Las preocupaciones tardías del FMI

30 06 2010

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó recientemente sus preocupaciones por las políticas económicas populistas y los problemas de gobernabilidad en Nicaragua, que afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas y el ambiente empresarial.

Debería reconocerse que la suspensión de las donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario ha incidido en el aumento de la deuda pública externa, por lo cual el saldo de dicha deuda se está aproximando al 65% del PIB a finales de 2010, mientras que en 2008 era de 56% y, por lo tanto, la vulnerabilidad externa de la economía se expone a un severo riesgo. Por esta preocupación, el FMI propone la diversificación de los mercados de exportación y de las fuentes de cooperación internacional.

Por otro lado, el FMI reconoce que el bono salarial anunciado por el Presidente Daniel Ortega el pasado 30 de abril aumentó la planilla salarial en 0.5% del PIB, implicando un crecimiento de la masa salarial de 9% en vez del 3.5% aprobado en el programa económico de este año, pero el FMI guarda silencio sobre el crecimiento de la producción que ahora se acerca a 3% en vez del 1% programado y sobre la tasa de inflación de precios al consumidor que se ha elevado hasta 7% en vez del 3% programado para este año por efectos de las alzas de precios internacionales de los hidrocarburos, los alimentos y las materias primas.

Sin embargo, el FMI reconoce que el bono salarial no aumentará el déficit fiscal de 4.9% ni el saldo de la deuda interna del gobierno central de US$1,273 millones fijados para 2010, debido a que ha sido financiado con una donación de Venezuela, pero está preocupado por la creciente tendencia del gasto público y porque el bono podría influir las negociaciones salariales en el sector privado. Aparentemente, el FMI vuelve a ignorar que la política salarial en el sector privado depende exclusivamente de la capacidad financiera de las empresas, tal como se estableció en el primer Programa “ESAF” del FMI en nuestro país.

Hasta ahora, y tardíamente, el FMI reconoce que el crecimiento económico de Nicaragua es muy anémico y que la reducción de la pobreza es muy lenta, pero continúa ignorando aparentemente, o encubriendo, que la pobreza se amplió y se profundizó cuando Nicaragua recibió la más grande ayuda como fue la de no pagar el servicio de la deuda externa a los países miembros del Club de París y a las instituciones financieras internacionales con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC).

En vez de que se canalizaran los impuestos liberados del pago de la deuda externa a proyectos de educación, salud y saneamiento ambiental, algunos altos cargos públicos en la Administración del Ing. Enrique Bolaños, principalmente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  y en el Banco Central, avalados por el FMI, desviaron más de la mitad del alivio de la Iniciativa HIPC hacia el pago de una deuda pública interna, que ha sido denunciada como ilícita y acusada penalmente por instituciones del Estado.

Muy tarde reconoce el FMI que el país necesita políticas públicas para mejorar la competitividad empresarial y la productividad de la economía, pero el policía financiero internacional prosigue ignorando aparentemente que: 

(i)           el aumento del año promedio de escolaridad de la población es un problema que no se puede resolver en el corto plazo y que es necesario restablecer la educación técnica media y superior en el país; 

(ii)          urge la transferencia de tecnología para las microempresas y pequeña y medianas empresas por parte del Estado; 

(iii)         el tipo de cambio real muestra un 20% de sobrevaluación, porque es un rehén de la excesiva dolarización extraoficial y de los mecanismos de indexación de precios con respecto al valor del dólar; 

(iv)         se requiere introducir los servicios públicos y mejorar la red vial en las zonas rurales; y 

(v)          se necesita mejora la regulación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) para disminuir los costos a la economía y a las familias, ya que la tasa de interés no es fijada por el mercado libre.

Pero el FMI se limita a señalar que para elevar la competitividad sólo se requiere limitar los ajustes salariales –algo factible en el corto plazo- y reducir la dependencia del petróleo -sólo posible en el largo plazo-.

Finalmente, el FMI trata de mitigar sus actuales preocupaciones, en el mal momento de un elevado desempleo, al aconsejar las autoridades gubernamentales que para compensar la reducción de la ayuda externa: 

(i)           amplíe la base de contribuyentes –yo diría cobre bien los impuestos y revise las exenciones y exoneraciones en el pago de los tributos-; 

(ii)          mejore la administración tributaria  -esta es una tarea permanente-; 

(iii)         racionalice el gasto público con la contención del ajuste de los salarios del sector público –esto dependerá del crecimiento de la producción y de los precios, acorde con la fórmula fondomonetarista-, y con la reducción de las grandes asignaciones presupuestarias –lo cual parece una invitación a modificar la Constitución de la República para disminuir el 10% del gasto total del presupuesto en concepto de transferencias a las universidades y al Poder Judicial, lo cual no es posible en un año electoral y demanda un gran consenso nacional-; 

(iv)         reduzca los subsidios generalizados -¿los del transporte público en la Ciudad de Managua y en Ciudad Sandino?, ¿y los del consumo de energía eléctrica?; y 

(v)          reforme el sistema de pensiones, con el aumento de años para la jubilación, el aumento de las tasas de contribución y la reducción de los beneficios de los asegurados, con el fin de mejorar la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social –lo cual también no es posible realizar en un año electoral-.

