
Con el eco de la dificultad de la decisión de Washington para que otorgue a nuestro país las dispensas (waivers) atribuida en parte a una persistente falta de transparencia fiscal y a la falta de acciones concretas del gobierno de Nicaragua para resolver nuevas tomas de propiedades de ciudadanos norteamericanos, debo reconocer que en nuestro país existe transparencia fiscal y no existe una política de confiscación o de expropiación de los activos reales y financieros del sector privado.
Si no hubiese transparencia presupuestaria, esto ya hubiese sido denunciado por el fiscal de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se observan algunos antecedentes, por ejemplo en 2008 cuando el gobierno de Daniel Ortega “sinceró” el gasto público que exigía el FMI desde el gobierno de Enrique Bolaños, al clasificar como gasto de consumo las remuneraciones de asesores y consultores pagadas con recursos de la cooperación oficial en vez de registrarlo como un gasto de inversión en el presupuesto nacional, al estilo de los gobiernos anteriores.
Sin embargo, los opositores políticos del presidente Daniel Ortega siempre han cuestionado la modalidad del uso de la asistencia financiera de Venezuela, mejor dicho del crédito facilitado por ese país en el suministro de petróleo a Nicaragua. De acuerdo con el presidente Daniel Ortega, los recursos externos de origen venezolano constituyen una deuda privada externa, administrada por ALBANISA, y el FMI aprobó el registro de ese préstamo en el movimiento de capital privado neto de la balanza de pagos del país. Esta modalidad sustituyó aquélla del Pacto de San José, en el que México y Venezuela suministraron petróleo a los países centroamericanos con la modalidad de deuda publica, pero con unas condiciones menos concesionales que el ALBA.
Con el préstamo del suministro petrolero de US$1,195 millones durante el período 2007-2011, a 23 años plazo, 3 años de gracia y 2% de interés, el gobierno ha financiado principalmente el subsidio al transporte colectivo, el bono salarial, la infraestructura habitacional, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, el desarrollo del comercio justo, la producción agropecuaria y forestal, y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual ha facilitado reducir el déficit fiscal, una de las variables celosamente cuidadas por el FMI. Sin embargo, el insobornable policía financiero internacional exigió al Banco Central de Nicaragua (BCN) un mayor detalle del uso del préstamo venezolano y se avanzó al respecto, y también pidió al BCN un constante monitoreo sobre los depósitos de ALBANISA en dos bancos comerciales privados (BANPRO y LAFISE BANCENTRO) con el fin de evitar una nueva ronda de deterioro de la cartera de préstamos. Tanto el exceso como la falta de liquidez son estresantes para los banqueros.
No obstante los avances antes mencionados no se restó cierta dificultad a la dispensa de la transparencia presupuestaria con el uso de la Cuenta del Reto del Milenio en 2006, el paradigma de la cooperación estadounidense consistente en una donación de US$175.0 millones que, por una decisión exclusiva de Estados Unidos, no ingresó al país a través de la Ventanilla Única del Tesoro y, por consiguiente, no se registró en el Presupuesto General de la República. Cabe recordar que el 35% de esa donación estadounidense fue suspendida por el gobierno estadounidense, es decir, US$62 millones, por la denuncia de la oposición política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de un fraude electoral en los comicios municipales de noviembre de 2008, y la oposición política también influyó en la suspensión a partir de 2009 de un monto promedio anual de US$40 millones donados por del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) de US$40 millones y de un préstamo promedio anual de US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA) para apoyo presupuestario. Sólo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del GAP, no abandonó el apoyo al presupuesto nacional con un préstamo anual de US$45 millones que se desembolsa en la actualidad.
