Información y Política Macroeconómica de Nicaragua

25 10 2020

La política monetaria de Nicaragua se ha fundamentado desde 1994 en una regla muy simple para evitar especulaciones e incertidumbres en la administración de la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, o sea, del control del Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre  la tasa de devaluación y de la tasa de inflación de los precios al consumidor.

Esa regla aritmética ha tenido tres expresiones. La primera expresión fue una condicionalidad que, desde 1994, sólo exigía el aumento del saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS), un concepto que del total de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN excluye los préstamos para apoyo de la balanza de pagos y, en moneda extranjera, los saldos de encaje, del fondo de garantía de los depósitos y de las colocaciones de títulos valores emitidos por el BCN. Así, se comenzó a medir el esfuerzo del sector público para aumentar las reservas internacionales del país.

Se agregó una segunda condicionalidad desde 2006. Fue igual a la división del saldo de las RIB entre el valor mensual promedio anual de las importaciones CIF (MCIF), con un mínimo esperado de 2.5 meses desde 2006, después se elevó a 4 meses y, por sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), subió a un rango de 5-10 meses por los impactos de la crisis política interna de 2018 y de la pandemia mundial del COVID-19 de 2020.

Con el alza exorbitante de los precios internacionales del petróleo en junio de 2008, fecha en que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) arribó a los US$140, se estableció la tercera expresión de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica: dividir el saldo de las RIB entre el saldo de la base monetaria (M0), ambas variables cuantificadas en la misma moneda, local o extranjera, y el cociente mínimo esperado fue 2.2 (RIB = 2.2 veces M0) y después se incrementó a 2.5 cuando el gobierno de Nicaragua no suscribió el quinto programa de ajuste macroeconómico y reforma estructural con el FMI en 2012.

El BCN actualiza las últimas dos reglas aritméticas cada día, y sus valores mínimos se cumplen y sobrepasan los límites establecidos. A manera de ejemplo, al 30 de septiembre recién pasado, el saldo de las RIB fue igual a 2.97 veces M0 y a 7.96 meses de MCIF. La política monetaria continúa siendo bastante contractiva y las importaciones han disminuido porque se han reducido el consumo, la inversión y, por ende, la producción desde 2018.  

Por lo tanto, no existen riesgos de devaluación, al no observarse un exceso de medio circulante que presione por una mayor demanda de dólares y desestabilice la posición de las reservas internacionales; tampoco se observa una aceleración de la inflación, porque, además del control de la emisión de dinero, la demanda interna de bienes y servicios finales (principalmente su componente del consumo) está debilitada por los shocks de oferta y demanda causados por el COVID-19.

Sin embargo, se necesita una mejor comunicación del BCN con la población, con el fin de no exacerbar las expectativas de los agentes económicos. El BCN está obligado a publicar oportunamente la información de la producción, la inflación y el desempleo, porque, al no hacerlo, sólo provoca desconfianza y una mayor incertidumbre a los consumidores, los productores y los inversionistas. Hay que generar confianza de que no hay riesgos de que aparezca una inflación galopante ni una devaluación del córdoba, que son las dos aflicciones principales de los consumidores y productores en tiempos de grandes riesgos.

Pero también se necesita que los economistas nicaragüenses, que se distinguen por sus comentarios públicos, demuestren una mayor seriedad técnica en sus críticas a la política económica y se basen en hechos y, sobre todo, no politicen el asunto económico. Esto último lo hacen los políticos, no los economistas. Los economistas debemos criticar responsablemente la conducción de la política económica y plantear medidas correctivas en una forma constructiva. Siempre he sostenido que los economistas no podemos dejarnos llevar por la corriente especulativa de los operadores políticos.

La estrategia de la política monetaria que se ha aplicado en Nicaragua, además de ser muy sencilla y pragmática no puede lograr sacarnos por sí sola del “hoyo” económico en que nos encontramos. Hoy, con los impactos de dos crisis, la política monetaria y la política fiscal deberían actuar hombro con hombro para reiniciar el largo proceso de la recuperación económica, pero una gran parte del financiamiento del gasto de inversión pública de Nicaragua está suspendida por la NICA Act.

