Como ha sido usual, la macroeconomía muy bien, pero muy frágil

26 11 2017

A un mes del cierre del año de 2017, el aguinaldo ha impulsado el gasto de consumo de las familias, que seguirá aumentando en diciembre por los préstamos personales y las tarjetas de crédito para consumo. El gasto de consumo de las familias en los últimos dos meses del año debería ser muy bien programado, sin olvidar también el ahorro, para que en 2018 se puedan enfrentar los gastos del año escolar y poder cumplir con las obligaciones financieras adquiridas a finales de este año.

Termina el año de 2017 con una desaceleración del crecimiento económico del país, aunque supera la barrera de 5%, debido principalmente a los aumentos importantes del volumen de bienes exportados y del gasto de inversión fija del sector privado, no obstante que la severa contracción de la liquidez en córdobas observada a lo largo del año, excepto en abril, desaceleró el aumento de la cantidad demandada de bienes y servicios de consumo final.

A pesar de la creciente expectativa inflacionaria en el segundo semestre de este año, que fue provocada por el alza del precio del barril de crudo WTI, que se situó en US$58.95 al cierre del viernes 24 de noviembre recién pasado, la presión inflacionaria de los precios al consumidor en 2017 se mantiene por debajo de la barrera del 5% debido a la política monetaria contractiva dirigida desde el Banco Central de Nicaragua (BCN).

La tasa de desempleo abierto se aproxima al 10% de la población económicamente activa (PEA) y la tasa de desempleo equivalente, resultante de la elevada tasa de subempleo, oscila alrededor del 15% de la PEA. En otras palabras, casi 900 mil personas no generan ingresos en este año.

Los desequilibrios macroeconómicos han disminuido. El déficit fiscal de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) está influenciado por la desaceleración del crecimiento de la recaudación de impuestos y la caída del gasto de inversión en construcción pública que se observó en los tres primeros trimestres de este año. Por su parte, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 6.5% del PIB pronosticado por COPADES ha sido posible por el valor creciente de las exportaciones domésticas de bienes FOB, el cual aún no se aproxima a los tres millardos de dólares anuales.

La estabilidad macroeconómica ha sido garantizada por el BCN con el costo de la desaceleración del crecimiento económico. Las reservas internacionales brutas en manos del BCN han sido equivalentes, al menos, a 2.5 veces la base monetaria (2.6 veces actualmente) y, al menos, a 4 meses de importaciones de bienes CIF (5.3 meses actualmente), mediante la contracción del dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, es decir, del numerario.

La contracción monetaria 2 mil 933 millones de córdobas al 23 de noviembre de este año ha sido realizada con los únicos dos instrumentos de la regulación de la liquidez que tiene el BCN: las subastas de Letras, mal llamadas operaciones de mercado abierto porque el 90% de las colocaciones se concentran en plazos de 1 semana, 2 semanas y 1 mes, y el aumento de la tasa de encaje efectiva hasta 25% sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros mantienen en el BCN, la cual es 10 puntos porcentuales superior a la tasa de encaje legal catorcenal y 13 puntos porcentuales mayor que la tasa de encaje legal diaria

Esta política monetaria muy contractiva, mucho más intensa que la observada en 2016, se puede explicar con el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela observado en el primer semestre del año en curso, al reducirse a US$21 millones y a 0.1% del PIB pronosticado por COPADES para 2017, la cual ha dejado sin un escudo protector a las reservas internacionales brutas disponibles en el BCN. Por esta razón, desde enero del año pasado la autoridad monetaria comenzó a disminuir la oferta de dinero, con caídas dramáticas del numerario en mayo y marzo de 2016 y con importantes desaceleraciones del crecimiento del numerario junio y octubre de 2017, con el objetivo de que los agentes económicos demanden menos divisas para importar bienes y servicios y, así, proteger la la posición de las reservas internacional y garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

La menor disponibilidad de dinero entre la población del país desaceleró el crecimiento del gasto de consumo de las familias, afectó la programación de la producción y la administración de los inventarios en las empresas no financieras, principalmente aquéllas que ofrecen bienes de consumo masivo, tales como alimentos, bebidas, electrodomésticos, telefonía celular y combustibles líquidos, entre otros, y desaceleró el crecimiento económico esperado en el país.

