Gadea confía en un presunto delincuente

31 10 2011

En su cierre de campaña en Managua, Fabio Gadea, candidato a presidente de la República por la Alianza PLI, una alianza que hoy se ve bajo la espada de Damocles por la apelación de otras tres facciones del PLI que reclama su representación legal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó que garantizará un sistema estatal probo, o sea un sistema íntegro, honesto y honrado, pero parece ignorar, o lo han engañado, que uno de sus dos “cerebros” de su sistema, Eduardo Montealegre, es un diputado reacusado con cuentas pendientes con la justicia, amoral, prepotente y soberbio.

Este diputado ha sido acusado penalmente dos veces por este servidor por las graves injurias y calumnias contra mí honor personal y mi reputación profesional que él escribió en la edición del diario La Prensa del 31 de julio de 2008 y en una supuesta carta de disculpas que hizo circular desde la casa de su movimiento político personal el 2 de febrero de 2011 y, además, está acusado por la Fiscalía General de la República junto a otras 38 personas por su presunta delincuencia en contra de nuestra nación por su aprobación de los procedimientos “a sobre cerrado” y “a golpe de martillo” en las subastas de bienes públicos realizada en el Banco Central de Nicaragua (BCN) en el primer semestre de 2003 y por su “reingeniería financiera” al reestructurar la deuda por las liquidaciones bancarias que nos heredó ilícitamente “infladas” el abogado Noel Ramírez.

¿Cómo creerle al candidato del PLI, Fabio Gadea, que su sistema estatal será probo? ¿Cómo esperar que el candidato a primer diputado nacional del PLI, Eduardo Montealegre, deje de estar al margen de la ley? Es muy difícil imaginar que este diputado goce de la confianza de los nicaragüenses, cuando él propinó un golpe de 23.4 millones de dólares a la población nicaragüense con la emisión de dos Bonos Cupón Cero al reestructurar la deuda por CENIs/INTERBANK, en su carácter de ministro de Hacienda y Crédito Público y miembro del Consejo Directivo del BCN en el gobierno de Enrique Bolaños. Es muy difícil que los nicaragüenses confíen en la persona de Eduardo Montealegre que se burla constantemente de la ley y de las autoridades judiciales, pero también es sorprendente que el candidato a presidente de la Alianza PLI confíe a ciegas en un perseguido de la justicia que se escuda en su inmunidad de diputado y alarga la fila de los impunes de nuestro país.





Al fin la Iniciativa HIRC en Europa

27 10 2011

El miércoles 25 de octubre los líderes de los 17 países de la Eurozona respiraron un poco más tranquilo, al poner a funcionar, en términos prácticos, una Iniciativa para Países Ricos Muy Endeudados (Heavily Indebted Rich Countries), aunque no lo hicieron en el Club de París, sino en la Cumbre de Bruselas., donde se aprobaron tres decisiones clave:

  1. la ampliación desde 440 mil millones de euros hasta el billón (1 millón de millones) de euros del fondo de rescate, o sea el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF);
  2. la condonación voluntaria por parte de los acreedores del 50% de la deuda pública de Grecia, que está principalmente en manos de banqueros franceses y alemanes, mayor que el 21% que habían aprobado en julio de este año; y
  3. elevar las exigencias de capital de máxima calidad (core capital) de la banca del 6% al 9% (tier 1 o nivel 1) antes de julio de 2012, y para ello los bancos afectados habrán de valorar su cartera de deuda soberana a precios de mercado, lo que supone que los que tienen deuda griega deberán aplicar una quita importante y tendrán limitado el pago de dividendos a sus accionistas y de bonos a sus empleados y para capitalizarse (se estiman necesidades de capital de 150 mil 61 millones de dólares) deberán acudir a las fuentes de financiación privada y, si no lo consiguen, podrán recurrir primero a su Estado y después al fondo de rescate.

Hubiese sido más convincente haber determinado los riesgos de exposición al impago de la deuda pública de todos los países europeos, con el propósito de hacer una prueba efectiva de la ampliación del FEEF y de la resistencia financiera que hoy se pide a los bancos inversores que hayan comprado bonos de los países europeos. O sea, se hubiese hecho algo análogo a lo que los países ricos hicieron en el Club de París en octubre de 1996 para condonar al menos el 80% del saldo total de la deuda externa de 43 países pobres muy endeudados con la Iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), que después se amplió hasta al menos el 90% en la Cumbre del G-7 en Colonia, Alemania, en junio de 1999, con el fin de estimar el aporte de cada acreedor en el perdón de la deuda de estos países que se concentraban en África, Asia y América, entre ellos dos centroamericanos, Honduras y Nicaragua.

Grecia es el tercer país que cae en la crisis económica europea. Le antecedieron Irlanda y Portugal. Con esa condonación del 50% de la deuda pública helena, el nuevo saldo adeudado por Grecia se rebaja desde 162% del PIB hasta un 120% del PIB, y continuaría siendo un país muy endeudado ya que se estima que será igual a 110% del PIB antes de 2020. A Italia, el tercer país europeo económicamente más fuerte, se le ha pedido más reformas para impulsar el crecimiento, mientras que España, según la agencia Moody’s, refleja los riesgos de una mayor crisis del bloque de la moneda única al degradar la deuda del gobierno español en dos escalones, de Aa2 a A1, el martes de la semana pasada. Moody’s también advirtió que Francia corre serio peligro de perder la codiciada nota soberana “AAA”.

Para pagar la deuda, Grecia tendría que observar un crecimiento económico, que hoy se ve obstaculizado por la idea política que se debe reducir el gasto público y, por ende, el déficit fiscal y la deuda pública. ¿Cómo crecer económicamente con la disminución del gasto público, específicamente del gasto de inversión pública en infraestructura económica, que facilite el aumento de la inversión privada? No lo veo posible. En otras palabras, primero hay que invertir para reducir la tasa de desempleo con la creación de puestos de trabajo, luego aumentar la producción y generar ingresos, y después pagar la deuda, pero no podemos hacer esto último sin reducir el desempleo.

