El tabú de las finanzas privada y pública

La economía nicaragüense ha desacelerado su crecimiento en este año, de 5.2% en 2012, cifra oficial, a 4.4%, pronóstico de COPADES para 2013, pero su desempeño sigue siendo relativamente mayor a su tasa de crecimiento promedio anual de 4% observada en el período 1994-2012, y también sigue siendo insuficiente porque no reducen el subempleo y el desempleo que afectan a casi el 54% de la población ocupada y la pobreza que golpea a casi el 40% de la población total del país.

Hace pocos días, el gerente general del Banco Central de Nicaragua (BCN), el economista Ovidio Reyes, manifestó que la economía de Nicaragua crecerá entre 4.2% y 5% en 2013, una tasa que es la segunda más alta en Centroamérica, después de la de Panamá con un 7.5% pronosticado por COPADES. Sin embargo, el colega Reyes, aunque reconoció que “nos gustaría tener más”, no debió haberse alegrado con la proyección oficial del crecimiento económico de nuestro país, sencillamente porque el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua apenas participará con el 5.5% en la producción de bienes y servicios del istmo centroamericano en 2013.

Desde hace mucho tiempo, la tasa de crecimiento económico de Nicaragua es un dato exógeno para el BCN, mejor dicho, para el balance monetario del país que garantiza la presencia de una presión inflacionaria baja y estable. En ese balance se descarta la presencia de una efectiva política financiera para garantizar, al menos, un crecimiento económico sostenible y, a lo sumo, que contribuya al logro del pleno empleo, es decir, reducir la tasa de subutilización global de la fuerza laboral de casi 33% de la población económicamente activa en la actualidad hasta un nivel de 5%, una tarea que es ardua y de largo plazo.

Así como la política financiera ha sido abandonada en los brazos del mercado, la tasa de interés supuestamente es fijada por el mercado. La banca privada de consumo radicada en Nicaragua, que en ciertos momentos se ha distinguido como una banca de inversión financiera con la compra de títulos valores emitidos por el Tesoro Nacional y el BCN, se caracteriza en este año por:

• continuar concentrando el 73% de la cartera en préstamos comerciales, hipotecarios, personales y tarjetas de crédito para el consumo, mientras que el 12.5% del saldo de la cartera de préstamos corresponde al crédito agropecuario ;

• pagar en septiembre recién pasado una tasa de interés “dolarizada” para el ahorro de 1.02%, la que sumada a la tasa de devaluación anual de 5% anual desestimula el ahorro financiero porque esa suma es menor que la tasa de inflación interanual de 7.35% (observada en septiembre de este año), una situación que se agrava con el cobro de 10% sobre los intereses devengados en concepto de impuesto sobre la renta de capital vigente desde el 1 de enero de 2010;

• cobrar en septiembre recién pasado una tasa de interés activa “dolarizada” de corto plazo de 16.43%, que sumada a la tasa de devaluación anual es el triple de la tasa de inflación (inter)anual, lo cual obstaculiza el financiamiento de un crecimiento económico sostenible del país; y

• poseer un alto margen de comercialización financiera de 10.7%, lo cual indica prácticas no competitivas de los intermediarios financieros y elevados costos no financieros de operación, por lo cual se debería mejorar la productividad de las instituciones financieras y reducir los costos de los trámites bancarios, de las regulaciones excesivas y de las altas tasas de encaje legal.

Para 2014, COPADES pronostica que el PIB Real de Nicaragua crezca 4.9%, una tasa que es superior a la esperada en este año e impulsada principalmente por la inversión privada. No obstante esa buena noticia económica para el futuro año, persiste el problema estructural del gasto total del presupuesto nacional al concentrar sólo el 22% del total de egresos en la formación bruta de capital, es decir, en el gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, un porcentaje bastante bajo para promover efectivamente un crecimiento económico sostenible.

