El Índice de Riesgo País de Nicaragua en 2013. Un Seminario de Actualización Empresarial de COPADES

11 04 2013

Presentación1

El índice de riesgo-país de Nicaragua tiende a incrementarse sólo en 20 puntos básicos hasta el nivel de 4,200 puntos básicos (ó 42.1 puntos en una escala de 0 a 100) en el cuarto trimestre de 2013 con respecto al cuarto trimestre de 2012, y mantiene el calificativo de alto.

El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos básicos  corresponden a una diferencia de 1 punto porcentual. Si el índice de riesgo-país de Nicaragua alcanza 4,200 puntos básicos en el cuarto trimestre de 2013, implica que en ese año, los bonos de Nicaragua rindieron 42.0 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses.

En otras palabras, si la tasa de los Bonos del Tesoro es de 0.25% a finales de 2013, la de los bonos de Nicaragua sería de 0.25 + 42.0 = 42.25%. Así, si los Estados Unidos reciben un crédito de 1 millón de dólares a 0.25% anual, al cabo de un año deberá pagar por intereses 2,500 dólares; pero si Nicaragua recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 422,500 dólares de intereses.

De esa forma, Nicaragua, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso, una suma 169 veces mayor que la del país solvente en concepto de intereses. En otras palabras, un inversionista en Nicaragua recuperaría el monto de su inversión con los intereses devengados en 2.4 años después de realizada su inversión financiera.

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Ocupar un cargo público es adquirir un compromiso de servir al ciudadano

31 03 2013

Managua, Nicaragua,

1 de abril de 2013

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Licenciada

Alba Azucena Palacios Benavides

Primera Secretaria

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Su Despacho

Honorables Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y Señora Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavides:

Como es de su conocimiento, desde el 8 de mayo de 2012 al 12 de marzo de 2013 les he escrito nueve cartas en las que les pido, como un ciudadano nicaragüense, incluir en el Orden del Día de la Asamblea Nacional las dos solicitudes de dos Jueces Locales Penales de la Circunscripción de Managua para desaforar al diputado Eduardo Montealegre Rivas, que están en la Agenda de este Poder del Estado de Nicaragua, pero a esta fecha no he logrado tener de ustedes respuesta alguna, positiva o negativa, sobre mi petición.

En un país democrático, como es Nicaragua, ocupar un cargo público es adquirir un compromiso de servir al ciudadano, a la nación, al pueblo, mas no a la inversa, en que el ciudadano, la nación, el pueblo sirve al poder político como en un país dictatorial. Por esto, confío en que el Estado de Nicaragua me facilite el acceso a la Justicia, un derecho humano que espero no sea violado por el Gobierno de Nicaragua, por lo cual continuaré insistiendo públicamente ante el Poder Legislativo a que dé inicio al proceso de desaforación del diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, un burlador del Poder Judicial desde el 6 de octubre de 2008.

La querella que interpuse al diputado Eduardo Montealegre Rivas no es política, como él la ha calificado en varias ocasiones, ni responde a acto alguno que él haya cometido en el ejercicio de su cargo de diputado.

La actuación cometida por el diputado Montealegre Rivas el 31 de julio de 2008 está tipificada como delito en el Código Penal de Nicaragua. Él escribió injurias y calumnias en contra de este servidor en un chat que tuvo con los lectores del Diario La Prensa, cuando aspiró a ser Alcalde de la Ciudad de Managua por la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), las cuales fueron difundidas por ese medio de comunicación pública en la fecha antes mencionada y son mantenidas en el archivo del sitio web de dicho diario.

Ese presunto delito cometido por el diputado Eduardo Montealegre Rivas es de orden penal porque lesionó mi derecho a la dignidad al menoscabar mi honor, imagen y fama y reputación profesional al escribir que no servía el estudio que realicé ad honorem a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las liquidaciones de cuatro bancos en 2000 y 2001 y que yo era uno de los quebradores del Banco del Café, una imputación delictiva falsa del diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas.

Es también de su conocimiento que la inmunidad parlamentaria está relacionada directamente con la representación popular y con la tarea legislativa, y no con los intereses particulares. El diputado Eduardo Montealegre Rivas, al escribir sus injurias y calumnias contra mi persona lo hizo como un ciudadano aspirante a Alcalde de la Ciudad de Managua, sin tener ninguna relación con el ejercicio de legislar.

