El sigilo frente a la evidencia

29 06 2012

Ayer solicité a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Banco Central de Nicaragua (BCN) los nombres de las principales empresas importadoras radicadas en Nicaragua con el propósito de poder visitar a sus gerentes generales y ofrecerles los servicios de asesoría económica y financiera de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), la firma consultora que dirijo desde hace once años, debido a que preveo tiempos más difíciles en el desempeño económico nacional, no sólo a raíz de la ya sentida desaceleración económica mundial cuyo epicentro es la Eurozona, sino también por el conflicto político interno y las tensiones en las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Por supuesto, estimo que las grandes empresas tendrán que ser muy cuidadosas desde este momento en sus pronósticos económicos y financieros de corto y mediano plazo.

Hoy recibí la respuesta del alto mando técnico, talvez político, del BCN, no sé si del jefe de la División Económica o del presidente de la institución, que no podían entregarme esa información por motivos de sigilo. Me sorprendí de este tipo de respuesta de la autoridad monetaria de nuestro país, cuyos funcionarios son servidores públicos de los nicaragüenses, que confunden la evidencia con el sigilo, que confunden su rol de servicio público con los secretos bancarios, a sabiendas que por ley el BCN no está protegido de ningún sigilo.

Nicaragua es un país muy pequeño en términos económicos. En este año tenemos una población de 5 millones 962 mil habitantes y un ingreso promedio anual por habitante de 1 mil 297 dólares, y su Producto Interno Bruto (PIB) apenas participa con el 4.5% en el total de la producción del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá.

En una economía muy pequeña, por consiguiente, es fácil distinguir las empresas grandes de las pequeñas, además que sólo el 11% del total de las empresas nicaragüenses es gran empresa, la estructura empresarial es oligopólica en términos generales y la tasa de importación del país, es decir, la relación importaciones/PIB, fue igual a 59% en 2011. Entonces, ¿por qué el BCN esgrime el sigilo para no entregar una información, o sea, los nombres de las empresas sin ningún dato en particular, que son visibles en el mercado local?

Talvez el BCN me ayuda a corregir la siguiente lista preliminar de las empresas importadoras más importantes del país, que está basada, por supuesto, en la evidencia empírica: Petróleos de Nicaragua, Distribuidora César Guerrero L., F. Alf. Pellas, E. Chamorro Industrial, Industria Nacional de Refrescos, Embotelladora Nacional, Tip Top Industrial, Unilever de Centroamérica, ENITEL, Compañía Cervecera de Nicaragua, Nicaragua Machinery Co., Nestlé Nicaragua, KIMINICA, Corporación CEFA de Nicaragua, Café Soluble, Colgate Palmolive Centroamérica, DINISA, HOLCIM (Nicaragua), CEMEX (Nicaragua), Silva Internacional, BATCA Sucursal Nicaragua, Autonica, OCAL, Cruz Lorena Export Import, Productos Avon de Nicaragua, Europa Motors Nicaragua, Industria Metal Mecánica, Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, Unión Comercial de Nicaragua, Hortifuti de Nicaragua, TRANSMERQUIM de Nicaragua, Eskimo, Plastiglas de Nicaragua, Tecnología Computarizada y PBS.

Esa lista la elaboré rápidamente con mis alumnos de Economía al final de la tarde de este viernes y es muy seguro, aunque no fue nuestra intención, que se nos escaparon varias empresas importadoras importantes; sin embargo, es también muy probable que nos hayamos equivocado cuando estimamos que esas 35 empresas participan aproximadamente con un tercio en el valor total de las importaciones CIF de Nicaragua.

Es, pues, bastante irónico, mejor dicho cómico, este ejemplo de acceso a la información pública. Parece que los técnicos del BCN desconocen que la información económica histórica no es de ellos ni es exclusiva del gobierno, es de todos, le pertenece a todos.

El jueves pasado, en un taller sobre estadísticas el presidente del BCN decía a representantes de varias empresas que “con confianza provean la información, porque mientras más certeza de los datos haya, los análisis cada vez van a ser mejores”, pero el BCN consideró que por sigilo no puede facilitar nombres de empresas.

Ojalá mediten estos servidores públicos que el Estado tiene la responsabilidad de dar información a todos los agentes económicos, para que el Mercado funcione mejor.

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Evitemos que el edificio económico se venga abajo

24 06 2012

En política, callar es a veces prudente, pero enmudecer o ser un titubeante o un dubitativo en ciertos momentos es grave. Sin embargo, una sacudida leve de 3 millones de dólares donados por Estados Unidos al sector público de Nicaragua podría estar llevándonos a una fractura total del edificio económico del país, que tanto ha costado levantar a la nación en los últimos 22 años.