Es muy probable que en el momento de discusión para lograr la cuarta revisión y la quinta revisión del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” en agosto próximo, el FMI condicione la aceptación de sus consejos no sólo para esa aprobación sino también para la extensión de un año de dicho programa.

Si esas pretensiones se concretaran, el presupuesto de Nicaragua se ajustaría a expensas del 80% de la población que es pobre, el crecimiento económico del país sería más lento de lo que afirma actualmente el FMI, seguiríamos empantanados en la estabilización macroeconómica que es insuficiente para reducir el malestar microeconómico, y el equilibrio fondomonetarista provocaría más pobreza porque reducir el déficit fiscal, por ejemplo de 5% a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), con menos donaciones externas conduciría a un ajuste draconiano.

Nicaragua necesita buscar un mayor crecimiento y de mejor calidad para potenciar la demanda interna, o sea la inversión y el consumo, y no continuar basando el crecimiento de la producción exclusivamente sobre las exportaciones.

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La justa defensa de los derechos de los consumidores

27 06 2010

Siete bancos comerciales y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) han sido denunciados por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) en el Instituto Nacional de Promoción a la Competencia (PROCOMPETENCIA) por sus prácticas anticompetitivas en contra del mercado financiero nicaragüense, específicamente en el mercado de tarjetas de crédito para el consumo al fijar: 

  • las tasas de interés corrientes en 60% y 39% asociadas con el córdoba con mantenimiento de valor y con el dólar respectivamente, 
  • las tasas de interés moratorio de 90% y 58.5% asociadas con las moras en córdoba con mantenimiento de valor y en el dólar respectivamente y 
  • las comisiones de 4% y de 3% por retiros de dinero en córdobas con mantenimiento de valor en dólares respectivamente,

lo cual obstaculiza el libre mercado y la libertad de elección de los consumidores, microempresas y pequeñas empresas y, según la RNDC, ha provocado desde el año de 2007 hasta la fecha actual un daño superior a los 100 millones de dólares a los agentes económicos que se han endeudado con dichas tarjetas.

Este tipo de prácticas bancarias inapropiadas restan competitividad al mercado, y parece que la dirección de ASOBANP no tiene capacidad para evitar que las decisiones de los bancos sean, en el mejor de los casos,  oligopólicas y, en el peor de los casos, de competencia monopolística.

Es fácil deducir que el cálculo de la tasa de interés que los bancos pagan a los ahorristas se basa en la tasa de interés de las Letras Estandarizadas que subasta el Banco Central de Nicaragua. Se puede afirmar que en mayo de este año la tasa de interés promedio ponderada devengada por los depósitos de ahorro y a plazos en córdobas con mantenimiento de valor fue de 3.36%, y la correspondiente a dólares fue de 3.75%, mientras que en el mismo mes la tasa de interés que pagó el BCN a los grupos financieros que compraron Letras de Estandarizadas fue de 2.68%.

Sin embargo, los grupos finacieros emisores de tarjetas de crédito, al establecer la tasa de interés que cobran a los usuarios de las tarjetas de crédito, no hacen uso de la tasa de interés para préstamos entre particulares que publica mensualmente el BCN, con base en datos de los mismos bancos que no incorpora la tasa de interés de las tarjetas de crédito, y que en junio recientemente pasado fue de 16.69%.

La decisión de corte “monopólica” para reducir en 10 puntos porcentuales la tasa de interés de la deuda en córdobas con mantenimiento de valor por el uso de la tarjeta de crédito, que pasaría de 60% a 50% en la fecha de corte del junio de 2010 como lo estipulara el comunicado de la ASOBANP del 31 de mayo de 2010, pone en evidencia pública, como dice la RNDC, “la existencia de un cartel para la fijación de las tasas de interés”, y yo agrego la evidencia pública de la acción auto reguladora de los regulados que puso en entredicho el papel de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

Mientras los bancos privados pagan una tasa de interés de 3.36% a los depósitos de ahorro y a plazos en córdobas, les cobran a los consumidores una tasa de interés de 50% si la deuda es en córdobas con mantenimiento de valor. ¿Cómo podrían explicar los bancos ese diferencial de 46.64 puntos porcentuales, que antes era de 56.64 puntos porcentuales?

El saldo de la deuda por el uso de la tarjeta de crédito para el consumo era equivalente a 305 millones de dólares y representaba el 15% del total de la cartera de crédito del sistema financiero nacional al 31 de marzo de este año. Por cada banco, la deuda por el uso de tarjeta como un porcentaje de su cartera de préstamos mostraba la siguiente importancia a la misma fecha antes mencionada: el CITY con el 55.1%, el BAC con el 12.8%, el BANPRO con el 8.9%, el BANCENTRO con el 4.1%, el BDF con el 2.8%, el BANEX con el 2.3% y el PROCREDIT que no emite este tipo de tarjeta.