El impedimento internacional para financiar las obras de infraestructura económica y social del país está afectando al nivel de vida de la población, no hay generación de empleos ni de ingresos, por lo que la estrategia de la política fiscal ha sido congelar el nivel del gasto público en el trienio 2018-2020 y se mantiene en el proyecto presupuestario de 2021. En otras palabras, para evitar una inflación galopante y una devaluación descontrolada -hoy la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio se mantiene en 3% y el BCN prevé una tasa de inflación anual de 3.7% en 2020-, las autoridades gubernamentales han formulado un presupuesto casi equilibrado, es decir, con un déficit fiscal muy cercano al 0% del producto interno bruto (PIB).

Como en economía nada es gratis, siempre hay un debe y un haber, la política fiscal, en vez de coadyuvar al crecimiento económico, está propiciando una depresión económica tras tres años consecutivos de caída del volumen de producción de bienes y servicios -con los datos del BCN, el PIB Real ha caído 11.8% en el trienio 2018-2020- y un creciente desempleo y subempleo, aunque el BCN también publicó el dato increíble de la tasa de desempleo abierto que pasó de 4.8% en el primer trimestre a 5.4% en el segundo trimestre de 2020, o sea, tenemos una economía de pleno empleo.

¿Cuál es la tasa de desempleo equivalente, que se estima con el dato de la población económicamente activa subempleada? Según el BCN, la tasa de subempleo pasó de 44.7% a 45.9% (del total de ocupados) en los mismos trimestres arriba mencionados. Entonces,  ¿por qué el BCN no publica la tasa de subutilización de la fuerza laboral, que es igual a la tasa de desempleo abierto más la tasa de desempleo equivalente?   

El BCN, con su política monetaria, liberó C$4,000 millones del encaje obligatorio en moneda nacional para que la banca comercial financiara a productores de bienes y servicios con una comisión de 4.25%; redujo la tasa de deslizamiento anual de 5% a 3% a partir del 1 de noviembre de 2019; bajó la tasa de interés monetaria o interbancaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada, pero la tasa de interés activa de corto plazo implícita del sistema bancario o del mercado es igual a 12.60% dolarizada, lo cual indica que la tasa de interés monetaria del BCN no tiene influencia sobre la tasa de interés del mercado al reflejar una brecha de 10.25 puntos porcentuales entre ambas tasas; y realiza operaciones de mercado abierto con Letras emitidas en córdobas, pero sin mantenimiento de valor y con plazo de 1 día.

¿Qué más podría hacer la política monetaria para que podamos salir del “hoyo” económico? Creo que nada más. El BCN sólo podrá mantener sus reglas de política monetaria para administrar el mercado monetario local, pero podría facilitar la normalización de la tasa de interés del mercado, y también alineada con las tasas de interés internacionales que estarán bajas por varios años. El costo del dinero en Nicaragua continúa siendo excesivamente alto y no está promoviendo el crecimiento económico en tiempos de una crisis mundial.





El FMI dejó a un lado la doctrina de la austeridad

18 10 2020

Frente a la pandemia mundial del COVID-19, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo recientemente ante la London School of Economics, en el 125 aniversario de su fundación, que el coronavirus ha puesto al mundo “patas arriba” con la pérdida de más de un millón de vidas y un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos que “nos enfrentamos al riesgo de una ‘generación perdida”. Esa es la radiografía de la coyuntura mundial actual.

En la Reunión Anual con el FMI de octubre de este año, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, señaló que la economía está inmersa en una depresión y de que todavía “estamos en lo más profundo de la recesión” provocada por el coronavirus, ve urgente volver al crecimiento para evitar los altos índices de pobreza y la recuperación tardará en llegar en los países emergentes y en desarrollo, ya que no se está produciendo en forma de V sino de L.