Cabe destacar que el gasto de consumo gubernamental propuesto para 2014 incluye el nuevo concepto del Bono Cristiano, Socialista y Solidario con un monto de 1 mil 215 millones de córdobas, equivalentes a 47 millones de dólares, para 131,381 beneficiarios, el cual quedó registrado en el renglón 191 “Otros servicios personales”, en vez de haber sido registrado en la partida “Remuneraciones”; sin embargo, independientemente de su registro, esta inclusión no se limita a un mecanismo técnico que no impacta el presupuesto, tal como lo afirmara el ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, sencillamente porque fortalece el problema estructural del gasto de que cada 100 córdobas gastados por el gobierno, 78 córdobas son absorbidos por el consumo y el pago de intereses de la deuda gubernamental interna y externa.

El colega Acosta sabe muy bien que la pobreza no se reduce aumentando el consumo, sino con un mayor gasto de inversión, con más razón si ese es el objetivo primordial que se pretende cumplir desde el presupuesto nacional. Además, siempre está presente una importante carga del pago de intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental, que absorbe el 17.4% del gasto total proyectado para el próximo año, mientras que en el ámbito social el gasto del Ministerio de Educación participa con el 14.1% y el gasto del Ministerio de Salud (MINSA) lo hace con el 15.0%, y en el ámbito de la producción, el presupuesto del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) sólo es invitado a captar el 1.4% del gasto presupuestario.

Conviene, pues, para nuestra economía analizar y corregir la política financiera y la política del gasto público. La política financiera no es coordinada por el BCN, porque no existe al dejarla exclusivamente al libre albedrío del mercado. La política del gasto presupuestario no acelera la reducción de la pobreza, porque no se ha elevado la productividad del servidor público ni se ha mejorado la calidad del gasto para potenciar un crecimiento económico sostenible.

El crecimiento de la producción de bienes y servicios se aceleraría si se aplicaran políticas públicas para elevar la precaria  productividad de nuestra economía, un desafío como lo reconoce el colega Ovidio Reyes, porque ese es el problema que tenemos que resolver para encontrar, entre otros asuntos, la solución al problema de la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin limitar el próximo consenso nacional a las respuestas de las siete propuestas presentadas por el Gobierno de Nicaragua a los agentes económicos del país.

Asteriscos de la solución temporal en Estados Unidos

• El disfuncional Congreso de Estados Unidos logró un acuerdo para evitar el primer incumplimiento de obligaciones en la historia del país y reabrir el gobierno, pero todo esto es sólo una solución temporal.

• La medida fue aprobada en la noche del miércoles 16 de octubre primero en el Senado con una votación de 81 contra 18, y unas horas más tarde por la cámara baja con 285 votos a favor y 144 en contra, todo por una vía rápida poco usual en el tortuoso proceso legislativo.

• La solución fue la autorización para elevar el techo de la deuda, es decir, la capacidad de endeudamiento del gobierno federal, hasta el 7 de febrero, y financiar el gobierno federal hasta el 15 de enero, reabriendo con ello sus operaciones.

• Por separado, el acuerdo también ordena que las dos cámaras del Congreso inicien negociaciones para lograr un acuerdo para el 13 de diciembre sobre un marco de largo plazo para políticas de impuestos y gastos, o sea, sobre el asunto del déficit y la deuda.

• El líder de la mayoría demócrata Harry Reid, y el de la minoría republicana Mitch McConnell, anunciaron un consenso esta mañana, el cual casi dejó anuladas todas las principales demandas del Tea Party, incluida la postergación de la implementación de la reforma de salud, que habían llevado a este desastre político. Por lo tanto, el acuerdo fue una derrota casi total para los ultraconservadores.

• Entre el 1 y el 16 de octubre, 900 mil funcionarios públicos estuvieron de licencia sin goce de sueldo.

• La calificadora Standard & Poor’s calculó que todo esto costó el equivalente de 24 mil millones de dólares para la economía, y que eso se reflejará en una reducción en el crecimiento del PIB para el cuarto trimestre (un 0,6 % del PIB del cuarto trimestre del año).

