La LCT justificó la existencia de los paraísos fiscales

26 05 2013

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Nicaragua no es un paraíso fiscal, según la lista de la OCDE, pero la Ley de Concertación Tributaria, que está vigente en nuestro país desde el 1 de enero de este año, impone una retención definitiva en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR) de 17% sobre el monto del gasto en que incurre un residente con los países o los lugares llamados “paraísos fiscales”. Esto ha sido un paso lento en cualquier dirección, unos lo verán hacia adelante, otros podrían verlo hacia atrás, y aunque lento es muy importante para alcanzar el objetivo de aumentar la recaudación tributaria. A lo sumo, eso se esperaría.

Un paraíso fiscal puede ser un país, generalmente con una economía pequeña (poca producción, pocos recursos naturales o poca población), que atrae divisas fuertes, yenes, euros o libras esterlinas, para fortalecer su economía con una gran industria financiera, pero con la exención de pagos de impuestos a los inversionistas financieros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Este es un ejemplo más del conocido sigilo o secreto bancario.

En ese paraíso fiscal conviven dos sistemas tributarios diferentes, uno para los residentes, personas físicas y jurídicas, de ese país o paraíso que pagan tributos, y otro para los extranjeros que gozan de una exención total o parcial muy considerable de impuestos que deberían pagar siempre y cuando no realicen negocios dentro de ese paraíso fiscal.

En abril de 2009, el Grupo de los 20 (G-20), agobiado por la segunda recesión más grande del mundo provocada por unos banqueros irresponsables de Wall Street, exclamó en abril de 2009 “Estamos dispuestos a imponer sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros; la era del secreto bancario ha terminado”. En 1998, la OCDE, cumpliendo instrucciones del G-20, lanzó un innovador informe sobre la “competencia fiscal perjudicial” y elaboró unas listas de paraísos fiscales de las que los países podían escaparse si firmaban una docena de acuerdos de intercambios de información con otros países. Sin embargo, la opacidad fiscal persiste.

Existen aproximadamente 73 países clasificados como paraísos fiscales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tales como Andorra, Corea,  Anguila, Letonia, Antigua y Barbuda, Líbano, Aruba, Liberia, Austria, Liechtenstein, Bahamas,  Luxemburgo, Bahrein, Macao, Barbados, Malasia, Bélgica, Maldivas, Belice, Malta, Bermudas, Islas Marshall, Botsuana, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Mónaco, Brunei Darussalam, Montserrat, Canadá, Nauru, Islas Caimán, Países Bajos, Islas Cook, Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Panamá, Chipre, Filipinas, Dinamarca, Portugal, Dominica, Samoa, Francia, San Marino, Alemania, Seychelles, Ghana, Singapur, Gibraltar,  España, Granada, San Cristóbal y Nieves, Guatemala, Santa Lucía, Guernsey, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, Suiza, Hungría, Islas Turcas y Caicos, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Reino Unido, Isla de Man, Uruguay, Israel, Islas Vírgenes de EE.UU., Italia, EE.UU. (los estados de Delaware, Wyoming y Nevada), Japón, Vanuatu, Jersey. La mayor parte de estos países se han comprometido a mejorar la transparencia y el intercambio de información tributaria. en la lista de paraísos fiscales, la OCDE sólo publica dos: Nauru y Niue. Guatemala y Costa Rica han salido de la lista gris de paraísos fiscales del OECD.

Suiza ha rechazado relajar su secreto bancario a pesar de las presiones. El presidente de la Confederación Helvética, Ueli Maurer, en una entrevista al diario “Matin Dimanche”, dijo que el secreto bancario es un valor “al mismo nivel que el secreto médico”, por lo que “el Estado debe respetar absolutamente la esfera privada”, y “sólo la presión interna” podría modificar su posición.

Con la fuga de capitales desde el país de origen de un inversionista financiero también se escapa una parte importante de los impuestos de ese país, y el Estado de Nicaragua, para evitar, al menos, parte de esa fuga tributaria comenzó en enero de 2013 a cobrar a personas físicas y jurídicas residentes en el país el 17% del gasto de transferencia de capitales hacia esos paraísos fiscales.

