Errores incomprensibles del Banco Central de Nicaragua

Parece que el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) desconoce que en tiempos de crisis política, las política económicas no tienen los efectos esperados para resolver problemas económicos y financieros, y continúa cometiendo errores en forma consecutiva al haber declarado el presidente del BCN el 21 de agosto de 2018 que “estamos emitiendo los Títulos de Inversión (TIN) para depósitos mayores a 10 mil dólares, es decir, aquel depositante que retire plata de un banco privado la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. … Es una opción de la persona que no se sienta segura en un banco y se quiera sentir más segura con títulos del Banco Central”.

La fuga de depósitos es producto de la desconfianza que existe en todos los agentes económicos, un efecto muy grave de la crisis política actual. No es una desconfianza en los bancos, sino una desconfianza general de los consumidores, productores e inversionistas en todos los ámbitos económicos, financieros y sociales. Por lo tanto, eliminar esa desconfianza generalizada requiere una respuesta política, no económica.

Pero el craso error de Ovidio Reyes fue haber anunciado que esos Títulos de Inversión, que se emitirán para depósitos mayores a 10 mil dólares tendrían tasas de interés para córdobas con mantenimiento de valor desde 4.5% a un mes hasta 8.0% a un año.

¿Quién sería el inversionista, quién sería la persona natural o la persona jurídica no financiera, que entregaría dólares al BCN para recibir córdobas con mantenimiento de valor cuando venciera el plazo del Título de Inversión? Nadie.

El 24 de agosto, tres días después, el BCN publicó en su página web que emitirá Títulos de Inversión en dólares con tasa de interés desde 3% a 1 mes hasta 6.50% a 1 año. Se avizora, pues, una guerra de tasa de interés hacia el alza, en un momento de recesión económica nacional que técnicamente se confirmará al concluir el mes de septiembre próximo, y esto exige la baja de las tasas de rendimientos del BCN. Esa baja no ocurrirá porque la crisis política ha elevado el índice de riesgo-país de Nicaragua.

La decisión del BCN de establecer las tasas de rendimiento de los Títulos de Inversión a 1 año plazo en casi 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa de las Letras pagaderas en córdobas con mantenimiento de valor al mismo plazo, y en casi 1 punto porcentual la tasa de rendimiento de los Títulos de Inversión en dólares en 1 año plazo con respecto a la de los depósitos al mismo plazo en el sistema bancario, podría promover la fuga de los depósitos en ambas monedas de la banca y forzaría a las entidades financieras a subir sus actuales tasas pasivas y activas. La recuperación económica sería más cara.

Otra resolución del Consejo Directivo del BCN, publicada en La Gaceta el 24 de agosto de este año, provocó otro revuelo nacional.

Los cuatro miembros de dicho Consejo aprobaron la reforma del acápite d del Artículo 5 Operaciones de Cambio del BCN de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua del 9 de agosto de 2018, que dice: Para la venta de USD, EUR u otras monedas extranjeras libremente convertibles, la tarifa que el Banco cobrará será definida, conforme ley, por el Presidente del BCN en un porcentaje superior al tipo de cambio oficial de la fecha valor, para lo cual éste deberá emitir las disposiciones administrativas respectivas (el subrayado es nuestro).

El acápite d del Artículo 5 Operaciones de Cambio del BCN de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua aprobadas el 11 de julio de 2007 decía: Para la venta de USD por córdobas, el precio que el BCN cobrará será un uno por ciento (1%) superior al Tipo de Cambio Oficial fijado para la fecha valor correspondiente. Para el cálculo se deberán utilizar seis (6) decimales.

Once años después, el 24 de agosto de 2018, con el grave problema económico y financiero de la fuga de los depósitos en moneda extranjera observada desde 12 de abril recién pasado, el presidente del BCN, en este caso Ovidio Reyes, borró con esa reforma el 1% de comisión de venta del dólar a las entidades financieras y se adjudicó la discrecionalidad de fijar el porcentaje sobre el tipo de cambio oficial para vender la divisa estadounidense a los dos clientes del BCN, el sistema financiero nacional y el sector público no financiero. Imagino que esa discrecionalidad será la misma para esos dos clientes.

Esa decisión obedece al hecho de que la pérdida de reservas internacionales administradas por el BCN es causada por la venta de divisas del BCN al sistema bancario comercial que tiene que enfrentar la fuga de los depósitos en dólares del público no bancario. Esto pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, porque el saldo de esas reservas no es infinito, las ventas de dólares tienen un límite, y el saldo de la reservas brutas no pertenece al BCN.