• La aprobación de la labor del Congreso ha caído a cerca de un 10% esta última semana frente a casi el 40% con la que contaba en 2009, según datos de RealClearPolitics.

• Según un sondeo de Pew Research, «un récord del 74% de los votantes registrados dicen actualmente que la mayoría de los miembros del Congreso no deberían ser reelegidos en 2014».

• La popularidad del Partido Republicano se hundió a un nivel récord, y un 70% dijo pensar que los republicanos del Congreso estaban anteponiendo su propia agenda a los intereses del país.

• También aumentó la animadversión contra el Tea Party: un 47% dijo tener sentimientos negativos hacia la agrupación.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos: “Esta crisis envalentona a nuestros enemigos, alienta a nuestros competidores y deprime a nuestros amigos».

Barack Obama, presidente de Estados Unidos: «¿No les gusta una política particular o un presidente en particular? Entonces expongan su posición, ganen una elección, pero no rompas el gobierno».

John Boehner, republicano y presidente de la Cámara de Representantes: «Dimos una buena pelea. Sólo no ganamos».

Ted Cruz, senador republicano (del Tea Party) por Texas: «Perdimos, pero era la batalla que había que dar».

John McCain, senador republicano: «Los republicanos tenemos que admitir que perdimos esta batalla […] no podríamos ganar porque exigíamos algo que no era posible».

Lindsey Graham, senador republicano: «Realmente fuimos demasiado lejos. Lo arruinamos».

Contracción monetaria obstaculiza la producción

En el transcurso del año hasta el 16 de octubre, la cantidad de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, es decir, lo que está en el bolsillo de los consumidores y en las cajas de las empresas no financieras, se ha reducido en un monto de 1 mil 393 millones de córdobas, equivalentes a 64 millones de dólares, lo cual frena el normal desenvolvimiento de las transacciones económicas y afecta a todas las actividades económicas, principalmente al sector comercio, restaurantes, hoteles y servicios comunales y personales.

La principal causa de esta notable contracción monetaria es la colocación neta de Letras Estandarizadas del Banco Central, cuyo rendimiento a 1 año plazo fue elevado por el BCN de 1.97% en enero recién pasado a 4.495% en este octubre, con lo cual el BCN ha sacado de circulación del mercado un monto de 1 mil 893 millones de córdobas. Este instrumento del BCN, llamado operaciones de mercado abierto (OMA), persigue eliminar cualquier exceso de demanda de dinero y el consecuente surgimiento de una mayor presión inflacionaria, ésta última 4.1% acumulada en el año y 7.4% interanual.

Otra causa es que el BCN también ha sacado de circulación 2 mil 21 millones de córdobas con la colocación neta de Títulos Especiales de Inversión (TEI), que no es nada más que el aumento de los depósitos del Gobierno Central en el BCN, con lo cual se mide el esfuerzo gubernamental para proteger la posición de las reservas internacionales netas “ajustadas” (RINA) del BCN, cuyo saldo  se ha reducido en 71 millones de dólares en el año y muestran el nivel de 1 mil 109 millones de dólares en la actualidad.

Ese comportamiento de las RINA en gran parte se explica por la ausencia de la cooperación oficial en divisas líquidas para apoyo presupuestario y para apoyo de la balanza de pagos, debido a que Nicaragua no suscribió el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario internacional (FMI) desde diciembre de 2011.

Siempre he preguntado quién controla el endeudamiento masivo a que nos somete el BCN, porque con nuestros impuestos pagamos sus pérdidas persistentes desde hace 17 años por el pago de intereses y mantenimiento de valor de los títulos y bonos que emite. La Asamblea Nacional, que nombra al presidente del BCN, debería preocuparse por las consecuencias negativas de la contracción monetaria sobre el crecimiento económico del país y no limitarse a escuchar que la inflación ya no es un problema.

