La economía nicaragüense ha desacelerado su crecimiento en este año, de 5.2% en 2012, cifra oficial, a 4.4%, pronóstico de COPADES para 2013, pero su desempeño sigue siendo relativamente mayor a su tasa de crecimiento promedio anual de 4% observada en el período 1994-2012, y también sigue siendo insuficiente porque no reducen el subempleo y el desempleo que afectan a casi el 54% de la población ocupada y la pobreza que golpea a casi el 40% de la población total del país.
Hace pocos días, el gerente general del Banco Central de Nicaragua (BCN), el economista Ovidio Reyes, manifestó que la economía de Nicaragua crecerá entre 4.2% y 5% en 2013, una tasa que es la segunda más alta en Centroamérica, después de la de Panamá con un 7.5% pronosticado por COPADES. Sin embargo, el colega Reyes, aunque reconoció que “nos gustaría tener más”, no debió haberse alegrado con la proyección oficial del crecimiento económico de nuestro país, sencillamente porque el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua apenas participará con el 5.5% en la producción de bienes y servicios del istmo centroamericano en 2013.
Desde hace mucho tiempo, la tasa de crecimiento económico de Nicaragua es un dato exógeno para el BCN, mejor dicho, para el balance monetario del país que garantiza la presencia de una presión inflacionaria baja y estable. En ese balance se descarta la presencia de una efectiva política financiera para garantizar, al menos, un crecimiento económico sostenible y, a lo sumo, que contribuya al logro del pleno empleo, es decir, reducir la tasa de subutilización global de la fuerza laboral de casi 33% de la población económicamente activa en la actualidad hasta un nivel de 5%, una tarea que es ardua y de largo plazo.
Así como la política financiera ha sido abandonada en los brazos del mercado, la tasa de interés supuestamente es fijada por el mercado. La banca privada de consumo radicada en Nicaragua, que en ciertos momentos se ha distinguido como una banca de inversión financiera con la compra de títulos valores emitidos por el Tesoro Nacional y el BCN, se caracteriza en este año por:
- continuar concentrando el 73% de la cartera en préstamos comerciales, hipotecarios, personales y tarjetas de crédito para el consumo, mientras que el 12.5% del saldo de la cartera de préstamos corresponde al crédito agropecuario ;
- pagar en septiembre recién pasado una tasa de interés “dolarizada” para el ahorro de 1.02%, la que sumada a la tasa de devaluación anual de 5% anual desestimula el ahorro financiero porque esa suma es menor que la tasa de inflación interanual de 7.35% (observada en septiembre de este año), una situación que se agrava con el cobro de 10% sobre los intereses devengados en concepto de impuesto sobre la renta de capital vigente desde el 1 de enero de 2010;
- cobrar en septiembre recién pasado una tasa de interés activa “dolarizada” de corto plazo de 16.43%, que sumada a la tasa de devaluación anual es el triple de la tasa de inflación (inter)anual, lo cual obstaculiza el financiamiento de un crecimiento económico sostenible del país; y
- poseer un alto margen de comercialización financiera de 10.7%, lo cual indica prácticas no competitivas de los intermediarios financieros y elevados costos no financieros de operación, por lo cual se debería mejorar la productividad de las instituciones financieras y reducir los costos de los trámites bancarios, de las regulaciones excesivas y de las altas tasas de encaje legal.
Para 2014, COPADES pronostica que el PIB Real de Nicaragua crezca 4.9%, una tasa que es superior a la esperada en este año e impulsada principalmente por la inversión privada. No obstante esa buena noticia económica para el futuro año, persiste el problema estructural del gasto total del presupuesto nacional al concentrar sólo el 22% del total de egresos en la formación bruta de capital, es decir, en el gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, un porcentaje bastante bajo para promover efectivamente un crecimiento económico sostenible.
Cabe destacar que el gasto de consumo gubernamental propuesto para 2014 incluye el nuevo concepto del Bono Cristiano, Socialista y Solidario con un monto de 1 mil 215 millones de córdobas, equivalentes a 47 millones de dólares, para 131,381 beneficiarios, el cual quedó registrado en el renglón 191 “Otros servicios personales”, en vez de haber sido registrado en la partida “Remuneraciones”; sin embargo, independientemente de su registro, esta inclusión no se limita a un mecanismo técnico que no impacta el presupuesto, tal como lo afirmara el ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, sencillamente porque fortalece el problema estructural del gasto de que cada 100 córdobas gastados por el gobierno, 78 córdobas son absorbidos por el consumo y el pago de intereses de la deuda gubernamental interna y externa.
El colega Acosta sabe muy bien que la pobreza no se reduce aumentando el consumo, sino con un mayor gasto de inversión, con más razón si ese es el objetivo primordial que se pretende cumplir desde el presupuesto nacional. Además, siempre está presente una importante carga del pago de intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental, que absorbe el 17.4% del gasto total proyectado para el próximo año, mientras que en el ámbito social el gasto del Ministerio de Educación participa con el 14.1% y el gasto del Ministerio de Salud (MINSA) lo hace con el 15.0%, y en el ámbito de la producción, el presupuesto del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) sólo es invitado a captar el 1.4% del gasto presupuestario.
Conviene, pues, para nuestra economía analizar y corregir la política financiera y la política del gasto público. La política financiera no es coordinada por el BCN, porque no existe al dejarla exclusivamente al libre albedrío del mercado. La política del gasto presupuestario no acelera la reducción de la pobreza, porque no se ha elevado la productividad del servidor público ni se ha mejorado la calidad del gasto para potenciar un crecimiento económico sostenible.
El crecimiento de la producción de bienes y servicios se aceleraría si se aplicaran políticas públicas para elevar la precaria productividad de nuestra economía, un desafío como lo reconoce el colega Ovidio Reyes, porque ese es el problema que tenemos que resolver para encontrar, entre otros asuntos, la solución al problema de la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin limitar el próximo consenso nacional a las respuestas de las siete propuestas presentadas por el Gobierno de Nicaragua a los agentes económicos del país.