El problema de Grecia no es su severo endeudamiento público de 120% del PIB, sino su severa tasa de desempleo que supera el 16% de su población económicamente activa, la cual se ha incrementado con el ajuste macroeconómico y ha provocado serios conflictos sociales. Las nuevas ideas políticas tratan, pues, de consolidar el balance fiscal con la reducción de la deuda y de condena el crecimiento económico a corto plazo. En síntesis, no se garantiza la gobernanza económica.

Los 27 países de la Unión Europea (UE), preocupados por esta situación, han comenzado a proponer, para crecer, reducir 25% de la carga administrativa de las empresas, potenciar la eficiencia energética, la investigación y la innovación, pero para hacer esto hay que gastar vía presupuesto o con fondos de la UE, o sea con más deuda pública que hoy que pretende disminuir para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A simple vista puedo afirmar que el problema económico europeo no se ha resuelto. Las soluciones financieras no implican necesariamente el crecimiento económico deseado, ahora en una situación más complicada con el bastante probable estrangulamiento del crédito bancario, que será también más caro con la nueva norma de elevar el capital de máxima calidad de las entidades bancarias hasta un 9% de sus activos en riesgo en un plazo de 8 meses.





Un diputado sin vergüenza

26 10 2011

A diez días de las elecciones nacionales, el supuesto candidato de consenso Fabio Gadea Mantilla, escogido con el dedo de un presunto delincuente, el banquero y político Eduardo Montealegre, no respondió mi solicitud pública de concederme unos breves minutos de su apretada agenda para demostrarle los valores anti democráticos de quien lo escogió, lo cual contradice su promesa de campaña de combatir la corrupción y promover la honestidad en su gobierno, en el caso que resultara electo.

Sin ningún ápice de vergüenza y moral, el ahora primer candidato a diputado nacional por la Alianza PLI, Eduardo Montealegre, aparenta ignorar mis dos acusaciones por haber pisoteado mi dignidad personal y mi reputación profesional, por ser un violador de los derechos humanos sin valentía de retractarse de sus injurias y calumnias tal como manda la ley, que él aprobó como diputado, al escudarse en la inmunidad que le confiere su cargo y refugiarse en la impunidad al cargar públicamente su presunta delincuencia desde hace tres años. Es por eso que, a diez días de las elecciones nacionales, reafirmo que los nicaragüenses debemos erradicar del escenario político nacional con el poder de nuestros votos a personas amorales, deshonestas e irrespetuosas, que están acusadas penalmente como Eduardo Montealegre.

Por la vía cívica, democrática y civilizada podemos expulsar del escenario político a esta clase de personas como Eduardo Montealegre, que pretenden ocupar altos cargos públicos para evadir la justicia y seguir burlándose de los nicaragüenses. Este diputado, que quiere reelegirse, tiene el descaro de autodenominarse demócrata, sin importarle su irrespeto las leyes y a los jueces que imparten justicia en nuestro país, y aparenta ser una persona inocente y honesta, proba y sincera; sin embargo, desde su cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Bolaños cometió otros presuntos delitos en contra de todos nosotros, al aprobar los procedimientos de “sobre cerrado” y “golpe de martillo” para subastar los bienes públicos provenientes de cuatro bancos liquidados y al realizar su “reingeniería financiera” en la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias, que ya estaba plagada de otros presuntas delincuencias del abogado Noel Ramírez, ex presidente del Banco Central de Nicaragua.

Como le dije públicamente a Eduardo Montealegre, yo no soy autoridad competente para pronunciarme sobre su inocencia o su delincuencia, pero como economista siempre le afirmaré que tiene que aclarar sus acciones inapropiadas a la Nación y al Juez ya que los números hablan por sí solos, a pesar que él, con su soberbia que le empuja a insultar y no razonar, se auto declare un perseguido político para burlarse de la acusación penal que le interpuso la Fiscalía General de la República junto con otras 38 personas.

Después del 6 de noviembre y antes del 15 de diciembre de este año, el diputado reacusado Eduardo Montealegre será  sometido al proceso de desaforación, de acuerdo con el compromiso público que hiciera el Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, el 1 de septiembre recientemente pasado.

Ningún nicaragüense está sobre la ley, pero este diputado desde hace tres años se encuentra al margen de la ley. Siempre continuaré insistiendo, y no me cansaré de hacerlo, que este diputado reacusado e irresponsable se presente a los juzgados para que sea sancionado según la ley y pague todos sus daños morales y económicos que ha causado no sólo a mi persona sino también a mi familia. Como le dije una vez que nos encontramos en una canal de televisión, continuó esperándole en el juzgado. Pronto lo veré allí.





Hay que hacer algo nuevo

24 10 2011

Tal como lo habíamos previsto, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el séptimo y último examen del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) de Nicaragua el pasado viernes 22 de octubre, por lo cual desembolsará el último tramo de US$8.74 millones, de un total de US$114.1 millones entregados desde su aprobación en octubre de 2007, que serán guardados en las bóvedas del Banco Central de Nicaragua (BCN) para aumentar las reservas internacionales. Además, el FMI notificará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que entregue al gobierno un préstamo de US$45 millones de dólares de libre disponibilidad para apoyo del presupuesto nacional.

Lo más importante de esa aprobación es que, por primera vez en la historia económica de nuestro país, en un año de elecciones nacionales se han minimizado los riesgos económicos y financieros, aunque el riesgo político continúa siendo alto, de tal forma que el riesgo país es moderado en la actualidad. Sin embargo, la entrega del préstamo del FMI es menos importante que la atracción de las inversiones extranjeras directas que provoca su anuncio oficial que Nicaragua aprobó con excelencia el examen macroeconómico, en unos momentos en que urge crear empleos decentes para reducir la pobreza de los nicaragüenses.

