El BCN debería contribuir a la recuperación económica de Nicaragua

30 08 2020

La evaluación de la macroeconomía de Nicaragua, con los escasos datos oficiales disponibles, indica que la producción cae rápidamente, la productividad es baja y continúa disminuyendo, la subutilización de la fuerza laboral (desempleo abierto y desempleo equivalente) es muy grande, el nivel de la deuda pública (externa e interna) no excede los límites tolerables, la tasa de inflación es muy baja y la tasa de interés es muy alta (?).

Aunque la política monetaria ha sido estupenda en el conteo de córdobas en circulación y de dólares guardados en la bóveda del Banco Central de Nicaragua (BCN) para mantener estables las bajas tasas de inflación y de devaluación, no ha contribuido a garantizar un empleo máximo o, como le llamamos los economistas, un empleo pleno acompañado a lo sumo con una tasa de subutilización laboral de 5% en el caso de un país como Nicaragua, con un gran tamaño del mercado informal.

La política fiscal tampoco contribuyó al pleno empleo. En vez de la reforma tributaria de febrero de 2019, lo que se necesitaba era un aumento del gasto de inversión pública para generar más empleo y aumentar los ingresos, aunque el país ya no podía contratar deuda pública externa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) debido a las sanciones financieras impuestas por la administración estadounidense.

Sin embargo, si se reformaran la ley de endeudamiento público y la ley orgánica del BCN, se podría facilitar el endeudamiento público interno para financiar la inversión en infraestructura económica y social, mediante la colocación de Bonos de la República en el BCN a largo plazo y con bajas tasas de interés, muy probablemente durante varios años debido a los shocks de oferta y demanda de COVID-19 .

La reforma tributaria empeoró el escenario de la política fiscal. Educado como un economista en la escuela keynesiana en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en Yale University, siempre recuerdo lo que John Maynard Keynes nos enseñó: “la política fiscal debe endurecerse durante los buenos tiempos, precisamente para que pueda ser expansiva durante los malos”.

En otras palabras, la reforma tributaria debió haber sido aplicada cuando el producto interno bruto (PIB) real crecía 5% promedio anual en los años anteriores inmediatos a la crisis política de abril de 2018. Después de COVID-19, cuando todos tengamos la vacuna, intuyo que Milton Friedman estará fuera del Fondo Monetario Internacional y John Maynard Keynes estará adentro. En este nuevo escenario macroeconómico será muy difícil que los países acepten una política de austeridad fiscal.

¿Cuánto tiempo estará la tasa de inflación cercana a 0% o en niveles negativos, provocada por el efecto desinflacionario o deflacionario de COVID-19? No sabemos, aunque muy probablemente será por muchos años, y cabe recordar que el impacto de COVID-19 sobre el crecimiento económico y el empleo es tremendamente mayor que el causado por la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en 2018-2019.  La pandemia puso a la inflación a la baja en picada, por lo cual las tasas de interés también han bajado en todo el mundo.

En Nicaragua, la inflación acumulada en el primer semestre de este año fue apenas 1.25%, pero actualmente las tasas de interés de la política monetaria del BCN, o interbancarias, son cercanas a 4% -incluso podrían ser un poco más bajas- y la tasa de interés activa de corto plazo promedio ponderada de las entidades bancarias es cercana a 13%, excesivamente alta, mientras que la tasa pasiva es apenas 3%.

Los formuladores de la política macroeconómica de Nicaragua pueden apuntar a que la tasa de desempleo y subempleo disminuya bastante sin que se acelere la tasa de inflación, ésta última muy baja no sólo por la incertidumbre de los agentes económicos sino también por la existencia de una demanda interna de bienes y servicios finales bastante deprimida. El BCN puede comenzar a reflexionar sobre el objetivo de reducir la subutilización de la fuerza laboral, que no le manda su ley orgánica, mediante la incidencia de sus tasas de interés de política monetaria sobre las tasas de interés del mercado, mejor dicho, de las tasas de las entidades bancarias y financieras. El BCN debería influir a la baja de las tasas de interés de mercado para ayudar a la economía del país a recuperarse de la recesión causada por COVID-19, la cual ya se está transformando en una depresión económica dada la caída continua del PIB real nicaragüense en el trienio 2018-2020.