Sin embargo, el FMI ha revertido su asesoramiento de hace varias décadas. Vitor Gaspar, jefe de política fiscal del FMI, dijo que la mayoría de las economías avanzadas que pueden endeudarse libremente no necesitarán planear la austeridad para restaurar la salud de sus finanzas públicas después de la pandemia de coronavirus, y que los países que sólo tienen un acceso limitado a los mercados financieros tendrán que ser mucho más cuidadosos con sus estrategias fiscales. Este cambio de perspectiva se basa en que el FMI espera que las tasas de interés se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento económico que logren alcanzar los países de economía avanzada, o sea, que se abaratará el costo del servicio de la deuda pública. Es muy probable que los préstamos sean bastante baratos en el escenario de una relación Deuda/PIB creciente, por lo menos en el mediano plazo.

Aunque hasta ahora gran parte del trabajo está siendo realizado por los bancos centrales con la reducción de la tasa de interés nominal hasta casi 0% e inundando de dinero al mercado con la compra de deuda soberana (o bonos gubernamentales), el FMI ya no está divorciando los instrumentos de la política monetaria y de la política fiscal para la formulación de políticas, y está promoviendo el gasto público, especialmente la inversión pública en infraestructura, para potenciar el crecimiento económico con un cambio hacia una energía más verde. Sin lugar a duda, la política monetaria, por sí sola frente al COVID-19, ya es insuficiente para emprender la recuperación de la economía mundial y necesita del apoyo del gasto público para generar puestos de trabajo, aumentar el ingreso y reactivar la demanda interna de bienes y servicios finales.

En el caso de nuestro país, el COVID-19 ha dejado una mejor radiografía de las distorsiones y perturbaciones económicas y sociales, tales como el desempleo y el subempleo, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad y su cuestionable calidad, la falta de acceso de la población a los servicios de salud y a los medicamentos, la debilidad de las microempresas y pequeñas empresas, la baja productividad y las desigualdades en la distribución del ingreso y en la distribución de la carga tributaria.

Un primer paso pragmático para emprender la recuperación de la economía nicaragüense es tratar de alcanzar los máximos históricos recientes de los indicadores económicos y sociales, que corresponden, en gran parte, a los registrados en 2017, cuando observábamos un importante crecimiento económico, pero aún insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza. La gran tarea será reevaluar las políticas prepandémicas, y defender y mantener los valores de progreso humano que han contribuido al bienestar social. Estos desafíos no se podrán enfrentar sin la visión de la nación, o sea, sin la visión del gobierno, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los jóvenes porque los desafíos son de largo plazo.

Todos debemos involucrarnos en la tarea nacional de construir las plataformas institucionales para la cooperación público-privada, porque como individuos también pertenecemos a comunidades y organizaciones, tales como sindicales, gremiales, profesionales, protectoras del medio ambiente, culturales, deportivas, políticas, religiosas, entre otras.   

Los dos decálogos de Consenso de Washington, conocidos en Nicaragua popularmente como ESAF por sus siglas en inglés (Enhanced Structural Adjustment Facility) desde inicios de la década de los noventa del siglo pasado, no han resistido el embate del COVID-19, porque el FMI ya no está tolerando la doctrina de la austeridad en el gasto público; al contrario, el FMI ha reconocido que la rigidez prematura del gasto del presupuesto nacional, después de que la curva de contagio del coronavirus sea aplanada, no beneficiará a las economías.

Cabe recordar que el primer programa trienal fondomonetarista de ajustes económicos y estructurales para “facilitar” el crecimiento económico de Nicaragua, el ESAF 1994-1997, exigía, en ese período, incrementar el ahorro del Sector Público No Financiero (SPNF) de 10.0% del PIB hasta 13.8% del PIB, y reducir el déficit de dicho sector (antes del registro de donaciones externas) de 8.8% del PIB hasta 5.8% del PIB. La política monetaria y la política fiscal del FMI eran tremendamente contractivas.