Del saldo de las reservas internacionales brutas en el BCN, debe preservarse el 37% que pertenece al sector privado, principalmente al público no bancario en conceptos de encaje efectivo y fondo de garantía para los depósitos en moneda extranjera, y en concepto de Letras pagaderas en dólares emitidas por el BCN; adicionalmente, debe mantenerse el 5% del saldo de esas reservas porque corresponden a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinados al fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales del país.

Por consiguiente, el BCN con las reservas internacionales netas ajustadas (RINAs) tiene que atender la compra de divisas de las entidades bancarias ahora incrementadas por la fuga de depósitos, el componente importado de los proyectos y programas del sector público financiados por la cooperación oficial y el pago de la deuda pública externa. El saldo de las RINAs en el BCN es US$1,417.4 millones al 28 de agosto del año en curso.

El 27 de agosto el BCN tuvo que confirmar en dos notas de prensa que se mantenía inalterada la tarifa de 1% por comisión por venta de divisas realizada por la autoridad monetaria, que todas las tarifas bancarias serán establecidas por el presidente del BCN y que se mantenía la política del tipo de cambio reptante con un deslizamiento anual de 5% que es dictada por el Consejo Directivo del BCN. ¿Por qué Ovidio Reyes tuvo que aclarar esas tres cosas? De entrada, el impacto de la resolución publicada en La Gaceta fue la caída de US$22 millones del saldo de los depósitos en moneda extranjera en ese mismo día.

El presidente del BCN, con la reforma, había obviado publicar la nueva tarifa, lo cual suscitó la sospecha de que ese porcentaje sería inestable al reconocer implícitamente que la fuga de los depósitos en dólares se mantiene, aunque ha desacelerado. Cualquier tarifa por arriba del 1% significaría, sin duda alguna, un aumento del precio de compra de la divisa de las entidades financieras en el BCN, y ese aumento sería trasladado al tipo de cambio para la venta de la divisa en el mercado financiero, es decir, el público no bancario tendría que pagar una mayor cantidad de córdobas por un dólar. Fue correcta la apreciación de la población que el córdoba se devaluaría, pero esto se observaría directamente en el mercado financiero e indirectamente en el mercado negro, sin afectarse el mercado oficial porque se mantiene el deslizamiento anual de 5% del tipo de cambio oficial.

Consecuencia de lo anterior sería la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, también la brecha con el mercado negro, el alza de los costos de producción de bienes y servicios y de la tasa de inflación de los precios al consumidor, y por tanto el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de la población.

Se elevarían los riesgos económicos y financieros por la presencia de tipos de cambio múltiples, que ahuyenta a la inversión extranjera directa, y por el desequilibrio de los precios relativos, sencillamente porque sólo una persona determina, con discrecionalidad exclusiva, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar no sólo en el Banco Central sino también en el mercado financiero.

La Resolución CD-BCN-XXXV-1-18 publicada en La Gaceta continúa sin ninguna modificación después de las dos aclaraciones que hiciera Ovidio Reyes, y mientras no se derogue se mantendrá la incertidumbre cambiaria.

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Bonos, Títulos y Riesgos Sistémicos del Sistema Financiero Nacional

Preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero ha sido una función del Banco Central de Nicaragua (BCN). Ahora, esa función será desempeñada por un “Comité de Estabilidad Financiera (CEF) establecido por la Ley No. 979 “Ley de Creación de los Bonos para el Fortalecimiento de la Solidez Financiera y del Comité de Estabilidad Financiera”.

Entre los miembros del CEF, aparece el Fondo de Garantía de los Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE), que se limita exclusivamente a cobrar y pagar, sólo pagar en el caso del colapso de una entidad financiera supervisada, la garantía de un máximo de US$10,000 por depositante, y el monto de dichas garantías asociadas con los depósitos en moneda extranjera, depositadas en el BCN, asciende a US$174 millones al 23 de agosto del año en curso.

Otro miembro del CEF es la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), pero las microfinancieras no captan depósitos del público. Es bastante razonable la presencia de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el ente supervisor de las entidades del sector financiero del país, aunque cabe recordar que el presidente del Consejo Directivo de la SIBOIF es el presidente del BCN. También integra el CEF el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que emitirá los Bonos para el Fortalecimiento de la Solidez Financiera a pesar de que aún el único banco comercial del sector público, el Banco de Fomento a la Producción (BANCO PRODUZCAMOS) tampoco capta depósitos del público.