Mis felicitaciones a los funcionarios de la administración pública actual por este avance de la corrección de las metas macroeconómicas, aunque tengo una excepción entre ellas, y de la eliminación de problemas estructurales de la economía nicaragüense, aunque aún existen muchos pendientes de solución, que serían incluidos en parte en la formulación del quinto programa económico que el próximo gobierno suscribirá con el FMI en 2012.

Los políticos nicaragüenses saben que desde 2002 Nicaragua está patinando en el estadio de la estabilización macroeconómica (con tasas de inflación y de devaluación promedio anual de un dígito, 7.8% y 4.7% respectivamente) con una anémica tasa de crecimiento económico promedio  anual de 3.1%, por lo cual ¿sería correcto mantener la misma calidad del diálogo económico con el FMI en el próximo quinquenio?

Creo que no, porque seguir haciendo “más de lo mismo” de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, aunque sea en mejor forma, significaría permanecer en el atolladero de la estabilización de precios al consumidor y del tipo de cambio, asegurar el insuficiente crecimiento de 4% de la producción, observar el crecimiento acelerado de la informalidad laboral, mantener la sobrevaluación del córdoba que no promueve el aumento del  volumen de los bienes exportables, y esperar que nos salve el mercado. ¿Cuál mercado? ¿Libre o libertino? ¿Con o sin regulación estatal? ¿Con o sin fragilidad institucional? ¿Con o sin impunidades bancarias y políticas?

Por supuesto que hay más interrogantes, pero se nubla el futuro económico de nuestra nación al escuchar de altos cargos públicos que han reducido el déficit público hasta 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) como un éxito del Programa SCA, a pesar que nuestro país tiene un gran desempleo y subempleo, es pobre, no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional –por lo cual se requiere la suscripción de un nuevo programa con el FMI-  y muestra un perenne déficit comercial externo que varía anualmente en un rango de [25%, 35%] del PIB.

Es incorrecto e ilógico suponer que la desaparición del déficit fiscal y la reducción de la tasa de inflación atraerán automáticamente al capital privado extranjero, porque los inversionistas están más interesados en una economía con un crecimiento sólido que en una economía estancada con estabilidad macroeconómica.

También es incorrecto suponer que reduciremos la gran subutilización de nuestra fuerza laboral y, por ende, el alto índice de pobreza humana, con el congelamiento del gasto de inversión pública en el nivel de 20% del gasto total del presupuesto nacional público, un porcentaje influenciado con las ideas políticas de reducir el gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública, que constituyen el mayor obstáculo para disminuir el desempleo y el subempleo en nuestro país.

¿Por qué insiste el FMI en Nicaragua a bajar la tasa de inflación a un rango de [2%, 4%], a reducir el déficit fiscal a 2% del PIB antes del registro de las donaciones externas y a obtener un superávit fiscal cercano a 1.5% del PIB después del registro de las donaciones externas, a sabiendas que 2 millones 400 mil nicaragüenses están sumidos en la pobreza? ¿Por qué una tasa de inflación anual cercana a 10% es mala para el FMI? ¿Por qué el FMI insiste en pagar rápidamente la deuda pública, onerosa e ilícita en nuestro caso, sin la posibilidad de que la población genere más ingresos para pagar esa deuda al mantenerse una elevada tasa de desempleo y subempleo?

La política monetaria debería, por lo tanto, estar supeditada a los objetivos de una política fiscal orientada al crecimiento económico y a la redistribución del ingreso, y ésta última se ejemplifica, según datos oficiales de 2009, con el hecho que, al excluir al 20% de las familias de más altos ingresos, el restante 80% de las familias nicaragüenses sólo capta el 48.6% del ingreso nacional disponible.

Sin embargo, por ley el BCN sólo se preocupa por “la estabilidad de la moneda y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos”. ¿Dónde quedó la contribución de la política monetaria para impulsar el crecimiento económico y el pleno empleo? Quedó en el olvido del banco central de un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción, como es Nicaragua.

La producción de Nicaragua puede volver a crecer con políticas macroeconómicas más flexibles sin caer en el desorden de elevados déficit fiscales y altas tasas de inflación, pero se necesita cambiar la calidad del diálogo con el FMI. Entre los programas de gobierno que he conocido de los candidatos a presidente de la República, hasta ahora sólo uno, el del candidato por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Dr. Arnoldo Alemán, presenta la oportunidad de cambiar ese diálogo con una importante cartera de inversiones públicas que también resolvería uno de los más severos problemas estructurales del presupuesto nacional, como es el de consumir más e invertir menos, y así no se reduce el desempleo y la pobreza.

Esa cartera de proyectos de inversión pública en nueve ejes de producción ya explicada por el candidato liberal está acompañada de una cartera de proyectos de inversión privada, ésta última facilitada por la primera. La pobreza se erradica con más inversión en infraestructura económica y con más inversión privada, mas no por la vías de aumentar el consumo público y reducir el déficit fiscal y la deuda pública. La propuesta liberal es hacer algo distinto a lo que se está haciendo para sacar al país de la postración económica: en 2011, el ingreso per cápita promedio anual de Nicaragua es de US$1,220, el de Centroamérica, incluyendo a Panamá, US$3,800; y el del Mundo, US$9,920. Reitero: hay que invertir más y consumir menos con el presupuesto nacional.





Presupuesto 2012, más de lo mismo

18 10 2011

El proyecto del presupuesto nacional de 2012 que fue presentado a la Asamblea Nacional el sábado 15 de octubre continúa afectado por los mismos problemas estructurales de antaño, es decir problemas que han persistido desde la última década del siglo pasado. En otras palabras, la política fiscal es “más de lo mismo”, al igual que lo son la política monetaria y la política cambiaria, porque la política financiera no existe al dejarse exclusivamente al mercado. Yo pregunto cuál mercado. ¿Cuáles son esos problemas estructurales?

