Un presupuesto sujeto a riesgos políticos externos

La propuesta del presupuesto nacional para 2019 trae ciertas señales que dejan a entrever la complicada situación económica del país.

Los supuestos macroeconómicos que utilizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para formular el presupuesto nacional fueron:

• una tasa disminución del producto interno bruto (PIB) real de 1%, un objetivo que aparentemente no considera ningún riesgo político externo o interno;
• se mantiene la tradicional tasa de devaluación anual de 5%, lo cual está acorde con el principio de no alterar este precio líder de la economía cuando están a la vista serios problemas políticos; y
• la tasa de inflación anual es del orden de 5.4%, lo cual supone que no habrán alzas importantes en los precios de los alimentos, bebidas no alcohólicas, medicamentos y productos farmacéuticos, y combustibles. Dicho sea de paso, existen previsiones mundiales de que los precios internacionales del petróleo podrían subir hasta entre US$90 y US$100 después del anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán que entrarán en vigor el 4 de noviembre de este año.

Veamos las señales presupuestarias para 2019 con respecto al curso del presupuesto reformado de 2018.

El monto total de la recaudación de impuestos, equivalente a US$1,938 millones, cae 5.5% debido principalmente a la caída esperada en el valor de las importaciones de  bienes CIF, por lo cual el IVA y el DAI sobre los productos importados reflejan las mayores caídas de entre 15% y 16%. La caída de la generación de ingresos, resultante de un menor nivel de producción, implicará que el impuesto sobre la renta también disminuya 4.5%. La carga tributaria en 2019 tiende a caer de 16.2% del PIB en 2018 a 14.6% del PIB en 2019

El gasto corriente, que está integrado por los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios de consumo para que el funcionamiento de la burocracia gubernamental, el pago de intereses de la deuda pública externa e interna y las subvenciones o transferencias, equivale a US$1,855 millones y muestra un leve aumento de 1.5%. Dicho sea de paso, el presupuesto contempla un ajuste salarial de 5% a los empleados del Gobierno Central.

El ahorro presupuestario cae 35%, lo cual introduce una fuerte restricción al financiamiento de los proyectos de inversión.

El principal indicador presupuestario que contribuye a la sostenibilidad del crecimiento económico del país y del empleo, que se han visto muy golpeados en 2018, es la inversión pública que tiende a caer 10.1% el próximo año. La actividad de la construcción ya está, por consiguiente, afectada en el presupuesto. También, dicho sea de paso, disminuiría la ejecución de proyectos relacionados con la red vial, construcción y equipamiento de centros de educación y de salud, y el fortalecimiento de instituciones estatales.

El déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, es equivalente a tiende a elevarse de 1.9% del PIB en 2018 a 2.3% del PIB en 2019, pero es financiado sólo en un 57% por recursos externos, o sea, con donaciones y préstamos netos de amortizaciones facilitados principalmente por instituciones financieras multilaterales.

¿Cómo se financia el 43% restante del déficit fiscal? Exclusivamente con emisión de deuda pública interna, equivalente a US$340 millones, levemente inferior al monto reformado de dicha emisión correspondiente a este año, que es del orden de US$386 millones. La variable de la emisión de deuda pública interna ha sustituido a la del aumento de las reservas internacionales, con el fin de mantener la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor nacional.

Es muy probable que el presupuesto formulado para 2019 y presentado el 15 de octubre a la Asamblea Nacional para su aprobación sea alterado con la aplicación de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018” que se encuentra en la agenda del Senado de Estados Unidos para su aprobación. Esa ley impone restricciones sobre instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, lo cual podría disminuir el monto del financiamiento externo previsto en la propuesta presupuestaria.

Un reducido financiamiento externo a la inversión pública, que estaría acompañado por una casi nula inversión extranjera directa y un desplome de la inversión doméstica privada, provocaría en 2019 un descenso de casi 10% del PIB Real; sin embargo, el aumento del desempleo provocaría una  disminución de los ingresos y, consecuentemente,  otra reducción del gasto de consumo de los hogares, lo cual incidiría en una segunda caída del PIB Real que la llevaría hasta 20%. La tasa de desempleo abierto se incrementaría, en porcentajes de la población económicamente activa, de 14.1% en 2018 a 23.3% en 2019.