La Ley No. 979 señala que los Bonos del MHCP arriba mencionados serán estandarizados y desmaterializados, y emitidos en dólares estadounidenses, pero pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor indexados con el tipo de cambio oficial del córdoba con respecto al dólar estadounidense; tendrán un plazo máximo de 25 años, pero el plazo y la tasa de interés serán determinados por el MHCP; y podrán ser colocados directamente o subastados.

Sin embargo, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, junto al Ministro del MHCP, Iván Acosta, en conferencia de prensa del 21 de agosto recién pasado, afirmó que los Bonos no son instrumentos que vayan a ser transados en el mercado primario de valores, sino que van a ser entregados al Banco Central para el respaldo de sus líneas de asistencias financieras, o para el respaldo de los depositantes, o para el respaldo de las condiciones contempladas dentro de la Ley del FOGADE. Si el MHCP entrega los Bonos directamente al BCN, ¿por qué se indica en la ley que podrían ser subastados?

Con el respaldo de los Bonos del MHCP, el BCN podrá emitir Títulos de Inversión para ofrecerlos a las personas naturales y personas jurídicas no bancarias que no tengan confianza de mantener sus depósitos en las instituciones financieras, debido al problema “sistémico” que, en nuestra opinión, es provocado por la crisis política del 18 de abril.

El riesgo sistémico de las entidades bancarias es la fuga de los depósitos en moneda extranjera, provocado no por la desconfianza del público no bancario en las instituciones financieras, sino por la desconfianza que genera la crisis política imperante desde el 18 de abril de este año. Esta desconfianza, en este caso de los depositantes, se dio por el creciente riesgo político, que elevó el índice de riesgo-país de Nicaragua y disminuyó la calificación crediticia de Standard & Poor’s, Moody’s Investment y Fitch para Nicaragua. Es de sobra conocido que para resolver un riesgo político se requiere una respuesta política. La historia económica de nuestro país ya lo ha demostrado en varios momentos.

Con base en datos oficiales, desde el 12 de abril de este año, fecha en que se registró el saldo máximo de los depósitos en moneda extranjera de US$4,115.0 millones, se han fugado US$765.1 millones al 22 de agosto, con un ritmo de US$5.8 millones diarios.

Para enfrentar esa fuga de depósitos, la banca comercial comenzó a comprar divisas al BCN en la mesa de cambios desde el 15 de mayo. Al 23 de agosto, esas compras totalizaban US$469 millones y su monto promedio diario se ha desacelerado, a pesar de que en junio se oyeron voces que exacerbaron la intranquilidad de la población para que retirara sus depósitos de los bancos. Las ventas promedio diarias de dólares del BCN al sistema bancario fueron US$7 millones en mayo, US$11 millones en junio, US$6 millones en julio y US$3 millones en el transcurso de agosto. Entre mayo y agosto, US$7 millones diarios.

Por supuesto que el BCN toma los dólares que vende a los bancos comerciales de las reservas internacionales que administra. En este año, el saldo de las reservas internacionales brutas observa una caída US$278.9 millones al 23 de agosto, a pesar de que el BCN ha desembolsado US$100 millones (de un total de US$200 millones) facilitados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para solucionar dificultades transitorias de liquidez del sistema financiero nacional. Por consiguiente, la libre convertibilidad del córdoba, columna central de nuestro modelo económico, extendió el problema “sistémico” al BCN, La reducción de las reservas internacionales administradas por el BCN tiene un límite.

Los Títulos de Inversión serían emitidos por el BCN para recibir los depósitos de las personas naturales y de las empresas no financieras que no confíen en los bancos comerciales. Esto, en vez de fortalecer, debilitaría más a los bancos que están afectados por la fuga importante de los depósitos en moneda extranjera, la cual equivale a 20 días de producción de bienes y servicios del país en este año.

Esos Títulos de Inversión serán emitidos en dólares estadounidenses para depósitos mayores de US$10,000 (diez mil dólares) y pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, con plazos que van desde 1 mes con una tasa de 4.5% hasta 1 año con una tasa de 8.0%. Un depositante de un banco comercial, ya estresado por la incertidumbre política, con esta ley se transformaría en un inversionista financiero, pero nunca aceptaría invertir en dólares y recuperar su inversión con el rendimiento correspondiente en córdobas con mantenimiento de valor.

