgo-país de Nicaragua, trabajo que yo realizo exclusivamente para nuestro país desde el año de 2002.

Me calumnió al escribir que yo soy uno de los más conocidos quiebra bancos del país, o sea un defraudador del Estado de Nicaragua, y después lo negó públicamente y me obligó a invitarle a que relea su escrito, ya que con su cándida ingenuidad siempre trata de aparentar que no entiende lo que escribe.

Por esa calumnia, me presenté voluntariamente en la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), para que me investigaran por la acusación gratuita e irresponsable del ciudadano Eduardo Montealegre. A continuación le presento la resolución del ente que representa y defiende legalmente los intereses del Estado de Nicaragua y su certificación, a través del siguiente vínculo que contiene un archivo en pdf:

FICACIÓN ARCHIVO BANCO DEL CAFÉ

¿Cuáles fueron los motivos de las injurias y calumnias de Eduardo Montealegre contra su persona?

Sólo es un motivo. Yo le afirmé públicamente, en mi charla a los miembros del ALN antes mencionada, que tenía (y tiene) que aclarar a la Nación y al Juez por sus actos inapropiados tanto en la reestructuración de la deuda pública por CENIs Bancarios realizada por él en su carácter de ministro del Ministerio  de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durante el trimestre octubre-noviembre de 2003, como en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados,  INTERBANK, BANCAFÉ, BAMER y BANIC, realizadas en el Banco Central de Nicaragua (BCN) entre el 21 de mayo y el 25 de agosto de 2003, desde su cargo como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en su carácter de ministro del MHCP.

Una última pregunta. ¿Qué tiene que aclarar el ahora diputado Eduardo Montealegre a la Nación y al Juez?

No estandarizó la reestructuración de la deuda con los tres bancos compradores de los cuatro bancos liquidados, o sea que las reestructuró en términos comerciales (como un banquero) y no en términos soberanos (como lo debe hacer un ministro del Tesoro de la República); trajo a valor presente la deuda pendiente por CENIs/INTERBANK con una tasa de descuento menor (7.4999%) que la tasa original pactada en esos papeles (21.43% con mantenimiento de valor, fijada por el abogado Noel Ramírez cuando fungió como presidente del BCN), por lo cual provocó un daño a la Nación que he valorado en 23.4 millones de dólares; y aprobó las subastas de activos de los bancos liquidados con las metodologías de licitación pública a sobre cerrado y al martillo, y no con un precio base para proteger el patrimonio de los nicaragüense en su caracter de guardador de la cosa pública.





La impunidad política y el momento electoral

24 05 2011

En Nicaragua se observan insólitos actos desvergonzados. Un delincuente presunto, reacusado por injurias y calumnias y acusado por daños cometidos al presupuesto de la nación nicaragüense, encabeza la lista de diputados nacionales de la Alianza PLI, en su afán de seguir acorazado con el mal uso de la inmunidad parlamentaria y continuar burlándose de la justicia, de las instituciones públicas, de los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de los jueces y de las personas, entre ellos este servidor. Me refiero al diputado querellado Eduardo Montealegre.

He oído decir al candidato a presidente de esa alianza política que los políticos que le acompañan son rectos, honestos y honrados. Eso es un buen deseo del aspirante a presidente de la República, y en eso quedó, sólo en un buen deseo, porque adquiere relevancia ese candidato de primera fila en la lista de sus diputados nacionales, algo muy extraño por los innumerables y públicos yerros políticos del acusado, que no es recto, honesto y honrado y, además, ha demostrado ser amoral, soberbio, prepotente, falaz e insultante desde la casa de su movimiento político, enceguecido por el hábito del abuso y la arrogancia del poder. Eduardo Montealegre, que goza de impunidad como banquero y político, impúdicamente se autonombró juez de sus propios actos con el ánimo de aparentar una inocencia disfrazada de una formidable ingenuidad e ignorancia.

La Alianza PLI lleva, pues, en su lista de diputados a un acusado de injurias, calumnias y de hechos de corrupción, cosa que no ha generado un profundo cuestionamiento del estilo de hacer política entre los miembros que forman esa alianza, lo cual corrobora que la sensación de impunidad se desliza paralelo al poder, de estar por encima de la ley, o al lado de la ley, o de autoerigirse en juez, ser la ley misma.

Ese es el defecto nato del reacusado Eduardo Montealegre. Se siente poderoso porque él cree, mejor dicho porque él se auto engaña, que goza de un gran respeto social, porque se aprovecha de la mudez de quienes lo rodean en su alianza política. Sólo en democracia se cree que un intocable no es capaz de cometer delitos. Sólo son necesarias las pruebas, y yo las he puesto en dos juzgados penales por sus injurias y calumnias y en un juzgado civil para embargarlo por sus daños morales y económicos contra mi familia y mi persona.