La única forma para evitar este escenario económico draconiano es la negociación política para resolver los principales problemas políticos ya de todos conocidos, como son la realización anticipada de elecciones presidenciales y, por qué no, la liberación de los reos políticos, cuya mayoría son estudiantes universitarios. Es por ello que el diálogo es la única puerta de salida para contener el deterioro de la confianza de la población, en general, y de los agentes económicos y sociales, en particular.

 

Continúan las decisiones desacertadas del BCN

Entre el 12 de abril de este año, fecha en que se registró el saldo máximo de los depósitos en moneda extranjera de US$4,115.0 millones en el sistema bancario comercial de Nicaragua, y el 30 de septiembre recién pasado, se observó una disminución de dichos depósitos del orden de US$971.1 millones hasta US$3,143.9 millones, o sea, una caída de 23.4% que es equivalente a 25 días de producción de bienes y servicios de Nicaragua.

Las muy cuestionadas afirmaciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, en los últimos días de agosto y su inesperada orden administrativa de no publicar los datos monetarios, financieros, cambiarios y de reservas internacionales del país, datos que pertenecen a la población nicaragüense y no a un exclusivo grupo de lectores, aceleraron la salida de los depósitos en moneda extranjera. En agosto esos depósitos cayeron US$76.5 millones, pero en septiembre se redujeron US$187.7 millones.

En términos promedio por día efectivo, la caída de esos depósitos pasó de US$2.5 millones en agosto a US$6.3 millones en septiembre, mientras que sus caídas mensuales eran de US$76.5 millones en agosto y de US$187.7 millones en septiembre.

A pesar de que el ritmo de la fuga de los depósitos en dólares, que había alcanzado un máximo en junio, ya había disminuido grandemente al final de la segunda semana de agosto, ahora el BCN parece que se ha propuesto elevar el nivel de incertidumbre entre los agentes financieros, es decir, entre el público no bancario y la banca comercial.

Una de las principales funciones del BCN es garantizar el fortalecimiento y el buen funcionamiento del sistema financiero nacional; sin embargo, la brecha entre el dicho y el hecho demuestra lo contrario. La indisponibilidad de los datos de nuestra economía no contribuye a fortalecer la confianza del público ahorrista y puede provocar fuertes especulaciones monetarias, financieras y cambiarias.

Es vox pópuli que el BCN decidió imponer a las entidades bancarias los procedimientos de solicitar en forma escrita con 48 horas de anticipación cualquier compra de divisas al BCN especificando el motivo de la compra, que se explica principalmente por la demanda de los depósitos en moneda extranjera, y solicitar en la misma forma y con el mismo número de horas de anticipación cualquier transferencia de moneda extranjera de los bancos comerciales al exterior especificando el motivo de la transferencia.

Esos dos procedimientos errados del BCN conducen a especulaciones relacionadas con el preludio del control de cambio, al hacer más engorroso el acceso a las divisas administradas por la autoridad monetaria. No es nada más que una restricción en el uso de las divisas administradas por el BCN, porque la banca comercial podría recibir respuestas positivas y negativas a sus solicitudes. Lo anterior podría reflejarse en el incremento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero y, consecuentemente, en un mayor precio de la divisa en el mercado negro.

La coyuntura financiera nacional se está complicando por la cuestionada dirección del Consejo Directivo del BCN. La autoridad monetaria sólo puede emitir córdobas y, por otro lado, aunado al desplome de la inversión extranjera directa se visualizan severos riesgos en el acceso a los recursos de la cooperación internacional, por lo cual las reservas internacionales se apoyarían casi exclusivamente en las remesas familiares. Para evitar el aumento de los grados de restricción en el uso de la divisa y de la incertidumbre, es urgente que se emprenda una negociación política nacional para resolver los problemas políticos y poder estabilizar la desconfianza existente entre los agentes económicos y financieros. Reitero que continúo creyendo en el Diálogo Nacional.

Riesgos muy altos para Nicaragua en el corto plazo

La semana pasada se realizó la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la isla turística indonesia de Bali, Indonesia, en la cual las advertencias de ambas instituciones fueron un menor crecimiento económico mundial de 3.7% en 2018 y 2019 debido a: la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; dos acuerdos comerciales en el aire –la aprobación legislativa del nuevo acuerdo trilateral Estados Unidos-México-Canadá y la negociación de los términos del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido-; la menor inversión, producción manufacturera y comercio de las economías emergentes -ejemplos, Argentina con dos años de recesión, Irán enfrenta una segunda ronda de sanciones en noviembre, Brasil y Turquía-; y los riesgos del elevado endeudamiento global y el encarecimiento del financiamiento internacional tras años de masivos estímulos monetarios -la Fed ha elevado la tasa de interés en tres ocasiones hasta el rango de [2.0%, 2.5%]. Es muy probable que las malas noticias continúen aumentando.