De acuerdo con un informe de ActionAid, casi la mitad del dinero que las multinacionales y los inversionistas financieros ricos inyectaron en los mercados emergentes en 2011 fue movida a través de paraísos fiscales, lo que resultó en pérdidas de ingresos para los países pobres. Utilizando datos del FMI sobre inversión, ActionAid también mencionó que un 46 por ciento de las inversiones internacionales en países de ingresos medios y bajos en 2011 se originaron en paraísos fiscales, comparado con el 37 por ciento en los países de entradas medias y altas.

ActionAid también citó que las compañías hacen grandes préstamos internos desde una filial en paraísos fiscales a otra parte de su negocio para reducir las cuentas tributarias, o usan a los paraísos fiscales para disfrazar las inversiones como nuevas, para que califiquen para beneficios tributarios.

¿Se podría llamar a esa fuga o pérdida de ingresos tributarios evasión o elusión del pago de impuestos? Creo que en este caso la diferencia entre ambos conceptos es mínima.

David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, dijo que en junio próximo el Grupo de los 8 (G-8) discutirá la elusión de impuestos en su Cumbre Anual en Irlanda del Norte. La canciller de Alemania, Ángela Merkel, a su llegada a la reciente Cumbre Europea manifestó que pretende avanzar en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, porque en la Unión Europea (UE) “habrá por fin el intercambio automático de información” sobre datos bancarios y una base común con países terceros como Suiza.

Y para Nicaragua, ¿es correcto, gravar con el 17% a esas inversiones “financieras” a pocas personas que trasladan grandes sumas de dinero a esos paraísos fiscales o sería mejor alinearnos con la tarea de reducir y, por qué no, eliminar los paraísos fiscales como proclama el G-8 y el G-20?

Es fácil concluir que los paraísos fiscales es uno de los tantos obstáculos que tiene la lucha contra la pobreza. Los países pobres y de ingresos medios, como el nuestro que es de ingreso medio bajo porque en 2012 tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio anual de 1 mil 762 dólares, no cuentan con esos impuestos que se fugan y, consecuentemente, tienen menos financiamiento para enfrentar el hambre, la baja escolaridad y la insalubridad de sus habitantes.

Por supuesto, un país, rico o pobre y solo, nunca podría emprender la gran tarea de reducir el número de paraísos fiscales, porque esa gran empresa le compete a los países de economías avanzadas, como son los países del G-8, y también a los países del Grupo de los 20 (G-20). Países como el nuestro deberían apoyar esa tarea mundial, pero no con la imposición de un gravamen a las transacciones entre residentes de nuestro país con un paraíso fiscal. Un fraude fiscal, grande o pequeño, es siempre un delito porque atenta contra el bienestar de la población. En Nicaragua, el fraude fiscal no debe tener cabida ni tolerancia.

Pregunto al ministro de Hacienda y Crédito Público, mi estimado amigo Iván Acosta: ¿Cuánto cuesta a Nicaragua ese agujero negro fiscal por la fuga de capital a los paraísos fiscales? Tal vez, con el informe de rendición de cuentas del actual presupuesto nacional que conoceremos a finales de marzo de 2014, podamos tener una idea de cual profundo es ese agujero si se llegara a conocer cuánto pudo recaudar el Tesoro con esa tasa definitiva de 17% a cuenta del IR sobre los gastos de transacciones entre residentes de nuestro país y los paraísos fiscales.

La diferencia entre una evasión y una elusión fiscal es el grosor de una pared de cárcel. Si no se educa a la población con el pago de los impuestos ni se legisla con fuertes sanciones a la evasión y a la elusión tributaria, incluyendo la pena de cárcel, nunca se erradicará este vicio que carcome los presupuestos de todos los países.

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El salvataje financiero del INSS es posible

19 05 2013

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El profesor John Maynard Keynes sentenció que “Cuando piensas que va a suceder lo inevitable, surge lo imprevisto”. Sin embargo la improvisación del profesor de economía inglés no surgirá en nuestro país, cuando las autoridades públicas coordinen el consenso de las ideas entre trabajadores y empresarios sobre cómo evitar la quiebra financiera técnica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que ha sido pronosticada para el año 2021.

