La condición insuficiente de la estabilidad macroeconómica

El Banco Central de Nicaragua (BCN) es, si no el único, uno de los pocos bancos centrales que realiza sus proyecciones de corto plazo con horquillas, es decir, con distancias entre dos magnitudes dadas. Usualmente los bancos centrales determinan las principales metas macroeconómicas con un solo dato, en vez de un abanico de posibilidades que nos hace recordar los ya trillados ejercicios académicos llamados optimista, probable y pesimista. Probable es el escenario de hoy, pesimista si se empeora la situación actual y optimista si se aspira alcanzar algo mejor.

Para el año de 2017, entre las proyecciones del BCN para la economía nicaragüense se observa un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real (o en precios constantes de 2006) entre 4.5% y 5.0%, una reiterada proyección en los últimos años como lo es también la de la tasa anual de 5% de devaluación del córdoba, que se mantiene desde el año de 2004; una tasa de inflación acumulada anual entre 5.5% y 6.5%, que en un escenario de mayor inflación importada pone en entredicho el cuestionable cálculo inflacionario que la autoridad monetaria realiza con la suma de la tasa de devaluación del córdoba (5%) y de la tasa de inflación internacional o la inflación objetivo de 2% de las economías avanzadas, que en Estados Unidos, principal socio comercial del país, ya alcanzó en enero recién pasado; y un saldo de reservas internacionales brutas de 2 mil 570 millones de dólares, equivalente a 2.4 veces el saldo de la base monetaria al 31 de diciembre del año en curso.

La dinámica del crecimiento económico de Nicaragua es incuestionable, pero sigue siendo insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza. En los últimos cuatro años, el flujo bruto anual de la inversión extranjera directa (IED) se aproximó a los 1 mil 350 millones de dólares, aunque hoy reconocemos que las incertidumbres económicas y políticas provenientes del exterior podrían afectar a la IED, que es la principal fuente de aumento de las reservas internacionales del BCN. La actividad de la construcción pública en infraestructura económica es notable en este año, y también lo es la construcción privada. En términos interanuales, el volumen de consumo actual de energía eléctrica crece a un ritmo de 6.5%, mientras que la recaudación real, sin incluir la inflación, de los impuestos indirectos del Gobierno Central aumenta 15.2%.

Fácilmente se puede concluir que el PIB Real está creciendo anualmente con una tasa mayor que 5%, aun tomando en cuenta que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4.4% promedio anual en 2016, dos décimas menos que la registrada en diciembre de 2015 cuando el país era azotado por una sequía que duró dos años consecutivos. Además, el IMAE, que no toma en cuenta la recaudación de impuestos indirectos arriba mencionada, sólo incorpora volúmenes de producción de bienes y servicios más importantes del país, aunque la producción de aproximadamente 20 productos clave de la economía nacional es estimada por el BCN debido a la indisponibilidad de datos sectoriales, de acuerdo con la información que la autoridad monetaria publica en su página web.

Desde la década de los noventa se ha observado que la proyección anual de los ingresos tributarios del gobierno central ha sido menor que sus datos observados al final de cada año. Con la severa política de ajuste económico establecida desde 1994, se contuvo el crecimiento del gasto público en concepto de transferencias a las alcaldías, las universidades y el Poder Judicial. Sin embargo, generalmente en el segundo semestre de cada año se realizaban las reformas presupuestarias debido a la sobre recaudación de impuestos, que no se asignaba exclusivamente a un mayor gasto público, sino a un aumento de los depósitos del gobierno central en el BCN con el fin de proteger la posición de las reservas internacionales. Cabe agregar que una mayor recaudación real (o sin inflación) de impuestos, especialmente indirectos, indica un mayor crecimiento del PIB Real.

En cuanto a la inflación, en opiniones anteriores hemos señalado que se acelerará en este año por las alzas de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos el petróleo, y de las tasas de interés internacionales que harán más escaso y más caro el financiamiento externo, especialmente el contratado por el sector público con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y por la banca comercial con instituciones financieras internacionales.

La tasa de inflación interanual en enero de este año ya está cerca de la barrera de 4%, 1 punto porcentual por encima de la tasa de inflación acumulada en 2016. Más aún, el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico reflejó un aumento interanual de casi 3% en enero, que es mayor en 2 puntos porcentuales que el registrado en todo el año de 2016. Esto debe preocupar al BCN si se empecina en mantener su horquilla inflacionaria programada para 2017, que hoy está influenciada principalmente por la inflación importada.

