Hay que legislar sobre el uso de las tarjetas de crédito

Sin conocer que dice el reglamento del uso de la tarjeta de crédito para el consumo que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) mandara a publicar en el Diario Oficial La Gaceta en la semana pasada, haré algunas observaciones al Comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) que publicaron los periódicos este lunes 31 de mayo de 2010.

Es meritorio reconocer que los grupos financieros comiencen a dar muestras de un comportamiento transparente en el negocio de las tarjetas de crédito para el consumo, porque brindarán asistencia financiera a las personas que la requieran acerca del uso apropiado de las tarjetas y, por ende, del crédito, la capacidad de pago en función del ingreso, y del papel que juegan las centrales de riesgo, aunque debo reiterar que al no existir una ley que proteja los datos personales de las personas físicas no será posible evitar el mal uso y el abuso de dicha información. Es necesario que la Asamblea Nacional legisle sobre el uso de la información privada.

Aunque el comunicado no menciona el tipo de letra y su tamaño del contrato aceptado entre el acreedor y el deudor, los grupos financieros han dado un paso positivo al informar a sus prestatarios en los estados de cuenta cuál es el plazo para cancelar la deuda con el pago mínimo y cuál sería el monto a pagar si decidiesen cancelar su deuda en un año. Otro paso positivo es el de informar a los fiadores de este tipo de deuda sobre sus obligaciones, derechos y atención en los bancos. Esto ayudaría a eliminar el acoso telefónico que atenta contra los más elementales derechos humanos, pero debería ser prohibido por la Asamblea Nacional.

En cuanto a las tasas de interés, cabe preguntar el porqué la disminuirán de 60% a 50%, o sea 10 puntos porcentuales, a partir del día siguiente de la fecha de corte de junio de 2010. Los grupos emisores de tarjetas deben conocer que en Nicaragua, uno de los países pobres y aún muy endeudados del mundo, la tasa de interés pagada por las deudas de la tarjeta de crédito de consumo es la más alta entre los países centroamericanos y, además, que la tasa de interés de préstamos entre particulares publicada por el Banco Central de Nicaragua, que puede ser utilizada como una referencia del mercado, es de 16.69% en junio de 2010.

Es sorprendente la decisión oligopólica de reducir apenas en 10 puntos porcentuales la tasa de crédito para el consumo hasta cuando Nicaragua está saliendo de la recesión económica en el primer trimestre de este año, aparentando desconocer que en 2009 los consumidores dejaron de pagar sus deudas involuntariamente por los efectos de la recesión económica mundial, entre los cuales se destacan la caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), la reducción de 6% del flujo anual de las remesas familiares y el aumento de 65,000 personas desempleadas, mientras los grupos financieros mandaban a más de 40,000 personas a los juzgados por su incapacidad de pago.

Con más razón, la Asamblea Nacional se vería obligada a legislar sobre este tema, no para fijar sino para regular, con base en el mercado, no sólo las tasas de interés cobradas por el sistema financiero nacional, sino también las comisiones por la concesión de los préstamos.

A finales de marzo de este año, el 10.3% de la cartera total de préstamos de las entidades financieras nacional, o sea US$305 millones, correspondía al saldo de la deuda por tarjeta de crédito para el consumo, el cual ha disminuido 30% desde que explotó Wall Street en septiembre 2008, pero ha dejado una importante ganancia a los emisores de las tarjetas que han cobrado una tasa de interés de 60% en el mercado local desde el año de 2001, la cual ha sido publicada mensualmente por el Banco Central de Nicaragua.

Ante la recesión económica mundial desatada por la crisis financiera internacional, los grupos financieros locales optaron por sacrificar su rentabilidad, que cayó, en porcentajes de los activos, de 1.01% en junio de 2008 a 0.11% en marzo de 2010, por garantizar una mayor liquidez, que se elevó, en porcentajes de los activos, de 23.0% a 30.7% en las fechas antes mencionadas. Esa fue la acción que tomaron los bancos locales frente la incertidumbre mundial, mientras que la autoridad monetaria se comportaba muy pasivamente sin ejercer una política monetaria anti-cíclica para evitar la caída importante de la producción interna de bienes y servicios en 2009.

Es también muy sorprendente que entre los alivios para el consumidor financiero, los grupos financieros se propongan dispensar a los que reestructuren sus deudas por dificultades de pagos todos los gastos judiciales, intereses moratorios, intereses corrientes y cargos por gestión de mora, lo cual deja a entrever que estas regalías son posibles por la ausencia de regulación financiera sobre este tipo de préstamos. Este es otro argumento para invitar a la Asamblea Nacional para que legisle para una defensa efectiva de los tenedores de tarjetas de crédito para el consumo.

Si los trabajadores bancarios no cumpliesen apropiadamente lo estipulado en una nueva ley de tarjetas de crédito para el consumo, sugiero que se obligue a la SIBOIF, a petición de los consumidores, publicar los nombres de esos empleados por banco, así como la SIBOIF actualmente exige que se publiquen los nombres de los deudores en mora junto a los nombres de los fiadores.