No podemos olvidar que desde 1994, detrás del primer ESAF, venían los tanques de guerra que no dejaron “piedra sobre piedra”, en el gobierno de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro; detrás del segundo ESAF , durante el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, aparecieron las ambulancias en 1998, levantando muertos y heridos ,; después, en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños, detrás del primer PRGF en 2002 apareció la infantería, entiéndase los banqueros, que concentró gran parte del escuálido crecimiento económico del país; luego, con el segundo PRGF, que después se transformó en el primer SCA, se impuso una nueva calidad de diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se adicionó la política social a la monetaria, la fiscal y comercial en el gobierno del Sr. Daniel Ortega;  hoy estamos de cara a la suscripción del segundo SCA, que a todas luces se está complicando con la reacción política oficial a la suspensión de la dispensa de la transparencia presupuestaria.

Parece que un puñado de políticos criollos opositores al gobierno de Nicaragua no han entendido que, con el visto bueno del FMI, la asistencia financiera venezolana goza de transparencia en los registros de la balanza de pagos de Nicaragua, al clasificarse como deuda privada externa, y que su uso ha sido progresivamente detallado en los informes de cooperación oficial del Banco Central de Nicaragua (BCN). Por eso estimo que ese puñado de políticos criollos, afanados en su periplo por Estados Unidos, Europa y Centroamérica para que corten la ayuda internacional a nuestro país, no han dañado al gobierno de Daniel Ortega sino al pueblo de Nicaragua, tanto en su bienestar actual como en su crecimiento económico futuro.

Cabe recordar que la asistencia financiera de Venezuela es un crédito muy concesional de un monto igual a la mitad del valor anual de la factura petrolera, a 23 años plazo, 3 años de gracia y 2% de interés, el cual, aunque manejado por una empresa privada, ALBANISA, cumple el requisito fondomonetarista de tener, al menos, un nivel mínimo de concesionalidad de 35%.

Un dólar proveniente de la cooperación externa, pública o privada, es muy importante para Nicaragua, porque al tener en 2011 un déficit de comercio exterior igual a 2 mil 68 millones de dólares y al 28% del Producto Interno Bruto (PIB), y aunque los flujos de inversiones extranjeras directas y de remesas familiares arribaron en ese año por primera vez en nuestra historia económica a 968 millones de dólares y 912 millones de dólares respectivamente, el país no cuenta con la capacidad para pagar las amortizaciones y los intereses de la deuda pública externa e interna.

Se corre el riesgo de que el edificio económico de Nicaragua se venga abajo por un agujero inexistente como lo es la opacidad presupuestaria, que de haber existido ya hubiese sido denunciado por el FMI y Nicaragua no hubiese aprobado con excelencia sus compromisos del cuarto programa económico trienal con el FMI en diciembre del año pasado. Ese agujero inexistente es reconocido, en mi entender, por la embajadora de Nicaragua en Estados Unidos, Sra. Phyllis Powers, en su entrevista publicada por La Prensa el 21 de junio, al señalar que la suspensión de la dispensa de la transparencia (a continuación transcribo lo escrito entre comillas) “se basa en la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2008, que dice: Ninguno de los fondos asignados en esta ley puede ser otorgado a gobiernos extranjeros que no publiquen anualmente sus presupuestos nacionales” y añade “El secretario de Estado pueda obviar esta disposición si justifica que hacerlo es en beneficio del interés de los Estados Unidos”.

De la supuesta opacidad presupuestaria estaríamos pasando, pues, a la falta de transparencia electoral y de fortaleza institucional sobre la base de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, que ha sido denunciado por el puñado de políticos criollos en su periplo por dos continentes. Pero estos problemas, que son exclusivos de los nicaragüenses, deberían ser resueltos en nuestro país con el concurso serio de los partidos políticos, pero entre éstos los de la oposición, que cada día están más fragmentados, no se entienden entre ellos mismos por las motivaciones personales de sus líderes.

Como señalé al inicio de este artículo, callar en política es a veces prudente, pero lo peor es que el auto denominado líder de la oposición política, sin autoridad moral ni respetuoso con nuestra nación y sus leyes, desea ser uno de los interlocutores de un diálogo entre dos partidos políticos -cuando el problema es nacional y no es bipartidista- sin importarle ser uno más de los impunes de nuestra historia política. Me  refiero, por supuesto, al diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre Rivas, quien no responde por sus presuntos delitos comunes frente a los tribunales de justicia de nuestro país desde julio de 2008.

