Evitemos la alarma y la complacencia macroeconómica

29 09 2019

Si me preguntaran cuándo terminará la recesión en que se encuentra la economía del país desde el tercer trimestre de 2018, contestaría “no sé”. Es muy arriesgado poner una fecha para que se dé un estancamiento o un levísimo aumento de la producción, porque el desempeño productivo se activará cuando se revierta la curva de caída de la confianza o la curva creciente de la desconfianza de consumidores, productores y gobierno, o sea, cuando la nación revierta su actual conducta precautoria. Para lograr esa reversión, como siempre lo he reiterado, es necesario un diálogo nacional.

Al referirnos a la recesión debemos evitar la alarma para impedir que se acelere la tasa de caída de la producción, pero también debemos evitar el triunfalismo o la complacencia por no reconocer la necesidad del diálogo nacional para iniciar la solución del problema económico. Es muy difícil que la economía nicaragüense vuelva a crecer en el corto plazo sobre la base de las micro y pequeñas empresas, como pregonan ciertos colegas, entre ellos algunos responsables de la política macroeconómica, porque ese sector empresarial, que representa alrededor del 80% del total de empresas radicadas en el país, está muy afectado por el mercado informal al no contar con registros contables sencillos y al acoger una elevada proporción de personas subempleadas que se aceleró con la destrucción de puestos de trabajo formales desde abril de 2018.

El lenguaje de la economía son los números y los gráficos, pero aún con la ausencia de una gran parte de datos oficiales de la producción, el mercado laboral y las transacciones económicas, comerciales y financieras del país con el resto del mundo, a lo cual se agregan los datos rezagados del presupuesto gubernamental y del mercado monetario y cambiario, se puede afirmar que la economía continúa postrada porque:

  • los volúmenes de producción de las actividades de la agricultura, la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, y la intermediación financiera están deteriorados;
  • las tasas de desempleo, tanto abierto como equivalente resultante del subempleo, son altas;
  • los salarios están congelados;
  • los gastos de consumo e inversión continúan en picada;
  • las reservas internacionales administradas por la banca central, aunque han disminuido, mantienen la estabilidad macroeconómica, pero su posición es muy frágil;
  • y el déficit fiscal se aproxima a su límite tolerable, equivalente a 3% del producto interno bruto.

Tenemos que reconocer que las autoridades gubernamentales no han recurrido a la emisión inorgánica de dinero, o sea, no se han emitido córdobas sin el respaldo de las reservas internacionales para financiar los desequilibrios financieros internos. Sin embargo, habría que evitar la jactancia de que se observa un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se explica con el desplome de las importaciones, el estancamiento de las exportaciones y el aumento de las remesas, y de que la tasa de inflación es baja, aunque se haya acelerado con la fallida reforma tributaria, porque la demanda interna de bienes y servicios finales se ha desplomado por la incertidumbre.

En este escenario económico, los servidores públicos encargados de la política macroeconómica, deberían implementar la reflación, que es una combinación de recesión con inflación; en otras palabras, con los instrumentos de la política fiscal y la política monetaria, las autoridades económicas deben impulsar la demanda interna, o sea, el consumo y la inversión, para salir de la recesión y evitar la deflación o la caída de los precios al consumidor. No hay que olvidar de que el peligro de la deflación es que las empresas obtienen menores ingresos y frenan la creación de empleo.

Ese impulso deseado se puede dar con una disminución de los impuestos, pero el 28 de febrero de este año se dio el aumento de tasas tributarias y de tasas de retención del impuesto sobre la renta, así como la eliminación de exoneraciones del impuesto al valor agregado a las importaciones de materias primas y maquinarias del sector agropecuario, que redujeron más la alicaída demanda interna de bienes y servicios finales; también, por esta vía se puede aumentar el gasto público, el de inversión mas no el de consumo, pero la cartera de proyectos inversión pública está expuesta a fuertes restricciones de financiamiento externo multilateral.

Ese mismo impulso se puede dar también con la disminución de la tasa de interés y con el  aumento controlado de la base monetaria para evitar una inflación galopante. Sin embargo, la banca central ya no puede colocar Letras con plazos mayores de una semana debido a la incertidumbre, por lo cual comenzó a colocar Letras con plazo de un día que han observado una tasa de rendimiento casi cuadriplicada y montos colocados reducidos casi a la mitad entre junio de 2018 y julio de 2019; además, el 24 de agosto de 2019 la autoridad monetaria emitió un nuevo título valor, denominado Título de Inversión, que elevó la tasa de rendimiento en el corto plazo y provocó alzas de las tasas de interés del sistema financiero nacional ya aceleradas por el creciente índice de riesgo-país. Adicionalmente, la banca central disminuyó en dos puntos porcentuales, de 15% a 13%, la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas en un momento en que la tasa de encaje efectiva, casi 20%, era superior a la legal, pero, en vez de proveer liquidez para financiar el capital de trabajo de las empresas, facilitó el financiamiento del déficit fiscal a través de la adquisición de Bonos de la República que también ofrecieron mayores tasas de rendimientos a plazos de cinco y seis años.

Las acciones fiscales y monetarias en un escenario de recesión deben contribuir a generar una mayor demanda de bienes y servicios finales de parte de los agentes económicos y, consecuentemente, a promover el crecimiento económico y evitar la deflación, porque la mayor demanda provoca inflación, con lo cual se busca la expansión del ciclo económico.

Sin embargo, desde el año pasado las autoridades económicas del país han implementado políticas monetarias y fiscales contradictorias con la teoría y la práctica macroeconómica en un escenario de recesión económica, porque no están aumentando los puestos de trabajo, principalmente en el sector formal de la economía, y peor aún si el crecimiento de la producción no es estable ni sostenible a largo plazo. Para lograr esto, continúo creyendo que es necesario reemprender el Diálogo Nacional.





La oferta y la demanda de bienes y servicios en 2019

22 09 2019

La más reciente evaluación de la economía de Nicaragua en 2019 realizada por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) señala una severa caída de 8.7% del producto interno bruto (PIB), la cual hace que el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses retroceda hasta el nivel observado en 2013 al registrar un valor preliminar de US$1,824.

Las actividades económicas primarias -agropecuario, pesca y silvicultura- reducen su producción en 6% debido a que el ciclo agrícola 2018/2019 estuvo muy afectado por la falta de acceso de los productores al crédito y los insumos en la crisis de abril de 2018, mientras que el ciclo 2019/2020 fue golpeada por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria que entró en vigor el 28 de febrero de este año y elevó sus costos de producción, a lo cual se agrega la poca lluvia que afectó a la “siembra de primera” de arroz, frijol y maíz, porque no hubo siembra de sorgo.

Las actividades económicas secundarias -industria manufacturera, construcción y minería- disminuyen su producción en 20%. Esta caída se explica con (i) el dramático desplome de la construcción, tanto privada como pública, debido a la incertidumbre política-económica del sector empresarial y al lento desembolso del financiamiento multilateral de los proyectos de inversión pública, muy probablemente relacionado con las sanciones de la NICA Act; (ii) otra fuerte caída de la producción manufacturera resultante, en gran parte, del procesamiento de un menor volumen de productos agropecuarios y de materias primas para la construcción; y (iii) un crecimiento de la minería basado principalmente en la extracción de minerales metálicos, oro y  plata.

Las actividades económicas terciarias, o de servicios, observan un deterioro de 8% en su desempeño productivo. Las principales caídas se observan, en orden de importancia, en comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, energía eléctrica y agua potable, y otros servicios comunales y personales.

El PIB en precios corrientes y valorado en dólares estadounidenses  tiende a caer US$2,702 millones con respecto al registrado en 2017 según COPADES, de los cuales US$726 millones corresponden al año de 2018, según dato preliminar del Banco Central de Nicaragua (BCN). Cabe señalar que, de acuerdo con datos oficiales, entre abril de 2018 y mayo de 2019 se han destruido 156,095 puestos de trabajo en el sector formal de la economía y, de acuerdo con COPADES, el saldo de la cartera de crédito del sistema financiero nacional destinado a productores y consumidores tiende a disminuir 4 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 40% en 2017 a 36% en 2019, y este último es igual al registrado en 2015.

Excluyendo el valor de las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción, cabe destacar que el ingreso neto de recursos externos previsto por COPADES para este año de 2019 es US$766, mientras que en el más reciente año económico “normal”, 2017, el monto neto registrado fue US$2,772 millones. El flujo neto de la inversión extranjera directa, o sea, ingreso menos salida de capitales, por primera vez es negativo en 2019.

La segunda caída anual en forma consecutiva de la producción, que implica la persistencia de la recesión económica durante cinco trimestres consecutivos, está impactando fuertemente a la demanda interna de bienes y servicios, es decir, a los gastos de consumo de bienes finales e inversión que muestra una disminución de 15%.

