$45 millones en riesgo

Si las presiones políticas en EEUU logran su objetivo, Nicaragua entraría en una macro desestabilización

$45 millones de dólares de las ventanillas del BID para libre disponibilidad serían cerradas

$120 millones de dólares del FMI para reservas internacionales también se perderían si no hay renovación del acuerdo trienal

Por Redacción Central Trinchera de la Noticia

Publicado por Trinchera de la Noticia el jueves 29 de marzo de 2012

Si la administración de Estados Unidos no renueva las dispensas (waivers) de la propiedad y transparencia en el uso de la ayuda de ese país, entraría en una etapa de incertidumbre y progresiva desestabilización que afectaría todos los campos de la vida económica y social, afirmó un especialista.

En una amplia entrevista con Trinchera de la Noticia el doctor Néstor Avendaño, economista y director de COPADES, analizó el impacto de un escenario que poco a poco cobra forma en la mente de los nicaragüenses. Aunque algunos analistas creen que el gobierno de Estados Unidos si está dispuesto a romper de una vez con el gobierno de Ortega otros suponen que será progresivo.

La primera posibilidad sería la no renovación del waiver de la transparencia que daría como resultado el corte de una parte o toda la ayuda bilateral a los programas oficiales. Lo peor sería que el gobierno estadounidense no renovara una sola de las dispensas.

Partiendo de este escenario conversamos con el doctor Avendaño.

Si las presiones del senado estadounidense incidieran en la falta de un acuerdo económico con el FMI, ¿qué podría ocurrir en el corto plazo?

Avendaño: En el hipotético caso que se diese la ausencia del FMI en Nicaragua por presiones externas, el principal shock que tendría la economía nicaragüense sería la reducción drástica del flujo de inversiones extranjeras directas, que el año pasado, según cifras oficiales, mostró un total 968 millones de dólares y un crecimiento de 91% con respecto a su nivel registrado en 2010. Esto obstaculizaría el crecimiento económico sostenible y creciente para reducir la subutilización de la fuerza laboral y la pobreza de los nicaragüenses.

¿Habría otros efectos con una salida del FMI de Nicaragua?

Avendaño: Se cerrarían la ventanilla de préstamos muy concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad del BID, es decir que el país no recibiría un monto 45 millones de dólares programado para el apoyo del presupuesto nacional de este año, que son los únicos recursos líquidos de libre uso que recibirá el gobierno de Nicaragua en este año, ya que el resto está atado a programas y proyectos públicos. Con ese veto financiero estadounidense, se atrasaría el  cumplimiento de las metas de la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecidas para el año de 2015 y, además, se debilitaría el esfuerzo fiscal para proteger las reservas internacionales del país, o sea que el gobierno central no podría aumentar en un mayor monto sus depósitos en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El gobierno tampoco tendría acceso al préstamo trienal del FMI de alrededor de 120 millones de dólares destinados exclusivamente al fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales, exponiéndose la estabilización macroeconómica al riesgo, si no se diese el apoyo de la banca comercial local de vender divisas al BCN, con el incumplimiento de la condicionalidad de un saldo de reservas internacionales brutas equivalente a 2.2 veces el saldo de la base monetaria, es decir, de la emisión de dinero y del encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas. Sin embargo, con el apoyo de la banca local, el BCN, con el objetivo de sacar de circulación los córdobas pagados por las compras de esas divisas y evitar más inflación, tendría que elevar los rendimientos de las Letras Estandarizadas subastadas por el BCN y aumentaría el déficit cuasifiscal.

También se perdería el financiamiento del BID y del BM/IDA para la ejecución de reformas estructurales muy importantes y aún pendientes, por ejemplo la reforma del fondo de pensiones de la seguridad social –ya no tengo seguridad que la aprueben en este año- y la aún no discutida sustitución del actual régimen de tipo de cambio reptante con una banda cambiaria –como lo ha pretendido el FMI desde agosto de 1999-.

En resumen, Nicaragua perdería la opción de endeudarse en términos muy concesionales con las instituciones financieras multilaterales, consistentes, en términos ponderados durante el período 1990-2010, en 30 años de plazo, 10 años de gracia y 2% de interés.

¿Cuáles serían las restricciones desde el Banco Mundial?

Avendaño: El BM/IDA ya suspendió sus préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario desde 2009, como resultado de las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de 2008. Antes de 2009, el BM/IDA entregaba este tipo de préstamo al gobierno con montos anuales de entre 25 millones y 30 millones de dólares.

¿Cómo traduciría la sentencia de la Sra. Hillary Clinton de supervisar los desembolsos de Nicaragua en el BID y el BM?

Avendaño: De inmediato, un riesgo sobre el préstamo, ya mencionado, de 45 millones de dólares a ser facilitado por el BID en este año. Pero con la sentencia de la Secretaría de Estado de Estados Unidos también se expone al riesgo las futuras contrataciones de préstamos de divisas líquidas “atadas” a la ejecución de programas y proyectos del sector públicos, tanto en el BID como en el BM/IDA, cuyo monto promedio anual fue de 160 millones de dólares entre 2007 y 2010. No creo que la ejecución de proyectos de inversión pública, que ya son financiados con préstamos aprobado por ambos organismos, sean vetados por las autoridades estadounidenses.