A ese ex depositante y ahora inversionista financiero  le surgirían más dudas que lo podrían estresar mucho más de lo que ya está, al interrogarse si en el futuro la tasa de inflación sería mayor o menor que la tasa de devaluación -a julio de este año, en términos interanuales la tasa de inflación es 5.2% y la tasa de devaluación es 5.0%-; o si la brecha entre el tipo de cambio del mercado oficial (la del BCN) será reducida o amplia con respecto al precio de la divisa en el mercado negro, a sabiendas que era 0.23% en abril y subió hasta 1.21% en julio; o si el saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS) administradas por el BCN será creciente o decreciente en el corto plazo, al tomar en cuenta que el 41% del saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) es intocable porque pertenece a los depositantes del sistema financiero nacional, a los inversionistas que han adquirido Letras del BCN emitidas en dólares y a dos organismos financieros multilaterales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCIE, que han facilitado préstamos para apoyo a la balanza de pagos.

Los rendimientos de los Bonos respaldarían las tasas de interés de los Títulos de Inversión y estas últimas podrían provocar una leve mejoría en la competitividad de las tasa de interés en el mercado local, sin alcanzarse los niveles que promueve el BCN. Ya se observa que las tasas de interés de los Títulos de Inversión, al ser más altas que las de las Letras subastadas por el BCN -por ejemplo, Letras a 1 mes plazo con 1.18%, y Letras a 1 año plazo con 5.23%-, forzarían la subida de las tasas de interés pasivas de las entidades bancarias y, consecuentemente, también las tasas activas, lo cual impactaría la demanda de crédito, de por sí ya muy altas en el mercado centroamericano. Además, las líneas de asistencia financiera con plazo de 1 año del BCN para la banca comercial tendrían una tasa de interés mayor que 8%, que es la que pagaría el BCN a las personas naturales y empresas no financieras que trasladarían sus depósitos de la banca comercial al BCN. En un escenario económico recesivo, ¿seremos espectadores de una guerra de tasas de interés?

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento y el desarrollo económico del país, y se ha mantenido en estos tiempos de crisis política gracias a una muy severa política monetaria contractiva (en córdobas), que a veces he calificado como muy descalibrada antes de la crisis. Sin embargo, aún manteniéndose la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, y con la implementación de nuevas políticas macroeconómicas como la planteada por la Ley No.979, la atracción de la inversión extranjera directa, el aumento de la inversión de las empresas nicaragüenses, la creación de puestos de trabajo decentes y un mejor desempeño productivo no podrán ser garantizados si no se da una respuesta política para resolver esta crisis que ya dura un poco más de cuatro meses.

En conclusión, es urgente iniciar la tarea de restablecer la confianza de los agentes económicos, entre ellos los depositantes de las entidades financieras. Como aconsejé públicamente a la población a que no retiraran sus depósitos en el sistema bancario en junio de este año, ahora lo reitero porque la fuga de los depósitos en moneda extranjera podría provocar el colapso de la entidad bancaria, ya que sus depósitos están financiando la cartera de préstamos.

Nuestra economía está muy dolarizada extraoficialmente y, con el actual problema “sistémico”, esa supuesta bondad se ha transformado en un grave riesgo, porque el BCN sólo puede emitir córdobas. Así lo demuestran dos razones de dolarización financiera en Nicaragua: el 74% de los depósitos en el sistema financiero se realiza en dólares, pero el 89% de la cartera de préstamos se entrega también en dólares. La excesiva dolarización extraoficial, representada por el hecho de que los depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras representan el 67% de la liquidez global del mercado, ha quedado en entredicho, peor aún si tomamos en cuenta la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial por un dólar estadounidense.

La crisis política, la reforma presupuestaria y la exclusión

La reciente reforma presupuestaria del Gobierno Central, contractiva por el desplome de C$7,490 millones (US$237 millones) hasta C$73,311 millones (US$2,323 millones) en la recaudación anual esperada de impuestos, un resultado de la caída de la producción de bienes y servicios y de las importaciones, mostró que el gasto de educación y salud, tanto de consumo como de inversión, se redujo en un monto de C$2,338 millones (US$74 millones) con lo cual se acentuó la exclusión del Estado, que hoy se adiciona a la exclusión del Mercado al preverse una destrucción de 184,000 puestos de trabajo, producto de la crisis política del 18 de abril, mientras que la proporción de la población económicamente activa que cotiza la seguridad social ha disminuido de 25.6% en 2017 a 23.6% en 2018, con datos observados a junio de este año.

