Sin conocer que dice el reglamento del uso de la tarjeta de crédito para el consumo que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) mandara a publicar en el Diario Oficial La Gaceta en la semana pasada, haré algunas observaciones al Comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) que publicaron los periódicos este lunes 31 de mayo de 2010.
Es meritorio reconocer que los grupos financieros comiencen a dar muestras de un comportamiento transparente en el negocio de las tarjetas de crédito para el consumo, porque brindarán asistencia financiera a las personas que la requieran acerca del uso apropiado de las tarjetas y, por ende, del crédito, la capacidad de pago en función del ingreso, y del papel que juegan las centrales de riesgo, aunque debo reiterar que al no existir una ley que proteja los datos personales de las personas físicas no será posible evitar el mal uso y el abuso de dicha información. Es necesario que la Asamblea Nacional legisle sobre el uso de la información privada.
Aunque el comunicado no menciona el tipo de letra y su tamaño del contrato aceptado entre el acreedor y el deudor, los grupos financieros han dado un paso positivo al informar a sus prestatarios en los estados de cuenta cuál es el plazo para cancelar la deuda con el pago mínimo y cuál sería el monto a pagar si decidiesen cancelar su deuda en un año. Otro paso positivo es el de informar a los fiadores de este tipo de deuda sobre sus obligaciones, derechos y atención en los bancos. Esto ayudaría a eliminar el acoso telefónico que atenta contra los más elementales derechos humanos, pero debería ser prohibido por la Asamblea Nacional.
En cuanto a las tasas de interés, cabe preguntar el porqué la disminuirán de 60% a 50%, o sea 10 puntos porcentuales, a partir del día siguiente de la fecha de corte de junio de 2010. Los grupos emisores de tarjetas deben conocer que en Nicaragua, uno de los países pobres y aún muy endeudados del mundo, la tasa de interés pagada por las deudas de la tarjeta de crédito de consumo es la más alta entre los países centroamericanos y, además, que la tasa de interés de préstamos entre particulares publicada por el Banco Central de Nicaragua, que puede ser utilizada como una referencia del mercado, es de 16.69% en junio de 2010.
Es sorprendente la decisión oligopólica de reducir apenas en 10 puntos porcentuales la tasa de crédito para el consumo hasta cuando Nicaragua está saliendo de la recesión económica en el primer trimestre de este año, aparentando desconocer que en 2009 los consumidores dejaron de pagar sus deudas involuntariamente por los efectos de la recesión económica mundial, entre los cuales se destacan la caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), la reducción de 6% del flujo anual de las remesas familiares y el aumento de 65,000 personas desempleadas, mientras los grupos financieros mandaban a más de 40,000 personas a los juzgados por su incapacidad de pago.
Con más razón, la Asamblea Nacional se vería obligada a legislar sobre este tema, no para fijar sino para regular, con base en el mercado, no sólo las tasas de interés cobradas por el sistema financiero nacional, sino también las comisiones por la concesión de los préstamos.
A finales de marzo de este año, el 10.3% de la cartera total de préstamos de las entidades financieras nacional, o sea US$305 millones, correspondía al saldo de la deuda por tarjeta de crédito para el consumo, el cual ha disminuido 30% desde que explotó Wall Street en septiembre 2008, pero ha dejado una importante ganancia a los emisores de las tarjetas que han cobrado una tasa de interés de 60% en el mercado local desde el año de 2001, la cual ha sido publicada mensualmente por el Banco Central de Nicaragua.
Ante la recesión económica mundial desatada por la crisis financiera internacional, los grupos financieros locales optaron por sacrificar su rentabilidad, que cayó, en porcentajes de los activos, de 1.01% en junio de 2008 a 0.11% en marzo de 2010, por garantizar una mayor liquidez, que se elevó, en porcentajes de los activos, de 23.0% a 30.7% en las fechas antes mencionadas. Esa fue la acción que tomaron los bancos locales frente la incertidumbre mundial, mientras que la autoridad monetaria se comportaba muy pasivamente sin ejercer una política monetaria anti-cíclica para evitar la caída importante de la producción interna de bienes y servicios en 2009.
Es también muy sorprendente que entre los alivios para el consumidor financiero, los grupos financieros se propongan dispensar a los que reestructuren sus deudas por dificultades de pagos todos los gastos judiciales, intereses moratorios, intereses corrientes y cargos por gestión de mora, lo cual deja a entrever que estas regalías son posibles por la ausencia de regulación financiera sobre este tipo de préstamos. Este es otro argumento para invitar a la Asamblea Nacional para que legisle para una defensa efectiva de los tenedores de tarjetas de crédito para el consumo.
Si los trabajadores bancarios no cumpliesen apropiadamente lo estipulado en una nueva ley de tarjetas de crédito para el consumo, sugiero que se obligue a la SIBOIF, a petición de los consumidores, publicar los nombres de esos empleados por banco, así como la SIBOIF actualmente exige que se publiquen los nombres de los deudores en mora junto a los nombres de los fiadores.
Si la situación del crédito para el consumo permanece tal como está planteada en el Comunicado de ASOBANP, el consejo que les ofrecí a los consumidores financieros a inicios del año pasado también se mantiene vigente: reestructuren sus deudas por consumo, guarden y no usen sus tarjetas, paguen el saldo reestructurado y, después, devuélvanlas.