El 22 de julio 2004 escribí un artículo económico, publicado en ese entonces por uno los diarios de mayor circulación del país, que intitulé “Es el mercado laboral, banqueros”, cuando, con la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el poder político en el Ejecutivo, que estaba rodeado y grandemente influenciado por banqueros, trató de privatizar la administración de los fondos de pensiones de seguridad social a través del establecimiento de varias entidades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y cada una de ellas unida con un cordón umbilical a una entidad bancaria del país.

Ese intento fracasó con las cuantiosas inversiones que hicieron ciertos bancos para iniciar el nuevo negocio financiero rentable de administrar los fondos de pensiones de seguridad social, que también los proveería de una gran liquidez en cada mes. Y fracasó porque para los economistas era evidente el problema estructural del mercado laboral, porque en 2001, de acuerdo con datos oficiales, el promedio de escolaridad de los nicaragüenses era 5.1 años, el 50% de los ocupados era asalariado, y el 66.1% de las empresas no contaban con un registro contable sencillo y caracterizadas por puestos de trabajo precarios con una baja productividad económica. En 2003, año, en que fracasó ese intento, los servicios de la seguridad social apenas cubrían al 15.5% de la población económicamente activa.

Ese fracaso nos dio una gran lección: no seguir negociando el bienestar social de los nicaragüenses en conversaciones clandestinas entre técnicos de instituciones  internacionales y funcionarios públicos, que no gozaban de un pleno respaldo de la sociedad civil. Ahora ante la quiebra inminente del INSS a inicios de la próxima década, se han alzado algunas  voces, unas con una gran autoridad y otras, con grandes aversiones a su aceptación.

El problema estructural del mercado laboral no se ha reducido en los últimos 11 años; al contrario, al mirar los datos laborales de 2012 se puede confirmar que ese problema ha crecido, porque la informalidad, es decir, el porcentaje de las empresas que no tienen un registro contable simple –y por ello no pagan impuestos directos ni contribuyen a la seguridad social- se elevó casi 10 puntos porcentuales hasta 76.2%, mientras que el 23% de los ocupados trabajan menos de 8 horas diarias, tal como lo manda nuestro Código Laboral, el 29% de los ocupados devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal, lo cual es prohibido por la ley; y el 18% de los ocupados activos, o sea, el 17% de la población económicamente activa, cotiza la seguridad social.

El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, ha señalado atinadamente que “cualquiera que sea la respuesta que se va a negociar tiene que ser una respuesta de costos compartidos”; en otras palabras, todos los agentes económicos, trabajadores, Estado y empresarios tienen la obligación de compartir los costos del rescate del INSS. Es obvio que el líder empresarial ha tomado en cuenta que las condiciones estructurales del mercado laboral se han empeorado, por lo cual cualquier artificio financiero que se aplique en función de salvar de la quiebra técnica al INSS será, como en 2003, un gran fracaso. Sin embargo, como lo afirmé a mediados del año pasado, la reforma del INSS debe ser hecha por nicaragüenses y sin la intromisión de instituciones y personas foráneas.

Con la libertad de expresión que existe en nuestro país, hasta los presuntos delincuentes pueden opinar sobre nuestros problemas. Eduardo Montealegre, que se ha escudado en la inmunidad que le confiere el cargo de diputado para desacatar dos mandatos judiciales y evadir la Justicia de nuestro país, dijo que advirtió este problema al gobierno hace varias semanas y que el salvataje financiero del INSS “fundamentalmente pasa por enfrentar la deuda del INSS de la misma manera que se enfrentó el problema de los confiscados”. Esa opción del banquero y diputado, que no muestra distancia en absoluto con las entidades financieras, también conduciría de nuevo al nuevo al fracaso la operación de salvar financieramente al INSS, porque el paso fundamental no es pagar deuda con bonos del Tesoro que al final sean redimidos por algunos grupos financieros, sino con una efectiva propuesta de políticas públicas que tiendan a resolver el problema estructural del mercado laboral antes planteado.

Pagar la deuda tanto pública como privada a favor del INSS no resuelve su problema financiero, que es tan estructural como lo es nuestro mercado laboral, mejor dicho nuestro modelo económico, un modelo que no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza. Salvar al INSS significa salvar la economía de Nicaragua de su baja productividad, salvar a las empresas de su baja competitividad y salvar a nuestra población de su baja escolaridad.