Las reducciones equivalentes a US$30 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) y de US$44 millones en el del Ministerio de Educación (MED) reflejarán no sólo las afectaciones a la calidad de ambos servicios, sino también un mayor porcentaje de la población que no tendrá acceso a un puesto o centro de salud y una mayor población en edad escolar primaria y secundaria no matriculada o que no asistirá a una escuela.

El criterio internacional de asignar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto de educación pública (excluyendo la asignación de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a las universidades y centros de educación técnica superior) ha quedado bastante rezagado, al representar el nuevo gasto total aprobado para la educación pública el 3% del PIB en este año -Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronostica una caída de 3.5% del PIB Real en 2018-. Según la proyección del Banco Central de Nicaragua (BCN) de que el PIB Real crecerá 1% en el año en curso, implicará que el gasto de educación pública en los niveles preescolar, primaria y secundaria será menor que 3%.

El 70% de la reducción del gasto presupuestario se concentró en la inversión pública, según el gobierno por un menor grado de ejecución de algunos proyectos, actos de terrorismo y violencia, desfases en los procesos de licitación y en la adjudicación, licitaciones declaradas desiertas, problemas en el abastecimiento de materiales y contratación de personal y suspensión temporal de las obras por los tranques y la inseguridad.

En la otra cara de la moneda presupuestaria, sólo dos ministerios y dos Poderes del Estado de Nicaragua recibieron aumentos en sus asignaciones de recursos para consumir e invertir en este año. En orden de importancia, esos aumentos son los siguientes: Ministerio de Defensa, C$144 millones (US$5 millones), para pagos de primas por compra de dos fragatas para la protección de los recurso marinos y la soberanía nacional; Consejo Supremo Electoral, C$95 millones (US$3 millones), para gastos operativos; Asamblea Nacional, C$6 millones (US$0.2 millones); y Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, C$4 millones (US$0.1 millones).

El monto neto de las asignaciones mandatadas por la Constitución y de las subvenciones acusó una disminución de C$434 millones (US$14 millones). Se redujeron las asignaciones a las alcaldías, las universidades, los centros de educación técnica superior y la Corte Suprema de Justicia, y también se destacan las de cobro de impuestos a las importaciones, transmisión de energía eléctrica, servicios portuarios, promoción del turismo, protección y sanidad agropecuaria, mantenimiento de la red vial, viviendas de interés social, subsidio al consumo de energía eléctrica y al transporte en buses urbanos en Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, y subvenciones a centros de religiosos.

Sin embargo, la reforma presupuestaria aumentó con montos importantes las asignaciones y subvenciones al cobro de impuestos al consumo, la inversión y la renta, la recopilación de estadísticas económicas y sociales, la promoción de inversiones y exportaciones, el ordenamiento de la propiedad, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y los subsidios al consumo de energía de los jubilados y del transporte a nivel nacional, este último recibido por PETRONIC.

Por su parte, el pago de intereses y comisiones de la deuda gubernamental interna y externa se redujo C$180 millones (US$6 millones) hasta C$5,187 millones.

Con la reforma a los ingresos y gastos del Presupuesto General de la República, el déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas se elevó en C$1,550 millones hasta C$7,902 millones, equivalentes a US$250 millones.

El déficit fiscal es financiado con menos recursos externos. Debido a las reducciones, ampliaciones y reasignaciones del gasto presupuestario, disminuyeron tanto las donaciones externas en un monto equivalente a US$20 millones hasta US$89 millones, como los préstamos externos netos del pago de amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa en un monto equivalente a US$128 millones hasta US$159 millones.

Producto de lo anterior, el financiamiento interno neto del déficit fiscal pasó de ser contractivo en -C$6,216 millones (-US$197 millones) a expansivo, al subir hasta +C$1,136 millones (+US$36 millones). El signo negativo indica que este financiamiento era contractivo en C$5,080 millones en el presupuesto inicial aprobado en diciembre de 2017, o sea, ese monto negativo constituía un aumento de los depósitos del Gobierno Central en el BCN. Hoy, con la reforma, el signo positivo significa que este financiamiento interno es expansivo, es decir, constituirá una disminución de los  depósitos del Gobierno Central en el BCN

Además, el actual financiamiento interno neto expansivo también incluye el aumento de C$4,397 millones (US$139 millones) en la amortización de la deuda gubernamental interna: la reforma adelantó el pago de 16 cuotas anuales de la deuda histórica al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el aporte estatal de 2017 y las pensiones especiales del trienio 2015-2017.