El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos instó ayer al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, a suprimir la ayuda directa estadounidense a Nicaragua. ¿Cuáles serían los efectos de esa suspensión?

Avendaño: No olvidemos que en 2009 la administración estadounidense suspendió la cooperación asociada con la Cuenta Reto del Milenio, por la misma razón que el Banco Mundial suspendió su préstamo para apoyo presupuestario antes mencionado. Entre 2006 y 2009, la CRM donó 113 millones de dólares a proyectos ejecutados en los departamentos de León y Chinandega y en el momento de la suspensión se encontraba pendiente de aprobación la entrega de 62 millones de dólares.

Excluyendo la CRM, la suspensión de la ayuda directa estadounidense afectaría principalmente al sector privado con la interrupción de proyectos de participación electoral, desarrollo democrático, proyectos de agua y saneamiento, planificación familiar, reducción de la mortalidad infantil, educación sobre el VIH/SIDA, y desarrollo municipal. De acuerdo con datos oficiales, las donaciones canalizadas a través de USAID en el primer semestre de 2011 suman 15.2 millones de dólares.

¿Las consecuencias económicas de Nicaragua, si se llegaran a concretar todos esos riesgos políticos?

Avendaño: Se puede prever la caída de la inversión extranjera directa; la profunda desaceleración del crecimiento económico, la inversión y el consumo tanto del sector público como del sector privado; la disminución de los ingresos tributarios y la ampliación del déficit fiscal; la reducción de las reservas internacionales, las especulaciones cambiarias y mayores presiones inflacionarias, el aumento del subempleo y del desempleo, y el deterioro del poder de compra de los asalariados.

¿Hay alguna tabla de salvación?

Avendaño: Reitero al presidente Daniel Ortega que es necesario un diálogo nacional y no un diálogo bilateral, sencillamente porque no hay oposición política en la Asamblea Nacional. Ese diálogo con Visión de Nación contribuiría a minimizar los riesgos políticos externos sobre la economía nicaragüense.

Además, le aconsejo que instruya a su gabinete la preparación de un plan económico contingente, por si a la postre es necesario. No olvidemos la sentencia del maestro Keynes: “Cuando piensas que va a suceder lo inevitable, surge lo imprevisto”. También hay que minimizar errores.

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Que no los engañen

La oposición no existe para el gobierno del Presidente Daniel Ortega, porque la alianza electoral que ocupó el segundo lugar del los comicios presidenciales del 6 de noviembre de 2011 no representa a la mayoría de los nicaragüenses.

Es lamentable saber que quien busca un diálogo con el poder es el coordinador político de quien ocupó ese segundo lugar en las elecciones presidenciales. Ese es un reflejo de desesperación personal, que más adelante explicaré.

Quien tiene las calles tiene el poder, nos lo enseñó un legislador romano. Es fácil concluir que la oposición puede hacerse en las calles en forma civilizada, no en unas pláticas secretas para beneficios personales.

Quien busca el diálogo con el presidente Daniel Ortega es el mismo que hace varios años se apoderó inapropiadamente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y que recientemente se apoderó en una forma muy cuestionable del Partido Liberal Independiente (PLI), sencillamente porque no tiene partido político al ser el único dueño de un movimiento político personal conocido por todos los nicaragüense como “Vamos Con  Eduardo”.

La primera voz de la alianza electoral del PLI fue y es el candidato a presidente de esa alianza, no el candidato a primer diputado nacional de esa misma alianza. Eduardo Montealegre tiene menos credibilidad moral que Fabio Gadea Mantilla. Los nicaragüenses no pueden esperar bondades de una persona que abusa de su inmunidad para evadir la justicia.

A Eduardo Montealegre le pregunto y ojalá tenga la vergüenza personal de responder, porque el juez no le ha podido preguntar debido a que se escondió en las enaguas de la inmunidad y se convirtió simultáneamente en impune y reo político del presiente Daniel Ortega, lo siguiente:

¿Por qué descontó los CENIs/INTERBANK y los CENIS/BANIC con una tasa de descuento menor que la tasa de rendimiento original de esos papeles y golpeó el bolsillo de los nicaragüenses en un monto equivalente a 23.6 millones de dólares?

¿Por qué dijo públicamente que si él caía preso también tenían que ir presos Mario Alonso, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), y los demás miembros del Consejo Directivo del BCN, Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra, Silvio Conrado y Benjamín Lanzas? ¿Acaso un banquero, como Eduardo Montealegre, no puede estimar el valor presente de una deuda?

¿Por qué al reestructurar la deuda pública interna con tres bancos privados por las liquidaciones de 4 bancos, reestructuró con 2 bancos la deuda a un plazo de 10 años y con un banco a 3 años, a un banco le subió la tasa de interés original de 7.93% a 8.29%, a otro banco le redujo la tasa de interés original de 10.64% a 7.43% y a un banco le redujo la tasa de interés ponderada de 19.45% a 8.43% con la entrega injustificada de 23.6 millones de dólares, producto de su famosa “reingeniería financiera”? ¿Por qué reestructuró esta deuda en términos comerciales, o en términos bancarios, mas no en términos soberanos como lo necesitaba el pueblo nicaragüense? ¿Por qué se arroga la representatividad de la oposición política de los nicaragüenses, si ha dañado a los nicaragüenses?

¿Por qué aprobó, como guardador del Tesoro Nacional, que 100.6 millones de dólares de créditos de todo tipo fuera vendida en 1.9 millones de dólares mediante la inapropiada licitación pública “a sobre cerrado”?

¿Por qué la cartera cafetalera con un valor de 17.9 millones de dólares fue vendida en 1 millón 968 mil dólares con todas sus garantías hipotecarias al BANCENTRO, con la inapropiada metodología “a sobre cerrado”?

¿Por qué en la subasta de créditos por tarjetas de crédito para el consumo y microcrédito se vendió cada dólar en 2.8 centavos de dólar a FINANCO a “sobre cerrado”?

¿Por qué usted autorizó al BANCENTRO  a que adquiriera con un monto de 5.2 millones de dólares el área de tres manzanas y el edificio del extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), a sabiendas que el precio de mercado supera tres veces el monto que el ahora preocupado por los pobres de nuestro país aprobó?

¿Por qué usted, Eduardo Montealegre, guardador de la cosa pública, autorizó que entraran a la subastas de los activos de los bancos liquidados personas que tenían acceso a información privilegiada?

¿Por qué, usted como ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), no exigió la metodología de venta del acervo público con un “precio base” para cada uno de los activos subastados, con el fin de proteger el patrimonio nacional, mejor dicho para proteger a los nicaragüenses que hoy le causan un gran preocupación?

¿Se olvida, Eduardo Montealegre, de las protestas de representantes de la cultura nacional, que se sintieron perjudicados con las subastas de sus obras de arte, incluso porque usted autorizó la venta de obras de arte que forman parte del patrimonio nacional, como son los manuscritos originales de Rubén Darío, y pinturas de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger Pérez de la Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfuss y Leonel Vanegas?

¿Olvidó, Eduardo Montealegre, que no se conoció el destino del software y el hardware que automatizaron todos los procesos de los cuatro bancos liquidados, en los cuales invirtieron millones de dólares?

¿No recuerda, Eduardo Montealegre, el valor en libros de los vehículos, ni el año de los modelos vendidos, ni el valor de mercado aproximado, ni el estado de los vehículos subastados?

No podemos esperar algo bueno de Eduardo Montealegre, que dañó al pueblo de Nicaragua y hoy se continúa burlando de los nicaragüenses. Él siempre tratará de escabullirse, de esconderse de sus malas acciones, arropado en su inmunidad pero descubierto en su impunidad, aunque un reducido número de nicaragüenses no puedan verlo. Eso es lo que persigue: salvarse de la mano de la Justicia y continuar con el estigma de presunto delincuente de cuello blanco.

Y las preguntas finales. ¿Cree usted, acusado y querellado Eduardo Montealegre, que es representante de los pobres de Nicaragua? ¿Cree usted que un banquero puede ser presidente de un país de pobres? ¿Por qué se autonombra líder de la oposición política, si usted no tiene ni un partido político?

Responda primero a los nicaragüenses por qué se empobrecieron más cuando usted fue ministro del MHCP, y si usted cree que yo lo injurio y calumnio, puede acusarme en los juzgados, que allí podré demostrarle sus inapropiadas acciones contra los nicaragüenses.

Sobre deudas privadas y billetes

Cualquier préstamo de los recursos venezolanos que constituyen una deuda privada pero que haya beneficiado a los nicaragüenses, debería ser deuda pública interna, porque debemos recordar que el presidente de la República no tiene la capacidad legal para endeudarnos, sólo la Asamblea Nacional.

Con el famoso préstamo sin plazo y sin interés, nunca antes visto en la historia financiera del país, que facilitó el presidente Ortega para evitar un severo ajuste del precio del kilowatt hora de electricidad a partir de julio del año pasado es realmente una deuda pública interna que los nicaragüenses debemos a la empresa privada ALBANISA, que administra los recursos venezolanos y los intermedia a través de la Caja Rural Nacional (CARUNA), pero el presidente Ortega nos endeudó desde el Ejecutivo.

Recientemente, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado y abogado Wálmaro Gutiérrez declaró a los periodistas la deuda de CARUNA y que forma parte de los compromisos del país, es decir los préstamos millonarios que esa cooperativa ha entregado al Estado de Nicaragua, tendrá que constituirse en deuda pública en algún momento.

Estimo que la aseveración del diputado Wálmaro Gutiérrez es correcta, pero estrictamente en los casos que los recursos hayan sido asignados al uso de todas las familias, empresarios, inversionistas nicaragüenses, incluso no residentes que se encuentran en el país como el personal diplomático, que se han beneficiado, por ejemplo, con el financiamiento parcial de las alzas tarifarias de la energía eléctrica mediante los recursos de ALBANISA. Reitero que exclusivamente sólo en esos casos.

