Segunda Carta al Presidente de la Asamblea Nacional

Managua, Nicaragua,

29 de mayo de 2012

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Me dirijo a usted por segunda vez con esta carta abierta para reiterarle mi solicitud a la Asamblea Nacional de Nicaragua que me facilite mi derecho humano de tener acceso a la justicia, debido al abuso de la inmunidad que continúa cometiendo el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) Sr. Eduardo Montealegre Rivas desde hace 46 meses.

Por esa acción inapropiada del Sr. Eduardo Montealegre Rivas, en mi primera carta abierta dirigida a usted el 8 de mayo de este año le consulté cuándo la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional pondrá en el orden del día las dos solicitudes de desaforación del Sr. Eduardo Montealegre Rivas por sus presuntos delitos de orden privado, que están en poder de la Primera Secretaria Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, quien ya las puso en la agenda de este Poder del Estado. A la fecha, no he tenido su respuesta.

Le reitero que el Sr. Eduardo Montealegre Rivas escribió su presunta delincuencia contra mi persona en un chat con los lectores del diario La Prensa publicada el 31 de julio de 2008 y en una supuesta carta de disculpas que él escribió el 2 de febrero de 2011, que la puso a circular desde la dirección electrónica de la casa del movimiento político que lleva su nombre; el presunto delito cometido por dicho diputado es de orden privado y no es de orden político; y desde la primera fecha antes mencionada, los aliados políticos del diputado querellado politizaron mi querella.

Espero que los diputados de la bancada de la Alianza “Nicaragua Unida Triunfa” no politicen mi querella personal contra el Sr. Eduardo Montealegre Rivas, quien no renuncia a su fuero para no responder a la justicia por sus presuntos delitos, lo que ha evadido en ese lapso de 46 meses.

En espera de su respuesta a mi solicitud, hago propicia esta ocasión para reiterarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

Seis tareas para mejorar la seguridad social del país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso tres restricciones al Gobierno de Nicaragua para la elaboración de la reforma del fondo de pensiones de seguridad social: primera, que el consultor no fuese un actuario nicaragüense; segunda, que el consultor no fuese un actuario centroamericano; tercera, que el consultor no fuese un actuario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Reapareció, pues, la intromisión del policía financiero internacional en los asuntos exclusivos de Nicaragua. El FMI debería saber que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pertenece a los trabajadores y a los empleadores radicados en Nicaragua, los primeros representados por los sindicatos y los segundos, por dos sujetos, los empresarios formales y el Estado de Nicaragua, que ahora se verán acompañados de un extranjero fuera de las fronteras del istmo centroamericano para dar respuesta al problema financiero del INSS.

Recientemente, el representante residente del FMI en nuestro país, Gabriel Di Bella aclaró “que el FMI no impondrá las medidas a implementarse para mejorar el ingreso del INSS”, reiteró que la posición del FMI es que la reforma al INSS “es una decisión del país” y que “es necesario generar consensos… no se puede imponer nada a nadie”, a pesar que ya impusieron tres restricciones para elaborar el estudio actuarial que hoy está colgado en la página web del INSS.

Las dificultades financieras del INSS se pretenden resolver sobre la base exclusiva de un estudio actuarial, con una reforma paramétrica de elevar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años, duplicar el número de cotizaciones de 750 a 1,500 para optar a la pensión de jubilación, y elevar de 16.25% a 20.0% la cuota de cotización del trabajador. Sin embargo, esta opción, que no es una propuesta genuinamente nacional, no toma en cuenta los problemas estructurales del mercado laboral del país, la baja productividad económica, la escasa cobertura de la seguridad social ni el entorno económico nacional de mediano y largo plazo.

El principal problema de la seguridad social es la inseguridad laboral, mejor dicho la profunda informalidad del mercado laboral, lo cual requiere de una amplia política pública que tienda a:

1. Reducir el 77.2% de informalidad del mercado laboral observado en 2011, lo cual implicaría formalizar a 2 millones 167 mil personas ocupadas que laboran en establecimientos que no cuentan con registros contables, o sea, en establecimientos que no cotizan la seguridad social ni pagan impuestos. Esa gigantesca tarea de inclusión social por parte del Estado y del Mercado equivaldría a reducir la actual tasa de subempleo de 49.1% de la población económicamente activa (PEA), es decir, insertar al mercado laboral a 1 millón 470 mil personas que no laboran la jornada legal de 8 horas diarias y, en caso que las trabajasen, son personas que devengan un salario inferior al salario mínimo legal. También equivaldría a reducir la tasa de 55.4% de la PEA (subempleados y desempleados), o sea 1 millón 660 mil personas que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo formal y decente.