Ahora, los déficits del sector público en la mayoría de los países se han expandido por causa del COVID-19, de tal forma que la razón Deuda Pública/PIB del mundo tiende a oscilar cercanamente a 100% debido al creciente gasto público para impedir una mayor debacle de la producción mundial. Y el FMI ha aconsejado a los gobiernos que continúen gastando hasta que controlen el coronavirus y se fortalezcan las recuperaciones de las economías.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales de Nicaragua han administrado un presupuesto nacional equilibrado, es decir, un presupuesto con un déficit fiscal cercano a 0% del PIB y una razón Deuda Pública/PIB aproximada a 50%, con el fin de evitar la ruptura de la crisis de la deuda pública que también implica una alta inflación y, consecuentemente, el deterioro del córdoba.

Además, es bastante probable que esta decisión de política macroeconómica está fuertemente influenciada por las sanciones financieras internacionales impuestas a Nicaragua mediante la NICA ACT aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que impide el financiamiento concesional de los proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social.





De un problema por exceso a un problema por defecto

11 10 2020

¿Beneficia o perjudica una tasa de inflación baja o una tasa de deflación? Esta pregunta me la han planteado empresarios, consumidores y estudiantes de Macroeconomía.

De acuerdo con el último dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de Nicaragua, que corresponde al del mes de junio de 2020, la tasa de inflación, o la tasa de aumento de los precios de los bienes que compran los consumidores, es igual a 1.25% acumulada en el año, es decir, el incremento de los precios entre diciembre del año pasado y junio de este año, y a 3.62% interanual, o sea, el alza de los precios en junio de este año con respecto a los de junio del año pasado.

La tasa de inflación interanual de Nicaragua se aceleró de 3% a 6% debido a la reforma tributaria del 28 de febrero de 2019, pero ha vuelto a descender al nivel de 3% entre abril y junio de 2020 influenciada por la pandemia mundial de COVID-19, que ha bajado otros precios al consumidor, como los de servicios de hoteles y transporte aéreo. Incluso, se registraron tasas de inflación mensuales negativas en marzo y abril recién pasados, cuando la deflación sólo se observaba en el transcurso del tercer trimestre de cada año con la cosecha “de primera” de la producción agrícola, en el momento en que se forma un “valle inflacionario” en función de los factores estacionales del IPC.

¿Favorece al consumidor la persistencia de una inflación baja o de una deflación, o es una alerta de alguna debilidad económica para los agentes económicos?  En las condiciones actuales del mercado de bienes y servicios o del sector real de la economía, que está golpeado por dos crisis, una política interna y otra sanitaria mundial, la caída de los precios al consumidor aparentemente produce un beneficio económico, porque supone, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los asalariados o de los consumidores. En otras palabras, al menos no habría un deterioro del salario real, que se determina al dividir el salario nominal en córdobas de cada mes entre el índice de precios al consumidor de ese mismo mes.

Pero ese beneficio es aparente porque la baja tasa de inflación refleja un riesgo económico, el riesgo de una demanda de bienes y servicios finales muy debilitada, no sólo de bienes de consumo sino también de bienes de inversión, resultante de los shocks de demanda dada la caída de los ingresos que fueron causadas por las dos crisis que no tuvieron un origen económico, antecedidos por los shocks de oferta de las dos crisis dado el cierre temporal o definitivo de las empresas, principalmente del sector servicios. Entonces, una baja inflación o una deflación puede ser también un indicador de que la economía está débil.

Con una baja tasa de inflación o con una tasa de deflación, se producen los problemas de subidas salariales mínimas, menor seguridad en el trabajo y un bajo consumo. La situación sería preocupante porque los consumidores se vuelven muy cautelosos, ahorran todo lo que pueden y se reducen los beneficios empresariales que obligan a disminuir más el empleo.