No obstante cabe preguntarnos cuál es la ayuda en riesgo y la onda expansiva sobre la cooperación externa si no se aprueban las dos dispensas que espera recibir Nicaragua en junio próximo. El monto anual de las donaciones oficiales de Estados Unidos a Nicaragua no es significativo al oscilar alrededor de US$20 millones en los últimos tres años, por lo cual la administración estadounidense ha enfocado los desembolsos de Nicaragua en el FMI, el BM/IDA y el BID, que suman un monto promedio anual de US$216 millones durante la vigencia del cuarto programa económico suscrito con el FMI. Esa probable acción política estadounidense contradeciría el excelente cumplimiento del cuarto programa económico suscrito entre Nicaragua y el FMI –recuerdo que los opositores políticos al gobierno copiaron mi estribillo que el presidente Ortega ha sido el mejor alumno del FMI en Nicaragua-, porque se repetiría el bloqueo financiero multilateral, acompañado de un bloqueo comercial, que impuso Estados Unidos ,a partir del 1 de mayo de 1984 y que duró 6 años. El escenario político de hoy es totalmente distinto al de ese entonces, ya que en la actualidad Nicaragua se distingue entre los países centroamericanos en la lucha contra el narcotráfico con la cooperación estadounidense, consolida su tasa de crecimiento económico en el estadio del 4% al 5%, desarrolla el comercio exterior con Estados Unidos con el tratado de libre comercio DR-CAFTA, y no hay guerra. En esta situación, el discurso del presidente Barack Obama anularía el visto bueno del FMI, es decir, la aprobación del auditor mayor de la economía nicaragüense.
Por otro lado, Nicaragua no tiene una política estatal de confiscaciones de la propiedad privada como la observada en la década de los ochenta del siglo pasado, porque si fuese así ya hubiese sido denunciado por el FMI. En este tema de la propiedad siempre se observarán problemas, pero existe la voluntad política estatal de resolver estas controversias en la mejor forma posible. Aun así, si Estados Unidos persistiera en no conceder las dos dispensas antes mencionadas, no estaría castigando al presidente Daniel Ortega sino a la población pobre de Nicaragua, como castigó a las de los departamentos de Chinandega y León cuando suspendió la Cuenta Reto del Milenio, y estaría empujando al presidente de Nicaragua a consolidar sus posiciones geopolíticas en el ALBA.
¿Y cuál sería el Plan B si Nicaragua no tuviese acceso a la asistencia financiera multilateral en el corto plazo o a la asistencia financiera venezolana, ésta última de interés del FMI en su reciente visita a Nicaragua? Lo que puedo percibir en el corto plazo es que el Plan B sería la inversión extranjera directa y los altos precios de las commodities o bienes primarios, como ya lo observamos en los momentos que cesaba el 94% de la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario y se suspendía el 35% de las donaciones de la Cuenta del Reto del Milenio. El riesgo es, en nuestro caso singular, no depender en gran medida sólo de una fuente de asistencia financiera, sino también depender del origen multilateral del 40% de la cooperación oficial en la actualidad que está expuesta al riesgo de las decisiones políticas de Washington.
¿Existen razones económicas para que Estados Unidos no conceda las dos dispensas a Nicaragua? Mi respuesta es no. Entonces, ¿por qué la Señora Embajadora de Estados Unidos, Phyllis Powers, manifestó que será difícil la concesión de ambas dispensas? Creo que todo responde al otro planteamiento estrictamente político de la Sra. Phyllis Powers sobre “las denuncias de graves irregularidades en el proceso electoral del 2011 y la falta de medidas que indiquen que se está mejorando las condiciones para las elecciones de este año”. Este problema, que es ajeno al FMI, se resolvería con un diálogo nacional, pero no personal
Esas denuncias han sido realizadas en Estados Unidos y Europa por los opositores políticos del presidente Daniel Ortega desde 2008, entre ellos uno que ocupó la mesa de honor de un evento organizado por la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM), que también está acusado por la Fiscalía General de la República por su atropello al Tesoro de la Nación con sus acciones inapropiadas en la restructuración de la deuda por CENIs Bancarios y las subastas de activos de los bancos liquidados, pero ese opositor paralizó el juicio penal a otros 38 acusados por el Estado de Nicaragua con su inveterada costumbre de abusar de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado.