La LCT justificó la existencia de los paraísos fiscales

26 05 2013

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Nicaragua no es un paraíso fiscal, según la lista de la OCDE, pero la Ley de Concertación Tributaria, que está vigente en nuestro país desde el 1 de enero de este año, impone una retención definitiva en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR) de 17% sobre el monto del gasto en que incurre un residente con los países o los lugares llamados “paraísos fiscales”. Esto ha sido un paso lento en cualquier dirección, unos lo verán hacia adelante, otros podrían verlo hacia atrás, y aunque lento es muy importante para alcanzar el objetivo de aumentar la recaudación tributaria. A lo sumo, eso se esperaría.

Un paraíso fiscal puede ser un país, generalmente con una economía pequeña (poca producción, pocos recursos naturales o poca población), que atrae divisas fuertes, yenes, euros o libras esterlinas, para fortalecer su economía con una gran industria financiera, pero con la exención de pagos de impuestos a los inversionistas financieros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Este es un ejemplo más del conocido sigilo o secreto bancario.

En ese paraíso fiscal conviven dos sistemas tributarios diferentes, uno para los residentes, personas físicas y jurídicas, de ese país o paraíso que pagan tributos, y otro para los extranjeros que gozan de una exención total o parcial muy considerable de impuestos que deberían pagar siempre y cuando no realicen negocios dentro de ese paraíso fiscal.

En abril de 2009, el Grupo de los 20 (G-20), agobiado por la segunda recesión más grande del mundo provocada por unos banqueros irresponsables de Wall Street, exclamó en abril de 2009 “Estamos dispuestos a imponer sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros; la era del secreto bancario ha terminado”. En 1998, la OCDE, cumpliendo instrucciones del G-20, lanzó un innovador informe sobre la “competencia fiscal perjudicial” y elaboró unas listas de paraísos fiscales de las que los países podían escaparse si firmaban una docena de acuerdos de intercambios de información con otros países. Sin embargo, la opacidad fiscal persiste.

Existen aproximadamente 73 países clasificados como paraísos fiscales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tales como Andorra, Corea,  Anguila, Letonia, Antigua y Barbuda, Líbano, Aruba, Liberia, Austria, Liechtenstein, Bahamas,  Luxemburgo, Bahrein, Macao, Barbados, Malasia, Bélgica, Maldivas, Belice, Malta, Bermudas, Islas Marshall, Botsuana, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Mónaco, Brunei Darussalam, Montserrat, Canadá, Nauru, Islas Caimán, Países Bajos, Islas Cook, Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Panamá, Chipre, Filipinas, Dinamarca, Portugal, Dominica, Samoa, Francia, San Marino, Alemania, Seychelles, Ghana, Singapur, Gibraltar,  España, Granada, San Cristóbal y Nieves, Guatemala, Santa Lucía, Guernsey, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, Suiza, Hungría, Islas Turcas y Caicos, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Reino Unido, Isla de Man, Uruguay, Israel, Islas Vírgenes de EE.UU., Italia, EE.UU. (los estados de Delaware, Wyoming y Nevada), Japón, Vanuatu, Jersey. La mayor parte de estos países se han comprometido a mejorar la transparencia y el intercambio de información tributaria. en la lista de paraísos fiscales, la OCDE sólo publica dos: Nauru y Niue. Guatemala y Costa Rica han salido de la lista gris de paraísos fiscales del OECD.

Suiza ha rechazado relajar su secreto bancario a pesar de las presiones. El presidente de la Confederación Helvética, Ueli Maurer, en una entrevista al diario “Matin Dimanche”, dijo que el secreto bancario es un valor “al mismo nivel que el secreto médico”, por lo que “el Estado debe respetar absolutamente la esfera privada”, y “sólo la presión interna” podría modificar su posición.

Con la fuga de capitales desde el país de origen de un inversionista financiero también se escapa una parte importante de los impuestos de ese país, y el Estado de Nicaragua, para evitar, al menos, parte de esa fuga tributaria comenzó en enero de 2013 a cobrar a personas físicas y jurídicas residentes en el país el 17% del gasto de transferencia de capitales hacia esos paraísos fiscales.

De acuerdo con un informe de ActionAid, casi la mitad del dinero que las multinacionales y los inversionistas financieros ricos inyectaron en los mercados emergentes en 2011 fue movida a través de paraísos fiscales, lo que resultó en pérdidas de ingresos para los países pobres. Utilizando datos del FMI sobre inversión, ActionAid también mencionó que un 46 por ciento de las inversiones internacionales en países de ingresos medios y bajos en 2011 se originaron en paraísos fiscales, comparado con el 37 por ciento en los países de entradas medias y altas.

ActionAid también citó que las compañías hacen grandes préstamos internos desde una filial en paraísos fiscales a otra parte de su negocio para reducir las cuentas tributarias, o usan a los paraísos fiscales para disfrazar las inversiones como nuevas, para que califiquen para beneficios tributarios.

¿Se podría llamar a esa fuga o pérdida de ingresos tributarios evasión o elusión del pago de impuestos? Creo que en este caso la diferencia entre ambos conceptos es mínima.

David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, dijo que en junio próximo el Grupo de los 8 (G-8) discutirá la elusión de impuestos en su Cumbre Anual en Irlanda del Norte. La canciller de Alemania, Ángela Merkel, a su llegada a la reciente Cumbre Europea manifestó que pretende avanzar en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, porque en la Unión Europea (UE) “habrá por fin el intercambio automático de información” sobre datos bancarios y una base común con países terceros como Suiza.

Y para Nicaragua, ¿es correcto, gravar con el 17% a esas inversiones “financieras” a pocas personas que trasladan grandes sumas de dinero a esos paraísos fiscales o sería mejor alinearnos con la tarea de reducir y, por qué no, eliminar los paraísos fiscales como proclama el G-8 y el G-20?

Es fácil concluir que los paraísos fiscales es uno de los tantos obstáculos que tiene la lucha contra la pobreza. Los países pobres y de ingresos medios, como el nuestro que es de ingreso medio bajo porque en 2012 tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio anual de 1 mil 762 dólares, no cuentan con esos impuestos que se fugan y, consecuentemente, tienen menos financiamiento para enfrentar el hambre, la baja escolaridad y la insalubridad de sus habitantes.