Así como los consumidores toman los menos riesgos posibles y aplazan sus decisiones de compra de bienes de consumo duraderos, por ejemplo, vehículos, ante la expectativa de un mayor descenso de precios, los inversionistas también deciden aplazar sus decisiones de inversión. Consecuentemente, la tasa de crecimiento económico se desacelera. Esta situación no es desconocida, porque suele ocurrir en crisis de demanda. Un claro ejemplo ha sido el de la economía de Japón, que ha sido afectada por la deflación desde 1990, y ahora ha vuelto a surgir con el impacto de COVID-19.

Sin embargo, si la tasa de inflación disminuyera  por la caída del precio del petróleo, un producto que importamos y que disminuiría los costos de producción de todos los bienes y servicios, no tendría efectos negativos sobre la economía. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo WTI muestra una caída acumulada en este año de 33.6% de, al pasar de US$61.14 el 31 de diciembre de 2019 a US$40.60 el 9 de octubre de 2020, lo cual abarata los productos energéticos, tales como combustibles líquidos y gas propano, y las tarifas de transporte, lo que puede valorarse como un beneficio para la economía.  

Si de los 489 productos que integran la actual canasta de bienes y servicios del IPC de Nicaragua se sacaran los productos con precios volátiles, categoría en la que caen los precios de los alimentos y de los combustibles, la tasa de inflación interanual “subyacente” es igual a 2.93% en junio del año en curso, 69 centésimas porcentuales menor que la tasa de inflación interanual del IPC al mismo mes.

En estos momentos, en Nicaragua no hay una situación real de deflación. El criterio técnico fijado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la presencia de la deflación es una caída del IPC  mantenida, al menos, durante dos semestres.

La estabilidad de una presión inflacionaria baja ha sido un objetivo que ha mantenido el BCN hasta la fecha, excepto en 2019 cuando se aplicó la reforma tributaria que aceleró la inflación, pero los instrumentos de la política monetaria están diseñados para luchar contra la inflación y no contra la deflación. En otras palabras, la política monetaria puede bajar la tasa de inflación cuando es alta, pero no la pueda elevar cuando es baja, y correría el riesgo de caer en una trampa por la liquidez.

Sobre el supuesto de que los gastos de consumo e inversión continuaran contrayéndose y, por lo tanto, la tasa de inflación continuara desacelerándose y cayendo, la política fiscal es la que tendría intervenir con el incremento del gasto público, por la vía de la inversión, para aumentar la demanda interna e incrementar la tasa de inflación.

En conclusión, una deflación es aparentemente atractiva, pero realmente es un grave problema para la economía. Es más fácil aplacar una inflación galopante que una deflación.





El riesgo-país de Nicaragua en 2020

4 10 2020

En los últimos tres años, Nicaragua ha recibido el impacto de dos crisis, una política interna y otra sanitaria mundial, que han provocado inestabilidades políticas, sociales, económicas y financieras.

El riesgo económico del país ha permanecido en un nivel muy bajo, a pesar de la grave caída de la producción de bienes y servicios de 13% acumulada desde 2017 hasta 2020, y del bajo nivel del producto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$1,761 equivalente al 16% del PIB per cápita mundial. Sin embargo, dos variables económicas muestran un riesgo moderado y una variable económica tiene un riesgo muy bajo, irónicamente explicado en parte por la severa caída de la producción, lo que indica que la política macroeconómica está siendo administrada para evitar una crisis estructural de la deuda pública interna y una alta presión inflacionaria.

Las dos variables económicas con riesgo moderado son los déficit gemelos:

(i)           el déficit fiscal, que es inferior al 1% del PIB en los últimos dos años, que se ha logrado con el congelamiento del gasto público y con la reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria que aceleró la tasa de caída de la producción y la tasa de inflación en 2019; y

(ii)          el balance en cuenta corriente de la balanza de pagos, con superávits cercanos al 1% del PIB en el bienio 2018-2019 y un déficit aproximado a 3% del PIB en 2020, dado el desplome de las importaciones de bienes y de la reciente reducción del flujo de las remesas familiares resultante de la recesión económica mundial.