La inversión es la que sufre la mayor caída, que es del orden de 24%, bastante cercana a la caída que observó en 2018. La economía del país volverá a crecer con el futuro ritmo inversionista, doméstico y extranjero, mas no por la vía del consumo como pregonan ciertos colegas. Las crisis políticas reducen el gasto de inversión privada y, consecuentemente, la producción y la importación de maquinaria y equipo, así como la construcción de edificaciones industriales, porque los empresarios no se exponen a pérdidas de capital aún con una estabilidad macroeconómica mantenida con reducciones progresivas de la oferta de dinero, lo que he llamado la “escasez” de córdobas que acelera la tasa de caída económica.

El consumo se desploma 13% y afecta principalmente a las familias, que reducen en dos dígitos porcentuales su volumen de bienes de consumo, principalmente por su demanda precautoria de bienes esenciales, como es la adquisición de alimentos, medicamentos, energía y agua potable, combustibles y comunicación por la vía de los teléfonos móviles. Las crisis políticas reducen el gasto de consumo y, consecuentemente, la producción y la importación de bienes de consumo, porque las familias ahorran para afrontar momentos más críticos. Además, los salarios, no sólo el mínimo legal, pero excepto los pagados en el régimen de zona franca, han perdido poder adquisitivo al permanecer congelados en 2019, mientras que la tasa de inflación acumulada en el período enero-julio del año en curso es 4.1%.

Por otro lado, el consumo público, es decir, el pago de las remuneraciones a los servidores públicos y la compra de bienes y servicios de consumo final para que burocracia estatal funcione, cae con un dígito porcentual, aunque el ahorro o balance en cuenta corriente del presupuesto del Gobierno Central tiende a disminuir, en porcentajes del PIB, de 3.3% en 2017 a 1.4% en 2019.

Finalmente, la demanda externa, o sea, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios, muestra un estancamiento en 2019 con respecto al nivel registrada en 2018, no obstante disminuyen los volúmenes de exportación de azúcar, carne de ganado bovino, maní, frijol y, muy probablemente, café.

La oferta externa, o sea, el volumen de las importaciones de bienes y servicios, tiende  a mostrar una caída de 15%, muy cercana a la disminución que se observó en 2018, debido a las caídas progresivas de los gastos de consumo e inversión, y, por ende, de la producción interna.     

En conclusión, siempre observamos un exceso de demanda interna (consumo e inversión) sobre la producción interna (PIB). En 2017, dicho exceso era igual a 26%, bajó a 19% en 2018 y vuelve a mostrar una tendencia a la baja en 2019 al registrar el nivel de 10%. El 10% del PIB nominal valorado en dólares es igual a US$1,177 millones, pero el monto neto de recursos provenientes del resto del mundo (neto de amortizaciones de la deuda externa y de salida de capitales) es apenas de US$766 millones.

Por lo tanto, como suele suceder, siempre estará presente la estrategia de reducir importaciones mediante la contracción de la oferta de dinero o medio circulante y, así, proteger la posición debilitada de las reservas internacionales. La reducción del saldo de dinero (en córdobas) dependerá de posibles alzas de la tasa de encaje legal o de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en moneda nacional y/o la colocación de títulos valores del BCN con plazos de un día, pero con mayores tasa de rendimientos, tal como se observó recientemente en la emisión de Bonos de la República de Nicaragua con plazos de 5 y 6 años de plazo. Continúan, pues, las operaciones aritméticas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero con el costo de continuar acelerando la tasa de caída del PIB.





La política macroeconómica y el Diálogo Nacional

17 09 2019

Debido a la robusta desconfianza entre los agentes económicos del país, es decir, entre el Gobierno, los consumidores y los productores, que se desprende de la crisis política de abril del año pasado, no se pueden resolver los agobiantes problemas económicos que impiden acercarnos al plano positivo del crecimiento económico, entre los cuales se distingue rápidamente el desplome de la demanda interna de bienes y servicios caracterizado por una inversión pública con riesgos de financiamiento externo, una inversión privada reducida grandemente y un consumo de las familias deteriorado por el desempleo y el subempleo, aunque persiste un leve crecimiento del consumo público. Reitero que es necesario reactivar el Diálogo Nacional, a pesar de que con o sin diálogo la economía de Nicaragua volverá a caer en 2020, pero sería peor si no hubiese una búsqueda de acuerdos entre los nicaragüenses.