Por supuesto, un país, rico o pobre y solo, nunca podría emprender la gran tarea de reducir el número de paraísos fiscales, porque esa gran empresa le compete a los países de economías avanzadas, como son los países del G-8, y también a los países del Grupo de los 20 (G-20). Países como el nuestro deberían apoyar esa tarea mundial, pero no con la imposición de un gravamen a las transacciones entre residentes de nuestro país con un paraíso fiscal. Un fraude fiscal, grande o pequeño, es siempre un delito porque atenta contra el bienestar de la población. En Nicaragua, el fraude fiscal no debe tener cabida ni tolerancia.

Pregunto al ministro de Hacienda y Crédito Público, mi estimado amigo Iván Acosta: ¿Cuánto cuesta a Nicaragua ese agujero negro fiscal por la fuga de capital a los paraísos fiscales? Tal vez, con el informe de rendición de cuentas del actual presupuesto nacional que conoceremos a finales de marzo de 2014, podamos tener una idea de cual profundo es ese agujero si se llegara a conocer cuánto pudo recaudar el Tesoro con esa tasa definitiva de 17% a cuenta del IR sobre los gastos de transacciones entre residentes de nuestro país y los paraísos fiscales.

La diferencia entre una evasión y una elusión fiscal es el grosor de una pared de cárcel. Si no se educa a la población con el pago de los impuestos ni se legisla con fuertes sanciones a la evasión y a la elusión tributaria, incluyendo la pena de cárcel, nunca se erradicará este vicio que carcome los presupuestos de todos los países.





El factor tributario y la atracción inversionista

6 02 2013

Con la recién aprobada Ley de Concertación Tributaria (LCT), durante el trienio 2014-2016 el factor tributario permanecerá estancado en un nivel muy cercano a 1.78, en el cual ha permanecido desde 2003, año en que se aprobó la Ley de Equidad Fiscal, con la alza de la tasa del Impuesto sobre la Renta (IR) de las actividades económicas de 25% a 30%.

Esa alza inesperada se dio en un abierto conflicto entre el Poder Ejecutivo, mejor dicho entre el entonces presidente de la República Ing. Enrique Bolaños, y la Asamblea Nacional, cuando el primero eliminó la tasa cero del Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre la producción de bienes y servicios de la canasta de consumo básico y dejó a esos productos exentos del IVA, tal como permanecen hoy. En este encontronazo político, la Asamblea Nacional ripostó con el aumento de 5 puntos porcentuales de la tasa del IR sobre las utilidades de las empresas, igualando así el nivel de la alícuota máxima del IR del trabajo, que se había elevado de 25% a 30% aproximadamente seis meses antes de ese encontronazo político, por lo cual el factor tributario pasó de 1.65 en 2002 a 1.8 en 2003.

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El consenso político entre el gobierno y los empresarios postergó, por lo tanto, al aceleración del crecimiento económico en el corto y mediano plazo, porque, en un escenario económico mundial que refleja la desaceleración de la tasa de crecimiento económico con el riesgo que aparezca de nuevo la recesión económica en la Eurozona, no se podrá atraer con una mayor intensidad los capitales extranjeros, es decir, la inversión extranjera directa, porque el factor tributario tiene una importancia bastante especial en la toma de decisiones inversionistas.

Como en toda negociación, hay que dar para recibir. A cambio de que las exoneraciones a las importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital destinados al uso del sector agropecuario, pequeña industria artesanal y pesca artesanal, así como los repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de estos sectores productivos, siguieran vigentes en 2013 y 2014, y alcanzar gradualmente la tasa de 15% del IVA en 2018 (0% en 2015, 5% en 2016, 10% en 2017 y 15% en 2018), la empresa privada aceptó que la reducción de 1 punto porcentual anual de la tasa del IR de las actividades económicas se iniciara a partir de 2016 hasta lograr en 2020 la tasa del 25%, que es la moda de esta tasa entre los países centroamericanos. Por consiguiente, el gasto tributario se impuso sobre una mayor atracción de la inversión privada, doméstica y extranjera.

El factor tributario, que podríamos representarlo con la letra griega τ, ayuda a determinar cuál país ofrece las mejores condiciones para que el inversionista coloque su capital, como también ayudan la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la calidad de la infraestructura económica, la fortaleza de las instituciones públicas, la ley de inversiones extranjeras, el tamaño del mercado, entre otros.

τ  =  (1 + tasa del IVA + tasa sobre bienes importados) / (1 – tasa del IR), donde las tasas están expresadas en términos decimales y no porcentuales. Una mayor tasa del IR provocará una mayor τ que estará acompañada de un menor gasto inversionista. Desde julio de 2012, todavía suena el eco de que “la reforma tributaria pretende estimular la capacidad productiva y generar empleos”, “se podría alcanzar una mayor recaudación tributaria producto del incremento en la actividad económica”, “se diferenciará la política impositiva para favorecer la producción y al inversión”, “se favorecerá la reinversión de utilidades en nuevas tecnologías y generación de empleo”. Todo esto se pospuso para el largo plazo, para finales de esta década, y algunos aspectos, como el relacionado con la reinversión de utilidades, no se lograron.

Estimo conveniente que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto convoque a economistas o a expertos especializados en las distintas áreas de las ciencias económicas cuando se aborden temas de gran relevancia para el destino de nuestra nación, como lo es una reforma tributaria o una reforma al fondo de pensiones de la seguridad social. Esta sana costumbre ya se ha dado en el poder Legislativo, cuando era su presidente el Dr. Luis Humberto Guzmán, quien convocó a un pequeño grupo de economistas escogidos unánimemente por los diputados para asesorar en forma ad honorem al hacedor de la leyes del país. Tengo entendido que en la actualidad, la Asamblea Nacional puede llamar a cualquier persona so pena de ser sancionada si no acata el llamado de este Poder del Estado.

Nicaragua necesita reducir el factor tributario con el objetivo de que se incremente la inversión, se generen empleo e ingresos y se reduzca la pobreza. Sin embargo, la actual política tributaria no garantiza este objetivo en el corto y mediano plazo.





La reforma tributaria estimuló a la Bolsa de Valores

16 12 2012

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“Lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta”, dijo Alberto Einstein. Por supuesto que el genio en física tenía razón. En el análisis económico, renta es un concepto que alude al ingreso generado sin esfuerzo y, por ende, candidato a ser gravado, cuando no expropiado; tiene, pues, un significado muy preciso, que no siempre es tenido en cuenta por quienes se ocupan y discuten la política económica.