Lo que no podría ser aceptado por los nicaragüenses es que la empresa privada que administra la asistencia financiera venezolana trate de endosar toda la deuda privada a la deuda pública, porque un traslado de todos esos pasivos al presupuesto nacional implicaría también el forzoso traslado de todos los activos de ALBANISA. En este hipotético caso, que creo no es el señalado por el diputado Wálmaro Gutiérrez, se le presentarían dos alternativas al Estado de Nicaragua: vender todos los activos para cancelar rápidamente esa deuda o usufructuar esos activos y pagar gradualmente esa deuda. Pero esto es un caso hipotético y ojalá no me equivoque.

De todo lo anterior queda una lección. El Poder Ejecutivo no puede continuar endeudándonos, sino que debe convocar a los miembros de la Asamblea Nacional para que los diputados autoricen una deuda pública ante un acreedor privado interno, como es este caso. Sin embargo, parece que los diputados continúan aprobando ciertas leyes que contradicen sus responsabilidades, cuando en días recién pasados aprobaron la Ley de Estabilidad del Sector Eléctrico y otorgaron capacidad de contratar nueva deuda pública, interna y externa, al Instituto Nicaragüense de Energía Eléctrica (INE) y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), una tarea que es exclusiva del Poder Legislativo, con el objetivo de financiar las descomunales alzas tarifarias de electricidad, resultantes de los crecientes precios internacionales del barril de petróleo y del 64% de la generación de electricidad en el país que depende de fuel oil y diesel.

Qué opinaría estimado lector, ante el hipotético ejemplo que la Asamblea Nacional delegue en otra instancia pública la aprobación, modificación y destrucción de impuestos, otra tarea exclusiva que tienen los diputados y diputadas. Sería una acción aberrante,  como lo fue la aprobación de delegar en otras dos instituciones públicas la potestad de endeudar a los nicaragüenses con acreedores nacionales e internacionales.

Y sobre los nuevos billetes que aparecerán sin la firma en facsímile del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), no será un problema si es sustituida con la del Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) e incluso acompañada por otro funcionario de esa entidad, por ejemplo la del Tesorero de dicho Ministerio, en el caso que el Consejo Directivo del BCN decidiese no volver a incorporar en los nuevos billetes el facsímil de la firma del presidente o del gerente general de la autoridad monetaria.

La actual ley del BCN ya incluye entre las atribuciones de su Consejo Directivo “aprobar la impresión de billetes y la acuñación de monedas que corresponda de acuerdo con los términos de la presente Ley y determinar su diseño, especificaciones y denominaciones, así como las cantidades de billetes y monedas a imprimir o acuñar” y, además, especifica que las firmas en facsímile en los billetes serán las del Presidente y del Gerente General del Banco. Esto último sería reformado.

Craso error sería eliminar la firma de un representante del Estado de Nicaragua en los billetes que salgan a circulación porque facilitaría el trabajo de la ilícita industria de falsificación de billetes. Como es sabido, el BCN emite el córdoba, lo pone en circulación y lo retira. Sin embargo, el Estado de Nicaragua se hace responsable del billete que tiene su portador, el público en general, y eliminar la firma del alto cargo del BCN o del MHCP elimina esa responsabilidad estatal. Un billete es como un pagaré, que sin firma no es válido, ya que no existiría la responsabilidad estatal ante el tenedor de un billete de córdoba. Esperemos la aprobación de la reforma a la Ley del BCN que harán los diputados y las diputadas, y confiemos en que sea acertada.

El presidente no necesita hablar con Montealegre

La hipocresía política está en boga, como ha sido bastante usual en la historia de nuestro país. Eduardo Montealegre es hoy uno más de los “preocupados” por la nación, pero de qué se preocupará si empobreció más a los nicaragüenses cuando dirigió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Bolaños. Las pruebas existen y se encuentran en el Juzgado V de Distrito, en manos del Juez Julio César Áreas.

Es muy extraño que representantes de los partidos políticos, de gremios de productores y de la Iglesia Católica avalen un diálogo entre Montealegre y el presidente Daniel Ortega, porque todos ellos saben que el prefabricado “líder” de la oposición política –de cuál oposición- se arropó en su inmunidad que le confiere su cargo de diputado, antes constitucional y hoy electo, para burlarse de la justicia y no enfrentar las graves acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la República por su presunta delincuencia, tanto en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos, como en las subastas de los activos de los bancos liquidados. En vez de ser llamado líder de la oposición política por un pequeño número de personas, yo lo llamaría el líder de la impunidad política de Nicaragua.

Su impunidad fue notoria porque el Juez Julio César Áreas no pudo iniciar el juicio a 39 acusados, al presentarse sólo 38 de ellos porque Montealegre se ausentó con el mal uso que le dio a su inmunidad, un privilegio que debería ser abolido para los diputados de nuestro país con el fin de evitar que un político acusado de presunciones penales pueda burlarse de la Justicia.

Eduardo Montealegre siempre se autodenomina un “perseguido” político cuando ha sido acusado por el Ministerio Público y querellado por el suscrito. Otros políticos afirman que él es un acusado político simplemente porque es un político, independientemente que haya cometido un vulgar y presunto delito común como es el de injurias y calumnias que él escribió en el diario La Prensa contra mí y que continuó difamándome en sus peroratas públicas televisadas en la casa de su movimiento político personal.

También es muy extraño que algunos de esos 38 acusados que se presentaron al juzgado lo consideren ahora como el “salvador de la democracia” y el “rescatador de los pobres” de Nicaragua, aparentando ignorar que Montealegre es un seudo demócrata, por su cuestionable conducta y amoralidad en su desacato a la leyes de  nuestro país, y un provocador de daños al presupuesto nacional y al patrimonio de los nicaragüenses, por su vergonzoso comportamiento en detrimento del Tesoro Nacional que un día lo obligó a exclamar públicamente que si él iba a la cárcel tendrían que ir también todos los miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Él sabe por qué lo dijo y, le aseguro estimado lector, que la razón por la cual lo dijo yo la demostré a los cinco Contralores Generales de la República en mi investigación ad honorem que ellos me solicitaron sobre las liquidaciones bancarias del bienio 2000 y 2001.

Estimo que el presidente Daniel Ortega no tiene necesidad de conversar con un perseguido por la Justicia de Nicaragua, como lo es Eduardo Montealegre. Eso sería un grave irrespeto a la nación nicaragüense, especialmente al 99% de la población de nuestro país. Es muy probable que el presidente de Nicaragua nombre a un operador del FSLN para que haga esa tarea, porque con 66 diputados en la Asamblea Nacional a su favor el FSLN podrá cumplir sus objetivos políticos. Los 26 diputados de la alianza electoral del Partido Liberal Independiente (PLI), que ya comienza a desgranarse con la retirada de dos diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), no tienen ninguna oportunidad para poder cumplir lo que prometieron a sus seguidores cuando aceptaron presentarse a la juramentación de los diputados en la Asamblea Nacional.

No creo que sea necesaria ni una conversación directa entre el diputado Montealegre y el presidente Daniel Ortega, porque si su bancada de diputados, que no lleva el nombre del PLI, se atreviese a crear alguna zozobra parlamentaria, el diputado acusado y querellado recibiría automáticamente el aviso que sería desaforado para que responda en el juzgado sobre los resultados de su “reingeniería financiera” en la reestructuración de los CENIs/INTERBANK y de los CENIs/BANIC y de las muy cuestionables subastas de los activos de los banco liquidados, que “chorrea sangre” tal como lo dijera un Contralor General de la República.

Los nicaragüenses no merecemos que un presunto delincuente se arrogue ahora la representatividad de la nación para “restablecer” la democracia y “buscar” el bienestar de la nación, ya que es muy fácil concluir que Eduardo Montealegre, con esas supuestas acciones, estaría presto a repartir ciertos puestos públicos y dádivas generosas entre sus allegados y obtener para él su botín más valioso, como es evadir el alcance de la Justicia y no responder por los daños y perjuicios que cometió contra nuestra nación.

Nuestro problema nacional no se resolverá con un diálogo bilateral sino multilateral, no se resolverá con una conversación entre dos personas sino con todas las fuerzas vivas de la nación –los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil-, pero alrededor de esa mesa nacional deberían sentarse gente proba, honesta y recta, no gente tachable, deshonesta y amoral, como lo es el diputado Eduardo Montealegre.

El córdoba en su centenario

El córdoba nació el 20 de marzo de 1912 siendo Adolfo Díaz Presidente de Nicaragua y gozó de una notable solidez antes del terremoto que destruyó a la Ciudad de Managua en diciembre de 1972. Desde México hasta Panamá, nuestra moneda nacional era aceptada sin mediar dólar alguno, no incurríamos en costos de transacción en esa zona geográfica. Entre 1960 y 1972, Nicaragua tuvo una tasa de crecimiento económico promedio anual de 6.8%; con 2.6 millones de habitantes y 642 mil personas económicamente activas, el Producto Interno Bruto (PIB) Nominal Per Cápita era de US$345 a finales de ese período y la tasa de inflación acumulada anual, excluyendo tres años (1963, 1964 y 1968) oscilaba entre 1% y 3%, excepto en el bienio 1961-1962 que fue deflacionario.

A partir de 1973, los nicaragüenses conocimos la inflación cuando subió hasta el nivel de 27% anual por la destrucción de gran parte del aparato productivo industrial, comercial y de servicios del país. En 1979, cuando fue derrotada la dictadura somocista, la inflación de 70% continuó deteriorando al córdoba y, desde ese año, nunca volvió a ser de un dígito hasta en 1992.

A partir del 1 de mayo de 1984, un embargo comercial impuesto por los Estados Unidos y el veto estadounidense en los desembolsos de la cooperación internacional proveniente del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) espolearon la inflación a un poco más del 30% anual, un nivel inapreciable al ser comparado con el de 33,548% anual en 1988, cuando el país estaba en guerra.

La hiperinflación en Nicaragua comenzó en un abril de 1987 y concluyó en otro abril de 1991. Identifiqué su inicio con una inflación mensual mínima de 22%, equivalente a 1,000% anual, y tomando en cuenta la tasa de inflación mensual anualizada más alta observada la clasifiqué como la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX, sólo precedida por las de Hungría (agosto 1945-julio 1946), Grecia (noviembre 1943-noviembre 1944) y Alemania (agosto 1922-noviembre 1923). Sin embargo, la hiperinflación de nuestro país duró cuatro años y obtuvo el récord de mayor duración, al superar la de dos años y un mes en Rusia (diciembre 1921- enero 1924).

