El reforzamiento de la seguridad ciudadana y del turismo

30 06 2011

Continúa disertando el Dr. Arnoldo Alemán, candidato a presidente de la República del PLC y sus aliados, para facilitar la creación de un millón de empleos en los próximos cinco años, lo cual constituye el eje de su campaña electoral.

La alianza política en el poder encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene su propio programa desde hace más de cinco años, pero aún no muestra sus principales objetivos económicos para los próximos cinco años. Hasta este momento, el Dr. Arnoldo Alemán ha sido el único candidato que ha manifestado algunas propuestas inversionistas públicas y de facilitación para el sector privado, que hace posible analizarlas y probarlas si son viables o no. También estimo que en estos momentos sólo el FSLN y el PLC, junto con sus aliados, ya han identificado sus programas y proyectos para que sus candidatos a presidente de la República aceleren sus pasos en sus respectivas campañas.

Hasta la tercera de cuatro conferencias sobre las prioridades inversionistas del candidato liberal, puedo calificarlas como realistas en un país pobre, aun muy endeudado en términos de producción y que no es sujeto de crédito internacional, como es Nicaragua, lo cual obligará al próximo presidente electo a formular y suscribir el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que con una visión inversionista iría más cargado de asuntos microeconómicos, productividad, competitividad y mayor crecimiento económico.

En su tercera conferencia, el candidato liberal para presidente de la República se concentró en los sectores de seguridad ciudadana y turismo, que están muy correlacionados y vinculadas con el riesgo político, el único que permanece alto en nuestro país porque los riesgos económicos y financieros se han minimizado con el cumplimiento de los compromisos suscritos con el FMI.

Hablar de seguridad ciudadana es referirnos en gran parte a la Policía Nacional de Nicaragua, que recientemente recibió el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) por su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia en Centroamérica realizada en Guatemala la semana pasada. Entre las inversiones planeadas por el candidato del PLC y sus aliados, se destacan en este sector la construcción y la rehabilitación de 10 centros penitenciarios en León, Carazo, Masaya, Rivas, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Boaco, Río San Juan y la Región Autónoma del Atlántico Sur, que reflejan un monto de 10 millones de dólares y la generación de 300 empleos directos y 600 empleos indirectos.

A lo anterior se agregan la construcción de 10 estaciones básicas de bomberos en Ometepe, Triángulo Minero (Siuna), Bluefields, Ocotal, El Rama, Nueva Guinea, Puerto Cabezas, San Rafael del Sur, Sébaco y San Marcos, valoradas en  3 millones de dólares con  otros 300 empleos directos y 600 empleos indirectos, y la construcción y rehabilitación de 6 puestos migratorios en El Espino, Las Manos, Ometepe, Puerto Cabezas, Corn Island y San Carlos, con un costo de 1 millón 200 mil dólares y la formación de 60 empleos directos y 120 empleos indirectos.

El insuficiente crecimiento económico de 3.7% promedio anual observado en los último 17 años produce un creciente índice delictivo y, por supuesto, el subempleo, el desempleo y la pobreza provocan la inseguridad ciudadana. En resumen, el Dr. Arnoldo Alemán propuso un gasto total de inversión pública en seguridad ciudadana de 14.2 millones de dólares y la creación de 2 mil 780 empleos, que incluye personal penitenciario, bombero y migratorio adicional de 800 personas. Promete el candidato liberal que la seguridad protegerá a todos los nicaragüenses, a la mujer, al adulto mayor, a las personas con capacidades diferentes, al joven, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier transgresor.

En el sector turismo se destacó el apoyo gubernamental para la construcción de 5 mil casas de huéspedes u hostales, que requeriría en los próximos 5 años una inversión total prevista de 225 millones de dólares, 30 mil empleos directos y 15 mil empleos indirectos, así como la promoción de 10 hoteles de alta calidad con un mínimo de 150 habitaciones cada uno que generarían un total de 6 mil empleos y otros 5 mil puestos de trabajo operativos directos. Esta expansión turística facilitaría el aumento de la oferta y la calidad del alojamiento en nuestro país. El Dr. Arnoldo Alemán propuso, para estos fines, el establecimiento del Fondo de la Banca Nacional para el desarrollo de la Industria sin Chimenea (Plan Nacional de Turismo); la aplicación de un sistema de calidad a la industria de alojamiento, alimentación, guías y prestadores de servicios turísticos; y una oportunidad de empleo para los jóvenes graduados en administración turística.

Todas las obras de inversión planteadas por el candidato liberal a presidente de Nicaragua que he podido analizar hasta hoy son viables y, además, son realistas, proyectadas con una visión de nación que requerirían del concurso pleno de las instituciones públicas y de las empresas privadas, y del apoyo de los inversionistas extranjeros y de la comunidad internacional.

Las propuestas inversionistas que ha presentado el Dr. Arnoldo Alemán definitivamente apuntan a resolver los problemas de empleo que resintieron, de acuerdo con cifras oficiales, 1 millón 740 mil nicaragüenses el año pasado.

El objetivo del lema de la campaña presidencial del candidato liberal “1 MILLÓN DE EMPLEOS. EMPLEOS YA” es posible, porque con esos proyectos de inversión pública y de apoyo al sector privado se buscaría la solución de casi el 60% del primer problema nacional, o sea del grave problema de empleo que persiste en nuestro país desde hace varias décadas, a la reducción del 76% de la informalidad del mercado laboral observada en 2010 y a la reducción del índice de pobreza de 42.5% de la población registrado en 2009, lo que significa proseguir la reinserción de 2 millones 472 mil nicaragüenses a la vida económica de nuestra nación.

Es por eso que las inversiones planeadas por el Dr. Arnoldo Alemán merecen una atención especial, porque constituyen estudios singulares que tratan de ayudar a resolver los cuatro principales problemas políticos del plano económico: el anémico crecimiento de la producción de bienes y servicios, el desempleo, la pobreza y, por ende, la falta de atención de la demanda interna, o sea el consumo y la inversión.

Ojalá que los otros candidatos que aspiran a ocupar el más alto cargo de nuestro país presenten pronto sus programas y proyectos, para que los debatan frente a la población. Hasta hoy sólo he leído y escuchado de ellos que pretenden lograr un crecimiento económico anual de 7%, pero no dicen cómo; subsidiar la canasta de 53 productos de consumo básico, sin indicar los gastos presupuestarios que disminuirían; impulsar con especialidad el fomento del agro y la industria en todo el país, una verdad de Perogrullo; revivir el Banco Nacional de Desarrollo, sin reconocer la existencia del Banco Produzcamos; romper las desigualdades sociales para que los ricos no sean más ricos y los pobres no sean más pobres, sin un esbozo de las posibles políticas de redistribución del ingreso porque esa promesa “congela” los niveles de pobreza y riqueza de los nicaragüenses; y una masiva construcción de viviendas de interés social, sin señalar los mecanismos financieros para que eso sea una realidad.





Las propuestas de los candidatos a presidente de la República

28 06 2011

La alianza política en el poder encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene su propio programa desde hace más de cinco años, que se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y cuya última actualización técnica que yo dispongo corresponde a la de septiembre de 2009, un trimestre antes de que nuestro país saliera del escenario de los efectos de la recesión económica mundial.

Sin embargo, a la fecha desconozco los objetivos primarios del FSLN y sus aliados para los próximos cinco años, aunque he escuchado a algunos servidores públicos que el plan económico gubernamental para los próximos cinco años será más de lo mismo –la atención preferencial a los pobres-, pero con una mayor profundidad. Si esto último estuviese relacionado con un nuevo modelo económico, que se concentre en una rápida reducción de la pobreza de los nicaragüenses sin ahuyentar la inversión privada, es obvio que la alianza política en el poder requerirá hacer profundas transformaciones de las estructuras institucionales y del marco jurídico, las cuales serían posibles con 56 diputados o más de dicha alianza partidaria en la Asamblea Nacional a partir del 9 de enero de 2012.

Si esa posibilidad llegase a ser real, la única crítica constructiva que tendría con respecto a ese plan económico gubernamental es que no logrará reducir la excesiva tasa de informalidad en el mercado laboral, la cual ha saltado de 64.4% en 2006 a 75.7% en 2010 según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). Esto, por supuesto, se traduce en un empleo de pobre calidad, mejor dicho en un pequeño volumen de ocupación plena y un gran número de personas subempleadas y desempleadas, lo cual es un obstáculo para la reducción de la pobreza que afecta al 42.5% de la población total del país. En otras palabras, la ocupación sin el calificativo de pleno, en este contexto, sería de muy baja calidad.

Para crear un empleo de mejor calidad, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y sus aliados se han adelantado a todos los partidos políticos en la presentación de una serie de proyectos de inversión, unos de corte público y otros de facilitación para el sector privado. A la fecha, los proyectos más destacables son los siguientes:

  • 690 kilómetros de carretera para unir las dos regiones autónomas del Atlántico con la Región del Pacífico y 300 kilómetros de la carretera costanera del Pacífico;
  • la concreción de la ejecución del Puerto Monkey Point;
  • la reforestación de 5,000 kilómetros cuadrados que producirán 50 millones de árboles maderables y al exportación de bienes de alta calidad;
  • la construcción de 20 institutos de educación técnica media y superior, uno por cabecera departamental y 5 en las regiones atlánticas del norte y del sur, que tomarán en cuenta las vocaciones productivas de las zonas geográficas de nuestro país;
  • la rehabilitación y la construcción de 12 mil aulas de primaria y la construcción de 10 escuelas normales superiores;
  • la construcción de 300 puestos de salud comarcales y 300 casa maternas con 5 ambientes;
  • la construcción y la rehabilitación de 10 centros penitenciarios y 6 puestos migratorios, y la construcción de de 10 estaciones básicas de bomberos; y
  • la construcción de 5 mil casas de huéspedes u hostales y la facilitación para la construcción de de 10 hoteles de alta calidad con un mínimo de 150 habitaciones cada uno

Con esos proyectos, el candidato del PLC y sus aliados, con una visión fiscal que no pone en riesgo las bondades de la política monetaria, ha generado expectativas positivas para reducir el problema del 61.1% de la población económicamente activa de Nicaragua que estaba subempleada y desempleada en 2010. O sea 1 millón 740 mil nicaragüenses tuvieron problemas de empleo el año pasado. Como economista, he de señalar que esas propuestas inversionistas son realistas para acelerar el crecimiento económico de 3.7% promedio anual que se visualiza en el período 1994-2010, reducir la tasa de desempleo global de 27% de la población económicamente activa que se observó en 2010 –en otras palabras, 780 mil personas no generaron ingresos en 2010- y el índice de pobreza extrema de 14.6% registrado en 2009 -838 mil personas tuvieron un consumo mensual individual equivalente a 27.90 dólares, con el cual garantizaron una ingesta diaria de 2 mil 268 kilocalorías-.

Por otro lado, el candidato de la Alianza PLI ha propuesto una serie de lineamientos que son más de índole política que económica. En el ámbito económico, sólo declara “impulsar con especialidad el fomento del agro y la industria en todo el país”, una verdad de Perogrullo porque las actividades agropecuarias y agroindustriales contribuyen con el 38% en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) Real en 2010, el 76% del valor total exportado en ese año tuvo un origen agropecuario y agroindustrial, y un tercio de la ocupación total pertenece a las actividades primarias.

Entre los abundantes lineamientos políticos de la Alianza PLI, se destacan cambiar el Consejo Supremo Electoral; quitar a 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a 30 diputados de la Asamblea Nacional y a 4 contralores generales de la República; subir a 50% más uno el techo electoral para la obtención del cargo de presidente de la República; y prohibir la reelección presidencial de por vida. Creo que esto es un escenario idealista, porque para ser realista la Alianza PLI tendría que alcanzar una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de noviembre próximo, o sea al menos lograr sentar a 56 de sus candidatos a diputados en los curules, y esto no lo considero realista en el escenario político actual.

Lo que me llama también la atención entre los lineamientos del candidato del PLI es que se empeña en moralizar económica y políticamente a nuestro país, sin reconocer que a su lado se encuentra un candidato a primer diputado nacional de su alianza, Eduardo Montealegre, a quien yo he acusado dos veces porque es un violador de los derechos humanos, tanto en agosto de 2008 como en abril de 2011, y continúa escudándose en su inmunidad parlamentaria para burlarse de la justicia, y a quien la Fiscalía General de la República lo acusó por sus irresponsabilidades en la reestructuración de la deuda por las liquidaciones de cuatro bancos y la subasta de los activos de dichos bancos, que golpeó tremendamente los bolsillos de los nicaragüenses en 2003.