El 35% del gasto corriente corresponde a sueldos y salarios, pero urge elevar la eficiencia y la productividad del empleado gubernamental. Los servidores públicos incumplieron en este año la reforma estructural de entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la evaluación del empleo permanente y del empleo temporal en el Gobierno Central.

La presión tributaria indica que de cada C$100 de producción el gobierno central se apodera de C$19.88 en concepto de impuestos, pero profundiza la regresividad del sistema tributario sin registrar aún el impacto de la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando se proyecta la participación de 66% de los impuesto indirectos en el total de los ingresos tributarios.

Aunque el gasto público en términos nominales (en precios corrientes) aumenta 14% y en términos reales (o en precios  constantes, es decir eliminando la inflación) también aumenta 7%, el gobierno planea consumir más y pagar más intereses y continuar invirtiendo lo mismo, no obstante la pobreza se combate con la inversión. Este obstáculo resultante de un creciente gasto corriente se observa desde 2008, lo cual limita a la inversión pública a un 23% del gasto total proyectado en 2012 y no facilitará amortiguar los efectos de la ya segura desaceleración de la economía mundial del próximo año.

El pago de la deuda gubernamental interna y externa, la primera aumentada y la segunda ya reducida con dos iniciativas (HIPC y MDRI), absorbe el 19.2% del total del gasto presupuestario del próximo año y relega los gastos del Ministerio de Educación (MED) y del Ministerio de Salud (MINSA), que reciben el 13.4% y el 14.2% del total del gasto respectivamente.

Un país pobre como es Nicaragua destinará de cada 100 córdobas en concepto de de impuestos 27 córdobas al pago de la deuda gubernamental, asignados principalmente a los acreedores internos, como son los tenedores de Bonos de Pago por Indemnización (BPI) y Bonos de la República de Nicaragua (BRN), y los grupos financieros, en vez de alargar los plazos de los bonos gubernamentales a 10 años y, por qué no 15 años, y de contribuir al desarrollo del mercado secundario de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

Seguimos atascados en el círculo vicioso de endeudarnos para amortizar la deuda con los acreedores internos. Para ello, el gobierno propone endeudarnos el próximo año con un monto de US$122 millones. Cada uno de nosotros gasta anualmente US$69 para cumplir con los intereses y amortizaciones a nuestros acreedores internos y externos.

El déficit fiscal equivalente a US$197 millones es sobre financiado con recursos de la cooperación internacional que suman en términos netos (de amortizaciones de la deuda externa) US$303 millones, por lo cual el Gobierno Central se ve “obligado” a depositar el exceso de la cooperación de US$106 millones en las arcas del Banco Central de Nicaragua (BCN) para mantener el “esfuerzo fiscal” de proteger la posición de las reservas internacionales, independientemente de las necesidades sociales de la población. A ese esfuerzo se le denomina, en términos contables, “contracción del crédito interno neto” del BCN al Gobierno Central, que incluye el aumento (o la disminución) de los depósitos del gobierno en el BCN.

Permanecemos alejados del ansiado 7% del PIB en concepto del gasto en educación pública primaria y secundaria, ya que el MED tendrá un gasto presupuestado del 3.7% del PIB en 2012. Sin embargo, se observa que el gasto per cápita planeado en salud pública es de US$50, monto que es igual al valor del “paquete mínimo” de salud recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En resumen, para 2012 el total de impuestos, que siempre son subestimados para enviar menos transferencias a las universidades, a los alcaldes y al Poder Judicial, asciende a US$1,479 millones, mientras que el gasto del presupuesto totaliza US$1,795 millones. La lógica económica del Estado continúa siendo la misma, al anteponer la deuda gubernamental sobre la salud y la educación de la población. El presupuesto nacional, después del pago de la deuda, distribuye miseria fiscal, por lo que se debería proponer también que el gobierno cobre bien los impuestos directos al 1% de la población del país que captura el 20% del ingreso nacional.

Después de los rescates de los depositantes de cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001, no observo ningún ánimo presidencial para devolver a nuestra nación todo aquello que le quitaron inapropiadamente en la emisión de esa deuda interna, realizada por Noel Ramírez, en la reestructuración de la misma deuda, diseñada por Eduardo Montealegre, y en la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados que se llevó a cabo en el BCN.

El presupuesto de 2012 honra, pues, las palabras que expresó el presidente de la República, Daniel Ortega el 19 de julio de este año: “Lo que se está haciendo bien, lo seguiremos haciendo, pero mejor”.





Carta Pública

17 10 2011

Managua, Nicaragua, 17 de octubre de 2011

Doctor

Wilfredo Navarro Moreira

Primer Secretario

Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Estimado Dr. Navarro Moreira:

El 6 de octubre recientemente pasado se cumplieron tres años que la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional recibiera la primera solicitud de desaforación del diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, de parte de la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez.

Como es de su conocimiento, el diputado reacusado Eduardo Montealegre, abusando de su inmunidad no se retractó, tal como lo manda la ley, de sus graves injurias y calumnias en contra de mi persona, al dañar mi reputación y honor de economista y al tildarme irresponsablemente como un defraudador del Estado de Nicaragua en un chat con los lectores de La Prensa publicado por ese diario el 31 de julio de 2008.

En enero de este año, con su observación pública de que el diputado querellado Eduardo Montealegre se disculpara en forma escrita por sus injurias y calumnias a este servidor, me vi obligado a acusarlo de nuevo porque en su carta, que él distribuyó desde la dirección electrónica de su movimiento político, reafirmó las injurias y calumnias y agregó nuevas calumnias contra mi persona, las cuales fueron propagadas públicamente a los Señores Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la sección política del Diario La Prensa y a los medios de comunicación social. Por esa segunda acción inapropiada del diputado Eduardo Montealegre, en junio de este año la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional recibió la segunda solicitud de desaforación de parte del Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares.