Por lo tanto, el diputado Eduardo Montealegre Rivas actuó como los demás ciudadanos, que están sujetos a las leyes, y en un país democrático las leyes deben ofrecer un trato igual a todos los nicaragüenses. Actuar de otra forma, Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y Honorable Señora Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavides, sería convertir la inmunidad en la impunidad propia de una situación de hecho en el ejercicio del poder.

En espera de su respuesta a mi reiterada solicitud en esta décima carta que les escribo, les muestro de nuevo las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Presentación2





Se reforzaron la dualidad y la territorialidad de la renta

29 11 2012

“Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa”, dijo el Profesor John Maynard Keynes, pero reconozco públicamente que las negociaciones de la reforma tributaria entre los representantes del Gobierno de Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fueron intensas, no fue un “paquetazo” como dijo un apreciado profesional y amigo mío –el pensamiento está libre de impuestos, decía Martin Lutero-, y el resultado lo considero como un gran avance en materia tributaria emprendido por esta administración pública. Por supuesto que no es una reforma ideal por la persistencia de muchos intereses de diversos agentes económicos, pero ha mejorado la equidad del sistema tributario, porque ahora se incluyen rentas que antes no pagaban impuestos. El consenso tributario, definitivamente, ha sido amplio.

La reforma tributaria sobre la renta propuesta por el gobierno es notable por la profundización de su dualidad al gravarse ahora por separado con una tasa progresiva a las rentas del trabajo, con una tasa única a las rentas de la actividad económica –excepto las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que son gravadas con tasas diferenciadas- y con una tasa uniforme a las rentas del capital y ganancias y pérdidas de capital. Por otro lado, cambió el año fiscal de julio de un año a junio del siguiente año al año calendario, o sea entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, pero la Administración Tributaria autorizará períodos fiscales especiales por rama de actividad o a solicitud fundada del contribuyente, sin que excedan doce meses.

El gobierno trató de gravar como rentas del trabajo los salarios, las especies (valoradas con el precio normal de mercado), los aguinaldos, las prestaciones de seguridad social y las pensiones, pero el COSEP fue escuchado por los servidores públicos para que no se gravaran como ingresos las prestaciones sociales adquiridas por los trabajadores y los ahorros acumulados en la vida laboral, y que tampoco se gravaran los incrementos patrimoniales porque se desincentivarían la inversión y la capitalización de las empresas.

La tasa máxima de 30% de la tabla progresiva de la renta del trabajo se reducirá 1 punto porcentual anual hasta 25% entre 2016 y 2020. La retención definitiva a dietas percibidas en reuniones de directorios o consejos de administración es de 12.5% y la retención a contribuyentes no residentes es de 20%. Además, se tuvo el consenso que la indemnización laboral se limita a 5 meses de sueldo (tal como se estipula en la ley laboral), más un máximo de C$500,000 por otros conceptos de indemnizaciones que las empresas reconocen por accidentes, incapacidad, convenios colectivos y  cargos de confianza, pero al excedente sobre esos C$500,000 se le aplicará una tasa de retención definitiva de 10%. Sin embargo, probablemente por la crítica de la oposición política que la reforma tributaria daña a la clase media, el gobierno dio pie atrás con la propuesta de gravar con  el 15% la renta presuntiva de los profesionales liberales -o sea, a quienes no declaran el impuesto a la renta de su trabajo o evaden el pago de este impuesto-, lo cual me recuerda la posición de los banqueros que antes eran y ahora no son intocables por el fisco. Las rentas de las actividades económicas fueron gravadas por separado, es decir, la utilidad bruta de empresa que se gravará con una única tasa, que es de 30% en la actualidad y disminuirá 1 punto porcentual hasta 25% entre 2016 y 2020, y la distribución de utilidades a los accionistas gravada con una retención definitiva de 10%. La tasa de retención definitiva a no residentes por este tipo de renta es de 15%, pero ahora el gobierno ha establecido en consenso la tasa de retención definitiva de 17% sobre los pagos a empresas que están situadas en paraísos fiscales, y esto afecta a los banqueros.

La reforma tributaria que se puso en vigencia a partir del 1 de enero de 2010 dio los primeros pasos sobre la dualidad del impuesto a la renta, al gravarse la renta de capital mobiliario mediante una retención definitiva del 10% a (i) la distribución de dividendos, (ii) a los intereses de todo tipo de depósitos independientemente de la moneda, plazo o denominación, (iii) a los intereses percibidos por préstamos a residentes y no residentes, (iv) a las rentas de los instrumentos financieros con un plazo menor de 4 años transados en las bolsas de valores, y (v), a los intereses de títulos valores emitidos por el Estado a partir de enero de 2010, que estaban exentos por ley.

