La propuesta del presupuesto nacional para 2019 trae ciertas señales que dejan a entrever la complicada situación económica del país.
Los supuestos macroeconómicos que utilizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para formular el presupuesto nacional fueron:
- una tasa disminución del producto interno bruto (PIB) real de 1%, un objetivo que aparentemente no considera ningún riesgo político externo o interno;
- se mantiene la tradicional tasa de devaluación anual de 5%, lo cual está acorde con el principio de no alterar este precio líder de la economía cuando están a la vista serios problemas políticos; y
- la tasa de inflación anual es del orden de 5.4%, lo cual supone que no habrán alzas importantes en los precios de los alimentos, bebidas no alcohólicas, medicamentos y productos farmacéuticos, y combustibles. Dicho sea de paso, existen previsiones mundiales de que los precios internacionales del petróleo podrían subir hasta entre US$90 y US$100 después del anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán que entrarán en vigor el 4 de noviembre de este año.
Veamos las señales presupuestarias para 2019 con respecto al curso del presupuesto reformado de 2018.
El monto total de la recaudación de impuestos, equivalente a US$1,938 millones, cae 5.5% debido principalmente a la caída esperada en el valor de las importaciones de bienes CIF, por lo cual el IVA y el DAI sobre los productos importados reflejan las mayores caídas de entre 15% y 16%. La caída de la generación de ingresos, resultante de un menor nivel de producción, implicará que el impuesto sobre la renta también disminuya 4.5%. La carga tributaria en 2019 tiende a caer de 16.2% del PIB en 2018 a 14.6% del PIB en 2019
El gasto corriente, que está integrado por los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios de consumo para que el funcionamiento de la burocracia gubernamental, el pago de intereses de la deuda pública externa e interna y las subvenciones o transferencias, equivale a US$1,855 millones y muestra un leve aumento de 1.5%. Dicho sea de paso, el presupuesto contempla un ajuste salarial de 5% a los empleados del Gobierno Central.
El ahorro presupuestario cae 35%, lo cual introduce una fuerte restricción al financiamiento de los proyectos de inversión.
El principal indicador presupuestario que contribuye a la sostenibilidad del crecimiento económico del país y del empleo, que se han visto muy golpeados en 2018, es la inversión pública que tiende a caer 10.1% el próximo año. La actividad de la construcción ya está, por consiguiente, afectada en el presupuesto. También, dicho sea de paso, disminuiría la ejecución de proyectos relacionados con la red vial, construcción y equipamiento de centros de educación y de salud, y el fortalecimiento de instituciones estatales.
El déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, es equivalente a tiende a elevarse de 1.9% del PIB en 2018 a 2.3% del PIB en 2019, pero es financiado sólo en un 57% por recursos externos, o sea, con donaciones y préstamos netos de amortizaciones facilitados principalmente por instituciones financieras multilaterales.
¿Cómo se financia el 43% restante del déficit fiscal? Exclusivamente con emisión de deuda pública interna, equivalente a US$340 millones, levemente inferior al monto reformado de dicha emisión correspondiente a este año, que es del orden de US$386 millones. La variable de la emisión de deuda pública interna ha sustituido a la del aumento de las reservas internacionales, con el fin de mantener la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor nacional.
Es muy probable que el presupuesto formulado para 2019 y presentado el 15 de octubre a la Asamblea Nacional para su aprobación sea alterado con la aplicación de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018” que se encuentra en la agenda del Senado de Estados Unidos para su aprobación. Esa ley impone restricciones sobre instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, lo cual podría disminuir el monto del financiamiento externo previsto en la propuesta presupuestaria.
Un reducido financiamiento externo a la inversión pública, que estaría acompañado por una casi nula inversión extranjera directa y un desplome de la inversión doméstica privada, provocaría en 2019 un descenso de casi 10% del PIB Real; sin embargo, el aumento del desempleo provocaría una disminución de los ingresos y, consecuentemente, otra reducción del gasto de consumo de los hogares, lo cual incidiría en una segunda caída del PIB Real que la llevaría hasta 20%. La tasa de desempleo abierto se incrementaría, en porcentajes de la población económicamente activa, de 14.1% en 2018 a 23.3% en 2019.
La única forma para evitar este escenario económico draconiano es la negociación política para resolver los principales problemas políticos ya de todos conocidos, como son la realización anticipada de elecciones presidenciales y, por qué no, la liberación de los reos políticos, cuya mayoría son estudiantes universitarios. Es por ello que el diálogo es la única puerta de salida para contener el deterioro de la confianza de la población, en general, y de los agentes económicos y sociales, en particular.