El financiamiento interno del presupuesto gubernamental será soportado por el aumento de la emisión de Bonos de la República y Letras de la Tesorería de C$9,036 millones (US$286 millones), y por la disminución de los depósitos del Gobierno Central en el BCN del orden de C$2,096 millones (US$66 millones).

En conclusión, la recaudación de impuestos cae en un monto mayor que el del gasto total, se disminuye más el gasto de inversión que el gasto corriente en aras de proteger el empleo público, y también disminuyen las donaciones y los desembolsos de préstamos externos destinados al presupuesto nacional. Esto condujo a un aumento del déficit fiscal que será financiado, por un lado, con una mayor emisión de deuda pública interna y, por otro lado, con los recursos del Gobierno Central depositados en el BCN.

En la década de los ochenta del siglo pasado, la variable de cierre del modelo económico era la emisión de dinero, lo cual nos llevó a la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX. Desde 1994, la nueva variable de cierre fue la de las reservas internacionales, lo cual ha propiciado la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Hoy, en agosto de 2018, surge la hipótesis de que la deuda pública interna se convertirá en la nueva variable de cierre del modelo económico, lo cual conllevaría el riesgo de que el país pueda caer en un severo endeudamiento público, externo e interno, en términos de producción.

En la semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó la ley que autoriza al MHCP la emisión de Bonos de Estabilización Financiera, que en caso de que sea efectiva aumentará la deuda pública interna. Ojalá que se logre mantener la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública.

 

 

¿Estabilidad financiera con más deuda pública?

El buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero del país siempre ha sido una función del Banco Central de Nicaragua (BCN), sin perjuicio de las normas prudenciales que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) aplica a cada una de las entidades financieras, independientemente del tamaño y del giro de los negocios de dichas entidades.

Sin embargo, ahora existe la preocupación gubernamental de crear un comité de estabilidad financiera integrada por el BCN, la SIBOIF y el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), que deberá identificar tempranamente las amenazas al sistema financiero y coordinar políticas y medidas para preservar la estabilidad financiera. Así lo manifiesta la Iniciativa de Ley de Creación de los Bonos de Estabilidad Financiera y el Comité de Estabilidad Financiera enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 7 de agosto recién pasado, solicitándose se le conceda el trámite de urgencia.

Un nuevo comité estaría sustituyendo al BCN para garantizar el cumplimiento de una función del BCN, y a un miembro del comité, el FOGADE, se le atribuiría la responsabilidad de evaluar, analizar e implementar acciones, mediadas y políticas para la estabilidad financiera del país. Cabe mencionar que la función actual del FOGADES es garantizar los depósitos del publico no bancario en las entidades financieras y restituirlos, con un máximo de diez mil dólares estadounidenses, en el caso de la liquidación forzosa de un miembro del Sistema de Garantía de Depósitos.

Este comité de estabilidad financiera tendrá, entre sus funciones, solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión de Bonos de Estabilidad Financiera, que respalden no sólo las líneas de asistencias financieras del BCN a favor de las instituciones financieras supervisadas por la SIBOIF, sino también la cobertura de los depositantes.

De acuerdo con esta iniciativa de ley, el MHCP va a respaldar con una nueva deuda pública interna tanto las líneas de asistencias financieras del BCN como las operaciones que son competencia del FOGADE. La literatura macroeconómica y financiera contempla avales y respaldos del Tesoro de la Nación a instituciones públicas, pero 7 de los 8 bancos comerciales radicados en el país son del sector privado, y, cabe aclarar, un banco privado se puede transformar en un banco público sólo si ha quebrado y la SIBOIF nombra a una junta liquidadora para recuperar sus activos.

Agrega la Iniciativa que los Bonos de Estabilidad Financiera estarán denominados en dólares estadounidenses, pero pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, indexados con el tipo de cambio oficial, a plazos de hasta 25 años. En estos momentos de crisis política, por un lado, se observa una gran desconfianza de los inversionistas financieros, que son las entidades bancarias, al concentrar el 87% de las compras de Letras Estandarizadas subastadas por el BCN en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, emitidas en dólares y pagaderas en córdobas con mantenimiento de valor, mientras que las colocaciones de Letras del BCN a 1 día de plazo pagaderas en córdobas son más dinámicas para contraer la liquidez del mercado que las Letras subastadas y mantener la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica.