La renta de capital son los ingresos devengados en el arrendamiento, traspaso o goce de uso de bienes inmuebles –tales como terrenos, construcciones, plantaciones permanentes, y maquinaria y equipos-, que son conocidos como capital inmobiliario, y los ingresos devengados por el capital mobiliario citados en el párrafo anterior más regalías –tales como derechos de autor, patentes y rentas originadas en la inversión de capitales, entre otras-.

Por su parte, las ganancias y pérdidas de capital son las variaciones en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente, producto de la venta, cesión o traspaso de derecho de bienes, y las ganancias provenientes de juegos, apuestas, donaciones, herencias y legados.

En la actual reforma tributaria, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2013, se estableció una retención definitiva del 10% en la renta de capital para residentes –incluidos aquéllos exentos por rentas de actividades económicas- y para no residentes, exonerándose al Estado, universidades, sedes diplomáticas y organismos y misiones internacionales. También se redujo la tasa del 30% sobre la renta neta al 10% sobre la renta bruta de las ganancias de capital, lo cual afectará sólo a las empresas no financieras porque los banqueros continuarán realizando su declaración general del 30% debido a la tipificación de su actividad.

Se consideró como renta de fuente nicaragüense la retribución del trabajo de un residente nicaragüense fuera del país, la exportación de bienes y servicios producidos en el país, el servicio de transporte de personas y bienes entre Nicaragua y el exterior y viceversa, y los dividendos, utilidades y beneficios por rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital obtenidas en Nicaragua por residentes y no residentes y fuera de Nicaragua por residentes en Nicaragua. Esos puntos de conexión o vínculos económicos con el exterior de la renta de fuente nicaragüense introdujo la territorialidad reforzada, que intenta asegurar que la realización de rentas residentes en el exterior tribute en el país.

La gran duda que me queda es sobre la capacidad de la administración tributaria para implementar esta reforma. Además, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) tienen la tarea de recuperar la confianza de los contribuyentes y mejorar la calificación en materia de probidad y conflictos de intereses.

Ahora falta la reforma del gasto público, prometida para 2013 por el Comandante Bayardo Arce, asesor económico y financiero del Presidente de la República, cuando presentó oficialmente la reforma tributaria en el auditorio del Banco Central de Nicaragua en julio recientemente pasado. Cabe, entonces, recordar la pregunta que se hacía el Profesor Milton Friedman que si acaso era posible reducir el tamaño del gobierno, y él se respondió así: “Creo que hay una sola manera de lograrlo: de la misma manera que los padres controlan a los hijos botaratas, reduciéndoles su estipendio. En el caso del gobierno, eso equivale a reducir los impuestos.”





La reforma tributaria y la simulación de la “tasa Tobin”

30 09 2012

En su propuesta de reforma tributaria relacionada con la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el gobierno de Nicaragua busca la armonización de las tasas tributarias con las del resto de los países centroamericanos, lo que podría ser interpretado como la tasa promedio efectiva real o como la tasa moda nominal, dependiendo del caso que se analice Sin embargo, sobre el tema de las bases gravables y las tasas de impuesto sobre la renta, entre otros principios, propuso “revisar las retenciones sobre transacciones de títulos valores”, probablemente inspirado en la promesa política del entonces candidato a presidente y hoy presidente de Francia François Hollande de implantar un impuesto de 0.2% a la compraventa de acciones en territorio francés, el cual fue aprobado en agosto recientemente pasado.

En la actualidad, ningún país centroamericano impone una tasa tributaria sobre las transacciones bursátiles, es decir, sobre el valor precio de una transacción tributaria, sino sólo la imposición de una tasa de retención a cuenta del IR sobre los intereses devengados por instrumentos bursátiles, excepto en Panamá, y que en caso de Nicaragua es 10% definitivo desde el 1 de enero de 2010 y aplicable a las emisiones de títulos valores a partir de esa fecha.