Con el apropiado respeto y ética profesional, afirmo que no es posible comentar las propuestas de la Nueva Alianza Liberal Nicaragüense (la Nueva ALN) y de la Alianza por la República (APRE), porque supongo que ambas organizaciones políticas se encuentran elaborando sus programas de gobierno. Estaré atento a la publicación de los programas gubernamentales de ambas alianzas para analizar el realismo de sus propuestas económicas.





El enfoque fiscal para reducir el desempleo global de Nicaragua

27 06 2011

El miércoles 15 de junio recientemente pasado, el candidato a presidente de la República del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y sus aliados, Arnoldo Alemán, anunció 4 proyectos de inversión en el sector educación y otros 2 proyectos de inversión en el sector salud, en el contexto de su promesa electoral de crear 1 millón de empleos en los próximos 5 años. Esos seis proyectos fueron valorados en 149 millones de dólares con la creación de 78 mil 600 empleos.

Los proyectos educativos muestran la búsqueda de soluciones al tema de la productividad laboral y la competitividad empresarial, lo cual fomentaría una mayor atracción de la inversión extranjera directa en el mediano plazo. Esto se observa con el proyecto de construcción de 20 institutos de educación técnica media y superior, uno por cabecera departamental y 5 en las regiones atlánticas del norte y del sur, que tomarán en cuenta las vocaciones productivas de las zonas geográficas de nuestro país.

De plasmarse en la realidad, ese proyecto de educación técnica estaría dirigido principalmente a una población de 1 millón 263 mil jóvenes con una edad entre 15 y 24 años en el quinquenio que culmina en 2015 y, por supuesto, es de esperarse que esa previsión del sector público sea acompañada de la innovación tecnológica del sector empresarial.

La educación primaria también guarda una gran relevancia entre los proyectos educativos planteados por el candidato liberal. Sin embargo, con la rehabilitación y la construcción de 12 mil aulas de primaria, equivalentes a 2 mil escuelas, tengo que asegurar que aún no se alcanzaría la Meta 4 “Velar porque para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”, correspondiente al Objetivo 2 “Lograr la enseñanza básica universal” de la Metas de la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Es evidente que existe capacidad del sector de la construcción para mejorar y extender infraestructura educativa del país, pero la principal restricción para alcanzar la meta de universalizar la educación primaria en nuestro país es la formación de maestros de educación primaria, por lo cual creo que el candidato del PLC y sus aliados propone la construcción de 10 escuelas normales superiores. Otro proyecto de inversión para el sector educativo está relacionado con la atención deportiva de la niñez y la juventud, para lo cual anunció la construcción de 10 centros polideportivos.

En el sector de la salud, la propuesta del candidato Arnoldo Alemán fue la construcción de 300 puestos de salud comarcales y 300 casa maternas con 5 ambientes, que implicarían la contratación de 12 mil empleos directos y la formación de 2 mil empleos indirectos, con un gasto total de inversión pública de 24 millones de dólares.

La propuesta de inversión en salud pública es compatible con el costo de inclusión de las personas sin acceso a los servicios de salud, tomando en cuenta el costo del paquete mínimo de salud recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es Nicaragua, que es entre 35 y 50 dólares por persona.

Además, tomando en cuenta los resultados de la IV Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2005, la construcción de 300 puestos de salud comarcales puede reducir el índice de 8.5% de la población total del país que no puede recabar los servicios locales de salud, ya sea en puestos, centros u hospitales, que incurren en un tiempo de más de una hora de marcha a pie o de desplazamiento en medios de transporte locales, de acuerdo con las definiciones de los indicadores básicos de desarrollo social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es obvio que el candidato liberal busca reducir el problema del desempleo global por la vía fiscal, porque la política monetaria ya demostró no ser efectiva para buscar el pleno empleo y acelerar el crecimiento de nuestra economía. Incluso, el mandato del crecimiento económico no está incorporado en la ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), por lo que aconsejo que se analice la posibilidad de incorporarlo. Mi opinión es que el BCN debe contribuir a logra el pleno empleo en le mercado laboral de nuestro país.

Debo reconocer que en los últimos cuatro años el BCN se ha distinguido por conservar y fortalecer la estabilización macroeconómica, una condición necesaria pero insuficiente para impulsar el crecimiento económico. Con las propuestas hasta ahora presentadas por el candidato liberal a presidente de Nicaragua se abren las puertas para una política fiscal activa, que son realistas y no ponen en riesgo las bondades garantizadas por la política monetaria.





La verdad debe ser indubitable

24 06 2011

Me sorprendió la cantidad de interrogantes que aparecieron rápidamente después de la lectura que hice del campo pagado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), “La verdad sobre la tarifa de electricidad”, publicada en los diarios de circulación nacional el pasado jueves 23 de junio del año en curso.

Considero que no debería repetirse el tardío ajuste de estas tarifas, que dependen de un precio exógeno a nuestra economía como son los precios internacionales de los hidrocarburos, por lo cual estimo que es incorrecto afirmar que “la tarifa no se había justado por una voluntad y decisión gubernamental”. El servidor público al frente del INE tiene la obligación de informar a la población acerca de los efectos de esos precios internacionales, con más razón si son bruscos o muy acelerados, para poder alertar a productores y unidades familiares e informarles, además, cómo llevar a cabo el ahorro en el consumo de este servicio público para amortiguar la dureza de los altos precios de la energía eléctrica. Sin embargo, no lo hizo, porque, supongo, así apoyó “la protección” gubernamental a todos los agentes económicos del país.

Por primera vez observo el desembolso de un préstamo “hiperconcesional” de US$107 millones, sin plazo y con una tasa de interés igual a 0%. Talvez por eso no nos consultaron si nos endeudaban, pero es obvio que hay que tenemos que pagar el principal.

El principal de esta deuda incluye la deuda de US$52.2 millones de la empresa Gas Natural con los generadores de electricidad, pero el mecanismo del financiamiento extraordinario de los fondos ALBA se ha implementado “sin afectar a todos los consumidores en general”, como afirma el director del INE, excepto las familias de más bajos ingresos que consumen 150 Kh/mes que reciben un subsidio presupuestado y aprobado por la Asamblea Nacional.

Mi opinión es que ese mecanismo financiero sí afecta a todos los consumidores –un préstamo no es un subsidio-, porque más de 820 mil clientes tendremos que pagar la deuda inconsulta. Esta singular situación me hace recordar la frase con que se despide en su libro el fraile Lucas Pacioli, inventor de la contabilidad, “No hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”, pero parece que el director del INE no logró suavizar el impacto del pago de este préstamo a partir de 2012.

Es interesante la afirmación del servidor público que esa inyección de dinero del ALBA facilitará la cancelación de las deuda con los generadores que se haya acumulado hasta diciembre de este año y no se generen nuevas deudas, por lo que se puede concluir que el ajuste tarifario de 41.88% ya cubre las futuras deudas independientemente de lo que le ocurra al precio internacional del fuel oil.

A confesión de parte, relevo de pruebas, dice la expresión jurídica. Estimado señor director del INE: ¿Cómo proyectó usted el precio mensual del fuel oil para el período julio diciembre de este año? Espero su respuesta, porque su afirmación sobre la tarifa de electricidad no es una verdad diáfana, pues debió haber sido clara y sin tergiversación. ¿Cómo ajustó una tarifa de un servicio público con el precio de futuro del fuel oil que nadie conoce? ¿Es esa una técnica usual para determinar la tarifa, a sabiendas que ya ha sido aprobada una fórmula para fijarla?

El director del INE después de haber aprobado el ajuste de la tarifas de energía eléctrica con la polémica tasa de 41.88% hasta diciembre de 2011 -ese aumento será financiado por el préstamo del ALBA- logra provocar cierta “alegría” –aunque yo estoy preocupado- cuando afirma que pagaremos nuestra deuda “inconsulta” –recordemos que el presidente de la República no puede endeudar a los nicaragüenses, ya que sólo la Asamblea Nacional tiene esa competencia legal- cuando nos beneficiemos de mejores precios de energía en el futuro.

La pregunta que demanda una respuesta efectiva es ¿cuándo pagaremos ese financiamiento que muy bondadosamente nos ha concedido ALBA? ¿Cuándo se reduzca la generación termoeléctrica de un 64% en la actualidad a un 15% como dice el Plan Maestro de Energía de nuestro país? El remate del director del INE, que olvida la frase del fraile, es su notable afirmación que no hay plazo perentorio ni intereses, y pretende desconocer que los nicaragüenses tenemos un juicio racional sobre esta nueva deuda.

Concluye el director del INE que es falso que en enero de 2012 habrá un incremento en los precios de la electricidad de 41.88%, y lo cierto, según él, es que habrá un incremento no mayor del 24% siempre y cuando se mantenga el precio actual del petróleo, yo diría del fuel oil. Pero, ¿por qué 24%? Explíquelo, señor director del INE.

Y continúa escribiendo el director del INE que cuidado ni paguemos el ajuste tarifario de 24% el próximo año, porque el Gobierno de Nicaragua, entiéndase el presidente de la República, podría continuar endeudándonos para amortiguar cualquier incremento futuro de las tarifas de electricidad. Observo poca seriedad en esta afirmación de nuestro servidor público.

Sólo daré un consejo amplio, general, para todos los agentes económicos. Comiencen a reducir el gasto de energía; el INE y Gas Natural deben informar a la población sobre cómo ahorrar energía; empresarios, inicien el ajuste de los costos de producción; el INE debe explicar el mecanismo financiero con una verdad indubitable a la población nacional; y las empresas generadoras de energía termoeléctrica deberían guardar silencio, para no exponerse a cualquier riesgo moral.

La empresa distribuidora del fluido eléctrico, Gas Natural, ha mantenido apropiadamente un silencio al respecto, con lo cual reitero que a quien deberíamos escuchar es al director del INE, no leer sus comunicados sino escucharlo de viva voz.





Un ajuste cuestionable de las tarifas de electricidad

21 06 2011

El último ajuste de las tarifas de energía eléctrica de 6.85% fue en mayo de 2010. Desde esa fecha no se había ajustado dicha tarifa, pero los precios internacionales de los hidrocarburos han mostrado una severa aceleración desde junio del año pasado.

El director del INE, David Castillo, anunció recientemente un ajuste de 41.8% de las tarifas de energía eléctrica para todos los grupos de consumidores de este servicio público, lo cual ayuda a demostrar que cumplió el requisito que ese ajuste debía hacerse por una de dos vías, el ajuste tarifario y el subsidio a las tarifas.

El servidor público escogió la primera vía, el ajuste tarifario, y no el subsidio con el que hoy se quiere vender el financiamiento de ALBANISA para que las unidades familiares, empresariales, sociales, las instituciones privadas en general, y las dependencias gubernamentales paguen un menor costo de la factura del consumo de electricidad en el segundo semestre de este año.

Lo novedoso de este ajuste tarifario, es que es artificial, porque en parte es financiado –no subsidiado- por un préstamo del ALBANISA, cuyos términos financieros se desconocen excepto que la tasa de interés será de 0%, lo cual fue afirmado por el presidente de la República, Daniel Ortega. Se desconoce el plazo del préstamo y los años de gracia, pero también se ha conocido que los nicaragüenses tendremos que pagar el financiamiento de nuestras facturas de consumo de electricidad a partir del 1 de enero de 2012.

Por lo tanto, puedo afirmar que el ajuste tarifario anunciado por el director del INE efectivamente se va a pagar cuando descienda el precio internacional del fuel oil –pero esto sería posible sólo con una recaída de la economía mundial- o cuando haya un cambio radical en la matriz de generación de electricidad –lo cual será posible en el mediano y largo plazo-. Entonces, ¿cuándo?

Gas Natural, la empresa distribuidora del fluido eléctrico que cobra la tarifa que aprueba el INE, siempre continuará pagando a las empresas generadoras de electricidad, pero en esta ocasión, de acuerdo con la lógica empresarial, lo hará parcialmente porque ALBANISA pagará el valor parcial de la factura que es financiado con su préstamo muy concesional. ¿Cómo sabrá ALBANISA el monto de la factura total mensual que es financiado por su préstamo? Sólo podrá saberlo si Gas Natural le certifica los préstamos mensuales recibidos tanto por personas físicas como personas jurídicas que serán explícitos en las futuras facturas

El precio internacional del fuel oil bajó drásticamente cuando la recesión económica mundial nos afectó a lo largo del año de 2009, por lo cual cabe preguntar si la tarifa de energía eléctrica se redujo en una forma coherente con el comportamiento descendente del precio del fuel oil. Este precio ha saltado desde 67 dólares por barril en mayo de 2010 hasta 99 dólares por barril en la actualidad, e indica un aumento acumulado de 47% en ese período; por otro lado, el precio del MWH de energía eléctrica que se tomó en cuenta en el ajuste tarifario de mayo de 2010 fue de 136 dólares, mientras que en la actualidad es de 180 dólares, lo cual refleja un incremento de 32%.