Para David Ricardo, economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico, y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus, el origen de la renta está en el hecho de que cada agricultor cultiva primero las parcelas más fértiles y luego las menos fértiles; para Johann Heinrich von Thünen, economista alemán muy conocido por su teoría de la localización o de ubicación, sobre la geografía rural-urbana, que algunas parcelas están más alejadas que otras de las ciudades, donde viven los consumidores. El aumento de la demanda de alimentos invita a cultivar tierras menos fértiles o ubicadas en zonas marginales. Como el mayor precio necesario para que esto ocurra es recibido por todos, una porción del ingreso de los propietarios de las tierras más fértiles o de las más cercanas se origina en la renta.

El problema surge porque se habla de renta financiera, petrolera o agropecuaria, sin prestarle la debida atención al hecho de que en cada uno de dichos sectores existen costos y riesgos. El producto interno bruto (PIB) no cae como maná del cielo, sino que lo generan los productores, personas de carne y hueso, quienes hacen de su generación su modo de vida. Como bien decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, “no es la benevolencia del carnicero y del cervecero de quienes debemos esperar alimentos y bebidas”.

El sector financiero no tiene nada de renta en el sentido técnico, y menos aún cuando la tasa de interés es notoriamente inferior a la tasa de inflación bien medida, o se invierte en títulos valores de la hacienda pública. Por ejemplo, en Nicaragua a noviembre de este año la tasa de interés pasiva a 1 mes plazo es de 1.15% con el consabido mantenimiento de valor (hay que sumarle 5 puntos porcentuales correspondientes a la tasa de devaluación anual), mientras que la tasa de inflación interanual, es decir de noviembre 2011 a noviembre 2012, es de 6.16%; por otro lado,  la tasa de rendimiento ponderada anual de los títulos valores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastados el 12 de diciembre es de 6.5%.

En la actualidad, Los Indignados, ya conocidos mundialmente, dicen que los mercados no funcionan porque no son eficaces ni transparentes; el sistema político no corrige las fallas del mercado; ergo, los sistemas político y económico son injustos. La democracia y la economía de mercado son cuestionadas, y sectores como el financiero (el sistema sanguíneo) y el mercado de trabajo (el sistema nervioso) están afectados por una profunda desconfianza de la mayoría.

Como suele suceder, el cobrador de impuestos o el técnico de la hacienda pública, con su afán de maximizar los ingresos para las arcas del Estado, trata de establecer medidas tributarias sin valorar los efectos perversos en el desarrollo económico y la generación de riqueza.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en las discusiones de la reforma tributaria, al darse la pretensión gubernamental de establecer una tasa de retención definitiva de 0.25% sobre las transacciones con títulos valores, una medida que no se aplica en ningún país centroamericano, aunque el asesor económico y financiero presidencial, Bayardo Arce, anunció el objetivo de armonizar las tasas tributarias con las de los países del istmo, cuestión que no se logró en esta reforma, excepto la tasa del impuesto sobre la renta en el largo plazo, es decir, una tasa máxima de 25% hasta 2020.

El impuesto pretendido a las transacciones financieras, conocido como Tasa Tobin -por el nombre del economista que lo ideó, el premio Nobel James Tobin, que fue profesor de la Universidad de Yale- es importante porque grava las ganancias especulativas del capital golondrino, o “hot money”, obtenidas por grandes inversionistas financieros que envían sus capitales a un país para comprar deuda gubernamental o títulos valores empresariales que operan en las bolsas de valores, antes de que sea reenviado a sus países de origen o a paraísos fiscales para acelerar su rentabilización.

Para que esa tasa tributaria sea eficaz requiere, antes de todo, su establecimiento en la mayoría de los países de la región, pero, reitero, ninguno la tiene. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN) lograron detener la aplicación de esta medida tributaria, porque demostraron que las transacciones de títulos valores o de bonos caerían estrepitosamente con el traslado de la inversión financiera a otros países del istmo, desaparecerían tanto la liquidez para la deuda pública como las emisiones de papel comercial de corto plazo, no se realizarían transacciones con títulos valores extranjeros y se imposibilitaría la integración de la BVDN con la bolsas de valores centroamericanas.

Consecuentemente, y en consenso, se estableció la exención de tributos fiscales y locales a todas las transacciones bursátiles en las bolsas de valores, pero se reiteró que los intereses y las ganancias de capital están afectas con la retención del 10% al pago del impuesto sobre la renta, así como la renta obtenida por la venta, concesiones, comisiones y servicios devengados y percibidos por personas naturales o jurídicas.

Además, se tasó con el 0.25% a los títulos valores emitidos del Estado que no contengan cupones de intereses explícitos y que sean vendidos por personas gravadas con la retención del 10% sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, a personas que están exentas de esa retención, por ejemplo, las instituciones financieras reguladas que integran dichas rentas en su totalidad como rentas de actividades económicas.

Sin embargo, el consenso tributario sobre los puestos de bolsa también buscó cómo hacer más dinámicas las transacciones bursátiles, al adoptarse un régimen fiscal similar al de Costa Rica para la creación de fondos de inversión financieros (FIF) –con inversionistas masivos en Bolsa- y fondos de inversión inmobiliarios (FII) –con inversionistas colectivos en bienes raíces, o sea, que financian la construcción especialmente de viviendas-.

De acuerdo con datos presentados por la BVDN, a marzo de 2012 en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica 41 mil 756 inversionistas financieros en 14 Administradoras de Fondos de Inversión habían canalizado 2 mil 630 millones de dólares y contaban con activos inmobiliarios valorados en 942 millones de dólares.

El estímulo que dio la reforma tributaria a la BVDN fue la promoción de esos Fondos de Inversión con el establecimiento de una tasa de retención definitiva de 5% sobre la renta bruta gravable, otra tasa de retención definitiva de 5% sobre la ganancia de capital generada por pasar a otro la propiedad o el derecho cualquier tipo de activo a o de un Fondo, y con la exención de las rentas percibidas y derivadas de certificados de participación emitidos por un fondo de inversión.

Con los Fondos de Inversión administrados en la BVDN se abre una posibilidad para apoyar el crecimiento económico sostenible, mejor dicho, para que el país aspire a una tasa de crecimiento mayor que la observada en los últimos años que supera el 4% anual.

Con ese estímulo a la BVDN también se garantiza una alternativa para los ahorristas, al observarse una mayor tasa de rendimiento con la adquisición de títulos valores de un Fondo de Inversión administrado en un Puesto de Bolsa, alrededor de 6% con mantenimiento de valor, que la tasa de interés devengada por un depósito de ahorro o a plazo en un banco comercial o en una institución financiera, que oscila alrededor de 1% con mantenimiento de valor en la actualidad

También cabe mencionar que, en materia de recaudación de impuestos, el modelo financiero elaborado por INVERCASA demuestra que los Fondos de Inversión Inmobiliarios (FII) generan más impuestos sobre la renta que las sociedades anónimas que administran bienes inmobiliarios.