La fuga de los depósitos en moneda extranjera ha sido el talón de Aquiles del sistema financiero desde abril del año pasado. El BCN emite córdobas, pero nuestra moneda, de acuerdo con datos oficiales, es marginal en nuestro mercado monetario al participar apenas con el 24% de la liquidez total de la economía, pero el dólar, la moneda dominante, ha observado una caída de sus depósitos en la banca comercial del país del orden de US$1,446 millones entre el 12 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019. Dicho sea de paso, en el período abril 2018-julio 2019, los depósitos en córdobas disminuyeron C$12,708 millones, por lo que el BCN proveyó reportos monetarios a la banca comercial por C$5,188 millones para atender a los depositantes que retiraron sus córdobas entre mayo del año pasado y julio del año en curso.

Para que los bancos pudieran devolver los depósitos en dólares al público no bancario, que no estaban disponibles en dichas entidades por haber sido prestados a consumidores y productores, el BCN les vendió US$872 millones entre mayo de 2018 y julio de 2019, por lo cual el saldo de las reservas internacionales administradas por la autoridad monetaria disminuyó 27% hasta US$786 millones en ese mismo período. El BCN guardó en sus arcas los córdobas que los bancos comerciales le entregaron al comprar los dólares y, automáticamente y sin ningún esfuerzo, el BCN mantuvo la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Fue el resultado de simples operaciones aritméticas: dos restas y una división.

En el tiempo transcurrido de la crisis, al caer 30% el principal pasivo de los bancos, o sea, el saldo de los depósitos en dólares y en córdobas, también cayó 19% el principal activo de los bancos, es decir, el saldo de la cartera de préstamos en ambas monedas. Los banqueros también fueron afectados al reducirse casi a la mitad la tasa de rentabilidad de las entidades bancarias, al pasar de 18.7% del capital y/o 1.03% de los activos en junio de 2018 a 9.63% del capital y/o 0.61% de los activos en junio de 2019 y, debido al mayor desempleo y subempleo, la razón financiera de la cartera de préstamos en riesgo con respecto al total de la cartera bruta saltó de 3.29% en marzo de 2018 a 10.80% en junio de 2019. Sin embargo, las entidades bancarias fortalecieron su solidez entre las mismas fechas: la adecuación de capital se elevó de 13.86% a 21.58%, cuya norma legal es 10%, es decir, superando holgadamente la norma de que un banco puede prestar hasta 10 veces el monto de su capital.  

Con la escasez de córdobas y la reducción de los préstamos en dólares quedó sin resolverse el problema del crédito bancario para el financiamiento del capital de trabajo de las actividades económicas. Si se canalizara el crédito en una mayor proporción en moneda extranjera, se requeriría el retorno de los depósitos que se fueron del país, pero esto demandaría reducir los niveles de incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos; en otras palabras, también se requeriría avanzar en el Diálogo Nacional.

Si se decidiera canalizar el crédito en córdobas (con mantenimiento de valor), habría que fortalecer la posición de las reservas internacionales, lo cual requeriría atraer los flujos brutos de inversión extranjera que antes de la crisis alcanzó el máximo de US$1,510 millones en 2017 y, además, asegurar el flujo de la cooperación oficial destinado al sector público que alcanzó un máximo de US$712 millones también en 2017; en otras palabras, se requeriría avanzar en el Diálogo Nacional.

Además, el Banco Central de Nicaragua (BCN) no incide en las tasas de interés del mercado, mejor dicho, en las tasas de interés fijadas por el sistema bancario comercial del país para promover el crecimiento de los volúmenes de producción de bienes y servicios, porque el coeficiente de correlación entre las tasas de rendimientos de los títulos valores emitidos por el BCN y las tasas de interés promedio ponderadas de la banca comercial es cercano a cero.

El BCN sólo se concentra en la aplicación de la política monetaria y de la política cambiaria para cumplir sus dos mandatos que le establece la ley: “la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos”. El artículo 4 de su ley orgánica lo limita a la formulación y ejecución de la política monetaria y cambiaria; por esa razón, el BCN no acuerda, mucho menos coordina, la política financiera nacional. Tampoco olvidemos que, en nuestro caso, el dato de la tasa de crecimiento económico del país es una variable exógena en la hoja del balance monetario del BCN.