Mi opinión es que ninguna persona debe estar por encima de la ley. Eduardo Montealegre piensa que el poder en un sentido es una presunción de poder en otro sentido, por lo cual considera que al ser diputado puede atropellar la dignidad de una persona y después salirse con la suya, a pesar que no es una figura pública de gran éxito. Su egoísmo de siempre, que no se corresponde con una apropiada dosis de humildad, hoy se convierte en una carga de problemas para su alianza política, porque no quiere arriesgarse a un juicio después de haber cometido sus presuntos delitos. No quiere admitir su presunta delincuencia.

Por otro lado, a pesar de mis innumerables visitas a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional de Nicaragua para que se cumpla el mandato judicial y se inicie el proceso de la desaforación del diputado Eduardo Montealegre, además de las sendas cartas que he remitido en forma pública a los miembros de la Junta Directiva y a todos los miembros de las bancadas del Poder Legislativo, aún no he tenido una respuesta efectiva para que el ciudadano reacusado Eduardo Montealegre se presente ante el juez, hoy digo ante dos jueces. Por esa falta de respuesta, concluyo fácilmente que nuestra clase política sabe, mucho más allá de sus conflictos, protegerse mutuamente.

Fue en diciembre de 2010, que el primer secretario de la Junta Directiva del primer Poder del Estado, Dr. Wilfredo Navarro, me informó ante los periodistas que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) había decidido no seguir protegiendo al diputado Eduardo Montealegre y que su bancada pondría los votos para su desaforación, cuestión que no se ha concretado a esta fecha. Entonces, ¿qué podrán pensar los políticos, que supuestamente representan el interés general y el respeto al prójimo? Con mucha certeza afirmo que encubrir a Eduardo Montealegre es un golpe a la dignidad de la acción política.

Evidentemente no se puede prever nada en política, menos lo imprevisible. Mi demanda por las graves injurias y calumnias del ciudadano Eduardo Montealegre, un asunto que ya es nacional, es una flagrante violación a mis derechos humanos por sus afirmaciones irresponsables que mi trabajo profesional no sirve y que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua, escritas por él en un chat con los lectores de La Prensa y publicadas por ese diario el 31 de julio de 2008. Con esto trato de demostrar que nuestro sistema trata a las personas según su estatus y no su delito, y debería ser al contrario, por su delito y no por su estatus. Existe una verdadera disyunción entre la dignidad de la persona y el lugar que ocupa en el sistema mediático y político, por lo cual he sentido que hay mucha hipocresía de muchos miembros de la clase política en este asunto.

La tachable conducta del acusado Eduardo Montealegre es conocida por los nicaragüenses y también se conoce en el Poder Judicial, donde está acusado, y en el Poder Legislativo, en el que se protege escudado en su inmunidad. Pronto será conocido oficialmente en el Poder Electoral, porque no considero que la candidatura de un delincuente presunto a diputado nacional por la Alianza PLI sea ética y correcta para los nicaragüenses, en general, y para la clase política, en particular. Todos debemos velar por la rectitud de nuestros servidores públicos y también debemos preocuparnos por la reducción de la impunidad política en nuestro país. La población no puede ser apática ante estos asuntos.

Reitero que nunca dejaré de insistir en mi acusación a Eduardo Montealegre, ni me cansaré en la búsqueda de la justicia. Por ello, invito a todos los medios de comunicación a que investiguen, desvelen, comprueben y vuelvan a comprobar e informar para que no sean cómplices de ningún silencio ni de publicar sólo la versión del acusado sin escuchar las palabras de la otra parte, el acusador. Varios medios escritos, hablados y televisivos ya lo han hecho desde el momento que Eduardo  Montealegre atropelló mi dignidad y mis derechos humanos, lo cual ayuda a demostrar que en nuestro país existe libertad de prensa, independencia periodística y objetividad de la información.





La perenne subutilización laboral de Nicaragua

21 05 2011

La tasa de subutilización global de la fuerza laboral del país se ha mantenido en niveles muy altos que van, como porcentajes de la población económicamente activa, desde 16% en 1981 -un resultado de la lucha armada contra la dictadura somocista-, a 33% en 1989 -resultante del primer ajuste económico draconiano sin recursos externos realizado en febrero de 1988-, a 31% en 1993 -por las reformas estructurales ejecutadas bajo el paraguas del Consenso de Washington-, y desde que se comenzó a observar el crecimiento económico en la década de los noventa disminuyó a 21% en 2001 pero aumentó a 27% en 2010, según los datos elaborados por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) a partir de 2002, lo cual significó que el año pasado 636 mil personas no generaron ingresos.