En conclusión, la Ley de Concertación Tributaria facilitó una carga tributaria menos pesada a la bolsa de valores más pequeña de Centroamérica, como es la BVDN, y la volvió más competitiva y con una mejor integración con las bolsas de valores de la región al no gravar las transacciones bursátiles y las operaciones financieras, y sin impuestos municipales, como se observa en el resto de los países centroamericanos y Panamá.

Al final, tal como lo dijera el colega en una de sus propuestas, Gerardo Argüello, Gerente General de la BVDN, con la Ley de Concertación Tributaria se tiende a lograr “más Bolsa de Valores y más Impuestos”.





Un mejor trato tributario a las micros, pequeñas y medianas empresas

11 12 2012

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La Ley de Equidad Fiscal (LEF) gravaba a todas las empresas –micro, pequeña, mediana y grande- con una tasa flat de 30% sobre sus rentas brutas menos las deducciones autorizadas por la ley.

Ahora, producto de la reforma tributaria que ha dado lugar a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) se ha mejorado un poco la equidad en el cobro del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, es decir, empresas, que no son grandes, al aplicársele tasas diferenciadas en función de sus ingresos brutos anuales menores o iguales a C$12 millones, que son idénticamente iguales a las que gravarán a las personas naturales no asalariadas que generen ingresos hasta el monto máximo antes mencionado.

Siempre he dicho que la reforma hoy cuestionada por políticos verticalistas arroja un marco tributario mejor que el que teníamos anteriormente, pero no una panacea fiscal. Falta aún mucho por bregar para mejorar en una forma más apropiada la equidad tributaria, la cual debería complementarse con una reforma del gasto público para mejorar no sólo el equilibrio fiscal sino también el nivel de vida de los que menos tienen, todo esto aunado a un creciente empleo y un mayor crecimiento económico. Sin una producción suficiente no hay posibilidades de reducir la pobreza de nuestra nación.

La liquidación y el pago del impuesto sobre la renta (IR) para las más pequeñas y medianas empresas residentes en el país es la siguiente:

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La tasa o alícuota máxima de 30% será reducida en 1 punto porcentual anual a partir de 2016 hasta un nivel de 25% en 2020, similar al tratamiento de la tasa máxima de 30% en concepto de IR a las rentas del trabajo y de las actividades económicas (en este caso, que no sean PYMEs). En otras palabras, las tarifas disminuirán 5 puntos porcentuales en el período 2016-2020, de tal manera que el rango de los porcentajes aplicables a las rentas netas será de [5%, 25%] en 2020.

Sin embargo, aunque se mejoró la equidad en el cobro del IR a las empresas pequeñas y medianas, siempre la tasa máxima del 30% golpea a la más grande entre las pequeñas, cuestión que no se daría si tuviésemos una tabla progresiva del IR a las actividades económicas, en vez de una tasa flat de 30%, que es la segunda más elevada entre los países centroamericanos sólo antecedida por la de Guatemala que es de 31%, lo cual invita a la evasión tributaria, especialmente las personas naturales como los profesionales no asalariados entre quienes se distinguen médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y, por qué no decirlo, también economistas.

Es necesario reconocer que este más justo trato tributario se dio en las negociaciones entre servidores públicos y representantes de los propietarios de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), una tarea en que sobresalió Gilberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME).

El diálogo tributario no se dio, como dicen los diputados opositores, sólo ente el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), como le han llamado un diálogo entre cúpulas, no fue un diálogo “a puertas cerradas” sino que incluyó a representantes de gran parte de los agentes económicos del país. Por esta razón, el COSEP no fue el único interlocutor de los empresarios nicaragüenses. En resumen, el consenso sobre la Ley de Concertación Tributaria no fue obtenido exclusivamente entre dos interlocutores, como han tratado de desprestigiar no al Gobierno ni al COSEP sino a este diálogo gubernamental con los agentes económicos del país.

Al final de cada fase de las casi continuas reformas tributarias que se dan con los cambios de la administración gubernamental, no veremos un resultado perfecto, con la medida teórica, que satisfaga a todos los agentes económicos, sino que debemos tratar de obtener algo mejor de lo que teníamos en materia tributaria. Y esto se ha logrado, independientemente de la diversidad de intereses económicos que existen entre productores y trabajadores, incluso los del cobrador de impuestos que se ha visto obligado a posponer el cobro de impuestos originados en la supervisión de precios de transferencia entre empresas residentes del país con empresas no residentes en el país, así como entre residentes con empresas que gozan del régimen de zona franca, porque no se encuentran preparados para esta tarea.

En conclusión, la reforma tributaria no aplastó a la pequeña empresa, un tema que fue abordado por un diario local. El diálogo no dejó por fuera a las micro, pequeña y mediana empresas, ya que se redujo la inequidad que existía al pagar la exclusiva tasa flat de 50% sobre sus utilidades, radicadas en gran parte en los hogares, pertenecientes a las actividades de transporte, pecuario, agricultura, construcción y comercio, que por su número es el más importante del país y generan, al menos, el 44.4% del Producto Interno Bruto.





Los retos de los regímenes tributarios especiales

5 12 2012

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Los regímenes tributarios especiales para el campo y la ciudad, como son las bolsas agropecuarias y la cuota fija, fueron actualizados en sus límites con la esperanza de formalizar el mercado y reducir la evasión en pago del impuesto sobre la renta.

Las bolsas agropecuarias mantienen las retenciones a cuenta definitiva del impuesto sobre la renta de 1% para el arroz y la leche cruda, de 1.5% para los bienes agrícolas primarios y de 2% para los demás bienes del sector agropecuario y se amplió la lista de los bienes que pueden ser transados en estas bolsas –lo cual seguramente será especificada en el Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria-, pero se redujo el monto de la venta anual en las bolsas para que el empresario pague las retenciones definitivas antes mencionadas, al pasar de C$60 millones a C$40 millones. Cualquier venta superior a ese nuevo y más bajo límite de venta estará sujeta a parar el impuesto sobre la renta de actividades económicas, cuya tasa es de 30% durante el trienio 2013-2015 y comenzará a disminuir en 1 punto porcentual anual hasta 25% durante el período 2016-2020.