Este principio tributario puesta a consulta para lograr un consenso nos recuerda la propuesta de mi profesor James Tobin (q.e.p.d.) en la Universidad de Yale para los movimientos financieros internacionales tales como divisas y derivados, conocida como “tasa Tobin” al nacer en 1972, pero que en un país como el nuestro, al hacerlo solo entre países vecinos que no la practican, podría tener consecuencias negativas. En este caso, el gobierno estaría buscando un efecto de imagen, o sea, un impuesto a la banca comercial en una reforma tributaria que afectará más a los consumidores y dejaría al Tesoro un aumento de ingresos tributarios de, a lo sumo, 21 mil millones de córdobas, es decir, 1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el nuevo sistema de cuentas nacionales reciente aprobado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El mejor consejo para el gobierno es que una medida tributaria de esa naturaleza provocaría una fuga de inversionistas financieros, incluyendo a los grupos financieros establecidos en el país, con consecuencias negativas imprevistas.

Una medida de esta clase dejó resultados decepcionantes en Suecia entre 1984 y 1990. En enero de 1984, Suecia introdujo un impuesto de 50 puntos básicos en la compraventa de acciones, aplicable a todas las operaciones (y de opciones sobre acciones). En enero de 1986, la tasa se duplicó y en enero de 1989, la renta fija también se vio gravada con un impuesto de 0.2 puntos básicos para los bonos con un vencimiento máximo de 90 días y 3 puntos básicos para los de cinco años o más.

Al tiempo que el Gobierno de Suecia elevaba la presión fiscal de las transacciones las operaciones financieras se desplomaban, hasta el punto de que la recaudación en el impuesto sobre plusvalías se hundió, al observarse una caída de 85% en las transacciones de bonos, otra caída de 98% en futuros, las opciones desaparecieron y el 60% del volumen de las operaciones bursátiles más activas se trasladaron a La City de Londres.





Se complica el escenario económico de Nicaragua

12 08 2012

Hasta el momento, todo marcha bastante bien en la economía nacional, pero no es motivo para alegrarnos ni para dar a entender triunfalismos. De acuerdo con datos oficiales:

  • la tasa de inflación acumulada a julio es apenas 2.46%, pero excluyendo los precios de los combustibles y de los alimentos se eleva a 4.05%;
  • el desempeño de la producción es notable al mostrar el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) una tasa de crecimiento promedio anual de 5.3% a mayo, gracias a las actividades de la construcción, ganadería vacuna, comercio, industria manufacturera y minería;
  • a partir del 1 de septiembre, según la Comisión Nacional de Salario Mínimo, el menor salario del país se incrementará 6.0%, hasta un monto de C$2,273.80 (US$96) más la comida para los trabajadores del campo y el promedio simple de C$3,702.66 (US$156) para los trabajadores no agropecuarios;
  • el costo de la canasta de los 53 productos de consumo básico subió 2.0% en enero-julio al reflejar el monto de C$10,335 equivalentes a US$438, pero los precios de los 23 alimentos de dicha canasta se elevaron 2.9% y el salario mínimo promedio simple de las actividades no agropecuarias puede adquirir el 53% del valor de la canasta básica alimentaria –dos salarios mínimos garantizan la dieta de 6 personas de una familia-;
  • el presupuesto nacional registra un superávit equivalente a US$57 millones acumulado en enero-mayo, un resultado bastante contradictorio en un país como el nuestro con más de 1 millón 500 mil personas que tienen problemas de encontrar un trabajo formal y decente;
  • las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) han caído US$103 millones hasta US$1,789 millones a finales de julio y mantienen una cobertura de 2.58 veces sobre el saldo de la base monetaria, aún superior a la condicionalidad de 2.2 veces suscrita entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y esto se explica con la reducción de US$115 millones del saldo de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera que las instituciones financieras radicadas en el país mantienen en el BCN;
  • la empresa privada resiente la contracción de C$1,374 millones (equivalentes a US$58 millones) en la cantidad de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional (SFN) o numerario, porque obstaculiza un crecimiento económico sostenible pero sostiene una tasa de inflación baja y estable;
  • la contracción de dinero en el mercado local en enero-julio ha sido posible con el aumento de US$106 millones la deuda de corto plazo del BCN, a través de las subastas semanales de Letras Estandarizadas del BCN y la colocación de Títulos Especiales de Inversión del BCN;
  • a junio, el saldo de crédito del sistema financiero nacional de C$57,749 millones, equivalentes a US$2,453 millones y al 31% del PIB proyectado por COPADES para este año, muestra una recuperación después de 12 meses de desaceleración y 35 meses de caída consecutiva, y el 71% de ese saldo se concentra en préstamos comerciales, personales, tarjetas de crédito para el consumo y préstamos hipotecarios;
  • siempre a junio, el saldo de los depósitos en córdobas y moneda extranjera suma C$85,859 millones, equivalentes a US$3,647 millones y al 46% del PIB pronosticado por COPADES para este año, e incluye los fondos asociados con la asistencia financiera de Venezuela concentrados principalmente en dos bancos, BANPRO y LAFISE-BANCENTRO, por lo cual el FMI continúa externando su preocupación al recomendar a las autoridades del BCN que mantengan un monitoreo permanente sobre la evolución de esos depósitos para evitar un nuevo deterioro de la cartera de préstamos;
  • se observa una levísima influencia del BCN en el comportamiento de las tasas de interés del sistema bancario, con la disminución de la tasa de  rendimiento de las Letras Estandarizadas a 1 año plazo de 1.985% en noviembre de 2011 a 1.315% en abril de 2012;
  • la tasa de interés pasiva (dolarizada) a un año plazo asociada con el córdoba con mantenimiento de valor cobrada por el sistema bancario comercial se elevó de 2.266% en diciembre de 2011 a 3.323% en junio de 2012, y la tasa de interés activa de corto plazo (dolarizada) ha descendido de 13.189% a 12.589%, en el mismo orden; y
  • asociada con el dólar estadounidense, la tasa pasiva a un año plazo disminuyó de 4.235% en diciembre de 2011 a 3.777 en junio de 2012, mientras que la tasa de interés activa de corto plazo caía levemente de 8.433% a 8.371% en el mismo orden.