La única variable económica con riesgo muy bajo es la tasa de inflación que disminuye de 6% en 2019 a 2% en 2020, lo que refleja una demanda de bienes y servicios finales muy debilitada (el shock de demanda) por la caída de ingresos, con el cierre temporal o definitivo de empresas y la incertidumbre de los inversionistas (el shock de oferta de las dos crisis que no tienen un origen económico).

El riesgo financiero también muestra un riesgo muy bajo, incluso con un menor puntaje que el del riesgo económico. Dos variables financieras muestran un riesgo muy alto:

(i)           el saldo de la deuda pública externa, aunque su monto “contable” -porque no se ha reestructurado aproximadamente un millardo de dólares adeudados a dos países centroamericanos con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC)- permanece muy estable cercano a los US$6,350 millones, pero equivale al 55% del PIB desplomado y rompió su límite tolerable de 50% del PIB para un país como Nicaragua fijado en la Iniciativa HIPC; y

(ii)          como un porcentaje del valor de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos es igual a 6% en este año, siempre influenciado por la drástica caída del valor de las importaciones, lo cual implica una menor búsqueda de financiamiento externo y la estabilidad del saldo de la deuda pública externa.

La posición del saldo de las reservas internacionales netas presenta un riesgo moderado al ser equivalentes a 7.3 meses de importaciones de bienes y servicios. Su saldo de US$2,675 millones previsto al fin de este año continúa afectado por la fuga de US$1,300 millones de los depósitos en moneda extranjera de las entidades bancarias radicadas en el país, que se registró en el período abril 2018-marzo 2019. Esos recursos aún no han retornado a Nicaragua.

Sólo una variable financiera tiene un riesgo bajo, la cual es el servicio (pago de intereses y amortizaciones) de la deuda pública externa por US$330 millones, que representa en este año el 6% del valor de las exportaciones de bienes y servicios, un nivel inferior al límite máximo de 10% tolerado por los inversionistas extranjeros. Una previsión para el futuro con respecto al pago de la deuda pública: los préstamos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no son concesionales, como los facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM(IDA), por lo cual el pago del servicio de la deuda pública se acelerará en el mediano plazo.

También sólo una variable financiera refleja un riesgo muy bajo: el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos de 17 córdobas de 2006 por US$1 de 2006. En los últimos ocho trimestres, el córdoba se ha depreciado levemente, lo cual es positivo para el país porque supone que las exportaciones nicaragüenses son más competitivas, más baratas, en el mercado estadounidense, al mismo tiempo que encarece el precio de las importaciones provenientes de la primera economía mundial.

Dado el comportamiento de las cinco variables económicas y de las cinco variables financieras, se puede concluir que, en estos tiempos de crisis, las autoridades gubernamentales han fundamentado la política macroeconómica en la crisis estructural de la depresión económica y el aumento del desempleo.

Finalmente, el riesgo político continúa manteniéndose en un nivel muy alto, después de haber estado en un nivel alto hasta el cuarto trimestre de 2017, ahora espoleado por cuatro de los diez indicadores políticos que integran este riesgo:

(i)           el conflicto social, al reanudarse y también cancelarse el Diálogo Nacional, y la falta de cohesión y madurez de las organizaciones opositoras;

(ii)          la intensificación de las presiones extranjeras sobre el Gobierno de Nicaragua, empresas públicas y empresas privadas, ya no sólo de parte de Estados Unidos, sino también de Canadá, Reino Unido y la Unión Europea;

(iii)         las condiciones socioeconómicas de la población, al aumentar el desempleo, el subempleo, la pobreza y la desconfianza de los consumidores; y

(iv)         las tensiones religiosas, con el entorpecimiento de la fluidez de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El riesgo político pondera con el 50% en la formación del índice de riesgo-país, y los otros dos riesgos, el económico y el financiero, con el 25% cada uno. Así, nuestro pronóstico del índice de riesgo de Nicaragua en 2020 es igual a 47.2 puntos o 4,720 puntos básicos, que se ubica en el rango de riesgo alto que es de [40.0, 49.9] puntos, y está muy cercano a la barrera que nos separa del riesgo muy alto.