Los artículos 4 y 9 de la Ley 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”

16 06 2012

A solicitud de muchos lectores de mi blog de economista, transcribo textualmente los artículos 4 y 9 de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero” (UAF), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que será enviada al Poder Ejecutivo para su debida aprobación o sanción.

Art. 4              Facultades de la Unidad de Análisis Financiero.

La UAF y sus funcionarios, deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtenga. La información que solicite, reciba y produzca será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. Bajo estas premisas la UAF tendrá las siguientes facultades:

1. Solicitar y recibir directamente y exclusivamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

2. Analizar, investigar, dar seguimiento y sistematizar toda la información recabada, con el fin de generar el Reporte Técnico Conclusivo (RTC) cuando corresponda.

3. Transmitir en el momento oportuno la información analizada y contenida en el Reporte Técnico Conclusivo a las Instituciones correspondientes legitimadas para la persecución de actividades delictivas y ejercer la acción penal, conservando de forma segura los registros de lo informado y recibido. El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, en su caso y conforme sus propias atribuciones y facultades, harán las acciones pertinentes, y de conformidad con sus resultados promover las acciones judiciales que correspondan.

4. Proponer la suscripción de acuerdos, convenios y memorándum de entendimiento para el intercambio de información, para la cooperación, capacitación y asistencia, con entidades homólogas de otros países así como formar parte de organizaciones internacionales afines a la materia de esta Ley, de conformidad a la legislación nacional e Instrumentos Internacionales vinculantes.

5. Intercambiar información con sus similares en el extranjero, para lo cual la Unidad deberá tener certeza de que la información no será usada para fines diferentes al objeto de esta Ley y que la entidad solicitante operará con reciprocidad.

6. Proponer políticas de prevención sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo; y emitir normativas, formularios, directrices y señales de alerta y estudio de riesgos a sujetos no regulados, todo para el cumplimiento de la presente Ley.

7. Imponer multas a favor del Fisco por montos que oscilen en proporción a la gravedad del caso, entre diez mil y quinientos mil unidades de multas, a los sujetos obligados no supervisados o regulados que se negaren a informar, a reportar o dar la información establecida en la presente ley, o den información falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que corresponda. La gradualidad en la imposición de las multas, el monto específico de éstas y la sanción particular en caso de reincidencia se definirán en el reglamento de la presente ley.

8. En los casos de sujetos obligados que tengan un órgano de supervisión o regulación determinado por ley, la UAF deberá informar al órgano correspondiente con el fin de que éste imponga las multas que correspondan conforme a sus facultades y demás disposiciones legales y normativas.

9. De las multas impuestas se podrá recurrir en base al procedimiento establecido en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, con lo que se agotará, la vía administrativa.

10. Las demás facultades y atribuciones que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Art. 9              Sujetos obligados.

Los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, son los siguientes:

a)        Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras;

b)        Las cooperativas financieras que manejan recursos financieros con sus asociados;

c)        Las micro financieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas;

d)        Las casas de cambio de moneda extranjera;

e)        Las casas de empeño y préstamos;

f)         Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas;

g)        Los casinos, salas de juegos y similares.

La anterior lista no es taxativa o limitativa, en consecuencia, a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto, cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la ley o que por la naturaleza de su actividad o profesión maneje fondos o recursos, datos y/o información que sean requeridas por la UAF en el ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deben conservar con la mayor seguridad una copia del reporte enviado a la UAF y los soportes de la información reportada, por un período no menor de cinco años.

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3 respuestas

16 06 2012
LESTER BENJAMIN ZELEDON

Amigos lectores del prestigioso blog del Doctor Avendaño, en lo personal desde el punto de vista ético y moral, considero justo y correcto estos dos artículos, creo que debemos aspirar como país a no tener ninguna relación con el mundo de la corrupción de cualquier tipo, por que ese es precisamente el problema fundamental por lo que ciudadanos nicaragüenses, vivimos en un país empobrecido por los empresarios sobre todo los de COSEP y AMCHAM, manipulados por los banqueros, que en mi opinión son los representantes del mal en nuestro país, la ley de la UAF mas bien viene a tratar esta situación de desigualdad, por que no es cierto que somos iguales ante la ley, los bancos tienen privilegios por encima de los derechos individuales de los ciudadanos según el articulo 27 de la constitución política y cuando les conviene hablan de derechos individuales aduciendo que la ley puede citar a cualquier ciudadano a que comparezca a aclarar de donde provienen los fondos de tal transacción, no dicen toda la verdad por que el art. 24 de la constitución establece: toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad.
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común. Es decir los nicaragüenses tenemos el deber constitucional de colaborar con nuestras autoridades para esclarecer cualquier delito en beneficio de la seguridad nacional y de la humanidad en general. Sino a quien perjudico el fraude de la subasta y el fraude de los cenis llevados a cabo en el Gobierno de Bolaños por el inmune prófugo de la justicia diputado montealegre, a los niños que dejaron de recibir el vaso de leche escolar, a los trabajadores que todavía seguimos recibiendo una salario infrahumano por los servicios de nuestra fuerza laboral, a la juventud que no tiene perspectiva de un futuro promisorio ni siquiera a largo plazo, si la UAF hubiera existido en ese momento probablemente el gobierno de Bolaños hubiera tenido un freno para no caer en tan criminal acto de corrupción. Por esta y solo por esta razón el Ex-Presidente Bolaños nunca quiso cumplir con este requisito internacional de crear la UAF para beneficiar a los banqueros y a su ministro de hacienda muy en particular.

16 06 2012
LESTER BENJAMIN ZELEDON

Estimado Doctor Avendaño, con todo respeto me parece que el art. 24 de nuestra constitución deja claro que la Ley de la UAF no viola el derecho de privacidad de los ciudadanos establecido en el art. 26 específicamente en el numeral 4 del art. 26 se establece de manera clara el derecho que tenemos los ciudadanos sobre el manejo de nuestra información privada por parte de las autoridades correspondientes.

Art. 24. [Deberes de la persona]
Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y
la humanidad.
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común.

Creo que la seguridad de todos priva sobre la seguridad privada cuando se trata delitos de este tipo.

Saludos cordiales.

Ing. Lester Benjamín Zeledon.

17 06 2012
nestoravendao

Estimado Lester: Cuando realicé mi investigación ad honorem sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, a solicitud de la Contraloría Genera República, ésta no pudo tener acceso a la información que goza del sigilo bancario hasta que solicitara un mandato judicial para que la SIBOIF y los tres bancos adquirientes de los cuatro bancos liquidados le entregaran toda la información pertinente. Otro ejemplo es que nuestros datos personales se encuentran en dos centrales de riesgo privadas, que nunca han tenido una aprobación legal para tenerlos, pero los poseen por una aprobación inapropiada de la SIBOIF, que por ley tienen una central de riesgos que goza de la secretividad institucional. En los asuntos de honrar las leyes, siempre observo un predominio de irrespeto a las mismas. Esa es mi preocupación fundamental. Coincido con su posición de que el bien social está sobre el bien particular. Con saludos cordiales, Néstor

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