La tasa de inflación de Nicaragua se acelerará en 2017

31 12 2016

En 2017 se combinarán riesgos económicos, financieros y políticos en el país que podrían poner en jaque a la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, y al crecimiento económico anual que ronda el 5%.

El principal riesgo financiero es la contracción del crédito petrolero muy concesional de Venezuela, cuyo principal beneficio para Nicaragua ha sido la defensa de la posición de las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN), al mantenerla en montos equivalentes a 2.5 y 2.4 veces el saldo de la base monetaria y también a 5 meses de importaciones de bienes CIF en los últimos dos años.

Aunque el precio del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica, se ha elevado al rango de US$50-US$56 desde octubre de 2016, el valor del suministro de petróleo y combustibles de Venezuela a Nicaragua se ha desplomado hasta 28% del valor total de las importaciones de hidrocarburos del país en el primer semestre de 2016, muy por debajo del 92% del valor del requerimiento anual de hidrocarburos registrado en el trienio 2011-2013, según cifras oficiales.

A lo anterior, se agrega la reciente decisión de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de  que a partir del 1 de enero de 2017 Venezuela implementará un recorte de 95 mil barriles de crudo por día en el cumplimiento del compromiso acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disminuir la producción en 32.5 millones de barriles diarios.

Un riesgo económico previsto que acelerará la tasa de inflación local en 2017 es la presencia de una mayor inflación importada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó el precio promedio anual del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica, en US$51.46, el cual es 16.4% mayor que su nivel promedio anual de US$44.22 observado en 2016, y arrastrará a la alza a otros precios internacionales de bienes primarios, comúnmente llamados commodities, así como a las tarifas de transporte y de energía eléctrica –el 31% es generado por plantas termoeléctricas en el período enero-septiembre de 2016-.

El FMI también proyectó la tasa de inflación de Estados Unidos en 1.82% para 2017, la cual ya refleja el fortalecimiento o la apreciación del dólar frente a otras monedas duras, tales como el euro o el yen, porque la primera economía mundial prácticamente alcanzó el pleno empleo y, consecuentemente, observó un aumento de los ingresos de los hogares, lo cual encarecerá los productos estadounidenses.

A este hecho se agrega un nuevo riesgo económico que espoleará la tasa de inflación no sólo en el mercado estadounidense sino también en el mercado internacional, como es la trumpeconomía, es decir, el proteccionismo comercial –reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas del 30% al 15% para el retorno de empresas estadounidenses que han emigrado de Estados Unidos- con el aumento de la inversión en infraestructuras –que sería financiada muy probablemente con más deuda pública-, tal como ha prometido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Debido a las mayores expectativas de crecimiento económico e inflación en Estados Unidos, el banco central (Fed) continuará elevando la tasa de interés, con más razón si la política económica de la próxima administración estadounidense acelera la tasa inflación, lo cual hará más caro y más escaso a los préstamos en el mercado financiero internacional con el aumento de la LIBOR y con el retorno del capital financiero desde países de economía emergente hacia Estados Unidos. Esto elevará el pago de intereses de la deuda pública externa de Nicaragua, tanto reestructurada como contratada en términos no concesionales y, además, el pago de intereses de los préstamos del sistema financiero nacional destinados principalmente a la pequeña y mediana industria y a la adquisición de viviendas.

El riesgo político es el que presenta un mayor peligro no sólo para la estabilidad macroeconómica,  sino también para el buen desempeño de la economía de Nicaragua en el mediano plazo.

La aprobación de la Nica Act en 2017 no sería tan grave si se limitara exclusivamente a la suspensión de la contratación de nueva deuda muy concesional de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), ya que el Gobierno de Nicaragua emprendió una importante contratación de préstamos no concesionales con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el segundo semestre de 2016.

Sólo el anuncio de la suspensión de recursos del BID y del BM/IDA mantendría el índice de riesgo-país en un nivel alto –dejó de ser moderado con el ruido político de 2016-, disminuiría el flujo de la inversión extranjera directa –que es la principal fuente para aumentar las reservas internacionales brutas del BCN-, entorpecería el cumplimento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, habría una mayor contracción del medio circulante, subiría la tasa de interés, desaceleraría el crecimiento económico, incrementaría el desempleo y el subempleo, aceleraría la tasa de inflación y subiría el índice de pobreza.

Para evitar esos efectos perversos, el Gobierno de Nicaragua debería, según la iniciativa de la Nica Act, emprender y realizar medidas en un lapso de hasta 5 años después de que sea aprobada para (1) garantizar elecciones libres, justas y transparentes con observadores electorales; (2) promover la democracia y la independencia del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral; (3) fortalecer el imperio de la ley; y (4) respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión.

La iniciativa de la Nica Act también señaló que después de 120 días de que sea aprobada, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en consulta con los organismos de inteligencia de ese país, entregará al Congreso un reporte de miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial involucrados en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Dicho sea de paso, en esa lista ya se distingue el ex diputado de la Asamblea Nacional y sin inmunidad el aún impune Eduardo Montealegre Rivas, a quien acusé desde hace 8 años por ser violador de los derechos humanos y quien también fue acusado por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción pública.

En este ámbito, adquiere una gran relevancia el informe del diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, programado para el 15 de enero de este año. No hay dudas de que la credibilidad de las instituciones públicas, principalmente el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y la Policía Nacional, está dañada. No hay dudas de que existen fuertes tensiones políticas y varias inconformidades sociales, y que la impunidad es visible. Por lo tanto, la disminución del riesgo político dependerá de la voluntad y de la disposición del Presidente de la República, Daniel Ortega, para mejorar la situación política y social del país.

 

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Las razones por las que Eduardo Montealegre me calumnió e injurió

27 12 2016

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El 8 de octubre de 2002, cuando era presidente del país el Ing. Enrique Bolaños, el Estado de Nicaragua cargó con la obligación de pagar al Banco Central de Nicaragua (BCN) los saldos deudores que resultaren en pago por la asunción de compromisos financieros, con el fin de garantizar los depósitos de los cuenta habientes de cada una de las cuatro instituciones bancarias intervenidas y liquidadas en el bienio 2000-2001 por el entonces presidente del BCN, Noel Ramírez Sánchez.

Los cuatro bancos liquidados en ese bienio fueron el INTERBANK, adquirido por el Banco de la Producción (BANPRO); el Banco del Café (BANCAFÉ), comprado por el Banco de Finanzas (BDF); el Banco Mercantil (BAMER), comprado por el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO)  y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), comprado por el Banco de la Producción (BANPRO). Entre mayo de 2000 y agosto de 2001, el BCN emitió Certificados Negociables de inversión Bancarios (CENIS) con un valor precio de US$332.2 millones, con plazos desde 1 año hasta 4 años y con una tasa de rendimiento promedio ponderado de 14.52%, por lo cual el valor facial de dichos CENIS, es decir, el costo total de las liquidaciones bancarias, ascendió a US$492.4 millones.

Debido a la insuficiencia de recursos presupuestarios, en 2003 el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Eduardo Montealegre, recibió la instrucción presidencial de reestructurar el saldo de US$320 millones de esta deuda pública correspondiente a los años de 2003 y 2004.

Con la aprobación del Consejo Directivo del BCN, Eduardo Montealegre, un economista y experto en finanzas, “infló” el valor presente de esas deudas al estimarlo con una menor tasa de descuento que las originalmente pactadas, las cuales, además, son fijas hasta su vencimiento, o sea, no fluctúan libremente como en los mercados financieros organizados. El caso más crítico en estas reestructuraciones fue el de los CENIS-INTERBANK, cuyo saldo al ser reestructurado tenía una tasa original de descuento “dolarizada” de 21.43% y su valor presente fue estimado con una tasa de descuento de 7.4999%. Sólo esta acción provocó una pérdida de US$23.4 millones al Presupuesto General de la República.

En la reestructuración de la deuda por liquidaciones bancarias, Eduardo Montealegre aplicó plazos de 3 años, 5 años y 10 años; usó dos nuevos papeles que sustituyeron a los CENIS Bancarios, como fueron los Bonos Bancarios y dos Bonos Cupón Cero, estos últimos usados en la reestructuración de los CENIS-INTERBANK; bajó las tasas de interés al reestructurar los CENIS-INTERBANK- BANIC- BANCAFÉ, pero la subió al reestructurar los CENIS-BAMER, cuyo saldo original del 4 de  marzo de 2001 era prácticamente igual al saldo reestructurado del 15 de octubre de 2003. La reestructuración de esta deuda pública interna no fue soberana sino comercial, mejor dicho, fue un sainete financiero, o sea, una reestructuración tragicómica, ridícula y grotesca -Montealegre la llamó su “reingeniería financiera”-.

Los Bonos Bancarios, como los CENIS Bancarios, fueron inversiones sin riesgo, porque no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva en ninguno de los bancos adquirentes de los bancos liquidados, fueron pagados en córdobas con mantenimiento de valor y no en dólares estadounidenses, fueron emitidos por el ente emisor de la moneda local, el BCN, y gozaron del escudo fiscal de no pagar el impuesto sobre la renta.

Eduardo Montealegre, en su calidad de ministro del MHCP y de miembro del Consejo Directivo del BCN, también participó en la aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados, un proceso poco transparente y bastante viciado. Ninguna subasta de estos bienes fue realizada con la metodología de venta con un “precio base” para proteger el patrimonio público, y no olvidemos que el ministro del MHCP es el cuidador de la cosa pública.

A “sobre cerrado” en tres subastas se vendió el 35% del valor bruto del total de la cartera de préstamos de los cuatro bancos liquidados y cada dólar fue vendido en 3.2 centavos de dólar, en las que participaron no sólo instituciones financieras que rechazaron esos activos cuando adquirieron a los bancos liquidados, sino también otras instituciones que manejaban información privilegiada sobre esos activos. Saltan a la vista la venta de la cartera cafetalera con sus garantías bancarias a un solo oferente en 11 centavos de dólar por cada dólar, y la venta de la cartera de la tarjeta de crédito y microcrédito a un solo oferente en 2.8 centavos de dólar por cada dólar.

A “sobre cerrado” se liquidaron los bienes inmuebles, que produjeron más de tres veces el valor de las subastas de la cartera de préstamos. También salta a la vista la venta de los bienes inmuebles de la casa matriz del BANIC en US$5.2 millones, la cual era valorada a precio de mercado por expertos en bienes inmuebles en un poco más de US$16 millones.

“Al martillo” se subastaron 668 obras de arte en 930 mil dólares, entre las cuales figuran pinturas que forman parte del patrimonio nacional, protegidas por la ley, de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger Pérez de la Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfuss y Leonel Vanegas.

También “al martillo” se liquidaron los vehículos en 152 mil dólares, y en lotes el mobiliario y el equipo de oficina en 95 mil dólares, pero no se conocieron los destinos del software y del hardware utilizados para la automatización de todos los procesos de los 4 bancos liquidados.

Con la ayuda de las matemáticas financieras se puede demostrar que Eduardo Montealegre, cuando fungió como ministro del MHCP, cometió graves daños al erario y al patrimonio de los nicaragüenses, es decir, perjudicó al Estado de Nicaragua. Sin embargo, sin duda alguna, sólo un Juez puede declararlo inocente o culpable.

Estos fueron los principales hallazgos de la reestructuración de esta deuda y las subastas de los activos de los bancos liquidados, parte de la investigación que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) a lo largo del año de 2006. En el primer trimestre de 2007, con instrucciones de la CGR, presenté esos resultados con más detalles a cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional, entre ellas la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que estaba presidida por el diputado Eduardo Montealegre.

Por todas estas razones, Eduardo Montealegre me calumnió e injurió al escribir irresponsablemente y publicar el 31 de julio de 2008 en el diario La Prensa que yo era uno de los más conocidos quiebra bancos del país, me imputó el delito de ser defraudador del Estado de Nicaragua, y que dudaba de la profesionalidad de mi estudio, al escribir que había encontrado muchos errores, además de reiterar esas acusaciones en una supuesta carta de disculpas fechada el 2 de febrero de 2011 que circuló desde la dirección electrónica de la casa de su movimiento político personal, con copia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diario La Prensa Sección Política y Medios de Comunicación Social.

Durante ocho años pedí al Poder Legislativo que cumpliera las solicitudes de dos judiciales de levantar la inmunidad al diputado Eduardo Montealegre para poder demandarlo por injurias y calumnias, pero mi solicitud no prosperó. Protegido por este Poder del Estado, Montealegre se convirtió en un impune más al escudarse en la inmunidad que le confería su cargo público.

El 28 de julio de 2016, Montealegre dejó de ser diputado y no tiene inmunidad. El 1 de septiembre recién pasado, dos judiciales nos convocaron –al querellado y a mí- a la audiencia inicial con fines de preliminar programadas para el 5 de septiembre, pero el 2 de septiembre sorpresivamente los dos jueces dejaron sin efecto las convocatorias debido a “reestructuración de las agendas de sus despachos en función de los ajustes relacionados con la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua”.

Han transcurrido cuatro meses desde la suspensión intempestiva de las convocatorias de los dos jueces. En ese lapso he pedido celeridad procesal a los jueces locales de lo Penal de Managua María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, y al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, presidido por Marvin Aguilar e integrado por Alba Luz Ramos, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, pero no me responden, perpetúan la retardación de justicia injustificada, no giran las instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces antes mencionados, no aseguran una administración de Justicia pronta y cumplida, y violan mis derechos al debido proceso. En esta forma, el Poder Judicial protege a Eduardo Montealegre y avala su impunidad porque, sin tener inmunidad, continúa evadiendo la justicia por su presunta delincuencia.

En julio de 2008, la Fiscalía General de la República acusó, entre 39 personas, a Eduardo Montealegre por coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias, por su presunta delincuencia en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones bancarias antes mencionadas y en la aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados en 2000-2001.

Ahora el ex diputado Eduardo Montealegre es uno de los más renombrados y reconocidos impunes de Nicaragua. Aun así, el presunto delincuente Eduardo Montealegre se autonombra y se hace llamar un representante demócrata de Nicaragua. Su actual autocensura o silencio no le esconde su presunta delincuencia ni su impunidad. El Estado de Nicaragua, a través del Poder Ejecutivo, lo acusó en julio de 2008 y contradictoriamente, a través del Poder Legislativo, lo defendió de mi acusación desde agosto de 2008, y también a través del Poder Judicial lo continúa defendiendo al prolongar injustificadamente la retardación de justicia desde septiembre de 2016. Es preocupante que el Estado de Nicaragua avale la impunidad de un banquero y político, pero tengo confianza que recuperaré mi derecho de tener acceso a la Justicia.





Los personajes de Nicaragua de 2016 por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES)

24 12 2016

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Porque han contribuido al bienestar y el progreso de la nación.

Hombres y mujeres cuya agenda es el servicio a los demás.

Mujer del Año: Francisca Ramírez Torres, líder campesina y coordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, por su lucha pacífica en defensa de la tierra, rechazo del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua y derogación de la Ley 840.

Hombre del Año: Su Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo Brenes, por su llamado a la no violencia y utilizar el diálogo para resolver los problemas de Nicaragua. El Cardenal Brenes ha exhortado a las autoridades a evitar la confrontación, y a todas aquellas personas que, de una u otra forma manifiestan sus ideas, las hagan en un ambiente pacífico.

Político del Año: Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua reelecto por tercera vez consecutiva, por mantener a Nicaragua en el segundo lugar de crecimiento económico en el istmo centroamericano, impulsar mejores políticas de concertación con la empresa privada y sostener la seguridad pública del país que la ubica a en el primer lugar en la región Centroamericana.

Funcionario Público del Año: El Ing. Pablo Fernando Martínez Espinoza, Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), por su excelente desempeño en la construcción de obras públicas que facilitan la sostenibilidad del crecimiento económico del país.

Líder Empresarial del Año: El Lic. José Adán Aguerri Chamorro, por su destacada actuación en la formulación de leyes económicas del país, su reconocimiento como líder empresarial centroamericano, su elección por décimo año consecutivo como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y por la presentación de la Agenda COSEP 2020 que busca el desarrollo sostenible y la competitividad empresarial.

Empresaria del Año: Myrna Moncada, líder de la Red de Reservas Privadas, por su labor destacada  en la conservación de propiedades privadas que se transforman en un producto turístico. Estas áreas protegidas generan al menos cuatro servicios ecosistémicos: capital natural, oferta hídrica, captura de carbono y potencial turístico.

Empresario del Año: Ing. Ricardo Meléndez,  por dirigir la mayor producción de viviendas de interés social en 2016, promover la inversión tecnológica constructiva y adecuar los aspectos organizativos para masificar la construcción de viviendas.

Presidente de Cámara Empresarial: Michael Healy, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), por su apoyo para elevar la productividad y enfrentar las consecuencias del cambio climático en la producción agropecuaria.

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Actividad Económica del Año: La Construcción, por su crecimiento aproximado a 15% en este año, reconfirma su papel impulsor del crecimiento de 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua pronosticado por COPADES para 2016.

Empresa del Año: B2GOLD, dirigida por el gerente-país Ing. Omar Vega, nicaragüense, al generar el mayor crecimiento del valor de exportación por producto en 2016, gracias a un creciente volumen y a la alza del precio internacional del oro, a la práctica de su modelo minero responsable y moderno y al beneficiar a 4,100 trabajadores directos y a 21,320 personas indirectas.





El perfil económico de COPADES para Nicaragua en 2017

21 12 2016

El perfil económico de Nicaragua para 2017 está condicionado por factores económicos externos tales como el persistente crecimiento económico moderado de Estados Unidos, que hará menos intensa la demanda de nuestras exportaciones; el aumento del precio del barril de petróleo WTI y de los precios internacionales de otras materias primas, que acelerarán la inflación importada; el fortalecimiento o la apreciación del dólar frente a otras divisas duras, como el euro, que hará más caros los productos de origen estadounidense; las alzas de la tasa de interés en los mercados financieros internacionales, que harán más escasos y más caros los préstamos externos; y el menor volumen del suministro de hidrocarburos procedente de Venezuela, que continuará manteniendo en mínimos el monto del crédito petrolero.

En cuanto a los factores endógenos o internos de pronóstico económico nacional del próximo año, suponemos que el gobierno mantendrá a toda costa la estabilidad macroeconómica, es decir, garantizará un tipo de cambio estable y una presión inflacionaria baja, pero se observa que los riesgos son más políticos que económicos y financieros porque después de las elecciones presidenciales de noviembre de este año se ha fortalecido más la concentración del poder político y se visualiza una mayor división de la oposición política. En este escenario, se inició el diálogo entre el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuyo fin primordial es el fortalecimiento de la democracia, la transparencia del proceso electoral, la independencia de los Poderes del Estado y el respeto a los Derechos Humanos, del cual se espera un informe el próximo 15 de enero de 2017.

A lo anterior se agregan los riesgos políticos, tales como la muy probable Nica Act, cuyo riesgo principal podría ser la alteración del flujo de inversión estadounidense directa con efectos nocivos sobre el crecimiento económico esperado y la posición de las reservas internacionales oficiales,  porque la suspensión de la contratación de nuevos préstamos concesionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) ya ha sido contrarrestada con la importante contratación de préstamos no concesionales de Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE) efectuada en el segundo semestre de este año, siempre destinada principalmente a la inversión en infraestructura económica y social.

Por otro lado, se prevén riesgos con la política económica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente con la política fiscal que perseguirá los objetivos de reducir impuestos y aumentar el gasto de inversión pública, aumentará la deuda pública federal y provocará una aceleración de la tasa de inflación y una mayor alza de las tasas de interés en el mercado estadounidense y otros mercados financieros internacionales.

En conclusión, el ambiente económico de Nicaragua está más atribulado por los problemas políticos. Mantener a toda costa la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación dependerá de la intensidad contractiva de la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN), lo cual también conllevará los riesgos de una desaceleración económica al disminuir el valor de las ventas de bienes y servicios y al aumentar los niveles de inventarios de bienes, lo cual perjudicaría la implementación de los presupuestos empresariales.

Por todo lo antes expuesto, es necesaria la disminución de los riesgos políticos internos y externos, y esto dependerá principalmente del Presidente de la República, Daniel Ortega. El primer trimestre de 2017 será crucial para normalizar el desempeño económico de Nicaragua esperado en el próximo año.

En un escenario económico normalizado en términos políticos el próximo año, el Producto Interno Bruto (PIB) Real del país tendería a crecer 5.4%, la tasa de desempleo abierto disminuiría al nivel de 9% de la población económicamente activa (PEA), la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo continuaría siendo elevada al reflejar el nivel de 19.2% de la PEA, el número de trabajadores en la economía formal o de cotizantes de la seguridad social alcanzaría el 25% de la PEA, y la tasa de inflación anual se aproximaría al 7.6%. Con una población de 6.3 millones de habitantes, el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses sería 2 mil 260 dólares y 6.5 veces inferior al esperado en Panamá y 5.1 veces menor que el esperado en Costa Rica.

En cuanto al sector externo, se prevé que con los aumentos de 8.5% del volumen y de 9.6% de los precios de los bienes exportables, el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB sería de 2 mil 630 millones de dólares, mientras que el valor bruto de las exportaciones de zona franca mostraría un nivel levemente mayor al totalizar 2 mil 672 millones de dólares. Por su parte, las importaciones de bienes FOB destinadas al mercado local de 5 mil 489 millones de dólares, que acusarían aumentos de 8.0% y de 6.0% en volumen y precio respectivamente, y estarían acompañadas por importaciones de bienes FOB destinadas a las zonas francas de 1 mil 900 millones.

Continuará persistiendo, como es usual desde hace varias décadas, el grave desequilibrio comercial externo, que ascendería a 2 mil 903 millones de dólares y equivaldría a 20.3% del PIB, pero se financiaría con un flujo de remesas familiares del orden de 1 mil 347 millones. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos resultante sería igual a 1 mil 669 millones de dólares y a 11.7% del PIB, y se financiará con la cooperación oficial del sector público de 500 millones de dólares y el flujo bruto de inversión extranjera directa de 1 mil 320 millones de dólares. Aún sin el dato de la cooperación oficial al sector privado, se puede anticipar que el saldo oficial de las reservas internacionales brutas oficiales equivaldría a 2.4 veces el saldo de la base monetaria y a 5.4 meses de importaciones de bienes CIF, por lo que se garantizaría la estabilidad macroeconómica y no habría especulaciones cambiarias en cualquier momento del año.

En un año de elecciones municipales, que también corren el riesgo del abstencionismo, el déficit fiscal alcanzaría el nivel de 1.0% del PIB. En materia de reforma tributaria, sólo se prevé el establecimiento de la supervisión de los precios de transferencia en junio próximo, que buscará minimizar la evasión en el pago de impuestos. La presión tributaria indicaría que de cada 100 córdobas de producción en el mercado local 16 córdobas con 70 centavos son captados por el Gobierno Central en concepto de impuestos. Cabe destacar que el saldo de la deuda pública externa e interna tendería a disminuir hasta 42.3% del PIB.

Finalmente, en el ámbito monetario se supone que se mantendrá el actual régimen cambiario con una tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial y la dolarización extraoficial de la economía oscilaría cercanamente al nivel de 70% de la liquidez global, es decir, de la liquidez en dólares, córdobas con mantenimiento de valor y córdobas. En relación con otros precios de la economía, se estima que el ajuste del salario mínimo sería 9%, mientras que el salario promedio nacional se ajustaría con el 8%.

Este es un rápido perfil elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) sobre la posible evolución económica del país en 2017, siempre y cuando se avance en la solución de los problemas políticos arriba planteados. COPADES presentará el pronóstico económico de Nicaragua 2017 en marzo del próximo año.





Más independencia equivale a más transparencia

18 12 2016

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Un banco central que sea más independiente tiene más transparencia para comunicar su política monetaria y, consecuentemente, tendrá una mayor credibilidad. Aún con la presencia de choques externos, tales como la disminución de la cooperación externa o las alzas del precio del petróleo o de las tasas de interés en el mercado internacional, que afectarían la política monetaria de un banco central, la transparencia se fortalecería con la política de flexibilidad.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) convoca semanalmente a los inversionistas financieros para que participen en las subastas de Letras, conocidas en la jerga monetaria como operaciones de mercado abierto (OMA), cuyo objetivo es evitar excesos de liquidez en córdobas que eleven la presión inflacionaria. El índice de precios al consumidor se estima en córdobas, aunque nuestra moneda de curso legal tiene una presencia secundaria en el mercado.

El BCN, a través de su página web, informa el monto de las colocaciones de esos papeles, sus plazos que en la actualidad son cortísimos al concentrarse en 7 días, 14 días y 1 mes, y sus tasas de rendimientos, pero no comunica que los montos de las redenciones de esos papeles han sido mayores que las colocaciones durante 8 meses de este año, o sea, las subastas de esos papeles han expandido, en vez de haber contraído, la base monetaria. En otras palabras, las OMA no han logrado su objetivo, porque han expandido la base monetaria en 1 mil 415 millones de córdobas y se puede inferir que el ruido político imperante desde junio recién pasado impactó la confianza de los inversionistas.

Por lo tanto, el control de la liquidez en córdobas se ha logrado exclusivamente con la tasa de encaje legal, es decir, el porcentaje del saldo de los depósitos en córdobas del sistema financiero nacional que los grupos financieros depositan en el BCN por ley. Con tasas de encaje legal de 12% diario y de 15% catorcenal, las instituciones financieras registran actualmente tasas de encaje efectivas sobre los depósitos en córdobas de 22.4% y 21.2% en el mismo orden, y muestran un exceso de encaje diario de 3 mil 817 millones de córdobas al 15 de diciembre recién pasado. Esto también demuestra una excesiva liquidez en córdobas del sistema financiero nacional, que también es evidente en las cuentas bancarias en moneda extranjera, aunque sus tasas de encaje efectivas han disminuido en este año.

La inefectividad de las operaciones de mercado abierto ayuda, en parte, a explicar la caída de 140 millones de dólares en las reservas internacionales brutas del BCN, porque al no contraer la base monetaria se aumenta la demanda de importaciones y se debilita la posición de las reservas internacionales. El saldo actual de reservas internacionales brutas en poder del BCN, 2 mil 203 millones de dólares al 15 de diciembre, es menor que el del año pasado debido a la disminución de la cooperación externa, al aumento del pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos y a la mayor venta de divisas al sector privado, ésta última explicada por la  disminución del crédito petrolero de Venezuela, país que suministraba el 93% de los requerimientos anuales de hidrocarburos en el trienio 2011-2013 y que sólo facilita el 28% en 2016. Es muy probable que también haya disminuido el flujo bruto anual de inversión extranjera directa, que ha sido la principal fuente de ingresos de las reservas internacionales oficiales del país en los últimos años.

Cuando un banco central es más transparente, es menos probable que sus decisiones de política monetaria sean sorpresivas. Varios empresarios han externado sus preocupaciones sobre la posibilidad de la creación de un “corralito” al estilo argentino o del establecimiento de un control de cambios o, en el peor de los casos, de la devaluación del córdoba, preocupaciones ahora agravadas con el riesgo de aprobación de la  Nica Act por parte del gobierno de Estados Unidos.

Sin olvidar el hecho que la libre convertibilidad del córdoba es el eje central del modelo económico del país y que dicho modelo opera con crecientes reservas internacionales y no con crecientes emisiones de córdoba, es lógica la preocupación empresarial sobre la política monetaria, que en caso de darse sería sorpresiva por la poca transparencia de la autoridad monetaria. Sin embargo, es posible descartar las tres preocupaciones señaladas por los empresarios, porque las dos primeras provocarían la fuga de depósitos, la caída de la inversión y el surgimiento de la recesión económica, mientras que la última, la devaluación del córdoba, no es viable con la presencia de los mecanismos de indexación de precios con el tipo de cambio. Primero se tendría que eliminar esos mecanismos de indexación de precios, incluyendo la cláusula de mantenimiento de valor, y después desdolarizar tanto la legislación económica, incluyendo la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, como los costos de producción de las actividades económicas.

Para evitar mayores caídas de reservas internacionales que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica alcanzada, es necesario que el BCN vuelva más atractivas las operaciones de mercado abierto. ¿Cómo? Sencillamente con el aumento de las tasas de rendimiento de las Letras que subasta semanalmente, pero aceptando el costo de provocar una desaceleración del crecimiento económico del país y un mayor déficit cuasifiscal (del BCN, por el mayor pago de intereses y mantenimiento de valor de las OMA) que es financiado con los impuestos de los contribuyentes.

La transparencia de un banco central es necesaria para que, en el caso de Nicaragua, se conozca que sus políticas son coherentes con su mandato de garantizar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, y para que sus decisiones de política monetaria tengan una mayor credibilidad y faciliten la administración de las expectativas de los agentes económicos.

Un banco central transparente explica sus decisiones de política monetaria, libera las actas y los votos de su consejo directivo, publica sus análisis económicos prospectivos, modelos y proyecciones, y difunde sus trabajos de investigación. Esta transparencia de la política monetaria requiere la transparencia de los datos económicos, por lo cual un banco central debe tener la autoridad suficiente para recopilar la información producida por las instituciones gubernamentales y la empresa privada, y también requiere la transparencia en la implementación de las decisiones de política monetaria. En conclusión, una mayor transparencia de un banco central hace a un gobierno más sensible al público.

Sin embargo, la transparencia y la independencia de un banco central están muy relacionadas. Para una independencia efectiva, no sólo basta que el presidente del banco central sea elegido por la Asamblea Nacional o el Congreso, sino también que ejerza su cargo durante un largo plazo y que no esté sujeto al despido, que las decisiones de la política monetaria sean hechas sin el involucramiento directo del gobierno, y que el acceso del gobierno a los préstamos del banco central sea limitado o prohibido por la ley, como es el caso de Nicaragua.

Después de todo, aún hace falta mucho que hacer para que el BCN sea independiente y transparente.





Llamado público al máximo tribunal de justicia de Nicaragua

13 12 2016

Después de un mes de haber entregado mi queja con suficientes pruebas documentales al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia en contra de los funcionarios judiciales María Ivette Pineda Gómez, Donaldo Ignacio Alfaro García y Gerardo Rodríguez Olivas, el silencio de los servidores públicos continúa arrastrándose desde el Complejo Judicial Central de la Ciudad de Managua hasta el máximo Tribunal de Justicia del país, porque no han respondido al reclamo de retardación de justicia en mis dos acusaciones en contra del ciudadano Eduardo Montealegre Rivas.

Es muy penoso el hecho de que el Estado de Nicaragua, a través del Poder Legislativo y del Poder Judicial, defienda o encubra a un presunto delincuente, tal como es Eduardo Montealegre Rivas. Se ha observado poca ética en el manejo que varios diputados hicieron sobre las solicitudes de dos jueces para que desaforaran al entonces diputado Montealegre, quien ni asistía a su curul que le concedió la inmunidad con la cual se escudó inapropiadamente durante ocho años consecutivos. Ahora también se comienza a observar esa poca ética entre los funcionarios judiciales, quienes desde hace tres meses y trece días continúan impidiéndome mi derecho de tener acceso a la justicia, transgreden las leyes y sus reglamentos al profundizar la retardación de justicia, y fortalecen la impunidad del querellado Eduardo Montealegre Rivas.

Hago un llamado público a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, integrada por los magistrados Marvin Aguilar, quien lo preside, Alba Luz Ramos, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, para que no se continúen violando mis derechos al debido proceso ni se perpetúe la denegación de justicia en mi contra. Lo único que les pido es celeridad procesal, a mi derecho de tener acceso a una justicia pronta y efectiva.

Expediente 000256-ORM9-2016-QF

GESTIÓN DE QUEJA.-

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL.-

INSPECTORÍA JUDICIAL

Soy NÉSTOR MANUEL AVENDAÑO CASTELLÓN, de generales expresados en autos, con el merecido respeto comparezco ante vuestra autoridad y expongo.-

ANTECEDENTES

El día once de noviembre del año dos mil dieciséis comparecí ante este máximo tribunal a interponer formal Queja en contra de los Funcionarios judiciales María Ivette Pineda Gómez, Donaldo Ignacio Alfaro García y Gerardo Rodríguez Olivas; es decir, ha transcurrido un mes sin que este máximo tribunal se haya pronunciado hasta la fecha, concediendo el trámite de ley que en derecho corresponde, lo que resulta preocupante tomando en cuenta todo el tiempo que tengo de esperar para que en mis dos casos se haga justicia, sin que a la fecha sea posible.

PETICIÓN DE TRÁMITE.

Por lo antes expuesto y con el debido respeto que esta institución merece, vengo ante vuestra autoridad a pedir se ORDENE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL A LA PRESENTE QUEJA y se mande a los funcionarios quejados a rendir el informe que establece el procedimiento legal.-

Tengo lugar señalado para notificaciones.-

Managua, doce de diciembre del año dos mil dieciséis.-

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

CED 001-300453-0001W

 





La macroeconomía está bien, pero se está volviendo más frágil

11 12 2016

Entre las estadísticas anuales del Banco Central de Nicaragua (BCN) se puede detectar que desde el año de 2002 hasta el año de 2015 se dieron trece aumentos consecutivos del saldo de las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria, excepto en 2012 cuando cayeron apenas US$5 millones. El comportamiento de esta variable clave de la estabilidad macroeconómica del país es un reflejo de la certidumbre económica y financiera, de la disminución del índice de riesgo-país de Nicaragua y de la correcta administración de la macroeconomía de parte de las autoridades nacionales.

Sin embargo, en este año de 2016 el ascenso continuo de dichas reservas se verá interrumpido por el menor ingreso de recursos externos a las arcas del BCN y la mayor venta neta de divisas del BCN al sector privado. Al 7 de diciembre del año en curso, las reservas brutas del BCN observan una caída de US$138.2 millones con respecto a su monto registrado el 31 de diciembre de 2015, al totalizar US$2,354.1 millones.

Ese saldo de la reservas internacionales brutas es equivalente 2.29 veces el saldo de la base monetaria (en córdobas), y es menor que el objetivo de 2.5 veces establecido por el BCN y que el objetivo de 2.2 veces que se estableció hasta 2011 en los programas de ajuste económico y de reforma estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese saldo de reservas internacionales brutas también es equivalente, en términos preliminares de COPADES, a 4.74 meses de importaciones de bienes CIF y supera el mínimo de 4 meses recomendado por el FMI para un país como Nicaragua. El comunicado oficial del equipo técnico del FMI, encabezado por Gerardo Peraza, que visitó al país entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre de este año, dice que se proyecta que las reservas internacionales brutas se mantengan estables en torno a 4 meses de importaciones (excluyendo zonas francas), lo cual es cierto, pero no se manifestó si se mantendrán, al menos, en el mínimo de 2.2 veces la base monetaria.

Siempre hemos manifestado que la macroeconomía está muy bien, pero es frágil, lo cual comenzamos a constatar en el ambiente monetario. Un garante de la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una presión inflacionaria baja y estable ha sido, sin lugar a dudas, el crédito petrolero de Venezuela, cuyo mayor beneficio al país fue la defensa de la posición de las reservas internacionales del BCN al pagarse sólo el 50%, o el 40% o el 30% de la factura de cada embarque de hidrocarburos procedente del país sudamericano, a medida que bajaba el precio del barril de crudo WTI desde US$100, a US$50 y a US$30, este último observado en enero de este año.

Para la estabilidad macroeconómica del país tan importante son los datos del financiamiento de las importaciones de crudo y combustibles como los de volúmenes de hidrocarburos suministrados por Venezuela a Nicaragua. 2011 fue el año en que ALBANISA recibió el mayor monto de dicho  crédito, US$564 millones, que fue seguido por montos anuales de US$556 millones en 2012 y US$559 millones en 2013, gracias a que Venezuela suplía un poco más del 90% del valor del requerimiento anual de hidrocarburos del país, que usualmente ha oscilado alrededor de 11 millones de barriles.

Hoy, de acuerdo con cifras oficiales correspondiente al primer semestre de 2016, el crédito petrolero de Venezuela suma US$108 millones, pero sólo suple el 28% del valor total de las importaciones de hidrocarburos del país. Por consiguiente, hay que pagar de contado el 72% del valor importado de petróleo y combustibles, que en este año proceden principalmente, en orden de importancia, de Estados Unidos, México y Guatemala. Este pago ha expuesto al riesgo la estabilidad macroeconómica, al debilitarse la posición de las reservas internacionales del BCN.

Por otro lado, la principal fuente de ingresos de divisas líquidas en las arcas del BCN es el flujo bruto de la inversión extranjera directa. No obstante el ruido político imperante desde junio recién pasado, con los cambios de jefatura del Partido Liberal Independiente (PLI) y la destitución de un grupo de diputados de la ex Bancada del PLI (BAPLI), y con el silencio electoral prolongado en un año de elecciones presidenciales, el riesgo político de Nicaragua pasó de moderado a alto y afectó el flujo de inversión extranjera directa. Esta situación se agravó con la aprobación de la iniciativa de ley Nica Act, que llama a suspender las contrataciones de nuevos préstamos concesionales de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pero esto será neutralizado con la contratación de préstamos no concesionales que Nicaragua ha realizado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el segundo semestre de 2016.

Sin embargo, el riesgo de la futura ley Nica Act no se concentra sólo en la suspensión de nueva deuda multilateral, sino que se difundirá en el flujo de la inversión extranjera directa, principalmente estadounidense. No hay que olvidar que los inversionistas estadounidenses son los que más capital real (construcción y maquinaria y equipo) han acumulado en el país, de tal manera que de cada US$100 invertidos por extranjeros en Nicaragua entre 1991 y 2015 US$20 corresponden a empresarios de Estados Unidos.

Por estas razones consideramos necesaria la disminución del riesgo político para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. El dialogo político es ineludible para reducir ese riesgo, sin exclusiones de representantes de grupos políticos, aunque sean muy pequeños, reconocidos o desconocidos por el Consejo Supremo Electoral, que haga posible la transparencia y la observación del Proceso Electoral, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos.

Ojalá que no se exponga a más riesgo la atracción de la inversión y la estabilidad del tipo de cambio y de la baja presión inflacionaria. El BCN sólo posee dos mecanismos para proteger a las reservas internacionales, o sea, para sacar de circulación córdobas que demandan importaciones, como son (i) subastar Letras, para lo cual tendrá que elevar la tasa de rendimiento de esos títulos valores para atraer a los inversionistas financieros, y (ii) elevar la tasa efectiva de encaje sobre los depósitos en córdobas del sistema financiero nacional, que hoy es aproximada a 23% aunque la legal es 12%, lo cual incrementará la tasa de interés activa en el mercado financiero local.

Tampoco hay que olvidar que Nicaragua aún no ha usado la línea de crédito de US$200 millones que suscribió con el BCIE para apoyar la gestión de liquidez del BCN. Es preferible usar estos recursos que se han renovado por siete años consecutivos, antes que intentar la colocación de la deuda soberana en el mercado financiero internacional, en un momento en que comenzarán a subir las tasas de interés –comenzando con las de la Fed- que harán más caro y más escaso el crédito, teniendo en cuenta el alto riesgo crediticio, altamente especulativo, que tiene Nicaragua según las calificaciones de Moody´s Investors, Fitch y Standard & Poor´s.

También debemos recordar que se debe mantener la libre convertibilidad, columna central del actual modelo económico del país. Por consiguiente, las autoridades del BCN deberán estar más atentas a la relación de las reservas internacionales brutas con la base monetaria en vez de la relación de dichas reservas con las importaciones de bienes CIF.