Por consiguiente, se necesita la promoción de tecnología para ese 80% de las empresas que no pueden comprarla; la concesión de crédito y tecnología a través de una banca de fomento de la producción, que no existe en nuestro país; una mejor educación primaria, secundaria y técnica media y superior, para rescatar la productividad laboral; un gasto público eficiente en el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura económica, que atraiga y estimule la inversión privada; el establecimiento de una política financiera eficaz coordinada desde la autoridad monetaria, que no se concentre exclusivamente en las necesidades de capital de trabajo sino en el financiamiento de una cartera de inversión privada que responda a una estrategia de crecimiento y desarrollo económico nacional, que también requiere ser fortalecida con un consenso nacional, así como lo demanda la solución del problema financiero del INSS.

Se necesita, pues, discutir y aprobar una gran cantidad de políticas públicas, que implicaría en gran parte, devolver al Estado gran parte de los instrumentos que le quitaron con las reformas estructurales implementadas a partir de 1994 bajo el paraguas del así llamado Consenso de Washington, que fue enterrado en la Cumbre del G 7 en Seúl en 2010. Entre esas políticas, se destaca el restablecimiento de la banca estatal de desarrollo, cuya necesidad es evidente en Nicaragua, pero el gran reto para dichas políticas públicas nacional se presenta con 1 millón 772 mil personas que tienen dificultades para encontrar un empleo en nuestro mercado laboral.





¿Por qué se tolera la presunta delincuencia en la Asamblea Nacional?

14 05 2013

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Como es de su conocimiento, he escrito once cartas a usted para solicitarles mi acceso a la justicia y una entrevista para comunicarle los daños y perjuicios provocados por los presuntos delitos del diputado Eduardo Montealegre contra mi persona en particular y mi familia en general, al escudarse inapropiadamente en su inmunidad que le confiere su cargo público con el fin de evadir la Justicia de nuestro país.

Sé que el acceso de los ciudadanos a la Honorable Asamblea Nacional es a través de la Primera Secretaría de su Junta Directiva; sin embargo, le reitero que en enero de 2012 la Lic. Alba Palacios Benavides me manifestó telefónicamente que no podía recibirme en su despacho y me sugirió que platicara sobre mi querella con el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el diputado Edwin Castro, cuestión que no hice con el fin de evitar una politización adicional de mi reclamo personal a la ya realizada por el Sr. Eduardo Montealegre en agosto de 1998.

Por su silencio ante mis 11 cartas anteriores, insisto de nuevo si puede concederme una entrevista personal para conocer si incluirán las dos solicitudes de desaforación de dos jueces de lo penal de la Ciudad de Managua en el próximo Orden del Día del Poder Legislativo.

Me pregunto por qué los liberales antes y los sandinistas después protegen al Sr. Eduardo Montealegre ante una demanda estrictamente personal. ¿Acaso un diputado de nuestro país está sobre las leyes que dicta nuestra Asamblea Nacional? ¿Por qué se toleran la presunta delincuencia y el abuso de la inmunidad del Sr. Eduardo Montealegre en el Poder Legislativo?

Esperando su respuesta a esta décima segunda carta que le escribo, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

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No desapareció el parche demográfico del INIDE

12 05 2013

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A través de una publicación del Banco Central de Nicaragua (BCN) en la semana pasada, me percaté que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) trató de resolver el penoso caso estadístico de la “revisión” del dato de la población de Nicaragua para 2012 de 5,962,782 habitantes obtenido con las proyecciones realizadas con el VIII Censo de Población de 2005,  con un nuevo dato de 6,071,045 habitantes con los resultados de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2006/07, que tiene una cobertura menor que la del censo nacional.

La publicación “Nicaragua en Cifras 2012” del BCN, que se puede ver en la página web de la autoridad monetaria, muestra en la página 3 el Cuadro “Indicadores Sociales” con datos de la población “revisados” para el trienio 2010-2012, el cual contiene todavía el dato “revisado” del INIDE de 6,071,045 habitantes en 2012, pero ahora en ese mismo cuadro estadístico también se observa otra “sorpresa” porque mantiene las tasas de crecimiento de la población total del país de 2010 y 2011, que fueron de 1.2% y 1.3% respectivamente, obtenidas con las proyecciones inter censales de la población del país efectuadas en 2007.