Con esos datos, se puede afirmar que el desempleo y la subutilización global laboral es un problema estructural de nuestro mercado laboral, es un desempleo tanto abierto como equivalente de larga duración, no obstante las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) tratan de mantener a toda costa el concepto de la tasa natural de desempleo de 5% ampliamente aceptada antes de la crisis de la recesión económica mundial que nos afectó en 2009. Según el BCN, la tasa de desempleo abierto fue de 5.2% en 2006 y en 2010 fue de 7.8%, pero desde hace muchos años el principal problema que manifiesta la población nicaragüense encuestada es el desempleo.

La subutilización global de la fuerza laboral no es nada más que el total de desempleados abiertos y de desempleados equivalentes asociados con el subempleo, o sea las personas “marginadas del mercado laboral”, o que nunca han entrado a ese mercado, y en las que nos fijamos los economistas: 636 mil personas que buscaron trabajo sin éxito en 2010, una cifra inferior a la de los subempleados visibles e invisibles más lo desempleados, o sea 1 millón 200 mil personas, que tienen problemas de empleo, a pesar que la población nicaragüense crece a un ritmo promedio anual de 1.26%.

El más grave problema estructural de nuestro mercado laboral es, pues, la búsqueda de trabajo sin éxito, lo cual debe preocuparnos porque afecta la competitividad de las empresas nicaragüenses, ya que en el mediano plazo habrá más personas sin trabajo que perderán habilidades y vínculos con el mercado laboral y no tendrán la preparación necesaria para ocupar puestos en los sectores que generan más empleo.

Las posibilidades de empleo se concentran en este momento en poco puestos muy cualificados y bien remunerados y en muchos puestos que requieren poca formación y mal pagados, todo esto a expensas de las ocupaciones de cualificación media. Esto se puede ejemplificar con la tasa de desempleo de los jóvenes nicaragüenses, que fácilmente supera el 13% del total de personas económicamente activas con edad de 15 a 29 años, o sea jóvenes inexpertos que tienen más dificultades de encontrar trabajo.

Mientras la política macroeconómica que el Gobierno de Nicaragua discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se concentra en cómo restringir el déficit fiscal, cómo mantener un saldo de reservas internacionales brutas al menos igual a 2.2 veces el saldo de las base monetaria, cómo reducir el impacto de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, cómo mejorar el escrutinio sobre el sector bancario, y cómo disminuir el saldo de la deuda pública interna generada tanto por el gobierno central como por la banca central, la subutilización laboral continuará siendo alta y no se le presta la debida atención para reducirla. Las acciones de política económica de aumentar impuestos, reducir el consumo público, limitar la inversión pública, restringir el déficit fiscal y contraer el medio circulante atentan contra la posibilidad de disminuir la alta tasa de subutilización laboral.

Los políticos, especialmente aquéllos que aspiran a ocupar los altos cargos de las instituciones estatales a partir de 2012, tienen  el gran reto de disminuir la desocupación y la subutilización laboral, lo cual no es ni será una tarea fácil. Los políticos que aspiran a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República en el próximo quinquenio tienen que ganarse la credibilidad ciudadana de poder facilitar la generación de empleo y la reducción de la subutilización laboral, porque la economía nicaragüense crece con mucha lentitud. Como he afirmado en otras ocasiones, si la producción de bienes y servicios de Nicaragua aumenta 4% ó 5%, eso no significa crecer económicamente en nuestro país.

Es bastante probable que la inversión extranjera directa, especialmente los megaproyectos o la inversión de gran escala, podrá contribuir a la reducción del desempleo estructural, no del desempleo natural como diría el BCN, pero también debería tomarse en cuenta que esa acción inversionista puede combinarse con más educación y formación técnica, media o superior, mientras se ejecuten los proyectos. Los políticos tienen la palabra ante la población, no entre ellos mismos.





PROCOMPETENCIA sancionó a la ASOBANP

21 05 2011

Debo reconocer públicamente la valiosa tarea de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) de nuestro país para proteger los derechos de los nicaragüenses, al haber avanzado un paso más en la lucha contra las prácticas anticompetitivas del sistema bancario nacional y contra la impunidad bancaria arraigada en nuestro país.

El Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) sancionó a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) por haberse coludido entre los bancos agremiados en la práctica anticompetitiva de fijar una sola tasa de interés de 50% para los préstamos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito de consumo.

La ASOBANP, al haber violado los artículos 17 y 18 incisos a) de la Ley 601 “Ley de la Promoció de la Competencia”, fue sancionada con el pago de una multa de cien salarios mínimos promedio y con la orden de cesar de inmediato cualquier tipo de recomendación a sus agremiados que pueda ser constitutiva de violación o transgresión a las normas de competencia establecidas en la Ley 601 y su reglamento.

A solicitud de la RNDC, esta sanción ya había sido aplicada por PROCOMPETENCIA al Banco de Finanzas (BDF) el 15 de abril de este año, pero el BDF presentó un recurso de revisión que fue resuelto el recién pasado lunes 16 de mayo con un NO HA LUGAR, lo cual significa que la resolución emitida por PROCOMPETENCIA el 15 de abril queda firme.

Cabe recordar, de acuerdo con las palabras del presidente de PROCOMPETENCIA, Dr. Luis Humberto Guzmán, que el resto de las entidades bancarias radicadas en nuestro país se ampararon en la Corte Suprema Justicia antes de que concluyera el proceso de investigación de la denuncia de la RNDC realizado por PROCOMPETENCIA. El Poder Judicial de Nicaragua aún no se ha pronunciado al respecto.

A continuación presento la resolución de PROCOMPETENCIA sobre el caso de ASOBANP, que me enviara la RNDC.





La SIBOIF solicita aclaración al BDF

21 05 2011

En respuesta a mi denuncia pública que el Banco de Finanzas (BDF) violó la Ley General de Títulos Valores de Nicaragua por rechazar un cheque a nombre de COPADES y/o Néstor Avendaño el pasado 15 de mayo, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF instruyó al gerente general del BDF que, en un plazo de tres días contados a partir del acuse de recibo de la comunicación con fecha 17 de mayo del año en curso, le remita “un informe sobre el presente caso, que manifieste la justificación legal del actuar de su Representado”.

Ayer viernes 20 de mayo se venció el plazo para la respuesta del BDF, cuyo gerente general me presentó excusas por el mal trato que tuve en la sucursal de ese banco ubicada en la casa matriz el pasado lunes 17 de mayo. Le aconsejé al gerente general que suspenda esa disposición interna del BDF de no cambiar cheques girados a distintas personas con el y/o, porque ningún reglamento bancario debe oponerse a las leyes que regulan al sistema financiero nacional y, si hubieren dudas sobre ese tipo de cheque, que consultaran con el librador del cheque, que en mi caso es un socio del BDF.

Reitero mis tres solicitudes al superintendente Victor Urcuyo Vidaure: (1) investigar mi denuncia en contra del BDF; (2) se me informe sobre la resolución que usted dicte sobre mi denuncia; y (3) mande al BDF a publicar su resolución en todos los medios de comunicación social, escritos, hablados y televisivos, con el fin de evitar más atropellos de esta índole a los nicaragüenses por parte de esa entidad bancaria.

Como expresé al superintendente en la carta que le dirigí sobre este asunto, a partir de ese momento me reservo el derecho de demandar al BDF por los perjuicios provocados con la violación de la Ley General de Títulos Valores de la República de Nicaragua, lo cual haré con una mayor propiedad al contar con su resolución.





La necesidad de una reforma de seguridad social

17 05 2011

En mis opiniones sobre el mercado laboral de nuestro país, he destacado sus problemas estructurales de subempleo e informalidad, y ahora abordaré otro de esos problemas como es poca cobertura de la seguridad social de los trabajadores.

La poca cobertura de la seguridad social es un problema ancestral, no coyuntural, no es un problema exclusivo de un gobierno en particular. Las estadísticas continuas, excepto 2001 y 2002, muestran que la cobertura de la seguridad social alcanzó en 1986 el máximo de 31.4% del total de ocupados, que incluye a los subempleados, y en 1984 otro máximo de 30.3% de la población económicamente activa (PEA), años que corresponden a una economía en tiempos de guerra.

A partir de 1990, en una economía en tiempos de paz pero destruida por la guerra, cuando se iniciaron las reformas estructurales de corte fondomonetarista con el paraguas del Consenso de Washington, la cobertura de la seguridad social alcanzó en 2003 un mínimo de 16.7% del total de ocupados (reitero que en ese total se incluye a los subempleados) y en 1995 otro mínimo de 14.1% del total de la PEA.

