Las vulnerabilidades políticas y económicas de Nicaragua

25 08 2019

La solución de los problemas económicos de Nicaragua pasa primero por la solución de los problemas políticos acumulados desde hace varias décadas. Enfrentar sólo los problemas económicos conducirá a un mayor desequilibrio de las variables macroeconómicas en el actual escenario político, así lo expresé en el Foro Empresarial y Profesional que se realizó en el Institituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en enero de este año, y peor aún si se adoptan políticas económicas muy contradictorias como han sido las de elevar las tasas de interés desde el Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque el crédito se había desplomado, o aumentar las tasas tributarias desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), aunque el producto interno bruto (PIB) real también continuaba cayendo y los salarios estaban congelados. Los economistas gubernamentales, al formular la política macroeconómica, deberían de reflexionar que en los dos últimos años se ha desvanecido el 12 por ciento de la producción y el ingreso interno bruto por habitante ha retrocedido siete años.

El presidente de la República que sea electo en las próximas elecciones nacionales tendrá que enfrentar muchos desafíos políticos y económicos, y la severa desconfianza que existe entre los agentes económicos, consumidores, empresarios y gobierno. Entre los desafíos políticos, se destacan el desarrollo de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los Poderes del Estado, la lucha contra la corrupción, la reducción del índice delictivo, el mejoramiento del sistema educativo y el establecimiento del imperio de la ley. Olvidaba agregar la erradicación de la impunidad.

Nadie puede estar o permanecer por encima de la ley, algo que se debe aceptar sin cuestionar. Como he manifestado públicamente en cada mes desde hace once años, el impune más famoso de la historia delictiva de Nicaragua ha sido el ex banquero exitoso y también político, dicho sea de paso, fracasado, Eduardo Montealegre Rivas, al huir y rehuir de la justicia por sus graves injurias y calumnias contra mi persona, un delito penal que nunca prescribe, y al huir también de la acusación de la Fiscalía General de la República por los delitos que cometió en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos comerciales, escudándose en la inmunidad que le confería su cargo de diputado con la protección de la Asamblea Nacional, y en mi demanda personal también con la protección del Poder Judicial.

Entre los desafíos económicos, el presidente de la República que sea electo tendrá que promover profundas reformas estructurales de la economía del país. Un problema de capital importancia para ser resuelto es la baja productividad de la economía nicaragüense, es decir, el PIB real por persona ocupada, que si no cae crece muy levemente en cada año desde hace décadas. Cómo aumentar la tasa de productividad es clave, porque se hará con un menor número de jóvenes que ingresan al mercado laboral, debido a que la tasa de fertilidad ha bajado, y con un mayor número de jubilados, dada la creciente esperanza de vida al nacer y la invariabilidad de la edad de jubilación, 60 años, desde cuando se fundó el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), hace 63 años. La economía ha estado creciendo porque muchos jóvenes han entrado al mercado laboral, pero ese gran número disminuirá en la década de los veinte de este siglo por efecto de la desaparición del bono demográfico. Se necesita, por lo tanto, la reforma estructural del INSS.

Una notable restricción para elevar la productividad de la economía es el nivel promedio de escolaridad de la población nicaragüense, que es apenas de seis años de estudio. La estrategia que se formule será para mejorar la educación de la población, una tarea que es de largo plazo, no sólo en términos de la cobertura educativa, sino también en la calidad del servicio público educativo, incluyendo el establecimiento de centros de educación técnica y superior para elevar el nivel de habilidad de las personas económicamente activas. Otro desafío es reducir la alta tasa de desigualdad no sólo del ingreso, sino también de la carga tributaria y, por supuesto, la desigualdad social.

Otro desafío de índole monetario será el restablecimiento de la presencia del córdoba en el mercado interno. La crisis del 18 de abril ha dejado al descubierto los problemas provocados por la excesiva dolarización extraoficial de la economía, que impactó con la fuga de los depósitos en moneda extranjera en las entidades bancarias, la contracción de las reservas internacionales administradas por el BCN y la escasez de córdobas en el mercado, todo lo cual se tradujo en una aceleración de la tasa de caída de la producción de bienes y servicios, aunque se mantuvo la estabilidad del tipo de cambio y una baja tasa de inflación porque no se usó la maquinita para emitir dinero.

El dilema es, pues, recordobizar o dolarizar oficialmente la economía. Recordobizarla es una tarea de muy largo plazo; dolarizarla oficialmente se podría hacer en un día, pero el BCN no cuenta con la cantidad suficiente de reservas internacionales para poder comprar los córdobas en poder la población, tanto en efectivo como en cuentas bancarias, y mucho menos para asegurar simultáneamente, las obligaciones de las deudas externas.

También será necesario resolver un problema de economía política: el dequebrajamiento del “modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores” que tiene rango constitucional, es decir, la ruptura de las relaciones entre el gobierno y el gran capital.

Economistas gubernamentales y también de una parte del sector privado hoy dicen que la producción vuelve a crecer gracias a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la base de la economía nacional, pero esto no significa que se alcanzarán de nuevo las tasas de crecimiento económico de 4-5 por ciento, y hasta de 6%, observadas en el período 2010-2017.

Esos economistas aparentemente olvidan que el 78 por ciento de los ocupados laboran en empresas que no cuentan con registros contables sencillos y, por consiguiente, no pagan impuestos ni cotizan la seguridad social. La mayoría de los puestos de trabajo de las microempresas y algunas pequeñas empresas no tienen tecnología ni están ocupados por personas con suficiente educación.  En otras palabras, aunque se redujo el subempleo en al menos 10 por ciento de la población económicamente activa entre 2007 y 2017, para muchos nicaragüenses no fueron años de prosperidad porque no pudieron salir del círculo de la pobreza y no se redujo significativamente la desigualdad de la distribución del ingreso.

A pesar de que la economía de Nicaragua creció 4.2 por ciento promedio anual durante el período 2007-2017, una expansión importante pero insuficiente para reducir los problemas de subempleo, desempleo y pobreza, creo que para aumentar la producción será necesario un reordenamiento de la alianza entre los agentes económicos del país. El estado de derecho debe prevalecer en esos cambios fundamentales de la economía política.





La caída de los impuestos en el primer semestre de 2019

18 08 2019

Con los últimos datos tributarios publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se puede determinar las variaciones relativas de la recaudación de impuestos del Gobierno Central en el primer semestre de 2019 con respecto al mismo período de 2018 y, por supuesto, confirmar si se cumplió o no se alcanzó el objetivo recaudatorio de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que entró en vigor el 28 de febrero de este año.

El monto de los impuestos publicados por el MHCP está expresado en córdobas corrientes, o sea, es el monto nominal de los impuestos recaudados, que mide el total de los impuestos a los precios vigentes en el período en el cual se recaudan y, por lo tanto, ese total de impuestos incluye la inflación durante ese período, en este caso un semestre.

Por su parte, el monto real de impuestos mide la recaudación total realizada en cualquier período de tiempo a los precios de un año base, que actualmente en Nicaragua es el año de 2006; en otras palabras, el monto real elimina la inflación, porque los impuestos se expresan en córdobas constantes o, en nuestro caso, en córdobas de 2006. Debido a que el índice de precios al productor o deflactor del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente a los dos primeros trimestres de 2019 no está disponible, usaremos el índice de precios al consumidor (año base: 2006 = 100), publicado por el Banco Central de Nicaragua, para estimar la recaudación real y determinar si se logró el objetivo recaudatorio de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria.

Pero antes de realizar esas estimaciones, cabe señalar que el monto nominal de los impuestos es mayor que su monto real, porque el monto nominal incluye la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del volumen de bienes y servicios gravados por las tasas tributarias, mientras que el monto real sólo incluye el volumen de los impuestos recaudados porque se descuenta la inflación.

El monto nominal de los impuestos, o en córdobas corrientes, recaudados en el primer semestre de 2019 aumentó apenas 2.63% en relación con la recaudación del primer semestre de 2018, pero el monto real, o en precios de 2006, disminuyó 2.12% porque la tasa de inflación semestral fue del orden de 4.86% (con respecto al primer semestre de 2018). Se concluye, entonces, que no se logró el aumento de los ingresos tributarios reales del Gobierno Central, que era el objetivo general de la reciente reforma tributaria.

Por tipo de impuesto y en términos reales. sólo aumentó el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC). El aumento de la tasa tributaria sobre el consumo de un millar de cigarrillos desde C$644.38 en 2018 a C$2,000.00 en 2019, y el aumento de la tasa ad valorem sobre bebidas alcohólicas, vinos y cervezas con un impuesto específico de C$50.00 por cada litro de alcohol absoluto facilitaron el aumento, en términos reales, de 7.5% del ISC.

Ese aumento del ISC se explica, en orden de importancia, con los crecimientos de 29.8% de la recaudación en la importación o internación de bienes, entre los que se encuentran jugos, alcohol, aguas gaseadas, cerveza, refrescos y cigarrillos, y de 25.6% de la recaudación en aguardientes y rones, y de 2.4% de la recaudación en cerveza producidos y consumidos localmente. Sin embargo, disminuyó 4.0% el ISC sobre el consumo de aguas gaseosas producidas y consumidas en el mercado interno y, por otro lado, también disminuyó el impuesto específico conglobado de los combustibles en 3.6%.

Las caídas del gasto de consumo real de las familias y del gasto de inversión real privada y pública, y, por consiguiente, del valor y del volumen de las importaciones, debido a la incertidumbre generada por la crisis política del 18 de abril de 2018, explica las caídas de todos los demás impuestos indirectos. A pesar de que se eliminaron las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), principalmente sobre el valor de las importaciones CIF de bienes intermedios, o materias primas, y bienes de capital, o maquinaria y equipo, de las actividades agropecuarias, la recaudación real de este impuesto disminuyó 6.4%, con una mayor caída en los bienes de origen importado (-9.0%) que en los bienes de origen local (-2.6%)-. Por su parte, el monto real de los impuestos o aranceles sobre el comercio y las transacciones internacionales se desplomó 23.9%.

En resumen, el gobierno central observó una reducción de 3.21% en el monto real de los impuestos indirectos recaudados en el primer semestre de 2019.

En relación con los impuestos directos, o sea, los impuestos sobre las Rentas de las Actividades Económicas, Rentas de Capital, Ganancias y Pérdidas de Capital, y del Trabajo recaudados por el Gobierno Central, acusaron otra disminución real de 0.99%, a pesar de que se elevó el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta bruta anual gravable de las Actividades Económicas de 1% a 3% para los grandes contribuyentes, de 1% a 2% para los principales contribuyentes y se mantuvo en 1% para los demás contribuyentes.

Si el PIB de los dos primeros trimestres del año en curso fuese publicado por el BCN, todo lo anterior también se podría haber ejemplificado con la caída de la presión tributaria, es decir, por el cociente de la división del Total de Impuestos entre el PIB. En 2018, según cifra preliminar del BCN, la presión tributaria fue igual a 15.57%, lo que significa que de cada C$100 de producción el Gobierno Central se apoderó de C$15.57 en concepto de impuestos; para 2019, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó una presión tributaria de 14.68%, que es menor comparada a la del año anterior.

El comportamiento negativo de la recaudación de los impuestos reales, o de los impuestos en córdobas de 2006, también ayuda a demostrar que la reforma tributaria fue procíclica, o sea, contribuyó a acelerar la tasa de caída de la producción de bienes y servicios. Para que sea exitosa, una reforma tributaria debería ser anticíclica, es decir, que se implemente cuando se observe una significativa tasa de crecimiento económico positiva, por ejemplo, la registrada en el período 2010/2017 cuando la economía nicaragüense crecía con un ritmo promedio anual de 5.2%. Cabe recordar que la reforma tributaria entró en vigor en un momento en que la economía del país se desplomaba 5.3% promedio anual, tal como lo reflejó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de febrero de este año, último dato publicado por el BCN.

A finales de julio recién pasado, algunos políticos, principalmente diputados de la Asamblea Nacional, y varios colegas economistas, servidores públicos, manifestaron que con la reforma tributaria se había recaudado C$4,472 millones más de lo que se había programado en el primer semestre del año en curso. Ese resultado estaba fundamentado sobre una meta programada para el primer semestre de 2019 con el supuesto de que el PIB Real disminuiría 1% en 2019, en vez de fundamentarse sobre la cifra observada en el primer semestre de 2018 y con el agravante de que la tasa de caída del PIB Real será mayor.

Aparentemente, la reforma tributaria del 28 de febrero había sido exitosa según el discurso oficial, pero las premisas de las proyecciones oficiales no se sostenían al observarse el cuarto trimestre de recesión técnica de la economía nicaragüense a finales de junio, y al percibirse la ilusión monetaria de la recaudación nominal o en precios corrientes debido a la aceleración de 2.5 puntos porcentuales de la tasa de inflación en marzo y abril, que fue provocada por las nuevas tasas tributarias y la eliminación de exoneraciones del IVA.

Si el objetivo económico es encauzar de nuevo a la producción de bienes y servicios en el crecimiento, sugiero que se eliminen todas las restricciones tributarias aprobadas y evaluadas por las autoridades gubernamentales, y aplicarlas en mejores tiempos económicos.        





¿Qué podría pasar en tiempos de un embargo comercial?

11 08 2019

Ha vuelto a encenderse la luz amarilla del semáforo de los riesgos internacionales que acechan a Nicaragua. Las recientes sanciones de Estados Unidos a Venezuela, en términos generales, y la alusión de la posibilidad de un embargo a Nicaragua, en términos particulares, constituyen una seria advertencia de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump.  

La orden ejecutiva del presidente estadounidense determinó que “Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos”, “a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores” y citó como motivos “los abusos contra los derechos humanos”, “la interferencia contra la libertad de expresión” y “el intento de socavar la autoridad” del líder opositor Juan Guaidó, al que EE.UU. considera mandatario legítimo de Venezuela.

El presidente Trump impuso un bloqueo económico total. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos sólo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte, y también dice, citando a un funcionario del gobierno estadounidense, que la medida va encaminada a la imposición de un “embargo” contra Venezuela.

Por otro lado, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró en la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela realizada en Lima, Perú, a inicios de agosto en curso, que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar de nuevo esta medida de presión. El embargo comercial a Nicaragua fue impuesto junto con el embargo financiero el 1 de mayo de 1985 y duró 4 años y 8 meses. Cabe recordar que en 1985 el país tenía 3.7 millones de habitantes y en 2019 tiene 6.5 millones, y cabe agregar que la “NICA Act” ya activó las sanciones financieras provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un embargo comercial sería devastador para la economía nacional. Los datos oficiales más recientes del país indican que el 42.3% del valor anual exportado se destina a Estados Unidos, mientras que el 24.2% del valor anual importado proviene de Estados Unidos, o sea, el 30% del comercio global de Nicaragua se realiza con la primera economía mundial. Un embargo comercial afectaría a los consumidores, a los empresarios y al gobierno, debido a la escasez de bienes de consumo no duraderos -entre estos, alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos y vestuario- y bienes de consumo duraderos -principalmente electrodomésticos, llantas y neumáticos-, de bienes intermedios o materias primas requeridos para la producción, y de bienes de capital o maquinaria y equipo utilizados para la ejecución de proyectos de inversión.

En ese escenario, la caída de la producción estaría más acentuada, en orden de importancia, en las actividades de transporte y comunicaciones, servicios bancarios, minería, comercio, agropecuario e industria manufacturera. Por el lado de la demanda de bienes y servicios, caerían, también en orden de importancia, los volúmenes de bienes de exportación, de bienes importados, de consumo familiar y de inversión en construcción y maquinaria y equipo; sólo tendería a aumentar el gasto de consumo gubernamental. La búsqueda de nuevos mercados internacionales no sería efectiva debido al desplome de la producción exportable. Junto a la caída de la producción, se destruirían más puestos de trabajo formal y continuaría aumentando el desempleo y el subempleo, todo lo cual impactaría con una tasa de pobreza galopante.

Con ese impacto, el producto (o ingreso) interno bruto por habitante promedio anual retrocedería, a lo sumo, 5 años más, que se adicionarían a los 7 años que ya ha retrocedido por el impacto de la crisis política del 18 de abril de 2018.

El tipo de cambio no aumentaría en el mercado oficial, pero se dispararía en el mercado negro y aceleraría la tasa de inflación, que también sería galopante, a pesar de que el banco central elevaría las tasas de encaje sobre los depósitos en moneda nacional, es decir, el porcentaje de los depósitos en córdobas que las entidades bancarias depositan en el banco central. La fuga de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario se reactivaría y si el banco central decidiese elevar la tasa de encaje legal de estos depósitos, con el objetivo de mantener el ya bajo nivel de reservas internacionales, provocaría la fuga de todos los depósitos en dólares del público no bancario.

En este escenario, en que no hay guerra como la que imperó en la década de los ochenta, la presión fiscal que resultaría de la caída de los impuestos y del aumento del gasto de consumo público -un aumento justificado con el estribillo ancestral de la inflexibilidad de dicho gasto, porque el de inversión ya habría disminuido por las sanciones financieras internacionales- activaría la emisión de dinero para financiar un creciente déficit fiscal, que ya no puede ser financiado con deuda pública interna, o sea, con bonos del Tesoro Nacional que no serían adquiridos por las entidades bancarias radicadas en el país, lo cual agregaría más puntos a la tasa de inflación. Se perdería la estabilidad macroeconómica, que se ha logrado mantener hasta hoy con el costo de acelerar la tasa de caída de la producción de bienes y servicios.

Aunque los saldos de la deuda pública externa e interna no reflejarían grandes incrementos, sus proporciones con respecto a un producto interno bruto deprimido se elevarían significativamente, de tal forma que Nicaragua, con la incapacidad de cumplir el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, volvería a correr el riesgo de ingresar a ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción, con la severa restricción de que ya no existen iniciativas de condonación de la deuda externa entre los países de economía avanzada.

Independientemente de los pensamientos políticos y económicos, pero con responsabilidad, liderazgo y respeto, es necesario que la Nación encuentre un Camino en Unidad que saque al país adelante. Por estas razones, reitero que es necesario restablecer el Diálogo Nacional. Tenemos la obligación de evitar el retroceso y el deterioro económico y social de la población nicaragüense. Tengo la seguridad que el Diálogo Nacional es la oportunidad para producir lo mejor de lo mejor.  





11 años de impunidad cumplió Eduardo Montealegre

6 08 2019

11 años = 132 meses = 4,015 días de impunidad del presunto violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre Rivas.

El 2 de julio de 2019, Eduardo Montealegre Rivas cumplió 11 años de haber cometido flagrantemente sus aún presuntos delitos de injurias y calumnias contra mi persona al burlarse de la justicia con su trillado argumento de que era un perseguido político, pero en realidad es un protegido político al no retractarse de sus acciones inapropiadas tal como lo manda la ley penal del país y al no responder los llamados de dos jueces al escudarse, también en una forma inapropiada, en la inmunidad que le confería su cargo de diputado.

Gozó de la protección de la Asamblea Nacional, principalmente de dos juntas directivas de ese poder del estado, desde agosto de 2008, y continúa gozando de la protección del Poder Judicial, principalmente de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2 de septiembre de 2016. Sin embargo, siempre insistiré en mi reclamo público a las autoridades judiciales para que no continúen perpetuando la denegación de justicia sistemática en mi acusación personal al ex banquero y ex político Montealegre Rivas.

Eduardo Montealegre Rivas responderá algún día por su presunta delincuencia. Tengo la seguridad que la retardación de justicia desaparecerá el día en que los jueces acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.





Agricultura igual a Economía, en tiempos de crisis

4 08 2019

Desde cuando era estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en tiempos en que el centro de estudios no se distinguía si era de Managua o de León, los años agrícolas, que se inician en junio y terminan en mayo del siguiente año, han determinado el aumento o la disminución del producto interno bruto (PIB) de la economía, no sólo por el volumen obtenido de los productos agrícolas sino también por el insuficiente procesamiento industrial de esos productos, porque Nicaragua continúa, como lo demuestra su historia económica, exportando bienes intermedios o materias primas, principalmente a Estados Unidos y a los países del istmo centroamericano.

Nicaragua continúa siendo un país agropecuario, y también forestal como me corrigiera en cierta ocasión el científico Jaime Incer Barquero, y nunca ha logrado ser un país industrializado. Los últimos dos ciclos agrícolas, incluyendo el actual 2019/2020, han sido tremendamente afectados por la crisis política del 18 de abril que robusteció la incertidumbre de los agentes económicos, no sólo la de los productores, sino también las de los consumidores y del gobierno general.