Si la situación del crédito para el consumo permanece tal como está planteada en el Comunicado de ASOBANP, el consejo que les ofrecí a los consumidores financieros a inicios del año pasado también se mantiene vigente: reestructuren sus deudas por consumo, guarden y no usen sus tarjetas, paguen el saldo reestructurado y, después, devuélvanlas.

Reducción del déficit fiscal igual a contracción del gasto social

Las reformas estructurales provenientes del Consenso de Washington, impuestas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ejecutadas principalmente por el Banco Mundial (BM), dejaron al Estado de Nicaragua sin extremidades superiores e inferiores, impedido para coordinar y dirigir los procesos económicos y sociales, reducido a un simple policía para imponer supuestamente el orden dejando hacer y dejando pasar todo, y heredando al mercado la estrategia para alcanzar el bienestar social de los nicaragüenses desde hace dos décadas.

Todo mundo aprendió de esos crasos errores. Los países ricos y los países pobres. La deuda pública externa que financió todas esas reformas estructurales fue totalmente condonada por la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados y la Iniciativa del Alivio de la Deuda Multilateral, porque 43 países del planeta no podían pagarla. Con esos errores cayó también el paradigma del BM que existía una relación automática entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, otro lamentable error teórico y pragmático del principal brazo ejecutor de las reformas estructurales impuestas por el FMI bajo el paraguas del Consenso de Washington.

Hoy, por un lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su reciente documento “La situación y perspectiva de la economía mundial en 2010”, elevan el pronóstico de crecimiento del conjunto de la región latinoamericana para este año al 4%, que contrasta con la contracción de 2.1% registrada en 2009 después de la caída de Wall Street y de los mercados financieros de otras economías avanzadas del mundo.

Sin embargo la ONU advierte que las restricciones fiscales producto de los déficit del año pasado limitarán la capacidad de numerosos países para estimular de nuevo sus economías con dinero público y reconoce que los nuevos estímulos fiscales serían “cruciales”, particularmente en Centroamérica, más aún con la caída de la ayuda oficial desarrollo que pone a los países de más bajos ingresos, Bolivia, Honduras y Nicaragua, muy a la zaga para lograr algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio prefijados para 2015. Los expertos señalan que los tres países antes mencionados necesitan una ayuda extraordinaria ente 1.5% y 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual para alcanzar los objetivos en educación, salud y servicios básicos entre 2010 y 2015.

Por otro lado, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) en otro reciente informe “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir” resaltó la “necesidad de un fuerte papel del Estado”, porque la región se consolidó como la más desigual del mundo cuando el ingreso promedio por persona en el estrato más acaudalado supera 17 veces al que percibe el 40 por ciento de personas en los hogares más pobres, por lo cual se inhibe el traslado de los frutos del crecimiento a los sectores más pobres. No es tan cierto, pues, que el crecimiento económico reduce automáticamente la pobreza.

La CEPAL hace recordar que la crisis de la deuda externa a principio de la década de los ochenta absorbió los ingresos presupuestarios para el pago de intereses a acreedores externos, por lo cual se impuso la condición de reducir el gasto público, sobre todo el gasto social.

Continúa indicando el informe de la CEPAL que se privatizó parte de la provisión del bienestar, se redujo el gasto público social y se promovió la descentralización. Diversos regímenes de seguridad social, salud y hasta educación fueron transformados de sistemas de reparto. Se implementaron políticas de desregulación y flexibilización contractual con tendencias a la reducción de los costos salariales y la precarización contractual, lo que fomentó el trabajo por cuenta propia y el trabajo informal, en condiciones de elevadas tasas de desempleo.

Se tendió también a descentralizar los sistemas educativos y de salud pública, con los consiguientes problemas de financiamiento a nivel de las entidades regionales en cada uno de los países. Se privatizaron parte de estos servicios, así como la infraestructura social básica. En el ámbito asistencial, mientras tanto, el esfuerzo se centralizó en el desarrollo de políticas de combate a la pobreza, con la consiguiente masificación y multiplicación de programas sociales focalizados.

Fue en ese marco que en la región latinoamericana se impulsaron dos tipos de medidas: unas, encaminadas a promover la estabilidad mediante la aplicación de políticas públicas orientadas por los mecanismos de mercado y otras que apuntaban a reducir el tamaño del aparato estatal  y su grado de intervención económica, agregó la CEPAL. En ese camino se desmantelaron instituciones fundamentales para el desarrollo de sectores como el agrícola o el industrial, que tenían un papel importante en la formulación de políticas de largo plazo y en el desarrollo productivo.

Está claro, dice la CEPAL, que hay funciones cuya responsabilidad atañe al Estado para velar por el bien común y la cohesión social”, y aseguró que el mercado por sí solo no produce igualdad ni bienes públicos y tampoco se ocupa de la situación a largo plazo. Esto, dijo, no significa negar la utilidad de los mecanismos de mercado o de las adecuadas combinaciones público-privadas para la asignación de recursos y la provisión de servicios.