En la administración de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro, el colega Francisco Mayorga diseñó la estabilización macroeconómica alrededor de una nueva moneda indexada, el “córdoba oro”, que surgió como unidad de cuenta a partir de mayo de 1990, con un tipo de cambio de CO$1 por US$1, y comenzó a circular paralelamente con el córdoba desde agosto de 1990 con el pago de la planilla gubernamental. El público huyó del “córdoba” y buscó el “córdoba oro”, y desde ese momento se dolarizó extraoficialmente la economía nicaragüense.

La formación de precios en “córdobas oro” en función del tipo de cambio de compra del dólar en el mercado paralelo, y la unificación de ese tipo de cambio con el tipo de cambio oficial a finales de junio de 1990, forzaron la rápida identificación de la tasa de devaluación del “córdoba” en el mercado oficial con la tasa de crecimiento de los precios valorados en “córdobas”. Así, persistió el desequilibrio de los precios relativos y este riesgo podía afectar al “córdoba oro”, al devaluarse tan pronto circulara solo en el mercado.

El 3 de marzo de 1991, con el creador del “córdoba oro” ya fuera de la presidencia del Banco Central de Nicaragua (BCN), el gobierno anunció el Programa de Estabilización Económica “Vamos al Córdoba”, y devaluó la nueva moneda en 400% congeló el tipo de cambio en C$5 por US$1, realineó los precios al consumidor en 334% acumulado en marzo-abril de 1991, ajustó el salario en 241% a 110 mil empleados estatales, fijó y congeló los precios de 20 bienes y servicios producidos por monopolios y oligopolios públicos y privados, y eliminó la emisión inorgánica de dinero.

El cambio del córdoba por el córdoba oro fue de C$5,000,000 por CO$1 y sólo un tipo de córdoba, el ex “córdoba oro”, quedó circulando como “córdoba” a partir del 1 de mayo de 1991. Lo que no se percataron los ingenieros que dirigían la economía del país en ese momento fue que el nuevo córdoba valía 41% más de lo que debía valer, un nivel de sobrevaluación o de apreciación casi igual al que se registraba en 1988, año que tiene el record inflacionario de nuestro país. Recuerdo que el 4 de marzo, un día después de ese otro gran ajuste económico, dije públicamente que el nuevo córdoba no era sólido, cuestión, tengo entendido, fue comprobada posteriormente por personal técnico del BCN.

Y desde mayo 1991 la sobrevaluación del córdoba se ha reducido aproximadamente a la mitad a la fecha actual. Por esto los productores nicaragüenses tienen un mayor incentivo para producir bienes para el consumo interno que bienes exportables o importables, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, se profundiza el déficit en la balanza comercial, se desincentiva la inversión extranjera y se produce una fuga de capitales, todo lo cual produce efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico.

Es obvio que el actual tipo de cambio real o en precios constantes no impulsa la competitividad de las exportaciones de Nicaragua. No podemos reducir la apreciación del córdoba por la presencia de un régimen cambiario reptante o deslizante, por la persistencia de una cláusula de mantenimiento de valor en el sistema financiero nacional y de una amplia gama de mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al precio del dólar en el mercado local, así como por los agudos problemas estructurales de nuestra economía, entre los cuales se distinguen un nivel de escolaridad promedio nacional menor de 6 años, una generación de 65% de electricidad dependiente de hidrocarburos y un escaso gasto privado y público en tecnología, en síntesis una baja productividad de la economía.

Esa es la historia del pobre desempeño del córdoba en sus últimos 40 años. La credibilidad del córdoba se ha deteriorado tanto que apenas domina el 20% del mercado monetario en la actualidad; el otro 80% restante corresponde a dólares y “córdobas con mantenimiento de valor”, mejor dicho “córdobas oro”. Valgan tres datos más del sistema financiero nacional: los depósitos en moneda extranjera representan el 70% del saldo total de los depósitos; el total de préstamos en dólares participa con el 91% en el saldo total de la cartera de crédito; y el 63% de la liquidez global corresponde al dólar. Quien piense en córdobas, suele equivocarse.

Sin embargo, la dolarización oficial no puede ser impuesta verticalmente desde las altas esferas gubernamentales. La consideración política más importante sobre una hipotética dolarización oficial de nuestra economía es que la gente no considere el córdoba como un elemento indispensable de la identidad nacional y, para saberlo, es necesario hacer un plebiscito. Hoy me pregunto qué no está “dolarizado”, en vez de qué está. Sólo falta “dolarizar” o convertir a “córdobas oro” los depósitos en cuenta corriente, los córdobas que llevamos en el bolsillo y el saldo de encaje sobre los depósitos en córdobas en el BCN. Y aunque es muy probable que sólo dos personas se opongan a una dolarización oficial, el presidente de la República porque no podría decir promesas a la población y el presidente de la banca central porque perdería el empleo, el nombre del córdoba podría perdurar en las monedas metálicas de valor inferior a un dólar.

La economía centroamericana en 2012

Las premisas externas que sirven de base al pronóstico de COPADES sobre la economía de Centroamérica 2012, incluyendo a Panamá, son un crecimiento económico mundial moderado de al menos 3.0%,  menores presiones inflacionarias externas debido a la desaceleración económica mundial, y mayores dificultades al acceso del financiamiento externo por la volatilidad de los mercados financieros resultante de la crisis de la Eurozona.