2. Incrementar la productividad de la economía, mediante una mejor educación en todos los niveles, apuntando principalmente a la primaria y a la técnica media y superior, una efectiva trasferencia de tecnología por parte del Estado de Nicaragua a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), y el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura económica del país. En las dos primeras de esas tres acciones es de esperar la contribución de las empresas formales.

3. Formular políticas macroeconómicas que aumenten la demanda agregada, con el propósito de reducir el subempleo y el desempleo de nuestro mercado laboral. Entre esas políticas, cabe mencionar (i) el aumento del consumo familiar mediante un mayor ingreso personal disponible con el establecimiento de una renta salarial exenta más elevada que los 75 mil córdobas actuales y con la introducción de una mayor progresividad en la tabla del IR a las personas naturales y asalariadas; (ii) la disminución de la tasa de interés de largo plazo para financiar las inversiones productivas y acelerar el crecimiento económico, mediante la formulación de una cartera de proyectos del sector privado en función del Plan Nacional de Desarrollo Humano y el establecimiento de un fondo de inversiones para el desarrollo administrado por la banca central e intermediado por la banca comercial con términos financieros (plazos y tasas de interés) fijados por la autoridad monetaria; (iii) elevar el gasto de inversión pública en infraestructura económica y social; y (iv) promover el esfuerzo exportador con la reducción del alto margen de sobrevaluación del córdoba.

4. Eliminar el techo salarial, equivalente a 1 mil 500 dólares, para la cotización de la seguridad social, ya que ésta prácticamente es un impuesto directo que grava el ingreso salarial de las personas y, por consiguiente, habría que buscar una mayor equidad en el pago de dichas cotizaciones, con el mismo estilo con que se busca la equidad tributaria: Los que devengan mayores ingresos salariales que paguen más cotizaciones, los que devengan menores ingresos salariales que paguen menos cotizaciones, y los que ganan los mismos ingresos salariales que paguen las mismas cotizaciones. En otras palabras, reafirmar el carácter solidario de la seguridad social.

5. Suprimir todas las pensiones extraordinarias y vitalicias que perciben altos cargos del sector público, entre quienes se destacan, a simple vista, los ex presidentes y vicepresidente del país y los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todos los servidores públicos deberían recibir la pensión de jubilación del INSS. Hoy existe una mayoría calificada en la Asamblea Nacional que podría legislar no sólo sobre la aplicación del régimen de seguridad social sino también sobre los salarios pagados en el sector público, como intentó hacerlo el presidente Daniel Ortega en 2007.

6. Restructurar el pago de la deuda del Gobierno Central y de los gobiernos municipales con el INSS. Al 31 de diciembre de 2011, el monto de las cotizaciones por cobrar a favor del INSS es de 1 mil 586 millones de córdobas, equivalentes a 55.5 millones de dólares.

Es muy iluso pensar que sólo con reformas paramétricas de la seguridad social se resolverá el problema financiero del INSS en el futuro, a sabiendas que la cobertura de la seguridad social sólo abarcó al 19.3% de la población económica activa en 2011. Y también es muy decepcionante que el FMI persevere con su error tradicional de tratar de imponer políticas foráneas, contradictorias con nuestra realidad socioeconómica, en la solución de los problemas de los nicaragüenses.

El FMI debe respetar nuestra Constitución y las leyes del país

“El hombre libre es el que interpreta el mundo por sí mismo, por su propia razón, sin encargar a otro, por miedo o pereza, de este placentero y angustioso oficio”

Mariano Fiallos Gil, Padre de la Autonomía Universitaria.

Era de esperarse. Hoy miércoles 23 de mayo a las 9:00 a.m., rectores, profesores y alumnos de las universidades que reciben la asignación del 6% del presupuesto nacional realizaron una marcha nacional en defensa de la Constitución de la República y de la Ley 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, y a favor del desarrollo humano con la discusión y aprobación apropiada de las reformas tanto tributaria como de la seguridad social.

La imprudencia de Marcello Stevão, jefe de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente visitó a nuestro país, de sugerir a los diputados que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua el recorte del 6% del ingreso total o del gasto total del presupuesto nacional a las universidades y, además, revisar cómo las universidades gastan esa asignación del 6%, provoco un repudio generalizado entre la Comunidad Universitaria, que consideró las palabras del representante del FMI como una “injerencia en políticas nacionales a favor de la educación”.

Un craso error cometido por el novel jefe técnico de la misión fondomonetarista fue no haberse reunido con los magníficos rectores que integran el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y discutir, explorar y dominar en mejor forma sus sugerencias, que, según él, le fueron manifestadas por expertos independientes. Es decir, Marcello Stevão fue supuestamente un portavoz de expertos nicaragüenses, pero hasta este día sólo conozco las declaraciones públicas del ex ministro de Educación Pública, Humberto Belli, quien afirmó que “la recomendación de los personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la necesidad de revisar las asignaciones al Sistema de Educación en general, debe aprovecharse para que exista un diálogo nacional sobre el tema, incluida la conveniencia de reorientar el seis por ciento de las universidades”. Entonces, ¿quién recomienda a quién? ¿Quién es el decidor y quién es el mensajero? ¿Por qué se trastocan los papeles de oidor y hablador?

No deberíamos buscar padrinos, mucho menos extranjeros, para discutir y dirimir diferencias sobre aspectos legales y relevantes para nuestra nación que son exclusivos para los nicaragüenses. Muchas reformas estructurales que el FMI impuso en la década de los noventas y que fueron ejecutadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembocaron en el fracaso y creo que esa fue una de las razones principales por las cuales se implementó la Iniciativa del Alivio de la Deuda Multilateral que impulsó en 2005 el entonces secretario del Tesoro británico, el Sr. Gordon Brown, quien posteriormente fue Primer Ministro de Gran Bretaña.

Stevão y Belli deberían comprender que en un país muy pobre como es Nicaragua no podemos cerrar un hueco abriendo otro, no podemos llevar beneficios a la población pobre provocando perjuicios a esa misma población; en cambio, deberíamos procurar aumentar el gasto de educación pública en todos los niveles, ampliando su cobertura y fortaleciéndolos cualitativamente. Y con ese propósito, los marchistas de este día respaldaron al gobierno porque éste ha sido desde 2007 el único que ha cumplido con el mandato constitucional de asignar el 6% del presupuesto a la educación universitaria en los últimos 22 años.

Por esos motivos, Marcelo Stevão se ganó la consigna estudiantil de “No a la injerencia del FMI”, porque al final de cuentas la población no supo si fue el proponente o el portavoz de la reducción de la transferencia constitucional del 6% del presupuesto a la educación superior y de la revisión sobre cómo se gasta ese aporte en las universidades. Como dijo el rector de la Facultad Multidisciplinaria de Carazo de la UNAN, el Maestro Pedro Aburto, “el FMI quieren tocar con la mano sucia la soberanía nacional, la Constitución de Nicaragua y el 6% que por  derecho les pertenece a los universitarios”.

Grexit, Dracmagedón y Dracmatización

Comenzó el juego Grexit, frase acuñada para “Greece exit”, que se traduce “salida de Grecia” (de la eurozona), que se habla en toda Europa y dejaría a Alemania y sus socios con una cuenta astronómica por pagar. Se estima que el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países de la eurozona tienen cerca de 200 mil millones de dólares de su deuda.

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008 y profesor de la Universidad de Princeton, advirtió que Grecia abandonará el euro en junio, lo cual provocaría inmediatamente la fuga de capital de los países vecinos y, en pocos meses, los retiros masivos de los depósitos del público en los bancos españoles e italianos para llevarlos a Alemania. Los banqueros alemanes y franceses podrían limitar los retiros de depósitos de sus bancos y los gobiernos prohibirían su salida fuera de esos países, lo cual trae del recuerdo al presente el corralito argentino. Probablemente el Banco Central Europeo (BCE) inyecte crédito a los bancos italianos y españoles para evitar sus quiebras y Alemania tendría que modificar su estrategia manteniendo bajas las tasas de interés y acelerando la inflación en la eurozona para ajustar los precios relativos.

Otros han comenzado a llamar a esta crisis el “dracmagedón” que se daría con la salida de Grecia de la eurozona, al estimarse que el PIB de este bloque económico bajaría entre 2% y 5%, o sea entre 235 y 780 millardos de euros. El ex primer ministro griego Lucas Papademos dijo que el costo del abandono de Grecia oscilaría entre los 500 mil millones y un billón de euros por su impacto en los mercados, contagio transfronterizo y daño directo a la economía, y la inflación podría dispararse entre el 30% y el 50%; en síntesis, las implicaciones políticas y sociales negativas de la salida del euro serían profundas y duraderas.

El Grupo de Trabajo del Eurogrupo ya acordó que cada país de la eurozona debe preparar un plan de contingencia, individualmente, para las consecuencias potenciales de una salida de Grecia del euro. Krugman recomendó a España e Italia que no entren en una dinámica  keynesiana de grandes inversiones públicas para combatir el desempleo, porque carecen de la capacidad necesaria de financiamiento.

Nadie sabe el resultado de las elecciones parlamentarias griegas, previstas para el 17 de junio. ¿Subirá al poder un gobierno competente, hallará Atenas un consenso sobre las medidas de economía de austeridad, y recibirá en consecuencia los 130 millardos de euros prometidos por la Unión Europea (UE) y el FMI? Pero de todos modos, Grecia continuaría al borde del abismo.