Lo polémico, mejor dicho lo cuestionable, del ajuste tarifario de 41.8%, es que se fijó con un comportamiento hipotético del precio internacional del fuel oil durante el segundo semestre de este año, sencillamente porque las autoridades gubernamentales preanunciaron que el préstamo de ALBANISA comenzará a pagarse en enero de 2012.

Ajustar un precio de un servicio público en esa forma es totalmente inapropiado, yo diría que no es lícito, porque las tarifas de energía se estarían fijando con precios mensuales de fuel oil inexistentes, que no han sido observados, a la fecha actual.

La forma correcta es ajustar la tarifa de energía eléctrica con los precios internacionales del fuel oil observados mensualmente en el mercado internacional, para lo cual existe una fórmula ya aprobada entre las condicionalidades de reformas estructurales suscritas entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, ese ajuste, señores servidores públicos, debe hacerse en forma periódica y oportuna, con el fin de evitar inadecuadas interpretaciones sobre las nuevas tarifas que sean anunciadas por ustedes.

He tratado de aclarar todo este embrollo resultante de la pobre explicación que han hecho las autoridades nacionales con respecto al ajuste de las tarifas de electricidad, pero considero que es necesario y urgente una mejor explicación del director del INE de su anuncio de la semana pasada, que nos diga sencillamente cómo ajustó la tarifa de electricidad en 41.8% y, simultáneamente, que el Gobierno de Nicaragua, que nos representa como deudores de este novedoso préstamo, o ALBANISA en su posición de prestamista, aclare a nuestra población cómo piensa cobrar su préstamo a partir de enero del próximo año.





Segundo mandato judicial para desaforar a Eduardo Montealegre

15 06 2011

Hoy a las 10:00 a.m. fui notificado por el Oficial Notificador, Sr. Johnston Araica, de la Oficina de Notificaciones de Managua, que el Juzgado Séptimo de lo Penal de la Circunscripción Managua dictó el envío del expediente judicial número 001869-ORM1-2011 PN debidamente certificado a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, que contiene la segunda solicitud de desaforación del diputado Eduardo Montealegre por sus injurias y calumnias vertidas contra mi persona en la supuesta carta de disculpas que me escribió y publicó en un comunicado de prensa del movimiento político que lleva su nombre el día miércoles 2 de febrero de 2011.

Esta es la segunda solicitud de desaforación para el diputado Eduardo Montealegre, quien continúa escudándose en su inmunidad para burlar la Justicia de Nicaragua desde agosto de 2008, cuando fue acusado por primera vez al haberme calumniado de ser un defraudador del Estado de Nicaragua y al haberme injuriado al afirmar que mi análisis sobre cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001, solicitado por la Contraloría General de la República, no servía.

Cabe recordar que la primera solicitud de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre fue realizada por la Juez María Ivette Pineda Gómez, a cargo del Juzgado Sexto de lo Penal de la Circunscripción Managua, el 6 de octubre de 2008. La segunda solicitud de desaforación la ha hecho hoy el Juez Henry Morales Olivares, a cargo del Juzgado Séptimo de lo Penal de la Circunscripción Managua.

El reacusado Eduardo Montealegre, quien cegado por su soberbia decidió cargar su presunta delincuencia en vez de retractarse en la misma forma en que me injurió y calumnió en su debida oportunidad, desde abril de 2009 también lo he demandado por los daños morales y económicos que él ha provocado tanto a mi familia como a mi persona.

En la próxima semana visitaré al Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, para que dé curso a esta segunda solicitud de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas y, así, evitar la caducidad de este nuevo mandato judicial para que yo pueda tener acceso a la justicia por la violación de mis derechos humanos cometida reincidentemente por dicho diputado.

Ver cédula judicial de notificación: SOLICITUD DEL JUEZ PARA LA DESAFORACIÓN DE EMR





Promesa liberal es realista

15 06 2011

La promesa electoral de 1 millón de empleos ofrecidos por el candidato liberal, Dr. Arnoldo Alemán, es factible porque, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, 1 millón 530 mil personas están subempleados, o sea que la mayoría de ellos trabajan menos de 8 horas diarias y la minoría de los mismos devenga menos que un salario mínimo legal y, además, 211 mil  personas no trabajan en absoluto. En resumen, el 61% de la población económicamente activa del país tuvo problemas de empleo en 2010.

El candidato a presidente del PLI y sus aliados, en su primera exposición sobre la creación de 1 millón de empleos en 5 años, abordó varios proyectos de inversión en infraestructura económica y medio ambiente, en los que se destacan 1 mil 490 kilómetros de tres carreteras pavimentadas para unir el Atlántico con el Pacífico (El Rama-Laguna de Perlas, Río Blanco-Puerto cabezas-Waspán, y Nueva Guinea-Bluefields-Monkey Point), una carretera pavimentadas para desarrollar el turismo en la costa del Pacífico (El Naranjo-Machapa), varios tramos de carreteras adoquinadas para apoyar la comercialización de la producción agropecuaria y asegurar la construcción del Puerto Monkey Point para satisfacer la demanda empresarial de una salida para las exportaciones por el Atlántico y ahorrar al menos 130 millones de dólares anuales en los costos de transporte cuando se recurre a los servicios de Puerto Cortés en Honduras y Puerto Limón en Costa Rica.

En cuanto al medio ambiente, el Dr. Arnoldo Alemán se refirió a un proyecto de reforestación de 5 mil kilómetros cuadrados, un área similar al 60% de la superficie del Lago Cocibolca, la cual produciría 50 millones de árboles maderables. Tomando en cuenta los requisitos de mano de obra directa e indirecta, todos estos proyectos generarían 150 mil 600 empleos

¿Son posibles o realistas estas promesas? Estimo que son realistas. La construcción de las carreteras demanda una inversión de 1 mil 140 millones de dólares e implica la ejecución de un gasto promedio anual de 228 millones, que es menor al monto ejecutado en 2010 que fue de 280 millones de dólares, que en el pasado han sido financiados por préstamos concesionales del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco centroamericano de Integración Económica y Fondo Nórdico de Desarrollo. Por consiguiente, se puede cumplir esta promesa. Una posible restricción de esta promesa electoral es el nivel de celeridad para gestionar, contratar y ejecutar los recursos destinados a estos proyectos, lo cual siempre depende de la calidad de los servidores públicos a cargo de estas tareas.