En los últimos cuatro gobiernos, en términos promedio anual, el número total de trabajadores activos asegurados en los primeros cuatro años del mandato de Daniel Ortega creció  6.2% hasta 534,881 personas en 2010; en el gobierno de Enrique Bolaños, aumentó 6.0% hasta 420,316 en 2006; en el gobierno de Arnoldo Alemán, subió 7.3% hasta 314,181 en 2001; y en el gobierno de Violeta Barrios vda. de Chamorro, disminuyó 3.3% hasta 220,600 en 1996.

En términos absolutos, en el gobierno actual se observan más asegurados y las más altas tasas de cobertura en el año de 2008, un año antes de la severa recesión económica mundial que se tradujo en Nicaragua en una caída de la producción, de la población económicamente activa y de la ocupación total (incluyendo a los subempleados) en 2009.

En 2000, el gobierno de Nicaragua contrató un préstamo del Banco Mundial de 7.73 millones de dólares, con un plazo de 39 años, 10.5 años de gracia, tasa de interés de 0% y tasa de comisión de 0.75%, que fue destinado a la privatización de la administración del fondo de pensiones de seguridad social, que se denominó “Asistencia Técnica Reforma de Pensiones INSS” y se desembolsó totalmente en el período 2001-2005, el cual fue un fracaso debido a la informalidad de nuestro mercado laboral, pero fue condonado totalmente en el marco de la Iniciativa “Alivio de la Deuda Multilateral” (MDRI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esto ayuda a demostrar que para efectuar una reforma estructural en un país pobre y aún muy endeudado con el exterior en términos de producción, como es el caso de Nicaragua, se requiere del apoyo financiero multilateral para reducir el costo social de la reforma o para aliviar los impactos sobre la población afectada, principalmente los trabajadores.

Con las reformas estructurales del Programa Servicio de Crédito Ampliado (SCA), denominadas por nuestros servidores públicos como la Agenda Complementaria, el gobierno de Nicaragua suscribió las condicionalidades de publicar las opciones de la reforma del fondo de pensiones de la seguridad social en 2010, lo cual se concretó en noviembre del año pasado en la página web del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); buscar un consenso de esas opciones entre el gobierno, los sindicatos y los gremios en el transcurso de 2011, lo cual se está realizando en la actualidad; y aprobar dicha reforma en 2012, o sea en el primer año de gobierno de la próxima administración pública.

En un año de elecciones presidenciales es imposible aprobar esta reforma, porque restaría votos al partido político que la proponga y a los partidos políticos que la aprueben, pero esto se concertará en 2012, como también se aprobará la continuación de la reforma tributaria de la Ley de Equidad Fiscal consistente en la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos y la regulación de los precios de transferencias entre partes relacionadas.

Indudablemente, cualquier consenso que se obtenga sobre la reforma del fondo de pensiones de la seguridad social en este año afectará a los trabajadores nacidos desde el año de 1967 a partir de 2012, pero no se visualiza que esa afectación será aliviada con un nuevo financiamiento multilateral muy concesional que facilite la implementación de la reforma y reduzca el costo político y social de la misma. Es aquí donde observo la falla del gobierno actual, o sea la falta de capacidad de los funcionarios públicos para negociar y gestionar el financiamiento multilateral requerido para efectuar esta reforma.

Este problema no es exclusivo de este gobierno, como lo señaló el candidato a vicepresidente del país por la Alianza PLI, Edmundo Jarquín, al afirmar que la reforma de la seguridad social “es producto del fracaso del gobierno en generar empleos y en administrar con eficiencia y con honestidad el seguro social”. Aparentemente, el candidato a vicepresidente de dicha alianza ignora que esta reforma está siendo impulsada por el Fondo Monetario Internacional en los países europeos, como Grecia, Portugal y España, que tienen una pesada carga de la deuda pública y una población mayoritaria en la tercera edad, pero la población nicaragüense es muy joven, con edad media de 22 años, pero inmersa en un mercado muy informal.

Lo que deseo expresar es que el problema de la administración de fondos de seguridad social no es exclusivo para países pobres y muy endeudados; además, no considero que en el INSS se practique la corrupción, como dice el candidato a vicepresidente, porque el FMI analiza exhaustivamente el presupuesto del INSS desde el gobierno de Arnoldo Alemán.

También debo señalar que la ampliación de la cobertura de la seguridad social demanda de un régimen especial para los trabajadores del campo, cuestión que espero sea abordada por la tres partes que hoy buscan el consenso.

Por otro lado, uno de los principales obstáculos para la inclusión de los trabajadores en la seguridad social, como lo dije anteriormente, es la gran informalidad de nuestro mercado laboral. En  nuestro país existe demasiado empleo precario que no cotiza la seguridad social. Una vía para ampliar la formalidad del mercado laboral es la creación de mejores puestos de trabajo, que se caractericen por una mejor infraestructura tecnológica y una mayor educación técnica, y esto sólo se logra con la inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, o sea con inversión fija.

Una estimación a groso modo de los requerimientos de inversión fija para ampliar la cobertura de la seguridad social hasta 80% del total de ocupados del país (nunca lograremos el 100% porque es difícil erradicar la informalidad) asciende a 21,296 millones de dólares, o sea casi 3 veces el Producto Interno Bruto Nominal de 2010 o una inversión de 13,370 dólares en cada persona ocupada no asegurada en la actualidad.

Por  lo tanto, es fácil concluir que este no es un problema a que se resolverá en una administración pública, no es un problema que se explica con malas inversiones de los recursos de la seguridad social, pero sí es un problema de falta de políticas de empleo y de una mayor  atracción de la inversión privada, doméstica y extranjera, que no ha sido posible por las confrontaciones entre los partidos políticos y los Poderes del Estado de Nicaragua. El riesgo de la poca cobertura de la seguridad social sobre los trabajadores también es de índole política.





La democracia y la libertad de prensa desde la acera de la economía

16 05 2011

La semana pasada fue intensiva en noticias, opiniones y sobresaltos por el riesgo de quiebra que tuvo El Nuevo Diario y su rescate por el empresario financiero Ramiro Ortiz Mayorga que preside el Banco de la Producción, después de haberse descartado el salvataje de 500 mil dólares del Grupo Pellas, así como su venta al gobierno, o al Frente Sandinista de Liberación Nacional, o al Grupo del ALBA.

El periodismo y la democracia se enlazaron contra la posibilidad de que otro grupo de izquierda que se encuentra en el poder comprara las acciones de un diario que, sin lugar a dudas, es un símbolo nacional al haber sido fundado por un puñado de periodistas que salieron a pie del diario La Prensa hace 30 años, que desarrollaron una política editorial que se ha desplazado desde la defensa de la revolución sandinista a las filas de los disidentes del FSLN y hasta la oposición de los últimos cuatro gobiernos de nuestro país y, en esto último, he de reconocer, que El Nuevo Diario ha construido su independencia, mejor dicho su autonomía periodística.

En ese escenario político-económico de la semana pasada he comprobado que los conceptos de la democracia y del periodismo independiente tienen diferentes acepciones y variados límites, que dependen del grupo de poder político o del gran capital que los esgrimen, indistintamente que sean apoyados por mayorías o minorías. He visto y oído a varios políticos, organismos no gubernamentales y periodistas acusar a los empresarios de no respaldar a El Nuevo Diario, y también sus lamentos si el diario fuese vendido al gobierno sandinista.

Sin embargo, considero que el peligro contra la libertad de expresión no está asociado exclusivamente con la compra de un diario por parte de un gobierno, y reconozco que la objetividad de la información es más diáfana si el periodista es independiente de los políticos en el poder, de los políticos en la oposición y de los representantes del gran capital, que en nuestro país no son abundantes, mejor dicho son los mismos. El peligro contra la libertad de expresión, la independencia de un diario y la objetividad de la información también están latentes si es comprado por una familia millonaria con grandes y diversos intereses empresariales.

En el primer caso, la población se expone al cierre de los espacios políticos y al surgimiento del monopolio del poder, dos cuestiones que los nicaragüenses conocemos a lo largo de nuestra historia; en el segundo caso, la población se expone a los poderes monopólico, oligopólico y monopsónico del mercado y, aunque la economía nos enseña que el mejor mercado es el de la competencia perfecta, también conocemos que el mercado es imperfecto y no es tan sabio como lo pintan. Cuán ideal hubiese sido que en el salvataje de El Nuevo Diario hubieren participado cuatro, cinco, seis o más grandes empresas, incluso medianas empresas, con el fin de reducir la competencia imperfecta en el negocio de los diarios de comunicación. Siempre he afirmado que junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado, a lo cual agrego no usar el nombre del mercado en vano, que es uno de los mandamientos de la ética para los profesionales de las ciencias económicas.

El peligro de la libertad de prensa no se reduce a la censura de prensa, o sea al impedimento que tiene cualquier diario de publicar noticias que no son gratas al poder político ni al poder económico, sino también a la falta de acceso de las personas al medio de comunicación, entre otros propósitos, para aclarar noticias en el caso que el diario no constata la veracidad de las mismas que causan agravios a la personas.