Por eso, concluye la CEPAL, el Estado es el principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo productivo, promoción del empleo y la igualdad”.

Por mi parte, siempre he manifestado que el mercado es hijo del Estado y el hijo debe siempre respetar al padre. Varios colegas economistas, entre ellos yo, también afirmamos que junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado.

Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica, con un PIB anual de US$6,150 millones y una población total de 5.7 millones de habitantes, ha visto caer la ayuda oficial desde 19% del PIB en 1999 hasta 9% del PIB en 2009, con una deuda pública total, interna y externa que se aproxima al 80% del PIB de 2009, pero si excluimos el saldo pendiente de reestructuración de casi US$1,600 millones adeudados a 8 países que no son miembros del Club de París, la deuda total se reduciría a 52% del PIB, del cual 36 puntos porcentuales correspondería a la deuda interna.

Sin embargo, la receta fondomonetarista para el presupuesto, que privilegia el pago de las deudas públicas, no importa si las obligaciones internas han sido denunciadas como ilícitas y denunciadas penalmente en Nicaragua, restringen el déficit fiscal de 5.2% del PIB en 2009 a 4.4% del PIB en 2010, y lo lleva hasta 3.1% del PIB en 2014 debido a la caída de la ayuda oficial al desarrollo y a la necesidad de reducir la deuda pública en términos de porcentajes del PIB, con la consecuente reducción del gasto social.

La posición del FMI es contradictoria con la de la ONU y la de la CEPAL, porque no distingue la situación social de cada país en la aplicación de su receta ortodoxa. El FMI debería aprender de sus errores pasados, porque repetirlos provocaría una mayor desgracia para los países latinoamericanos.

El mercado libre no debe confundirse con el mercado libertino, el cual hay que reducir y sancionar. La presencia del déficit fiscal no debe confundirse también con la indisciplina financiera, la cual hay que erradicar para proteger el bienestar social.

Juez pospone audiencia

Mi apoderada legal, Dra. Karla Marina Alvarado Martínez, me informó el viernes 28 de mayo que la audiencia programada por el Juez Tercero Local Penal de la Ciudad de Managua para ese día a las 11:00 a.m., por el desacato de las autoridades administrativas del Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) a un mandato judicial de ineludible cumplimiento relacionado con el embargo preventivo de los bienes y valores de Eduardo Montealegre, se reprogramó para el 28 de junio a las 11:00 a.m.

Aunque el BANCENTRO cumplió dicho mandato 18 días después que el Juez Ejecutor del embargo preventivo había sido ofendido en su calidad de representante de la Administración de la justicia de Nicaragua, el proceso continúa y en su momento apropiado saldrá la prueba que dicho banco mostró sus libros de acciones y de acuerdos de la junta directiva.

Hago propicia esta oportunidad para aclarar a la población nicaragüense, en general, y a los trabajadores del BANCENTRO, en particular, que el responsable de que el BANCENTRO haya sido conducido al Juzgado Tercero Local Penal de la Ciudad de Managua y acusado penalmente fue su Gerente Legal, el Dr. Julio César Vega Pasquier, quien obstruyó, retardó y desacató a la justicia de nuestro país.

Nicaragua ya salió de la recesión económica

En el primer trimestre de este año, Nicaragua reconfirmó su salida de la recesión económica, al registrar el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Banco central de Nicaragua (BCN), un crecimiento interanual de 3.0%, mientras que el desempeño de la producción crecía apenas 0.1% en el cuarto trimestre de 2009.

Cabe recordar que Nicaragua entró en recesión económica en el cuarto trimestre de 2008, al caer el IMAE 1.9% y continuó cayendo en los tres primeros trimestres de 2009 con tasas de 2.9%, 6.2% y 1.9% respectivamente. Técnicamente, un país entra en recesión cuando se registran dos caídas trimestrales consecutivas en el desempeño de la producción.

De acuerdo con datos oficiales, la agricultura desaceleró su caída con una mayor producción de caña de azúcar y una mayor siembra de granos básicos, especialmente frijol, en la época de apante del ciclo agrícola 2009/2010.

La actividad pecuaria observó una mayor matanza de ganado vacuno por la limitación de la disponibilidad de pastos ante la escasez de lluvias provocada por el fenómeno El Niño.

La pesca continuó creciendo por una mayor producción de camarón de cultivo y de pescado.

La industria manufacturera basó su crecimiento tanto en la producción de alimentos, principalmente carne de res y de pollo, alimentos para aves, aceite vegetal, leche pasteurizada, galletas y avena, como en la producción de vestuario en las empresas del régimen de zona franca por aumentos de pedidos del exterior.

La actividad gubernamental crece acorde con la contratación de personal.

La generación de los servicios de energía eléctrica y agua potable mantienen sus ritmos de crecimiento por el mejor desempeño productivo del país.

Sin embargo, la construcción, la minería, el comercio y el sistema financiero registran desaceleraciones en las caídas de sus niveles productivos.