Sin la solución del problema político nacional, la contracción persistente de la política monetaria continuará desacelerando la tasa de crecimiento de la economía, porque el crédito continuaría siendo restringido. Y, de nuevo, sin la solución de los problemas políticos, una expansión de la política monetaria cuando la economía está bastante débil podría tener efectos mínimos.

En conclusión, la política monetaria de nuestro país, con sus limitaciones, parece que se ha desgastado bastante. Se regula la liquidez con colocaciones de papeles del BCN con plazo de un día, pero sus montos han disminuido y su tasa de rendimiento se ha elevado; el BCN subió las tasas de rendimiento de los Títulos de Inversión, pero no ha logrado captar ni una decena de millones de dólares con dicho instrumento; el BCN redujo la tasa de encaje legal semanal de los depósitos en córdobas de 15% a 13%, cuando se observaba una tasa de encaje efectiva de 18.9%, lo cual facilitó financiar el déficit fiscal a través de la colocación de bonos del Tesoro con rendimientos que se elevaron en casi 2 puntos porcentuales hasta 11.72% con plazos de 5 y 6 años. Con todo esto, persiste la recesión económica.

Por consiguiente, entra la política fiscal en un momento bastante complicado. ¿Cómo serán sus medidas para evitar un mayor deterioro en 2020? Aún no se conoce la versión oficial de la evaluación de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria, pero la economía requiere no sólo la disminución de las altas tasas tributarias por los momentos de debilidad económica, sino también del incremento del gasto de inversión pública, que ya está afectado por sanciones financieras internacionales. Sin embargo, también se necesitaría avanzar en el Diálogo Nacional.





Invitación al Seminario “Pronóstico de la Economía de Nicaragua 2020”

9 09 2019

COPADES le invita a participar en el Seminario de Actualización Empresarial “Pronóstico de la Economía de Nicaragua 2020”, en el cual se abordará la situación de la economía del país a julio recién pasado, las premisas y los riesgos externos e internos, y el pronóstico de corto plazo de las principales variables económicas, globales y sectoriales, y la probable política macroeconómica, temas de interés fundamental para el desempeño empresarial. Este Seminario se realizará en el Salón Santo Domingo 1 del Hotel Hyatt Place Managua el viernes 20 de septiembre 8:30 a.m. a 12:00 md. Debido a que el cupo es limitado, para reservar su participación y obtener la información sobre este evento, por favor llamar al 2270-0385 o escribir a corozco@copades-nic.com





La propuesta gubernamental de la política fiscal de 2020

8 09 2019

En tiempos de recesión económica, como los que vive Nicaragua desde el tercer trimestre de 2018, la teoría macroeconómica enseña que la política fiscal debe ser expansiva, es decir, impulsora de la  demanda agregada, o sea, facilitar el aumento del consumo y de la inversión de los sectores privado y público, y también el de las exportaciones de bienes y servicios, que desde hace décadas sólo reciben estímulos tributarios al carecer de estímulos cambiarios por el alto porcentaje de sobrevaluación del córdoba que explica el elevado déficit comercial del país con el resto del mundo, muy cercano al 20% del producto interno bruto (PIB) en tiempos económicos normales.

Por el lado de los ingresos, la política fiscal prevista para 2020 continúa manteniendo el carácter procíclico de la reforma tributaria aplicada desde el 28 de febrero de este año, o sea, no animará a los empresarios a incrementar la producción. Desde marzo de este año he reiterado que las tasas tributarias se incrementan cuando el ciclo económico del país se encuentra cercano a un una cima o a un máximo, pero no en un momento de recesión económica o caída de la producción. Es fácil demostrar que la presión tributaria está disminuyendo en el corto plazo porque los volúmenes de producción e importación han disminuido significativamente.  

Por el lado del gasto, la política fiscal para 2020 tiende a “congelar” la planilla estatal que se pagó en agosto de 2019, tanto en número de servidores públicos como en córdobas corrientes de agosto de 2019, y excluye los puestos vacantes que se especificaron en octubre de 2018. En otras palabras, no habrá incremento en la masa salarial anual con respecto a los presupuestado en 2019, los empleados gubernamentales con más bajos salarios continuarán recibiendo el bono salarial  y sólo aumentarán los puestos de trabajo en el Ministerio de Salud (MINSA), con 500, y en el Ministerio de Educación (MED), con 350. Con lo anterior, se cumpliría el objetivo gubernamental de proteger el empleo de los servidores públicos, pero cabría agregar que se deteriorará el poder de compra de sus salarios.