La brecha de producción, es decir, la brecha entre la producción real y la producción potencial, es muy ancha en Nicaragua actualmente, la cual ha sido generada por dos crisis. Volver a reducir esa brecha será más difícil a medida que se continúen perdiendo puestos de trabajo, principalmente los peor pagados en las actividades de comercio, hoteles, restaurantes, transporte, comunicaciones, entidades financieras, diversión, construcción, industria manufacturera, electricidad y agua potable.

COVID-19 develó la necesidad de que el BCN apoye la recuperación económica y la reducción de la subutilización de la fuerza laboral, es decir, el BCN presionaría por medidas de estímulo tributario y fiscal después de que se frene la pandemia, y evitaría que las condiciones financieras se endurezcan rápidamente o que las tasas de interés de la política monetaria se salgan del sótano, por lo cual debe continuar manteniendo una tasa de inflación baja, ahora secundado por la baja expectativa inflacionaria provocada por el desplome del consumo y de la inversión. En otras palabras, el BCN podría facilitar que la economía nicaragüense funcione “sobrecalentada por más tiempo” antes de que comiencen a subir las tasas de interés.

En esa forma, el BCN facilitaría a las empresas y al gobierno la reducción lenta de sus niveles de deuda interna, la disminución de la subutilización de la fuerza laboral sin problemas inflacionarios severos y el beneficio de la población de bajos ingresos. No hay que olvidar que el BCN se encuentra en un entorno macroeconómico de levísima tasa de inflación y, consecuentemente, se requiere la reducción apropiada de las tasas de interés en el país.         





¿Crisis de una depresión económica o crisis de la deuda pública en Nicaragua?

23 08 2020

En Nicaragua, con una política monetaria contractiva, que se refleja en la reducción de la base monetaria desde diciembre de 2018, y con un esfuerzo fiscal que mantiene el déficit presupuestario muy cercano a 0% del producto interno bruto (PIB), que deja a entrever el congelamiento del gasto público también desde 2018, podríamos afirmar que, aparentemente, COVID-19 no está provocando una crisis macroeconómica en el país.

Afirmé aparentemente, porque tanto la crisis política interna desde abril de 2018, como la crisis sanitaria mundial que afecta al país desde marzo de 2020, provocaron inicialmente un impacto o shock de oferta: las empresas suspendieron temporal o definitivamente a los trabajadores de sus puestos, la producción se desplomó y la demanda de dinero se volvió precautoria. A ese shock de oferta le siguió un shock de demanda causado también por COVID-19, al reducirse los ingresos de los trabajadores -subió el desempleo y cayó el poder adquisitivo de los salarios- y de los empresarios -cayeron las ventas y las utilidades-. Con esos dos shocks, la demanda interna (los gastos de consumo e inversión) y las importaciones cayeron en picada.

Por consiguiente, no debería existir el temor a una aceleración de la tasa de inflación ni a una devaluación del córdoba, porque la autoridad política ya decidió afrontar una depresión en vez de una inflación galopante, mientras que la autoridad monetaria está contando muy bien los dólares en reservas y los córdobas en circulación. El procedimiento técnico para evitar una crisis de deuda y resistir una crisis de depresión es sencillo: el Banco Central de Nicaragua (BCN) está obligado a garantizar la condicionalidad de que el cociente del saldo de las reservas internacionales brutas entre el saldo de la base monetaria debe ser igual, al menos, a 2.5. El último dato publicado fue 2.9, correspondiente al 31 de mayo del año en curso.