Según Nouriel Roubini, profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Grecia se atascó en un círculo vicioso de la insolvencia, la pérdida de competitividad, el déficit externo y una depresión cada vez peor, y la única forma de cortar ese círculo es iniciar un default con el abandono del euro, en forma ordenada y financiada por la troika del BCE, la UE y el FMI. Grecia no puede volver a crecer si no recupera rápidamente la competitividad, y si no vuelve a crecer la carga de la deuda seguirá siendo insostenible. Es obvio que todas las alternativas para recuperar la competitividad de las empresas griegas demandan una depreciación real de la moneda.

Pero el euro no se devaluará en Grecia debido a la fortaleza de Alemania y a que el BCE no practica la política monetaria de relajamiento cuantitativo (quantitative easing) como lo hace la Fed en Estados Unidos. También será difícil para Grecia reducir rápidamente el costo laboral mediante la ejecución de reformas estructurales que aumenten la productividad por encima del crecimiento de los salarios, algo que le costó 10 años a Alemania. Una devaluación interna, es decir, una deflación veloz de precios y salarios, llevaría a cinco años de agravamiento de la depresión económica, según Roubini.

Entonces, la única salida para Grecia es renunciar al euro, salir de la eurozona y adoptar de nuevo la dracma para devaluarla con gran intensidad, restaurar la competitividad empresarial y acelerar el crecimiento económico en el corto plazo y, por lo tanto, se evitaría una década de depresión. El problema más grave en este escenario ideal o menos maligno sería la pérdida de capital de las instituciones financieras de la eurozona, que de hecho ya condonaron el 50% de la deuda soberana de Grecia. Sin embargo, el pasivo externo en euros de las empresas y del gobierno de Grecia se dispararía, lo que obligaría a la “dracmatización” de esas deudas.

La economía europea fue sacrificada por la defensa de una Europa Unida. Se confundió el desempleo con el problema de la deuda pública, se redujo el gasto público en vez de aumentarlo con proyectos de infraestructura económica, se generó más desconfianza con una serie de cumbres infructuosas, y el pensamiento económico fue atropellado por el pensamiento político. Continuarán cayendo en próximas elecciones aquellos Jefes de Estado y de Gobierno que mantengan la política de austeridad dirigida por la canciller Angela Merkel.

Mientras tanto, la imprenta británica De La Rue ya está lista para comenzar a imprimir dracmas.

La lógica del pensamiento macroeconómico fondomonetarista

La declaración de Marcello Stevão publicada recientemente en la página web del Fondo Monetario Internacional (FMI) al concluir su misión técnica en Nicaragua es, en términos generales, correcta y positiva sobre el desempeño macroeconómico de nuestro país, lo cual resume con el fortalecimiento de las reservas internacionales, la reducción del déficit fiscal y el control de la tasa de inflación. En otras palabras, Nicaragua ha cumplido sobresalientemente la estabilización macroeconómica.

Reconoce Stevão que Nicaragua ya se apoderó de un estadio de crecimiento del 4%, al observarse que el PIB Real aumentó 4.5% y 4.7% en 2010 y 2011 respectivamente, aunque predice que el volumen de producción de bienes y servicios desacelerará a 3.7% en 2012 y 4.0% en 2013 por efectos de la desaceleración económica mundial cuyo epicentro está en la Eurozona. A principios de este año expliqué mis pronósticos de crecimiento económico de 4.1% y 4.0% en el mismo orden, tasas que están fundamentadas en el comportamiento de los volúmenes de exportación y de inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo.

Las presiones del precio de la energía eléctrica, señala Stevão, mantendrán la tasa de inflación en los niveles de 8% a 9% en 2012 y de 6.8% en 2013. En este punto difiero del jefe de la misión técnica del FMI, porque la recesión económica de Europa provocará una caída en la demanda de los bienes primarios y, por lo tanto, sus precios internacionales, incluyendo el petróleo, caerán en el segundo semestre de este año y la inflación acumulada anual en 2013 se aproximará a un nivel máximo –podría ser menor- de 7.7% en 2012 y de 7.5% en 2013, la cual está influenciada principalmente por la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial. No debo omitir que espero una caída de precios de las importaciones mayor que la caída de precios de las exportaciones de Nicaragua en 2012.

No reconoce Marcello Stevão que en el bienio 2010-2011 la banca comercial no apoyó el mayor y aún  insuficiente crecimiento económico de Nicaragua. Los grupos financieros se vieron envueltos en una profunda desaceleración de 12 meses y en una depresión durante 35 meses consecutivos consecutivos y es hasta inicios de este año que vislumbraron un modesto crecimiento de los servicios financieros. Siempre he sostenido que es necesario un diálogo político-bancario particular, como el que existe entre el Gobierno de Nicaragua y el COSEP, para que los grupos financieros apoyen realmente el desempeño productivo del país.

El jefe de la misión técnica del FMI también reconoce que el balance fiscal ha mejorado debido a la reforma tributaria vigente desde el 1 de enero de 2010 y al mayor crecimiento económico antes señalado; sin embargo, no mencionó otra variable económica que contribuyó a reducir el déficit fiscal desde 4.7% del PIB en 2009 hasta 1.3% en 2011, como es la asistencia financiera de Venezuela, cuyos componentes de cooperación petrolera y de donaciones a los sectores público y privado se han elevado desde 4.7% del PIB en 2009 hasta 7.6% del PIB en 2011.

Por consiguiente, si la asistencia financiera venezolana, en vez de ser registrada en el movimiento de capital privado neto de la balanza de pagos fuese incorporada al presupuesto nacional, el déficit fiscal “sobre la línea”, es decir antes del registro de las donaciones externas y de los préstamos externos netos, habría sido mayor aún al disminuir levemente de 9.4% del PIB en 2009 a 8.9% del PIB en 2011, pero Nicaragua hubiera obtenido una reprobación fiscal en el reciente examen del FMI.

La desaceleración económica mundial provocará una disminución de los flujos de inversión extranjera directa, cooperación internacional y remesas, por lo cual Stevão hace el llamado al gobierno de mantener una política macroeconómica prudente, que la explicita con la contención del gasto público, es decir, con la focalización de los subsidios (?), el ajuste moderado de los salarios en el gobierno (?) y el mantenimiento del gasto social y en infraestructura.

Los subsidios ya están focalizados en el presupuesto nacional, al concentrarse en los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono a jubilados, de energía eléctrica en barrios vulnerables y de transporte colectivo urbano de Ciudad de Managua y Ciudad Sandino. El poder adquisitivo del salario promedio nacional anual ha observado deterioros continuos en 2010 y 2011. Mantener el gasto de inversión pública significaría continuar contemplando pasivamente el problema estructural de la distribución del gasto total del presupuesto gubernamental al reflejar una participación de 77% del gasto corriente  y otra de 23% del gasto de inversión.

Marcello Stevão continúa enfatizando aquel paradigma del Banco Mundial que se abolió hace varios años, al afirmar que un mayor crecimiento económico reducirá significativamente la pobreza del país –la riqueza nos inundará a todos, según el Consenso de Washington-. Esta premisa no se sostiene si no se aplican políticas de redistribución del ingreso, las cuales son ignoradas en la declaración fondomonetarista. Por otro lado, el novel director técnico de la misión del FMI apunta muy bien al señalar que debe reducirse la informalidad del mercado laboral, pero esto requerirá un mayor gasto público que contradice la prudencia macroeconómica fondomonetarista. También aconseja reformar la seguridad social, pero no propone políticas públicas, apoyadas por el sector privado formal, para ampliar la base de contribuyentes de la seguridad social. Y reitera, por lo cual lo felicito de nuevo, que los impuestos provenientes de la reforma tributaria, mejor dicho la sobre recaudación, financie la inversión en infraestructura económica y social.

Reducir el 77.2% de la informalidad del mercado laboral implicara formalizar a 2 millones 167 mil personas ocupadas que laboran en establecimientos que no cuentan con registros contables, o sea, establecimientos que no cotizan la seguridad social ni pagan impuestos; disminuir la tasa de subempleo de 49.1% de la población económicamente activa, es decir, insertar al mercado laboral a 1 millón 470 mil personas que no labora la jornada legal de 8 horas diarias y, si las trabaja, devengan un salario inferior al salario mínimo legal; y bajar la tasa de 55.4% de la población económicamente activa que tiene problemas de empleo, o sea facilitar un puesto de trabajo formal y decente 1 millón 660 mil personas que tiene dificultades para encontrar empleo. Todo esto es un fiel reflejo que la microeconomía no está bien.

¿Qué opinaría Marcello Stevão para iniciar la solución de este problema de largo plazo? ¿Continuaría aconsejándonos contener o reducir el gasto público? ¿Escatimaría esfuerzos para se amplíe la asignación de recursos no sólo a todos los niveles de educación, restableciendo la educación técnica media y superior, sino también a la transferencia de tecnología a microempresas y pequeñas empresas, porque sólo subrayó el aumento de la inversión pública en infraestructura con la sobre recaudación de impuestos? En una próxima ocasión me referiré a la actual sobrevaluación del córdoba, que también fue ignorada por el jefe de la misión técnica del FMI que visitó a nuestro país del 2 al 11 de mayo de este año.

El talón de Aquiles es la falta de transparencia electoral

Con el eco de la dificultad de la decisión de Washington para que otorgue a nuestro país las dispensas (waivers) atribuida en parte a una persistente falta de transparencia fiscal y a la falta de acciones concretas del gobierno de Nicaragua para resolver nuevas tomas de propiedades de ciudadanos norteamericanos, debo reconocer que en nuestro país existe transparencia fiscal y no existe una política de confiscación o de expropiación de los activos reales y financieros del sector privado.