La construcción del Puerto de Monkey Point está restringida por la condicionalidad fondomonetarista de garantizar un elemento mínimo de concesionalidad del 35% en la contratación de la deuda externa del país, o sea un porcentaje mínimo “no reembolsable” del préstamo o una donación parcial para la ejecución del proyecto, debido a la incapacidad de pago en el  mercado financiero internacional. El financiamiento de este proyecto provendría de inversionistas extranjeros.

El proyecto de protección del medio ambiente requiere detener la deforestación de 80 mil hectáreas anuales y dar inicio a una reforestación de 104 mil hectáreas anuales, lo cual contribuiría a un futuro crecimiento económico de mejor calidad en nuestro país y, por lo tanto, amerita apoyarlo. Considero que es posible investigar la posibilidad de un canje de deuda por naturaleza con acreedores externos bilaterales, que y son pocos, tales como Alemania, España, Corea del Sur y Taiwán.

Una condición necesaria para garantizar la ejecución de estas obras de infraestructura económica y de protección del medio ambiente es que debe cambiar la modalidad del actual diálogo político- empresarial, o sea la sustitución del diálogo que garantiza la estabilización macroeconómica por otro diálogo que garantice la ejecución de proyectos de inversión, tanto privados como públicos. Se puede generar esos empleos y no hacerlo sería equivalente a mantener el alto nivel de pobreza aún imperante en el país.

Por lo tanto, el principal reto del próximo presidente del país es pasar de la macroeconomía a la microeconomía, pasar de los asuntos globales a los asuntos sectoriales, con el fin de buscar la tasa de crecimiento económico suficiente para reducir el subempleo y el desempleo generadores de pobreza.





Carta Abierta al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua

14 06 2011

Señores Magistrados del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua:

Como un ciudadano de Nicaragua les escribo para hacer de su conocimiento mi denuncia que el Sr. Eduardo Montealegre, un candidato a primer diputado nacional de la Alianza PLI, tiene asuntos pendientes con la Justicia de nuestro país por ser un violador de los derechos humanos y por haber causado un grave daño al patrimonio de los nicaragüenses. Las pruebas de sus presuntos delitos existen en tres juzgados penales de la Ciudad de Managua.

El Sr. Eduardo Montealegre, quien actualmente es un diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) en la Asamblea Nacional de Nicaragua, ha mal usado y abusado de su inmunidad parlamentaria para evadir la justicia y cargar con su presunta delincuencia desde hace dos años y once meses, por lo tanto no es ético ni moral y es un golpe a la dignidad de la  política nacional, especialmente en este momento de elecciones nacionales, que participe como candidato a primer diputado nacional.

Por la inmunidad y la impunidad de las que se jacta, el Sr. Eduardo Montealegre de acusado se volvió en un juez, al afirmar públicamente su pretensión de poner una lápida sobe mi acusación por sus graves injurias y calumnias, ya conocidas por nuestra nación, y se burló una vez más, con la protección de sus aliados, del mandato judicial que está en manos de la Asamblea Nacional desde octubre de 2008, para que se inicie el proceso de su desaforación y se presente al juzgado.

Además, el Sr. Eduardo Montealegre no está comprometido con los intereses de la comunidad, no goza de una conducta pública intachable y no abona al bien común de Nicaragua porque la Fiscalía General de la República lo acusó por su irresponsabilidad en el ejercicio de su cargo público durante el gobierno del Ing. Enrique Bolaños.

De acuerdo con nuestra ley electoral, sé que las impugnaciones a los cargos de elecciones nacionales sólo pueden ser realizadas por los partidos políticos. Por esa disposición legal, no lo puedo impugnar como ciudadano nicaragüense que soy, y por esta razón les escribo esta carta pública con el propósito que conozcan de mi parte la calidad de la conducta del Sr. Eduardo Montealegre, que huye de la justicia arropado en su inmunidad y falla al tratar de ocultar su presunta delincuencia.

Si los partidos políticos participantes en estas elecciones nacionales no lo impugnan, el pueblo de Nicaragua se encuentra desprotegido ante semejante desfachatez de individuos como el acusado, ya que ningún ciudadano podría impedir que personas sin escrúpulos representen los intereses de nuestra nación.

Agradecido de su atención a esta carta abierta que les he escrito, les saludo.

Atentamente,

Néstor Avendaño

Cédula 001-300453-0001W

Managua, 14 de junio de 2011





La economía en el informe presidencial de 2010

13 06 2011

El informe presidencial de 2010 entregado a la Asamblea Nacional la semana pasada es muy abundante en información económica y social de nuestro país, de la cual no se debería dudar su veracidad porque estimo que ningún servidor público, desde el más alto cargo hasta el estadígrafo, engañaría al presidente Daniel Ortega, pero sí podré referirme a las omisiones en términos generales con base en los datos oficiales del gobierno de Nicaragua, excepto cuando se especifique alguno estimado por este servidor.

Debido al creciente volumen de las exportaciones de bienes y servicios –que ha subido 7.8% promedio anual en los primeros cuatro años de la actual administración pública- el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.5% en 2010, el cual es calificado como satisfactorio aunque yo le agrego el calificativo de insuficiente por el creciente empleo indecente que existe en nuestro mercado laboral. De acuerdo con mis estimaciones, la tasa anualizada del crecimiento económico debe ser al menos 6% para reducir en 1 punto porcentual la tasa de desempleo.

La ocupación total, según el Informe Anual 2010 del Banco Central de Nicaragua (BCN), fue de 2 millones 637 mil personas el año pasado y mostró un aumento de 246 mil 400 con respecto al total de ocupados de 2009 –no de 304 mil 300, como señala el informe-. Lo que omitió el informe presidencial es que el 53.7% de la población económicamente activa, con base en los datos del BCN, está subempleada y, de ese porcentaje, 45.2 puntos porcentuales corresponde a los que laboran menos de 8 horas diarias y 8.5 puntos porcentuales, a los que devengan salarios inferiores al mínimo legal.