Es obvio que urge taponar los agujeros más visibles en el plano electoral y en el plano de la institucionalidad y, por ende, de la gobernabilidad. Aconsejo al presidente Daniel Ortega que el remedio de corto plazo no es buscar la confrontación con Estados Unidos sino relajar las tensiones con el país del norte, ya que ha tomado decisiones drásticas cuando el agua aún no ha llegado al cuello.

Las relaciones de Nicaragua y Estados Unidos deben basarse en el respeto mutuo, aunque sus gobiernos discrepen en los niveles de confianza. En su reacción política a la suspensión de la donaciones de Estados Unidos sólo al sector público de Nicaragua (ya que Estados Unidos mantuvo las donaciones destinadas al sector privado), el presidente de Nicaragua cometió el error de no conceder lo que él exige al gobierno de Estados Unidos, es decir, respeto.

Desde las posiciones del poder, señor presidente, el gobernante eleva su estatura política con palabras respetuosas y constructivas, que busquen la solución de conflictos no sólo nacionales sino también internacionales como el que hoy nos embarga por la muy criticable actitud de un puñado de políticos criollos que se quejan en el exterior.





La política superó a los criterios técnicos

21 06 2012

Se cumplió mi hipótesis económica que Estados Unidos podría suspender, más por razones políticas que técnicas, su ayuda bilateral a Nicaragua sin afectar la cooperación del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque algunos especuladores políticos criollos habían señalado que sin la dispensa de la transparencia presupuestaria se afectaría la cooperación que recibimos de ambos organismos multilaterales.

Técnicamente Nicaragua pasó la prueba de esa dispensa, porque no hay que olvidar que, con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la asistencia financiera de Venezuela está registrada en el movimiento de capital privado de la balanza de pagos del país y su uso está especificado en los informes del Banco Central de Nicaragua (BCN); además, hay que reconocer, por ética profesional, que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tal como lo exigía el FMI, sinceró el gasto del presupuesto nacional, cuestión que no hicieron los gobiernos anteriores desde la década de los noventa del siglo pasado y, por otro lado, el Gobierno de Nicaragua publica los presupuestos nacionales, su ejecución trimestral y su liquidación anual, acorde con nuestra ley.

Por lo tanto, la Secretaría de Estado de Estados Unidos no concedió la dispensa de dicha transparencia al aplicar el criterio político de la protección de sus intereses, porque es de sobra conocido que la nación más poderosa del mundo no tiene amigos a quienes proteger. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Sra. Phyllis Powers, en su entrevista que publica hoy el diario La Prensa, el hecho de no conceder esta dispensa, se debe a que “Las irregularidades significativas (señaladas por la OEA y la Unión Europea en sus informes de observación) erosionan las instituciones democráticas”, pero prometió que habrá apoyo estadounidense para implementar las observaciones de la OEA y la UE  relacionadas con la democracia y la transparencia electoral, probablemente a través de las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

Con la denuncia de la oposición política de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre del año pasado, la cooperación de Estados Unidos para Nicaragua que hoy se conoce ha sido borrada del mapa de la ayuda de nuestro país son donaciones que sumaron US$21.0 millones el año pasado. Las afectaciones de esta decisión política estadounidense se verán en, orden de importancia, en los programas de Libertad Económica, Gobernabilidad e Inversión Social ejecutados por el Gobierno de Nicaragua.

Sin embargo, la decisión tomada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos no afectará las donaciones destinadas al sector privado que en 2011 totalizaron US$30.5 millones y que, en orden de importancia, fueron asignadas a los programas de Desarrollo Municipal, Creación de Oportunidades de Desarrollo Rural con Relaciones Agroempresariales, Empresa y Empleo, Desarrollo Democrático, Familias Unidas por su Salud, Capacitación para el Desarrollo, Desarrollo Organizacional de las Sociedad Civil Nicaragüense, Oportunidades de Mercado para la Conservación y el Turismo Sostenible, Prevención para Transmisión del VIH/SIDA, Mejoramiento para la Atención en Salud, Alliances 2 para la Educación y la Salud, Programa de Medios USAID/Nicaragua, Becas para la Educación y el Desarrollo Económico, Educación para el Éxito, Desarrollo Comunitario, Expansión de Participación Cívica y Electoral, Censo Agrícola, Secretaría Técnica, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Asistencia Técnica Logística Anticonceptivos, Agua y Saneamiento de Carazo, Jóvenes Expandiendo su Futuro, Reduciendo la Mortalidad Infantil en el Departamento de Río San Juan y Fundación Bolaños Biblioteca Electrónica.

No obstante el corte de la ayuda oficial de Estados Unidos a Nicaragua, es notorio el respeto de la Sra. Phyllis Powers a la soberanía de Nicaragua al declarar que la sustitución de los miembros del actual  Consejo Supremo Electoral “es un asunto que deben resolver los nicaragüenses” y que “no es una condición” con el futuro de la cooperación.

Paralelamente a esa decisión de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, estimo que a finales de julio de este año la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre la dispensa de la propiedad será aprobada a favor de Nicaragua, porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha solucionado en este año 60 casos de propiedad de ciudadanos estadounidenses confiscados desde hace 33 años, lo cual supera el promedio de 53 casos anuales, por lo cual, en mi opinión, se mantendrá la cooperación del BM/IDA y del BID.

El corte de la ayuda estadounidense a los nicaragüenses es una decisión soberana de Estados Unidos y, por consiguiente, debe ser respetada, como también deben ser respetadas nuestras  decisiones para resolver nuestros asuntos soberanos. Lo que no es respetable es la petición de un pequeño grupo de políticos opositores criollos, que han viajado a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, para  que se le quite la ayuda a Nicaragua por asuntos que debemos resolver nosotros mismos, creyendo ellos que el daño lo hacen al presidente Daniel Ortega y no meditan que con su solicitud dañan a nuestra nación y al desempeño económico nacional, excepto ellos mismos que son llamados por sus colegas como “zancudos” y que como economista les llamo “buscadores de rentas políticas”. También considero intolerable para los nicaragüenses probos y rectos y honrados que el autonombrado líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, reclame un diálogo para fortalecer la democracia y la institucionalidad de Nicaragua, sin responder aún por sus presuntos delitos comunes que le han sido señalados desde julio de 2008.

Hemos dejado de recibir US$152 millones anuales desde 2009 por denuncias

Las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 provocaron, a partir de 2009, la suspensión de la entrega de US$60 millones, de un total de US$113 millones, donados por Estados Unidos con la Cuenta del Reto del Milenio, así como la salida del país de otras fuentes de cooperación, que anualmente donaban para apoyo presupuestario, en términos promedio anual desde 2005, entre las cuales figuran Noruega con US$3 millones, Holanda con US$12 millones, Reino Unido con US$2 millones, Suiza con US$7 millones y la Unión Europea con US$18 millones. También se dejaron de recibir, siempre en términos promedio anual, préstamos para apoyo presupuestario del Banco Mundial por US$25 millones y de Alemania por US$5 millones. Suecia y Finlandia, por otros motivos, se retiraron del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) en 2006 y 2007 respectivamente. Recientemente han anunciado su retiro Austria y Dinamarca.





Nicaragua ha cumplido y amerita las dos dispensas estadounidenses

17 06 2012

La oposición política en Nicaragua se ha dejado a entrever más por sus comentarios sobre las dos dispensas (waivers) estadounidenses pendientes de entrega a nuestro país, como son las de la propiedad de ciudadanos estadounidenses y de la transparencia presupuestaria, que por su trabajo legislativo escaso y cuestionable. En fin de cuentas, por algo debe hacerse notar que existe, aunque no observo una oposición real en el escenario político actual de Nicaragua, ya que para estar sentada en los curules reconocieron la autoridad de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pero también se negaron a quitar la inmunidad a un magistrado suplente, recientemente acusado por sus relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico, porque era un funcionario de facto.

Sin embargo, comparto el clamor nacional que se fortalezcan la gobernabilidad y la institucionalidad, se respete el Estado de Derecho y se corrijan las debilidades del Consejo Supremo Electoral de cara a la elección de 153 alcaldes el próximo 4 de noviembre, con el propósito supremo de vitalizar la economía a través de la inversión privada y avanzar más rápidamente en la reducción del subempleo y de la pobreza de los nicaragüenses.

Aún está fresca en la memoria de los nicaragüenses que en la anterior Asamblea Nacional (del período presidencial 2007-2011) se aprobó, sin que dicha oposición, presente en el hemiciclo, se “enterara” de la votación del decreto ejecutivo de mantener en sus puestos a los actos cargos de diversas instituciones estatales, entre ellas el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos.