Pero todos los bancos son miembros de la ASOBANP y fueron denunciados junto con su Asociación por violar el artículo 16 y el inciso a) del artículo 18 de la Ley No. 601 “Ley de Promoción a la Competencia”, vigente a partir del 27 de junio de 2007, que en el mismo orden dicen lo siguiente: 

  • “Prohibición General. Se prohíben los actos o conductas, acuerdos, pactos, convenios, contratos entre agentes económicos competidores y no competidores, sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier agente económico, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley”. 
  • “Prácticas entre Agentes Económicos Competidores. Particularmente quedan prohibidos los siguientes convenios y acuerdos entre agentes económicos, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales que: a) Establezcan acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular el precio u otras condiciones de venta o compra de bienes o servicios bajo cualquier forma; al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto…”.

Por otro lado, el artículo 50 de la Ley No. 561 “Ley General de Bancos” dice: “En los contratos que los bancos celebran con sus clientes, éstos podrán pactar libremente las tasas de interés. Por consiguiente, quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a este artículo.” Con la denuncia de la RNDC, que está al frente de la protección y la defensa de los derechos de los consumidores, se demostró que la tasa de interés no la fija el libre mercado o la libre competencia.

También ha quedado demostrado que persiste la necesidad de legislar para regular el costo del crédito en Nicaragua con base en la información de mercado, no obstante algunos legisladores han afirmado que debemos observar primero cómo funciona el reglamento elaborado por los bancos y aprobado por la SIBOIF. Así como existe una fórmula para estimar y regular la tarifa de consumo de energía eléctrica, también considero que es necesario establecer un procedimiento análogo con base en la tasa de interés para préstamos entre particulares antes mencionada.

Para eso, se necesita una nueva ley de promoción y ordenamiento del uso de la tarjeta de crédito, con el fin de limitar la impunidad de los bancos, fortalecer el control de los ciudadanos, defender la soberanía del consumidor, promover una mayor competencia en el sistema financiero nacional y bajar los costos a la economía y a las familias.

Ojalá que la gestión de PROCOMPETENCIA para activar la denuncia de la RNDC no tenga que enfrentar desacatos a su mandato ni tácticas dilatorias para honrar oportunamente la justa demanda del vigilante de los derechos de los consumidores.





El mejoramiento institucional de la autoridad monetaria

23 06 2010

Pronto tendremos una nueva ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), porque la condicionalidad establecida en las negociaciones con el Fondo Monetario internacional (FMI) exige su aprobación para finales de este mes de junio.

Fortalecer la autonomía y su capitalización con Bonos del Tesoro son los objetivos fundamentales que persigue la nueva ley de la autoridad monetaria y, pretende, en mi opinión, fortalecer los instrumentos de políticas macroeconómicas. Yo me pregunto cuáles instrumentos.

Sin plena autonomía, el BCN por ley no puede conceder préstamos al Gobierno Central y es prestamista de última instancia para el sistema financiero nacional. Por lo tanto no hay riesgos de emisión inorgánica de dinero porque el presidente del BCN puede ser acusado en un tribunal de justicia.

El BCN endeuda a los nicaragüenses a un costo más elevado que el del mercado financiero internacional y a muy corto plazo, a través de las mal llamadas operaciones de mercado abierto (OMAs), que son activadas por incumplimientos de las reformas estructurales suscritas con el FMI al cerrarse las ventanillas de préstamos multilaterales muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad, que se destinan a “fortalecer” la posición de las reservas internacionales y a pagar los intereses y las amortizaciones de la deuda pública externa, en fin para mantener la estabilidad macroeconómica.

Las pérdidas acumuladas por el BCN durante el período 1993-2009 suman un monto equivalente a US$558 millones, influenciadas en gran parte por el pago de intereses y el mantenimiento de valor de los títulos emitidos por el BCN, entre ellos CENIS subastados, CENIs Bancarios, CENIs Cafetaleros, Títulos Especiales de Liquidez, Títulos Especiales de Inversión, Bonos Bancarios y Letras Estandarizadas Subastadas. Así como los impuestos contribuyen por ley a financiar las pérdidas del BCN, también sugiero que el BCN pague intereses a los fondos del Gobierno Central en sus cuentas en el BCN.

El tipo de cambio oficial es un rehén de la cláusula de mantenimiento de valor y de otros mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al valor del dólar, lo que no facilita enfrentar choques externos ni corregir su gran rezago cambiario. Después de 19 años que desapareció la hiperinflación en Nicaragua, la nueva propuesta de ley no libera al tipo de cambio oficial de los efectos perversos de la cláusula de mantenimiento de valor porque, lastimosamente, el Artículo 38 confirma que “las obligaciones expresadas en córdobas mantendrán su valor con relación a una moneda extranjera”.