En estos momentos, la deuda pública externa del sector público, 50% del PIB en 2019, no representa un problema estructural, ni la deuda pública interna al ser equivalente a 7% del PIB en ese mismo año. Sin embargo, el mercado informal se ha expandido por el creciente desempleo y esto nos está conduciendo al problema estructural de una depresión económica. Podríamos descartar la aceleración de la deuda pública, porque es muy probable, casi seguro, que las autoridades gubernamentales mantendrán la contracción de las políticas monetaria y fiscal; entonces, el objetivo clave es la estabilidad de una baja tasa de inflación y, por ende, del tipo de cambio del córdoba, para evitar una crisis de deuda, que estaría acompañada por una inflación galopante.

No observo preocupación entre los economistas gubernamentales por la ruptura estructural de la depresión económica; al contrario, distingo que manifiestan un elevado optimismo, por no decir triunfalismo, de que Nicaragua tendrá una recuperación económica en forma de V. El BCN ya oficializó las estadísticas, aún preliminares, de la caída del PIB Real en el trienio 2018-2020, pero ya prevé un leve crecimiento de la producción en 2021.

Parece que los técnicos del BCN no han asimilado que el comportamiento del PIB Real dependerá en gran medida del comportamiento de COVID-19, que la gestión para frenar la propagación del virus determinará la forma de la recuperación económica, siempre que se resuelva el problema político. Es bastante probable que el PIB Real vuelva a caer en 2021, un año en que el balance de divisas del país registrará una menor disponibilidad de moneda extranjera. Entonces, ¿existe falta de capacidad técnica o falta de voluntad política al no evitarse la profundización de la caída de una economía en crisis?

La política monetaria, por sí sola, no puede facilitar la recuperación económica del país, porque aceleraría la tasa de inflación, pero no ha logrado bajar la tasa de interés interbancaria o monetaria, y que influya efectivamente en la tasa de interés del sistema financiero nacional,  a un nivel apropiado para contribuir al crecimiento del PIB Real. En el actual escenario económico nacional, la tasa de interés monetaria o del BCN (r) podría ubicarse en un nivel inferior a la tasa de crecimiento del PIB Nominal en precios corrientes (g), o sea, r g < 0, pero volvería a subir cuando la tasa de inflación se eleve.

Aunque el BCN evitó el colapso del sistema bancario cuando se fugaron US$1,300 millones de los depósitos en moneda extranjera entre abril 2018 y marzo 2019, ¿por qué no comienza a concretar con las entidades financieras  el abaratamiento del costo del crédito del BCN a la banca comercial o de las inversiones financieras del sector púbico mediante las compras de bonos del Tesoro por parte del BCN, y correlacionar sus tasas de interés con la tasa de interés de las entidades financieras cobradas a sus prestatarios, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico cuando se logre frenar la expansión de COVID-19?

El BCN puede facilitar la recuperación económica y la gestión de la política fiscal en un momento de inflación baja o de deflación, con el establecimiento de tasas de rendimiento o de interés más bajas, en momentos en que la inflación local y la inflación mundial sean muy bajas, cercana a 0%.

Por otro lado, la política fiscal contractiva no facilita el crecimiento económico por la vía de la inversión pública, porque ésta vía está obstaculizada por las sanciones financieras internacionales señaladas en la Nica Act. No se puede aceptar la austeridad en el gasto público para defender la salud de la población en esta pandemia mundial ni para facilitar la recuperación económica del país, aunque exista una insuficiencia de recursos financieros, externos e internos. Esta restricción financiera conduce a reflexionar sobre la necesidad de resolver el problema político interno para evitar una mayor profundización de la crisis, pero creo que esto no sea un problema de buena voluntad, sino de falta de confianza entre los agentes económicos.

Tomando en cuenta la profundización de la caída del PIB Real causada por COVID-19 y los datos oficiales del PIB del trienio 2018-2020, el país se encontrará técnicamente en una depresión económica al concluir el año de 2020, lo cual también muestra la dependencia de la política monetaria y de la política fiscal. Como es conocido, en Nicaragua los formuladores de la política macroeconómica no tienen autonomía, autoridad ni recursos suficientes para actuar y, por lo tanto, con la deflación de los precios y de los salarios estarían dispuestos a reequilibrar la economía en crisis.

El nuevo riesgo en esa situación económica, ya crítica, es que surja forzosamente una crisis de la deuda. Los formuladores de la política macroeconómica no disponen de los suficientes recursos para salir de la crisis y financiar el gasto público, que no son aceptados por la deuda y los mercados, por lo que recurrirían a la emisión de dinero y generarían una inflación galopante. Sin embargo, estimo que la decisión política es no aceptar una crisis de la deuda, sino mantener la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor.

De acuerdo con los datos del BCN, durante el trienio 2018-2020 se esfumó el 12% de la producción interna, porque el BCN sólo tiene el objetivo explícito de la inflación, estabiliza los precios al consumidor, limita la inflación, pero no tiene el objetivo de la expansión de la capacidad productiva del país, de una economía real de pleno empleo, del empleo máximo. COVID-19 ha dejado al descubierto la necesidad de que el BCN, en el marco de la política monetaria, establezca nuevas políticas que disminuyan la tasa de desempleo. Por supuesto, COVID-19 impactó a la política y a las entidades macroeconómicas.





Vamos hacia una depresión económica

16 08 2020

La teoría económica no responde con precisión qué es la depresión económica. Sin acuerdo entre los economistas, los textos de macroeconomía nos dicen que depresión es una recesión prolongada y profunda, pero no indican cuándo una recesión se convierte en depresión. Aún no existe un acuerdo unánime entre los economistas sobre la intensidad y la duración que debe tener una recesión para que sea considerada como una depresión.

Pero existe la aceptación unánime de que una recesión está presente cuando el producto interno bruto real (PIB) disminuye, al menos, por dos trimestres consecutivos, y también existe el consenso de que la economía de Estados Unidos estuvo en depresión desde 1929 hasta  finales de la década de los treinta: el PIB cayó casi 30% entre 1929 y 1933, y la tasa de desempleo era 25.2% en 1933, pero el PIB volvió a caer desde mayo de 1937 hasta 1938. Entonces, el período de una depresión económica no se caracteriza por una caída ininterrumpida del PIB, o sea, se podrían observar “repuntes económicos” que son insuficientes para lograr una “recuperación económica”.

Hay economistas que han intentado definir la depresión económica como una disminución del PIB mayor de 10% -sería un desastre económico- o como una recesión prolongada durante más de tres años. Por consiguiente, la depresión económica se observa cuando la recesión se acentúa en el tiempo y cuando la actividad económica no muestra síntomas de recuperación en algunas de sus principales industrias o sectores.

El impacto económico de COVID-19 ha sido global, devastó la producción mundial de bienes y servicios, destruyó empleos, derrumbó los sistemas de salud, aumentó la deuda de los gobiernos con el riesgo de incumplimiento del pago de intereses y amortizaciones, está presionando al sistema financiero mundial y exigirá cambios en la política fiscal y la política monetaria para evitar un mayor plazo de la desaceleración económica.

No olvidemos que COVID-19 produjo un shock de oferta con el cierre de empresas al suspender en forma temporal o en forma definitiva a los trabajadores para reducir el contagio del virus, al cual le siguió un shock de demanda debido a la caída de los ingresos de la población (por el desempleo) y a la incertidumbre inversionista. La oferta global (PIB e importaciones) y la demanda global (consumo, inversión, gasto público y exportaciones) han padecido daños repentinos y profundos.

Si el contagio del COVID-19 vuelve a aumentar en todo el mundo, es bastante probable que podremos observar una depresión global. Ahora que los países están interconectados económicamente con la globalización del comercio internacional, la inversión extranjera directa y el financiamiento internacional, los gobiernos que han estimado una recuperación económica en forma de V, es decir, una caída rápida del PIB seguida de un alza también rápida, se sentirán frustrados. Por supuesto, la forma de V, o incluso la forma de U, corresponde a un escenario aún esperado, en el que la vacuna logre aplastar la curva de contagio y todos los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo.