Por consiguiente, el informe da a entender que no existe desempleo o subutilización de la fuerza laboral en nuestro país. Otro ejemplo de este síntoma de triunfalismo en el desempeño del mercado laboral es la afirmación que la tasa de desempleo abierto en el campo de 3.1%, pero es en un momento de apogeo por la cosecha de productos de agro exportación como es el trimestre octubre-diciembre, y que en ese mismo período la tasa de desempleo abierto nacional fue de 6.4%, muy cercana al límite de 4% que indica la presencia de pleno empleo en cualquier economía.

Tomando en cuenta las publicaciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), se desconocen los así llamados Indicadores de Empleo Decente de Nicaragua desde el año de 2007. Los datos en porcentajes del total de ocupados (que incluye a los subempleados) publicados por dicha institución en 2006 reflejaban que el 57.4% no cubría el costo de la canasta básica, el 38.6% no cubría el grupo de alimentos de la canasta básica, el 29.1% ganaba menos que el salario mínimo legal, el 21.6% cotizaba al seguro social, el 1.2% pertenecía a una organización sindical y el 21.3% poseía un contrato de trabajo permanente o temporal.

Debido al carácter eminentemente agropecuario de la economía nacional, aconsejo que en los próximos informes presidenciales se incorporen los datos promedios mensuales de cada año, o los de mediados de cada año -junio o julio-, sobre el empleo, el subempleo y el desempleo procesados con las encuestas de INIDE, para que la población tenga una idea más aproximada a la realidad del comportamiento de nuestro mercado laboral.

Es innegable que el índice de pobreza ha disminuido por la ejecución de políticas públicas dirigidas a la población desposeída, especialmente a la población muy pobre. Los datos de la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2009 del INIDE indican que el índice de pobreza general cayó de 48.3% en 2005 a 42.5% en 2009, mientras que el índice de pobreza extrema se redujo de 17.2% a 14.6% entre los mismos años. Por consiguiente, el número de pobres ha disminuido de 2 millones 632 mil personas en 2005 a 2 millones 440 mil personas en 2009, una reducción de 192 mil personas en cuatro años, un resultado que nos ayuda a demostrar que es necesario un mayor crecimiento de la producción de bienes y servicios y una apropiada distribución de la riqueza para reducir la pobreza de nuestra nación.

La aceleración de la tasa de inflación acumulada anual hasta 9.2% en 2010 redujo en 5.3% el poder adquisitivo del salario promedio nacional entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, pero reconozco que el bono salarial mensual de 529 córdobas con mantenimiento de valor para los empleados públicos, que fue establecido el 1 de mayo de 2010, no generó presiones inflacionarias ni redujo grandemente las reservas internacionales, sino que facilitó el acceso de la población a la canasta de consumo básico y apoyó el desempeño de la actividad comercial. Por otro lado, aunque el salario mínimo legal se ajustó 12% en 2010, en la actualidad se requieren tres salarios mínimos para adquirir una canasta de 53 productos de consumo básico.

Por el lado del sector externo de la economía nacional, el informe destaca el aumento de 32.8% del valor de las exportaciones, obtenido tanto por la vía de un creciente volumen como por la vía de mayores precios internacionales, y su diversificación principalmente en tres rubros (frijol, leche y queso) y un mercado, Venezuela, país que desalojó a la Unión Europea del segundo lugar de compradores de productos nicaragüenses.

Así como aumentaron 15% los precios de las exportaciones, también subieron 12% los precios de las importaciones en 2010. Esto último, aunado al mejor desempeño de la economía, condujo a un déficit comercial de la balanza de pagos de US$1,636 millones que fue financiado, en orden de importancia, por las remesas familiares de US$823 millones, la inversión extranjera directa de US$508 millones y la cooperación externa oficial de US$472 millones. A lo anterior, se agregan US$722 millones en concepto de desembolsos de la deuda externa privada, entre los cuales se distinguen US$511 millones provenientes de Venezuela. No omito la drástica reducción de US$190 millones que se observa en el monto total de la cooperación externa de 2010 con respecto al de 2007, que fue provocada principalmente por la reducción de las donaciones externas.

En el ámbito del presupuesto nacional se nota la contención del deterioro de las finanzas públicas, pero aclaro que el “endeudamiento público responsable y coherente” mencionado en el informe está dirigido al pago de las amortizaciones de la deuda gubernamental interna, o sea la emisión de Bonos de la República de Nicaragua para honrar el principal de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), asociados con las confiscaciones de los años ochenta del siglo pasado, y los Bonos Bancarios, relacionados con las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en los años de 2000 y 2001.

En los ámbitos monetario y financiero, reconozco que se llevó a cabo una muy buena administración de la liquidez con el fin de evitar una mayor presión inflacionaria, pero el aumento de US$226 millones en el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN obedeció principalmente a la compra de US$145 millones por parte del BCN en el mercado financiero local y al aumento de US$103 millones del encaje efectivo sobre los depósitos en moneda extranjera que las entidades financieras depositan en la banca central.

La ausencia de una política financiera efectiva para apoyar el crecimiento económico de nuestro país se manifestó en diciembre de 2010 con tasas de encajes efectivos de 24.1% y de 23.4% sobre los depósitos en monedas nacional y extranjera respectivamente -la tasa de encaje legal era de 16.25% sobre los depósitos en amabas monedas-, y una segunda severa caída del saldo de la cartera de préstamos de 35.0% del PIB en 2009 a 32.4% del PIB en 2010, mientras que el total de los depósitos del público no bancario aceleró su crecimiento hasta 50% del PIB a finales del año pasado, principalmente en dos bancos que captan los depósitos del ALBA.

En conclusión, tomando en cuenta los problemas de un país muy endeudado en términos de producción como es el nuestro, la situación macroeconómica contenida en el informe presidencial puede considerarse como excelente en 2010, y sólo amerita corregir el uso de algunos conceptos económicos y disminuir el tono triunfalista de resolver esos problemas en un corto plazo.





La macro, excelente; la micro, mal

10 06 2011

La macroeconomía está excelente, eso lo han oído todos, pero la microeconomía está muy mal, eso también lo dicen todos. Los políticos a cargo de la política económica nacional manifiestan una plena satisfacción de los resultados de la evaluación macroeconómica que realiza la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin pensar en las condiciones particulares de los sectores y agentes económicos y sociales de nuestro país.