La tasa de interés son fijadas por el mercado, dicen los grupos financieros, pero eso no es cierto en un sistema financiero que en el mejor de los casos es un oligopolio y que en el peor de los casos aparece como un monopolio, por ejemplo cuando al unísono todos los emisores de tarjetas de crédito anunciaron una reducción de 60% a 50% en la tasa de interés cobrada a los usuarios del dinero plástico y por lo cual han sido acusados, junto con su asociación, por el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PRO COMPETENCIA).

Me pregunto también dónde está la función reguladora del BCN para corregir las arbitrarias tasas de interés activas y pasivas en el mercado financiero local. En su propuesta de nueva ley no pude distinguir el desarrollo de instrumentos de política financiera para ser aplicados desde el BCN, ya que la propuesta de nueva ley sólo enfatiza los instrumentos de la política monetaria y de la política cambiaria. Sin embargo, parece que se propondrá que la tasa de interés del BCN será la tasa promedio de los 12 meses anteriores en la captación de depósitos en córdobas y en moneda extranjera y se fijará públicamente. Así, la tasa de interés del BCN se basará en lo que diga el mercado oligopólico, o monopólico en el peor de los casos.

En cuanto a los instrumentos de la política monetaria, afirmé anteriormente que el BCN  maneja con gran libertad y a veces se excede en el uso de la OMAs para regular la liquidez en córdobas en el mercado local, a pesar que el 70% de la liquidez global en la economía de Nicaragua está dominado por dólar estadounidense, mientras que la tasa de inflación se mide en córdobas sin mantenimiento de valor.

Sin embargo, el BCN trata de fortalecer la tasa de encaje legal, otro instrumento para regular la liquidez en córdobas y en dólares del mercado, con el fin de eliminar la rigidez con la que se establece en la actual ley orgánica del banco.

Creo que este objetivo que persigue la nueva ley, flexibilizar la forma de calcular la tasa de encaje legal, es correcto, porque cuando los bancos cayeron en un exceso de liquidez en 2009 atemorizados por una posible irrecuperabilidad del crédito en un escenario de recesión económica, la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas se elevó hasta 30%, mientras que la de los depósitos en moneda extranjera subía hasta un 23%, pero la tasa de encaje legal es de 16.25% sobre los depósitos en ambas monedas.

Muy positiva veo la despartidización del Consejo Directivo del BCN, al eliminarse la representación del partido político que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y al garantizarse la presencia de un solo funcionario del Gobierno Central, que le corresponde al que ocupe el cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien junto al Presidente del BCN deberían tratar al máximo la coherencia entre la política fiscal y la política monetaria, mas no sólo por la particularidad de la pesada carga de la deuda pública, principalmente la interna.

También es correcta la apreciación que el Presidente del BCN, elegido por la Asamblea Nacional para un período de 5 años, culmine su gestión a mediados de cada período del Presidente de la República, con el fin de que se respete la autonomía de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. También se propone cambiar la periodicidad en el cargo del resto de miembros de dicho Consejo Directivo y nombrar los suplentes de dichos miembros. Lo que no pude apreciar son los requisitos profesionales de los miembros que integren la Junta Directiva del BCN.

Ojalá que la transparencia en el manejo de las decisiones del Consejo Directivo del BCN sea una realidad, cuando se propone publicarlas en el Diario Oficial La Gaceta; yo sugeriría que, sin menoscabo de lo anterior, el Presidente del BCN sea autorizado para publicarlas en la página web de la institución, pero no muy tardíamente.

Las actuales autoridades del BCN quisieron absorber con la nueva ley el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), con el argumento de racionalizar el gasto de operación y administración de dicho Fondo. La misión técnica del FMI argumentó que es necesario eliminar las ambigüedades del FOGADE en los procesos de liquidaciones bancarias y que no es posible la absorción del FOGADE por el banco, entiéndase absorber futuras crisis del FOGADE por el banco, y que esas crisis sean trasladadas al Gobierno Central, entiéndase a los contribuyentes.

El problema de la emisión de billetes, que se suscitó con la única firma sobre el nombre del Presidente del BCN en los nuevos billetes de córdoba, se resuelve con la introducción del la Ley Monetaria en la nueva Ley del Banco Central.

Aconsejo que se debe analizar con más profundidad la calidad de los instrumentos financieros en manos del BCN con el propósito de inducir a una racionalización en la conducta del sistema financiero nacional, que no es eficiente ni garantiza un apoyo al crecimiento sostenible de la producción deseado por todos los agentes económicos y sociales del país.

También aconsejo que no se le dé una mayor importancia a la tasa de encaje legal, a sabiendas que las subastas de Letras Estandarizadas han sido y son más efectivas para regular la liquidez, que al tipo de cambio real cuya apreciación explica en gran parte un déficit comercial, exportaciones FOB menos importaciones CIF, equivalente al 35% del Producto Interno Bruto (PIB). En alguna próxima administración pública, el Presidente de Nicaragua tendrá que enfrentar el dilema de dolarizar oficialmente o recordobizar la economía, y para ello tendrá que reducir al máximo el gran rezago del tipo de cambio real. Pero la propuesta de esta ley no se lo facilita.