Siempre he sido de la opinión que nuestra nación ha cumplido en la solución de los problemas de la propiedad que fue confiscada en la década de los ochenta, tal como lo ha mostrado el reciente informe del Procurador General de la República, Hernán Estrada, y de que el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la voluntad política de proteger la propiedad privada. También he sido siempre de la opinión que no existe opacidad presupuestaria –si la hubiera, ya hubiese sido denunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, porque en referencia al señalamiento de la oposición política que existe poca transparencia de la asistencia financiera de Venezuela se puede afirmar que está debidamente registrada en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos de nuestro país –fue admitida como una deuda privada externa por el policía financiero internacional-, y su uso es progresivamente detallado en los informes semestrales y anuales de la Cooperación Oficial Externa publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El paradigma de la cooperación estadounidense, la Cuenta del Reto del Milenio, siempre estuvo expuesta al riesgo de no ser entregada si no se cumplían algunos requisitos, entre los cuales se distinguen los de la Buena Gobernabilidad con la evaluación del Banco Mundial sobre el control de la corrupción, la aplicación de la justicia, la transparencia y la efectividad gubernamental, mientras que Freedom House evalúa las libertades civiles y los derechos políticos. Por las denuncias de la oposición política de un fraude electoral en las elecciones municipales de 2008, a partir de 2009 se suspendieron las entregas de US$60 millones pendientes de la Cuenta del Reto del Milenio y de un préstamo anual cercano a US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA), que eran de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario; además, por esa misma denuncia, se suspendieron las donaciones del mismo tipo de divisas para apoyo presupuestario de diversos donantes europeos, entre los cuales se destacaba la Unión Europea. Pero Estados Unidos no puso en jaque los préstamos multilaterales de divisas líquidas atados a proyectos y programas del sector público concedidos por el BM/IDA ni los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con las denuncias de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, algunos opositores políticos que radican en el país han viajado a Estados Unidos y Europa a pedir que le suspendan la ayuda a Nicaragua, creyendo que con esa actitud afectarán al gobierno de Nicaragua sin meditar que el principal afectado es la nación nicaragüenses, los empresarios y los consumidores. Cabe mencionar que las donaciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) no han estado sujeta a esos criterios, y en el peor de los casos de que fuesen aplicados observaríamos la suspensión de una colaboración anual aproximada a US$20 millones y, de acuerdo con el precedente antes mencionado, no debería poner en jaque a la actual cooperación oficial del BM/IDA y del BID.

Como nicaragüense espero que las denuncias de la oposición política actual no provoquen severos daños económicos y sociales a nuestra nación. No sería justo que la recuperación económica del país se vea truncada por la conducta de un grupo minoritario de políticos, buscadores de rentas políticas -zancudos, les llaman en el argot político criollo-, que no se mantienen con el desempeño empresarial del país que tiene el afán de continuar reduciendo la pobreza.

Los partidos políticos opositores al gobierno están fragmentados y desunidos, sus miembros no se entienden ni confían entre ellos mismos y el supuesto líder de esa oposición, Eduardo Montealegre Rivas, escudado en la inmunidad que le confiere su cargo de diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) en la Asamblea Nacional, evade la justicia y no responde por sus presuntos delitos pendientes, entre los cuales figuran mis dos acusaciones por sus graves injurias y calumnias que él escribiera en el diario La Prensa –publicadas el 31 de julio de 2008- y en una supuesta carta de disculpas con fecha 2 de febrero de 2011  que hizo circular desde la dirección electrónica del movimiento político que lleva su nombre.

Ojalá que ese supuesto líder opositor político pudiese dar un ejemplo a nuestra nación de lo que significa ser un demócrata, un respetuoso de las leyes y de las instituciones, y un garante  Estado de Derecho. Su conducta y su presunta delincuencia común, que trata de asociarla con la de ser un  perseguido político,  demuestran lo contrario.





Los artículos 4 y 9 de la Ley 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”

16 06 2012

A solicitud de muchos lectores de mi blog de economista, transcribo textualmente los artículos 4 y 9 de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero” (UAF), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que será enviada al Poder Ejecutivo para su debida aprobación o sanción.

Art. 4              Facultades de la Unidad de Análisis Financiero.

La UAF y sus funcionarios, deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtenga. La información que solicite, reciba y produzca será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. Bajo estas premisas la UAF tendrá las siguientes facultades:

1. Solicitar y recibir directamente y exclusivamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

2. Analizar, investigar, dar seguimiento y sistematizar toda la información recabada, con el fin de generar el Reporte Técnico Conclusivo (RTC) cuando corresponda.