En el caso de Nicaragua, el FMI redujo la tasa de crecimiento económico desde una subida de 4.7% hasta una caída de 4.0 en 2018 y proyectó otra caída de 1% para 2019. Para 2018 y 2019, el FMI también proyectó, en el mismo orden, un producto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$2,126.57 y US$2,141.38, una tasa de inflación de 7.05% y 6.96%; una tasa de desempleo abierto de 15.17% y 18.01%; un déficit fiscal en porcentajes del PIB de 3.61 y 3.68; y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, siempre en porcentajes del PIB, de 6.24 y 6.35.

Nuestro pronóstico de la caída del PIB Real de Nicaragua en Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), estimado en junio recién pasado en -3.5%, coincide bastante con las previsiones del FMI, -4.0%, del Banco Mundial, -3.8%, y The Economist, 3.4%. Fuera de este escenario macroeconómico del país, observamos al Banco Central de Nicaragua que mantiene una tasa de crecimiento positiva esperada de 1.0%.

Sin embargo, la previsión de la caída económica pronosticada por COPADES para Nicaragua en este año fue elaborada antes del anuncio de la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018”, aún sujeta a la aprobación por el plenario del Senado y de la Cámara de Representantes para que sea firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que la entrada en vigor de dicha ley sea en noviembre próximo.

Como es de conocimiento público, la Ley S.3233 contiene severas sanciones financieras para Nicaragua al restringirle el acceso a la cooperación oficial destinada al sector público, principalmente de origen multilateral y especialmente la proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y FMI. Sólo hay dos excepciones a la restricción de dicho financiamiento externo: la asistencia financiera o la asistencia técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia.

Aún más, los representantes estadounidenses en cualquier entidad financiera internacional, principalmente en el FMI, trabajarán con otros donantes para desarrollar una estrategia de futuros compromisos y préstamos en función de la promoción de los derechos humanos. Esto pondría en riesgo el acceso de Nicaragua a la cartera de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se contrataron a partir del anuncio de la Nica Act en septiembre de 2016; además, impediría la suscripción de un programa de ajuste económico y de reforma estructural con el FMI.

Las otras sanciones de la Ley S.3233 están dirigidas a personas naturales y personas jurídicas, nacionales y extranjeras, funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe a nombre del Gobierno, que hayan violado los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018, que socaven procesos o instituciones democráticas, que hayan cometido actos -expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o fines políticos, corrupción relacionada con contratos del gobierno, soborno o hayan facilitado o transferido procedimientos de corrupción- y, finalmente, a quienes hayan arrestado o enjuiciado a una persona, incluida una persona o medio de comunicación que difunde información al público, principalmente debido al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o prensa.

Teniendo en cuenta, primero, que se ha esfumado la inversión extranjera directa y, segundo, que se ejecuta alrededor del 30% de la inversión fija privada doméstica, ahora la inversión fija del sector público de desplomaría con la caída del financiamiento internacional, exceptuando la cooperación facilitada por Corea del Sur, China-Taiwán y Japón, que a lo sumo totaliza US$60 millones anuales. Este escenario draconiano implicaría que el gasto de inversión en construcción y maquinaria y equipo en Nicaragua tendría una reducción de 80% en 2019.

El impacto de ese comportamiento inversionista es pavoroso. Caerían estrepitosamente las actividades de la construcción en 75.7%, comercio en 13.1%, servicios financieros en 7.4%, industrias manufactureras en 6.3%, agropecuario y pesca en 5.5%, y energía eléctrica y agua potable en 4.3%. El PIB Real disminuiría 9.7% y el empleo directo en la construcción disminuiría en 69,980 personas, mientras que el empleo indirecto descendería en 90,308 personas, es decir, 160,198 puestos de trabajo serían destruidos por la caída del gasto de inversión en construcción.