Por otro lado, también se ha observado la desconfianza de los depositantes del sistema financiero nacional con el retiro de los depósitos en moneda extranjera desde mediados de abril de este año, que se aceleró en junio y afortunadamente se desaceleró en julio y en el transcurso de agosto. En una economía excesivamente dolarizada extraoficialmente como es la de Nicaragua, la mayor parte de los depósitos en dólares es destinada a la cartera de préstamos en dólares, por lo cual una salida intempestiva de los depósitos podría provocar iliquidez en la entidad bancaria y conducirla a la quiebra. Por eso, reitero a los depositantes el consejo que les sugerí en junio recién pasado: no retiren sus depósitos en dólares, porque están prestados a los consumidores y productores, y corren el riesgo de recibir sólo un monto máximo de US$10,000 de parte del FOGADE. Pero la fuga de los depósitos en dólares ha provocado la caída de las reservas internacionales administradas por el BCN, porque éste ha tenido que vender divisas a los bancos comerciales para atender a los depositantes.

Por esas dos razones arriba mencionadas, es necesario el fortalecimiento de la confianza de los depositantes y de los inversionistas financieros, pero la respuesta debería ser política, en vez de una respuesta económica heterodoxa, que en el caso de ser aprobada debería ser de corto plazo porque provocará más deuda pública interna.

Junto a la iniciativa de ley sobre la estabilidad financiera del país, el 7 de agosto recién pasado la Asamblea Nacional también recibió la iniciativa de Ley de Modificación de la Ley Anual de Presupuesto General de la República de 2018, que incorpora la reducción de los impuestos resultante de la desaceleración del crecimiento de la producción y de la demanda interna, el mayor recorte del gasto de inversión que el del gasto de consumo del sector público para proteger el empleo en dicho sector, y, debido al aumento del déficit fiscal y al adelanto de pagos de la deuda histórica gubernamental con el INSS, vuelve a subir la deuda pública interna. Esta respuesta fiscal ortodoxa a los efectos de la crisis del 18 de abril debería ser de largo plazo, no sólo con reformas tributarias, como ha sido tradicional en la administración de las finanzas públicas, sino también con la reestructuración del gasto público para dar un mayor espacio fiscal a la inversión pública y garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico, del régimen fiscal y de la deuda pública.

Flexibilidad y responsabilidad son dos requisitos para garantizar el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero del país, pero el BCN debería ser muy competente desde el punto de vista técnico. La ética y la honestidad de los servidores públicos también son otros dos requisitos para proteger el acervo público, al recordar la historia económica de nuestro país relacionada con las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en el bienio 2000-2001, y la reestructuración de esta deuda pública y las subastas de los activos de los bancos liquidados en 2003.

A partir del 28 de agosto próximo, lass conversaciones de los servidores públicos con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) seguramente serán bastante interesantes.

El público no presta mucha atención a la inflación

El Banco Central de Nicaragua (BCN) ha manejado las expectativas inflacionarias de los agentes económicos, consumidores y productores, con una simple suma de dos variables económicas, un procedimiento que puede ser cuestionado muy fácilmente con la teoría económica.

Desde el año de 2004, el objetivo o la meta de la tasa de inflación anual en el corto, mediano y largo plazo de Nicaragua se fijaba en 7% anual -una línea horizontal en cualquier plazo-, con la suma de la tasa de devaluación oficial de 5% del córdoba y la tasa de inflación objetivo de 2% de los países con economías avanzadas, que en nuestro caso la referencia es el objetivo de la Fed, el banco central estadounidense. Sin embargo, no es la devaluación del córdoba sino la oferta de dinero la que explica el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), mientras que la demanda de dinero en el mercado local es exclusivamente transaccional porque la tasa de interés no juega el papel de asignador de recursos en el mercado monetario-financiero.

Desde hace pocos años, la meta inflacionaria del BCN es anunciada en rangos (¿para dispersar el margen de error?). Recientemente, el BCN elevó su rango inflacionario de [5.5%, 6.5%] a [7.0%, 8.0%] para 2018.

Ahora no se sabe cuál es la métrica inflacionaria sobre la cual los formuladores de la política macroeconómica se sienten “razonablemente” seguros, porque su preocupación fundamental es maximizar la protección de las reservas internacionales administradas por el BCN, o sea, maximizar la reducción de la oferta de dinero, independientemente de su impacto en la producción, mediante dos alternativas:

• la colocación de Letras de cortísimos plazos, que se concentran en 1 día, 1 semana, 2 semanas y 1 mes.
• los aumentos de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas (el porcentaje del saldo de los depósitos en moneda local que las entidades financieras depositan en el BCN por ley), que duplica, y a veces casi triplica la tasa de encaje legal diaria de 10%.