En la construcción y la minería inciden la reducción de la producción de cemento, bloques, adoquines, asfalto y piedra triturada, así como de la extracción de arena, aunque se dio un aumento en la extracción del oro y de la plata por el reinicio de operaciones de la empresa B2Gold ubicada en la Libertad, Chontales.

El comercio se ha visto afectado por la menor comercialización de bienes de origen importado y de productos agrícolas.

El sistema financiero nacional continúa sacrificando rentabilidad por asegurar una mayor liquidez, al contraer los préstamos comerciales, hipotecarios, personales y de consumo.

No es tan cierto, como afirman algunos políticos de la oposición, que la situación económica del país ha empeorado, porque ya quedó atrás la recesión; la inflación de 3.9% acumulada en los primeros cuatro meses del año está influenciada principalmente por los precios de las materias primas internacionales, principalmente el petróleo y sus derivados, porque la emisión de dinero se ha contraído 7.1% en el mismo período antes mencionado; y con el fondo contingente de US$165 millones del FMI, entregados a Nicaragua en agosto de 2009 por mandato del Grupo de los 20, las reservas internacionales brutas suman a finales de mayo US$1,524 millones y son equivalentes a 2.9 veces la base monetaria, mayor que la condicionalidad establecida con el FMI de 2.2 veces.

Es el ruido político el que eleva el riego- país de Nicaragua, obstaculiza la inversión e impide la generación de empleos y, por ende, una mayor generación de ingresos y la disminución de la pobreza. Y este problema es causado por todos los políticos. Nicaragua puede crecer económicamente con tasas de 8%, 10%, en forma sostenida anual, pero con una sólida voluntad política con visión de nación.

El nuevo rumbo de la política financiera de Nicaragua

Las reformas financieras están en la mesa de discusión entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No se limitan a las reglamentaciones de la ley de reestructuración de la deuda en mora con las microfinancieras y la tarjeta de crédito para el consumo, ambas presentadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), sino que tratan de fortalecer más a las entidades financieras que proteger a los consumidores financieros.

Esas reformas tratan de repetir y establecer las pruebas de estrés financieros a las que se sometieron a los bancos de Wall Street después de la debacle de septiembre de 2008 y validar los préstamos de acuerdo con los riesgos de concentración crediticia.

Introducen el intercambio de información entre las superintendencias de varios países para controlar a los bancos que tienen su casa matriz fuera de Nicaragua, lo cual implicaría una mayor supervisión sobre el Citi y el Banco de América Central, cuyas sedes están en los Estados Unidos, y probablemente el Banco de Finanzas que cuenta con capital panameño.

Las gerencias de crédito de los bancos manejarán información histórica y actual de los clientes de las instituciones financieras, con el propósito de administrar en mejor forma el riesgo bancario, no obstante aún no se ha legislado sobre la privacidad de los datos de los consumidores financieros y deudores de otras empresas comerciales y de servicios personales y comunales. Por consiguiente, se reduce el riesgo bancario a costa del abuso de la privacidad de los deudores.

Por otro lado, en un país donde se abusa de la inmunidad, sería intolerable que se le conceda inmunidad vitalicia al superintendente de bancos, un servidor público que tendría protección legal después de haber cumplido su mandato y, además, otorgar protección legal a los oficiales de la SIBOIF. Ojalá que los legisladores nicaragüenses desechen ese planteamiento fondomonetarista, porque, al contrario, se debería limitar y reducir los niveles de inmunidad e impunidad de muchos servidores públicos que desprestigian a la nación y al país.

Mientras el Capítulo XV de la propuesta de la nueva ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), que en principio será aprobada a finales de junio de este año según las condicionalidades de reforma estructural, persigue entre sus objetivos absorber la administración del Sistema de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), el FMI ha sugerido que se mantenga la independencia de este Fondo y trasladar al gobierno, entiéndase a los contribuyentes, cualquier crisis que lo afecte.

En el ámbito de las remesas familiares, se pretende aprobar una ley para regular el servicio de sus transferencias, que ojalá no eleve sus costos por el requisito del pago electrónico de todas las liquidaciones de sus montos.

Ante ese nuevo rumbo de la política financiera de Nicaragua, sólo resta agregar que se requiere legislar para (i) regular –lo cual no significa fijar- las tasas de interés que, en la actualidad, son fijadas semanalmente por el oligopolio financiero del país; (ii) determinar el papel del BCN en esa regulación del costo del crédito, o sea fortalecer el papel del rector de la política financiera en su nueva propuesta de ley orgánica; (iii) reformar la ley de la SIBOIF para diferenciar la intensidad y la calidad de las normas prudenciales sobre bancos corporativos, bancos detallistas, bancos especializados en el microcrédito -primero hay que emitir la ley de microfinancieras- y bancos de desarrollo agropecuario; y (iv) sobre todo, proteger a los consumidores financieros.

El policía financiero internacional siempre ha sido ortodoxo

Cuando existe un programa suscrito con el Fondo Monetario (FMI) se deben mantener los acuerdos, y si no se cumplen, especialmente las reformas estructurales de la economía, se cierran sin previo aviso las ventanillas de préstamos multilaterales de divisas líquidas de libre disponibilidad, que para el caso de nuestro país son las del FMI con US$18 millones y las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con US$40 millones en este año. Cabe mencionar que desde 2009 ya no se reciben préstamos de este tipo del Banco Mundial (BM), asignados al apoyo presupuestario.

Desde que se anunció el bono salarial de C$529 para cada uno de los 120.000 empleados públicos, con un total equivalente a US$27 millones incluyendo el monto del décimo tercer mes, aseguré que el procedimiento inapropiado de entrega del bono podría entorpecer la aprobación de la cuarta revisión del Programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Una sugerencia que hice en esa oportunidad fue incluir el monto total del bono salarial en las transferencias corrientes recibidas por el presupuesto (en este caso, de la empresa privada ALBANISA) y el pago del bono salarial en el gasto corriente, específicamente entre las prestaciones laborales, que es parte de las remuneraciones de los trabajadores. Pero esto implicaría entregar el 6% a las universidades y el 4% al Poder Judicial, lo cual podría repercutir en reducir el bono salarial para cada trabajador en C$52.90, que no sería fácilmente aceptado, o elevar el valor del bono donado por ALBANISA,  que sería bastante difícil.

Creo que mantener la entrega de dicho bono fuera del presupuesto entorpecerá el diálogo macroeconómico entre Nicaragua y el FMI y expondrá al riesgo el desembolso de US$58 millones en este año y la extensión del Programa SCA en 2011, porque expira en septiembre próximo con buenos números y con un avance notable en las reformas estructurales acordadas.

Ese tipo de problemas ya lo hemos tenido recientemente y en la década pasada, pero parece que se olvidan pronto. Por ejemplo, en 2005 se cerraron las ventanillas por la falta de cooperación entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo por sus conflictos que duraron 10 meses, cuestión que se repitió por 9 meses en 2009. En el año de 2001, sin auxilio económico multilateral, el Programa Puente para entregar ordenadamente la macroeconomía al ganador de los comicios electorales en 2002 fue un fracaso. En 2006, el programa de monitoreo económico o Programa Sombra, sin ayuda económica multilateral, cumplió las metas numéricas de la economía pero fue un desastre en el cumplimiento de las reformas estructurales. Pero la economía de Nicaragua no se derrumbó. No menciono problemas del incumplimiento del primer Programa ESAF, porque el país estaba saliendo de una cruenta guerra y la economía nacional estaba desbaratada.

Debo aclarar que cuando se cierran los préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad del FMI, que en la actualidad tiene un plazo de 10 años, 5 años de gracia y 0.5% de interés, y los del BID, con un plazo de  35 años, 23 años de gracia y 2.5% de interés, el Banco Central compra dólares en el mercado financiero local y nos endeuda con plazos de un año y tasas de interés “dolarizadas” que superan fácilmente el 10% vendiendo letras estandarizadas a los grupos financieros. Por supuesto, eso lo hace para seguir aumentando reservas internacionales, pagar la deuda externa reestructurada y mantener la libre convertibilidad de córdobas por dólares, sin la ayuda del FMI y del BID -reitero que desde 2009 el BM ya no entrega este tipo de préstamos para el apoyo presupuestario-.

Sin embargo, existen algunas aseveraciones del Director Gerente del FMI, Sr. Dominique Strauss-Khan increíbles para los nicaragüenses. Afirmó que no hay una receta única para los países y que, dada la situación de un país, tienen las políticas económicas necesarias. Creo que esto no es cierto. Por ejemplo, a los programas ESAFs del FMI sólo le cambiaban el nombre del país donde era aplicado; los Programas PRGFs, hoy rebautizados como SCAs, son los ESAFs con un poco más de gasto social, porque la lógica económica presupuestaria no ha cambiado: primero hay que pagar deudas, no importa que sean onerosas como ha sido la deuda interna de Nicaragua, y el residuo se distribuye para el gasto social. Definitivamente, el policía financiero internacional es un excelente ortodoxo en la aplicación de la teoría económica en países de economías avanzadas, economías emergentes y países pobres y aún muy endeudados en términos de producción.

Olvida el Director Gerente del FMI que en Nicaragua las misiones técnicas del organismo que él dirige se hicieron de la vista gorda cuando en los años de 2000 y 2001 se entregaron bancos liquidados con la emisión de CENIs a 4 años plazo y con tasas de interés “dolarizadas” elevadas hasta de 21%, mientras el FMI nos prohibía endeudarnos en el mercado financiero internacional por sus elevadas tasas de interés, por ejemplo la LIBOR de 6% anual en 2000, debido a nuestra incapacidad de pago.

Ignora el Director Gerente del FMI, que en Nicaragua se desvió un monto de US$592 millones equivalente al 56% del Alivio Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) durante el período 2002-2006, que en vez de ser asignados a proyectos de reducción de la pobreza se destinó principalmente a pagar una deuda pública interna denunciada como ilícita por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República, mientras las misiones técnicas del organismo multilateral callaban y obviaban este problema en sus reportes para la Junta de Directores del FMI, a pesar que el FMI fue nombrado por el Grupo de los 7 como coordinador mundial de la Iniciativa HIPC.

Existen más ejemplos de las corresponsabilidades del FMI en graves problemas que hemos observado desde hace dos décadas, pero no es el tema de interés de hoy. También he de reconocer que el FMI también ha hecho buenas cosas en Nicaragua, por ejemplo manifestar que Nicaragua cumple sus compromisos en la actualidad y con ello promover la escasa inversión extrajera directa afectada por los problemas de confrontación entre los políticos en el poder y los políticos en la oposición.

En lo que coincido con el Director Gerente del FMI es con su preocupación sobre la estabilidad macroeconómica por posibles nuevas medidas de política económica que podrían aparecer próximamente para atraer la atención de los votantes en 2011. Apenas estamos comenzando a observarlas con el Bono Salarial y la Ley del Adulto Mayor, que se inspiran en el ciclo económico-político de cara a las próximas elecciones nacionales.

No razona

Volvió a despotricar el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas contra mi persona al mediodía del lunes 23 de mayo en la casa de su movimiento político, al mostrar un acta del Banco del Café, quien no razona y sólo insulta, y reitera su pobre actuación por la cual ya lo acusé en un juzgado penal de de la Ciudad de Managua desde agosto de 2008.

Invito a este diputado a que se presente ante la Justicia con su inmunidad y me acuse formalmente con todas las pruebas que tiene, y que tenga la seguridad que yo, como ciudadano civilizado, nunca desacataré el llamado de la Justicia y me defenderé.

Que no olvide el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas, que está cegado por su soberbia, que yo me sometí voluntariamente en la Fiscalía General de la República a una investigación sobre su acusación escrita el 31 de julio de 2008 en La Prensa que yo era un responsable de la quiebra del Banco del Café, mientras el huye, rehúye y se burla de la Justicia escudado en su inmunidad.

Es necesaria una reforma integral del mercado financiero de Nicaragua

Los problemas financieros que sacuden a grupos regulados y no regulados por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) demuestran que, en términos generales, las normas prudenciales existentes no son apropiadas ni robustas.

Las micro financieras, instituciones aún no reguladas por la SIBOIF, desde hace cinco años solicitaron a la Asamblea Nacional que fuesen supervisadas. Ahora, con el otro problema causado por la legislación que determinó la tasa de interés de 16% para la reestructuración de las deudas de un grupo de productores de bienes y servicios, el micro crédito perdió fuentes de financiamiento externo.

Entre los bancos regulados por la SIBOIF, hoy aparece un grupo de acreedores del Banco del Éxito (BANEX) como nuevos socios de esa entidad bancaria, procedentes de Holanda, Alemania e Inglaterra -incluso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está analizando ser socio de esa entidad-, porque a finales de marzo de este año el 55% de su cartera de préstamos está vencida, prorrogada, reestructurada, en cobro judicial y en activos improductivos (garantías bancarias) por la irrecuperabilidad del crédito, y sus pérdidas netas eran equivalentes a 1.7 veces su patrimonio aunque su norma de adecuación de capital superaba casi en 3 puntos porcentuales el 10% legalmente establecida, gracias al empeño de sus socios en inyectarle capital desde el año pasado.

Este otro problema también refleja la necesidad de reformar las leyes de la SIBOIF y de la banca comercial, actualmente diseñadas para vigilar a bancos que no están especializados en microcrédito, tales como el BANEX y el PROCREDIT. Éste último también ha mostrado algunos problemas pero en menor magnitud que los del BANEX, con problemas en el 21% de su cartera de préstamos y reflejó pérdidas equivalentes al 20% de su capital, pero mostró una adecuación de capital 3.5 puntos porcentuales por encima de la norma legal de 10% a finales de marzo. Cabe afirmar que los dos bancos están sólidos y también cabe recordar que antes de que se incluyeran estos dos bancos en el total de 7 entidades bancarias existentes en el país, la SIBOIF regulaba bancos corporativos, como el BANCENTRO, y detallistas, como el BDF, pero no tenía experiencia en regular bancos especializados en micro créditos.

También sugiero a los legisladores, quienes en principio aprobarán a más tardar a finales de junio la nueva ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), que refuercen el papel de la autoridad monetaria como rectora de la política financiera, el cual no se visualiza con bastante solidez en su nueva propuesta de ley.

Observo, pues, una gran debilidad en la legislación financiera y bancaria en Nicaragua, que bien podría fortalecerse en el lapso de un año, similar al plazo de extensión del Programa de Facilidad de Crédito Ampliado que las autoridades nacionales piensan solicitar al Fondo Monetario Internacional a partir de octubre próximo.