En el tiempo transcurrido en este año, las colocaciones netas de Letras subastadas por el BCN han contraído la base monetaria en un poco más de 2 mil millones de córdobas y el 84% de este monto se ha logrado con plazos de 7, 14 y 30 días, lo que refleja una poca confianza de los inversionistas financieros, mientras se observa, por otro lado, una expansión de la base monetaria de 468 millones de córdobas debido a la disminución del excedente de encaje diario que el sistema financiero tienen en las arcas del BCN.

Esos dos mecanismos del BCN para administrar la liquidez en córdobas han impactado la disponibilidad de dinero (córdobas) en el mercado. A finales de enero recién pasado, el medio circulante, es decir, el monto de córdobas que circula fuera del sistema financiero nacional más el saldo de los depósitos en cuenta corriente, registró la severa desaceleración interanual de 1.8% y al 23 de febrero se había recuperado en el nivel de 5.8%, pero muy por debajo de la acostumbrada tasa promedio interanual de 20% registrada en 2015. Con esa medida monetaria se defiende la posición de reservas internacionales y se garantiza la estabilidad macroeconómica, porque los agentes económicos reducen su demanda de importaciones pero con el costo de la desaceleración del crecimiento económico, al entorpecerse las decisiones empresariales relacionadas con los volúmenes de ventas y de inventarios.

Será difícil contener y reducir la inflación del componente importado de la economía nicaragüense en 2017, porque el valor de las importaciones domésticas de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción representa casi el 70% del PIB. La horquilla inflacionaria entre 5.5% y 6.5%, según el BCN, estará acompañada del aumento anual de US$122 millones en las reservas internacionales brutas, pero estos dos objetivos no consideran los riesgos económicos y políticos que podrían desencadenarse desde el exterior. Se nota muy bien la gran importancia que tenía el crédito petrolero de Venezuela para garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

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El riesgo de una guerra comercial mundial

Lo opuesto al libre comercio es la guerra comercial, o sea, la proliferación de aranceles a las importaciones de bienes. Con el supuesto de que desaparecieran los tratados de libre comercio más importantes y de que los países de economía avanzada comenzaran a poner aranceles a diestra y siniestra, la economía mundial se afectaría con una pronunciada desaceleración o estancamiento, en el mejor de los casos, o con una nueva recesión, en el peor de los casos. Los precios de los bienes importados se incrementarían y la tasa de inflación de los precios al consumidor se aceleraría en todas partes del mundo. Este escenario económico, el de una caída de la producción con una elevada inflación, es conocido en la literatura económica como estanflación.

La imposición de aranceles, hasta este momento, es una promesa electoral y un deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no hay que olvidar que crear, modificar y destruir impuestos es una atribución de los hacedores de leyes, de los legisladores, y no del ejecutor de las leyes, el presidente de la república.

El establecimiento de aranceles de parte de Estados Unidos a las importaciones procedentes, por ejemplo, de México o de China, sería posible con una ley estadounidense mas no con un decreto presidencial; en otras palabras, la guerra comercial sería aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que también aprobó los tratados de libre comercio, como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) y el CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement). La Organización Mundial de Comercio (OMC) también tendría que pronunciarse al respecto. No obstante las marcadas intenciones proteccionistas exponen al riesgo la globalización y las relaciones multilaterales, que se gestaron desde 1944 con la suscripción de los acuerdos de Bretton Woods.

Con mayoría republicana, las dos cámaras del Congreso estadounidense darían un giro de 180 grados si sustituyeran el libre comercio con la guerra comercial, ya que el NAFTA fue aprobado cuando era presidente de Estados Unidos George Bush padre, y el CAFTA-DR, cuando era presidente George Bush hijo.

Sin embargo, la incertidumbre económica y comercial siempre está presente, porque en política todo puede suceder. El presidente Donald Trump ya dio un ejemplo de su animadversión para los tratados comerciales multilaterales al firmar un decreto para retirar a Estados Unidos del TPP (Trans-Pacific Partnership), un acuerdo comercial de doce países de la Cuenca del Pacífico con un Producto Interno Bruto (PIB) igual a 42% del PIB Mundial. Además, lanzó una advertencia a las empresas que estén pensando en localizar su producción fuera de Estados Unidos de que les impondrá un impuesto fronterizo muy fuerte sobre el producto cuando llegue.