El economista John Maynard Keynes explicó en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero que la principal causa de las depresiones económicas está en la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios o demanda agregada. En otras palabras, las depresiones económicas están motivadas por caídas severas del consumo, de la inversión, del gasto público y de las exportaciones. En el corto plazo, la caída del PIB se debe a la caída de la demanda agregada, pero también podría estar motivada por una caída de la oferta agregada, cuando las empresas reducen su producción.

En cuanto si existe o no depresión económica en Nicaragua, una pregunta que está flotando en el mercado local, debe tener en cuenta que en el país existe dos crisis. Una interna y nacional, de origen político que surgió en abril de 2018; otra externa y mundial, de origen sanitario, que surgió con el COVID-19 en diciembre de 2019.

En Nicaragua se han registrado varias depresiones económicas en tiempos recientes: El PIB de Nicaragua cayó 27.9% en 1979 con la salida del poder de Anastasio Somoza Debayle; surgió de nuevo en 1988 al caer el PIB 12.4% al enfrentarse la guerra comercial, financiera y militar por la defensa de la Revolución, y siguió cayendo consecutivamente, aunque con bajas tasas, hasta 1991; y se encuentra en ciernes otra depresión económica, al registrarse, según datos oficiales, caídas del PIB de 4.8% en 2018 y 3.9% en 2019, lo que refleja una caída de 7.7% con respecto al PIB de 2017, lastrada por sanciones financieras internacionales y que continúa profundizándose hasta 11.8% en este año con base en la cifra oficial de otra caída del PIB de 4.5% proyectada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) para 2020.

Así, Nicaragua tendría una recesión prolongada de tres años consecutivos y, por lo tanto, podemos afirmar técnicamente que el país se encontrará en depresión económica al final de 2020. Estamos inmersos en una depresión global, pero la economía local continúa también deprimiéndose porque no se ha resuelto el problema político interno.

Nunca he tenido el ánimo de ser alarmista, pero creo que no debemos minimizar la gravedad de esta crisis, tanto mundial como local. ¿Cuánto tiempo tomará alcanzar el nivel del PIB por habitante registrado en 2017, el registrado antes de las dos crisis que existe en Nicaragua? Diez años es mi mejor conjetura.





Restricciones financieras externas y dolarización semioficial

9 08 2020

En los meses recién pasados he comenzado a observar algunas incompatibilidades entre las medidas de la política monetaria y la política fiscal de Nicaragua, después de que ambas políticas se alinearan a finales de 2019 para eliminar cualquier presión inflacionaria importante o una inflación galopante en el país en 2020, incluso antes de que nos impactara COVID-19 el 18 de marzo de este año.

Además de la presencia de una política monetaria contractiva, el Banco Central de Nicaragua (BCN) también redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 5% a 3%, e inició la práctica de conceder reportos monetarios o préstamos de corto plazo en córdobas, eliminando de facto la cláusula de mantenimiento de valor, y redujo la tasa de interés a 4.5%.

Esas dos medidas de política monetaria-financiera parecían que enviaban señales de que la autoridad monetaria comenzaba a reflexionar en una sustitución del actual régimen cambiario reptante, de por sí obsoleto y anti-exportador mantenido desde el 10 de enero de 1993 y que contribuye a la formación de un déficit comercial externo anual de 10% del PIB en tiempos sin crisis, y, por otro lado, de que el BCN podría estar comenzando a crear las condiciones para la “desdolarización” o, como yo le llamo, la “recordobización” de la economía nicaragüense.

Por su parte, la política fiscal, no obstante el fuerte impacto de la reforma de la política tributaria sobre el desempeño productivo, en vigor desde el 28 de febrero de 2019, un momento en el que el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política aún no resuelta, ha mantenido un déficit fiscal bastante cercano al 0% del producto interno bruto (PIB), lo cual reduce las necesidades de financiamiento presupuestario y refleja también la restricción de las sanciones financieras internacionales , a través de la NICA Act, que impiden el financiamiento concesional de la inversión pública con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM/IDA).

En conclusión, una política monetaria muy contractiva y un presupuesto nacional casi equilibrado garantizan en Nicaragua la estabilidad del tipo de cambio y una muy baja inflación. Dicho sea de paso, COVID-19 ha provocado la caída de la tasa de inflación y de la tasa de interés en la economía mundial; además, en Nicaragua, con dos crisis, una local y otra internacional, el creciente desempleo ha reducido ingresos y ha deprimido la demanda interna, o sea, el consumo y la inversión, disminuyendo la presión inflacionaria, pero dejando casi intacta las tasas de interés.

No se podrá reemprender el crecimiento económico con un elevado costo del dinero, pero sorprende el hecho que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público coloque Bonos de la República de Nicaragua por la suma de US$20.0 millones, en dólares y pagaderos en la misma moneda, a 2 años plazo y tasa de interés del 8%. ¿Por qué aún el costo del endeudamiento público interno continúa siendo muy alto en el país? Aún con el riesgo político, ese costo podría ser menor. El BCN podría facilitar la disminución de la tasa de interés del mercado, y ya lo está haciendo con los reportos monetarios.   

La economía de Nicaragua continúa estando muy dolarizada extraoficialmente, aun con la fuga de US$1,300 millones de los depósitos en moneda extranjera en las entidades bancarias entre abril de 2018 y marzo de 2019, que redujo la participación de dichos depósitos en la liquidez global (M3A) desde 69% en febrero de 2018 hasta 63% en mayo de 2020. Y a esto se agrega la caída del flujo de remesas en 2020, causada por el shock de oferta de COVID-19 que provocó también un creciente desempleo mundial, principalmente en Estados Unidos de donde procede, al menos, el 60% del ingreso anual de las remesas recibidas en el país.

El pago en dólares estadounidenses de los servicios de migración causó un gran revuelo, a pesar de que en Nicaragua casi todos los precios están dolarizados, pero se prevé una notable reducción del flujo de recursos externos en 2021, no sólo por la persistencia de las sanciones financieras internacionales, sino también por los bajos niveles de inversión extranjera directa y de remesas comparados a sus máximos históricos registrados en 2017 y 2018 respectivamente.

Muy pocas variables macroeconómicas no están dolarizadas en Nicaragua: el medio circulante o dinero, los salarios mínimos y los más bajos de la escala salarial nacional, el encaje sobre los depósitos en córdobas que las entidades bancarias depositan en el BCN, y los precios de los productos perecederos de origen agrícola que dependen de los niveles de oferta. No olvidemos que la tasa de inflación del índice de precios al consumidor de Nicaragua tiene un origen agropecuario.    

Por otro lado, la Asamblea Nacional, con el objetivo de obligar el pago de los servicios de migración en dólares estadounidenses, debió haber aprobado la dolarización semi oficial de la economía de Nicaragua, como existe en Haití, Cuba, Bahamas, Laos, Tailandia, Camboya y Liberia, donde el dólar de Estados Unidos es otra moneda de curso legal, pero juega un papel secundario con respecto a la moneda local para el pago de salarios, impuestos, servicios, gastos diarios para el pago de alimentos, teléfono, energía eléctrica, medicamentos, transporte, entre otros. Cabe agregar que los países semi dolarizados mantienen un banco central con autoridad para conducir su política monetaria, y esto lo diferencia de los países oficialmente dolarizados, como Panamá, El Salvador y Ecuador.

La Asamblea Nacional no consideró ese paso previo al cobro de los servicios de migración en dólares de Estados Unidos, y aparentemente ignoró la Ley Monetaria de Nicaragua, cuyo Artículo 1 declara que “La Unidad Monetaria de la República de Nicaragua es el Córdoba, que se subdivide en cien partes iguales denominadas centavos. Su símbolo es C$.” Si hubiese modificado dicho artículo agregándole que el dólar de Estados Unidos es otra moneda de curso legal, pero con un papel secundario con respecto al córdoba, talvez la polémica se hubiera centrado en una probable dolarización oficial, la cual no depende exclusivamente de una decisión legislativa, sino de la decisión soberana de la población nicaragüense, siempre y cuando exista la capacidad financiera en moneda extranjera en el BCN para la compra de los córdobas.





12 años de impunidad de Eduardo Montealegre

3 08 2020

12 años = 144 meses = 4,380 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre cumplió el 2 de agosto de 2020 4,380 días de consolidarse como el impune más famoso de la historia delictiva penal de Nicaragua. Desde hace 12 años ha estado protegido, primero por el Poder Legislativo a lo largo de 8 años, y después, durante 4 años, por el Poder Judicial desde dos juzgados penales hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Tribunal de Apelaciones de Managua que engavetó mi acusación al ex banquero y ex político.

Mi acusación sobre la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre no sólo es conocida en Nicaragua, sino también en tres instituciones internacionales y dos entidades gubernamentales de otros países. En el bienio 2016-2017 presenté mis denuncias debidamente documentadas contra el violador de derechos humanos Eduardo Montealegre a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Bureau de la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

El querellado continúa estando al margen de la ley, pero su presunta delincuencia es el estigma que lo identifica nacional e internacionalmente.





En la búsqueda de más empleo y producción

1 08 2020

Siempre he sido de la opinión que la reactivación de las actividades económicas se podrá dar hasta que sea frenada la expansión del virus o exista una vacuna contra el virus  o, como dicen los virólogos y epidemiólogos, cuando se aplane la curva de contagio. En Nicaragua se han cerrado empresas en forma temporal o definitiva por causa de COVID-19, pero no se han aplicado oficialmente las cuarentenas y las recomendaciones de bloqueos, rastreos y pruebas, aunque la gente comenzó a resguardarse en sus hogares desde finales de abril.

¿Se habrá amortiguado la curva epidémica? Realmente, no lo sé, pero se ha notado desde el 18 de marzo recién pasado que pocas personas tomaron medidas para evitar el contagio o fueron muy formales en practicar las precauciones dadas por los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, los casos aumentaron aceleradamente en abril y mayo, pero en junio se notó, como una acción individual, una adhesión a las medidas de precaución de parte de la población, que evitó concentraciones masivas, las iglesias se cerraron, se practicó el distanciamiento social, se redujeron las visitas a familiares, amigos y centros de diversión y entretenimiento, y las empresas enviaron a parte de su personal a laborar desde sus casas.

Reemprender el crecimiento económico de Nicaragua, reitero, una vez que se haya aplastado la curva de contagio de COVID-19, es una tarea casi de exclusiva competencia de la política fiscal, pero ésta está muy restringida debido a la restricción del financiamiento externo destinado a la inversión pública, debido a las sanciones financieras internacionales que han  cerrado las llaves para que fluya la  cooperación concesional del Banco Mundial (BM/IDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia el presupuesto nacional. Eliminar esa restricción exige la solución del problema político imperante desde abril de 2018, el cual estimo será resuelto por los políticos antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.

Por otro lado, la política monetaria se percibe como muy fatigada y poco efectiva para enfrentar la recesión económica del país, o para propiciar el estímulo económico que anhela la nación. Además, las autoridades del Banco Central de Nicaragua (BCN) siempre se han empecinado en mantener estable sólo al córdoba (con una tasa de inflación baja) y garantizar el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, pues la ley creadora de la autoridad monetaria no la manda a reducir el desempleo o promover el pleno empleo y la producción.

La política monetaria no está incentivando la economía real, por ejemplo, apoyando la ampliación de la capacidad agroindustrial o el aumento de los rendimientos de la producción agropecuaria, ni la  inversión real, como son la construcción de fábricas y la adquisición de maquinaria y equipo, pero sí está estimulando la inversión financiera. Una política monetaria muy contractiva desacelera el crecimiento o acelera el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real, tal como se observa en el escenario de la recesión económica actual causada por COVID-19.

Cabe reconocer que la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor ha sido posible por la decisión política de no emitir dinero en forma inorgánica, es decir, no poner a circular córdobas en el mercado sin que tengan el respaldo correspondiente de las reservas internacionales en el BCN. La idea fundamental monetarista es aplastar la inflación al restringir la oferta monetaria, pero esto produce recesión económica y más desempleo, y esta política no será viable cuando el COVID-19 sea dominado.

Además, la posición actual de las reservas internacionales está debilitada porque su saldo bruto al 31 de mayo de 2020 de US$2,728 millones es aún menor en US$259 millones que su  saldo máximo observado el 17 de abril de 2018 de US$2,987 millones. Sin embargo, cabe destacar que la estabilidad macroeconómica no se perdió entre abril de 2018 y marzo de 2019, al darse la fuga de US$1,290 millones de los depósitos en moneda extranjera en la banca comercial, porque las entidades bancarias, para devolver esos depósitos a sus dueños, compraron dólares con córdobas que fueron guardados inmediatamente en las arcas del BCN. Esos dólares que se fugaron aún no han retornado al país.

Una lección que se desprende de lo antes expuesto es que la excesiva dolarización financiera de Nicaragua, en este caso representada por la razón macroeconómica Depósitos en US$/Liquidez Total de la Economía (M3A), igual a 91% en marzo de 2018, fue el talón de Aquiles del sistema bancario comercial en un escenario de crisis política y recesión económica. 

Ahora, el shock de demanda de COVID-19 está haciendo caer las expectativas de inflación y las tasas de interés. Debido a la crisis política interna y la crisis sanitaria mundial en Nicaragua, la inversión se ha desplomado y la gente está ahorrando un poco más, o sea, el consumo de los hogares también ha caído.

Cualquier economista sabe que la gestión del ciclo económico es mejor desempeñada por la política fiscal que por la política monetaria. La pregunta crucial es cómo aumentar el empleo. No hay que temer tanto al aumento del gasto público y a la reducción de los impuestos como tampoco a un mayor déficit fiscal que sea financiado con recursos internos y externos concesionales, pero estos últimos, como ya sabemos, no están disponibles por las razones arriba mencionadas.

Es en este punto en que la política monetaria puede contribuir al futuro crecimiento económico del país con la garantía de la concesionalidad de los recursos internos para financiar el déficit fiscal, mediante la reducción de la tasa de interés interbancaria o monetaria de largo plazo a un nivel que se aproxime al 0%, pero que sea menor que la tasa de crecimiento del PIB Nominal. El BCN se sentiría relegado, porque se limitaría a facilitar el estímulo fiscal del futuro crecimiento económico, o sea, abaratar los préstamos en córdobas sin mantenimiento de valor al sector gubernamental fijando una tasa de interés bastante baja, o compraría Bonos del Tesoro en córdobas sin mantenimiento de valor con una baja tasa de rendimiento, a medida que se acrecienta el déficit fiscal. 

En un entorno de tasa de interés cercana a cero, las autoridades económicas gubernamentales podrían administrar mejor el ciclo económico, pero al dejar de existir la pandemia el gobierno tendrá que disminuir la razón macroeconómica Deuda Pública/PIB por dos razones: (i) la presión inflacionaria volvería a acelerarse y la banca central estaría obligada a subir las tasas de interés y (ii) comenzar a crear el espacio fiscal para enfrentar otra recesión económica provocada por fenómenos económicos o naturales.