3. Transmitir en el momento oportuno la información analizada y contenida en el Reporte Técnico Conclusivo a las Instituciones correspondientes legitimadas para la persecución de actividades delictivas y ejercer la acción penal, conservando de forma segura los registros de lo informado y recibido. El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, en su caso y conforme sus propias atribuciones y facultades, harán las acciones pertinentes, y de conformidad con sus resultados promover las acciones judiciales que correspondan.

4. Proponer la suscripción de acuerdos, convenios y memorándum de entendimiento para el intercambio de información, para la cooperación, capacitación y asistencia, con entidades homólogas de otros países así como formar parte de organizaciones internacionales afines a la materia de esta Ley, de conformidad a la legislación nacional e Instrumentos Internacionales vinculantes.

5. Intercambiar información con sus similares en el extranjero, para lo cual la Unidad deberá tener certeza de que la información no será usada para fines diferentes al objeto de esta Ley y que la entidad solicitante operará con reciprocidad.

6. Proponer políticas de prevención sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo; y emitir normativas, formularios, directrices y señales de alerta y estudio de riesgos a sujetos no regulados, todo para el cumplimiento de la presente Ley.

7. Imponer multas a favor del Fisco por montos que oscilen en proporción a la gravedad del caso, entre diez mil y quinientos mil unidades de multas, a los sujetos obligados no supervisados o regulados que se negaren a informar, a reportar o dar la información establecida en la presente ley, o den información falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que corresponda. La gradualidad en la imposición de las multas, el monto específico de éstas y la sanción particular en caso de reincidencia se definirán en el reglamento de la presente ley.

8. En los casos de sujetos obligados que tengan un órgano de supervisión o regulación determinado por ley, la UAF deberá informar al órgano correspondiente con el fin de que éste imponga las multas que correspondan conforme a sus facultades y demás disposiciones legales y normativas.

9. De las multas impuestas se podrá recurrir en base al procedimiento establecido en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, con lo que se agotará, la vía administrativa.

10. Las demás facultades y atribuciones que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Art. 9              Sujetos obligados.

Los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, son los siguientes:

a)        Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras;

b)        Las cooperativas financieras que manejan recursos financieros con sus asociados;

c)        Las micro financieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas;

d)        Las casas de cambio de moneda extranjera;

e)        Las casas de empeño y préstamos;

f)         Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas;

g)        Los casinos, salas de juegos y similares.

La anterior lista no es taxativa o limitativa, en consecuencia, a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto, cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la ley o que por la naturaleza de su actividad o profesión maneje fondos o recursos, datos y/o información que sean requeridas por la UAF en el ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deben conservar con la mayor seguridad una copia del reporte enviado a la UAF y los soportes de la información reportada, por un período no menor de cinco años.





Los riesgos político y moral de la UAF

14 06 2012

Tengo la plena seguridad que el principal flagelo que perseguiría la UAF en Nicaragua sería la corrupción, que al ser reducida atraerá más la inversión privada doméstica y extranjera. Por esto considero que el diputado Wálmaro Gutiérrez, un servidor de los nicaragüenses desde su curul, está obligado a promover la certidumbre entre todos los agentes económicos del país, para que avancemos en la lucha contra el subempleo y la pobreza. Muy cuestionables fueron sus palabras autoritarias que “los inversionistas que no estén de acuerdo con la UAF, que se vayan”, porque no abonan al buen desempeño de la economía nicaragüense.

La Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) persigue el objetivo de satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados con delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De los cuatro delitos antes mencionados, los dos primeros, el narcotráfico y la corrupción, son los de mayor trascendencia para nuestro país, que desde lejos ve el crimen organizado y el terrorismo y ojalá que nunca los tengamos entre nosotros.

La Ley de la UAF fue solicitada por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Nicaragua cuando era presidente el Ing. Enrique Bolaños, en el marco de las condicionalidades de reformas estructurales del sistema financiero nacional. Antes de la reglamentación y aplicación de esta ley, por el ruido de la  reacción airada de algunos legisladores, ya estamos viendo su costo político, el cual adicionado al costo económico de la misma, dejará bastante atrás los beneficios de la misma. El beneficio que se perfila es reducir el costo de las relaciones financieras de Nicaragua cuando salga de la lista gris del GAFI, en la cual nos acompañan tres países latinoamericanos, Ecuador, Venezuela y Argentina.