El presidente Trump también ha externado su simpatía por el Brexit y por la fragmentación de la Unión Europea y ha acusado a Alemania de manipular el tipo de cambio, o sea, de subvaluar el euro, para dar una mayor competitividad a las empresas exportadoras alemanas. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), el economista italiano Mario Draghi, rechazó esa denuncia.

La incertidumbre económica también crece, porque el presidente republicano ha mostrado sus intenciones facilitar las inversiones en Estados Unidos por la vía de un recorte masivo de impuestos, así como reducir los impuestos a los ricos como a las empresas, hasta un rango de entre el 15% y 20%, frente al 35%, o probablemente más, 38% actual.

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para impulsar la construcción del prometido muro de separación con México, con el fin de frenar la entrada irregular de inmigrantes, el cual haría pagar a México mediante un impuesto del 20% a sus importaciones.

Cumplió la promesa de desmantelar los programas sociales, iniciando con la flexibilización de la ley sanitaria Obamacare, y liberalizó a los contaminadores del medio ambiente, firmando dos órdenes ejecutivas para resucitar los proyectos de construcción de dos polémicos oleoductos, Keystone XL y Dakota Access, que la Administración de Obama frenó con el argumento del daño medioambiental. Aprobó el proceso de revisión integral del paquete de medidas reglamentarias conocido como la Dodd-Frank Act, que se adoptó por iniciativa de la Administración de Barack Obama tras la pasada crisis financiera desatada por el desplome de Lehman Brothers para poner a raya a los grandes bancos y evitar abusos.

Dio la orden ejecutiva de reducir las regulaciones burocráticas del gobierno federal, de tal forma que por cada nueva regla impuesta se eliminen otras dos.

Impuestos, aranceles, desregulación, reducción de beneficios sociales, es un menú de política económica muy peligroso, mucho más peligroso en un momento en que la economía mundial no ha recuperado la velocidad normal de su crecimiento después de la recesión económica mundial de 2008-2009. La liberalización comercial versus la guerra comercial.

Frente a un choque externo de esa índole, no existe ningún plan B que ayude a resistirlo. Si la economía mundial se estancara o entrara en recesión, la economía de Nicaragua también caería, no porque nuestro país sea un tomador de precios en el mercado internacional, como argumentan algunos economistas locales, sino porque la economía de Nicaragua es tremendamente abierta: en términos anuales, el valor total de las exportaciones y de las importaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción superó el 102% del PIB del país en 2016. Cabe recordar que entre los efectos de la gran recesión de mundial de 2008-2009 que se observaron en Nicaragua, el PIB Real cayó 2.8%.

Reflexiones sobre el pliego tarifario de energía eléctrica

La diversidad de tarifas de energía eléctrica para los consumidores intermedios, o sea, los empresarios, es un problema económico porque distorsiona los costos de producción y la competitividad empresarial en una forma “selectiva”, es decir, afecta según el tipo de actividad económica en que se desempeña la empresa. El gobierno, que es el coordinador de las políticas públicas, no se ve en la reforma del pliego tarifario. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) sólo están esperando la propuesta empresarial.

Entre los consumidores intermedios, los subsidios cruzados de las tarifas de energía eléctrica castigan principalmente a la actividad de Comercio, y entre los consumidores finales de electricidad se castiga exclusivamente a las familias que consumen más de 150 kWh mensuales. Ambos consumidores, comerciantes y familias antes mencionadas, subsidian a las actividades Agropecuario (riego), Industria Manufacturera y Agua Potable (el bombeo).

La reforma del pliego tarifario de energía eléctrica es un “tema delicado”,  dicen los servidores públicos. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) discute y analiza este tema para presentar una propuesta de política tarifaria al gobierno, que no dejará contentos a todos los agentes económicos porque siempre hay ganadores y perdedores.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las políticas públicas no se dejan exclusivamente en manos del Mercado. Es correcta  la afirmación que es necesaria la reducción del número de tarifas, siempre y cuando que esté basada en una metodología científica sólida.

El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, declaró que van a bajar de 60 a 5 las tarifas de electricidad, lo cual consideró revolucionario y en beneficio de todos los consumidores. Concluir que lo anterior es o no es aceptable, se lo dejamos a los expertos en el tema energético, pero los consumidores deberán pronunciarse si el precio es o no es justo, aunque siempre habrá ganadores y perdedores.