Finalmente, una pregunta a los diputados: ¿Quién ejercerá el control social sobre un Banco Central autónomo? Ojalá que el dictamen final de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto.





El acusado Eduardo Montealegre busca su inocencia con el caso del BANEX

19 06 2010

El acusado Eduardo Montealegre Rivas trata de confundir una vez más al pueblo de Nicaragua cuando afirmó que si el Banco del Éxito (BANEX) no tiene recursos para respaldar a sus clientes, el gobierno deberá emitir CENIs, tal como pasó en la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán.

El gobierno del presidente Daniel Ortega no puede emitir CENIs, ni tampoco podía el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, porque la Asamblea Nacional es la única instancia política que puede endeudar a los nicaragüenses ante acreedores internos y externos. No hagan caso al mentiroso, soberbio y acusado Eduardo Montealegre Rivas, que siempre busca su demostrar su inocencia gritando en las rotondas o insultando en su madriguera política, o haciéndose el ingenuo o el ignorante.

El acusado por la Fiscalía General de la República, a quien yo he denominado sicofanta y también lo he acusado por injurias y calumnias, Eduardo Montealegre, golpeó a los nicaragüenses con 23.4 millones de dólares cuando estimó el valor presente de la deuda pendiente por los CENIs/INTERBANK y los CENIs/BANIC con una tasa inferior a la establecida en esos títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua, inflando así la deuda pública interna; volvió a golpear a los nicaragüenses con 21.2 millones de dólares cuando aprobó la entrega, sin justificación alguna, de dos bonos cupón cero en la reestructuración de los CENIs antes mencionados; y siguió golpeando a los nicaragüenses cuando aprobó la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados con los procedimientos de golpe de martillo y de sobre cerrado, en vez de proteger el patrimonio público con el procedimiento del precio de mercado. Este acusado se autodenomina un demócrata, un defensor de los pobres y un honrado y es, simplemente, un sicofanta y un presunto delincuente.

Yo les digo a los nicaragüenses que no se dejen engañar de este perseguido de la Justicia de Nicaragua, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno del Enrique Bolaños, el acusado Eduardo Montealegre, porque dañó económicamente a los pobres de Nicaragua.

El acusado Eduardo Montelegre afirma que lo que pasó en Nicaragua en 2000 y 2001, las quiebras bancarias, ya pasó también en Estados Unidos en 2008, pero la vida continúa. Pero en el país del norte, la deuda la aprobó el Congreso y no el Presidente Bush ni el Presidente Obama, y el acusado y sicofanta continúa su vida en Nicaragua igual o mejor como si no hubiese ejecutado un flagrante delito social contra el pueblo de Nicaragua. Por favor, no siga engañando a los nicaragüenses y enfrente la justicia, acusado Eduardo Montealegre. No siga escondiéndose en su inmunidad. Tenga la vergüenza de abandonar la impunidad.

Yo le puedo demostrar, acusado Eduardo Montealegre, y lo reto en el escenario que usted escoja, que ojalá sea la Academia y no un hotel, y lleve a todos sus economistas preferidos para que lo defiendan, que a usted no se le persigue por asuntos políticos en el caso de la reestructuración del los CENIs Bancarios en Bonos Bancarios y de la subasta de los activos de los nicaragüenses, sino por sus acciones  inapropiadas contra el Pueblo de Nicaragua. Tenga ética, valor y rectitud, pero estimo por sus palabras públicas que usted ya no tiene argumentos para defenderse.





Urge la capitalización del BANEX

18 06 2010

Vuelve a surgir la inestabilidad en el sistema financiero nacional, con la delicada situación del Banco del Éxito (BANEX), lo cual ha provocado más incertidumbre entre sus depositantes que ahora han optado a retirar sus depósitos, lo cual es una grave señal para la sobrevivencia de dicha entidad bancaria por la grave iliquidez que podría aparecer en cuestión de días, mientras el silencio del superintendente de bancos y del gerente general del BANEX es estruendoso.

Me atrevería a decir que el BANEX sufre el efecto “multiplicador” de los problemas de las microfinancieras  Veamos rápidamente que le ha ocurrido al BANEX desde el 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

Como un porcentaje del valor de sus activos, la liquidez en córdobas y en dólares del BANEX se elevó de 22% en diciembre de 2009 a 24% en abril de 2010, lo cual muestra indicios de estabilidad de su liquidez desde finales del año pasado, mientras que sus pérdidas, siempre como un porcentaje de sus activos, que furon de 9.7% en diciembre de 2009 se mantienen en  6.1% en abril de 2010, lo cual indica que el banco no se ha “ajustado” al banco. al acumular pérdidas aún crecientes a lo largo de este año hasta C$179 millones, equivalentes a US$8.4 millones, a finales de abril recientemente pasado.