Sin embargo, la posición gubernamental inicial para reducir el monto anual de ventas en las bolsas agropecuarias era hasta el nivel de C$5 millones, con lo cual pretendía buscar más ingresos tributarios con la aplicación del gravamen de 30% sobre la renta de las actividades económicas, pero el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) alertó a las autoridades gubernamentales de que se daría el efecto contrario esperado por el fisco, es decir, una caída de la tributación en las bolsas agropecuarias debido a que esa drástica reducción de C$55 millones en las ventas sujetas a la retención definitiva a cuenta del IR promovería la informalidad del mercado, mejor dicho, la economía subterránea en el país. Los empresarios agropecuarios venderían sus productos en el mercado o en el campo. El gobierno, con esa aclaración, dio paso atrás en esta medida tributaria y redujo sólo en C$20 millones hasta C$40 millones el monto anual de dichas ventas en esas bolsas.

En las zonas urbanas, aquellos pequeños contribuyentes sujetos al pago del impuesto de Cuota Fija observarán que para pertenecer a este régimen a partir de 1 de enero de 2013 deberán estar inscritos ante la Administración Tributaria y registrar un ingreso mensual ya no de C$40,000 máximo sino igual a o menor que C$100,000, o en otras palabras un ingreso anual que se eleva de C$480,000 a un monto igual a o menor que C$1,200,000, así como disponer de un inventario de mercancías con un costo no mayor a C$500,000. Aquéllos que no cumplan con al menos uno de esos dos requisitos no podrán pertenecer a este régimen especial y deberán pagar el impuesto sobre la renta de las actividades económicas.

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Por supuesto, hay varias excepciones al pago de la cuota fija, contrario a lo que han esgrimido algunos políticos opositores al gobierno. No sólo están exentos aquellos comerciantes que realicen ventas mensuales de C$10,000.00, sino también las pequeñas pulperías, los dueños de pequeños negocios, con y sin local formal, y los pequeños contribuyentes mayores de 60 años.

Sin embargo, persiste el gran reto de sacar a los grandes contribuyentes que evaden el pago del impuesto sobre la renta de actividades económicas que se refugian inapropiadamente en el régimen de cuota fija. Para enfrentar esta situación, la reforma tributaria recientemente aprobada establece la creación de una Comisión de Verificación que identifique a esos grandes contribuyentes y que también evite discrecionalidades de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Aconsejo a las autoridades gubernamentales que integren dicha Comisión de Verificación con más comerciantes idóneos y probos en el régimen de cuota fija y limiten la participación de los burócratas estatales, fiscales tributarios y cobradores de impuestos en este régimen especial, con el fin de normalizarlo lo más pronto posible.

Para lograr ese objetivo de depurar la lista de pequeños contribuyentes se requiere de una sólida voluntad política. Sin ella, seguiremos observando que los precios de muchos bienes, principalmente de electrodomésticos, son más baratos en los mercados, principalmente en el Mercado Oriental, el mercado más grande de Centroamérica, que en el sector comercial sujeto al régimen del impuesto sobre la renta de las actividades económicas.

Siempre he estado de acuerdo con uno de los principios gubernamentales de esta reforma tributaria de reducir la evasión tributaria, pero también habría que considerar la reducción de la corrupción tributaria que muy probablemente se origina desde cuando los productos importados son internados en nuestro país. Quizá sea necesario extender el alcance de actividades de la mencionada Comisión de Verificación o crear otra Comisión especializada en la verificación del pago de aranceles, impuesto del valor agregado e impuesto selectivo de consumo a las importaciones de bienes en nuestro país.





En Nicaragua se necesitan empresarios “schumpeterianos”

28 11 2012

En una mesa política, lo más importante de una negociación es escuchar lo que no se dice. En una mesa técnica, se dice todo lo que se escucha. En la mesa política, a veces la diplomacia es sustituida por la imposición; en la mesa técnica, el lenguaje profesional se mantiene con la mayor frialdad. Sin embargo, negociar es ceder y obtener, es proponer y conceder, porque las dos partes negociadoras tienen posiciones diferentes sobre un mismo asunto. Esto ocurrió entre los empresarios y los servidores públicos cuando abordaron la tributación directa a la renta de las actividades económicas y a las rentas de capital, especialmente las primeras que abordamos en este artículo.

La esperada reducción de un punto porcentual anual de la tasa única de 30% hasta 25% del impuesto sobre la renta bruta de las empresas durante el período 2013-2016 no se logró en la negociación de la reforma tributaria entre el gobierno y los empresarios. ¿Por qué se llegó a este consenso que es más político que económico?

Desde un punto de vista económico, lo más acertado y correcto era la reducción gradual de la tasa de 30% del impuesto sobre la renta a las actividades económicas, que es una política más razonable no sólo por la búsqueda de la armonización de las tasas tributarias con las del resto de países centroamericanos –otra cuestión que no se logró en la negociación para el corto plazo-, sino también porque tendremos que afinar los escasos instrumentos económicos disponibles para amortiguar los efectos de la profundización de la desaceleración económica mundial que se avecina y que durará más de un año.

La racionalidad económica indicaba, pues, agilizar la reducción de dicha tasa del IR con el propósito de atraer con mayor fuerza no sólo la inversión extranjera directa que en 2011 participó con el 43% en el total de la inversión fija bruta (construcción y maquinaria y equipo), sino también la inversión doméstica en los sectores clave de nuestra economía –tales como generación de energía eléctrica con recursos renovables, transporte ferroviario, puertos, canal interoceánico, turismo, mejoramiento de los rendimientos de la producción agropecuaria y agroindustria-, para facilitar una mayor reinversión de utilidades, garantizar un crecimiento económico sostenible y avanzar en la reducción de la elevada tasa de subutilización de la fuerza laboral y de la pobreza.

Sin embargo, la opción empresarial fue postergar la reducción de susodicha tasa hasta el período 2016-2020 y prorrogar las exoneraciones actuales por un período de dos años –para el bienio 2013-2014- y posteriormente mantenerlas si la actividad empresarial pudiese demostrar, con nuevos proyectos de inversión, aumentos de la productividad, o de las exportaciones, o del empleo y/o de la renovación tecnológica de su proceso productivo durante el tiempo de maduración del proyecto –a ser determinado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)- más dos años.

