El FMI nos visita de nuevo

21 07 2013

Presentación1

Nos dijeron en julio, pero será hasta en agosto que una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) nos visitará, en mi opinión, protocolariamente por la presentación del nuevo de director de dicha misión para Nicaragua, Przemek Gajdeczka de origen polaco, y, al estilo de una avanzada exploratoria, indagar sobre la situación de la reforma estructural del fondo de pensiones de seguridad social y hojear los datos macroeconómicos de nuestro país, que continúan, de acuerdo con mi opinión, obteniendo notas sobresalientes sin la ayuda del FMI durante 18 meses consecutivos.

Al 30 de junio de este año, las reservas internacionales brutas igualan 2.65 veces el saldo de la base monetaria, es decir del total de la emisión de dinero y del saldo de encaje sobre los depósitos en córdobas del público no bancario en el sistema financiero nacional que los banqueros llevan al Banco Central de Nicaragua (BCN) –el último programa con el FMI exigía 2.2 veces dicho saldo-; en este año, el superávit fiscal al 30 de abril era equivalente a 11 millones de dólares; la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero era apenas 0.77%, bastante menor que el 2% que obligaría al FMI a declararnos como un país que practica tipos de cambio múltiples que provocarían efectos negativos en la inversión extranjera directa; la tasa de inflación acumulada en el primer semestre, 3.8%, la interanual es de un dígito, 8.3%, anual; y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre alcanzó el nivel de 3.6%. Lo único sombrío es el costo de estos resultados: un aumento de la deuda pública emitida por el BCN del orden de 2 mil 24 millones de córdobas, o sea,  82 millones de dólares –¿quién controla este endeudamiento de los nicaragüenses, cuyos interés y mantenimiento de valor son pagados con nuestros impuestos?-, que redujo en 1 mil 696 millones de córdobas la cantidad de dinero que circula fuera del sistema financiero local, con el fin de aplacar la inflación aún con la presencia de la desaceleración económica de 3.4 puntos porcentuales con respecto al PIB del cuarto trimestre de 2012.

Muy bien, no; excelente sí. Así sería el resultado macroeconómico visto desde la lupa del FMI, aunque se eleven los índices de informalidad laboral y de subempleo y caiga la productividad de la economía.

Es muy probable que el economista polaco Przemek Gajdeczka, quien sustituye al economista brasileño Marcello Stevão al frente de la misión técnica del FMI, pregunte a las autoridades nacionales cuándo se iniciarán las conversaciones del quinto programa económico trienal –el cuarto programa, con un año más de extensión, expiró en diciembre de 2011-, pero la respuesta gubernamental no se prevé claramente. No olvidemos que Bayardo Arce, asesor económico y financiero del Presidente de la República, declaró que un nuevo programa con el FMI no es urgente y, después, Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, afirmo que aún dependemos del FMI.

En los 18 meses que ha navegado sola sin el apoyo fondomonetarista, Nicaragua no ha recibido un solo dólar de libre disponibilidad, “billete verde” como dice la gente, para apoyo tanto de la balanza de pagos como del presupuesto nacional. ¿A qué se debe esto? Sencillamente a la defensa de las reservas internacionales brutas del BCN, es decir, billetes verdes que no gasta la autoridad monetaria, por el crédito venezolano del 50% de la factura anual de las importaciones de petróleo y derivados, que en 2012, a manera de ejemplo, fue de 643 millones de dólares. Esta cifra es tremendamente superior a la suma de 40 millones de dólares promedio anual (apoyo a la balanza de pagos) que nos presta el FMI por suscribir y mantener un programa económico trienal y de 45 millones (para apoyo presupuestario) que nos presta anualmente y entrega en el último trimestre de cada año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por tener un programa suscrito con el FMI. Un gran total de 85 millones de dólares en “billetes verdes” del FMI y del BID frente a las centenas de millones de dólares que anualmente son protegidos en la bóveda del BCN con el crédito petrolero de Venezuela.