Entramos al año de 2018 con el acoso de seis riesgos a la economía nacional, todos de origen externo pero motivados, en gran parte, por políticas económicas externas y, en parte, por problemas políticos internos. Desde un punto de vista económico, deberíamos prepararnos para lo peor y construir escenarios menos perversos para la población en general, pero el problema político interno debería ser resuelto por los políticos nicaragüenses en Managua y no en Washington.

Los formuladores de las políticas económica y social de corto y mediano plazo del país tienen que considerar los efectos de esos riesgos sobre sus proyecciones de la economía nicaragüense. Esos riesgos podrían concentrarse en la reducción de los flujos de recursos externos, la desaceleración del gasto de inversión privada, la disminución de las exportaciones del régimen de zona franca, la desaceleración del crecimiento económico, la salida de capital extranjero, la caída de las reservas internacionales oficiales, el aumento del desempleo y del subempleo, la disminución de los ingresos tributarios y la inestabilidad del córdoba.

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Algunas pautas para la futura renegociación del DR-CAFTA

19 11 2017

De acuerdos con los niveles de importancia para Estados Unidos, el tratado de libre comercio DR-CAFTA es el tercero de la fila para que sea revisado en el corto o mediano plazo, después del NAFTA y del establecido bilateralmente entre Estados Unidos y Corea del Sur.

En relación con el DR-CAFTA, a la administración del presidente Donal Trump no sólo le preocupa el déficit comercial de 1 mil 829 millones de dólares que Estados Unidos tuvo en sus relaciones comerciales con Nicaragua en 2016, sino también los descensos del superávit comercial que Estados Unidos tuvo con Panamá desde 7 mil 862 millones en 2011 -un año antes de la entrada en vigor del acuerdo-,  hasta 5 mil 736 millones de dólares en 2016, y del superávit comercial que tuvo con Costa Rica desde 1 mil 742 millones de dólares en 2008 hasta 1 mil 565 millones de dólares en 2016. La fuente de estos datos es la División de Comercio Exterior de la Oficina de Censos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las autoridades gubernamentales, los representantes de la empresa privada y los representantes de la sociedad civil de los países que suscribieron el DR-CAFTA deben prestar atención a la evolución de la renegociación y modernización del tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA), porque es muy probable que ya se están estableciendo algunas pautas de renegociación por parte de Estados Unidos con los representantes de los demás países que suscribieron el DR-CAFTA.

El presidente Donald Trump ha amenazado de abandonar el pacto comercial con el propósito de reducir sus déficit comerciales con México y Canadá, de 63,192 millones de dólares y 12,106 millones de dólares respectivamente en 2016.

Washington ha mostrado sus intenciones de eliminar el mecanismo de solución de controversias y ha insistido en que se enfocará en sus trabajadores de la actividad manufacturera y agrícola que han sido afectados por el NAFTA. México ha manifestado que la inconformidad estadounidense del déficit comercial se tendrá que hacer sobre la expansión del comercio, no sobre restricciones comerciales. Canadá ha dicho que quiere un tratado moderno y benéfico para todos.

En la tercera ronda realizada en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre, se concluyó el primer capítulo, que trata sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y se avanzó en la posibilidad, a solicitud de Canadá, de elevar la percepción de los salarios en México;  en lo relativo al capítulo 19 a la solución de controversias, en la manufactura con componente en Norteamérica, o sea las reglas de origen, así como en los temas de facilitación comercial, telecomunicaciones y comercio digital.

Sin embargo, Estados Unidos propuso limitar el acceso de exportaciones mexicanas y canadienses de frutas y hortalizas, cuando Estados Unidos esté en fase de producción, un tema calificado como inaceptable por el gobierno mexicano en vista de que va en contra de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del fundamento de libre comercio del NAFTA.