Tomando en cuenta lo antes descrito y de acuerdo con sus palabras públicas ante los medios de prensa hablada, escrita y televisiva en mi visita a su despacho el 1 de septiembre de este año, le reitero su compromiso, tan pronto concluya el proceso de las elecciones nacionales del 6 de noviembre próximo, de incluir en el orden del día de la Asamblea Nacional las dos solicitudes de desaforación del diputado Eduardo Montealegre, con el fin de que se nombre la comisión que las analizará y se pronunciará al respecto.

Tres años han transcurrido en la búsqueda de tener acceso a la justicia, con el propósito que el diputado Eduardo Montealegre se retracte en la forma que manda la ley y responda por todos los daños morales y económicos que ha provocado a mi persona y a mi familia desde el 31 de julio de 2008.

Agradeciendo su atención, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.






Tengan cuidado con un candidato

16 10 2011

Tres años continuos de luchar contra la impunidad que ostenta y hace gala el diputado reacusado Eduardo Montealegre consolidan mi reclamo de la defensa del honor personal y familiar, con eco nacional, de que nuestro Poder Legislativo tenga la voluntad política de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses y que me faciliten el acceso a la justicia mediante la desaforación de dicho diputado, que se auto engrandeció por su posición de fuerza con falta de razón y por su notable resistencia de cargar su presunta delincuencia.

En estos momentos de elecciones nacionales, al pretender Eduardo Montealegre reelegirse como primer diputado nacional de la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI), hoy cuestionada por otras tres facciones del PLI, tengo la obligación ciudadana de señalarlo públicamente porque intenta continuar siendo un impune con su persistente abuso de la inmunidad que le confiere su cargo público, y también con el propósito de recordarles que este diputado no es un digno representante y que debemos elegir a personas honestas, probas, morales, éticas, respetuosas de la ley y de los derechos humanos, y preocupadas por el bien de la nación.

Elegir a un diputado como Eduardo Montealegre, quien se ha distinguido por su soberbia, prepotencia y amoralidad en mi reclamo por sus gravísimas injurias y calumnias, que él escribió en La Prensa y que reiteró y amplió en una supuesta carta de disculpas que hizo circular desde la casa de su movimiento político personal, es llevar de nuevo a la Asamblea Nacional a un representante que se burla no sólo de las leyes, sino del Poder Judicial y de los jueces que imparten justicia, quien también es acusado de corrupción por otra presunta delincuencia que cometió en 2003 cuando reestructuró la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y cuando aprobó las subastas de los activos de cuatro bancos liquidados.

Con su aparente fuerza política y económica, Eduardo Montealegre cree que siempre se burlará de las leyes y continuará atropellando a los nicaragüenses, mas no piensa que con su tachable conducta se ha demeritado como persona y como diputado. No elijamos a la Asamblea a un diputado desvergonzado, quien en sus antecedentes ha protegido los intereses de grupos financieros y ha empobrecido a los nicaragüenses. En la persona de este diputado se conjugan perfectamente la impunidad bancaria y la impunidad política.

También hago propicia esta oportunidad para recordar el compromiso público del Primer Secretario de la Junta Directiva de las Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, que después del 6 de noviembre próximo, día de las elecciones nacionales, proceda al proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre, de acuerdo con las solicitudes de dos jueces penales que están en el despacho de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, para que el diputado doblemente querellado se retracte tal como lo manda la ley y responda por todos los daños morales y económicos que ha causado desde hace tres años a mi persona y a mi familia.





Mis comentarios al Informe del Estado de la Región en Desarrollo Humano 2011

14 10 2011

Estimados Miembros de la Mesa Principal

Estimados Participantes:

El Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano 2011 refleja la presencia de un complicado escenario centroamericano, que se caracteriza principalmente por choques económicos, crisis políticas, violencia e inseguridad ciudadana, desigualdades, exclusión social y riesgos climáticos.

Los efectos de la recesión económica mundial no han desaparecido, porque el virus de los papeles hipotecarios tóxicos mutó en un virus financiero con la caída de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008. Luego, el virus se volvió real con la recesión económica que afectó a nuestros países centroamericanos a los largo de 2009. Después se transformó en un virus presupuestario, debido a la crisis fiscal que se originó con el rescate a los banqueros en las economías avanzadas y con el impulso al crecimiento económico mundial en 2010. Sin embargo, el virus continuó mutando y se volvió un virus cambiario a inicios de 2011, con la guerra de divisas provocada por la subvaluación y la sobrevaluación de las monedas duras y de las monedas de países emergentes, que en este momento se manifiesta con una probable guerra comercial entre Estados Unidos y China por el reclamo estadounidense de la subvaluación del yuan. Y recientemente, el virus es político, porque estamos frente a una crisis de ideas políticas cuando se pretende reducir el gasto público, el déficit fiscal y el saldo de la deuda pública en momentos de un elevado desempleo mundial.

Se distinguieron las crisis políticas en Honduras, con un golpe de Estado, y en Nicaragua, con la denuncia de un fraude en las últimas elecciones municipales y, agrego, con los conflictos entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo que han obstaculizado el fortalecimiento de la gobernabilidad y la institucionalidad y, además, una apropiada y oportuna atención a las necesidades de nuestra nación.

En términos generales, los problemas de educación, salud y seguridad social se concentran en los cuatro países del norte de la región, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, estos dos últimos calificados como pobres y muy endeudados en el marco de las estrategias de reducción de la deuda externa. Excluyendo a Costa Rica y Panamá por sus mayores coberturas de los servicios sociales, y tomando en cuenta que en Nicaragua se ha avanzado en la reducción de la exclusión social y de la pobreza desde 2007, el 40% de los hogares centroamericanos está excluido no sólo socialmente sino también del mercado, lo cual, por supuesto, erosiona el orden democrático y provoca el riesgo del surgimiento de los Estados “degradados”, tal como lo señala el Informe.