El saldo de la cartera de préstamos disminuyó de C$2,356 millones en diciembre 2009 a C$2,158 millones en marzo 2010 y volvió a subir a C$2,218 millones en abril, pero el número de prestatarios muestra una marcada reducción desde 49,503 en diciembre de 2008 hasta 30,439 en diciembre de 2009, y sigue reduciéndose al nivel de 26,029 en marzo de 2010. Cabe mencionar que el 20% del total de clientes del BANEX concentra el 34% de los préstamos otorgados por el banco, y los 10 préstamos más grandes representan casi el 20% de su patrimonio, el cual se ha desplomado de US$7.9 millones al 31 de diciebre de 2009 a US$0.3 millones al 30 de abril de 2010.  

Una variable que sí realmente preocupa es la norma de adecuación de capital del BANEX, o sea la razón Capital/Cartera de Préstamo, que ha disminuido desde 14.7% en diciembre de 2008, cuando se había transformado de financiera a banco, a 11.6% en diciembre de 2009, se eleva a 12.9% en marzo de 2010 pero cae de nuevo a 10.5% en abril de este año.

El banco ha perdido solidez al acercarse en abril muy peligrosamente al nivel de la norma prudencial que es de 10%, y es por eso que las autoridades gubernamentales han solicitado una nueva capitalización del banco con un monto de US$34 millones. Cabe recordar que la norma prudencial de la adecuación de capital de 10% significa que un banco puede conceder préstamos hasta 10 veces el monto de su capital. Es muy probable que en junio ya perdió su solidez.

Lo anterior se explica con la alarma financiera es que el total de las carteras vencida, prorrogada, reestructurada y en cobro judicial, más los activos improductivos (garantías bancarias obtenidas por la irrecuperabilidad del crédito) se elevó, como un porcentaje de la cartera total de préstamos, de 49.2% en diciembre de 2009, a 54.9% en marzo de 2010 y a 56.9% en abril recientemente pasado. Esto es, en parte, una consecuencia del efecto “multiplicador” de la industria de las microfinancieras.

Por otro lado, los depósitos del público crecieron de C$791 millones en diciembre de 2009 a C$818 millones en marzo de 2010, pero disminuyeron hasta C$778 millones en abril recientemente pasado. y muy seguramente se han reducido drásticamente con el retiro de los depósitos del público en mayo y los primeros días de junio.

Pero hay otra variable mucho más peligrosa en este escenario. Esa es la falta de una efectiva supervisión del sistema financiero nacional, que ha quedado al descubierto por el inapropiado marco jurídico que abarca a las microfinancieras, que no están sujetas a ley alguna y ojalá que lo diputados, que discuten bastante sí hacen o no quórum para sesionar, desemploven la propuesta de ley de para estas organizaciones que tienen en mano desde hace un poco más de 5 años; a los bancos comerciales, especializados en microcrédito y que operan junto a bancos detallistas y bancos corporativos; a la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, que evade en gran parte sus responsabilidades mientras sirve exclusivamente a los grupos financieros; y al Banco Central de Nicaragua, que con su nueva propuesta de ley sóo perigue su autonomía plena y su capitalización con bonos del Tesoro.

Finalmente, ojalá que no se vuelva a escuchar el famoso estribillo “Eso lo resuelve el mercado”, que usualmente es pronunciado por el actual superintendente de bancos, quien pretende perpetuarse 5 años más al frente de la SIBOIF.





La reducción de las cargas del servicio y del saldo de la deuda externa de Nicaragua

17 06 2010

Nicaragua ha sido uno de los países más beneficiados de los 43 países más pobres y endeudados del mundo con la reducción de su deuda externa. La cooperación internacional para reducir la carga del saldo (o principal) y del servicio (o pago de intereses y amortizaciones) de la deuda externa de nuestro país, aunque es contable porque la nación no recibía en este proceso algún ingreso efectivos de nuevos recursos externos, ha sido muy impresionante, pero por el lento crecimiento económico continuamos muy endeudados en términos de producción.  

Nuestro país negoció su deuda externa desde 1990 con los fines de normalizar las relaciones financieras internacionales del país, al cancelar una mora adeudada al Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial por US$316.6 millones, mantener el flujo de recursos concesionales de los países miembros del Club de París y emprender la reducción de la deuda existente con otros países y la banca internacional.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 1990-2007 el Mundo le perdonó a Nicaragua el pago de US$1,351 millones de interés y amortizaciones con el Alivio Tradicional del Club de París (los alivios de Toronto, Nápoles y Lyon), el Alivio Interino de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) y el Alivio de Reducción de la Deuda Multilateral (MDRI), a lo cual se agregó la condonación de un valor facial de US$14,313 millones adeudado a los acreedores externos, principalmente bilaterales, o sea a otros países.