En cuanto a la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento de la burocracia gubernamental, también se “congela” en córdobas con mantenimiento de valor, o sea, su valor corriente en 2019 se ajustará con el 5%, la misma receta para las cuotas a organismos internacionales  y gastos del exterior.

Debido al congelamiento del gasto corriente del presupuesto nacional, no se está cediendo un mayor espacio fiscal a la inversión pública, la cual tendría que garantizar la recuperación del crecimiento económico sostenible e inclusivo, y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los formuladores del Presupuesto General de la República, conocedores de que el 70% del gasto de inversión pública es financiado con recursos externos, podrían determinar cuáles serían los impactos del riesgo externo de la suspensión del financiamiento proveniente del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Así, se podría analizar desde ahora las posibles medidas de la política fiscales en el caso de que sea necesaria una reforma del presupuesto del próximo año.

El déficit fiscal, o del Gobierno Central, ya es equivalente a casi el 3% del PIB, que es el límite máximo tolerable del déficit del sector público consolidado, por lo cual el déficit de este sector ya habrá superado ese límite. Dicho sea de paso, el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se estaría acercando al 1% del PIB en este año.

Ante los riesgos de un menor flujo de recursos de la cooperación oficial externa al sector público y de un creciente desequilibrio fiscal porque el PIB, con o sin diálogo en el corto y mediano plazo, no podrá reflejar muy probablemente un crecimiento positivo en 2020, aconsejo a las autoridades gubernamentales que eviten la emisión de dinero para financiar el gasto público para impedir la formación de la espiral inflación-devaluación-inflación y, consecuentemente, la pérdida de la frágil estabilidad macroeconómica, cuyo costo de mantenimiento se evidencia con la escasez de córdobas y la aceleración de la tasa de caída de la producción de bienes y servicios. Si se diera esta situación, obligaría a una reestructuración del gasto público, principalmente el  consumo público a pesar de su atribuida inflexibilidad.

Además, los formuladores de la política fiscal también podrían considerar los problemas económicos futuros para la población nicaragüense derivados de un creciente financiamiento externo no concesional, o sea, con menores plazos, menor tiempo de gracia y mayores tasas de interés, como son los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que son destinados a la ejecución de los proyectos de inversión pública. Aunque Nicaragua aún continúa siendo un país de ingreso medio bajo, pero está en el nivel más bajo entre los países de ingreso medio bajo, los economistas gubernamentales saben que el país no cuenta con la suficiente capacidad de pago de intereses y amortizaciones de deudas externas no concesionales o comerciales, porque la posición de las reservas internacionales se debilitó bastante al haberse desplomado la inversión extranjera directa, que era su principal fuente de aumento.

Y si los formuladores de la política fiscal lograran centrar en gran forma el financiamiento del déficit fiscal en la emisión de deuda interna, o colocación de títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), se observará un mayor costo financiero debido al elevado y persistente riesgo político del país en estos momentos de crisis. Ese mayor costo ya comenzó a contabilizarse.

Entre el 1 de enero y el 7 de agosto del año en curso, el MHCP había colocado Bonos de la República de Nicaragua (BRN) por US$20.09 millones, pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, a plazos de 4 y 5 años con una tasa de rendimiento ponderada de 9.814%. El 12 de agosto recién pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) aprobó la reducción de la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas de 15% a 13%, en un momento en que la tasa de encaje efectiva semanal era 18.9%. Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de este año, los inversionistas financieros, es decir, las entidades bancarias radicadas en el país, compraron BRN por US$24.14 millones, pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, a plazos de 5 y 6 años con una tasa de rendimiento ponderada de 11.718%. En menos de un mes, el Gobierno Central pudo colocar un mayor monto en bonos que lo que había colocado en los siete meses anteriores y la tasa de rendimiento se elevó en 1.9 puntos porcentuales. Por supuesto que la reducción de la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas se utilizó en el financiamiento interno del déficit fiscal.

En conclusión, la política fiscal de 2020 propuesta por el MHCP está asociada con un sorpresivo crecimiento económico positivo, pero el restablecimiento de los flujos de inversión extranjera directa será muy lento, la producción de bienes y servicios del primer semestre de 2020 ya está afectada por el deterioro del ciclo agrícola 2019/2020, y continúan abatidas las actividades de la construcción, los servicios financieros y el comercio, hoteles y restaurantes.