La cuarta ronda de negociación del NAFTA se realizó en Arlington, Virginia, del 11 al 17 de octubre de 2017, y por la complejidad de los temas las discusiones se extendieron a 7 días, en vez de 5 días como las tres primeras rondas. Antes de esta ronda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con sacar a su país del acuerdo trilateral.

En esta ronda, Estados Unidos propuso que cada cinco años se termine el NAFTA, salvo que los tres países prorroguen esta disposición, lo cual afectaría los planes de inversión de las empresas; que se limiten las exportaciones mexicanas y canadienses de frutas y hortalizas en las temporadas que sean producidas en territorio estadounidense; que se eleve el contenido regional para la producción de automóviles de 62.5 por ciento a 85 por ciento, y de las cuales el 50% sea estadounidense; que se elimine el capítulo 19 que abre la posibilidad de dirimir controversias ante paneles de arbitraje, lo cual es inviable para Canadá y México; y que se limite a un monto monetario, aún no dado a conocer, las ventas que pueden hacer las empresas de México y Canadá al gobierno de Estados Unidos, y que también en esa misma proporción se limiten las compras de los gobiernos mexicano y canadiense a las empresas de Estados Unidos.

Por su parte, Canadá no solo tocó los derechos laborales, sino que incluyó la cuestión salarial para empujar a México a que suba sus bajos salarios, que se traducen en una competencia desleal para empresas en Estados Unidos y Canadá, pero México insistió que las negociaciones giran en torno a mejorar los derechos laborales de los trabajadores y que los salarios son un tema de política interna que no está sobre la mesa.

La quinta ronda de negociaciones se realizará en México del 17 al 21 de noviembre de este año y los representantes de los tres países garantizaron que quieren llegar a un acuerdo en un tiempo razonable, por lo que la sexta ronda de negociación será en el primer trimestre de 2018. Los agentes económicos y sociales del país deben prestar atención a los avances y retrocesos que se observen en la renegociación del NAFTA, porque serán muy útiles cuando nos sentemos a renegociar el DR-CAFTA.





Leve impacto de la suspensión del TPS en la economía de Nicaragua

12 11 2017

Dos meses antes que concluyera el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para Nicaragua, que fue establecido por la administración del Presidente William Jefferson Clinton en 1999, que ha sido renovado cada 18 meses y que expira el 5 de enero de 2018, la administración del Presidente Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que ya no es necesario.

La decisión estadounidense afecta a aproximadamente a 5,349 mil nicaragüenses que han vivido en Estados Unidos durante casi dos décadas, después de que el Huracán Mitch devastara gran parte del territorio de Nicaragua, y tendrán 12 meses para que realicen una transición ordenada para su regreso al país.

Aunque la producción de bienes y servicios de Nicaragua ha mostrado un continuo crecimiento anual que supera el 4% desde el año de 2010, aún es insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza de los nicaragüenses por la baja productividad de la economía. A lo sumo, 890 mil nicaragüenses económicamente activos no generarán ingresos en 2017 porque no encuentran un puesto de trabajo, o trabajan menos que ocho horas diarias, o devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal.

Además, con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014 se puede demostrar que, con todos sus ingresos, el 40% de las familias no puede adquirir todos los 23 alimentos que integran la canasta de consumo básico oficial del país, el 62% de las familias nicaragüenses no puede comprar todos los 53 productos de dicha canasta y el 75% de las familias no puede obtener una vivienda de interés social mediante un préstamo hipotecario con una tasa de interés subsidiada por el Estado.

Por otro lado, de acuerdo con los datos oficiales del país, la infraestructura económica y social del país se ha ampliado y mejorado, pero la inversión pública apenas representa el 22% del gasto total del presupuesto nacional y no garantiza un crecimiento económico acelerado y sostenible en el mediano plazo -en el primer semestre de este año, el volumen de la inversión pública ha disminuido 12%-, mientras que la inversión fija del sector privado, es decir, los gastos en construcción y maquinaria y equipo, un motor principal del crecimiento de la producción, se aproxima actualmente al 26% del producto interno bruto (PIB), y cuyo componente de inversión extranjera directa oscila alrededor del 11% del PIB.

En ese escenario macroeconómico, será demasiado difícil para los nicaragüenses que retornen al país poder encontrar un puesto de trabajo decente, al tomar en cuenta los severos riesgos que acechan a la economía nicaragüense en el corto y mediano plazo. Se  prevé que las autoridades gubernamentales, dada la insuficiencia de recursos presupuestarios, no podrán dar respuesta a la repatriación de tantos nicaragüenses, no sólo por el cese del Programa TPS sino también por la deportación de miles de nicaragüenses indocumentados que viven en Estados Unidos.

De acuerdo con el Censo de la Población de Estados Unidos de 2015, 256,000 inmigrantes nicaragüenses se reportaron, o sea, el 7.6% de los inmigrantes centroamericanos reportados. Supongamos que el 10% de los nicaragüenses reportados en el Censo corresponda al número de inmigrantes nicaragüenses indocumentados, es decir, 25,600 personas. A este número podríamos agregar a los 5,349 nicaragüenses que el Estatus de Protección Temporal frenaba su deportación.

Por consiguiente, de los 30,949 nicaragüenses expuestos a la deportación, suponemos también, grosso modo, que 3,000 nicaragüenses podrían ser deportados anualmente.

También se conoce que el 60% del flujo anual de las remesas proviene de Estados Unidos, el monto promedio mensual de cada transferencia proveniente de todos los países es US$190 y, al menos, el 90% del valor total de las remesas se destina al gasto de consumo de bienes y servicios finales.

El efecto anual de la política de inmigración de la administración del Presidente Donald Trump en la economía nicaragüense consistiría en una reducción de las remesas de US$7 millones remesas, que, al compararla con el flujo total del año en curso, US$1,361 millones, sólo significaría una leve disminución anual de 0.5%.

La elasticidad del PIB con respecto al flujo de remesas es igual a 0.068, es decir, si el monto de las remesas disminuye 1%, el PIB disminuye 0.068%.  Adicionalmente, con una disminución de 1% de las remesas, el gasto de consumo privado tendería a disminuir 0.269%. Es más sensible el consumo que la producción ante una caída de las remesas familiares.

En términos anuales, al reducirse 0.5% el monto anual de las remesas familiares, el PIB disminuiría 0.03% y el gasto de consumo de las familias decrecería 0.13%.

Sin embargo, tomando en cuenta la presencia del riesgo del desplome del crédito petrolero de Venezuela, y otros riesgos potenciales como la también probable aprobación de “NICA Act”, la revisión del “DR-CAFTA”, y la política fiscal y el proteccionismo comercial de la administración del Presidente Donald Trump, se prevén la ampliación de ciertos efectos macroeconómicos y el surgimiento de otros en el corto y mediano plazo, tales como:

  • la política monetaria contractiva que ya desaceleró el crecimiento del gasto de consumo de las familias en 2017, con el propósito de defender la posición de las reservas internacionales brutas oficiales depositadas en el BCN;
  • la incertidumbre inversionista que provocaría la desaceleración de crecimiento de la producción de bienes y servicios podrá provocar más subempleo y desempleo, así como problemas sociales;
  • el riesgo del aumento de la mora en el crédito para el consumo y gastos personales;
  • la apreciación del dólar estadounidense, una mayor inflación importada, la aceleración de las alzas de las tasas de interés internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda;
  • la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos expone al riesgo a las las ramas de textil-vestuario y arneses del régimen de zona franca, las cuales generan 84,161 puestos de trabajo (73% del empleo total en zonas francas) y US$649 millones en concepto de valor neto de la maquila (81% del valor neto total); y
  • el riesgo de una guerra comercial que provocaría una nueva recesión que, en el peor de los casos, desembocaría en una gran depresión económica.




La desaceleración de la liquidez y de la producción

4 11 2017

Pasó la hoja de octubre en el calendario con una reducción acumulada en el año de 2 mil 33 millones de córdobas en el saldo del dinero que circula en los bolsillos de los agentes económicos y en las cajas de las empresas no financieras, conocido como numerario en el argot macroeconómico, lo cual afectó a los empresarios que destinan su producción al mercado interno, principalmente de bienes y servicios de consumo final.

Esta contracción de la liquidez primaria de la economía se puede atribuir principalmente a tres factores: (i) la colocación neta de Letras subastadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) del orden de 3 mil 811 millones de córdobas; (ii) el incremento de 1 mil 105 millones de córdobas del saldo de encaje en depositado por los grupos financieros en el BCN, que han elevado la tasa de encaje efectiva catorcenal hasta 21.3%, por encima de la tasa de encaje legal que es 15%;  y (iii) el aumento de 1 mil 408 millones de córdobas del saldo de los depósitos a plazo del Gobierno Central en el BCN.

Esa severa contracción monetaria, que ha desacelerado casi a la mitad la tasa de crecimiento promedio mensual del numerario observada antes de 2016, fue contrarrestada parcialmente con la expansión monetaria provocada por las pérdidas acumuladas del BCN de 627 millones de córdobas, las cuales se financian con emisión de dinero y se explican con los gastos financieros relacionados principalmente con: (i) 112 millones de córdobas por redención de los bonos emitidos por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001; (ii) 221 millones de córdobas por los rendimientos de las Letras subastadas; y (iii) 236 millones de córdobas en concepto de intereses de los depósitos a plazo.

La política monetaria contractiva que se observa en este año contribuirá a la desaceleración de la tasa de crecimiento económico en 4 décimas porcentuales en este año, aunque esto no parece importarle a la autoridad monetaria porque no tiene el mandato de garantizar el pleno empleo en su ley constitutiva. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real, es decir, de la producción de bienes y servicios en términos de volumen o valorada en precios constantes de 2006, año base de la economía del país, es un dato exógeno en el modelo monetario del BCN.

Por consiguiente, el BCN se ha excedido en el cumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica: las reservas internacionales brutas oficiales fueron iguales a 3 veces la base monetaria entre el 20 y el 26 de octubre, cuando su límite inferior es 2.5 veces.

Sin embargo, esa conducta monetaria no responde al objetivo del BCN de garantizar una presión inflacionaria baja y estable, porque en este año los precios al consumidor nacional han reflejado el aumento acumulado de 2.7% hasta septiembre. Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas apenas subieron 0.12% en ese mismo período debido al mayor volumen de producción en los últimos dos años agrícolas, de tal manera que el índice de precios al consumidor de Nicaragua continúa siendo agropecuario porque la economía del país no muestra un alto grado de industrialización.

Entonces, ¿cuál es el apuro del BCN de reducir al máximo posible la oferta de dinero o de córdobas circulantes en el mercado? Esta estrategia monetaria observada desde inicios del año de 2016, con la impresionante caída del numerario en mayo de ese año, responde exclusivamente a salvaguardar la posición de las reservas internacionales en las arcas del BCN y, consecuentemente, garantizar la estabilidad del tipo de cambio sin alterar la libre convertibilidad del córdoba en dólares. Al contraerse la oferta de dinero, disminuyen la demanda de dólares y las intenciones de importación de bienes, y desaceleran las tasas de crecimiento esperadas del gasto de consumo de las familias y del gasto de inversión empresarial en acumulación de inventarios. En conclusión, disminuye el volumen de las transacciones en el sector real de la economía o del producto interno bruto, pero aumenta el saldo de las reservas internacionales brutas en poder del BCN.