En el caso particular de Nicaragua, 1 millón 500 mil personas tienen problemas de empleo y el 42.5% de la población es pobre. En 2009 había 610 mil personas que no estaban matriculadas en la educación primaria y en la educación secundaria; 490 mil personas que no tenían acceso a los servicios de salud; y 1 millón 590 mil ocupados que no gozaban de la seguridad social.

Siempre en el caso de Nicaragua, estimamos un monto de 211 millones de dólares como el costo presupuestario necesario para la inclusión de los niños y adolescentes en las escuelas e institutos, elevando también la asignación de recursos del Ministerio de Educación, en porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.0% en 2009 a 7.0%, así como para la inclusión de la población en los servicios de salud, tomando en cuenta el valor de 50 dólares del “paquete mínimo” de salud recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, ampliar la cobertura de la seguridad social en Nicaragua, desde el 24% de la población económicamente activa hasta un nivel tolerable de 80%, demandaría aumentar la inversión fija, o sea la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo, en casi 3 veces el PIB anual del país, o sea 20 mil 300 millones de dólares, lo cual facilitaría la reducción de la tasa de informalidad del mercado laboral que se amplió de 62% en 2006 a 76% en 2010.

Compartimos plenamente la necesidad de que se logre un acuerdo político duradero contra la exclusión social y la exclusión del mercado de casi la mitad de los hogares centroamericanos. También compartimos la recomendación del Estado de la Región de buscar nuestras soluciones propias, como istmo y como país, mediante el impulso de programas y proyectos regionales, con el fin de avanzar en la integración regional, cesar la hostilidad democrática, fortalecer la institucionalidad, reducir las inequidades en la distribución del ingreso y de la carga tributaria, mitigar los efectos del cambio climático, combatir la inseguridad alimentaria, aprovechar el bono demográfico, eliminar las barreras de exclusión política para los grupos de población vulnerable, y disminuir las brechas de inversión social entre los países.

La lección de ayer es la de hoy y las preguntas de ayer son válidas hoy, porque continuamos en crisis. He aquí algunas de ellas.

  • ¿Existe un concepto compartido de la crisis en los países centroamericanos?
  • ¿Se ocultará la gravedad de esta crisis para no provocar pánico?  ¿O se imprimirá una mayor transparencia al mensaje para la población?
  • ¿Habrá poco debate público en los países centroamericanos sobre los impactos de las crisis política, económica y social?
  • ¿Son limitadas las maniobras de los gobiernos de los países del istmo?
  • ¿Se impulsarán políticas populistas? ¿Se corregirá el mercado libertino?
  • ¿A cuáles grupos se les protegerá más?  ¿Cómo y cuándo se hará?  ¿Quién pagará los costos?
  • ¿Está o no está cuestionado aquel paradigma “dejad hacer, dejad pasar”?
  • ¿Hay fallas de regulación estatal?
  • ¿Continuaremos haciendo “más de lo mismo” para contrarrestar la crisis?
  • ¿Se minimizarán los problemas de la economía ilegal, el narcotráfico y la corrupción en momentos de esta crisis económica y de alta exclusión social?
  • ¿Vamos a tanto mercado como resulte posible?  ¿Vamos a tanto Estado como sea imprescindible?  ¿Quién pone la línea divisoria?
  • ¿Afectarán las medidas de corto plazo los pilares de desarrollo de largo plazo?

En el corto plazo, hay que buscar acuerdos nacionales con bajo costo político para reducir el desempleo, por ejemplo aumentar el gasto de inversión pública en infraestructura económica que estimule la inversión privada, y acuerdos nacionales con poca polémica, tales como iniciar procesos de sustitución de importaciones y concentrar los subsidios entre la población pobre, aunque en Nicaragua desde ahora se preparan para 2012 acuerdos con mucha polémica como son la reforma tributaria, la reforma del fondo de pensiones de seguridad social y la búsqueda de una mejor eficiencia y productividad de los trabajadores que laboran en el gobierno central.

A simple vista logramos concluir que nuestros países deben producir más alimentos, ampliar la base de contribuyentes, reducir la regresividad de los sistemas tributarios, construir viviendas dignas de interés social, elevar el nivel de escolaridad promedio nacional, continuar reduciendo la tasa de desnutrición infantil y la tasa de mortalidad materna e infantil, apoyar con educación técnica y tecnología a la microempresa y a la pequeña empresa, incorporar a la mujer como gestora de los recursos familiares, eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres que ocupan cargos de trabajo similares, proteger la competitividad empresarial y promover el comercio con nuestro mercado natural que es el centroamericano.

Felicito a los amigos y colegas del Estado de la Región aquí presentes, por su Informe en Desarrollo Humano 2011, desde Centroamérica y para Centroamérica, Evelyn Villareal Fernández, Álvaro Cálix Rodríguez, Susan Navarro Vargas y Tatiana López Gianoli. Desde Managua hasta San José, mis felicitaciones a Don Miguel Gutiérrez Saxe, Don Alberto Mora y a todos los funcionarios que se desempeñan en Estado de la Región.

Muchas gracias por su atención.

 

Managua, Nicaragua

13 de octubre de 2011





El voto y la economía

9 10 2011

En el Renacimiento, Thomas More fue decapitado por no aceptar el anglicanismo, la nueva religión de Enrique VIII, y en la Ilustración del Siglo XVIII se promulgó la libertad religiosa, independientemente de la religión del Estado. Hoy la visión de la democracia occidental separa la Religión del Estado, el Estado es laico, excepto en las sociedades israelitas e islámicas. Esa separación la dejó a entrever Jesús al decir “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”, cuando los fariseos quisieron sorprenderlo con el pago de los impuestos.

En el inicio del Siglo XXI aún no se ha podido separar el poder político del poder económico. Quien detenta el primero posee los medios de coacción física en forma legítima, y el segundo se caracteriza por la posesión de bienes y riquezas. La historia económica nos enseña que el segundo generó al primero, cuando las monarquías feudales sucumbieron ante el poder económico de la estructura mercantil-capitalista.