Como lo he afirmado anteriormente, no obstante mis críticas constructivas sobre algunas acciones de política económica del FMI en nuestro país desde hace más de 20 años, el apoyo que este organismo internacional brinda a Nicaragua con la suscripción y el mantenimiento de un programa económico es en la consolidación de la certidumbre, de la confianza, entre inversionistas privados, nicaragüenses y extranjeros.

También he señalado en bastantes ocasiones que un dólar en “billete verde”, no “atado” a la ejecución de programas y proyectos del sector público, es muy importante para un país como el nuestro, ahora de ingreso  medio bajo y aún muy endeudado en términos de producción, mientras no tengamos la capacidad propia para endeudarnos en el mercado financiero internacional, o sea,  términos financieros no concesionales.

Sin embargo, el tiempo pasa y las fuentes de financiamiento cambian. Hoy, en orden de importancia, financian el déficit comercial de Nicaragua, que ronda el astronómico 21% del PIB, los flujos de inversión extranjera directa, de remesas familiares, el crédito petrolero de Venezuela y la cooperación oficial del Resto del Mundo, pero no debemos dejarnos sorprender por la así llamada “enfermedad holandesa” presente en nuestra economía desde la década de los ochenta del siglo pasado cuando Nicaragua ocupó el segundo lugar en el mundo, después de Israel, en recibir la más elevada cooperación externa per cápita. Es cierto lo que dice Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), que con la inversión extranjera directa enfrentaríamos una apreciación del tipo de cambio real, tal como se demuestra con el elevado déficit comercial externo en porcentajes del PIB desde hace 33 años, pero cabe mencionar que el índice de sobrevaluación se ha reducido desde 69% en 1987, a 48% en 1991 y hasta 15% en 2011. El córdoba valía 15% más de lo que debía valer hace 18 meses.

Por consiguiente, sugiero al Presidente Daniel Ortega que apruebe el inicio de la discusión del quinto programa económico trienal con el FMI, con más razón ahora que debemos buscar el financiamiento apropiado para llevar a cabo la reforma estructural del fondo de pensiones de seguridad social. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la administración del Presidente Daniel Ortega no ha solicitado al FMI ningún préstamo para realizar las reforma estructurales que ha realizado desde 2007, incluso una de las más agitadas como la reciente reforma tributaria, Ley de Concertación Tributaria, pero teniendo un programa suscrito con el policía financiero internacional el gobierno podría optar a un préstamo para la reforma del fondo de pensiones de seguridad social.

Dicho sea de paso, la reforma del fondo de pensiones de la seguridad social no debería afectar los contratos ya suscritos entre los trabajadores activos e inactivos que ya firmaron con el Estado de Nicaragua las obligaciones y los derechos de la seguridad social. Hacerlo, sería un mal ejemplo de ingobernabilidad, y me siento obligado a mencionar esto por las controversiales leyes de corte económico aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional. El Estado, en la búsqueda del consenso sobre la reforma pendiente, puede asumir los riesgos repartiéndolos entre las futuras generaciones, por ejemplo gravando a los jóvenes que cotizarán por primera vez la seguridad social en beneficio de los ancianos, por lo cual habría que invitarlos a la mesa del nuevo consenso nacional. Ojalá que no quede fuera ningún protagonista de la reforma que se avecina, como quedó fuera del consenso de la reforma tributaria el principal pagador de impuestos del país, los consumidores.

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Bancos cobran 3.6 veces más de lo que pagan a los ahorristas

2 06 2013

Presentación1

Con los diez préstamos más grandes participando con el 11.3% en la cartera, el saldo total del crédito facilitado por las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) ha crecido con una tasa interanual de 27% hasta C$72,107 millones, equivalentes a US$2,953 millones ya que el 92% de los préstamos se entrega en dólares estadounidenses.

Sin embargo, persiste el problema estructural de la concentración de esta cartera de préstamos: el 71% (igual que en marzo de 2012) se destina a las actividades de comercio (asociado principalmente con la importación de bienes de consumo duraderos y no duraderos), vivienda (o préstamos hipotecarios para las familias), créditos personales (orientados a la compra de vehículos, reparaciones menores de las viviendas y consolidación de deudas de las familias) y tarjetas de crédito (que financian los gastos de consumo familiar).