En 2012, Centroamérica continuará creciendo económicamente como lo ha hecho en los dos años pasados, después de haberse contraído por la recesión económica mundial resultante de la crisis financiera de Wall Street de septiembre de 2008 que afectó a las economías avanzadas.

El Producto Interno Bruto (PIB) Real del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá, creció 4.7% en 2011 y se espera que desacelere a 3.7% en 2012, y consolida la recuperación que ha observado desde 2010. En este año el crecimiento económico estará sustentado en la evolución de la demanda interna, es decir del consumo y de la inversión de los agentes económicos residentes que aumenta 5.1%, a pesar de las mayores tasas de interés activas y el menor crecimiento del crédito al sector privado. Por su parte, el aporte del comercio neto, o sea exportaciones menos importaciones, al crecimiento económico regional será negativo porque el volumen de las compras de bienes y servicios al resto del mundo aumentará, como en 2011, a un ritmo mayor que el volumen de las ventas de bienes y servicios al exterior.

En precios corrientes y en dólares estadounidenses, el PIB regional alcanzará el nivel de US$176,267 millones, y con una población de 43.9 millones de habitantes, el PIB Per Cápita de los centroamericanos regional sería de US$4,012 en 2012. Sin embargo, ese ingreso per cápita promedio anual continúa mostrando grandes diferencias: Panamá y Costa Rica muestran los niveles más altos, con US$9,621 y US$9,393 respectivamente; en un nivel intermedio se ubican El Salvador y Guatemala con US$3,803 y US$3,352 en ese orden; y en un nivel bastante bajo, Honduras y Nicaragua con US$2,027 y US$1,330 en el mismo orden.

Con la recuperación económica, los mercados de trabajo en el istmo centroamericano han comenzado a dejar los efectos adversos sentidos en la recesión de 2009. La tasa de desempleo abierto durante esa crisis fue de 6.7% de la población económicamente activa y se prevé que continuará disminuyendo en 2012 hasta 6.2%. Sin embargo, cabe destacar que el principal problema del mercado laboral sigue siendo el subempleo.

En cuanto a la balanza de pagos, el déficit en cuenta corriente se mantendrá cercano al 7.7% del PIB debido a la recuperación del gasto interno, que demanda más importaciones. Las presiones alcistas de los precios internacionales se estabilizaron en abril de 2011 y desde el segundo trimestre se moderaron, lo cual implicará la presencia de precios promedios anuales estables y muy cercanos a los observados en 2011, tanto para las exportaciones y las importaciones, entre estas últimas el petróleo y sus derivados.

En 2012, las exportaciones totales de bienes FOB, con la estabilidad de los precios internacionales de los principales productos que vendemos al resto del mundo, se pronostican en el nivel de US$58,155 millones, 8.8% mayor que el valor observado en 2011. El comercio al Mercado Común Centroamericano y Panamá seguirá recuperándose, subiendo hasta US$8,520 millones e igual al 21.2% del valor de las exportaciones totales de los países del área en este año. Por otro lado, el valor de las importaciones de bienes CIF tiende a ubicarse en US$87,141 millones y crece 10.3%, menos de la mitad de su crecimiento en 2011.

El déficit en cuenta corriente de US$13,507 millones, equivalente 1 7.7% del PIB, es financiado principalmente por la inversión extranjera directa, la cooperación internacional y, en menor medida por la incertidumbre que reina en el mercado financiero internacional, el financiamiento bancario, la inversión de cartera, es decir la inversión de no residentes en la adquisición de bonos públicos y privados. Por lo tanto, en 2012 la cuenta financiera y de capital de la balanza de pagos muestra un balance positivo de US$13,510 millones, en el cual se destaca un monto de inversión extranjera directa de US$7,850 millones concentrados principalmente en Panamá y Costa Rica.

Por el lado de las finanzas gubernamentales, los presupuestos de los países centroamericanos continuarán mostrando la reducción de sus déficit iniciada en 2011, pero a un ritmo más pausado, de tal manera que en este año se prevé un déficit fiscal de 3.8% del PIB, como un reflejo de reformas, excepto en Costa Rica, que impulsan la presión tributaria a 13.2% del PIB, y por la recuperación económica y del gasto público al alcanzar éste el nivel de 18.5% del PIB.

En relación con el crédito bancario, se espera que se mantenga el proceso de recuperación de las colocaciones crediticias y represente el 39.9% del PIB Regional a finales del año en curos, pero el nivel de crédito estaría por debajo del observado en 2008, que fue de 41.7% del PIB.

La expectativa de la tasa de inflación de los precios al consumidor centroamericano disminuiría levemente de 5.7% en 2011  a 5.4% en 2012, dada la mayor estabilidad de los precios internacionales de las materias primas.

De nuevo la espada de Damocles

Al leer sobre las posibles negociaciones políticas que parece se darán pronto entre el presidente de la República Daniel Ortega y el autodenominado líder político de la oposición Eduardo Montealegre, concluyo que la historia política de nuestro país vuelve a repetirse en una forma inédita, el paisaje es idéntico y los personajes son distintos, o al menos uno de ellos.