El poder económico siempre ha sido más poderoso que el poder político. En nuestras elecciones nacionales pasadas, el gran capital, especialmente los banqueros, financiaban las campañas de los candidatos. Es bastante seguro que una vez que el ganador de la elección presidencial se sentaba en la primera silla del país, los financistas de la campaña le recordaban la sentencia del Fray Luca Paccioli, inventor de la contabilidad, que “no hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”. Es fácil concluir que la impunidad bancaria es más poderosa que la impunidad política.

En las elecciones del 6 de noviembre, la máxima organización empresarial del país manifestó correctamente que no apoyarían a ningún candidato a presidente de la República. Se separó la gestión empresarial de la gestión política, lo cual fue un paso hacia adelante y en la correcta dirección. Por otro lado, supongo que los banqueros no están financiando a los candidatos, porque los números cuadran para un ganador, aunque en 2012 habrá una reforma tributaria que castigará más a los consumidores con la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago del IVA (que obligue a disminuir su actual tasa de 15%), las cuales fueron concedidas por otros candidatos que ganaron elecciones presidenciales pasadas.

Hoy también se destaca una participación ciudadana en nuestro país, con ciertos rasgos y sesgos partidarios que le restan dinámica para lograr una efectiva defensa de los intereses nacionales, que intentan hacer contrapeso a la democracia de partidos que en Nicaragua ha sido deteriorada por algunos políticos como la mejor forma de gobierno posible.

Para ejemplificar ese deterioro, cabe recordar que el diputado reacusado Eduardo Montealegre escogió a un candidato a presidente y se autonombró primer diputado nacional de la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) para continuar escudándose en su inmunidad y mantenerse como un impune ante la nación. Además, tres facciones del PLI que no se encuentran en la alianza política del mismo nombre piden desde hace meses al Consejo Supremo Electoral (CSE) que destituya a los candidatos diputados de la Alianza PLI que no hayan cumplido tres años como miembros de ese partido.

A 27 días de las elecciones, de los cinco candidatos a presidente de la República dos ofrecen más promesas de lo que es posible cumplir sin mostrar cómo las concretarán, uno aún no ha mostrado su programa de gobierno y otros dos tienen sus programas y ya lo han expuesto a la población. Los ciudadanos ya no se dejan llevar por falsas promesas y la exigencia de los compromisos sería más sólida si la participación ciudadana, aunque abierta a todos y en forma organizada, se potenciara sin líderes para quitarse la fama partidaria que la caracteriza en los momentos actuales.

Dadas las graves inequidades económicas y sociales en nuestro país, la participación ciudadana debería exigir el cumplimiento de las promesas electorales y la rendición de cuentas a los políticos en el poder, con más razón en este momento electoral. Por eso, el 6 de noviembre hay que votar y hay por quién votar, pero después de depositar nuestro voto en las urnas no deberíamos irnos a casa a esperar tranquilamente la reducción de esas inequidades, porque tanto la fuente de todo poder como la alternativa de todo poder somos nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto.

Un voto a un aspirante a presidente del país que está condicionado por grupos financieros no sirve, tal como lo indica nuestra historia económica y política de las últimas décadas. Pocos ejemplos bastan para demostrar lo anterior: desde 1990 se privatizó el acervo público, pero el primer ingreso por privatizaciones que se registró en el presupuesto nacional fue en el año 2000; un festival de títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua con elevadas tasas de rendimiento entre 1997 y 2001, nos dejó hiperendeudados con acreedores internos, engrosó las utilidades de las entidades bancarias del país y provocó la quiebra técnica-financiera de la autoridad monetaria; el rescate de los depositantes en cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001, la subasta de los activos de esos bancos entre mayo y agosto de 2003, y la reestructuración de la deuda por ese rescate en el segundo semestre de 2003, empobreció más a los nicaragüenses; y la desviación de la más grande ayuda externa que el país recibió después que alcanzara, en el marco de la Iniciativa HIPC, el Punto de Decisión en diciembre de 2000 y el Punto de Culminación en enero de 2004, como lo fue la liberación de los impuestos para pagar deuda externa y asignarlos al gasto de reducción de la pobreza, pero sirvieron en gran parte para pagar la deuda onerosa, denunciada y acusada penalmente de las liquidaciones bancarias antes mencionadas.

Sólo al candidato a presidente de la República por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Dr. Arnoldo Alemán, le he escuchado planteamientos concretos y con una gran racionalidad económica para elevar la tasa de inversión pública y privada, reducir el subempleo y el desempleo, y acelerar la tasa de crecimiento económico, con lo cual también se contrarrestarían los efectos de la crisis económica mundial, cuya raíz fue la banca inversionista de Wall Street y sus ramas se han extendido a la banca y a los gobiernos de los países de la Eurozona y de Estados Unidos.

Falta escuchar la opinión de los candidatos a presidente de la República y a los políticos sobre la paradoja de la banca comercial de Nicaragua, que con una excesiva liquidez no apoya el crecimiento económico desde hace cuatro años. Hoy, con la asistencia financiera venezolana una caja rural funciona como un banco y las entidades bancarias del país funcionan como una caja. ¿Se estará estableciendo un sistema bancario alternativo en el país, los bancos-cooperativa? ¿Será posible un diálogo político-bancario para que los grupos financieros apoyen a la economía?

No debemos olvidar que en 2010,  2 millones 472 mil nicaragüenses eran pobres porque sólo pudieron adquirir bienes de consumo por un monto de 567 dólares per cápita anual, 1 millón 565 mil ocupados plenos no tenían seguridad social y 58 mil 200 nicaragüenses capturaron en ese año 1 mil 850 millones de dólares del ingreso nacional bruto disponible. Tenemos que votar para resolver estos problemas, pero ¿podrá la participación ciudadana, incidir en el proceso de la separación del poder político y del poder económico para resolver esos problemas? Así como exigimos institucionalidad y gobernabilidad, también deberíamos proponernos la erradicación de la impunidad de los políticos y de los banqueros.