Por otro lado, en Estados Unidos la semana pasada el Senado aprobó reformar a Wall Street, un triunfo político del Presidente Barack Obama, que apunta a evitar que se repita la grave crisis financiera de fines de 2008 y que puso al mundo al borde de la catástrofe económica; impedir los rescates de grandes instituciones financieras con dinero de los contribuyentes; proteger al consumidor financiero desde la Fed (el banco central estadounidense) mediante la vigilancia de las condiciones de los créditos más frecuentes, como son las hipotecas y las tarjetas de crédito; regular estrictamente el mercado de derivados financieros, que es un producto financiero diseñado por aumentar el rendimiento de una inversión mediante la pura especulación, y que fue una parte principal de la crisis financiera provocada por Wall Street en 2008; monitorear los fondos especulativos (hedge funds); facilitar una mayor injerencia de los accionistas en el pago a los directivos de los bancos y en el importe de las bonificaciones; y acometer los problemas creados en las compañías de seguros con un nuevo organismo de vigilancia de esas instituciones, así como en las agencias de rating financiero, que hasta ahora otorgan su valoración a las mismas empresas que les pagan, lo que genera sospechas. Con esta legislación, se incorporarán al proceso de calificación representantes de la Comisión de Valores.

El texto de la ley aprobada por el Senado será conciliado con el que la Cámara de Representantes aprobó en el mes de diciembre y se volverá a votar de nuevo el proyecto resultante en los plenos de ambas cámaras, proceso que puede requerir aún algo más de un mes para su conclusión. No hay diferencias notables entre los textos de las dos cámaras, pero sí existen algunos detalles que será necesario conciliar, sobre todo en lo que respecta al mercado de derivados.

En Nicaragua no observé la indignación pública, sólo entre algunos periodistas, por el envío a los juzgados de más de 40,000 tenedores de tarjetas de crédito, que incumplieron involuntariamente el pago de sus cuotas por efectos de la recesión de la economía mundial en nuestro país, y ningún grupo financiero fue llamado a los juzgados por ser corresponsable en la mora de la tarjeta de crédito por su distribución irresponsable, mientras que el superintendente de bancos declaraba que él no podía resolver ese problema y que sólo el mercado podía resolverlo, y exigía que los bancos continuaran llamando por teléfono a sus deudores en mora en horas no laborables, atentando contra los derechos humanos de los deudores por llamadas telefónicas en altas horas de la noche y en fines de semana. ¡Bah! Esa no es una forma correcta para supervisar un mercado financiero y creo que no estamos haciendo nada para evitar una mayor complicación de estos problemas.

Por eso reitero que un servidor público, como es en este caso el superintendente de bancos, debe resolver los problemas del mercado financiero y no debe limitarse a atender exclusivamente los problemas de los grupos financieros. Y estos últimos no están siendo bien regulados por los responsables políticos del país debido a los problemas arriba citados.

Dos aclaraciones pedidas por el juez

El Señor Juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, mandó a la defensa de los acusadores del BANCENTRO, el Señor Juez Séptimo Local Penal de la Ciudad de Managua Dr. Victor Molina Mendoza, ejecutor del mandato judicial del embargo preventivo de los bienes y valores de Eduardo Montelegre en ese banco, y a mí, Néstor Avendaño, testigo del desacato de ese mandato judicial,  a que resumieran la acusación por el desacato del BANCENTRO de no presentar sus libros de acciones y de acuerdos de la junta directiva en la causa de resarcimiento de los daños económicos y morales de Néstor Avendaño provocados por Eduardo Montealegre con sus injurias y calumnias escritas en el diario La Prensa del 31 de julio de 2008 y, por otro lado, que especificaran las horas de las dos visitas que realizaron al BANCENTRO en la mañana y la tarde del 30 de abril recientemente pasado. Esas correcciones son de forma y no de fondo, y tienen que cumplirse en un plazo fatal de cinco días.

El BANCENTRO mostró los libros hasta el 18 de mayo, dieciocho días después del desacato judicial y un día después de la acusación penal al BANCENTRO, lo cual manifestaré en mi calidad de testigo en el momento procesal apropiado.

Tengo que decir a los nicaragüenses lo que dije al Sr. Carlos de la Jara y Alonso, Secretario-Tesorero de la junta directiva del BANCENTRO, cuando nos mostró los libros antes mencionados el pasado 18 de mayo a las 2:00 p.m., que la Administración de la Justicia de Nicaragua, representada por el Señor Juez Ejecutor del mandato judicial, Dr. Victor Molina Mendoza, ni yo, en calidad de testigo del cumplimiento del mandato judicial, no hemos tenido interés alguno que esa entidad bancaria fuese acusada penalmente, sino que fue el Gerente Legal del BANCENTRO, Dr. Julio César Vega Pasquier, quien expuso al banco a ese riesgo por su grave acción de retardar y obstruir la justicia y, además, por desacatar un mandato judicial de ineludible cumplimiento.

Estaré de nuevo en el Juzgado Tercero Local Penal de la Ciudad de Managua el próximo viernes 28 de mayo a las 11:00 a.m.