Carta 18 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. René Núñez Téllez

Managua, Nicaragua,

14 de octubre de 2013

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Como es de su conocimiento, después de que no pude tener acceso el 31 de enero de 2012 al despacho de la Primera Secretaría de la Junta Directiva del Poder del  Estado que usted dirige, para solicitar a la Lic. Alba Azucena Palacios Benavides la inclusión en el Orden del Día de las dos solicitudes de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas por sus graves injurias y calumnias contra mi persona –dicho sea de paso, la Lic. Palacios Benavides me sugirió telefónicamente que conversara al respecto con el diputado Edwin Castro, lo cual descarté para evitar la politización de mi querella personal-, desde el 8 de mayo de 2012 le he escrito 18 cartas con ésta que usted lee hoy y aún no he recibido respuesta positiva ni negativa de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional acatará los dos mandatos judiciales para iniciar el proceso de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre Rivas.

Hoy he leído su declaración reciente que aceptará continuar en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua en 2014 porque “nos debemos al pueblo,… me gusta lo que hago y soy muy responsable”. Me animan sus palabras, porque, como nicaragüense, espero que exista responsabilidad en la atención a los ciudadanos nicaragüenses de parte de todos los servidores públicos que elegimos para ocupar los escaños de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Le he manifestado en mis cartas que siempre perseveraré en que el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas se retracte de sus injurias y calumnias tal como lo manda nuestro Código Penal y resarza todos los daños morales y económicos que me ha provocado en forma continua desde el 31 de julio de 2008, después que rechazara tanto mi reiterada solicitud pública que lo hiciera en forma amistosa en agosto de 2008 como las notificaciones de la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y del Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011. En un país democrático donde existe el Estado de Derecho, nadie está sobre la ley.

Siempre en espera de la respuesta legislativa a los dos mandatos judiciales antes mencionados, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales

Atentamente,

Néstor Avendaño

Economista

 cc:          Lic. Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Archivo.

Asteriscos de un posible default del principal deudor del mundo

Las negociaciones en Estados Unidos para elevar el techo de la deuda volvieron a tensarse el sábado 12 de octubre, cuando faltan cinco días para que el país entre en zona de riesgo de default.

La Casa Blanca rechazó una propuesta de los republicanos en la Cámara de Representantes, mientras que un plan demócrata en el Senado para aumentar el techo de la deuda no alcanzó los votos suficientes para avanzar con la propuesta. Todos los republicanos votaron en contra.

Tras una corta sesión el sábado, los miembros de la Cámara de Representantes se fueron de fin de semana hasta el lunes por la noche.

Quien recuerde el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, sabe lo que significa un desastre financiero global:

• El mercado de capitales de Estados Unidos perdió casi la mitad de su valor en cinco meses que siguieron a la caída de Lehman.
• Estados Unidos pasó por su peor recesión desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado.
• La tasa de desempleo alcanzó el 10%, el nivel más alto en tres décadas.
• Se impidió una nueva depresión con la intervención de la Fed, sin precedentes, que inyectó 3 billones de dólares en el sistema financiero, y el Tesoro suministró 300 mil millones de dólares a los bancos.

La deuda de gobierno de los Estados Unidos de 16.7 billones de dólares.

Cerca de la mitad de la deuda de Estados Unidos está en manos de gobiernos, bancos e inversores extranjeros.

China es el tercer tenedor de deuda de Estados Unidos, con 1.27 billones de dólares hasta julio de 2013, según datos del Tesoro. Le sigue Japón, con 1.1 billones de dólares.

Del total de la deuda del gobierno de Estados Unidos, 11.9 billones de dólares corresponden a inversionistas.

Lo adeudado a los inversionistas es 23 veces de lo que Lehman debía, 517 mil millones de dólares, cuando se presentó en quiebra el 15 de septiembre de 2008.

Mientras los políticos estadounidenses se enfrentan por el techo del endeudamiento, saltar al abismo sería una catástrofe.