Si en el período de dos años de extensión de las exoneraciones la empresa no somete a consideración del gobierno un nuevo proyecto de inversión para el alcance de alguno de los cuatro objetivos antes señalados, dejará de recibir las exoneraciones a partir de 2015. Además,  si una empresa después de haber ejecutado el primer proyecto de inversión y no vuelve a presentar otro proyecto con alguno de los cuatro objetivos antes planteados, tampoco continuará gozando de sus exenciones tributarias.

Esa opción es aparentemente lógica a nivel microeconómico, porque protege los costos de producción de los bienes exonerados en un escenario empresarial de baja competitividad asociado con un escenario de baja productividad económica, ambos reflejados por la situación actual de Nicaragua. La teoría microeconómica se basa en un individualismo metodológico, pero el asunto es que ningún empresario desea perder el beneficio tributario al que ya se acostumbró a recibir desde antaño por el Estado, lo cual no le ayuda a convertirse en un empresario “schumpeteriano”, o sea, en la figura de un empresario con iniciativa, visión, imaginación y liderazgo, la que conduce a un proceso de innovación en la economía.

Es obvio que cualquier reducción de exoneración de impuestos implicará la alza del precio al productor, la alza del precio al consumidor y, muy probablemente, un mayor ajuste salarial debido a la mayor presión inflacionaria resultante de la eliminación gradual de todas las exoneraciones. Y es en este ámbito donde existe ese temor empresarial al riesgo y la incertidumbre.

Por otro lado, el gobierno y los empresarios adoptaron la decisión que los sujetos exentos sin fines de lucro pagarán el impuesto sobre la renta de actividades lucrativas; en otras palabras, iglesias, confesiones, fundaciones religiosas, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, sindicatos, partidos políticos, instituciones artísticas, científicas, educativas y culturales, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras instituciones de asistencia y beneficencia social comenzarán a pagar impuestos por rentas de capital, por ejemplo, intereses devengados en cuentas de ahorro, rentas de alquileres de bienes inmuebles, rendimientos de títulos valores, derechos de autor, patentes, señales de propaganda y donaciones que impongan condiciones o cargas onerosas para el donatario, entre otros.

Ambas partes también consensuaron que las cooperativas, que hasta este momento están exoneradas del pago del IR, pagarán este impuesto si sus ingresos anuales superan el monto de C$40 millones y limitaron los gastos deducibles de intereses con la tasa de interés activa más alta del sistema financiero, lo cual no se aplicará a las instituciones financieras.

Siempre con la mira en las actividades económicas, las tasas de retenciones definitivas a cuenta del IR fueron actualizadas en 10% para residentes, 15% para no residentes y 17% con no residentes ubicados en paraísos fiscales, es decir, en territorios y Estados con regímenes tributarios que muestran una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.

Una prueba de que no existe la capacidad institucional requerida del cobrador de impuestos para optimizar la aplicación de esta reforma tributaria en el corto plazo es que hasta en 2016 se iniciará la implementación del modelo centroamericano de la supervisión de precios de transferencia, o sea, el precio que pactan dos empresas, una residente y la otra no residente en el país, que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona, y mediante el cual ambas empresas se distribuyen utilidades.

Las retenciones del pago mínimo definitivo de 1% sobre los ingresos brutos mensuales a cuenta del IR aplicadas a los contribuyentes se acreditarán inmediatamente a este impuesto, mensual y al final del período fiscal si existiese algún saldo; además, la administración tributaria, por razones de seguridad alimentaria y mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, exceptuará a los contribuyentes del pago mínimo de 1% definitivo hasta un máximo de dos años cada cinco años, pero se verán obligados a anticipar el 30% de sus utilidades mensuales. Finalmente, las devoluciones del IR solicitadas por los contribuyentes se realizarán en un 50% del monto a los 60 días y el otro 50% a los 120 días de la fecha de solicitud.

Estos fueron los avances de la reforma al impuesto sobre la renta de las actividades empresariales. Se postergó para el mediano y el largo plazo el objetivo de un mayor crecimiento económico y se aceptó para el corto largo plazo el mantenimiento de las exoneraciones o del gasto tributario que era equivalente al 7.5% del Producto Interno Bruto en 2010.





El riesgo moral de una amnistía tributaria

15 09 2012

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el monto de la evasión en el pago del impuesto sobre la renta en 2010 fue igual a 7 mil 910 millones de córdobas, es decir, 370 millones de dólares, que también es igual a 46.4% del monto potencial del impuesto sobre la renta que la Dirección General de Ingresos (DGI) cobra a las actividades económicas y las personas asalariadas y naturales, y a 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

Ese monto evadido por los contribuyentes es mayor que el gasto anual del Ministerio de Educación (MED) o del Ministerio de Salud (MINSA) en 2012, una suma importante que ayudaría a duplicar cualquiera de esos dos presupuestos anuales dirigidos a resolver los problemas sociales básicos de la población. Con ese monto evadido, los diputados no tendrían razón para continuar endeudándonos con Bonos de la República de Nicaragua, que son emitidos por el MHCP para pagar la deuda interna pública, en la cual se destacan las indemnizaciones por la propiedad confiscada en la década de los ochenta, las quiebras bancarias de 2000 y 2001, y el financiamiento de las pérdidas permanentes del Banco Central de Nicaragua.

Una vía que se ha mencionado desde hace varios años para reducir la evasión en el pago del impuesto sobre la renta es una amnistía tributaria para que el evasor llegue con confianza a pagar sus impuestos del último año fiscal, sin exponerse a que le cobren la evasión de los tres años anteriores y a que sea llevado a los tribunales de justicia.

Sin embargo, eso sería muy criticable porque reduciría la responsabilidad tributaria y disminuiría la exposición del contribuyente al riesgo que supone la evasión en el pago de los impuestos. En otras palabras, una amnistía tributaria supuestamente favorecería a los defraudadores porque regularizaría su situación fiscal, pero persistiría la ilusión del cobrador de impuestos de que se reduzca la “economía sumergida” y se amplíe la base de contribuyentes. Desde un escritorio no se aminora la evasión en el pago de los impuestos.

Una amnistía tributaria debería ser declarada inconstitucional. Para controlar la evasión tributaria se podrían aplicar diversas medidas como la educación en el pago de impuestos (desde la escuela primaria hasta en los medios escritos, radiales y televisivos), la persecución y el castigo. Todas las personas dedicadas a la creciente “economía sombra”, o “subterránea”, “informal”, “de segunda”, “paralela” o “de dinero”, tanto en el mercado laboral como en el mercado de bienes y servicios, no desean ser identificadas, por lo que la reducción de la evasión fiscal se volvería una pasión científica para los cobradores de impuestos de conocer lo desconocido. La DGI debería mejorar la fiscalización y la información del sistema tributario.