Ese aprieto del BCN se basa en el hecho de la estrepitosa caída del crédito petrolero de Venezuela, que desde el monto anual de US$560 millones en el trienio 2011-2013 descendió a US$132.4 millones en 2016 y a US$21.1 millones en el primer semestre del año en curso e igual al 39% del monto correspondiente al primer semestre del año pasado. Visto desde otro ángulo, en el lapso de enero-agosto de este año, el BCN ha pagado en efectivo el 79% del valor de la factura de petróleo y combustibles principalmente a Estados Unidos y México, pero en 2013 pagaba al contado sólo el 11% del valor de dichas importaciones principalmente a Honduras y Estados Unidos.

El BCN no ha calibrado bien la administración de las reservas internacionales brutas oficiales. No sólo ha reducido significativamente el medio circulante en córdobas, sino que continúa forzando a las instituciones del sistema financiero nacional a realizar más depósitos de encaje en dólares por muy pocos días, una práctica monetaria bastante cuestionable que trata de “cumplir” y “elevar” la razón de la estabilidad macroeconómica arriba mencionada, con el propósito de aparentar una sólida administración de dichas reservas. Parece que al BCN no le interesa los medios sino los fines, pero esto no es nada más que un “autoengaño” institucional.

La economía de Nicaragua, aunque desacelera su crecimiento en la actualidad y también se prevé que continúe desacelerándose en el corto plazo, está bien, pero es frágil, con más razón si tomamos en cuenta los riesgos políticos y económicos, principalmente de origen externo, que se visualizan en el corto plazo. Aconsejo a los empresarios que elaboren sus presupuestos empresariales para 2018 teniendo en cuenta la probable evolución de la liquidez en córdobas.

En agosto de 2016, el BCN hizo la “Encuesta de Efectivo a Personas Naturales y Establecimientos con Actividad Económica” y detectó que “el 95.0 por ciento de las personas naturales y el 94.2 por ciento de los establecimientos con actividad económica utilizan córdobas” para realizar sus transacciones diarias, y “solamente el 4.2 por ciento de las personas naturales y el 7.1 por ciento de los establecimientos con actividad económica utilizan dólares”. Es un resultado obvio, porque el público no bancario deposita sus dólares en el sistema financiero nacional.

En cantidades apropiadas, la liquidez es a la economía, como el combustible al carro.

 





9 años y 2 meses de la impunidad de Eduardo Montealegre

3 11 2017

Hoy 2 de noviembre de 2017 se cumple 1 año y 2 meses de que el impune más famoso de la historia política de Nicaragua, con y sin inmunidad, Eduardo Montealegre, continúa siendo protegido en el Poder Judicial por los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su calidad de Inspector Delegado, Gerardo Rodríguez Olivas, y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián. Cabe agregar que, desde el inicio de esta causa, el ex diputado querellado Eduardo Montealegre también tuvo la protección del Poder Legislativo durante 8 años consecutivos.

Eduardo Montealegre continúa burlándose de la justicia tras haber politizado mi acusación personal en su contra en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua por su presunta delincuencia que lo identifica como un violador de los derechos humanos, al haberme calumniado en forma escrita de ser un defraudador del Estado de Nicaragua, y al haberme injuriado cuando aseguró que el estudio sobre la liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República, se caracterizó por falta de profesionalismo.

Este caso es un ejemplo de la retardación de justicia provocada por servidores públicos de dos Poderes del Estado de Nicaragua, por lo que el 13 de marzo de este año desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca dejaré de reclamarla. Como es de conocimiento público, presenté, debidamente documentada, la denuncia de la presunta delincuencia y la protección estatal de Eduardo Montealegre en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria, con especial atención a las instancias de derechos humanos de dichos organismos internacionales.

Tengo la confianza que llegará el día en que nadie se jactará de estar por encima de las leyes del país y de que cesará la protección de los servidores públicos a presuntos delincuentes como Eduardo Montealegre. Es prioritario el fortalecimiento del estado de derecho, la certeza jurídica, la independencia de los Poderes del Estado y la ética de los servidores públicos. La única manera de enfrentar los atropellos y los abusos es la aplicación de la justicia y no hay que callar si se obstaculiza la administración de justicia.