La solidaridad de la tarifa debe continuar para las familias que consumen 150 kWh o menos  mensuales. Por consiguiente, el resto de las tarifas no deberían ser “solidarias”, sino “justas”, y es en este tema en que la teoría económica ofrece distintos enfoques controversiales, que ya comienzan a exponerse públicamente.

Existe una prescripción estandarizada que dice: “Eliminar o reducir al máximo aquellas “distorsiones” que afecten los incentivos derivados de los precios relativos que resultan de la acción espontánea del mercado”. Si los mercados son liberados de “distorsiones”, o si se establece una política puramente “neutral” frente a los incentivos que derivan de una acción desregulada de los mismos, llevarán a un equilibrio y a una asignación de recursos semejante a la descrita por la Norma de Competencia Perfecta. Este es el Principio de la Neutralidad, un estandarte de las políticas fondomonetaristas o neoliberales.

El argumento de la “Neutralidad Pura” olvida, en primer lugar, que la propia “Norma de Competencia Perfecta” reconoce la posibilidad de que el logro de los “precios correctos” –llamémoslos “justos”-, en presencia de fallas de mercado, puede requerir subsidios o impuestos especiales que compensen dichas fallas, alejándose de una “neutralidad pura” o “perfecta”.

En segundo lugar, un país como es Nicaragua, el argumento de “Neutralidad Pura” olvida que estas políticas actúan en un contexto de marcadas heterogeneidades y asimetrías, y en ese marco el impacto de políticas “parejas para todos” –llamémoslas “planas”- dista mucho de ser “neutral” y, mucho menos, equitativa.

Veamos algunos ejemplos. En Nicaragua, la política crediticia no es neutral, la tasa de interés no la fija el mercado, el pago del impuesto sobre la renta de las actividades económicas no ha sido neutral, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica actual no es neutral, los procedimientos para la formación de precios y salarios no es neutral, la política de privatización no fue neutral, las subastas de los activos de cuatro bancos que fueron liquidados en 2001 y 2012 no fue neutral. Por supuestos, existen otros ejemplos.

En resumen el “Mercado” no es perfecto ni es Dios, y no puede sustituir, por muy importante que sea como mecanismo de asignación, las decisiones colectivas referentes a la equidad, la reducción de los niveles de heterogeneidad y disparidades estructurales y el bienestar general de la sociedad, entre otras más importantes como son, por ejemplo, la estrategia de desarrollo económico nacional y la protección ambiental.

Los nicaragüenses no pueden renunciar a la adopción de tales decisiones. El avance del análisis económico en las últimas cuatro décadas ha mostrado que “los mercados, tal como funcionan realmente, están plagados de fallas e imperfecciones”: la competencia es imperfecta; la información es costosa, de difícil recolección y está distribuida en forma asimétrica; los mercados son incompletos o subdesarrollados; la racionalidad de los agentes económicos es limitada; la interdependencia estratégica existe entre los agentes económicos; las economías de escala existen; y las externalidades son múltiples y generalizadas.

Como siempre ocurre, la decisión final quedará en manos del político de turno en el poder, para quien está claro, por el momento, que el precio que pagan los consumidores de 150 kWh o menos mensuales de energía eléctrica es “justo”. Esperemos que el asesor económico presidencial y los servidores públicos especialistas en el tema energético asesoren en buena forma al presidente Daniel Ortega para que se pronuncie sobre los precios “justos” del pliego tarifario de energía eléctrica.

 

 

El impacto del precio del fuel oil en la tarifa de electricidad

En enero de este año, el precio promedio mensual del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica, muestra una variación interanual de 63% (con respecto a enero de 2016). Cuando aumentan los precios internacionales del petróleo, suben los precios de los combustibles y las tarifas de energía eléctrica en dependencia de la generación termoeléctrica del país y, por la vía de la oferta, suben los costos de producción y, por ende, los precios al consumidor de todos los bienes y servicios, con el consecuente deterioro del poder de compra de los consumidores.

Frente a una importante inflación importada en este año, la política monetaria tremendamente restrictiva del país no puede hacer nada. El Banco Central de Nicaragua (BCN) no tiene ninguna influencia sobre las tasas de interés del sistema financiero nacional para reducir el gasto. Tampoco tiene una política cambiaria efectiva para poder enfrentar los choques externos, ya que en 2015 la economía nicaragüense tuvo una apertura igual a 104.3% del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es decir, el valor total anual de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios no factoriales superaba el valor anual de la producción interna del país.