La “economía sombra” incluye toda la producción legal en el mercado de bienes y servicios que ha sido deliberadamente ocultada a las autoridades públicas para (1) evitar el pago de la renta, al valor agregado u otros impuestos, (2) evitar el pago de las contribuciones de seguridad social, (3) evitar tener que cumplir con ciertas normas legales del mercado de trabajo, tales como el salario mínimo, jornada máxima de trabajo, normas de seguridad, entre otras, y (4) dejar de cumplir con ciertos procedimientos administrativos, tales como completar cuestionarios estadísticos u otros formularios administrativos solicitados por el Estado.

Entre las posibles causas de la existencia de la “economía sumergida” se encuentran las cargas de la presión tributaria del Gobierno Central (en Nicaragua, 19.4% del PIB en 2011, que es la más alta de Centroamérica) y de las cotizaciones a la seguridad social (5.8% del PIB en 2011, tomando en cuenta los datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), y ambas presiones subirán en 2013.

Debido a que los impuestos afectan las decisiones de trabajo-ocio de los agentes económicos, y también estimula la oferta de trabajo en “la economía informal”, la distorsión de la presión tributaria es una gran preocupación para los economistas. Cuanto más grande sea la diferencia entre el costo total de la mano de obra en la economía oficial y el resultado después de los impuestos sobre la renta del trabajo, mayor es el incentivo para evitar esta diferencia y para trabajar en “la economía sumergida”. No obstante aún se puede elevar la presión tributaria del Gobierno Central, ya que la existente se encuentra muy cerca de su óptimo del 23.9% del PIB, tomando en cuenta las condiciones actuales de la economía nicaragüense.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), del total de personas ocupadas en 2011 el 77.2% labora en establecimientos que no llevan registros contables, es decir, 2 millones 167 mil personas no controlan sus ingresos, gastos y capital, y el 49.1% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el subempleo, es decir, 1 millón 471 mil personas no laboran la jornada legal de 8 horas diarias o reciben un salario menor que el salario mínimo legal, algo ilegal en nuestro país.

Se puede concluir, por lo tanto, que el fenómeno complejo de la “economía sombra” en el mercado interno de Nicaragua es bastante grande al superar fácilmente el 50%, de acuerdo con la información del INIDE. ¿Cómo se explica ese tamaño muy grande de la “economía informal” en Nicaragua? No hay que perder de vista la presión tributaria y el tamaño del gobierno general (el gobierno central y las alcaldías), las alícuotas máximas del impuesto sobre la renta, el tiempo para abrir y poner en marcha una empresa, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo), el PIB per cápita promedio anual y la libertad empresarial.

Con la amnistía tributaria no se va a recaudar más impuestos, no se reducirá “la economía sumergida” ni va a aflorar el capital oculto en nuestro país. Hay que evitarla por el riesgo moral de disminuir la responsabilidad tributaria.





Cuidemos el lustre de la reforma tributaria

15 07 2012

Los lineamientos generales de la propuesta de reforma tributaria, que fueron conocidos desde el lunes de la semana pasada, son los mejores que se han formulado en Nicaragua en los últimos 22 años, porque realmente no persiguen el objetivo exclusivo de aumentar los ingresos estatales, sino que buscan efectivamente la generación de empleos, un mayor crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la armonización de las tasas tributarias con las del resto de países del istmo centroamericano.

La propuesta, como afirmara el asesor económico y financiero Bayardo Arce, está contenida en la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria (LCT) ya conocida desde agosto de 2009, busca la reducción de la evasión en el pago de los impuestos; la ampliación de la base de contribuyentes y la atracción de más inversiones con la reducción de 30% a 25% de la tasa (flat) del impuesto sobre la renta (IR) a las actividades económicas; la regulación del régimen de cuota fija con la ampliación y la depuración del universo de este tipo de contribuyentes, aunque no sabemos cómo se evitará el abuso y el mal uso de este régimen que resta competitividad al comercio formal; la regulación de los precios de transferencia, es decir, los precios que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona, con los cuales ambas empresas se distribuyen las utilidades (esta regulación se puede aplicar a precios ficticios de exportación o importación, operaciones de deudas ficticias, pagos de tasas de interés muy elevadas y pagos no justificados de regalías y asistencia técnica); la introducción de la territorialidad reforzada para gravar a no residentes, nacionales y extranjeros, que perciban rentas de fuente nicaragüense; la promoción de la reinversión de utilidades en nuevas tecnologías para elevar los rendimientos productivos sin menoscabar el empleo, es decir, facilitar a los productores la adquisición de tecnología más intensiva en mano de obra que en capital; y la revisión de todas las retenciones a cuenta del IR.

Las autoridades gubernamentales también pretenden incrementar el ingreso personal disponible y, por ende, el consumo de las familias y el desempeño de la producción, al elevar la base exenta de 75,000 a 100,000 córdobas para los asalariados y al reducir la tasa máxima de 30% a 25% de las rentas de los asalariados y, simultáneamente, desestimular las inversiones financieras en títulos valores con un muy probable gravamen sobre el valor precio de esos papeles, con la esperanza de que los depósitos del público no bancario sean intermediados para impulsar el crecimiento económico por la vía de un mayor y mejor crédito a las actividades económicas.

En relación con el impuesto de valor agregado (IVA) y el impuesto selectivo de consumo (ISC), el asesor económico y financiero del Presidente de la República confirmó que revisarán la lista de bienes y sujetos exonerados, eliminarán el ISC a 456 partidas del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) porque su recolección es más costosa que productiva para el fisco, armonizarán las tasas del ISC con el promedio de las del resto de países centroamericanos y aplicarán el mismo tratamiento tributario centroamericano a la importación de aeronaves y yates para apoyar la promoción del turismo.

La reforma también se enfila a reducir gradualmente los beneficios tributarios o el gasto tributario, mejor dicho las exenciones y exoneraciones en el pago de los impuestos. Los agentes económicos deberían apoyar el establecimiento de plazos, listas taxativas y cuotas de exoneración y la revisión de los sujetos exentos y exonerados, pero deben ser muy cuidadosos, como también lo deben ser los servidores públicos, de (i) no complicar el acceso de la población a los alimentos si se reducen, en el mejor de los casos, o se eliminen, con el pensamiento fondomonetarista de la “neutralidad pura”, las exoneraciones tributarias al sector agropecuario y a las MIPYMEs industriales; (ii) de no desestimular el esfuerzo exportador del país que sólo goza de estímulos tributarios y no de estímulos cambiarios, debido al margen de sobrevaluación del córdoba que en 2011 fue de 19%; y (iii) de garantizar la equidad tributaria de reducir la tasa de 15% del IVA, en el peor de los casos que uno puede imaginar, si se desmantelan dichos beneficios tributarios.