En esa forma se remendó el parche demográfico de Nicaragua. Ahora el dato oficial de la tasa de crecimiento de nuestra población en 2012 es de 1.2% en vez del 3.1% que “ocultó” o “dejó a entrever” el BCN en el Cuadro “Principales indicadores macroeconómicos” de su reciente Anuario Estadístico 2012.

Sin embargo, esa nueva “revisión” del INIDE es bastante cuestionable, porque abandonó la fuente primaria de su dato “revisado” de 2012, o sea, la encuesta ENDESA 2006/07, al “ajustarlo” con las variaciones relativas de la población del país para 2010 y 2011 obtenidas con la proyección que realizaron el INIDE, el UNFPA y el CELADE en 2007, que son las más apropiadas porque están asociadas con la hipótesis media inter censal basada en el VIII Censo de Población 2005.

En otras palabras, el INIDE continuó realizando su tarea “revisionista” de los datos de la población de Nicaragua para 2010 y 2011, que ahora son, en miles de habitantes, 5,923.1 y 5,996.6 respectivamente (en vez de 5,742.0 y 5,815.5 en ese orden), pero aparentemente ha dejado su tarea dejado inconclusa, porque ahora cabe preguntar al INIDE cuáles son los datos oficiales de la población de Nicaragua para el período 2006-2009 con base en los resultados del censo nacional de 2005.

Con el dato “actualizado” de 5,923.1 miles de habitantes en 2010, la tasa de crecimiento de nuestra población en ese año volvería a ser el original error de 3.1% en 2012 que me motivó a preguntar al INIDE y al BCN las causas de ese aumento repentino, porque ya se conocía la tasa de crecimiento promedio anual de 1.22% proyectada para el quinquenio 2010-2015 por los tres organismo antes mencionados. Es decir, el error del INIDE no ha desaparecido, a menos que modifique el resultado del VIII Censo de Población de 2005.

Aconsejo a las autoridades del BCN a que no publiquen en sus documentos estadísticas inaceptables de otros organismos, porque al hacerlo también se responsabilizan del error. Alberto Guevara, presidente del BCN, no debe olvidar que la institución que él preside formula políticas económicas nacionales, que serían, como decimos los econometristas, sesgadas, inconsistentes e ineficientes si fuesen fundamentadas en datos equivocados e inaceptables, ya que ponen en riesgo el alcance de los objetivos económicos y sociales de las máximas autoridades del país. Por supuesto, también aconsejo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a que establezca el orden en el INIDE con el fin de evitar esas insolencias estadísticas.





El FMI nos ve sobre líneas rectas

1 05 2013

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice en su Panorama Económico Mundial de abril de 2013 que la economía de Nicaragua crecerá anualmente con el ritmo de 4% durante el período 2012-2018, o sea, la perspectiva de mediano plazo del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua es una línea recta al nivel de 4% en los próximos 6  años incluyendo 2013. Esto parece ser una “conjetura” condicionada, un ejemplo de la “regla de 3” que todos aprendimos en la clase de aritmética en la escuela primaria, que, en mi opinión, no puede ser utilizada por empresarios y consumidores para pronosticar sus actividades sectoriales.

El aumento anual de los precios al productor, es decir, la tasa de crecimiento del Índice de Precios Implícito del PIB, que resulta de dividir el PIB Nominal o en precios corrientes de cada año entre el PIB Real o en precios constantes de 2006 (nuevo año base de nuestra economía estrenado por el Banco Central de Nicaragua en octubre de 2012) es otra línea recta al nivel del 7%  a lo largo del período 2013-2018. Nos alegra que es de un dígito, pero también es otra “conjetura”.

El PIB Per Cápita promedio anual tiende a elevarse de 1 mil 833 dólares en 2013 a 2 mil 998 dólares en 2018. Con el criterio del método Atlas del Banco Mundial, Nicaragua ahora se clasifica como un país de ingreso nacional mediano bajo, una categoría que encierra a los países con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 976 dólares a 3 mil 855 dólares, por lo que nuestro país podría estar habilitado a recibir financiamiento externo combinado de créditos de la AIF (por el bajo ingreso per cápita) y préstamos del BIRF que non concesionarios (por nuestra incipiente capacidad financiera).