En Nicaragua los precios de los combustibles se estructuran en base al mercado de referencia de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, incluyendo los precios de la produccion de refineria PUMA. Los precios del barril de derivados en ese mercado marcador son muy volátiles, obedecen en una buena parte a los vaivenes del mercado de los Estados Unidos e incluso a razones geopolíticas, y, consecuentemente, así también son los precios de los combustibles líquidos, entre ellos las gasolinas, el diesel y el fuel oil o bunker (FO), y el precio del gas licuado, en el mercado nacional.

El precio USGC promedio mensual del barril de fuel oil No. 6-3% ha escalado desde US$19.05 en enero de 2016 (por cierto un mes muy particular donde los precios cayeron) hasta US$46.65 en enero de 2017, lo que reflejó una alza interanual de 144.8% y, excluyendo noviembre, se volvió a acelerar desde septiembre de 2016. Sin embargo, en términos promedio mensual en 2016 se observó una caída promedio anual de 21.6% de dicho precio, al pasar de US$40.78 en 2015 a US$31.97 en 2016, .

El último ajuste tarifario de la energía eléctrica que aprobó el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) fue en agosto de 2016. La distribución del ahorro fue realizada de la siguiente manera: 47% a la tarifa de energía eléctrica, 23% a los proyectos de reducción de la pobreza y 30% al pago de la deuda con CARUNA. Ahora, al no haber ahorro en el último cuatrimestre de 2016, es muy probable que el mayor costo en la importación de fuel oil se trasladará exclusivamente a la tarifa de energía eléctrica.

En agosto de 2016, el precio Costa del Golfo promedio mensual del barril de fuel oil fue US$34.37. En diciembre recién pasado, dicho precio fue US$44.96 y reflejó un promedio mensual de US$39.90 en el último cuatrimestre del año con un aumento de 16.08% con respecto al precio de agosto antes mencionado. Cabe agregar que en enero de 2017 el mismo precio fue US$46.65 y registró un promedio mensual de US$41.25 en el período septiembre 2016-enero 2017 con un aumento de 20.01% en relación con el precio de agosto de 2016.

Por otro lado, de acuerdo con las estadísticas oficiales disponibles a la fecha, en el período enero-octubre del año de 2016 el 48.1% de la generación de electricidad correspondió a plantas termoeléctricas, o sea, que consumen fuel oil. Ese porcentaje de participación de la generación termoeléctrica junto a la alza de 20.01% arriba mencionada implicaría un aumento de la tarifa de energía eléctrica de 9.62% en la primera revisión tarifaria de este año. Si las autoridades del INE y los representantes de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) decidiesen realizar el ajuste tarifario con los datos hasta diciembre de 2016, el ajuste tarifario sería 7.73%. Sin embargo, seria esclarecedor saber, de parte del INE, cuál fue el precio del bunker y el cálculo para la fijación de la tarifa actual de la energía y qué parte de ese componente se debe afectar por el precio del bunker.

Con el supuesto que se tome en cuenta la información hasta enero del año en curso, es decir, un ajuste de 9.62%, y con base en las relaciones intra e intersectoriales de la economía nicaragüense, el primer ajuste tarifario de la energía eléctrica en 2017 provocaría una inflación nacional de casi 3 décimas porcentuales. Las actividades económicas expuestas a los mayores incrementos en sus costos de producción por la alza del precio del kWh son electricidad, agua potable, cultivo de caña de azúcar, vidrio y productos de vidrio, azúcar, maquinaria y equipo de transporte, hilados-tejidos-prendas de vestir, productos mineros y servicios de enseñanza y de salud. Por el lado de la demanda interna, consumo e inversión, la nueva tarifa no afectará aproximadamente al 80% de las familias que consumen mensualmente 150 kWh o menos, porque reciben un subsidio según la ley.

Veremos que ocurre en las próximas sesiones de trabajo entre el INE y la CEN. Lo que preocupa con la tendencia alcista de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles es el deterioro de la competitividad de las empresas radicadas en el país frente a sus competidores externos. Una solución a este problema sería la revisión del pliego tarifario de energía eléctrica.

Finalmente, es conveniente reafirmar que muchas de las plantas térmicas, en particular los “viejos dinosaurios” como las plantas Managua y Nicaragua, deben salir del sistema, siguiendo después con la planta en Corinto y otras de igual data. Un aumento en la tarifa les daría un poco más de “oxígeno” en su “lecho de muerte”.