La política fiscal también parece estar acompañada de una formidable estabilidad macroeconómica, pero esta es muy frágil por el riesgo de la suspensión de préstamos multilaterales, la indisponibilidad de nuevos flujos de divisas líquidas para apoyo de la balanza de pagos y la incapacidad de colocar deuda soberana en el mercado financiero internacional.  





Eduardo Montealegre cumplió 4,045 días de impunidad

4 09 2019

11.08 años = 133 meses = 4,045 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas.

El 2 de septiembre de 2019, Eduardo Montealegre Rivas cumplió 4 mil 45 días de estar huyendo de la Justicia de Nicaragua para no enfrentar mi acusación personal de haber cometido los delitos penales de injurias y calumnias al tildarme irresponsablemente, sin ninguna prueba, como defraudador del Estado de Nicaragua.

La prepotencia, la arrogancia y el estigma delictivo del exbanquero y del expolítico continúan robustos por el uso inapropiado que él hizo de la inmunidad cuando fungió como diputado y por la cuestionada protección que ha tenido de parte de magistrados y diputados de la Asamblea Nacional desde el 27 agosto de 2008,  y de magistrados y jueces del Poder Judicial desde el 2 de septiembre de 2016.

Pero tengo la confianza de que Eduardo Montealegre, que ha actuado en forma ilegal e inmoral, que ha actuado y hablado sin respeto, pronto tendrá que responder por su presunto delito de violación de los derechos humanos.





Los lineamientos macroeconómicos del presupuesto nacional de 2020

1 09 2019

Recientemente ha circulado por las redes sociales un documento gubernamental relacionado con los lineamientos de política para la formulación del proyecto de Presupuesto General de la República de 2020. Suponemos, por su contenido, que fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Entre los supuestos macroeconómicos de corto plazo, el gobierno de Nicaragua señala que la economía de Nicaragua cayó 3.9% en 2018, una tasa que, a mi juicio, continúa siendo preliminar porque aún no se conoce el dato revisado, y que caerá 2.0% en 2019, una tasa negativa que considero muy optimista porque en este año convergen dos ciclos agrícolas tremendamente golpeados, el de 2018/2019 por la crisis política de 2018 y que aún persiste, y el de 2019/2020 por la reforma tributaria de 2019 que elevó los costos de producción, redujo la liquidez y el capital de trabajo en las empresas, a lo cual se suman las restricciones que en ambos años se han observado en la concesión de crédito del sistema financiero nacional, en el acceso de insumos o materias primas requeridas por las actividades agrícolas, en la disponibilidad de la fuerza de trabajo, en el financiamiento internacional para la ejecución de la inversión pública y en el flujo de la inversión extranjera directa que por primera vez fue negativa en términos netos en 2019. No olvidemos que Nicaragua no es un país con economía industrial, sino agropecuaria, forestal y agroindustrial.

En ese panorama productivo, el gobierno proyectó una tasa positiva de crecimiento económico de 2.0% para 2020: sin embargo, con base en la premisa, por el lado de la oferta, de que el ciclo agropecuario es también el año económico del país y, por el lado de la demanda, con el hecho real del desplome tanto de la inversión privada, incluyendo la extranjera directa, como de la inversión pública, se puede determinar que, con o sin diálogo nacional, no se podrá observar un aumento de la oferta y de la demanda global de bienes y servicios el próximo año.

La caída de la producción y la escasez de córdobas provocada por la compra de dólares realizada por las entidades bancarias en el BCN para poder afrontar la fuga de los depósitos del publico no bancario -que facilitó “aritméticamente” el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor- ayudan a demostrar que la tasa de inflación ha sido baja, 3.36% interanual en febrero de este año antes de la reforma tributaria, pero acelerada por dicha reforma en 2.7 puntos porcentuales, hasta 6.0% interanual en mayo recién pasado, debido a las alzas de las tasas tributarias que gravaron la producción agropecuaria y el consumo de bienes de la industria “fiscal”.

El BCN considera que la inflación anual será 6.4% en este año, aunque estimo que podría ser mayor en 1 o 2 puntos porcentuales por la creciente demanda estacional de dinero en el último trimestre del año. Sin embargo, con los efectos inflacionarios de la reforma tributaria ya dados en el mercado interno, la proyección oficial del aumento de los precios al consumidor de 6.2% para 2020 supondría una mayor demanda interna de bienes y servicios. Por consiguiente, la tasa de inflación proyectada para el próximo año no es compatible con la recesión económica que continúa presente desde el tercer trimestre de 2018, sino con un mayor gasto de consumo de las familias y un mayor gasto de inversión, privada y pública, lo cual considero un supuesto poco consistente con el persistente nivel de incertidumbre de los agentes económicos, aún alto por el riesgo político.