El hecho político pretérito más cercano que se está reeditando en estos momentos con las nuevas negociaciones políticas fue el muy criticado pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Sobre la cabeza del líder liberal pendió la espada de Damocles, quien inseguro de perder su posición de poder también sintió el daño imprevisible de ser encarcelado en el gobierno de Enrique Bolaños y transferido de una cárcel a otra y a su casa de habitación en El Chile y luego dejado con libre movilidad en el Departamento de Managua y después en todo el país, hasta que fue liberado.

Hoy se repite de nuevo esa historia política, al pender sobre la cabeza de Eduardo Montealegre la espada de Damocles por estar acusado penalmente por la Fiscalía General de la República de haber golpeado el bolsillo de los nicaragüenses en un monto de 23.4 millones de dólares con su reingeniería financiera en la reestructuración de los CENIs/INTERBANK y CENIs/BANIC  en el segundo semestre de 2003 y por no haber protegido el acervo de la nación nicaragüenses en las famosas subastas de los activos de los bancos liquidados que se realizaron en el Banco Central de Nicaragua entre mayo y agosto de 2003, las que un Contralor de la República llamara como “un caso que chorrea sangre”.

Como nicaragüense primero y como economista después señalo que un diálogo entre dos personas no conducirán a nada positivo para el país. Se necesita un gran consenso político-económico-social entre las autoridades gubernamentales, todos los partidos políticos, representados o no en la Asamblea Nacional, así como las principales organizaciones de la sociedad civil, entre ellas destaco las iglesias y las instituciones defensoras de los derechos humanos.

Me ha sorprendido bastante que el jefe de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional haya dicho públicamente que el interlocutor de su partido en estas nuevas negociaciones políticas es el “líder” de la oposición Eduardo Montealegre. Sólo en nuestro país, una persona que es buscada por la justicia por sus acciones reñidas con nuestra ley, se le llama líder y, si yo aceptara ese sustantivo para una persona que se ha burlado de la ley escudado en la inmunidad que le confirió su cargo de diputado constitucional y que ahora le confiere su cargo de primer diputado nacional electo de la Alianza PLI, le agregaría el de la impunidad, el líder de la impunidad en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

La ética ha desaparecido en la política nicaragüense, porque es muy vergonzoso que un diputado del FSLN llame a Eduardo Montealegre líder de la oposición, pero realmente podría serle demasiado útil al FSLN en la tarea de democratizar, al menos, las acciones legislativas. ¿Por qué? Ya he observado la preocupación ciudadana de que la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) se opone casi a todo lo propuesto por la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, pero aprueba todo y a veces unánimemente. Es un papel tragicómico para el supuesto fortalecimiento de la democracia, por lo cual es fácil deducir que la frágil crin de caballo de la cual pende la pesada espada de Damocles podría romperse y ver al diputado, que en la actualidad goza de la impunidad política, sentado en el banquillo de los acusados en un juzgado penal respondiendo a las acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la República.

No se puede dejar en manos de un presunto delincuente, que se autodenomina líder de la oposición, la búsqueda de la solución de los problemas políticos nacionales con la alianza política que está en el poder, y por eso deben pronunciarse los partidos políticos porque tienen la capacidad para hacerlo.

A la ciudadanía no nos oyen las autoridades nacionales cuando presentamos esta clase de reclamos, y esto lo digo con la experiencia en mi demanda a ese diputado por sus graves calumnias e injurias que él escribió en el Diario La Prensa el 31 de julio de 2008. Dicho sea de paso, espero que la nueva bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional honre los derechos humanos y me dé pronto el acceso a la justicia que me negó el ex Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro Moreira, para que el diputado Eduardo Montealegre se retracte tal como lo manda la ley y compense todos los daños morales y económicos que ha provocado a lo largo de 3 años y 7 meses.

Debemos evitar, como dijera recientemente un notable nicaragüense, que la historia política de Nicaragua sea como una bicicleta estática, como uno de esas que sirven para hacer ejercicio físico, que no avanzan porque la rueda delantera sólo gira sin avanzar, y la fotografía del presente (la parte delantera de la rueda) es igual a la del pasado (la parte trasera de la rueda), pero los actores son distintos. Y en el caso que abordo hoy, sólo uno de los actores pretende ser diferente en nuestra historia contemporánea.

Y reitero que pretende porque el diputado acusado y querellado cree que la solución debe ser entre dos y no entre todos. El problema de Nicaragua no es singular, no es raro o extraño, porque siempre dos personas han querido resolverlo sin lograrlo, arrogándose el derecho de representar a todos los nicaragüenses a sabiendas que casi el 46% de la población se abstuvo de votar en las elecciones presidenciales de noviembre de 2011.

Ojalá que la razón se imponga y que nicaragüenses dignos puedan sentarse alrededor de la Mesa de Concertación Política-Económico-Social para alcanzar esa tan ansiada Visión de Nación que busca nuestra población.

No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír, dice el adagio popular, y no debemos olvidar que las personas soberbias no ven ni oyen, porque ese pecado capital las vuelve ciegas y sordas y, a veces, como lo he comprobado, palidecen y se vuelven mudas. De remate, no entienden lo que escriben ni comprenden lo que hablan.