Retos económicos de corto plazo

8 10 2011

En los países de economías avanzadas, los multimillonarios están clamando a sus gobiernos que les cobren apropiados impuestos sobre sus ingresos personales, porque desean vehementemente contribuir en la solución de los graves problemas del desempleo y la deuda pública que azotan a Estados Unidos y a la Eurozona.

En Nicaragua, un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción, porque el 42.5% de la población total sólo puede realizar un gasto de consumo per cápita diario US$1.58 y el saldo de la deuda pública de Nicaragua a finales de 2010 era igual a 78.4% del PIB y a 105.5% el monto anual de los impuestos recaudados por el gobierno central, aún no observamos la predisposición del 1% de la población (física) más adinerada del país para ayudar a resolver los problemas del subempleo, del desempleo y de la deuda pública interna del país, a pesar que concentraban casi el 20% del ingreso nacional bruto disponible anual de 2010, o sea 1 mil 850 millones de dólares, un monto similar al que captó el 50% de la población total del país en ese año.

También no observamos la voluntad política gubernamental para cobrar bien los impuestos sobre la renta personal disponible de los estratos de la población de mayores ingresos, aunque a las personas ocupadas formalmente, ya sea en el sector privado o en el sector público, se les retiene automáticamente con excelencia el impuesto directo sobre su salario mensual.

Lo que ya se visualiza para 2012, un año con el grave riesgo de una profunda desaceleración del crecimiento económico mundial o de una recesión, es una reforma tributaria ya acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generará mucha polémica al reducir las exoneraciones y exenciones en el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y en el pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de las empresas y, muy probablemente, al agregar la supervisión de los precios de transferencia para disminuir la evasión del IR con el riesgo de concentrar una excesiva discrecionalidad en el cobrador de impuestos.

Para contrarrestar los efectos de una recaída económica mundial en nuestro país el próximo año, las maniobras del gobierno están muy limitadas porque el financiamiento de la inversión pública en infraestructura económica depende, hasta ahora, de la cooperación internacional muy concesional. Nuestro país sólo tiene acceso a ese tipo de financiamiento en las ventanillas de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), por lo cual puede descartarse desde ahora el mejor acuerdo nacional de bajo costo político para enfrentar los efectos recesivos de la crisis externa, como es una política fiscal anti cíclica.

Por otro lado, el fondo contingente para las reservas internacionales de US$164.6 millones que concedió el FMI por orden del G-20 en agosto de 2009 y que se aún encuentran en las arcas del BCN, más la reciente renovación de otro fondo contingente para reservas de US$200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) -US$100 millones para el Banco Central de Nicaragua (BCN) y US$100 millones para el sistema financiero nacional- son útiles sólo en el caso que la autoridad monetaria y los bancos cayesen en una crítica iliquidez, por lo cual es bastante improbable que con esos fondos se amplíen las líneas de crédito para el sector privado, porque ese “blindaje” de US$364.4 millones sólo se utilizaría para capitalizar a instituciones financieras, mejor dicho en “rescates” financieros que serían pagados en el futuro por los contribuyentes. No se estaría rescatando sino endeudando más a los nicaragüenses y se estaría creando otro “riesgo moral”.

Con una grave desaceleración del crecimiento económico mundial, el gobierno de nuestro país no podría seguir administrando la economía nacional “haciendo más de lo mismo” aunque sea “en mejor forma”, debido a que no sólo ampliaría la informalidad del mercado laboral por el creciente subempleo sino también agravaría la terrible inequidad en la distribución del ingreso por el menor crecimiento o la caída de la producción. No hay que continuar haciendo más de lo mismo para contrarrestar esos severos problemas económicos de nuestra nación.

En un momento crítico de crisis económica, habría poca polémica política si la política fiscal no otorgara subsidios generalizados sino subsidios exclusivos y condicionados para la población pobre y de muy bajos ingresos, y si impulsara una política de sustitución de importaciones, especialmente de alimentos, que debió haberse hecho desde hace varios años, con el fin de no desperdiciar las escasas reservas internacionales netas “ajustadas” del país, que en la actualidad suman 981 millones de dólares, ya que los restantes 820 millones de dólares en reservas del BCN pertenecen al público no bancario nicaragüense y al FMI.

Por supuesto, el presidente de la República tendría que evitar las políticas populistas aunque disponga en forma privada la asistencia financiera venezolana, porque los recursos financieros, sean cuales sean, deben invertirse y no consumirse para contrarrestar los efectos de la crisis externa. También no dudo que el FMI en ese momento crítico nos “aconsejaría” aumentar las reservas internacionales y elevar las tasas de interés activas, en vez de permitir cierta pérdida de reservas y disminuir el costo del crédito en el mercado financiero local para contrarrestar los impactos de la crisis, con lo cual la política monetaria ya está limitada. Además, debido a la excelente indexación de los precios en córdobas con respecto al tipo de cambio oficial, una consecuencia de la cláusula de mantenimiento de valor que ha obstaculizado desde hace 20 años la reducción del déficit comercial externo, no se puede devaluar el córdoba con el fin de reducir su sobrevaluación y promover el aumento del volumen de las exportaciones. La política cambiara también está demasiado limitada.

Mientras tanto, en Estados Unidos y los países de la Eurozona, la receta aprobada por los políticos es reducir el gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública, lo cual contradice a la política económica para reducir el elevado desempleo imperante en esos países. Es por eso que existe una probabilidad cercana a 60% que se dé la recaída de la economía mundial, y la actual política macroeconómica de Nicaragua no tiene mucho margen de acción para amortiguarla.

Se requiere, pues, de un programa económico gubernamental de una nueva calidad que impulse la inversión en infraestructura económica y social y que también incite a los inversionistas privados, y a la fecha ese programa sólo ha sido presentado por el Dr. Arnoldo Alemán, candidato a presidente de la República de la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).