Si no hubiese transparencia presupuestaria, esto ya hubiese sido denunciado por el fiscal de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se observan algunos antecedentes, por ejemplo en 2008 cuando el gobierno de Daniel Ortega “sinceró” el gasto público que exigía el FMI desde el gobierno de Enrique Bolaños, al clasificar como gasto de consumo las remuneraciones de asesores y consultores pagadas con recursos de la cooperación oficial en vez de registrarlo como un gasto de inversión en el presupuesto nacional, al estilo de los gobiernos anteriores.

Sin embargo, los opositores políticos del presidente Daniel Ortega siempre han cuestionado la modalidad del uso de la asistencia financiera de Venezuela, mejor dicho del crédito facilitado por ese país en el suministro de petróleo a Nicaragua. De acuerdo con el presidente Daniel Ortega, los recursos externos de origen venezolano constituyen una deuda privada externa, administrada por ALBANISA, y el FMI aprobó el registro de ese préstamo en el movimiento de capital privado neto de la balanza de pagos del país. Esta modalidad sustituyó aquélla del Pacto de San José, en el que México y Venezuela suministraron petróleo a los países centroamericanos con la modalidad de deuda publica, pero con unas condiciones menos concesionales que el ALBA.

Con el préstamo del suministro petrolero de US$1,195 millones durante el período 2007-2011, a 23 años plazo, 3 años de gracia y 2% de interés, el gobierno ha financiado principalmente el subsidio al transporte colectivo, el bono salarial, la infraestructura habitacional, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, el desarrollo del comercio justo, la producción agropecuaria y forestal, y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual ha facilitado reducir el déficit fiscal, una de las variables celosamente cuidadas por el FMI. Sin embargo, el insobornable policía financiero internacional exigió al Banco Central de Nicaragua (BCN) un mayor detalle del uso del préstamo venezolano y se avanzó al respecto, y también pidió al BCN un constante monitoreo sobre los depósitos de ALBANISA en dos bancos comerciales privados (BANPRO y LAFISE BANCENTRO) con el fin de evitar una nueva ronda de deterioro de la cartera de préstamos. Tanto el exceso como la falta de liquidez son estresantes para los banqueros.

No obstante los avances antes mencionados no se restó cierta dificultad a la dispensa de la transparencia presupuestaria con el uso de la Cuenta del Reto del Milenio en 2006, el paradigma de la cooperación estadounidense consistente en una donación de US$175.0 millones que, por una decisión exclusiva de Estados Unidos, no ingresó al país a través de la Ventanilla Única del Tesoro y, por consiguiente, no se registró en el Presupuesto General de la República. Cabe recordar que el 35% de esa donación estadounidense fue suspendida por el gobierno estadounidense, es decir, US$62 millones, por la denuncia de la oposición política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de un fraude electoral en los comicios municipales de noviembre de 2008, y la oposición política también influyó en la suspensión a partir de 2009 de un monto promedio anual de US$40 millones donados por del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) de US$40 millones y de un préstamo promedio anual de US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA) para apoyo presupuestario. Sólo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del GAP, no abandonó el apoyo al presupuesto nacional con un préstamo anual de US$45 millones que se desembolsa en la actualidad.

No obstante cabe preguntarnos cuál es la ayuda en riesgo y la onda expansiva sobre la cooperación externa si no se aprueban las dos dispensas que espera recibir Nicaragua en junio próximo. El monto anual de las donaciones oficiales de Estados Unidos a Nicaragua no es significativo al oscilar alrededor de US$20 millones en los últimos tres años, por lo cual la administración estadounidense ha enfocado los desembolsos de Nicaragua en el FMI, el BM/IDA y el BID, que suman un monto promedio anual de US$216 millones durante la vigencia del cuarto programa económico suscrito con el FMI. Esa probable acción política estadounidense contradeciría el excelente cumplimiento del cuarto programa económico suscrito entre Nicaragua y el FMI –recuerdo que los opositores políticos al gobierno copiaron mi estribillo que el presidente Ortega ha sido el mejor alumno del FMI en Nicaragua-, porque se repetiría el bloqueo financiero multilateral, acompañado de un bloqueo comercial, que impuso Estados Unidos ,a partir del 1 de mayo de 1984 y que duró 6 años. El escenario político de hoy es totalmente distinto al de ese entonces, ya que en la actualidad Nicaragua se distingue entre los países centroamericanos en la lucha contra el narcotráfico con la cooperación estadounidense, consolida su tasa de crecimiento económico en el estadio del 4% al 5%, desarrolla el comercio exterior con Estados Unidos con el tratado de libre comercio DR-CAFTA, y no hay guerra. En esta situación, el discurso del presidente Barack Obama anularía el visto bueno del FMI, es decir, la aprobación del auditor mayor de la economía nicaragüense.

