El riesgo del conflicto de interés

30 09 2012

De acuerdo con el decreto presidencial 70-2012 publicado en La Gaceta el pasado viernes 21 de septiembre, el presidente Daniel Ortega nombró al presidente y vicepresidente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Mayor General Denis Membreño Rivas y el Comisionado Mayor Aldo Sáenz respectivamente. La misión principal de la UAF será la de sistematizar la información financiera, jurídica y contable de instituciones públicas y privadas y sujetos naturales acerca de transacciones económicas con presuntos vínculos con el lavado de dinero.

Esos nombramientos presidenciales han creado reacciones positivas y negativas, y éstas últimas provienen de políticos, pero lo más importante de dichos nombramientos es que la UAF no está en manos de políticos, por la peligrosa relación que existe entre la política y la empresa ya demostrada cuando muchos ex políticos se convierten en administradores.

Varios ex ministros y ex diputados, de gobiernos anteriores, los hemos visto laborando en los grupos financieros locales, los entes autónomos de regulación de servicios públicos y los consejos directivos de varias instituciones públicas y privadas, y ex altos cargos públicos de menor responsabilidad en los órganos de decisión de empresas financieras y no financieras, y sus designaciones podrían generar conflictos de interés.

La interrogante alrededor de la entrada de políticos en los órganos de decisión de los entes y las empresas públicas y privadas es si su contratación se debe a su red de influencias o por su calificación. Si fuesen políticos que antes se desempeñaron en la iniciativa privada y después como servidores públicos y ahora retornan al mundo empresarial, su experiencia profesional es buena y, por consiguiente, pueden aportar en los ámbitos privado y público. Pero si la trayectoria profesional de los ex políticos es solo política, lo único que aportarían a la empresa son relaciones y, muy probablemente, eso derivaría en conflictos de interés. Peor sería el riesgo moral si fuesen políticos activos, porque serían designados por sus contactos en vez de sus cualidades.

Indudablemente, en nuestro país existen políticos capaces pero la mayoría de los políticos, bautizados entre ellos como zancudos, forman el ejército de buscadores de rentas políticas. La ciudadanía señala a los políticos y a los partidos políticos como una de sus más grandes preocupaciones, por lo cual es fácil concluir que los políticos deben recuperar la confianza de la sociedad y que las personas nombradas para dirigir la UAF afortunadamente no provienen del escenario político.

Tengo la confianza que los dirigentes de la UAF demostrarán que sus objetivos requieren nuevos comportamientos, reglas, destrezas y prioridades, porque la UAF debe superar tradiciones, conflicto de intereses, canales de comunicación interna muy pobres y otros aspectos culturales que son una zancadilla en toda regla.





La reforma tributaria y la simulación de la “tasa Tobin”

30 09 2012

En su propuesta de reforma tributaria relacionada con la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el gobierno de Nicaragua busca la armonización de las tasas tributarias con las del resto de los países centroamericanos, lo que podría ser interpretado como la tasa promedio efectiva real o como la tasa moda nominal, dependiendo del caso que se analice Sin embargo, sobre el tema de las bases gravables y las tasas de impuesto sobre la renta, entre otros principios, propuso “revisar las retenciones sobre transacciones de títulos valores”, probablemente inspirado en la promesa política del entonces candidato a presidente y hoy presidente de Francia François Hollande de implantar un impuesto de 0.2% a la compraventa de acciones en territorio francés, el cual fue aprobado en agosto recientemente pasado.

En la actualidad, ningún país centroamericano impone una tasa tributaria sobre las transacciones bursátiles, es decir, sobre el valor precio de una transacción tributaria, sino sólo la imposición de una tasa de retención a cuenta del IR sobre los intereses devengados por instrumentos bursátiles, excepto en Panamá, y que en caso de Nicaragua es 10% definitivo desde el 1 de enero de 2010 y aplicable a las emisiones de títulos valores a partir de esa fecha.

Este principio tributario puesta a consulta para lograr un consenso nos recuerda la propuesta de mi profesor James Tobin (q.e.p.d.) en la Universidad de Yale para los movimientos financieros internacionales tales como divisas y derivados, conocida como “tasa Tobin” al nacer en 1972, pero que en un país como el nuestro, al hacerlo solo entre países vecinos que no la practican, podría tener consecuencias negativas. En este caso, el gobierno estaría buscando un efecto de imagen, o sea, un impuesto a la banca comercial en una reforma tributaria que afectará más a los consumidores y dejaría al Tesoro un aumento de ingresos tributarios de, a lo sumo, 21 mil millones de córdobas, es decir, 1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el nuevo sistema de cuentas nacionales reciente aprobado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El mejor consejo para el gobierno es que una medida tributaria de esa naturaleza provocaría una fuga de inversionistas financieros, incluyendo a los grupos financieros establecidos en el país, con consecuencias negativas imprevistas.

Una medida de esta clase dejó resultados decepcionantes en Suecia entre 1984 y 1990. En enero de 1984, Suecia introdujo un impuesto de 50 puntos básicos en la compraventa de acciones, aplicable a todas las operaciones (y de opciones sobre acciones). En enero de 1986, la tasa se duplicó y en enero de 1989, la renta fija también se vio gravada con un impuesto de 0.2 puntos básicos para los bonos con un vencimiento máximo de 90 días y 3 puntos básicos para los de cinco años o más.

Al tiempo que el Gobierno de Suecia elevaba la presión fiscal de las transacciones las operaciones financieras se desplomaban, hasta el punto de que la recaudación en el impuesto sobre plusvalías se hundió, al observarse una caída de 85% en las transacciones de bonos, otra caída de 98% en futuros, las opciones desaparecieron y el 60% del volumen de las operaciones bursátiles más activas se trasladaron a La City de Londres.





Falsa humildad oculta pecado capital

28 09 2012

Muy lamentable la actitud de Eduardo Montealegre ante el Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua del 26 de septiembre de 2012, porque sólo reconoce que ha cometido errores como miembro de un partido político y no como persona cuando estuvo en la silla de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno y ahora como opositor al gobierno actual.

La soberbia, la arrogancia y la prepotencia de este diputado invalida su expresión de que “con gran humildad aceptamos que tenemos que mejorar, porque hemos cometido errores y porque es de humanos rectificar”. Tremenda falacia de Eduardo Montealegre que no respeta los derechos humanos, los viola y no rectifica tal como manda la ley, por sus graves acusaciones contra mi persona que debe demostrar ante el juez, pero huye de la Justicia, “escapa a la obligación de la ley”, a la vista pública al usar reiterada e inapropiadamente la inmunidad de su cargo de servidor público, mejor dicho al abusar de su cargo de servicio público, y alarga la fila de los nicaragüenses impunes.

Se nota también el oportunismo de este diputado, que ha sido acusado por la Fiscalía General de la República junto con otras 38 personas por daños cometidos al presupuesto nacional, al mostrar su acuerdo con el consejo pastoral que “lo importante es ver hacia el futuro, tomar conciencia de los grandes problemas que vive el país y comprometerse en la construcción de una sociedad más justa y democrática”. Con esa prestancia del diputado Eduardo Montealegre, observo su alevosía y ventaja al pretender ignorar sus presuntos delitos cometidos en las subastas de los activos de cuatro bancos liquidados en el país y en la restructuración de la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos de la que aún el pueblo de Nicaragua tiene un pago pendiente de 177 millones de dólares más los intereses correspondientes.

Y si miramos más hacia el pasado, todavía está fresca en la memoria de los nicaragüenses la acción del ahora coordinador político del Partido Liberal Independiente (PLI) de quitar el vaso de leche escolar a los niños de educación primaria cuando fungió como ministro del Tesoro, con el fin de destinar los impuestos liberados del pago de la deuda externa con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados en enero de 2004 hacia el pago de la deuda ilícita y onerosa por el rescate de los depositantes en los cuatro bancos liquidados. Por esto, y por otras cosas más que están registradas en la historia económica de nuestro país, Eduardo Montealegre sólo quiere ver hacia el futuro para evadir su obligación de reparar los daños cometidos.





Nuevas cuentas, nuevos pensamientos

23 09 2012

A partir del 20 de septiembre de 2012, Nicaragua dejó atrás la contabilidad social con año base de 1994 y ahora tiene un nuevo sistema de cuentas nacionales con año base 2006, el cual refleja para 2011 un Producto Interno Bruto (PIB) Nominal de US$9,317 millones, que es 30% mayor que el contabilizado con el sistema contable anterior e igual al 5.6% del PIB de Centroamérica y Panamá, y un PIB Por Habitante de US$1,582 que nos incluye entre 13 países de ingreso medio más bajos, acompañados de Moldavia, Bolivia, Guyana, Islas Salomón, Nigeria, Camerún, Yibuti, Sudán, Lesoto, India, Santo Tomé y Príncipe, y Papúa Nueva Guinea.

He de felicitar a los técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN) no sólo por los resultados de la actualización del año base de la cuentas nacionales del país, sino también por el desarrollo de nuestro sistema de contabilidad social que ahora abarca, entre otros balances y cuentas, la generación del ingreso, el ingreso disponible, la cuenta de ahorro e inversión y la cuenta financiera.

Se observan ciertos ajustes por el cambio del año base de la economía en  la contabilidad social de Nicaragua que sacudirán los pensamientos de los formuladores y consejeros de política económica. Por ejemplo, a finales de 2011 el saldo de la deuda pública, tanto externa como interna, que antes era igual a 72% del PIB, hoy iguala el 56% del PIB, y nuestro país ve disminuida la severidad del endeudamiento público pero continúa con el status de ser muy endeudado en términos de producción y aún logra mantener el tratamiento especial de recibir préstamos externos con tasas de interés concesionales.

Sin embargo, Nicaragua tendría que fundamentar el financiamiento externo con un apropiado criterio del destino de esos préstamos, acorde con la estrategia de desarrollo económico nacional, a medida que prosiga disminuyendo la razón deuda pública con respecto al PIB –aunque en 2012 aumentan la deuda externa por la caída de las donaciones y la deuda interna por la acelerada emisión de Letras del BCN y Títulos Especiales de Inversión y cuyo monto ya se aproxima al del emitido de Bonos de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública (MHCP)-.

Otro ejemplo es que el déficit comercial externo de 2011 ahora es 22.2% del PIB en vez del 28.3% del PIB como era antes, lo cual siempre conduce a la conclusión que el córdoba está bastante sobrevaluado y, por lo tanto, se mantiene la premisa que la política cambiaria actual no apoya el esfuerzo de los exportadores para incrementar los volúmenes de bienes destinados al mercado externo.

Las nuevas noticias fiscales son que en 2011 la presión tributaria, o sea, la relación del monto de los impuestos recaudados por el Gobierno Central con respecto al PIB, conocida como presión o carga tributaria, es del orden de 15.2%, menor que el 19.4% del ya fenecido sistema de cuenta nacionales. Esto da una clara ventaja a las autoridades gubernamentales para pronunciarse con  mayor propiedad sobre la necesidad de la reforma tributaria que se discute secretamente entre los agentes económicos del país; la otra nueva es que la razón déficit fiscal en relación con el PIB es igual a 1% con el nuevo sistema de cuentas nacionales, mientras que en el viejo sistema era 1.3% del PIB, por lo cual disminuiría levemente la dependencia sobre la nueva emisión de duda pública interna a través de Bonos de la República de Nicaragua para pagar el principal de la deuda pública interna, es decir, las amortizaciones de los bonos de pago por indemnización (BPI) y de los bonos por las quiebras bancarias de 2000 y 2001.

Con la actualización de los datos de la oferta y demanda global de la economía nicaragüense, cabe preguntar cómo se comporta la tasa media de consumo privado, es decir, el gasto de consumo de las familias con respecto al PIB, la cual aumenta de 79% a 87%. Se aprecia, pues, que con la nueva revisión contable el consumo de las familias aumentó más en términos relativos que el PIB,  de tal forma que se podría reconfirmar que este gasto familiar ha crecido con el mejor desempeño de la economía en los últimos tres años, los flujos de remesas y los ajustes de los salarios mínimos legales y efectivamente pagados en el mercado, sin obviar, por supuesto, el monto del Bono Salarial a casi 170 mil trabajadores del sector público que devengan más bajos salarios, el cual tiene un costo aproximado a 1 mil 400 millones de córdobas anuales y que son financiados con la asistencia financiera de Venezuela.

Habría que descartar tanto a la ocupación, porque se ha dado un aumento neto de desempleados en los últimos tres años porque las tasas de crecimiento económico son insuficientes para reducir el subempleo y el desempleo, como a la tarjeta de crédito de consumo porque ha reducido su participación en el crédito total del sistema bancario al pasar de 17% en 2007 a 11% en 2011, después que los banqueros sentaron en le banquillo de los acusados a 40 mil tenedores de esa tarjeta que no podían pagar sus obligaciones en 2009 debido a los efectos de la recesión económica mundial que se generó desde la banca de inversión de Wall Street.

Con el aumento del PIB Real y tomando en cuenta la ocupación plena de nuestro mercado laboral, en 2011 la productividad de la economía se eleva levísimamente en 1 décima porcentual, mientras que el medio circulante disminuye 2.4 puntos porcentuales del PIB y la liquidez global de la economía, incluyendo los depósitos en dólares registrados en el sistema financiero nacional, tiende a caer 12 puntos porcentuales del PIB. Por consiguiente, la economía tiene una menor liquidez de lo se suponía, lo cual ayuda a explicar la baja presión inflacionaria a pesar que se mantiene constante la tasa anual de 5% de deslizamiento del tipo de cambio oficial desde el 1 de enero de 2004, en un escenario de indexación de precios en córdobas con respecto al valor del dólar estadounidense que impide la utilización de la política cambiaria para amortiguar los efectos de los choques externos.

Con estos cambios de las estadísticas macroeconómicas, los nicaragüenses no somos más ricos ni más pobres de lo que estamos hoy en 2012. Tenemos una mejor contabilidad social porque el cambio de año base de la economía ha incorporado a más unidades económicas pertenecientes al sector informal y, consecuentemente, la cobertura de la medición del PIB entre los empresarios, tanto del sector privado como del sector público se ha ampliado, y en el futuro se seguirá ampliando con los nuevos cambios del año base del sistema contable.

Lo que hace falta al nuevo clima estadístico nacional es la distribución del ingreso de los nicaragüenses, lo cual podría ser mejor investigado con la estimación de una nueva matriz de insumo-producto de la economía de Nicaragua con el mismo año base de 2006, que incorpore los cambios tecnológicos y la incorporación y (por ende) la desaparición de empresas. Por lo menos, los economistas esperamos del personal técnico del BCN la pronta actualización de dicha matriz para tener un conocimiento más certero de la concentración de la riqueza en Nicaragua. De nuevo, felicitaciones al personal técnico de la autoridad monetaria de nuestro país.





El riesgo moral de una amnistía tributaria

15 09 2012

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el monto de la evasión en el pago del impuesto sobre la renta en 2010 fue igual a 7 mil 910 millones de córdobas, es decir, 370 millones de dólares, que también es igual a 46.4% del monto potencial del impuesto sobre la renta que la Dirección General de Ingresos (DGI) cobra a las actividades económicas y las personas asalariadas y naturales, y a 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

Ese monto evadido por los contribuyentes es mayor que el gasto anual del Ministerio de Educación (MED) o del Ministerio de Salud (MINSA) en 2012, una suma importante que ayudaría a duplicar cualquiera de esos dos presupuestos anuales dirigidos a resolver los problemas sociales básicos de la población. Con ese monto evadido, los diputados no tendrían razón para continuar endeudándonos con Bonos de la República de Nicaragua, que son emitidos por el MHCP para pagar la deuda interna pública, en la cual se destacan las indemnizaciones por la propiedad confiscada en la década de los ochenta, las quiebras bancarias de 2000 y 2001, y el financiamiento de las pérdidas permanentes del Banco Central de Nicaragua.

Una vía que se ha mencionado desde hace varios años para reducir la evasión en el pago del impuesto sobre la renta es una amnistía tributaria para que el evasor llegue con confianza a pagar sus impuestos del último año fiscal, sin exponerse a que le cobren la evasión de los tres años anteriores y a que sea llevado a los tribunales de justicia.

Sin embargo, eso sería muy criticable porque reduciría la responsabilidad tributaria y disminuiría la exposición del contribuyente al riesgo que supone la evasión en el pago de los impuestos. En otras palabras, una amnistía tributaria supuestamente favorecería a los defraudadores porque regularizaría su situación fiscal, pero persistiría la ilusión del cobrador de impuestos de que se reduzca la “economía sumergida” y se amplíe la base de contribuyentes. Desde un escritorio no se aminora la evasión en el pago de los impuestos.

Una amnistía tributaria debería ser declarada inconstitucional. Para controlar la evasión tributaria se podrían aplicar diversas medidas como la educación en el pago de impuestos (desde la escuela primaria hasta en los medios escritos, radiales y televisivos), la persecución y el castigo. Todas las personas dedicadas a la creciente “economía sombra”, o “subterránea”, “informal”, “de segunda”, “paralela” o “de dinero”, tanto en el mercado laboral como en el mercado de bienes y servicios, no desean ser identificadas, por lo que la reducción de la evasión fiscal se volvería una pasión científica para los cobradores de impuestos de conocer lo desconocido. La DGI debería mejorar la fiscalización y la información del sistema tributario.

La “economía sombra” incluye toda la producción legal en el mercado de bienes y servicios que ha sido deliberadamente ocultada a las autoridades públicas para (1) evitar el pago de la renta, al valor agregado u otros impuestos, (2) evitar el pago de las contribuciones de seguridad social, (3) evitar tener que cumplir con ciertas normas legales del mercado de trabajo, tales como el salario mínimo, jornada máxima de trabajo, normas de seguridad, entre otras, y (4) dejar de cumplir con ciertos procedimientos administrativos, tales como completar cuestionarios estadísticos u otros formularios administrativos solicitados por el Estado.

Entre las posibles causas de la existencia de la “economía sumergida” se encuentran las cargas de la presión tributaria del Gobierno Central (en Nicaragua, 19.4% del PIB en 2011, que es la más alta de Centroamérica) y de las cotizaciones a la seguridad social (5.8% del PIB en 2011, tomando en cuenta los datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), y ambas presiones subirán en 2013.

Debido a que los impuestos afectan las decisiones de trabajo-ocio de los agentes económicos, y también estimula la oferta de trabajo en “la economía informal”, la distorsión de la presión tributaria es una gran preocupación para los economistas. Cuanto más grande sea la diferencia entre el costo total de la mano de obra en la economía oficial y el resultado después de los impuestos sobre la renta del trabajo, mayor es el incentivo para evitar esta diferencia y para trabajar en “la economía sumergida”. No obstante aún se puede elevar la presión tributaria del Gobierno Central, ya que la existente se encuentra muy cerca de su óptimo del 23.9% del PIB, tomando en cuenta las condiciones actuales de la economía nicaragüense.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), del total de personas ocupadas en 2011 el 77.2% labora en establecimientos que no llevan registros contables, es decir, 2 millones 167 mil personas no controlan sus ingresos, gastos y capital, y el 49.1% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el subempleo, es decir, 1 millón 471 mil personas no laboran la jornada legal de 8 horas diarias o reciben un salario menor que el salario mínimo legal, algo ilegal en nuestro país.

Se puede concluir, por lo tanto, que el fenómeno complejo de la “economía sombra” en el mercado interno de Nicaragua es bastante grande al superar fácilmente el 50%, de acuerdo con la información del INIDE. ¿Cómo se explica ese tamaño muy grande de la “economía informal” en Nicaragua? No hay que perder de vista la presión tributaria y el tamaño del gobierno general (el gobierno central y las alcaldías), las alícuotas máximas del impuesto sobre la renta, el tiempo para abrir y poner en marcha una empresa, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo), el PIB per cápita promedio anual y la libertad empresarial.

Con la amnistía tributaria no se va a recaudar más impuestos, no se reducirá “la economía sumergida” ni va a aflorar el capital oculto en nuestro país. Hay que evitarla por el riesgo moral de disminuir la responsabilidad tributaria.





Pronóstico económico de Nicaragua para 2013

13 09 2012

El crecimiento económico mundial continuará siendo moderado en 2013. El menor crecimiento en las economías avanzadas, y particularmente en los mercados emergentes de mayor tamaño, se reflejará en menores presiones alcistas sobre los precios de materias primas en los mercados internacionales, incluyendo el petróleo. Si no se consolidan soluciones recientes para enfrentar y resolver la compleja situación fiscal y financiera de algunas economías de la Euro-Zona, habrá incertidumbre y mayor aversión al riesgo en mercados financieros internacionales.

Para la economía de Nicaragua, en 2013 hay riesgos en el acceso al financiamiento externo para el respaldo del presupuesto nacional y en la caída de los precios internacionales de las materias primas que nuestro país vende principalmente a Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela y la Unión Europea.

La tasa de crecimiento económico de Nicaragua de 4.1% en 2012 tiende a desacelerar a 3.1% en 2013. Por el lado de la oferta, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real se basa en las actividades agropecuarias y la construcción, mientras que por el lado de la demanda se fundamenta en la inversión y las exportaciones.

La alta tasa de desempleo global (el abierto y el equivalente asociado con el subempleo) se mantiene constante en 24.5% de la población económicamente activa (PEA) en 2013, es decir, 807 mil personas económicamente activas no generarán ingresos en 2013.

Mientras que en 2012, la tasa de inflación desacelera hasta 6.0% por la caída de los precios de los internacionales de las materias primas, en 2013 se remonta hasta 7.1% debido al mantenimiento de la tasa de devaluación anual de 5%, la expansión esperada de 14% del medio circulante y la expectativa inflacionaria provocada por la reforma tributaria, a pesar del supuesto que el precio internacional del barril de crudo WTI disminuye US$5 hasta US$90.

El valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB más el valor neto de la maquila se incrementa 1.4% con un valor de US$3,013, pero el valor de las importaciones de bienes CIF superará los 6 millardos de dólares, de tal forma que el déficit comercial externo de US$3,101 millones, equivalentes al 37% del PIB y en gran parte explicado por la sobrevaluación de 19% del córdoba, se financia, en orden de importancia, con los flujos de inversión extranjera directa de US$1,100 millones, las remesas familiares de US$1,037 millones –con el supuesto que la economía de Estados Unidos crezca 2.3%-, la asistencia financiera de Venezuela de US$635 millones y la cooperación oficial destinada al sector público, hoy conocida como tradicional, de US$620 millones –si se suscribe el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-.

Como un resultado de la carencia de donaciones de divisas líquidas de libre disponibilidad en el sector público, continúa acelerándose el saldo de la deuda pública externa al arribar a US$4,633 millones y al 56% del PIB, el cual incluye casi US$1,600 millones pendientes de reestructuración con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Por otro lado, el pago del servicio contractual de la deuda externa de US$140 millones equivale a 4.7% del valor de las exportaciones, un indicador bastante atractivo para la inversión extranjera directa.

Empiezan a tomar forma nuevos problemas del sector monetario a partir de este año. Las reservas internacionales brutas podrían mostrar un aumento máximo alrededor de US$77 millones hasta US$2,074 millones, pero equivaldrían a 2.1 veces el saldo de la base monetaria a finales del próximo año, menor que las 2.2 veces condicionadas en los acuerdos con el FMI, no obstante los aumentos muy importantes y de cortísimo plazo de excesos de excesos de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera que los banqueros depositan en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

En el sector fiscal, la reforma tributaria que se aplicará el próximo año impactará, en su primera ronda, en un aumento de la presión tributaria del Gobierno Central del orden de 4 décimas porcentuales del PIB hasta 20.9% del PIB. Los impuestos captados por el Gobierno Central disminuirán por el anuncio oficial que la alícuota máxima de 30% del impuesto sobre la renta (IR) disminuirá 1 punto porcentual anual hasta 25% para las actividades económicas y los asalariados y el aumento de la base exenta de 75 mil córdobas a 100 mil córdobas para las rentas del trabajo, pero los ingresos en concepto del IR también aumentarán por la propuesta de limitar los gastos deducibles de intereses por sobreendeudamiento, la introducción de regulaciones sobre precios de transferencia y las retenciones definitivas sobre los productos financieros, además de la esperada eliminación gradual de algunas exenciones y exoneraciones en el pago de tributos indirectos.

Ante la inquietud empresarial si el aumento de la presión tributaria podría provocar alguna contracción en el crecimiento económico del país, la respuesta es no porque, según mis estimaciones, la presión de impuestos más reciente es de 21.0% correspondiente al primer trimestre de 2012, la cual se encuentra en un punto inferior pero bastante cercano a la presión óptima de 23.9% que nunca se ha logrado alcanzar en el país, y que de hecho será cambiante y dependerá de las circunstancias económicas. Existe espacio tributario para esta reforma, sin el riesgo que desacelere el crecimiento económico del país.

Con un gasto público contenido, que es más de lo mismo –el pago más importante es a los acreedores internos y externos y continuamos endeudándonos para pagar la deuda-, el presupuesto nacional estará equilibrado, es decir, el déficit fiscal será igual a 0% del PIB, algo irónico en un país donde 1 millón 500 mil personas no encuentran un puesto de trabajo formal. Además debe tomarse en cuenta que que el monto anual de la asistencia financiera de Venezuela se aproxima a 7% del PIB y existe el riesgo que no tenga acceso (o disminuya, en el mejor de los escenarios) a dicha asistencia financiera; basta un ejemplo: el Bono Salarial a casi 170 mil empleados públicos que devengan bajos salarios tiene un costo anual aproximado a C$1,400 millones, o sea, US$60 millones, que son financiados con los recursos venezolanos.

Finalmente, cabe recordar que está pendiente el consenso de otra reforma a ser implementada en 2013, la del fondo de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la seguridad social. Entre las once propuestas de reformas a la ley de seguridad social vigente, las más conocidas hasta hoy son las siguientes: aumentar la edad de 60 a 65 años para tener acceso a la pensión de vejez; incrementar el número de años de cotización de 14½ a 30; eliminar el techo salarial objeto de cotización de C$37,518; aumentar las tasas de cotización para los trabajadores desde 4% hasta un rango de [4.38%, 9%] y para los empleadores desde 7% hasta un rango de [7.77%, 15.7%]; reducir las cuantías de las futuras pensiones de vejez; reajustar los montos de las pensiones con la tasa de variación del salario promedio nominal de todos los trabajadores asegurados en vez de la tasa de devaluación oficial; introducir el ahorro individual al sistema de pensiones; y aplicar la ley reformada a los asegurados nacidos desde el 1 de enero de 1967.





Mi demanda a Eduardo Montealegre no es política

9 09 2012

 

El pueblo de Nicaragua conoce que yo he demandado dos veces al diputado Eduardo Montealegre Rivas por ser el autor del tipo penal de injurias y calumnias propagadas públicamente contra mi persona, primero a través del Diario la Prensa en un chat que el querellado sostuvo con los lectores de ese diario, y después a través una supuesta carta de disculpas que él me escribió aconsejado por el entonces Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro Moreira, además de todas las sandeces que él dijo en múltiples ocasiones a través de canales de televisión desde la casa de su movimiento político personal, las que fueron también reproducidas por los medios de comunicación social del país.

Esa presunta delincuencia de Eduardo Montealegre la explico como su respuesta revanchista a la investigación ad honorem que realicé al Estado de Nicaragua, representado por la Contraloría General de la República, a lo largo de 2006 sobre las liquidaciones y el rescate de los depositantes de cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001, en la que el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, tiene que aclarar varios de sus actos al Juez y a la Nación.

El diputado querellado nunca asistió a los llamados de dos jueces para responder a mi demanda con la presentación del argumento que él es inmune en su cargo de diputado, y por eso pedí a dos jueces que solicitaran a la Asamblea Nacional de Nicaragua la desaforación del ciudadano Eduardo Montealegre Rivas.

La anterior Asamblea Nacional a la que funciona actualmente nunca respondió a las solicitudes de los dos jueces, porque el Dr. Wilfredo Navarro me aseveró que existía un acuerdo político de los liberales de no desaforar al diputado querellado. Lo único que se cumplió de los Acuerdos de Metrocentro II firmados a finales de 2009, según las palabras de un connotado líder liberal, fue que no desaforaran por ningún motivo al diputado Eduardo Montealegre Rivas, quien hasta hoy tiene dos acusaciones públicas: una, la de la Fiscalía General de la República por sus presuntos delitos en contra del Presupuesto Nacional de la República; otra, la que tiene pendiente conmigo.

Ahora me es inexplicable que el Presidente de la actual Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, no haya podido responder mi solicitud, después de escribirle cuatro cartas entre el 8 de mayo y el 30 de agosto de este año, de que incluyan en el orden del día de ese Poder del Estado de Nicaragua las dos solicitudes de desaforación del diputado Eduardo Montealegre que fueron enviadas por dos jueces locales de lo Penal de Managua el 6 de octubre de 2008 y el 15 de junio de 2011.

Recurrí al Presidente de la Asamblea Nacional porque la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, antes de entregarle carta fechada el 31 de enero de 2012, me dijo que “mi caso es político porque el acusado es un político” (?), y que “buscara al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional para tramitar mi solicitud” (?), una afirmación y una sugerencia muy decepcionantes. Dos observaciones tengo al respecto: mi demanda es personal y no es política, y buscar al diputado Edwin Castro significaría politizar mi demanda personal. Por eso, reitero, busqué al Presidente de la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional no me limite en mi derecho de acceso a la justicia ni me convierta en doble víctima de violación de derechos humanos.

El bloqueo a mi esfuerzo por avanzar en mi demanda contra el diputado querellado desde el 27 de agosto de 2008 ha despertado la conciencia del público sobre el mal subyacente de que “un político es intocable aún para la justicia de nuestro país”, algo tremendamente equivocado cuando se busca el fortalecimiento de la democracia. Se equivocó el diputado querellado Eduardo Montealegre al suponer, con su soberbia y prepotencia, que ha puesto fin a mi demanda, cuando afirmó públicamente que ponía una lápida sobre mi acusación. Una afirmación cómica, porque un servidor público que desde hace casi seis años es diputado se transformó recientemente en un juez para evadir la justicia. Es justo señalar que la gente debe sentirse libre para acusar y deshacerse de un político que ha cometido delincuencia contra el pueblo o si hace mal su trabajo.

Y a pesar de ser un presunto delincuente, Eduardo Montealegre continúa aspirando a ser un líder político. En un país de pobres, un banquero y político, como lo es el diputado Eduardo Montealegre, no puede tener liderazgo, mucho menos ser presidente de nuestro país, peor aún si tiene cuentas pendientes con la justicia de Nicaragua.

En estos momentos en que se discute una reforma tributaria entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, está fresca en la memoria de la nación la persecución que hiciera la Dirección General de Ingresos (DGI) al diputado Eduardo Montealegre para que pagara los impuestos por la venta de su residencia a una representación diplomática acreditada en el país, cuestión que sus aliados políticos y simpatizantes parecen ignorar, aunque un tema tributario es importante para cualquier líder político. Puede ser que Eduardo Montealegre no sea un evasor de impuestos, porque sólo una investigación profunda de la DGI podría llegar a esa conclusión.

Un político que cobija su delincuencia con el uso inapropiado de la inmunidad que le confiere su cargo de servidor público nunca podrá gozar de la confianza del pueblo. Eduardo Montealegre maneja la pala con la que entierra su credibilidad y su liderazgo –por si acaso los tiene-. Entre 49 acusados por la Fiscalía General de la República, este diputado tiene pendiente la aclaración por la emisión de dos Bonos Cupón Cero en la restructuración de la deuda pública interna en octubre de 2003, con lo cual provocó un daño de 23.4 millones de dólares al presupuesto nacional, y por los abusos contra el erario entre el 21 de mayo y el 25 de agosto de 2003 en la subasta de activos de los cuatro bancos liquidados que se realizaron en las instalaciones del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Y después de todo esto, Eduardo Montealegre se autonombró alegremente “perseguido político. Cuando en 2007 expliqué estos asuntos a la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), en ese entonces presidida por Eduardo Montealegre, uno de sus aliados políticos me preguntó si Eduardo era o no era culpable en el caso de los CENIs Bancarios. Mi respuesta sigue siendo la misma: Sólo un juez puede declarar inocente o culpable a Eduardo Montealegre, pero desde mi punto de vista de economista él tiene que aclarar muchas cosas.