En la actualidad, no existe un programa económico trienal suscrito entre el gobierno de Nicaragua y el FMI, ya que el cuarto programa económico correspondiente al período octubre 2007-octubre 2010, con la extensión de un año expiró el 4 de diciembre de 2011. Sin embargo, las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de suscribir el quinto programa económico, a lo sumo, en el cuarto trimestre de este año, con el propósito fundamental de garantizar la estabilización  macroeconómica, mantener la certidumbre inversionista y apoyar los objetivos de acelerar el crecimiento económico, generar más empleos y reducir la pobreza.

Una observación de fondo a ese propósito gubernamental es que aún no es pública la actualización para el quinquenio 2012-2017 de la estrategia de reducción de la pobreza, denominada por el gobierno como Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), que requiere ser aprobada por el Banco Mundial y es un insumo necesario para emprender las negociaciones del quinto programa económico con el FMI.

La ausencia temporal de un flujo ya disminuido de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo a la balanza de pagos y para apoyo presupuestario, dada la falta de un nuevo programa económico trienal “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA), podrá empujar a las instituciones financieras a elevar, a lo sumo, en un 70% hasta US$900 millones el saldo de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera a finales de este año, y mantenerlo en las arcas del BCN aunque sea uno o dos días, para que el gobierno pueda cumplir la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, reitero un saldo de reservas internacionales brutas igual a 2.2 veces el saldo de la base monetaria.

También se avecina el riesgo de los efectos del colapso económico de la Eurozona, el cual provocará una menor demanda internacional de materias primas y, por ende, una desaceleración del volumen de las exportaciones; además, la cooperación oficial y los flujos de capital disminuirán, y habrán más presiones internas.

Es por eso que el crecimiento económico de Nicaragua ya entró en un proceso de desaceleración en 2012 y continuará profundizándose en 2013. En este entorno económico más complicado, junto con las elecciones de 153 alcaldes en noviembre próximo, tenemos que buscar consensos en la reforma tributaria a ser implementada a partir del 1 de enero de 2013 y, además, en la reforma del fondo de pensiones de seguridad social que se aprobará en el transcurso de 2013.

Bien, todo esto se vuelve interesante, porque también se agrega el riesgo de la disminución o la suspensión de la asistencia financiera de Venezuela, la cual se registra como una deuda privada externa en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos del país y es administrada por la empresa privada ALBANISA.





La política superó a los criterios técnicos

21 06 2012

Se cumplió mi hipótesis económica que Estados Unidos podría suspender, más por razones políticas que técnicas, su ayuda bilateral a Nicaragua sin afectar la cooperación del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque algunos especuladores políticos criollos habían señalado que sin la dispensa de la transparencia presupuestaria se afectaría la cooperación que recibimos de ambos organismos multilaterales.

Técnicamente Nicaragua pasó la prueba de esa dispensa, porque no hay que olvidar que, con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la asistencia financiera de Venezuela está registrada en el movimiento de capital privado de la balanza de pagos del país y su uso está especificado en los informes del Banco Central de Nicaragua (BCN); además, hay que reconocer, por ética profesional, que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tal como lo exigía el FMI, sinceró el gasto del presupuesto nacional, cuestión que no hicieron los gobiernos anteriores desde la década de los noventa del siglo pasado y, por otro lado, el Gobierno de Nicaragua publica los presupuestos nacionales, su ejecución trimestral y su liquidación anual, acorde con nuestra ley.