Insulta y no razona

Varias personas me han pedido explicaciones sobre la aseveración del diputado querellado Eduardo Montealegre que yo trato de ocultar un acto personal y que un diario local le ayudó a publicitarlo con un titular que dice “Montealegre desenmascara a Avendaño” el pasado martes 18 de mayo, con la que él busca  empañarme, mejor dicho enlodarme.

La afirmación de Montealegre Rivas fue que lo que yo pretendo con mi acusación contra él (cito textualmente) “es lanzar una cortina de humo, para ocultar lo que verdaderamente ocurrió, y es que el señor Avendaño fue Directivo del Banco del Café (BANCAFE), y que el 30 de marzo de 2000, él y los demás Directivos de BANCAFE aprobaron un crédito por seis millones de dólares a compañías del grupo AGRESAMI vinculado a los  Hermanos Centeno Roque, como lo publicó y documentó el Doctor Noel Ramírez en su libro  “Las Crisis Bancarias: Nicaragua en el 2000 y el mundo una década después”.

Nunca he negado que ocupé una de las dos sillas que poseía el Dr. Francisco Mayorga en la junta directiva del Banco del Café (BANCAFÉ), con la aprobación unánime de los miembros de dicha junta directiva, para elaborar un documento sobre la capitalización del banco, y nunca se pretendió ocultar ese hecho porque la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) exige a cada entidad financiera regulada pasar la lista de personas que integran las juntas directivas y las publica no sólo en su página web sino también en sus publicaciones, antes impresas y hoy en forma digital. He de aclarar que yo nunca he sido banquero, ni pretendo serlo.

El acusado por la Fiscalía General de la República Eduardo Montealegre Rivas repite (desenmascara dice el diario local) lo que reiteró  otro acusado por el mismo ministerio, Noel Ramírez, en sus entrevistas matutinas en un canal local que yo era miembro de la junta directiva del BANCAFÉ, y por lo cual yo tenía que autoexcluirme de la investigación que me solicitó la Contraloría General de la República (CGR) sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y en la cual yo demostré que ambos ex servidores públicos realizaron acciones reñidas con la ley.

Le digo al presunto delincuente Eduardo Montealegre que yo nunca he tenido ningún conflicto de interés cuando evalué la conducta de él y de otros servidores públicos, porque yo nunca he delinquido ni he dañado el Tesoro de la República como él lo hizo durante la Administración de Enrique Bolaños.

Si el diputado querellado Eduardo Montealegre no cree lo que le afirmo, lo invito a recordar que yo me sometí a una investigación voluntaria ante el Ministerio Público porque él me injurió y calumnió al escribir en un diario local que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua por la quiebra del BANCAFÉ, y en el expediente fiscal No. 4663-08JL del Ministerio Público, con fecha del 12 de agosto de 2008, se afirma que no existen elementos de convicción que me responsabilicen en la acusación que me hiciera públicamente el hoy presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Además, en su lamentable conferencia de prensa del 18 de mayo recientemente pasado, Eduardo Montealegre afirmó que los miembros de la junta directiva del BANCAFÉ, entre ellos yo, habían aprobado 6 millones de dólares a compañías del grupo AGRESAMI vinculado a los  Hermanos Centeno Roque el 30 de marzo de 2000, lo cual es cierto.

Sin embargo, Eduardo Montealegre, sigilosa y sinuosamente, continúa calumniando al ocultar a la población que el 30 de marzo de 2000 el BANCAFÉ ya estaba intervenido administrativamente por la SIBOIF con la presencia del gerente interventor Carlos Matus, también acusado penalmente por el Ministerio Público junto a Eduardo Montealegre, Noel Ramírez y otras 36 personas, juicio que no se ha llevado a cabo porque el diputado querellado se esconde en su inmunidad.

Ningún miembro de la junta directiva del BANCAFÉ, ni su presidente el Dr. Francisco Mayorga, podía tomar decisiones en el banco con la presencia del gerente interventor Carlos Matus, quien se mantuvo en ese cargo casi un año. Y la firma de ese préstamo fue resultado de la consolidación de varios préstamos en uno solo y exigir la entrega de más garantías al Grupo AGRESAMI vinculado con los Hermanos Centeno Roque, lo cual se logró satisfactoriamente para la SIBOIF. Si un deudor de un banco no le paga un préstamo a un banco, es tremendamente irresponsabel calificar de delincuentes a las personas que aprobaron el préstamo no recuperado.

Es con razonamientos y no con insultos personales con los que se debería defender el presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Los insultos personales que él hizo no sólo a mi persona, sino también a mi apoderada legal en el caso de mi solicitud de embargo preventivo a todos los bienes y valores que posea Eduardo Montealegre, dentro o fuera del BANCENTRO, no merecen ningún comentario porque se explican fácilmente con la baja calidad moral del diputado querellado.

Las nuevas injurias y calumnias que dice este diputado, como las que expresó en su conferencia de prensa del martes 18 de mayo, las seguiré acumulando en el expediente 007863-ORMI-2008PN del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, en el cual acuso de injurias y calumnias al presunto delincuente Eduardo Montealegre, que evade la justicia y alarga la fila de impunes de nuestro país.