En tiempos de crisis, los consumidores y los inversionistas no incrementan sus gastos sino que ahorran, la demanda de dinero se vuelve casi exclusivamente precautoria y el volumen de las transacciones en el mercado real disminuye. Por consiguiente, la tasa de inflación en 2020 tendería a ser más baja que la proyección oficial debido a la caída de la producción y la escasez de córdobas. Definitivamennte, la inflación no es una cuestión política importante en la actualidad, con más razón si el BCN continúa manteniendo la correcta decisión de no emitir dinero sin el respaldo de las reservas internacionales. La estabilidad del tipo de cambio no estaría sujeta a discusión, por lo cual, indica el documento, se mantendrá la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial.   

Los problemas del desempleo abierto (en el cuarto trimestre de 2018, para el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) existe casi pleno empleo (?) al ser la tasa de desempleo abierto igual a 5.2% de la población económicamente activa) y los problemas del subempleo (más de la mitad de los ocupados está subempleado) se abordan muy ligeramente en los lineamientos de política para la formulación del Presupuesto General de la República de 2020. Sólo se menciona la situación del sector formal del mercado laboral a mayo recién pasado, con una disminución interanual de 13.2% del total de trabajadores que cotizan la seguridad social, o sea, 740,805 personas, que representan, en mi opinión, el 21% de la población económicamente activa de este año y es 6 puntos porcentuales menor que el registrado por el INSS en 2017.

Así como la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua estimado por el BCN fue detenida en febrero de este año, también el empleo en el sector formal de la economía, es decir, el número de trabajadores que cotizan la seguridad social que publica el BCN con base en datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tampoco ha sido publicada desde el mismo febrero, a lo cual se suma la indisponibilidad de los resultados del Informe de Empleo de la Encuesta Continua de los Hogares correspondientes a los dos primeros trimestres de este año, elaborado por el INIDE. La indisponibilidad de estos datos del mercado real y del mercado laboral podría atribuirse a que el BCN no cuenta con la información de la producción y del empleo por actividad económica, del desempleo y del subempleo, o, en el caso de que los tuviese, podría atribuirse a no contradecir su versión de la tasa de variación relativa del Producto Interno Bruto (PIB) Real.  

¿Cómo se pretende y cuál es el alcance de una política fiscal activa, como es elevar el gasto público, cuando el desempleo y la subutilización laboral son altos, para aumentar la demanda y los puestos de trabajo? Más compleja es la respuesta al estar ya a la vista, incluso podrían ya estar siendo aplicadas, las sanciones financieras internacionales señaladas en la NICA Act y, además, existen los riesgos de las sanciones de la Unión Europea (UE) y de la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con las tasas de caídas de la producción de bienes y servicios, aumenta el desempleo y se deteriora el nivel de vida. Hoy en Nicaragua es difícil encontrar trabajo y las elevadas tasas de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente resultante del creciente subempleo, al ser de dos dígitos se convierten en la cuestión social y política de primer orden.

Una última observación sobre la política macroeconómica relacionada con el proyecto presupuestario. Sugiero que habría que evitar un gran endeudamiento externo no concesional -con medianos plazos, poquísimos años de gracia y más altas tasas de interés-, para financiar la inversión pública y, por ende, el déficit fiscal. El hecho de que Nicaragua dejó de ser un país pobre y se transformó en un país de ingreso medio bajo normalmente endeudado con el exterior, no implica que el país tenga una sólida capacidad de pago para incursionar en el mercado financiero internacional.

Para el mediano plazo, aumentará el pago de la deuda de Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) -con un poco más de un millardo de dólares no concesionales contratados en los años recientes y con un saldo adeudado que se ha incrementado US$322 millones en 2018-Junio 2019 incluyendo US$220 millones para apoyo a las reservas internacionales del BCN-, y es muy probable que el saldo de la deuda externa pública del país supere el 50% del PIB en 2019, o sea, Nicaragua retornaría al redil de países muy endeudados en términos de producción. Y ya no existen iniciativas de condonación de deudas externas de parte del Grupo de los 7 (G-7).