Por lo tanto, la Secretaría de Estado de Estados Unidos no concedió la dispensa de dicha transparencia al aplicar el criterio político de la protección de sus intereses, porque es de sobra conocido que la nación más poderosa del mundo no tiene amigos a quienes proteger. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Sra. Phyllis Powers, en su entrevista que publica hoy el diario La Prensa, el hecho de no conceder esta dispensa, se debe a que “Las irregularidades significativas (señaladas por la OEA y la Unión Europea en sus informes de observación) erosionan las instituciones democráticas”, pero prometió que habrá apoyo estadounidense para implementar las observaciones de la OEA y la UE  relacionadas con la democracia y la transparencia electoral, probablemente a través de las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

Con la denuncia de la oposición política de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre del año pasado, la cooperación de Estados Unidos para Nicaragua que hoy se conoce ha sido borrada del mapa de la ayuda de nuestro país son donaciones que sumaron US$21.0 millones el año pasado. Las afectaciones de esta decisión política estadounidense se verán en, orden de importancia, en los programas de Libertad Económica, Gobernabilidad e Inversión Social ejecutados por el Gobierno de Nicaragua.

Sin embargo, la decisión tomada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos no afectará las donaciones destinadas al sector privado que en 2011 totalizaron US$30.5 millones y que, en orden de importancia, fueron asignadas a los programas de Desarrollo Municipal, Creación de Oportunidades de Desarrollo Rural con Relaciones Agroempresariales, Empresa y Empleo, Desarrollo Democrático, Familias Unidas por su Salud, Capacitación para el Desarrollo, Desarrollo Organizacional de las Sociedad Civil Nicaragüense, Oportunidades de Mercado para la Conservación y el Turismo Sostenible, Prevención para Transmisión del VIH/SIDA, Mejoramiento para la Atención en Salud, Alliances 2 para la Educación y la Salud, Programa de Medios USAID/Nicaragua, Becas para la Educación y el Desarrollo Económico, Educación para el Éxito, Desarrollo Comunitario, Expansión de Participación Cívica y Electoral, Censo Agrícola, Secretaría Técnica, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Asistencia Técnica Logística Anticonceptivos, Agua y Saneamiento de Carazo, Jóvenes Expandiendo su Futuro, Reduciendo la Mortalidad Infantil en el Departamento de Río San Juan y Fundación Bolaños Biblioteca Electrónica.

No obstante el corte de la ayuda oficial de Estados Unidos a Nicaragua, es notorio el respeto de la Sra. Phyllis Powers a la soberanía de Nicaragua al declarar que la sustitución de los miembros del actual  Consejo Supremo Electoral “es un asunto que deben resolver los nicaragüenses” y que “no es una condición” con el futuro de la cooperación.

Paralelamente a esa decisión de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, estimo que a finales de julio de este año la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre la dispensa de la propiedad será aprobada a favor de Nicaragua, porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha solucionado en este año 60 casos de propiedad de ciudadanos estadounidenses confiscados desde hace 33 años, lo cual supera el promedio de 53 casos anuales, por lo cual, en mi opinión, se mantendrá la cooperación del BM/IDA y del BID.

El corte de la ayuda estadounidense a los nicaragüenses es una decisión soberana de Estados Unidos y, por consiguiente, debe ser respetada, como también deben ser respetadas nuestras  decisiones para resolver nuestros asuntos soberanos. Lo que no es respetable es la petición de un pequeño grupo de políticos opositores criollos, que han viajado a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, para  que se le quite la ayuda a Nicaragua por asuntos que debemos resolver nosotros mismos, creyendo ellos que el daño lo hacen al presidente Daniel Ortega y no meditan que con su solicitud dañan a nuestra nación y al desempeño económico nacional, excepto ellos mismos que son llamados por sus colegas como “zancudos” y que como economista les llamo “buscadores de rentas políticas”. También considero intolerable para los nicaragüenses probos y rectos y honrados que el autonombrado líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, reclame un diálogo para fortalecer la democracia y la institucionalidad de Nicaragua, sin responder aún por sus presuntos delitos comunes que le han sido señalados desde julio de 2008.