Las clásicas expresiones que ya no interesa saber cuál es el monto de las reservas internacionales brutas del país sino su cobertura sobre la base monetaria, y que se ha contenido el deterioro fiscal porque el déficit del presupuesto nacional es cercano al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) después del registro de las donaciones externas, son muestras de que la macroeconomía ha pasado a un segundo plano y ahora la preocupación debería centrarse en la microeconomía.

El reto principal del próximo presidente de Nicaragua es la economía sectorial y no la macroeconomía –aunque ésta debe ser siempre cuidada más no anhelada-, con la facilitación del pleno empleo y la consecuente erradicación del desempleo y del subempleo, éste último mal llamado ocupación por nuestros servidores públicos para ensalzar su gestión pública. El subempleo ha sido una tragedia permanente en Nicaragua y, en un mundo racional, poner fin a esta tragedia sería la principal prioridad económica de un nuevo gobierno.

Pero, ¿por qué la microeconomía está bastante mal en nuestro país?

Es obvio que no existe una política nacional de empleo, mucho menos una política de pleno empleo. El Consenso de Washington no genera pobreza, sino que funciona sobre la pobreza, lo cual se demuestra con sus resultados económicos y sociales en nuestro país durante dos décadas. La ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), aprobada en el 6 de agosto del año pasado, sólo garantiza los objetivos de la estabilidad del córdoba y el buen desenvolvimiento de los pagos internos y externos, mientras que el presupuesto gubernamental refleja los graves problemas estructurales que el 30% del gasto total corresponde a la inversión pública –el gasto corriente no disminuye la pobreza, le recuerdo a nuestros servidores públicos- y el 40% por ciento del financiamiento de dichas inversiones proviene del exterior.

Por lo tanto, puedo sugerir las recomendaciones de incluir el mandato del crecimiento económico en la ley del BCN, reducir el consumo público y aliviar la carga del pago de intereses de la deuda pública interna para crear un mayor espacio fiscal para el gasto de inversión pública. Todo eso apuntaría a la creación de más empleo formal, con el propósito adicional de disminuir la informalidad que abarca al 70% del  mercado laboral.

El crecimiento económico de Nicaragua en los últimos 17 años ha sido insuficiente, diría anémico, al registrar una tasa promedio anual de 3.8%. La economía nicaragüense debería crecer al menos a una tasa anual de 6% para reducir en 1 punto porcentual la tasa de desempleo de nuestro mercado laboral, lo cual demanda más educación técnica, más capitalización en el agro y la agroindustria, más transferencia de tecnología y una mayor y mejor infraestructura económica, principalmente la red vial, la introducción de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales, y mejores condiciones portuarias.

Sin embargo, el crecimiento económico, mejor dicho el ingreso, debe distribuirse con una mayor equidad entre la población. El motor del anémico crecimiento económico ha sido el comportamiento del volumen de la exportación de bienes y servicios y, en el pasado reciente, la banca comercial –que desde hace dos años se ve decaída- y la construcción –que ahora resurge después de cinco años de caídas consecutivas-, lo cual indica que el ingreso se ha concentrado en pocas manos en nuestro país. Cabe señalar que el índice de Gini de la distribución del ingreso ha disminuido 1 décima en 11 años al pasar de 0.54 en 1998 a 0.46 en 2009.

Se requieren, pues, políticas de redistribución del ingreso, que no son impulsadas desde el presupuesto gubernamental porque el pago de intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa se apodera del 21% del presupuesto nacional. Una sugerencia en este sentido es el fortalecimiento de la Bolsa de Valores de Nicaragua, mediante un diálogo político-empresarial que establezca una mayor confianza entre los inversionistas financieros para transar papeles estatales con un mayor plazo y una menor tasa de interés en su mercado secundario y, así, reducir la presión de la carga del servicio de la deuda pública, especialmente la interna.

Otros ejemplos, con base en datos oficiales de 2010, que ayudan a explicar el porqué la microeconomía está mal se distinguen con: el deterioro del 5.3% del poder adquisitivo del salario promedio nacional; la presencia de 1 millón 287 mil personas que laboran menos de 40 horas a la semana o menos de 8 horas diarias y de otras 246 mil personas que devengan un ingreso menor que el salario mínimo; el registro de 534 mil 881 trabajadores activos, el 23% de la población económicamente activa, con seguridad social; la cobertura de 70% del salario promedio nacional sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico; en la actualidad, la tasa de interés activa de corto plazo “dolarizada” o con mantenimiento de valor es de 12.48%, lo cual inhabilita un adecuado desempeño productivo e impide la creación de empleos.

Otros ejemplos, con base en datos oficiales de 2011, que también ayudan a explicar las “maldades” microeconómicas, son: el numerario o el monto de córdobas que circula fuera del sistema financiero, se redujo en un 14% en el primer cuatrimestre, lo cual garantiza la estabilización macroeconómica pero irrita la demanda interna, o sea el consumo y la inversión; y un superávit fiscal equivalente a 27 millones de dólares en el primer trimestre, lo cual protege reservas internacionales y no atiende las necesidades sociales de la población, con más razón en un país pobre como es Nicaragua, aún muy endeudado en términos de producción.

Entre los primeros 10 productos de consumo de la población nicaragüense no se encuentran carnes que suministran proteínas –sólo leche y frijoles-, y abundan los carbohidratos; las personas que viven en zonas rurales son casi 5 veces más pobres extremas y casi 2 veces más pobres que las personas que viven en zonas urbanas; el 47% del gasto total de consumo de las familias se concentra en alimentos y el 9%, en servicios básicos de la vivienda; el abismo entre los no pobres y los pobres es grande: un no pobre, que pertenece al 57.5% de la población total del país, percibe un ingreso promedio anual equivalente a 1,381 dólares, mientras que un pobre, integrante del 42.5% de la población, tiene un ingreso promedio anual de 468 dólares.

El nuevo presidente que elijamos el 4 de noviembre de este año tiene muchos y grandes problemas microeconómicos que resolver, mucho más complejos que los macroeconómicos, porque deberá responder a la nación sobre cómo acelerará un crecimiento económico de mejor calidad con la protección del medio ambiente, cómo estimulará el gasto de inversión privada y pública, cómo facilitará la creación de empleos decentes, cómo proveerá la producción de viviendas de interés social, cómo promoverá la inclusión de los trabajadores a la seguridad social y la inclusión de la niñez y de la juventud de la población a la educación primaria y técnica, y cómo garantizará el acceso de la gente a la salud pública.