Finalmente, el asesor del Presidente invitó a la lectura de la iniciativa de la LCT, que está colgada en la página web de la Asamblea Nacional, en la cual uno puede analizar más detalladamente el anunciado reforzamiento de la administración tributaria. En el Título XIII de dicha iniciativa de ley se recomienda reformar varios artículos del reciente “Código Tributario” y de la “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos”, de tal forma que los principales riesgos empresariales que se detectan rápidamente en su lectura son la decisión de la DGI y la DGA para conceder o no una exoneración establecida por la ley, la muy probable desaparición del sigilo tributario, la modificación de los precios declarados por las empresas y la concesión de facultades legislativas a la administración tributaria. Los lineamientos excelentes de política tributaria podían deslucirse con los poderes discrecionales que la iniciativa de la LCT pretende conferir a los administradores de impuestos, por lo cual es de esperar una tremenda discusión al respecto.

Además, pude percatarme de dos debilidades implícitas en la propuesta. Si la reforma tributaria persigue el objetivo fundamental de más empleo, más crecimiento económico y menos pobreza, debería (i) constituir un instrumento gubernamental para la coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de crecimiento y desarrollo económico, pero ésta aparentemente no está actualizada porque el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2017 no está colgado en ninguna página web del Estado y (ii) no demuestra cómo se gastará el aumento de los ingresos tributarios que perciba el Estado a partir de 2013, el cual estimo en alrededor de C$1,800 millones, es decir, a lo sumo igual a 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los contribuyentes tenemos la obligación de pagar nuestros  impuestos en correcta forma, pero también tenemos el derecho de conocer cómo se utilizarán nuestros impuestos. Con el objetivo fundamental de la reforma arriba mencionado, los nuevos impuestos deberían, en principio, asignarse en gran parte al financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura económica y social, pero el asesor presidencial reconoció recientemente que el bono salarial de C$750 a 165,515 empleados públicos, cuyo monto anual actual es de 1,492 millones de córdobas, y el subsidio de la tarifa de electricidad, que suma 153.6 millones de dólares en los últimos dos años, constituirían un riesgo para el presupuesto nacional si se perdiese la cooperación petrolera de Venezuela. En otras palabras, el producto de la reforma tributaria podría evitar esa posible inestabilidad de las finanzas gubernamentales y, consecuentemente, el aumento esperado de los ingresos tributarios sería asignado al consumo público y no garantizaría el logro del objetivo fundamental de la reforma tributaria. Falta, pues, discutir la calidad del gasto público.

Una preocupación fiscal adicional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha condicionado al Gobierno de Nicaragua que con la sobre recaudación de impuestos se reduzca el saldo de la deuda pública interna –para disminuir la nueva deuda de US$120 millones que aprueban los diputados anualmente para pagar el principal de la deuda pública interna- y se incrementen sus depósitos en el Banco Central de Nicaragua (BCN) -para garantizar la estabilización macroeconómica, es decir, del tipo de cambio oficial y de los precios al consumidor-. Con esa condicionalidad, el policía financiero internacional sobrepone el tema de la deuda pública al grave problema del subempleo y desempleo y, consecuentemente, posterga las tareas del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza.





Una declaración contradictoria con la visión presidencial

12 06 2012

En un país con 1 millón 470 mil personas subempleadas –para ciertos servidores públicos están ocupados- y con 2 millones 500 mil personas pobres es un dislate afirmar que se les exigirá el pago del impuesto sobre salario a los trabajadores que devengan menos de 75 mil córdobas anuales, que en este año equivale a 8 dólares diarios y el cual es cercano a los 5 dólares diarios que percibe un trabajador que devenga el salario mínimo promedio no agropecuario, lo cual contradice la visión política del presidente de la República.

El salario de 75 mil córdobas exento del pago del IR se estableció a partir del 1 de enero de 2010 y desde esa fecha hasta mayo del año en curso la tasa de inflación acumulada, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido de 21%, por lo cual el servidor público debe tener en cuenta que en este junio ese salario anual exento debería ser 90 mil córdobas con el fin de eliminar el deterioro de su poder de compra registrado en los últimos 29 meses. Una tarea que debería sugerir el asesor económico del presidente de la República y emprender el cobrador de impuestos es reducir la evasión del pago del impuesto sobre la renta de las personas asalariadas y naturales que devengan los más altos ingresos en el país.

Eliminar las exenciones y exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) sugerida por el Sr. Bayardo Arce implicaría elevar los precios al consumidor de alimentos, acelerar la tasa de inflación y reducir el poder de compra de al menos el 80% de la población total del país que destina el 90% de los ingresos familiares a la adquisición de esos alimentos. Todo se puede hacer en economía, pero esta medida tributaria demandaría ajustar los salarios para garantizar la subsistencia familiar –contradictoriamente ya afectados por el asesor con la sugerencia de disminuir el salario exento para ampliar la cobertura del IR sobre los asalariados- y, por otro lado, demandaría la reducción de la tasa actual de 15% del  IVA.

Eliminar la exoneración del IR sobre las utilidades de las cooperativas agropecuarias significaría limitarlas tanto en su gasto de inversión para desarrollar sus actividades productivas como en el financiamiento de su capital de trabajo, porque sus miembros no son sujetos de crédito en la banca convencional. Además, no es válido el argumento del asesor presidencial de que  el agro tiene más de 30 años de recibir beneficios fiscales y que hasta la fecha apenas aporta el dos por ciento de las recaudaciones fiscales, al omitir que los grandes contribuyentes son, en realidad, grandes retenedores de los impuestos que pagamos los consumidores, como son el IVA y el ISC.

Lo único formidable que observo en las sugerencias del asesor económico del presidente de la República es disminuir la evasión del pago del IR de pequeñas, medianas y grandes empresas comerciales que hasta ahora están acogidas en el régimen de cuota fija, especialmente en el mercado más grande Centroamérica como lo es el Mercado Oriental, mediante su introducción al pago progresivo del impuesto sobre sus utilidades.