Hoy, el BCN no dispone de una tercera alternativa para proteger las reservas internacionales, que consistía en comprar dólares a las entidades bancarias en la mesa de cambios. Un efecto de la crisis política fue la caída de los depósitos del público no bancario en moneda extranjera en la banca comercial, acelerada en junio y afortunadamente contenida en julio, por lo cual el BCN se ha visto obligado a vender divisas a las entidades bancarias.

La creencia de los servidores públicos del BCN es que las expectativas públicas sobre la inflación futura afectan fuertemente el ritmo real de los aumentos de los precios al consumidor, pero el problema es que el público no está prestando mucha atención a lo que dice el banquero central, que nos anunció el alcance del pleno empleo en 2017 y el retorno al crecimiento económico positivo en 2018, un año muy complicado por la crisis política imperante en el país desde el 18 de abril.

De acuerdo con datos recientes del BCN, la tasa de inflación está por debajo del 7% anual, al registrarse una tasa de inflación interanual de 5.6% en junio de 2018, es decir, la tasa de variación relativa del IPC de junio de este año con respecto al IPC de junio del año pasado.

Para determinar la presión inflacionaria, se debe tener en cuenta que el precio promedio mensual del barril de petróleo WTI subió hasta US$67.87 en junio recién pasado y acusó un aumento interanual de 50.2%; la generación de electricidad en plantas térmicas participó con el 44.1% en el total de la generación registrada en 2017; la oferta de dinero en precios corrientes, es decir, con la inflación, observó un crecimiento anémico de 8.7%, gracias a la política monetaria muy restrictiva y, en ciertos momentos, descalibrada; y el coeficiente de inflación inercial, o sea, la magnitud de la expectativa inflacionaria, es igual a 0.49, casi en el punto medio de su rango de [0, 1], el cual indica que los agentes económicos aún son proclives a tener una corta memoria inflacionaria: los precios suben hoy porque subieron ayer, con más razón dada la persistencia de la crisis política.

Sobre la base de la información oficial de los precios al consumidor de bienes y servicios finales, la crisis política no ha impactado la tasa de inflación, al ser igual a 1.92% acumulada entre diciembre del año pasado y junio de este año, mientras que en el mismo período del año pasado fue igual a 2.00%. Sorprende que la inflación acumulada en este año es menor que al del año pasado con crisis política interna y con mayores precios internacionales del petróleo y de los combustibles. De acuerdo con los parámetros internacionales, esos niveles inflacionarios acumulados en el primer semestre de los dos últimos años continúan “reflejando” una economía saludable, pero el banquero central no ha informado sobre la importancia de los pasos que se tomaron para lograrlos.

Las empresas elevan anticipadamente sus precios si y sólo si esperaran rápidos aumentos de precios, pero con una crisis política, en el mejor de los casos, los mantienen constantes, o sea, no los disminuyen, por lo que las empresas no pierden poder de mercado. Por su parte, los trabajadores, siempre en el escenario de la crisis, tratan de mantenerse en sus puestos de trabajo y no demandan salarios más altos, aún si esperaran una mayor inflación. Sin embargo, con una severa restricción monetaria, y reitero con la persistencia de la crisis política, la inflación se aceleraría por los menores niveles de producción, la escasez de algunos productos básicos, y el acaparamiento y la especulación en la distribución de bienes.

En este entorno, creo que sólo los economistas prestamos atención a los comentarios inflacionarios del banquero central. Los consumidores y los empresarios parecen ser indiferentes a esos comentarios, no obstante que se haya registrado una presión inflacionaria de 5.7% en 2017 (menor que el 7%) antecedida por dos bajas tasas de inflación en 2015 y 2016, de 3.1% en cada uno de esos dos años. Otra sorprendente coincidencia.

Si el BCN desea influir sobre las expectativas inflacionarias de la población, tendrá que hacer creíble y cambiar la forma de sus comentarios sobre el comportamiento del IPC. El BCN tendrá que explicar mejor la inflación a los mercados, por un lado, y al público, por otro lado, si deseara utilizar las expectativas inflacionarias como un instrumento de política que trata de garantizar la estabilidad macroeconómica, independientemente de que el saldo de las reservas internacionales brutas sea, al menos, igual 2.5 veces el saldo de la base monetaria, o sea, 2.5 veces la suma de los saldos de la emisión de dinero y del encaje en moneda nacional que las entidades financieras depositan en el BCN. El problema es que las actas del Consejo Directivo del BCN son “secretas” y el banquero central habla poco, muy poco.