Por supuesto que apoyar el ciclo agrícola del país significa apoyar el mejor desempeño de la economía nicaragüense. Sin embargo, desde al año pasado el más importante proceso productivo del país se ha visto impactado por la descapitalización y falta de liquidez de las empresas; la falta de financiamiento, la exigencia de mayores garantías para optar a un préstamo y el aumento de la mora en el pago de las deudas a las entidades financieras; los incrementos de los costos de producción provocados por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria; la caída de los volúmenes de las ventas de fertilizantes y agroquímicos y el incumplimiento de la carta tecnológica de parte de los agricultores, es decir, no se asegura la correcta aplicación de los insumos en los cultivos de exportación y de consumo interno; la reducción del número de trabajadores agrícolas y la migración a Honduras o Costa Rica en búsqueda de trabajo; el incumplimiento de las labores agrícolas con la consecuente disminución de los rendimientos; la mayor área de siembra de granos básicos para autoconsumo; y un caso particular, el desabastecimiento de hortalizas en los mercados populares, que elevan los precios al consumidor.

La producción primaria del país también está afectada en este año por la falta de lluvia en el Corredor Seco del país, zona en que la cosecha de granos básicos se destina exclusivamente para el autoconsumo, o sea, una producción para la subsistencia de la población que habita en la región del Pacífico de las zonas centrales de las regiones Norte y Central; el volumen de las exportaciones de frijol a los países centroamericanos tiende a disminuir; y existe el riesgo de que aumente la dependencia de las importaciones en el consumo de arroz.

A lo anterior se agrega el riesgo de que los precios internacionales de los productos primarios (commodities) tienden a disminuir en el escenario de una muy probable recesión económica mundial en 2020.

Tomando en cuenta los resultados productivos del ciclo agrícola 2018/2019 y la tendencia actual de la producción esperada del ciclo agrícola actual, 2019/2020, que son dos ciclos agrícolas golpeados por la crisis, se puede observar importantes caídas de la producción de los cultivos de café, caña de azúcar, maní, frijol, maíz y sorgo. La menor producción de estos bienes agrícolas implica que el valor agregado o la producción en años calendario de la Agricultura acuse una disminución de 8.0% promedio anual entre 2018 y 2020. En otras palabras, con o sin Diálogo Nacional, la economía de Nicaragua volvería a caer en 2020. Muy preocupante.

Como la Agricultura continúa siendo el motor de la oferta interna de bienes y servicios -a manera de ejemplo, en 2018 el 40% del valor de las exportaciones de bienes FOB del país correspondió exclusivamente a materias primas de origen agrícola, con o sin algún proceso industrial, al sumar US$1,011 millones-, cabe afirmar que en tiempos de crisis el comportamiento de la Agricultura no es nada más que el desempeño productivo de la Economía de Nicaragua.   

A esta fecha, el ciclo 2019/2020 está más deteriorado que el ciclo 2018/2019 y sólo la tarea nacional de iniciar el restablecimiento de la confianza de los agentes económicos, principalmente productores e inversionistas, podrá detener y revertir la trayectoria declinante de la producción agrícola, pecuaria y silvícola. La solución de los problemas nacionales pasa por un Diálogo Nacional que deponga los intereses personales ante el Interés Supremo de la Nación: resolver los problemas políticos, evitar un mayor deterioro y restablecer el crecimiento de la economía nacional y mejorar el nivel de vida de la población.

Varios servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo han manifestado que la reactivación de la microempresa y la pequeña empresa será la vía para restablecer el importante crecimiento económico del país que se observaba antes de la crisis del 18 de abril de 2017. Esto no será posible, aunque el número de microempresas y pequeñas empresas constituye aproximadamente el 80% del total de empresas radicadas en el país, porque sólo aportan el 40% de la producción total del país, pero concentran, aún con sus excepciones, gran parte la informalidad del mercado laboral: sus puestos de trabajo carecen de infraestructura tecnológica y son ocupados por personas con poca educación técnica.

En estos momentos cabe recordar el consenso de las tres acciones a tomar para salir de la adversidad que vivimos en Nicaragua, que se lograron en el Foro Empresarial y Profesional realizado en el INCAE el 8 de enero de 2019:

A) Fortalecer la organización empresarial, representada por todos los sectores.

B) Crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria, con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio.

C) Trabajar en el establecimiento de la negociación, agenda, normativas, procedimientos y contar con la ayuda de expertos.