Un default del gobierno de Estados Unidos será una calamidad económica nunca vista. ¿Por qué?

• Devastará las bolsas de Brasil a Suiza, de Suiza a Tokyo.
• Detendrá el mecanismo de préstamos de cinco billones de dólares para inversores que confían en los bonos del Tesoro de Estados Unidos
• Hará estallar los costos de endeudamiento para miles de millones de personas y empresas
• Arrasará al dólar y cuestionaría su valor como moneda de reserva mundial.
• Hundirá a Estados Unidos y a las economías del mundo en una recesión que podría convertirse en depresión.
• Un apocalipsis financiero: se activarían ciertos gatillos legales que podrían transmitir el default a otros mercados.
• Socavaría el papel de Estados Unidos en la economía mundial.
• La deuda de Estados Unidos sería reclasificada como un activo en default, forzando posiblemente a las instituciones financieras a vender sus bonos de Estados Unidos y a buscar otras formas de inversiones colaterales.
• Sería malo tanto para la posibilidad de afrontar gastos como para la confianza de los consumidores.

Los políticos estadounidenses deberían dejar de usar el límite de deuda como arma en sus debates políticos.

En 2011, la última vez que el Congreso se trabó por una ampliación del techo de deuda, aumentaron las tasas mientras los fondos del mercado de dinero se retiraban. Mucho de lo que pasa tiene que ver con el miedo a lo desconocido.

Estados Unidos no entró ese año en default. Los republicanos y los demócratas alcanzaron un acuerdo de último minuto para elevar el techo de la deuda. Pero la situación dañó la confianza de los consumidores y les costó a los mercados mundiales más de 6 billones de dólares.

De suceder, el default podría ser calificado de «técnico», porque sería el resultado de un fracaso del gobierno para acordar el pago, y no de una incapacidad. Pero esa distinción no es más que un esfuerzo por quitarle importancia al peligro de un default. Técnico o no, un default es un default.

Las deudas soberanas siempre tienen que ver con la voluntad de pagar, porque la mayoría de los gobiernos pueden imprimir dinero para efectuar pagos.

La gente siempre se volcó a los bonos del Tesoro en busca de seguridad, pero ¿qué pasará cuando sepan que ya no son seguros? Los mercados financieros se basan en la confianza. Si la confianza se ve amenazada, ocurre el desastre.

Aunque los precios de los bonos del Tesoro no se vean afectados por el default, el daño en otros mercados sería devastador. Las acciones norteamericanas cayeron un 7% en un día cuando el Congreso rechazó el paquete de rescate de los bancos del gobierno en 2008, antes de aprobarlo unos días después.

Mientras que un default de corta duración podría arreglarse sin grandes daños para la economía global, trazar la línea entre largo y corto no es fácil. Si uno deja de pagar los intereses durante unas horas, los mercados seguramente lo dejarán pasar y te perdonarán. Si uno deja de pagar dos días, cuatro o seis, la historia es distinta. Es muy difícil hacer ciencia exacta con esto.

Christine Lagarde, directora del FMI: “Nosotros no adoptamos puntos de vista políticos, pero al ver los precios de la Bolsa y de los bonos vemos que no está ayudando a la economía de Estados Unidos tener esta incertidumbre y esta forma de lidiar con los asuntos fiscales y de deuda».

Los países miembros del G20: «Estados Unidos debe tomar acciones urgentes para resolver la incertidumbre fiscal de corto plazo».

Jack Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos: “Estados Unidos es el ancla del sistema financiero internacional”.

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial: “Estamos a cinco días de un momento muy peligroso”. Si tiene lugar un default de pagos de Estados Unidos, “podría constituir un acontecimiento desastroso para los países en vías de desarrollo, y también será muy perjudicial para las economías desarrolladas”.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos: «No sería inteligente, como algunos lo anuncian, postergar por dos meses el techo de la deuda y coquetear con el primer default intencional en medio de la temporada comercial de Navidad».

Paul Krugman, profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008: ¿Hay alguna otra opción? Muchos expertos legales piensan que el presidente debería simplemente desafiar al Congreso e ignorar el techo de endeudamiento. ¿No sería eso infringir la ley? Tal vez … Pero no cumplir con las obligaciones federales también es infringir la ley. Y si los republicanos de la Cámara baja están empujando al presidente a una situación en la que infringirá la ley haga lo que haga, ¿por qué no elegir la opción que sea menos perjudicial para Estados Unidos?

Indicadores laborales indecentes

Valpy Fitzgerald, un economista inglés que en la década de los ochenta se jactaba en Nicaragua y en Europa de ser el asesor económico de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue el inventor de la canasta de consumo básico en “tiempos de guerra” que aún persiste con ciertos ajustes en sus volúmenes de bienes para “tiempos de paz”.

Recuerdo que mi profesor de Desarrollo Económico y Economía Agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), el distinguido economista Juan Rodríguez, que se desempeñaba en ese entonces, igual que este servidor, en el Ministerio de Planificación, le espetó al economista inglés que si hubiese recomendado esa canasta de consumo básico en su país lo hubiesen apedreado, al asignar un volumen mensual para cada familia, entre otros bienes y servicios, 12 libras de carne, 20 litros de leche, 10 libras de tortillas, 3 rollos de papel higiénico y 3 jabones de baño, y para cada miembro de la familia 0.16 de vestuario y calzado.

Esta canasta a esta fecha sirve de referencia para el ajuste del salario mínimo legal, o sea, en tiempos de paz tres salarios mínimos equivalen al costo de una canasta de 53 productos de consumo básico –en tiempos de guerra eran dos salarios mínimos-. No sirve para nada más, ni para calcular el ajuste del salario mínimo del año en curso, que se hace, según la ley, con la suma de la tasa de crecimiento económico y la tasa de inflación del año pasado. Es aconsejable revisar la estructura de la canasta de consumo básico, en busca de garantizar el tipo de bienes, sus volúmenes y costo, los cuales, en mi opinión, deberían ser exclusivamente alimentos que aseguren la ingesta diaria per cápita de 2 mil 455 kilocalorías para una familia de 5.9 miembros, que es su tamaño promedio nacional observado en 2009.

Por otro lado, las actuales publicaciones de las encuestas de hogares que realiza el Instituto Nacional de Información de Desarrollo no muestran los indicadores básicos para medir el trabajo decente, que en mi opinión en 2006 eran muy indecentes tomando en cuenta sus últimos valores disponibles para el público en el “Informe General sobre Encuesta de Hogares Para Medición del Empleo Noviembre 2006” del entonces Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, ahora INIDE) publicado en enero de 2007.

De acuerdo con esa publicación, hace ocho años el 57.4% de los ocupados no obtuvo el suficiente salario para adquirir la canasta de consumo básico, y ese porcentaje se elevaba hasta 68% si se adicionaban a las personas, principalmente de las áreas rurales, que no recibían ingresos, mientras que el 38.6% de los ocupados no podía obtener el grupo de 23 alimentos de la canasta de consumo básico. Cabe mencionar que la insuficiencia de ingresos se reflejaba en gran parte con el hecho que el 29.1% de los ocupados ganaba menos que el salario mínimo legal, es decir, con el sub empleo invisible, un hecho que es penado por la ley pero campea en nuestro país.

Un indicador que no ha variado mucho en el tiempo es el del porcentaje de ocupados que cotizan la seguridad social, que en 2006 era 21.6% debido a la informalidad del mercado en que siempre han estado inmersos los trabajadores independientes, las microempresas y los ocupados en las actividades agrícolas, mejor dicho, los que llamamos subempleados visibles. Además, sólo el 21.3% de los ocupados tenía un contrato de trabajo y sólo el 90.4% de los asalariados que tenían contrato de trabajo contaban con un contrato permanente.