Hemos dejado de recibir US$152 millones anuales desde 2009 por denuncias

Las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 provocaron, a partir de 2009, la suspensión de la entrega de US$60 millones, de un total de US$113 millones, donados por Estados Unidos con la Cuenta del Reto del Milenio, así como la salida del país de otras fuentes de cooperación, que anualmente donaban para apoyo presupuestario, en términos promedio anual desde 2005, entre las cuales figuran Noruega con US$3 millones, Holanda con US$12 millones, Reino Unido con US$2 millones, Suiza con US$7 millones y la Unión Europea con US$18 millones. También se dejaron de recibir, siempre en términos promedio anual, préstamos para apoyo presupuestario del Banco Mundial por US$25 millones y de Alemania por US$5 millones. Suecia y Finlandia, por otros motivos, se retiraron del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) en 2006 y 2007 respectivamente. Recientemente han anunciado su retiro Austria y Dinamarca.





El talón de Aquiles es la falta de transparencia electoral

13 05 2012

Con el eco de la dificultad de la decisión de Washington para que otorgue a nuestro país las dispensas (waivers) atribuida en parte a una persistente falta de transparencia fiscal y a la falta de acciones concretas del gobierno de Nicaragua para resolver nuevas tomas de propiedades de ciudadanos norteamericanos, debo reconocer que en nuestro país existe transparencia fiscal y no existe una política de confiscación o de expropiación de los activos reales y financieros del sector privado.

Si no hubiese transparencia presupuestaria, esto ya hubiese sido denunciado por el fiscal de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se observan algunos antecedentes, por ejemplo en 2008 cuando el gobierno de Daniel Ortega “sinceró” el gasto público que exigía el FMI desde el gobierno de Enrique Bolaños, al clasificar como gasto de consumo las remuneraciones de asesores y consultores pagadas con recursos de la cooperación oficial en vez de registrarlo como un gasto de inversión en el presupuesto nacional, al estilo de los gobiernos anteriores.

Sin embargo, los opositores políticos del presidente Daniel Ortega siempre han cuestionado la modalidad del uso de la asistencia financiera de Venezuela, mejor dicho del crédito facilitado por ese país en el suministro de petróleo a Nicaragua. De acuerdo con el presidente Daniel Ortega, los recursos externos de origen venezolano constituyen una deuda privada externa, administrada por ALBANISA, y el FMI aprobó el registro de ese préstamo en el movimiento de capital privado neto de la balanza de pagos del país. Esta modalidad sustituyó aquélla del Pacto de San José, en el que México y Venezuela suministraron petróleo a los países centroamericanos con la modalidad de deuda publica, pero con unas condiciones menos concesionales que el ALBA.

Con el préstamo del suministro petrolero de US$1,195 millones durante el período 2007-2011, a 23 años plazo, 3 años de gracia y 2% de interés, el gobierno ha financiado principalmente el subsidio al transporte colectivo, el bono salarial, la infraestructura habitacional, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, el desarrollo del comercio justo, la producción agropecuaria y forestal, y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual ha facilitado reducir el déficit fiscal, una de las variables celosamente cuidadas por el FMI. Sin embargo, el insobornable policía financiero internacional exigió al Banco Central de Nicaragua (BCN) un mayor detalle del uso del préstamo venezolano y se avanzó al respecto, y también pidió al BCN un constante monitoreo sobre los depósitos de ALBANISA en dos bancos comerciales privados (BANPRO y LAFISE BANCENTRO) con el fin de evitar una nueva ronda de deterioro de la cartera de préstamos. Tanto el exceso como la falta de liquidez son estresantes para los banqueros.

No obstante los avances antes mencionados no se restó cierta dificultad a la dispensa de la transparencia presupuestaria con el uso de la Cuenta del Reto del Milenio en 2006, el paradigma de la cooperación estadounidense consistente en una donación de US$175.0 millones que, por una decisión exclusiva de Estados Unidos, no ingresó al país a través de la Ventanilla Única del Tesoro y, por consiguiente, no se registró en el Presupuesto General de la República. Cabe recordar que el 35% de esa donación estadounidense fue suspendida por el gobierno estadounidense, es decir, US$62 millones, por la denuncia de la oposición política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de un fraude electoral en los comicios municipales de noviembre de 2008, y la oposición política también influyó en la suspensión a partir de 2009 de un monto promedio anual de US$40 millones donados por del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) de US$40 millones y de un préstamo promedio anual de US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA) para apoyo presupuestario. Sólo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del GAP, no abandonó el apoyo al presupuesto nacional con un préstamo anual de US$45 millones que se desembolsa en la actualidad.