En otras palabras, el agente económico más importante de los grupos financieros es el consumidor final, es decir, las familias. Cabe destacar que el sistema financiero nacional supervisado por la SIBOIF apenas aprobó, como porcentaje del total de la cartera de préstamos, el 1.7% a las actividades pecuarias, el 9.9% a las actividades agrícolas y el 16.3% a las actividades industriales manufactureras.

Sumando esos tres últimos porcentajes, sólo el 28% de la cartera de préstamos se destina a la producción en Nicaragua, por lo cual es fácil concluir que (i) el productor de bienes es un agente económico secundario en esos grupos financieros; (ii) el crecimiento de la banca está divorciado del crecimiento económico de las actividades agropecuarias e industriales del país; (iii) la actividad bancaria está sesgada hacia el financiamiento del consumo y la inversión financiera, esto último debido a que el 16% de los activos del sistema financiero se concentra en títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), dos entidades que tienen deudas internas del orden de 2.5% del PIB y 8.2% del PIB respectivamente; y (iv) se necesita el restablecimiento de la banca estatal de fomento de la producción, un instrumento necesario para que el gobierno se auxilie en la ejecución de la estrategia de crecimiento económico nacional, en el sentido de facilitar crédito con tecnología a productores que no son sujetos de crédito en la banca convencional. Cabe recordar que el cierre del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) en 1998 fue una condicionalidad de ajuste estructural impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del Consenso de Washington.

Pero los bancos cobran 3.6 veces más que lo que pagan a los ahorristas, al entregar intereses (con mantenimiento de valor, es decir, dolarizadas) de 0.85% a 5.22%, mientras que los préstamos van de 7.84% a 21.26% (dolarizadas). La soberanía del consumidor ha sido suplantada con la soberanía de la competencia imperfecta, o sea, con el oligopolio financiero de Nicaragua que actúa con un poder monopólico.

En marzo de este año, una cuenta de ahorro tradicional en córdobas “con mantenimiento de valor” devenga una tasa de interés “dolarizada” de 1.10%, que al sumarle la tasa de devaluación interanual (de marzo 2012 a marzo 2013) de 5% no concede beneficios a los ahorristas, porque ese total, 6.6%, es menor que la tasa de inflación interanual de 6.8%, por lo cual el ahorrista tiene una pérdida en el valor de sus ahorros.

Esa falta de estímulo por parte de la banca comercial ayuda a contestar por qué el ahorro financiero en córdobas ha caído desde 7.5% del PIB en 2006 hasta 4.8% del PIB en 2012 en Nicaragua. Ahora, si una persona solicita un préstamo de corto plazo en córdobas con mantenimiento de valor a las entidades financieras reguladas, tendrá que pagar una tasa anual de 14.97%, sin tomar en cuenta la tasa de interés de las tarjetas de crédito de 50% que fue denunciada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) como “coludida” en el Instituto de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) -ese acto fue sancionado por PROCOMPETENCIA en junio de 2011, pero fue invalidado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el argumento que la tasa de interés es un asunto exclusivo de la SIBOIF, contradiciendo así el paradigma legal de una economía de libre mercado (y de las leyes del país) que la tasa de interés es fijada por el mercado-.

Y si una persona solicitara un préstamo de largo plazo tendría que pagar una tasa anual de 21.26%. La tasa activa es siempre mayor que la pasiva, porque que los bancos obtienen parte de sus ganancias de ese diferencial o margen de intermediación financiera, que fue igual a 7.63 puntos porcentuales en marzo de este año. Así, la rentabilidad del sistema financiero, como un porcentaje de su patrimonio, se elevó de 19.24% en marzo de 2012 a 21.65% en marzo de 2013.