En cuanto a la libre asociación de los trabajadores, en 2006 apenas el 1.2% de los ocupados pertenecía a una organización sindical, no obstante el 45% de los ocupados formaba parte de algún tipo de organización, no necesariamente sindical o empresarial, para defender sus derechos.

Es lógico suponer que la indisponibilidad de información sobre la distribución de la población ocupada según indicadores básicos para medir el trabajo decente desde 2007 se debe a que el panorama de 2006 antes descrito no se ha mejorado en 2012, incluso podría afirmar que se ha empeorado sólo con la observación de la evolución del indicador de la informalidad de nuestro mercado laboral, que fue espoleada por la recesión económica mundial que golpeó a nuestra nación en 2009.

A finales de 2012, 76 ocupados de cada 100 laboraban en establecimientos que no tienen registros contables, mientras que en 2006 este indicador era de 64 de cada 100 ocupados, por lo cual sugiero que las autoridades gubernamentales, a través del INIDE, publique toda la información proveniente de las encuestas de hogares, con el fin de que las bases invitadas por el gobierno puedan lograr un consenso efectivo para afrontar el riesgo de la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en el mediano y largo plazo.

Hace pocos días, el presidente de la República, Daniel Ortega, señaló que “Tenemos que pensar en el largo plazo; porque nada ganaríamos con medidas de corte temporal, que nos abran una brecha mayor en el mediano plazo, y que lleven a una quiebra total del Seguro en el mediano plazo”. Comparto plenamente esta opinión presidencial, porque sería una grave irresponsabilidad política buscar un consenso para dar sostenibilidad financiera al INSS por los próximos 22 años y heredar el problema fundamental a las futuras generaciones.

Un retoque a la insolvencia financiera del INSS

 

La propuesta gubernamental para reformar el fondo de pensiones de seguridad social presentada al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) se caracterizó por ser muy modesta, al concentrarse en la reducción de gastos y el aumento de ingresos para equilibrar su presupuesto, y sólo hizo un retoque a una reforma más radicales, como es la de aumentar el empleo con cobertura de la seguridad social y en forma permanente sin aclarar cómo hacerlo.

En concreto, estimo que sin pretender socavar la eficiencia global del sistema de seguridad social, el gobierno ha propuesto sólo 2 medidas para reducir el gasto del Instituto Nicaragüense de Seguridad Pública (INSS).

La primera de esas medidas es ajustar la pensión mínima con la tasa de variación de un dígito del salario promedio anual de los trabajadores activos asegurados, en vez de hacerlo con la tasa de ajuste de dos dígitos del salario mínimo legal. Según la ley, no puede haber ninguna pensión inferior al monto del salario mínimo legal, y con esta propuesta dos tercios del número total de pensiones serían inferiores al salario mínimo legal, con lo cual no se afectaría severamente la situación financiera del INSS.

La segunda medida para reducir los gastos del INSS es actualizar la fórmula para estimar las nuevas  pensiones tomando en cuenta el aumento del salario promedio de los trabajadores activos asegurados, lo cual, indudablemente, será para reducir el monto de los pensiones. La fórmula vigente para calcular la pensión es igual a una remuneración base mensual, que es el promedio de dividir entre 250 la suma de los promedios de las 250 últimas semanas cotizadas o de las 250 anteriores a aquéllas, según resulte mejor al asegurado, y multiplicar el cociente obtenido por el factor 4 1/13. Sugiero a los servidores públicos que el ajuste del índice del costo de la vida es la tasa de inflación, medida con el Índice de Precios al Consumidor Nacional estimado por el Banco central de Nicaragua.

Por supuesto que existe otra medida para reducir el gasto del INSS, pero el gobierno la ha desechado. Es la del aumento de la edad de jubilación para las personas que ingresan por primera vez al mercado laboral, en este caso para las personas nacidas en 1996, que en 2014 cumplirán 18 años, cuya esperanza de vida al nacer es de 66 años, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), pero con la propuesta gubernamental se jubilarían a los 60 años, algo insólito y que raya en el populismo.

Por otro lado, los servidores públicos propusieron 4 medidas para aliviar el problema de la inviabilidad financiera del INSS en el mediano plazo.

Una medida es elevar la tasa de cotización del empleador de 16% a 19%, mediante la alza de 1 punto porcentual anual a partir de 2014. Otra medida es incrementar el salario máximo actual sobre el que se aplican las tasas de cotización de los empleadores, de los empleados y del gobierno, que pasaría de 37 mil 518 córdobas a 72 mil 464 córdobas, pero también implicaría aumentar los gastos aún con la actualización” de la fórmula para calcular las pensiones.

Una tercera medida para aumentar los ingresos del INSS es el pago de lo que le adeuda el gobierno, equivalente a US$581.3 millones, a un plazo de 25 años y 2% de interés. ¿Cómo pagaría esa deuda el gobierno? ¿Recuperando para el Estado lo que le quitaron inapropiadamente un grupo de servidores públicos con la liquidación de cuatro bancos en el bienio de 2000-2001, y con la reestructuración de esa deuda pública y la subasta de activos de los bancos liquidados en 2003? Si no existe voluntad política para resarcir al Estado de Nicaragua del complot contra el presupuesto nacional, le sugiero al presidente de la República, Daniel Ortega, crear un nuevo impuesto etiquetado con el pago de la deuda al INSS, pero que no endeude de nuevo a los nicaragüenses con emisión de bonos del Tesoro de la Nación para honrar la deuda con el INSS.

La quinta medida para aumentar los ingresos es la del establecimiento de cuentas de ahorro individual voluntario, un segundo estrato después de la pensión básica que protege a los jubilados  frente la pobreza. Ese ahorro individual se crearía a través de las instituciones financieras del país seleccionadas por los trabajadores asegurados.

Con las seis medidas antes mencionadas, los servidores públicos reconocen que sólo alivian el problema de la inviabilidad financiera hasta el año de 2036, porque incluyeron, muy a la ligera, sólo 1 medida de reforma estructural, que es la de crear empleo formal, al cual hay que agregar de mejor calidad del que observamos, pero no dijeron cómo.

El problema presupuestario del INSS es resultante de los problemas estructurales de la economía nacional. Nuestro deber es contribuir al rescate de la economía nacional, con lo cual todos seremos rescatados y, entre nosotros, también el INSS. Creo que será necesario discutir en las conversaciones bilaterales del gobierno con los empresarios y los sindicatos, y por qué no con otros agentes económicos y sociales, entre ellos las universidades, otras reformas estructurales que no se distinguieron en la propuesta gubernamental.

¿Qué piensan los formuladores de políticas públicas sobre cómo ampliar y mejorar la calidad de la educación preescolar, primaria y técnica, cómo elevar los rendimientos agropecuarios anacrónicamente bajos y desarrollar la agroindustria, cómo el Estado podría transferir tecnología a las micro empresas y pequeñas empresas, cómo restablecer la banca estatal de fomento para hacer sujetos de crédito a los productores que son rechazados en la banca convencional, cómo introducir el mandato del pleno empleo en la ley del BCN, cómo formular e implementar una política financiera nacional de corto y largo plazo que no existe en el país, cómo recordobizar la economía nicaragüense que está muy dolarizada extraoficialmente, cómo reducir el grave desequilibrio comercial externo mediante la depreciación del tipo de cambio real del córdoba con respecto al dólar estadounidense? Todo esto es necesario discutir para rescatar a la economía nacional, elevar la productividad de la economía, acelerar el crecimiento económico sostenible y crear más empleo formal y de mejor calidad.

Hay que buscar consensos que no sólo alivien sino que también resuelvan el problema financiero del INSS en el largo plazo, lo que significa nada más que resolver los agudos problemas microeconómicos de empleadores, empleados y gobierno, no obstante nuestro reconocimiento que la macroeconomía está excelente, pero también está frágil.