Por otro lado, Nicaragua no tiene una política estatal de confiscaciones de la propiedad privada como la observada en la década de los ochenta del siglo pasado, porque si fuese así ya hubiese sido denunciado por el FMI. En este tema de la propiedad siempre se observarán problemas, pero existe la voluntad política estatal de resolver estas controversias en la mejor forma posible. Aun así, si Estados Unidos persistiera en no conceder las dos dispensas antes mencionadas, no estaría castigando al presidente Daniel Ortega sino a la población pobre de Nicaragua, como castigó a las de los departamentos de Chinandega y León cuando suspendió la Cuenta Reto del Milenio, y estaría empujando al presidente de Nicaragua a consolidar sus posiciones geopolíticas en el ALBA.

¿Y cuál sería el Plan B si Nicaragua no tuviese acceso a la asistencia financiera multilateral en el corto plazo o a la asistencia financiera venezolana, ésta última de interés del FMI en su reciente visita a Nicaragua? Lo que puedo percibir en el corto plazo es que el Plan B sería la inversión extranjera directa y los altos precios de las commodities o bienes primarios, como ya lo observamos en los momentos que cesaba el 94% de la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario y se suspendía el 35% de las donaciones de la Cuenta del Reto del Milenio. El riesgo es, en nuestro caso singular, no depender en gran medida sólo de una fuente de asistencia financiera, sino también depender del origen multilateral del 40% de la cooperación oficial en la actualidad que está expuesta al riesgo de las decisiones políticas de Washington.

¿Existen razones económicas para que Estados Unidos no conceda las dos dispensas a Nicaragua? Mi respuesta es no. Entonces, ¿por qué la Señora Embajadora de Estados Unidos, Phyllis Powers, manifestó que será difícil la concesión de ambas dispensas? Creo que todo responde al otro planteamiento estrictamente político de la Sra. Phyllis Powers sobre “las denuncias de graves irregularidades en el proceso electoral del 2011 y la falta de medidas que indiquen que se está mejorando las condiciones para las elecciones de este año”. Este problema, que es ajeno al FMI, se resolvería con un diálogo nacional, pero no personal

Esas denuncias han sido realizadas en Estados Unidos y Europa por los opositores políticos del presidente Daniel Ortega desde 2008, entre ellos uno que ocupó la mesa de honor de un evento organizado por la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM), que también está acusado por la Fiscalía General de la República por su atropello al Tesoro de la Nación con sus acciones inapropiadas en la restructuración de la deuda por CENIs Bancarios y las subastas de activos de los bancos liquidados, pero ese opositor paralizó el juicio penal a otros 38 acusados por el Estado de Nicaragua con su inveterada costumbre de abusar de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado.

El FMI no corrige sus errores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no aprende de sus propios errores. En marzo de 2005, su representante residente en el país, Humberto Arbulú-Neira, adoptó la postura de un vocero oficial del entonces presidente Enrique Bolaños y amenazó a nuestra nación en quitarle los recursos de la cooperación internacional y a los trabajadores del sector gubernamental en quitarle su estabilidad laboral, lo cual me obligó, como nicaragüense, primero, y como economista, después, a elevar la más enérgica protesta al FMI para que impusiera la debida observancia a su representante residente en nuestro país.

Cabe recordar que Arbulú-Neira amenazó con la suspensión de la entrega de US$150 millones en divisas líquidas de libre disponibilidad provenientes de la cooperación internacional si no se eliminaba la ampliación del déficit fiscal equivalente a U$35 millones aprobada por la Asamblea Nacional a inicios de 2003, que sería financiada con una disminución del aumento de las disponibilidades del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN), porque, según el representante residente, se atentaría contra la posición de las reservas internacionales oficiales y exigió aumentar ingresos y/o reducir gastos para evitar el ‘desalineamiento’ presupuestario. Todo esto ocurrió con el acompañamiento del silencio presidencial y siempre he sido de la opinión que hay que denunciar cualquier injerencia, abierta o solapada, venga de donde venga. Además, debo reconocer que desde la administración del Presidente Daniel Ortega en el quinquenio pasado, Nicaragua logró rescatar y avanza en el fortalecimiento de su soberanía fiscal, pero siempre deberá estar alerta por cualquier intento de degradarla.

En el presente, el jefe de la misión técnica del FMI, Marcello Estevão, comete la imprudencia de adoptar, con ingenua apariencia, la vocería de expertos locales y de trabajadores para insinuar al Gobierno de Nicaragua, en su calidad de técnico extranjero que visita a nuestro país, un manoseo a nuestra Constitución y a la Ley 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior” (LAE). Guste o no, el 6% del Presupuesto General de la República a las universidades es una transferencia constitucional y, también por ley, su utilización es un asunto que compete exclusivamente al Consejo Nacional de Universidades (CNU), no es un asunto del Gobierno Central mucho menos del FMI y, también por ley, el presupuesto de las universidades es auditado por la Contraloría General de la República (CGR).

Insinúa Marcello Estevão a que se redirijan recursos del 6% del presupuesto nacional que reciben las universidades a la inversión en la educación primaria y secundaria, a sabiendas que hasta ahora el FMI mantiene la exigencia al gobierno que la sobre recaudación de impuestos sea parcialmente guardada en el Banco Central de Nicaragua y sea parcialmente asignada al pago de la deuda pública interna. Un pasaje cuestionable de esta deuda es que el FMI aceptó y quita recursos a los servicios de educación y salud fue, con la presencia de su entonces representante residente Joaquín Harnack, el endeudamiento oneroso e ilícito por las liquidaciones bancarias que emitió Noel Ramírez desde el BCN y que después restructuró Eduardo Montealegre desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), golpeando severamente al presupuesto nacional.

Como nicaragüense, invito a Estevão a que no vuelva a cometer el tradicional error fondomonetarista de incursionar en el campo de nuestra Constitución y nuestras leyes y, por consiguiente, se limite a los aspectos técnicos como él mismo lo ha dicho. Ya han pasado muchos años y también parece que algunos nicaragüenses no hemos aprendido de las voluntades conservadoras del siglo pasado, a pesar de las nefastas experiencias, de “invitar” a extranjeros a que intervengan en nuestros asuntos, y por eso respaldo las palabras del Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Wálmaro Gutiérrez que el tema del 6% del presupuesto a las universidades “debe discutirse entre y por los nicaragüenses”, rehusándose “a discutir estos temas con personas que no son nicaragüenses”.

En uno de mis últimos escritos económicos consideré digno de aplaudir la afirmación de Marcello Estevão, y con más razón por la reforma tributaria pendiente, que hay que orientar la sobre recaudación de impuestos a la inversión pública. Hay que apoyar esa idea constructiva, tomando en cuenta que también se debe elevar la calidad de la educación primaria, media y terciaria, y establecer una sólida enseñanza técnica media y superior, pero no es válido tapar un hueco abriendo otro entre las necesidades sociales de nuestra población.

Por otro lado, el jefe de la misión técnica del FMI dijo que hay que controlar –entiéndase disminuir- los beneficios o aumentar las contribuciones de la seguridad social, que “no hay otra salida” y pidió al gobierno reformar el sistema de seguridad social. En economía hay muchas variantes de salidas al problema de la seguridad social, que en Nicaragua es el problema de la inseguridad laboral que existe en el país al observarse que el 77% de las empresas son informales, un tema que debiera ser discutido entre los representantes de la economía formal, o sea el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y el Gobierno Central. No hay que limitar a dos salidas el problema financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual tiene como base un estudio actuarial divorciado del entorno económico, del bono demográfico, de la baja productividad económica, de la atracción formidable de la inversión extranjera directa y de la política expansiva de crecimiento económico que se ha emprendido en el país con el diálogo gubernamental-empresarial desde 2007.

Es mejor equivocarse que no hacer nada, pero es muy cuestionable reiterar errores pasados y esto es lo criticable en las aseveraciones de Marcello Estevão, quien no debe obviar que la mayoría de estudiantes universitarios nicaragüenses no provienen de familias acomodadas, que hay necesidad de otorgar más becas a los estudiantes, que al graduarse entran a un mercado laboral muy informal resultante, entre otras causas, de varias reformas estructurales fondomonetaristas que se implementaron en la década de los noventa bajo el paraguas del Consenso de Washington y con la debida obediencia de los gobernantes de turno –recordemos que fue hasta en 2007, con el segundo Programa ESAF, que se incorporaron las redes de protección social-, y, por lo tanto, muchos de esos universitarios graduados se subemplean al realizar actividades ajenas a sus conocimientos profesionales.

En esas condiciones, la receta no es quitar recursos a la educación superior para dárselos a la educación primaria. La receta debería crear empleos formales, hacer más progresivo el cobro de impuestos y mejorar la equidad tributaria, y aumentar el gasto público destinado a la educación, la salud y a la reducción de la pobreza. Debemos hacer lo contrario de lo que insinúa Marcello Estevão, porque es necesario aumentar los recursos a todos los niveles educativos, fortalecer la calidad de la educación en todos sus niveles, facilitar la educación a todos los nicaragüenses, impulsar una política expansiva de crecimiento económico y evitar una política de austeridad fiscal que está de moda en los países con economías avanzadas y en el pensamiento del FMI. El FMI debe comprender que el recurso humano calificado es la base futura de cotizantes de la seguridad social y de los contribuyentes al erario.