Durante la Administración de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro, la Comunidad Internacional, sin la existencia de la Iniciativa HIPC, redujo el valor facial (principal más intereses) de la deuda de Nicaragua en US$6,633 millones, destacándose entre los acreedores Rusia con US$3,100 millones, México con US$1,066 millones, la banca comercial estadounidense con US$983 millones, Alemania con US$531 millones que correspondían a la ex República Democrática Alemana, y Estados Unidos con US$260 millones. Ningún organismo multilateral financiero concedió a Nicaragua ningún alivio en el saldo que les adeudaba nuestro país, porque no habían recibido la orden de hacerlo por parte del Grupo de los 7.

Esa orden se dio con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), que surgió en octubre de 2006. Con dicha Iniciativa, un país era clasificado como pobre y muy endeudado cuando su ingreso per cápita era menor que US$630 y, por otro lado, cuando el valor neto actualizado de su deuda externa pública o con garantía del Estado superaba el 250% del valor de sus exportaciones de bienes y servicios y cuando el monto pagado por  intereses y amortizaciones de la deuda externa pública era mayor que el 25% del valor de sus exportaciones de bienes y servicios.

Nicaragua fue elegida para el alivio de su deuda en el marco de la Iniciativa HIPC porque, de acuerdo con datos oficiales correspondientes a 1998, (i) su Producto Interno Bruto Per Cápita era US$444 mientras que cada nicaragüense adeudaba al Resto del Mundo US$1,314; (ii) su deuda externa pública de US$6,273 millones equivalía casi a tres veces el valor de su producción anual y a 8.5 veces el valor de sus exportaciones de bienes y servicios; (iii) su pago «efectivo» de la deuda externa por US$215 millones era igual a 10% del valor de su producción anual, 27% del valor de sus exportaciones de bienes y servicios y 40% de los ingresos tributarios recaudados por el Gobierno Central; y (iv) su base exportadora era (y aún es) poco diversificada, al participar 6 productos (café, azúcar, carne, mariscos, banano y ajonjolí) con el 55% en el volumen total de bienes exportados.

Esa Iniciativa fue ampliada en la Cumbre del G-7 en la ciudad alemana de Colonia en junio de 1998, que buscó sin éxito en Nicaragua el vínculo el vínculo de la reducción de la deuda y la reducción de la pobreza. El FMI, designado por el G-7 como el gran coordinador de esta operación debía asegurar que se invertirían más recursos en salud, educación y otros gastos sociales, con una mayor transparencia en el manejo del presupuesto y una mayor participación de la sociedad civil en la solución de los problemas sociales.

Con la Iniciativa HIPC Ampliada, para ingresar a este extraño club de países pobres y muy endeudados, la relación Deuda Externa/PIB fue disminuida a 150%, la relación Deuda Externa/Impuestos fue reducida de 280% a 250%, la relación Exportaciones/PIB bajó de 40% a 30%, y la relación Impuestos/PIB, o sea la presión tributaria, descendió de 20% a 15%. La condonación de la deuda comercial con el Club de París aumentó de 80% a 90%. Gracias a estos nuevos parámetros, Honduras fue clasificada como un país HIPC, después de haber sido golpeada por el Huracán Mitch.

El Club de París, con la Iniciativa HIPC, perdonó automáticamente US$1,783 millones a Nicaragua, cabe mencionar que en el período 1990-2009 le condonó un total de US$2,697 millones. Se agregaron las condonaciones de US$567 millones de organismos multilaterales, tales como BCIE que inició el proceso de reducción de la deuda de Nicaragua a partir de 1997, BID, BM, FMI, FIDA y Fondo Nórdico para el Desarrollo. También cabe señalar que el monto total condonado de la deuda multilateral fue de US$3,073 millones durante el período 1990-2009, en el cual se distingue el Alivio MDRI de US$2,384 millones en el bienio 2006-2007.

Con la reducción de la deuda externa de Nicaragua se eliminó uno de los más graves problemas estructurales de la balanza de pagos del país. Otro de esos problemas, como se mencionó anteriormente, es la poca diversificación de la base exportadora de Nicaragua. La eliminación de este otro problema siempre ha demandado la implementación de una efectiva estrategia exportadora del país, la cual no debe continuar descansando en el sector agropecuario. Se necesita generar un mayor valor agregado en la canasta de exportaciones del país; se necesita discutir, formular y ejecutar, con un pleno apoyo de la política económica gubernamental, un plan de producción agroindustrial con un sesgo predominantemente exportador.   

Pero debe prevalecer el principio fundamental de que «la entrega de nuevos préstamos externos debe estar en función de la capacidad de pago del país»





El manipulador de información pública y privada

15 06 2010

El acusado y diputado querellado Eduardo Montealegre cree que manipula la opinión pública con sus ataques a mi persona al mostrar cada lunes desde su covacha política los papeles que dejó un prófugo de la Justicia de Nicaragua, como lo es el economista Noel Sacasa, ex Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), quien huyó de Nicaragua, sin avisarle a los diputados que lo nombraron en ese alto cargo y que hoy vive refugiado en Washington, D.C. laborando en un organismo financiero multilateral.