Por otro lado, el saldo de los depósitos en dólares, US$2,767 millones, que participa con el 74% en el total de los depósitos ha subido de 21.3% del PIB a 26.0% del PIB entre los mismos años antes mencionados. Sin embargo, se observa la particularidad que los depósitos relacionados con la asistencia financiera de Venezuela, que se ha concentrado principalmente en dos bancos (BANPRO y LAFISE BANCENTRO), contrajeron la razón (y ampliaron la brecha) entre el saldo total de préstamos y el saldo total de los depósitos desde 95% (5%) en el primer trimestre de 2009 hasta 62% (32%) en el primer trimestre de 2012, pero ha vuelto a expandirse (y se redujo la brecha) hasta 78% (22%) en el primer trimestre de 2013. Esta situación preocupó al FMI, de tal forma que recomendó al BCN que mantuviera un monitoreo permanente sobre la evolución de esos depósitos para evitar un nuevo deterioro de la cartera de préstamos.

En resumen, los usuarios que utilizan los servicios financieros enfrentan un alto costo del crédito y un bajo rendimiento de sus ahorros tradicionales. Los ahorristas obtienen tasa de rendimientos reales negativas por sus recursos depositados en las entidades bancarias, sin contar las comisiones y los saldos mínimos que debe mantener un ahorrador para no recibir ninguna pena. Además, tres bancos (BANPRO, LAFISE BANCENTRO y BAC) concentran el 81% del total de activos del sistema financiero nacional y, debido al crecimiento de la economía informal, que ha pasado de 64% en 2006 a 76% en 2012, un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito bancario por falta de garantías.

El Consenso de Washington, ya enterrado en la Cumbre del G-7 en Seúl en noviembre de 2010, continúa vivo en Nicaragua. Aun así, la solución de los problemas estructurales del sistema financiero nacional debe constituir un punto de la agenda nacional para fortalecer el modelo económico del país, el cual no debería continuar basándose en la pobreza de nuestra nación. El Consenso de Washington no generó pobreza, sino que funcionó sobre la pobreza. Ahora se necesita discutir cómo será reducida efectivamente la pobreza de nuestro país.





Los riesgos político y moral de la UAF

14 06 2012

Tengo la plena seguridad que el principal flagelo que perseguiría la UAF en Nicaragua sería la corrupción, que al ser reducida atraerá más la inversión privada doméstica y extranjera. Por esto considero que el diputado Wálmaro Gutiérrez, un servidor de los nicaragüenses desde su curul, está obligado a promover la certidumbre entre todos los agentes económicos del país, para que avancemos en la lucha contra el subempleo y la pobreza. Muy cuestionables fueron sus palabras autoritarias que “los inversionistas que no estén de acuerdo con la UAF, que se vayan”, porque no abonan al buen desempeño de la economía nicaragüense.

La Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) persigue el objetivo de satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados con delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De los cuatro delitos antes mencionados, los dos primeros, el narcotráfico y la corrupción, son los de mayor trascendencia para nuestro país, que desde lejos ve el crimen organizado y el terrorismo y ojalá que nunca los tengamos entre nosotros.

La Ley de la UAF fue solicitada por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Nicaragua cuando era presidente el Ing. Enrique Bolaños, en el marco de las condicionalidades de reformas estructurales del sistema financiero nacional. Antes de la reglamentación y aplicación de esta ley, por el ruido de la  reacción airada de algunos legisladores, ya estamos viendo su costo político, el cual adicionado al costo económico de la misma, dejará bastante atrás los beneficios de la misma. El beneficio que se perfila es reducir el costo de las relaciones financieras de Nicaragua cuando salga de la lista gris del GAFI, en la cual nos acompañan tres países latinoamericanos, Ecuador, Venezuela y Argentina.

Desde antes de salir a luz pública, está ley se ha sobredimensionado ante el tamaño muy pequeño de los bancos radicados en el país al ser comparados con los bancos de los otros países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá. Un narcotraficante se entregaría fácilmente a la justicia si decidiera usar cualquiera de estos bancos para transferir cuantiosas sumas de dinero provenientes de su delincuencia. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 el BANPRO, que es el banco más grande Nicaragua al tener activos por 1 mil 570 millones de dólares, ocupó el lugar 32 entre los 136 bancos de la subregión, mientras que el banco más grande de dicha subregión es el HSBC Bank de Panamá, con un monto de activos de 11 mil 179 millones de dólares, 7 veces más grande que el BANPRO. Es por esa razón que los dólares de los narcotraficantes son capturados en las aduanas de las fronteras del país.