Las familias recibirían menos ingreso como resultado del desplome inversionista, por lo que habría que igualar el gasto de consumo de los hogares con el nivel reducido de ingresos. En esta segunda ronda de efectos macroeconómicos, o sea con la menor inversión y con el menor consumo, continuarían cayendo las actividades de la construcción en 76.4%, comercio en 26.7%, servicios financieros en 19.9%, industrias manufactureras en 13.9%, agropecuario y pesca en 13.9%, y energía eléctrica y agua potable en 17.3%. El PIB Real disminuiría 20.0%. Una referencia: de acuerdo con datos oficiales, en 1979 el PIB Real cayó 26.5% y en 1988 también cayó 12.4%.

La situación económica es apremiante. Por este motivo, aconsejo al Presidente Daniel Ortega a que restablezca el diálogo nacional, a que emprenda las negociaciones políticas para resolver los problemas políticos e impedir el descalabro económico nacional. Y mientras más pronto aparezcan las respuestas políticas que resuelvan los problemas políticos, mejor para todos los nicaragüenses. El efecto de la Ley S.3233 no recae sólo en el Gobierno de Nicaragua, sino también sobre todos los nicaragüenses.

El acceso a la justicia es un derecho humano

25 meses al 2 de septiembre de este año, Eduardo Montealegre ha estado sobre la ley, al ser protegido por el Poder Judicial para no presentarse en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua y no responder a mi acusación de injurias y calumnias al imputarme la comisión de un hecho delictivo, como es la de ser un defraudador del Estado de Nicaragua, y de que mi investigación económica sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, solicitada por la Contraloría General de la República, contenía una serie de errores y dudaba de mi profesionalidad, lesionando mi derecho a la dignidad al menoscabar mi imagen, honra y reputación. Antes de agosto de 2016, Eduardo Montealegre fue también protegido por la Asamblea Nacional durante 8 años, al escudarse inapropiadamente con la inmunidad que le confería su cargo de diputado.

ºEn el Complejo Judicial Central de Managua, los defensores del presunto delincuente Eduardo Montealegre son el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su carácter de Inspector Delegado, y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, mientras que en la Corte Suprema de Justicia lo defienden los magistrados Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial.

Estas autoridades judiciales han obstruido mi acceso a la justicia, han perpetuado la retardación de justicia, al mostrar que no tienen la mínima intención de cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y laborales para tramitar las causas que he demostrado y están contenidas en dos expedientes. La respuesta que he tenido de estos servidores públicos ha sido el silencio absoluto, por lo cual desistí de mi acusación, lo que no significa que he renunciado a la misma.

Tener acceso a la justicia es también un derecho humano. Es muy fácil demostrar que los siete funcionarios judiciales arriba mencionados han violado mis derechos al debido proceso, mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva, tomando en consideración que justicia tardía no es justicia. Ojalá que recapaciten, que me tengan como parte quejosa y me concedan la intervención de ley que en derecho corresponde.

FMI: La economía de Nicaragua se contrae 4% en 2018 y 1% en 2019

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe «Perspectivas de la Economía Mundial octubre 2018», proyecta una contracción de 4% en la economía de Nicaragua en 2018 y otra leve contracción de 1% en 2019, como resultado de las múltiples protestas antigubernamentales que han dejado muertos, detenidos y procesados.

Nicaragua, señala el organismo multilateral, ha dejado atrás la senda de la tasa de crecimiento económico de los últimos ocho años, cuando este indicador registró un mínimo de 4.4% en 2010 y un máximo de 6.5% en 2012.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) continúa manteniendo una expectativa de crecimiento de 1.0% en este año.

 

 

 

 

La situación económica de Nicaragua tiende a complicarse más en 2019

Crecimiento económico, inflación y desempleo en 2018

Desde finales de junio de este año, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) revisó su pronóstico del crecimiento económico de Nicaragua para 2018, tomando en cuenta la clara señal de que el país caía en una recesión económica a partir del 30 de septiembre. La caída esperada del producto interno bruto (PIB) real de este año actualizada por COPADES es igual a 3.5%, muy cercana a las últimas previsiones de The Economist de -3.4% y del Banco Mundial de -3.8%. Probablemente, en la próxima semana conoceremos la proyección actualizada de la evolución del PIB de Nicaragua elaborada por el  Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual prevemos estará fundamentada en el crecimiento económico positivo que aún mantiene el Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque muy leve por arriba del 0% o del estancamiento.