Eso puedo ejemplificarlo con el caso nacional de mi demanda por los daños morales y económicos provocados por el banquero y diputado Eduardo Montealegre a mi familia y a este servidor, con su injuria de que la investigación económica sobre las liquidaciones bancarias que me solicitó la Contraloría General de la República no sirve y con su calumnia de que yo fui uno de los responsables de la quiebra del Banco del Café, escritas por él y publicadas por un diario local. Por supuesto que esa fue la reacción de Eduardo Montealegre contra este servidor, después de haberle dicho personalmente junto a los políticos de la Alianza Liberal Nicaragüense que él presidía, que tenía que aclarar a la Nación y al Juez varios actos inapropiados que él cometió, desde su cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua durante el gobierno del Ing. Enrique Bolaños, en la reestructuración de la deuda pública interna en concepto de los CENIs Bancarios y en la subasta de los activos de cuatro bancos que fueron liquidados en los años de 2000 y 2001.

En este caso, los dos diarios de circulación nacional han mostrado un gran sesgo a favor de Eduardo Montealegre y nunca me han llamado ni consultado para constatar, previo a su publicación, la veracidad de las múltiples declaraciones amorales del ahora acusado en dos juzgados penales de nuestro país. Los dos diarios escuchan al acusado pero no confirman sus palabras con el acusador. Por ejemplo, el titular “Avendaño no aceptó disculpas de Montealegre”, no motivó al diario a buscarme o llamarme para conocer el porqué no las recibí y, como ya es de dominio público gracias a rectos y honestos periodistas de medios escritos, radiales y televisivos, el diputado acusado reiteró en su carta de disculpas las mismas injurias y calumnias y agregó otras, por las cuales lo acusé por segunda vez. Ningún diario de circulación nacional publicó mi segunda acusación.

Otros titulares como “Montealegre deja mal parado a Avendaño”, “Montealegre saca más documentos a Avendaño”, “Montealegre desenmascara a Avendaño” muestran que ambos diarios creyeron y siguen creyendo a ciegas las declaraciones de este diputado que huye de la justicia escudado en su inmunidad parlamentaria desde agosto de 2008 y que optó cargar su presunta delincuencia hasta que se presente ante el Juez. Los dos diarios conocen, como también nuestra nación lo sabe, que yo me sometí voluntariamente a una investigación en la Fiscalía General de la República por la acusación gratuita de Eduardo Montealegre de que yo defraudé al Estado de Nicaragua, y la institución estatal resolvió que yo no tenía ninguna responsabilidad en el cierre del Banco del Café.

Entonces, ¿cómo se fortalece la democracia con la libertad de prensa en nuestro país, si es manipulada por políticos en el poder y en la oposición y, no desde ahora, por los intereses del gran capital? Creo que la conducta periodística que ejemplifiqué anteriormente no refleja una información objetiva ni respalda el concepto de libertad de prensa, mucho menos refleja una autonomía periodística. Es muy probable que esos titulares con noticias no comprobadas hayan estado influenciados por un desvergonzado político, como lo es Eduardo Montealegre, pero desconozco las razones por las cuales ese presunto delincuente, soberbio y prepotente, es muy creído en los diarios de circulación nacional.

Mi gratitud a tres medios de comunicación social, en orden alfabético Carta Bodán, Informe Pastrán y Trinchera de la Noticia,  a todos los canales de televisión del país, excepto uno de ellos, y a la mayoría de las empresas radiales radicadas en la Ciudad de Managua que han publicado y difundido todas mis respuestas a las difamaciones del querellado Eduardo Montealegre. Entre ellos encontré la libertad de prensa y la autonomía periodística.





Dos observaciones sobre dos afirmaciones

14 05 2011

El Secretario Privado para Políticas Nacionales del Gobierno de Nicaragua, Paul Oquist Kelley, causó un gran asombro entre la población en general y entre los economistas en particular al aseverar recientemente que se observó un aumento de 304,300 personas en la ocupación total del país en 2010 respecto a 2009, o sea una alza de 12.5% en el total de ocupados.

Tengo la seguridad que el secretario privado no se refería a la ocupación plena, o sea a las personas que laboran la jornada legal de 8 horas diarias o 40 horas semanales, y por lo tanto ignoró o pretendió ignorar que el principal problema en el mercado laboral de nuestro país es el subempleo; en otras palabras, minimizó la presencia de al menos 1 millón 200 mil nicaragüenses que tienen problemas de empleo, y entre estas personas se distinguen los que trabajan involuntariamente más horas que la jornada legal de 8 horas diarias porque perciben menores ingresos que el salario mínimo legal (los denominados subempleados invisibles), los que laboran involuntariamente menos tiempo de la jornada legal de 8 horas diarias y están dispuestos a trabajar (los llamados subempleados visibles) y los desempleados.