En los países de economías avanzadas se dejan a un lado los derechos humanos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, en cuyos aeropuertos escanean a las personas antes de abordar un avión;  sólo el hecho de obligar a quitarse los zapatos para abordar un avión, atenta contra la privacidad personal. No valen las protestas en este sentido.

Pero estamos en Nicaragua, un país abatido por la corrupción y la pobreza, por lo cual comparto los señalamientos del COSEP sobre su oposición a los artículos 4 y 9 de la Ley de la UAF porque atenta contra el derecho humano de la privacidad de las personas contemplado en nuestra Constitución, viola el sigilo bancario que sólo puede ser roto con un mandato judicial y permite  la discrecionalidad política en la investigación a las personas.

Considero que sería tan nocivo dejar a la UAF, en un extremo, decidiendo sola a quien investigar entre los depositantes de más de 10 mil dólares debido al riesgo de persecución política, como dejar sólo en otro extremo a los obligados por la ley –bancos, microfinancieras, cooperativas, casas de cambio, casas de empeño, envío de remesas y casinos- a pasar los Reportes de Investigaciones Sospechosas (RIS) a la UAF debido al riesgo moral imperante en las instituciones bancarias financieras. Por estas razones, considero que debería buscarse el consenso en los dos artículos de la ley antes citados.

El riesgo político es veraz y no imaginario, y sería más convincente si la UAF fuese presidida por un policía activo o un miembro del ejército activo, a sabiendas que el presidente de la República es el jefe máximo de ambos cuerpos armados, y la UAF, según su Ley, dependerá del despacho presidencial. Además, en Nicaragua los políticos politizan todo. Un ejemplo de lo anterior es mi querella contra Eduardo Montealegre Rivas, quien gozó del cumplimiento del único acuerdo de Metrocentro II, que fue impedir su desaforación con el apoyo de sus aliados políticos que eran mayoría en la Asamblea Nacional y, ahora, con una nueva Asamblea Nacional, la Primera Secretaria de su Junta Directiva me afirmó que mi acusación es política porque el acusado es político, confundiendo la calidad de la presunta delincuencia común de Eduardo Montealegre.

También el riesgo moral del mundo financiero es real y veraz, pero no imaginario. No hay que olvidar que la profesión de banquero es hoy la más criticada en el mundo, debido a los efectos de la grave crisis financiera y de la recesión económica que vivimos desde hace 4 años y que parece se extenderá por, al menos, una década más. Gracias al sigilo bancario, los banqueros han realizado actividades libertinas, que no guardan ninguna relación con el libre mercado, son indemnizados con grandes sumas de dinero por el cierre de bancos quebrados, no han sido sancionados ni se dejan regular de las autoridades gubernamentales.

En la búsqueda del consenso necesario que requiere la Ley de la UAF ya aprobada por la Asamblea Nacional, y que sería posible con la decisión del Presidente de la República, Daniel Ortega, propongo que (i) la Unidad de Análisis Financiero dependa del Ministerio Público, porque es necesario una supervisión más independiente del sector bancario y por lo cual hay que apoyar a dicha institución con más recursos humanos calificados, recursos físicos y recursos financieros; (ii) un funcionario de la UAF, mediante ley, podría integrar la Junta Directiva de las instituciones bancarias y de las instituciones obligadas en general, con el fin exclusivo de proceder a la identificación de las personas sospechosas, y así se evitaría el rompimiento del sigilo bancario y del derecho humano de la privacidad de las personas; y (iii) la UAF informaría a la Policía Nacional sobre la identificación de las personas sospechosas con el lavado de dinero para que proceda a la investigación.

Una cosa importante: si el delegado de la UAF en los consejos directivos de las instituciones obligadas cae en la corrupción, no sólo él se expondría a la sanción legal sino también todos los miembros de la junta directiva de la institución obligada, excepto aquél que en forma escrita se opusiese a esa corrupción.