Desde antes de salir a luz pública, está ley se ha sobredimensionado ante el tamaño muy pequeño de los bancos radicados en el país al ser comparados con los bancos de los otros países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá. Un narcotraficante se entregaría fácilmente a la justicia si decidiera usar cualquiera de estos bancos para transferir cuantiosas sumas de dinero provenientes de su delincuencia. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 el BANPRO, que es el banco más grande Nicaragua al tener activos por 1 mil 570 millones de dólares, ocupó el lugar 32 entre los 136 bancos de la subregión, mientras que el banco más grande de dicha subregión es el HSBC Bank de Panamá, con un monto de activos de 11 mil 179 millones de dólares, 7 veces más grande que el BANPRO. Es por esa razón que los dólares de los narcotraficantes son capturados en las aduanas de las fronteras del país.

En los países de economías avanzadas se dejan a un lado los derechos humanos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, en cuyos aeropuertos escanean a las personas antes de abordar un avión;  sólo el hecho de obligar a quitarse los zapatos para abordar un avión, atenta contra la privacidad personal. No valen las protestas en este sentido.

Pero estamos en Nicaragua, un país abatido por la corrupción y la pobreza, por lo cual comparto los señalamientos del COSEP sobre su oposición a los artículos 4 y 9 de la Ley de la UAF porque atenta contra el derecho humano de la privacidad de las personas contemplado en nuestra Constitución, viola el sigilo bancario que sólo puede ser roto con un mandato judicial y permite  la discrecionalidad política en la investigación a las personas.

Considero que sería tan nocivo dejar a la UAF, en un extremo, decidiendo sola a quien investigar entre los depositantes de más de 10 mil dólares debido al riesgo de persecución política, como dejar sólo en otro extremo a los obligados por la ley –bancos, microfinancieras, cooperativas, casas de cambio, casas de empeño, envío de remesas y casinos- a pasar los Reportes de Investigaciones Sospechosas (RIS) a la UAF debido al riesgo moral imperante en las instituciones bancarias financieras. Por estas razones, considero que debería buscarse el consenso en los dos artículos de la ley antes citados.

El riesgo político es veraz y no imaginario, y sería más convincente si la UAF fuese presidida por un policía activo o un miembro del ejército activo, a sabiendas que el presidente de la República es el jefe máximo de ambos cuerpos armados, y la UAF, según su Ley, dependerá del despacho presidencial. Además, en Nicaragua los políticos politizan todo. Un ejemplo de lo anterior es mi querella contra Eduardo Montealegre Rivas, quien gozó del cumplimiento del único acuerdo de Metrocentro II, que fue impedir su desaforación con el apoyo de sus aliados políticos que eran mayoría en la Asamblea Nacional y, ahora, con una nueva Asamblea Nacional, la Primera Secretaria de su Junta Directiva me afirmó que mi acusación es política porque el acusado es político, confundiendo la calidad de la presunta delincuencia común de Eduardo Montealegre.

También el riesgo moral del mundo financiero es real y veraz, pero no imaginario. No hay que olvidar que la profesión de banquero es hoy la más criticada en el mundo, debido a los efectos de la grave crisis financiera y de la recesión económica que vivimos desde hace 4 años y que parece se extenderá por, al menos, una década más. Gracias al sigilo bancario, los banqueros han realizado actividades libertinas, que no guardan ninguna relación con el libre mercado, son indemnizados con grandes sumas de dinero por el cierre de bancos quebrados, no han sido sancionados ni se dejan regular de las autoridades gubernamentales.

En la búsqueda del consenso necesario que requiere la Ley de la UAF ya aprobada por la Asamblea Nacional, y que sería posible con la decisión del Presidente de la República, Daniel Ortega, propongo que (i) la Unidad de Análisis Financiero dependa del Ministerio Público, porque es necesario una supervisión más independiente del sector bancario y por lo cual hay que apoyar a dicha institución con más recursos humanos calificados, recursos físicos y recursos financieros; (ii) un funcionario de la UAF, mediante ley, podría integrar la Junta Directiva de las instituciones bancarias y de las instituciones obligadas en general, con el fin exclusivo de proceder a la identificación de las personas sospechosas, y así se evitaría el rompimiento del sigilo bancario y del derecho humano de la privacidad de las personas; y (iii) la UAF informaría a la Policía Nacional sobre la identificación de las personas sospechosas con el lavado de dinero para que proceda a la investigación.

Una cosa importante: si el delegado de la UAF en los consejos directivos de las instituciones obligadas cae en la corrupción, no sólo él se expondría a la sanción legal sino también todos los miembros de la junta directiva de la institución obligada, excepto aquél que en forma escrita se opusiese a esa corrupción.