El aumento del número de subempleados no significa un aumento de los ocupados. La ocupación plena no es una preocupación fundamental de la política macroeconómica actual de nuestro país, porque en el ámbito monetario sólo existen dos responsabilidades del Banco Central de Nicaragua (BCN), como son las de velar por la estabilidad del córdoba y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, y su nueva ley no le confirió la obligación de garantizar el pleno empleo. Consecuentemente, no existe una efectiva política de financiamiento a las actividades económicas que sea coordinada por la autoridad monetaria.

Desde el punto de vista fiscal, la búsqueda de la ocupación plena tampoco es posible porque el gasto de inversión pública sufre del problema estructural de estar limitado al 30% del gasto total del presupuesto nacional más un reducido aumento de menos del 1% del PIB durante cada año permitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es uno de los llamados ajustadores del Programa “Servicio de Crédito Ampliado, sí y sólo sí el gobierno de Nicaragua logra desembolsar nuevos préstamos externos muy concesionales.

Por consiguiente, el secretario privado incluyó en esas cifras alegres a los nuevos ocupados que trabajan 1 hora, 2 horas ó 5 horas diarias porque no encuentran trabajo, y a los ocupados que trabajan 9 horas, 10 horas ó 12 horas diarias porque con su ingreso de la jornada legal no facilita el acceso de su familia a la canasta de 53 productos de consumo básico. Por supuesto que esta situación se explica con el hecho de que casi el 70% de los ocupados plenos y de los subempleados labora en establecimientos que no cuentan con registros contables. 

El paradigma que el crecimiento económico reduce automáticamente la pobreza, como sostenían los ministros de los tres gobiernos anteriores, ya fue enterrado con el Consenso de Washington por los líderes de las economías avanzadas a finales de 2008, pero en Nicaragua continúa vivo gracias al FMI. Es necesaria la formulación e implementación de un nuevo modelo económico en nuestro país para reducir la pobreza de los nicaragüenses. El modelo actual no genera pobreza sino que funciona sobre la base de la pobreza.

La pobreza de Nicaragua es un resultado del gran número de subempleados y desempleados. De acuerdo con las más recientes cifras oficiales, en 2009 el 42.5% de la población era pobre y, dentro de ese porcentaje, el 14.6% de la población padecía de extrema pobreza, unos indicadores más creíbles que los publicados en el gobierno de Enrique Bolaños: en el período 2001-2005, si el Producto Interno Bruto crecía 1.0%, el índice de pobreza extrema aumentaba 1.03% y el índice de pobreza se elevaba 0.42%.

Coincido con mi colega y actual asesor financiero del Presidente Daniel Ortega, Francisco Mayorga, en que las políticas públicas de la actual administración han dado una gran importancia a la solución de los problemas económicos y sociales de los pobres de nuestro país, que no fueron privilegiados con las políticas de los gobiernos de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro y del Ing. Enrique Bolaños.

La evidencia empírica demuestra que durante el período 2005-2009 si el PIB creció 1% la pobreza extrema se redujo 1.86% y la pobreza disminuyó 1.45%. Sobre la base de este resultado y tomando en cuenta los problemas estructurales de las condiciones de la baja productividad de nuestra economía, el bajo nivel de escolaridad promedio nacional de nuestra población, la gran informalidad del mercado laboral y la escasa infraestructura tecnológica de la microempresa y de la pequeña empresa, para erradicar la pobreza extrema de Nicaragua el PIB Real de 2009 requeriría incrementarse en un 54%, lo cual en un plazo de 10 años implicaría, en términos promedio anual, que la producción de bienes y servicios aumente 4.9% y en un plazo de 5 años la producción de bienes y servicios crezca al ritmo de 11.4%. Esto sería un milagro económico. La visión del BCN compartida con el FMI sobre el crecimiento económico de Nicaragua en el período 2009-2016 es apenas de 4.0%.        

La pobreza es un grave problema estructural que sólo se resolverá en el largo plazo, porque las tareas asociadas con su reducción no son de corto plazo, por ejemplo la educación técnica y la formalización del mercado laboral. Creo que los políticos necesitan normalizar sus ánimos en este año electoral, ya que deben ser cautos con sus promesas a la población porque ahora sí tienen la obligación de demostrar cómo lograrán sus objetivos socioeconómicos en el período 2012-2016. Creo que no hay lugar a más engaños.