Además, el BCN ha provocado otras sorpresas con sus últimas dos publicaciones de la tasa de inflación mensual, mejor dicho la tasa de deflación o caída de precios de 0.08% y 0.24% en los meses de julio y agosto recién pasados respectivamente, las que conducen a una tasa de inflación acumulada en el año del orden de 1.66%. Hasta esta fecha, no he observado que las grandes y medianas empresas radicadas en el país hayan perdido poder de mercado, o sea, que hayan iniciado un proceso de reducción de precios al consumidor, sacrificando rentabilidad, para mantener semiactivas las operaciones empresariales. COPADES estima que la tasa de inflación de 2018, influenciada por el creciente precio del barril de crudo WTI que ya ha vuelto a romper la barrera de los US$70, la contracción monetaria y las expectativas inflacionarias, hoy exacerbadas por los anuncios del BCN en agosto, alcance el nivel de 7.4%.

No hay que confundir el número de despidos en las empresas con el número de desempleados debido a la crisis política que aún impera en el país. COPADES pronostica que la tasa de desempleo abierto subirá este año hasta 14.1% y la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo subirá a 13.6%, es decir, 184,200 personas perderán su empleo en 2018, que sumadas al ejército de desempleados existente en el país arrojan un total de 1 millón 23 mil personas que no generarán ingresos en este año.

Las presiones externas recientes impactarían en 2019

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, que ya se encuentra en la agenda del Senado de Estados Unidos, obstaculizará el acceso de Nicaragua al financiamiento externo, principalmente el proveniente de las instituciones financieras multilaterales, al enfocarse en la promoción de los derechos humanos en el país, excepto en la asistencia financiera o técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia. Habría, por supuesto, la imposibilidad de que el Gobierno de Nicaragua suscriba un nuevo programa de ajuste económico y reforma estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este riesgo afectaría a la economía de Nicaragua en 2019, a través del desplome de la inversión pública, que contribuye con el 7.6% en la formación del PIB, al cesar la ejecución de proyectos de infraestructura económica (caminos rurales, carreteras, puentes, red de distribución eléctrica, agua potable y alcantarillado), salud (construcción y equipamiento de centros de salud, casas maternas y hospitales), educación (construcción y equipamiento de centros escolares) y administración pública (fortalecimiento y equipamiento institucional).

Las restricciones políticas externas sobre la inversión pública de Nicaragua provocaría el aumento del desempleo y del subempleo, el desestímulo a la inversión privada local y extranjera, la caída progresiva del PIB y del gasto de consumo de las familias, la disminución de la recaudación tributaria, el ajuste del gasto corriente del presupuesto nacional -el pago de remuneraciones y la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento de la burocracia gubernamental- y una mayor contracción del medio circulante o dinero para la defensa de una deteriorada posición de las reservas internacionales, que en este escenario sólo estaría apoyada en el flujo de las remesas familiares.

Por otro lado, el 4 de octubre recién pasado los medios de comunicación pública dieron a conocer el aviso de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones financieras estadounidenses -incluyendo, por supuesto, a los bancos corresponsales de los bancos radicados en Nicaragua- sobre el riesgo de posibles transferencias de activos de funcionarios públicos del Gobierno de Nicaragua, también incluyendo a familiares y allegados, producto del delito y de la corrupción pública y que podrían dirigirse a cuentas en Estados Unidos. En otras palabras, el aviso apunta a evitar el lavado de dinero o cualquier actividad sospechosa a través de esas cuentas.

Las instituciones financieras, no sólo de Estados Unidos sino también del mundo -incluyendo las nicaragüenses-, que son receptoras de los avisos de FinCEN, tendrán que elevar el nivel de control de las operaciones antes mencionadas, así como las de las empresas que tienen relaciones con entidades gubernamentales. Se podría esperar que los bancos corresponsales de los bancos radicados en el país restrinjan las transferencias internacionales y las operaciones de comercio exterior que tengan origen en Nicaragua.

Como usualmente he reiterado, la única vía de solución al problema político que ha impactado todas la esferas de la vida nacional, la social, la económica y la financiera, es el diálogo. Sin el diálogo, todos los planos de la vida nacional se complicarán con el transcurso del tiempo. El deterioro social, económico y financiero será mayor. Por esto, es importante retomar el diálogo a nivel nacional antes de que la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 llegue a las manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.