El peor ciego es el que no quiere ver…

12 06 2012

… y el peor sordo es el que no quiere oír. Es increíble que una persona que se ha puesto al margen de la ley a lo largo de casi cuatro años en Nicaragua, ose hablar de legalidad e institucionalidad en el extranjero. Es increíble que un violador de los derechos humanos se presente como un demócrata en un foro empresarial en la capital estadounidense. Es extremadamente vituperable que un presunto delincuente se arrogue la representatividad de la oposición política de Nicaragua. Me refiero a Eduardo Montealegre Rivas, quien supuestamente habló “con espíritu constructivo” en el Foro de Washington organizado por AMCHAM y AACLA.

Sobre el diagnóstico económico de Nicaragua, este diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) parece desconocer los avances de nuestra nación en materia de inversión extranjera directa, estabilización macroeconómica y crecimiento de la producción en los últimos años, aunque el desempeño productivo es aún insuficiente para reducir el problema estructural de la gran tasa de subempleo y disminuir la pobreza, la cual se agravó cuando él fungió como ministro de Hacienda y Crédito Público al desviar los impuestos que se liberaron del pago de la deuda pública externa con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados hacia el pago de la deuda pública interna por liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, una carga onerosa para nuestra nación que fue denunciada por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República.

El diputado querellado consideró erróneamente que la tasa de crecimiento de la población nicaragüense es alta, pero apenas crece 1.3% anual en los últimos 7 años, por lo cual señaló que el Producto Interno Bruto Per Cápita “no es comparable”, pero obvió que se ha incrementado de US$947 en 2006 a US$1,239 en 2011, aunque Nicaragua no ha dejado de ser el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas. Aparentemente también ignoró que la política social ha dejado de ser asistencialista, tal como la observamos en la ejecución de los tres primeros programas trienales suscritos con el Fondo Monetario Internacional, y hoy se ha vuelto un instrumento para reducir la pobreza desde que se incorporó a las políticas suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pidió “transparentar el uso de la cooperación venezolana, que está siendo utilizada discrecionalmente fuera del Presupuesto General de la República”, pero ocultó que los recursos venezolanos están registrados, con la anuencia del FMI, en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos del país y su uso está siendo detallado en los informes semestrales de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua (BCN). También ocultó que las autoridades gubernamentales no han avalado una política confiscatoria de los activos reales y financieros del sector privado y avanzan en la solución de los problemas de la propiedad de estadounidenses en nuestro país.

Compartir la visión de Nación, el mensaje y el discurso de Eduardo Montealegre Rivas sería inaceptable para la gente proba y recta, porque él es uno más que alarga la fila de los impunes de Nicaragua. Su imagen personalista y soberbia al margen de la ley se manifiesta radiantemente con su transmutación de un diputado querellado en un juez para auto absolverse cómica y públicamente de sus graves injurias y calumnias contra mi persona y al adoptar una posición acusadora contra mí cuando el acusado es él y, por lo cual, dos jueces han solicitado su desaforación a la Honorable Asamblea Nacional. Si él desea acusarme, que lo haga en un juzgado pero no con sus vociferaciones desde la casa del movimiento político que lleva su nombre.

El diputado Eduardo Montealegre Rivas es muy atrevido al dejar a entrever en su discurso en el Foro organizado por AMCHAM y AACLA su preocupación por los pobres y necesitados de Nicaragua, después de haber atropellado el erario con la subasta de activos de cuatro bancos liquidados que realizó el BCN entre mayo y agosto de 2003, y con la restructuración de la deuda pública interna por liquidaciones bancarias que él hizo en el segundo semestre de 2003. Cabe recordar que este diputado, al haber abusado otra vez de la inmunidad que confiere el cargo de diputado, impidió  desde julio de 2008 el juicio a 39 acusados por el Ministerio Público debido al complot financiero contra el Estado de Nicaragua en el rescate a los depositantes en cuatro bancos liquidados en el bienio 2000-2001.

Lo único aceptable que dijo el diputado querellado en Washington al referirse a Nicaragua fue el deterioro institucional, el restablecimiento de la credibilidad en el sistema electoral y la necesidad del diálogo, el cual, en mi opinión, debería ser entre gente proba, recta y honesta, características que no reúne el supuesto representante de la oposición política en dicho Foro, quien se limitó también al decir que “es imposible lograr un crecimiento económico con desarrollo social amplio, sin tener seguridad jurídica en un país donde los jueces no aplican la ley” y esconder su abuso de la inmunidad para burlarse de las leyes, de los jueces y del Poder Judicial de Nicaragua.