No obstante cabe preguntarnos cuál es la ayuda en riesgo y la onda expansiva sobre la cooperación externa si no se aprueban las dos dispensas que espera recibir Nicaragua en junio próximo. El monto anual de las donaciones oficiales de Estados Unidos a Nicaragua no es significativo al oscilar alrededor de US$20 millones en los últimos tres años, por lo cual la administración estadounidense ha enfocado los desembolsos de Nicaragua en el FMI, el BM/IDA y el BID, que suman un monto promedio anual de US$216 millones durante la vigencia del cuarto programa económico suscrito con el FMI. Esa probable acción política estadounidense contradeciría el excelente cumplimiento del cuarto programa económico suscrito entre Nicaragua y el FMI –recuerdo que los opositores políticos al gobierno copiaron mi estribillo que el presidente Ortega ha sido el mejor alumno del FMI en Nicaragua-, porque se repetiría el bloqueo financiero multilateral, acompañado de un bloqueo comercial, que impuso Estados Unidos ,a partir del 1 de mayo de 1984 y que duró 6 años. El escenario político de hoy es totalmente distinto al de ese entonces, ya que en la actualidad Nicaragua se distingue entre los países centroamericanos en la lucha contra el narcotráfico con la cooperación estadounidense, consolida su tasa de crecimiento económico en el estadio del 4% al 5%, desarrolla el comercio exterior con Estados Unidos con el tratado de libre comercio DR-CAFTA, y no hay guerra. En esta situación, el discurso del presidente Barack Obama anularía el visto bueno del FMI, es decir, la aprobación del auditor mayor de la economía nicaragüense.

Por otro lado, Nicaragua no tiene una política estatal de confiscaciones de la propiedad privada como la observada en la década de los ochenta del siglo pasado, porque si fuese así ya hubiese sido denunciado por el FMI. En este tema de la propiedad siempre se observarán problemas, pero existe la voluntad política estatal de resolver estas controversias en la mejor forma posible. Aun así, si Estados Unidos persistiera en no conceder las dos dispensas antes mencionadas, no estaría castigando al presidente Daniel Ortega sino a la población pobre de Nicaragua, como castigó a las de los departamentos de Chinandega y León cuando suspendió la Cuenta Reto del Milenio, y estaría empujando al presidente de Nicaragua a consolidar sus posiciones geopolíticas en el ALBA.

¿Y cuál sería el Plan B si Nicaragua no tuviese acceso a la asistencia financiera multilateral en el corto plazo o a la asistencia financiera venezolana, ésta última de interés del FMI en su reciente visita a Nicaragua? Lo que puedo percibir en el corto plazo es que el Plan B sería la inversión extranjera directa y los altos precios de las commodities o bienes primarios, como ya lo observamos en los momentos que cesaba el 94% de la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario y se suspendía el 35% de las donaciones de la Cuenta del Reto del Milenio. El riesgo es, en nuestro caso singular, no depender en gran medida sólo de una fuente de asistencia financiera, sino también depender del origen multilateral del 40% de la cooperación oficial en la actualidad que está expuesta al riesgo de las decisiones políticas de Washington.

¿Existen razones económicas para que Estados Unidos no conceda las dos dispensas a Nicaragua? Mi respuesta es no. Entonces, ¿por qué la Señora Embajadora de Estados Unidos, Phyllis Powers, manifestó que será difícil la concesión de ambas dispensas? Creo que todo responde al otro planteamiento estrictamente político de la Sra. Phyllis Powers sobre “las denuncias de graves irregularidades en el proceso electoral del 2011 y la falta de medidas que indiquen que se está mejorando las condiciones para las elecciones de este año”. Este problema, que es ajeno al FMI, se resolvería con un diálogo nacional, pero no personal

Esas denuncias han sido realizadas en Estados Unidos y Europa por los opositores políticos del presidente Daniel Ortega desde 2008, entre ellos uno que ocupó la mesa de honor de un evento organizado por la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM), que también está acusado por la Fiscalía General de la República por su atropello al Tesoro de la Nación con sus acciones inapropiadas en la restructuración de la deuda por CENIs Bancarios y las subastas de activos de los bancos liquidados, pero ese opositor paralizó el juicio penal a otros 38 acusados por el Estado de Nicaragua con su inveterada costumbre de abusar de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado.