No se explicaron las causas de la disminución del deslizamiento cambiario

28 10 2019
  1. El régimen de la banda cambiaria se programó para inicios de 2000, pero no fue posible establecerla por los elevados déficit fiscal y cuasifiscal.

El Memorándum de Políticas Financieras y Económicas del 19 de agosto de 1999, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que

«… el gobierno ha decidido reducir la tasa de deslizamiento cambiario con respecto al dólar e introducir una banda cambiaria. Esto ayudará a mantener la reducción de la inflación y facilitará el primer paso hacia un sistema más flexible de determinación de mercado del tipo de cambio».

  • La trayectoria del régimen de tipo de cambio deslizante o reptante en Nicaragua

Surgió el 10 de enero de 1993, con una tasa de deslizamiento anual de 5%.

El 10 de noviembre de 1993, la tasa anual se elevó a 12%.

El 11 de julio de 1999, la tasa anual se redujo a 9%.

El 1 de noviembre de 1999, la tasa anual se redujo a 6%.

El 1 de enero de 2004, la tasa anual se redujo a 5%.

El 1 de noviembre de 2019, la tasa anual se reducirá a 3%

  • ¿Cuál es el objetivo del tipo de cambio deslizante a precios constantes?

El tipo de cambio deslizante o tipo de cambio fijo con deslizamiento pre-anunciado no ha mejorado sigificativamente el tipo de cambio real, por lo cual no ha promovido vigorosamente el esfuerzo exportador del país. El objetivo de la política de tipo de cambio reptante es congelar el tipo de cambio en términos reales o en precios constantes, es decir, reducir el diferencial entre la tasa de inflación local y la tasa de inflación internacional. Es un régimen cambiario de corto plazo, pero en Nicaragua tiene una duración de 26 años

  • ¿Cuándo funciona bien un régimen de tipo de cambio en bandas cambiarias?

Cuando el comercio exterior pesa poco, pero en 2017 Nicaragua exportó (bienes y servicios domésticos) el 42% de lo que produce y sus importaciones fueron iguales al 68% del PIB. El comercio global de Nicaragua es mayor de lo que produce el país, al registrar el nivel de 110% del PIB en 2017. Esto explica por qué el país tiene una gran apertura al exterior.

Cuando existe suficiente oferta de dólares en el mercado. En 2017, Nicaragua observó un flujo neto de divisas, tanto para el sector público como para el sector privado, del orden de US$2,772 millones. Pero el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha caído de US$2,956.0 millones el 18 de abril de 2018 a US$2,256.5 millones el 30 de septiembre de 2019, es decir, se ha desplomado en US$699.5 millones en ese lapso.

Cuando hay un déficit fiscal controlable. En 2017, el déficit del sector público consolidado, que incluye las pérdidas del BCN, fue igual a 2.8% del PIB. Sin embargo, la crisis política actual tiende a acelerar dicho déficit a un nivel superior del límite tolerable, que es el 3% del PIB.

Cuando existe libre convertibilidad de la moneda local. En Nicaragua, la libre convertibilidad del córdoba en dólares existe desde 1990.

  • La reducción del deslizamiento del tipo de cambio oficial de 5% a 3% a partir del 1 de noviembre de 2019

El BCN no explica en su nota de prensa el porqué redujo en 2 puntos porcentuales la tasa de deslizamiento cambiario en el mercado oficial.

En este régimen cambiario, la tasa de deslizamiento anual se reduce hasta alcanzar un nivel que se acerque al 0%, pero no muy cerca del 0% porque el tipo de cambio reptante se aproximaría a ser un tipo de cambio fijo, que no protegería la posición de las reservas internacionales.

La reducción del deslizamiento anual del tipo de cambio a 3% deja a entrever que se pretende establecer un nuevo régimen cambiario en el corto o mediano plazo, mediante la introducción de una banda cambiaria, como lo contempló el memorando del FMI antes mencionado y que supuestamente estaría en vigor a partir de 1 de enero de 2000.

Sin embargo, dos ajustes previos son necesarios para el establecimiento de una banda cambiaria, que en la actualidad no se cumplen:

  1. Disminuir el ritmo de crecimiento de la base monetaria, o sea, reducir los déficit fiscal y cuasi-fiscal, y entre éste último las pérdidas del BCN. No obstante el saldo de la base monetaria ha disminuido C$2,448.2 millones al pasar de C$29,263.4 millones a C$26,815.2 millones entre el 18 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, impactado principalmente por la caída de los depósitos en dólares del orden de US$1,392.2 millones en ese mismo lapso, lo que obligó a la banca comercial a comprar US$844.7 millones al BCN en la mesa de cambios.

ii.   Aumentar el ritmo de crecimiento de las reservas internacionales oficiales, pero habría que eliminar la «fuente de vulnerabilidad» de la deuda de corto plazo del BCN, cuyo saldo adeudado al FMI y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) totaliza US$205.3 millones al 31 de agosto de 2019.

El punto de equilibrio entre ambos ajustes determinará el «punto de partida» del tipo de cambio entre el límite superior y el límite inferior de la banda cambiaria. Esto no es posible en el corto plazo por el comportamiento de las estadísticas monetarias antes mencionadas.

Los problemas monetarios más impactantes han sido la salida de los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero nacional, la escasez de córdobas resultante de la compra de divisas que realizaron las entidades bancarias al BCN en la mesa de cambio, con la consecuente caída drástica de las reservas internacionales administradas por el BCN. En esta forma, las entidades bancarias pudieron responder a los depositantes de recursos en moneda extranjera. En conclusión, la crisis política y la excesiva dolarización extraoficial de la economía provocaron un fuerte impacto a la economía nicaragüense.

La salida del escenario de un tipo de cambio deslizante o fijo con una tasa de devaluación anual preanunciada y la entrada al escenario de banda cambiaria dentro de la cual se movería el tipo de cambio, podría dar inicio del largo proceso de desdolarización o de “recordobización” de la economía. Habría que observar cuán ancha sería la banda cambiaria y si fuese muy ancha se podría afirmar que se incrementaría la volatilidad del tipo de cambio y se promovería la recordobización voluntaria. En otras palabras, un tipo de cambio más flexible, que pueda moverse en cualquier dirección, haría más evidente el riesgo cambiario e introduciría un desincentivo a la dolarización financiera.

  • Los argumentos del Consejo Directivo del BCN para justificar la reducción de la tasa de deslizamiento anual del tipo d e cambio oficial de 5% a 3%

No comparto los cuatro argumentos de los miembros del Consejo Directivo del BCN, con los cuales tratan de justificar la reducción del deslizamiento anual del tipo de cambio oficial.

El primero es el balance de las finanzas públicas, que se fundamenta en bajos déficit fiscales, en porcentajes del PIB, de 0.5% en 2019 y 0.4% del PIB en 2020 reflejados en el proyecto del presupuesto gubernamental de 2020, que resultan del congelamiento del gasto total presupuestario y del supuesto macroeconómico bastante discutible de que el PIB Real cae 3.5% en 2019 y sube 0.5% en 2020, a pesar de que tiende a desacelerarse el esfuerzo inversionista gubernamental de 4.2% del PIB a 4.0% del PIB en esos dos años.

El segundo es el superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que no es el resultado de una apropiada política de tipo de cambio real o a precios constantes, sino de las caídas importantes del consumo familiar, la inversión privada y del estancamiento de las exportaciones, por lo cual también caen la producción y las importaciones, pero la caída de estas últimas está acompañada de un aumento importante del flujo de remesas.

El tercero es el adecuado nivel y cobertura de reservas internacionales, lo que se ha logrado con la severa caída de reservas internacionales y la escasez de córdobas provocadas por las compras de dólares realizadas por las entidades bancarias. Así, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica se ha cumplido automáticamente, sin problema alguno, pero la posición de las reservas continúa siendo bastante frágil.

El cuarto es la estabilidad del sistema financiero, que no se observa porque el crédito ha disminuido, los préstamos en riesgo son equivalentes a dos dígitos porcentuales del total de la cartera de crédito, y los dólares de los depósitos del público no bancario que emigraron al exterior no han retornado al país. Además, la banca comercial, aunque mantiene razones financieras adecuadas, actualmente se encuentra operando en un nivel inferior al observado en 2017.





Dos puntos de vista sobre la economía de Nicaragua

27 10 2019

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) estará presente en el país en el transcurso de esta semana, con el objetivo de evaluar la situación económica de acuerdo con la Consulta del Artículo IV y, como ha sido usual, ofrecer sus consejos de política macroeconómica y reformas estructurales de la economía a las autoridades gubernamentales.

Aún no se conoce el informe del FMI sobre el desempeño de la economía nicaragüense en 2018, por lo cual cabe esperar una revisión de las cifras preliminares que publicó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en su Informe Anual de 2018, que también serviría de base para actualizar la visión económica preliminar del FMI para 2019.

En la recién concluida reunión del Grupo Banco Mundial y el FMI celebrada en la ciudad de Washington entre el 14 y el 20 de octubre de 2019, las estadísticas de la economía nicaragüense presentada por el FMI destacaron lo siguiente:

  • una caída de la producción de bienes y servicios de 5.0%;
  • un ingreso per cápita promedio anual de US$1,919, que es bastante aproximado al registrado en 2014;
  • una tasa de inflación anual de 7.0%;
  • un déficit del gobierno general (gobierno central y gobiernos municipales) igual a 3.1% del producto interno bruto (PIB); y
  • un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del orden de 2.3% del PIB, que refleja el sesgo de la crisis política por las caídas de los volúmenes de consumo, inversión,  exportaciones y, por ende, importaciones.

En relación con las reformas estructurales, en sus últimas visitas al país el FMI ha insistido principalmente en:

  • establecer un “colchón” fiscal para enfrentar los riesgos externos, incluyendo los efectos de la aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense (NICA Act) por el Senado de Estados Unidos en diciembre de 2018, en un momento en que prácticamente no existía la cooperación petrolera de Venezuela, así como los efectos del cambio climático y los desastres naturales;
  • aprobar una reforma tributaria en un momento en que la economía crecía a un ritmo anual muy cercano al 5%, pero que el gobierno la aprobó y aplicó el 28 de febrero de este año cuando la economía se encontraba en picada;
  • alcanzar la viabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en el largo plazo, que se pretendió alcanzar con la reforma de su reglamento en abril de 2018, pero que se ha agravado como resultado del desplome de la producción y la destrucción de puestos de trabajo del sector formal;
  • ampliar la supervisión financiera a las cooperativas de ahorro y préstamo, y adoptar gradualmente las regulaciones prudenciales del sistema financiero nacional de acuerdo con las normas de Basilea III.
  • fortalecer el régimen de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT); y
  • continuar mejorando la calidad y disponibilidad de estadísticas económicas, lo cual obviamente muestra deterioro y retroceso.

El actual entorno político-económico del país es bastante hostil para el crecimiento económico. No se ha restablecido la confianza empresarial plena; se estancó y desapareció el diálogo nacional, imprescindible para la solución de los problemas políticos acordada entre los representantes del gobierno y de la oposición el año pasado; y se mantiene la recesión económica en los últimos cinco trimestres, y las expectativas sobre el comportamiento de la producción en 2020 son negativas, con o sin diálogo nacional.

De acuerdo con cifras preliminares del FMI para la economía de Nicaragua en 2020, el PIB Real volvería a caer 0.8%, mientras que COPADES, en el mejor de los casos, señala una caída de la producción de 2.9%; el FMI muestra una proyección de la tasa de inflación de 4.2%, y COPADES pronostica una presión inflacionaria anual de 2.6%; el FMI prevé una tasa de desempleo abierto de 8.7% de la población económicamente activa, pero COPADES pronostica un desempleo abierto de 19.2% de la PEA.

Sin diálogo, es muy probable que la caída económica continuará en forma severa. Siempre reiteraré que el Diálogo Nacional deber ser restablecido, incluso con nuevos representantes de las dos partes, pero en una forma respetuosa y constructiva para que concluya en una salida viable a favor de los nicaragüenses.

Si las políticas económicas desde abril de 2018 han fallado en el alcance de sus objetivos de corto plazo debido a la inestabilidad política, como fueron las de incrementar las tasas de interés y las tasas tributarias inmersos en una recesión económica, emprender reformas estructurales aún pendientes en el diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el FMI también corren el riesgo de fallar, al no lograrse sus objetivos de largo plazo.

La disposición gubernamental de no publicar oportunamente los datos oficiales de la economía, por ejemplo, los monetarios, o dejar de publicar los datos oficiales de la producción de bienes y servicios, de la ejecución del presupuesto gubernamental, del comercio exterior y del mercado laboral, incluyendo los de la seguridad social, provoca más incertidumbre y fuga de capitales. 2019 es el primer año en que el flujo neto de la inversión extranjera directa (entradas menos salidas de capitales) es negativo y así tiende a ser en 2020. Es necesario, para el restablecimiento de la confianza empresarial plena, mejorar y publicar los datos económicos del país.

Veremos qué dirá la misión técnica del FMI al concluir su estadía de una semana en el país. Ojalá que la declaración final de dicha visita muestre los resultados de un diálogo técnico factible con las autoridades gubernamentales, que sea respetuoso y constructivo, como el que esperamos en el Diálogo Nacional.





Hay que revisar los supuestos macroeconómicos del Presupuesto de la República 2020

20 10 2019

Al leer los principales supuestos macroeconómicos de la propuesta del Presupuesto General de la República de 2020, me sorprendió el dato de la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real de 0.5% proyectada para 2020, antecedido por una tasa de caída de apenas 3.5% en 2019, la cual considero que será mayor.

Recientemente, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, dijo en una entrevista televisiva que en 2020 “el país debe sentar las bases de su recuperación económica, claro, si nada en el contexto internacional o en el mismo contexto nacional lo perturba. O sea, si todo continúa como está, el 2020 va a ser un año en que se debería generar toda una expectativa para volver a la dinámica del trabajo”.

Esa premisa macroeconómica no es realista y sobre ella se ha fundamentado la propuesta del Presupuesto de la República del próximo año, porque desde el lado interno la situación en que se encuentra el país desde el segundo trimestre del año pasado demuestra que persiste la desconfianza de los consumidores, empresarios y gobierno, mientras que desde el lado externo ya existen sanciones financieras y acechan nuevos riesgos en el corto plazo. No se puede imponer el restablecimiento del crecimiento económico por deseos personales o por decretos institucionales, pero tampoco se podrá resolver el problema nacional con la destrucción de la economía, como algunos nicaragüenses la desean y la piden.

La probabilidad de que la economía nicaragüense continuará cayendo en 2020, con o sin diálogo nacional, es bastante alta.

El esfuerzo exportador nacional, que se concreta entre noviembre y junio debido al ciclo agrícola, que es la base fundamental de la economía nacional, está tremendamente impactado por la incertidumbre y la falta de crédito y de acceso a los insumos, de tal forma que se espera una fuerte contracción, aproximadamente de 6%, del volumen de bienes exportados, principalmente en los rubros de café, carne bovina y maní.

El volumen de consumo de bienes y servicios adquirido por las familias continuará disminuyendo, porque en 2019 el poder adquisitivo del salario se deteriorará casi 7%, en 2020 no se espera un aumento significativo del precio del trabajo y desde 2018 han crecido el desempleo y el subempleo , mientras que el flujo de las remesas familiares aumentará aproximadamente sólo US$100 millones en 2020, similar a su aumento en 2019, hasta el nivel US$1,706 millones.  

El valor en precios corrientes del consumo de bienes y servicios del gobierno, según la propuesta presupuestaria para el próximo año, permanece prácticamente estancado, es decir, con una variación relativa muy cercana a 0%, y tomando en cuenta el otro supuesto macroeconómico de una tasa de inflación promedio anual de 5.4%, que podría ser más baja por la presencia de una demanda agregada deprimida, el gasto de consumo real del sector gubernamental se estima que caerá a un nivel muy cercano de 5%.

Desestimulada por la incertidumbre política y económica, el gasto de la inversión fija real del sector privado, o sea, construcción y adquisición de maquinaria y equipo, tiende a disminuir por quinto año consecutivo en 2020, a un ritmo de 5%, sin lograr revertir el desplome del flujo bruto de inversión extranjera directa desde el máximo histórico de US$1,510 millones en 2017.

Por su parte, el gasto de capital en la propuesta del presupuesto gubernamental para 2020 disminuye 1.2% en precios corrientes, por lo que se puede concluir que se registrará otra reducción de la inversión pública real, es decir, valorada en precios constantes de 2006, año base de las cuentas nacionales del país.

Por lo tanto, se prevé que todas las variables de la demanda agregada real del país continuarán cayendo en 2020.

El problema macroeconómico es cómo elevar el nivel de la demanda agregada, o sea, cómo elevar: los volúmenes de bienes de consumo de las familias; de inversión privada en construcción, maquinaria e inventarios; de exportaciones; y, en cambio, las autoridades gubernamentales están previendo otra caída anual del volumen de consumo e inversión en el Presupuesto de la República del próximo año, en vez de aumentar el gasto público por la vía de la inversión. Una vez lograda la solución del problema político, que promueva la confianza entre los agentes económicos, sólo con la política macroeconómica apropiada se logrará incrementar la demanda agregada, la cual conducirá al aumento de la producción y del ingreso.  

El aumento de la demanda agregada no se logra con el aumento de las tasas tributarias y de la tasas de interés, dos crasos errores de política macroeconómica observados en 2018 y 2019. Para aumentar, por ejemplo, la demanda interna, es decir, los gastos de consumo e inversión, hay que disminuir la presión tributaria y el costo del dinero.

El presidente del BCN hizo un llamado al sistema financiero nacional “a buscar donde realizar inversiones y movilizar el crédito” por “la recuperación de los depósitos” y “de hecho, tienen que volver al negocio para generar rentas”. Parece que el colega Ovidio Reyes olvidó que, en la actualidad, la cartera crediticia en riesgo es mayor del 10% de la cartera total y que las entidades financieras seleccionan a los prestatarios que cumplen muy bien sus compromisos financieros y, además, también facilitan crédito a las actividades productivas que muestran buenas señales de recuperación económica o desempeño productivo, independientemente del aumento de los depósitos del público no bancario.

Pero, ¿han aumentado los depósitos en el sistema financiero nacional? De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en el transcurso del año el saldo de los depósitos en moneda nacional se incrementó apenas 2.4%, al pasar de C$31,902.2 millones en diciembre de 2018 a C$32,659.6 millones en septiembre de 2019; por otro lado, el saldo de los depósitos en moneda extranjera se redujo 14.4%, al pasar de US$2,954.9 millones a US$2,562.9 millones en el mismo orden respectivamente. Además, con respecto a marzo de 2018, en septiembre recién pasado los depósitos en ambas monedas habían caído 27.6% y 36.7% en el mismo orden.

Aunque se garantice la estabilidad macroeconómica, en estas circunstancias no se puede concentrar la esperanza de un mayor crecimiento económico exclusivamente en el crédito de las entidades financieras a los productores y consumidores.





Siempre mantendré la acusación al presunto delincuente Eduardo Montealegre

19 10 2019

11.17 años = 134 meses = 4,076 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

El 2 de octubre de 2019, Eduardo Montealegre amplió su período de impunidad a 4,076 días al haberme acusado, sin prueba alguna y en forma escrita en el diario La Prensa, de que yo era un defraudador del Estado de Nicaragua, después de que yo concluyera, a solicitud de la Contraloría General de la República, mi análisis sobre (i) las liquidaciones bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001, (ii) la reestructuración de la deuda pública resultante del rescate de los depositantes en la cual el ex banquero y ex político Montealegre cometió presuntos delitos penales en 2003, y (iii) la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados en la cual, también en 2003, el acusado Montealegre cometió otros presuntos delitos penales al no cuidar apropiadamente la cosa pública.

Vergonzoso el título que ostenta Eduardo Montealegre de ser el impune más famoso de la historia delictiva de Nicaragua, protegido por dos Poderes del Estado de Nicaragua, el Legislativo y el Judicial, aunque él, con mi acusación, se autonombró un perseguido político, equivocándose una vez más porque, en realidad, él fue y continúa siendo un protegido político tanto de diputados que transformaron la inmunidad en impunidad, como de judiciales, desde magistrados hasta jueces, que mantienen la denegación y la retardación de la justicia.

Desistí de mi acusación porque nuestros servidores públicos en el Poder Judicial nunca respondieron a mi acusación por injurias y calumnias de Eduardo Montealegre, pero no renunciaré a ella porque continúa viva en los archivos de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Apelaciones de Managua y de los Juzgados del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua. Siempre persistiré en el cumplimiento de que nadie debe estar por encima de la Ley, y eso lo sabe muy bien el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas.





La sostenibilidad de la deuda pública externa también está en riesgo

13 10 2019

Escuché con mucha atención la reciente entrevista televisiva que tuvo el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien, en casi toda su intervención, enfatizó en el financiamiento y la calidad de la inversión publica de Nicaragua. Esperé que se refiriera a la política fiscal de corto plazo, principalmente en cuanto a los resultados de la reforma “procíclica” de la Ley de Concertación Tributaria implementada a partir del 28 de febrero de este año, y su enfoque sobre la política del gasto público, principalmente el consumo público que se ve acompañado del potencial riesgo del financiamiento interno, al observarse una reducción del ahorro del presupuesto gubernamental, en porcentajes del producto interno bruto (PIB)  de 3.3% en 2017 a 2.0% en 2018 según cifras oficiales, y que podría ser menor en 2019 por la continua recesión económica y, en mi opinión, por el fracaso de la reforma tributaria. Pero no lo hizo.

Sin embargo, el ministro Acosta tocó el tema de la sostenibilidad de la deuda pública.

Comparto la aseveración del colega Acosta de que la administración del presidente Daniel Ortega, a través de la inversión pública, ha estado atendiendo en mejor forma a la gente cuando comparamos la eficiencia del gasto de reducción de la pobreza con la observada en las anteriores administraciones públicas, que se manifiesta con la expansión de las redes de suministro de agua y alcantarillado, de energía eléctrica, de carreteras y de los servicios de educación y salud. Basta mencionar que, con el aval técnico del Banco Mundial, el índice de pobreza cayó de 48.3% en 2005 a 21.3% en 2014, mientras que el índice de pobreza extrema se reducía de 17.2% a 8.3% entre esos mismos años.

También estoy de acuerdo con su crítica de que algunos economistas y políticos no gubernamentales han manifestado su preocupación por el nivel de endeudamiento de la administración publica actual sin hacer referencia al análisis de la sostenibilidad de la deuda, pero agrego que es necesario elevar el actual nivel de concesionalidad de contratación de la nueva deuda pública externa.

De acuerdo con cifras oficiales, el saldo de la deuda pública externa se elevó de US$4,556 millones en 2006 a US$5,950 millones en 2018, aunado a una condonación de US$3,433 millones, a un desembolso de nueva deuda externa de US$3,706 millones -que refleja un ritmo promedio anual de 285 millones-, y a un pago de amortizaciones a los acreedores externos del sector publico de US$1,081 millones en el período 2007-2018. Reitero, con esa información no estaríamos analizando adecuadamente la deuda pública externa de Nicaragua.

El saldo de la deuda publica externa correspondiente a 2018 incluye aproximadamente US$1,000 millones que no se han reestructurado con Costa Rica y Honduras en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), por lo cual no se amortiza ni se pagan intereses. No hay que olvidar dos cosas en este aspecto: el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue nombrado por el G-7 como coordinador de la Iniciativa HIPC, y la persistencia de problemas políticos entre el gobierno de Nicaragua y los gobiernos de los dos países antes mencionados que no han facilitado la conclusión de esa reestructuración técnica.

A finales de 2018, el perfil de la deuda pública externa era multilateral -el 70% del saldo total de esa deuda se contrajo, en orden de importancia, con: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM/IDA), otros organismos multilaterales y FMI-, por lo cual una gran parte de la deuda pública externa no se puede condonar y, por otro lado, no existen iniciativas de condonación de la deuda externa bilateral, es decir, la deuda contraída con países.

También se debe tener presente que Nicaragua volvería a clasificarse como un país muy endeudado en términos de producción si el cociente del saldo de la deuda pública externa entre el PIB es igual a o mayor que el 50%. A diciembre de 2018, dicho cociente fue igual a 45.4% y dadas las caídas importantes del PIB Real en 2019 y muy probablemente con menor intensidad en 2020, y con los importantes montos de deuda contratados con el BCIE, es casi seguro que alcancemos el límite tolerable de endeudamiento externo en el corto y mediano plazo.

También se debería tener presente que en mayo de 2015 el Banco Mundial (BM/IDA) clasificó a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo, pero se encuentra en los niveles más bajos de esta clasificación que tiene un rango del Producto Nacional Bruto (PNB) Real Per Cápita de US$1,036 a US$4,085. Por este motivo, Nicaragua dejó de tener un elemento de concesionalidad de 35% en la contratación de la nueva deuda externa y en 2018 el país lo redujo a 10.3% en la contratación de nuevos préstamos multilaterales.

¿Qué significó a Nicaragua el haber perdido el nivel de concesionalidad de 35% por dejar de ser un país pobre en 2015? Tomando en cuenta el nivel promedio registrado en el período 2000-2015 y el nivel observado en 2018, el plazo de los préstamos multilaterales bajó de 31 años a 20 años, el número de años de gracia bajó de 12 años a 4 años y la tasa de interés se elevó de 2.1% a 4.1%.

Por lo tanto, la nueva contratación de deuda pública con el BCIE, que se aproxima a un millardo de dólares, con términos financieros no concesionales, obliga a una mejor administración de la deuda pública externa, porque, aunque con los recursos del BCIE se afronta el riesgo de las sanciones financieras de la NICA Act, hay que evitar el severo endeudamiento de la nación en el corto plazo, o sea, hay que evitar la mora en el pago de la deuda externa a futuras administraciones públicas si no se alcanzan oportunamente los objetivos de elevar la producción, la inversión doméstica y las exportaciones, y de atraer un importante ingreso bruto de inversión extranjera directa en el corto plazo, que en 2017 registró un máximo de US$1,510 millones.

Alcanzar todo esto en el corto y mediano plazo no es posible sin un Diálogo Nacional.





Aclaraciones sobre la economía de Nicaragua en 2019

8 10 2019

En la edición de Informe Pastrán del día viernes 4 de octubre fue publicada la siguiente noticia en un solo párrafo, que transcribo textualmente:

… RESERVAS INTERNACIONALES SUPERAN LOS 2,200 MILLONES DE DOLARES… Los analistas económicos, centros de pensamiento y analistas políticos erraron en sus proyecciones cuando pronosticaron que este año las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua se caerían y que la economía se derrumbaría hasta en un 10% del PIB… Contrario a ello, no solo se recuperan las exportaciones e importaciones, se mantiene estabilizada la inflación, sino además las reservas del país aumentaron, pasando hoy de 1,800 a 2,201.13 millones de dólares, confirmó el BCN… Las reservas internacionales con claves para mantener la estabilidad económica de un país…

Debido a los errores de los pronósticos económicos de corto plazo que se le atribuye, entre otros, a los analistas económicos, y tomando en cuenta que el único economista que ha expresado públicamente una caída del 10% del PIB en este año soy yo, solicité a mi amigo de antaño, el periodista Adolfo Pastrán Arancibia, que publicara mis observaciones sobre la noticia arriba mencionada con el ánimo de aclarar mi posición a los lectores de Informe Pastrán, A continuación, mis observaciones, que también transcribo textualmente:

  1. El perfil de la caída de 10% del PIB en este año lo establecí en el tercer trimestre de 2018; luego, en enero de 2019, con datos oficiales más actualizados, presenté la caída de 9.4% aún con el carácter de perfil y, posteriormente, como un pronóstico propiamente dicho, lo fijé en 8.7% en junio recién pasado.
  2. La importaciones, de acuerdo con datos oficiales, están desplomadas, porque su valor acumulado enero-abril de este año ha disminuido US$436 millones, y seguirán disminuyendo porque ha caído el consumo, la inversión y, por ende, la producción. Estimo que el volumen de las exportaciones, en el mejor de los casos, permanecerá sin variación alguna en 2019 con respecto a 2018.
  3. La inflación no ha permanecido estable, sino que se aceleró en tres puntos porcentuales con la reforma tributaria. Antes de dicha reforma, el nivel de la tasa de inflación interanual se aproximaba a 3%; después de la reforma, oscila alrededor del 6%.
  4. En este año, en relación con diciembre de 2018, el saldo de las reservas internacionales brutas nunca ha aumentado, como se afirma en tu Informe, de US$1800 millones a US$2,201.3 millones, porque entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 han caído US$60 millones.
  5. Una corrección adicional al contenido del párrafo: el saldo de las reservas internacionales brutas de US$1,806 millones, el más cercano al los US$1,800 millones señalado en tu Informe, se registró el 31 de enero de 2012.

El día de ayer, lunes 7 de octubre, Informe Pastrán publicó mis cinco observaciones relacionadas con la noticia económica arriba mencionada, por lo cual agradezco la gentileza del periodista Adolfo Pastrán Arancibia.

Aprovecho esta oportunidad para comentar brevemente las afirmaciones del presidente del Banco Central de Nicaragua sobre la economía del país, que fueron emitidas ayer lunes.

  1. El BCN estima que el PIB caerá entre 3.5% y 4.5% en 2019, pero es necesario que se aclaren los supuestos y los riesgos, internos y externos, inherentes a esa caída de la producción, así como los asociados con los comportamientos de la producción por actividad económica. ¿Cómo fue estimada esa caída productiva si el BCN no dispone de los datos de la producción por actividad económica, lo cual se deja a entrever con el hecho de que no continuó publicando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) desde marzo de este año? La economía no podrá volver a crecer por la vía del consumo de bienes y servicios finales, sino por la vía de la inversión, que requiere de una menor incertidumbre y un notable aumento de la actividad de la construcción.
  2. Imposible volver a crecer económicamente con tasas importantes de entre 4% y 5% en 2020 o en el mediano plazo, así lo demuestra nuestra historia económica. Es muy probable que la economía permanezca sin crecimiento alguno el próximo año. Con o sin diálogo nacional no es previsible un aumento de la producción de bienes y servicios, porque la desconfianza de los agentes económicos, consumidores, empresarios e inversionistas, e incluso el gobierno, aún persiste, y esto ayuda a explicar la caída del crédito y las altas tasas de interés que se aceleraron desde el BCN con los Títulos de Inversión en 2018, con las tasas de rendimiento de los Bonos de la República en 2019 y con el creciente índice de riesgo-país de Nicaragua, validado recientemente por Moody´s Investor.
  3. Aconsejo al presidente del BCN que maneje en una forma más apropiada el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB del país, cuyo valor anual nunca se ha aproximado a los tres millardos de dólares. Si dicho valor fuese US$5,400 millones, tal como lo dijera Ovidio Reyes, habría que aclarar que incluye el valor de las exportaciones brutas de la empresas de zona franca, cuyo monto total de US$2,870 millones en 2018 no quedó en el país, sino sólo US$415 millones, equivalente al 14.4% del valor bruto exportado, en concepto de los servicios de la maquila (salarios, servicios público y alquileres); el remanente, US$2,455 millones, fue destinado a los países de origen de dichas empresas.
  4. Siempre me he opuesto a provocar alarmas y complacencias económicas, especialmente en tiempos de crisis. Invito al presidente del BCN que admita la caída de US$36 millones del saldo de las reservas internacionales brutas en el transcurso de este año hasta el 30 de septiembre recién pasado.

Espero que con el arribo de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última semana de octubre, se logre realizar la evaluación económica de 2018, la cual no se ha hecho en el marco del Artículo IV, aunque tengo dudas de que se logre actualizar la evolución económica del país en 2019 porque, a lo mejor me equivoco, el BCN no tiene datos de la producción.





La última fotografía disponible del mercado laboral nacional

6 10 2019

El más reciente panorama del mercado laboral de Nicaragua fue presentado el 24 de mayo de 2019 por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE), un organismo estatal subordinado en su dirección al Banco Central de Nicaragua (BCN), con su Encuesta Continua de Hogares (ECH) del cuarto trimestre de 2018.

El INIDE publicó sólo siete indicadores laborales nacionales, a pesar de que muchos más están disponibles en la ECH, por lo cual podemos afirmar que tanto dejar de publicar como seleccionar lo publicable es igual de dañino para la toma de decisiones económicas. Además, la publicación de los siete indicadores que presentamos a continuación se basó en otras variables que no fueron publicadas, tales como la población económicamente activa (PEA), el total de personas ocupadas (PO) y el total de a población en edad de trabajar (PET).

El reporte del INIDE afirmó que, de cada 100 personas de la PET, que la clasifica como de 14 años y más de edad o la define como la oferta potencial de trabajo, sólo 72.1 personas pertenecieron a la PEA. ¿Por qué, desde hace muchos años, a tan temprana edad fijada por el Estado de Nicaragua, es decir, niños y jóvenes, muy probablemente sólo con educación primaria, son desatendidos por las políticas públicas sin tomar en cuenta el aumento de la productividad? La educación pública debería asegurar la adquisición del conocimiento de los niños y jóvenes, ampliando y mejorando la calidad de la cobertura de la educación, incluyendo la educación técnica media y superior, para lograr el aumento deseado de la productividad de los trabajadores y de la economía.   

Continuó el INIDE mencionando la tasa neta de ocupación (TNO), al indicar que de cada 100 personas de la PEA 94.8 personas de 14 años y más de edad estuvieron ocupadas, pero define como personas ocupadas a los que laboraron al menos una hora en el cuarto trimestre de 2018, o sea, incluye a las personas subocupadas (S), es decir, que no trabajan las ocho horas diarias (sub empleados visibles, SV), tal como lo manda el Código Laboral, o que devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal (subempleados invisibles, SI), cuyos valores y su total (SI + SV) también desconocemos. Además, el INIDE observó que el número total de personas de 14 años y más ocupadas representó el 68.3 de la PET, que es la tasa bruta de ocupación (PO/PET).

Aún inmersos en la crisis política que se inició el 18 de abril de 2018, el INIDE prosiguió señalando que en el cuarto trimestre del año pasado la tasa de desempleo abierto (PDA) fue 5.2% de la PEA, que es igual a 100% menos la TNO de 94.8% arriba mencionada. De acuerdo con este dato oficial, es insólito o increíble afirmar que Nicaragua se mantuvo en pleno empleo cuando su economía transitaba por el segundo trimestre de recesión a finales de 2018.

Pero a renglón seguido, el INIDE agregó que casi la mitad del total de personas ocupadas estuvo subempleada al afirmar que es del orden de 50.1%. Sugiero a los técnicos del INIDE y del BCN que, con base en los datos de la ECH, estimen la tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo) en porcentajes de la PEA y la adicionen a la tasa de desempleo abierto para que tengan una idea del total de personas que no están generando ingresos, que es un indicador bastante correlacionado con el índice de pobreza del país. No hay que elevar cifras triunfalistas a los decisores de las políticas económicas, o sea, que debe existir la obligación técnica de reducir el margen de error en la toma de decisiones gubernamentales.

Luego INIDE sumó el número de desocupados abiertos (que no conocemos) y el número de personas ocupadas (yo diría subempleadas, que tampoco conocemos) que desean trabajar más horas en otra ocupación o en otro lugar, y el total de esta suma la dividió entre la PEA y obtuvo que el 15.3% de la PEA presionó al mercado laboral con su demanda, directa o indirecta, de un puesto de trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, lo que se conoce como tasa de presión general (TPGR). Si el INIDE hubiese estimado y publicado la tasa de desempleo equivalente antes sugerida y su suma con la tasa de desempleo abierto, se podría tener una idea más próxima de la angustiosa necesidad de la población que no genera ingresos por no encontrar un puesto de trabajo.

El INIDE concluyó su publicación de datos laborales nacionales con la estimación de la tasa de inactividad (TI) del orden de 27.9%, o sea, el porcentaje de las personas de 14 años y más que están inactivas con respecto a la población en edad de trabajar (I/PET).   

Se está desaprovechando la información laboral recopilada en la ECH del INIDE. Entre los datos relevantes no publicados podrían figurar la población no económicamente activa con y sin experiencia, la distinción de los desocupados como cesantes y aspirantes, el número de trabajadores ocupados plenos y de tiempo parcial, el número de ocupados con y sin seguridad social, el número de ocupados en establecimientos con y sin registros contables, el número de personas no económicamente activas desalentadas o que se cansó de buscar trabajo o no encuentra el trabajo que necesita, la tasa de dependencia igual a la resta de la población total del país menos la población ocupada con respecto al total de ocupados, y el índice de carga económica o el cociente de dividir la población no económicamente activa entre la población económicamente activa. Esta información es de vital importancia para las familias, los empresarios y el gobierno.

A pesar de que no se publican los datos oficiales del desempleo por actividad económica desde el año de 2012, estimo que el perfil actual de los desempleados nicaragüenses es el de una persona con estudios de secundaria, entre 14 y 24 años de edad, unido(a) o juntado(a) o casado(a), y se desempeña como empleado u obrero en las actividades, en orden de importancia, de comercio, construcción, agropecuaria, industria manufacturera y otros servicios.

El desempleo y la pobreza continúan siendo los principales problemas económicos de los trabajadores, aunque también es necesario recordar que, con base en datos del BCN, los trabajadores han resentido un deterioro de 11.2% del poder de compra de sus salarios durante el período octubre 2017-agosto 2019.