La tasa de inversión, que es la razón Inversión/PIB, incluyendo en la inversión la construcción, la adquisición de maquinaria y equipo y la variación de inventarios, salta de 25.68% en 2013 a 26.97% en 2018, no obstante las cifras preliminares de esta razón macroeconómica publicada por el BCN para 2012 ya alcanzó el nivel de 30.6% en 2012, distante sólo en 15 puntos porcentuales debajo de la tasa de inversión de China en 2018. Por su parte, el ahorro nacional bruto se incrementa de 16.56% del PIB en 2013 a 17.08% del PIB en 2018, por lo cual se puede concluir que el gasto de consumo final no se verá desincentivado en el sector gubernamental ni en los estratos de población de altos ingresos.

La tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) de los precios al consumidor es también vista por el FMI sobre una recta paralela al eje cartesiano en el nivel de 7%. Por lo menos, el FMI pretende asegurar con su pronóstico inflacionario de un dígito que no se verá la indisciplina monetaria en  los próximos seis años.

El crecimiento del volumen de las importaciones de bienes y servicios tiende a desacelerarse desde 6.67% en 2013 hasta 3.9% en 2018, por lo cual se deduce que la elasticidad importación-producción se reducirá en un 50%, ya que actualmente es igual a 2 (si el PIB Real sube 4%, el volumen de bienes importados también sube 8%). Por otro lado, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios cae 7.69% promedio anual entre 2012 y 2018 (?), lo cual no se logra comprender ya que las exportaciones y las inversiones son los motores del crecimiento económico del país.

La factura petrolera de Nicaragua disminuirá, según los pronósticos del FMI, de 1 mil 155 millones de dólares en 2013 a 936 millones de dólares en 2018; esto sería el resultado de una menor dependencia de la generación de electricidad sobre el fuel oil (bunker) y el diésel a finales de la década actual.

La tasa de desempleo abierto es otra línea recta, invariable en el nivel de 7.83% entre 2013 y 2018. En otras palabras, una tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios del orden de 4% anual no contribuye a reducir la tasa de desempleo abierto.

La población total del país se incrementa de 5 millones 981 mil habitantes en 2012 a 6 millones 505 mil habitantes en 2018, lo cual refleja una tasa decrecimiento promedio anual de 1.41%. Cabe destacar que el FMI no se apoderó del error demográfico del INIDE al estimar para 2012 una población total de 6 millones 71 mil 45 habitantes.

En cuanto al gobierno general, el FMI indicó que el total de ingresos apenas sube 1.7 puntos porcentuales del PIB entre 2013 y 2018, a pesar que la reforma tributaria dejará, según COPADES,  96 millones de dólares más al gobierno por la Ley de Concertación Tributaria entre 2013 y 2020 –según COPADES- mientras que el gasto gubernamental sube más que el ingreso, en 2.5 puntos porcentuales del PIB. Por consiguiente, el déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, pronosticado por el FMI pasa de 0.96% del PIB en 2013 a 3.34% del PIB en 2018. Se vuelve más laxo el policía financiero internacional en cuanto al manejo del gasto público y el déficit presupuestario.

El saldo total de la deuda pública tiende a disminuir de 50.16% del PIB en 2013 a 37.07% del PIB en 2018, y esta trayectoria declinante indica que en 2014 esta proporción macroeconómica cae casi 10 puntos porcentuales, lo cual podría ser atribuido a la conclusión de la reestructuración pendiente del 40% del saldo actual de la deuda pública externa, con seis países que no son miembros del Club de París (principalmente con Costa Rica, Honduras, Libia e Irán) en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIP por sus siglas en inglés).

Finalmente, el FMI concluye sus pronósticos con el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que disminuye de 13.70% del PIB en 2013 a 9.89% del PIB en 2018, lo cual no deja a entrever la posible reforma cambiaria que es necesaria para reducir la sobrevaluación del córdoba y modernizar el actual régimen cambiario que no promueve el esfuerzo exportador ni desestimula el gasto importador en detrimento del déficit del balance comercial externo de Nicaragua superior al 10% del PIB.