El acusado Eduardo Montealegre, en una forma poco inteligente, ha concentrado sus ataques contra mi persona, en mi carácter de miembro de la junta directiva del extinto Banco del Café (BANCAFÉ), porque yo le descubrí su delincuencia en la reestructuración de la deuda por CENIs Bancarios y en la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados que se llevó a cabo en el Banco Central de Nicaragua (BCN), en mi investigación que realicé ad honorem a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), y que sirvió para otra acusación que le interpuso la Fiscalía General de la República y de la cual también huye escondido en las enaguas de la inmunidad y reconfirma su presencia en la fila de los impunes de este país.

La insolencia de los lunes del acusado Eduardo Montealegre Rivas me ha obligado a mencionar los nombres de las otras personas que formaron la junta directiva del extinto BANCAFÉ, porque el diputado querellado, al reiterar sus injurias y calumnias por las cuales lo acuse el 27 de agosto de 2008, también atropella la honradez y la honorabilidad de otras personas.

Esas personas son Francisco Mayorga -quien demostró en dos juicios que el BANCAFÉ fue liquidado desde la SIBOIF por el prófugo de la justicia Noel Sacasa-, Javier Ley Lau, Omar González Cerda, Alfonso Delgado Molina, Jorge Iván López, Juan López Zeledón, Raúl Amador Torres -actual presidente de INVERCASA-, Ronald Calero, María Teresa Bendaña -quien es suegra de un hermano del diputado querellado-, Alejandro Morales, Manuel Salvador Hernández, Ruth Elizondo y Mario Arana -quien fue miembro del gabinete de Enrique Bolaños y del que formó parte el acusado Eduardo Montealegre-.

Esas personas son honradas y honorables, que no deben estar expuestas al grave riesgo moral por las diatribas del acusado Eduardo Montealegre, quien se ha caracterizado por tener una baja estatura moral en su defensa por mi acusación estrictamente personal que es conocida por los nicaragüenses.

El acusado Eduardo Montealegre también esconde información a la opinión pública. El prófugo de la justicia Noel Sacasa designó a la Lic. Karla Icaza Meneses, Intendente de Bancos de la SIBOIF, para asistir a las sesiones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del BANCAFÉ, con derecho a vetar operaciones y resoluciones en ambos casos a lo largo de un año en el extinto BANCAFÉ.

En su perorata del lunes 14 de junio recientemente pasado, el acusado Eduardo Montealegre señala que yo aprobé un préstamo a COGRANISA por US$1.4 millones, pero el diputado querellado oculta que en el Acta No. 91 del 30 de marzo de 2000 de la reunión extraordinaria e Junta de Directores del BANCAFÉ la Intendente de Bancos de la SIBOIF, Lic. Karla Icaza, avaló un préstamo a esa empresa y a otras tres más por un monto de US$6 millones.  

El presunto delincuente Eduardo Montealegre no razona y sólo insulta, solo injuria y calumnia mas no piensa. Él se cree dueño de la verdad absoluta, pero sus falsedades están basadas en documentos preparados por un prófugo de la justicia que condujo al cierre de más de un banco en nuestro país en los años 2000 y 2001, como es el economista Noel Sacasa.

Los papeles del prófugo Noel Sacasa fueron útiles para otro acusado por la Fiscalía General de la República, el abogado Noel Ramírez, ex presidente del BCN, con los cuales él escribió un libro que presentó en un club privado y antes de eso había rehuido a un debate técnico al que lo reté en el Instituto Internacional Albertus Magnus, con el fin de demostrarle su presunta delincuencia en el caso de la emisión de los CENIs Bancarios, que develé en la misma investigación que me solicitó la CGR.

Ahora el que aparenta ser honrado y honorable, el banquero Eduardo Montealegre, se basa en el libro del abogado Noel Ramírez con el afán de enlodarme con su presunta delincuencia y expone a un riesgo moral a varias personas que no merecen ser sujetas de sus injurias y calumnias cada lunes.

Pero debo reconocer que el abogado fue más inteligente que el banquero. Noel Ramírez solo mostraba papeles para demostrar que yo fui miembro de la junta directiva del BANCAFÉ, mas no me injurió ni calumnió, porque si lo hubiese hecho también lo hubiera acusado como acusé a Eduardo Montealegre.

En síntesis, tres presuntos delincuentes, un economista, un abogado y un banquero, Noel Sacasa, Noel Ramírez y Eduardo Montealegre, se apoyan mutuamente con el afán de demostrar sus supuestas inocencias.   

Es lamentable ver que en Nicaragua algunas personas que tienen compromisos pendientes con la justicia por graves daños a la nación, como fue el atraco al presupuesto por la liquidaciones bancarias, hoy tratan de aparentar ser honorables, honrados, y ocupan y pretenden seguir ocupando altos cargos en la dirección de nuestro país. En otro país, con instituciones públicas sólidas y con el más elevado respeto al imperio de la ley, ya sabemos donde estarían.